VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN OAXACA

MISION CIVIL DE OBSERVACION

Oaxaca 4 – 8 de septiembre de 2006

Informe Preliminar:

“Violaciones a derechos humanos
en Oaxaca. Del paro magisterial a
la movilizacion popular”

Organizaciones participantes
􀂄 Peace Watch Switzerland (PWS)
􀂄 Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
􀂄 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los
Derechos para Todos y Todas”
􀂄 Red Oaxaqueña de Derechos Humanos
􀂄 Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)
􀂄 Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”
􀂄 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”
􀂄 Centro de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”
􀂄 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
􀂄 Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii"
􀂄 Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”
􀂄 Centro de Estudios Ecuménicos
􀂄 Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”
􀂄 Programa de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO)
􀂄 Tequio Jurídico
􀂄 Por su parte BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ acompañó a los
integrantes de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos para la realización
de esta misión, como un mecanismo para garantizar la seguridad de las
personas.


Introducción

La Misión Civil de observación en Oaxaca, integrada por 16 organizaciones locales,
nacionales e internacionales, ha estado presente en la ciudad de Oaxaca y en algunos
municipios desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de septiembre. El objetivo que esta
misión se propuso fue constatar la realidad que vive el estado de Oaxaca y documentar
violaciones a los derechos humanos.
Durante estos días la misión pudo entrevistarse con algunas personas detenidas, sus
familias y abogados; con miembros de la APPO (APPO)1, con maestros de la sección
22, con miembros del periódico Noticias; con integrantes de ayuntamientos populares
y con alguna de las autoridades municipales depuestas, con vecinos y vecinas de
algunas colonias, con un grupo de empresarios, así como con funcionarios del gobierno
del estado.

La misión tiene un carácter de observación de derechos humanos, lo cual significa que
se trata de conocer, documentar y establecer los posibles patrones de abusos
cometidos por las distintas autoridades, así como registrar el tipo y grado de
incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar, proteger y
asegurar los derechos humanos. Lo anterior considera todos los derechos humanos:
vida, integridad y seguridad de las personas, derechos políticos, lo mismo que los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Luego de escuchar los diversos testimonios identificamos como elementos del conflicto
que se vive en Oaxaca los siguientes:

• Los problemas estructurales como son la pobreza y enorme desigualdad en la
distribución de la riqueza, el autoritarismo de los gobiernos, la corrupción y la
total ausencia de espacios reales de participación ciudadana.

• Los agravios del actual gobierno en contra de personas, organizaciones,
municipios, empresarios, etc. La mayoría de los entrevistados señalaron algún
agravio concreto sufrido por parte del gobierno estatal o de algunos de los
municipales.

• El caso del ataque y permanente asedio en contra del periódico Noticias de
Oaxaca que a la fecha no tiene solución.

• El intento de desalojo del 14 de junio mostró una actitud represiva por parte del
actual gobierno y también dejó en claro un gran rechazo de la sociedad
oaxaqueña a la represión como vía para enfrentar los conflictos.
• Criminalización de la lucha social.

• Falta de transparencia en la administración pública.

• La comisión de delitos por parte de algunos particulares, frente a lo cual los
afectados encuentran que el acceso a la justicia, que es un derecho humano, no
es posible y pone a estas personas en la doble situación de víctimas de delitos y
también víctimas de violación a derechos humanos.

1 Inicialmente la organización se llamó Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca pero más recientemente
cambio a APPO y en ambos casos sus siglas son APPO.
2
El movimiento magisterial, como desde hace años, de nueva cuenta presentó su pliego
de demandas e inició la respectiva movilización. Luego del 14 de junio el movimiento
magisterial fue pasando de un movimiento gremial a un movimiento diverso, amplio y
capaz de condensar mucha de la inconformidad social.
El movimiento social, hoy convertido en la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, ha
logrado hacer evidentes las deficiencias de la estructura política de Oaxaca, así como la
imposibilidad de que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos políticos en la
“dirección de los asuntos públicos”.

Debemos reconocer que el movimiento que se vive en Oaxaca abrió posibilidades de
participación a sectores de la sociedad que hasta hace poco habían permanecido
excluidos.
Las actuales circunstancias colocan a la sociedad oaxaqueña en la disyuntiva de
renunciar a sus aspiraciones y conformarse con el actual sistema o esforzarse por
reformar el Estado para que se diseñe, organice y evalúe la forma de gobierno partir
de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de quienes viven en el
estado de Oaxaca.
Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre derechos políticos.

Violaciones a derechos humanos de las personas detenidas

Como parte de la observación, buscamos entrevistas directas con las personas que han
sido detenidas y recluidas a raíz de la movilización popular en el estado de Oaxaca.
Actualmente, en esta situación se encuentran los señores: Germán Mendoza Nube,
detenido el 9 de agosto y recluido en el Reclusorio Regional de Miahuatlán; Ramiro
Aragón Pérez, detenido el 10 de agosto y recluido en la Cárcel Municipal de Zimatlán; y
Erangelio Mendoza González, detenido el 11 de agosto y recluido en el Reclusorio
Regional de Cuicatlán3. Asimismo, para documentar cabalmente las posibles
violaciones a derechos humanos, dialogamos con las personas que fueron detenidas
junto con ellos, con sus abogados y con sus familiares.
Caso de Germán Mendoza Nube
El 6 de septiembre un grupo de abogados/as y psicólogos/as nos entrevistamos con el
profesor Germán Mendoza Nube en el Centro de Readaptación Social Regional
(CERESO) de Miahuatlán.

El profesor Germán, de 41 años, originario del Estado de Hidalgo, es un activista social
de amplio reconocimiento entre las organizaciones que han confluido en la APPO.
Desde hace 19 años, una lesión en la médula espinal le impide la movilidad de los
miembros inferiores por lo que requiere una silla de ruedas y el uso permanente de
una sonda para realizar sus necesidades fisiológicas. Además padece de diabetes, por
lo que también necesita medicamentos y dieta especial.
De acuerdo con el testimonio del maestro, confirmado con el de otros testigos
presenciales entrevistados, su detención ocurrió el 9 de agosto aproximadamente a las
14:00 horas, después de varias semanas de persecución y hostigamiento que lo
obligaron a moverse de domicilio e incluso a salir del estado de Oaxaca. Ese día un
grupo de entre 25 y 30 personas vestidas de civil, algunas de ellas con armas de
grueso calibre, se presentaron enfrente de su casa mientras se disponía a entrar en su
domicilio. Sin identificarse y sin mostrar mandato escrito, dichas personas agredieron y
encañonaron a sus acompañantes, los señores Eliel Vázquez Castro y Leobardo López
Palacios, para después levantarlo violentamente en vilo con su silla de ruedas e
introducirlo a la fuerza en una camioneta blanca, tipo “Urban”, carente de placas e
insignias oficiales.
Iniciaron entonces una serie de traslados en los que los diferentes captores del
profesor lo mantuvieron esposado, sin atención médica adecuada, sin alimentación e
incomunicado. En las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca fue
introducido violentamente a un helicóptero y llevado a las instalaciones de la
Penitenciaría de Tlacolula. Durante la tarde de ese día, 9 de agosto, el profesor fue
trasladado por vez primera al CERESO de Miahuatlán, donde pasó la noche sin recibir
alimentos; tampoco le fue brindada atención médica o asistencia para vaciar su
recolector de orina por lo que debió dormir entre sus orines. Durante la mañana del día
siguiente, 10 de agosto, un helicóptero lo condujo al Hospital General de la ciudad de
Puebla, aunque no recibió ninguna atención especializada ni le suministraron
medicamentos. A la mañana siguiente volvió a ser trasladado al CERESO de Miahuatlán, donde permanece a la fecha. No fue sino hasta el 12 de agosto que la
familia pudo verlo; ese día el maestro conoció las acusaciones en su contra4. Existen
indicios de que éstas pueden haber sido fabricadas.

Caso de Ramiro Aragón

El 6 de septiembre un grupo de abogados/as y psicólogos/as intentamos
entrevistarnos con Ramiro Aragón en la Cárcel Municipal de Zimatlán. Sin embargo,
pese a que él mismo había consentido nuestra presencia a través de su esposa,
nuestro trabajo como defensores de derechos humanos fue obstaculizado por el
personal del penal.
Ramiro Aragón Pérez, de 30 años, originario del estado de Oaxaca, es un biólogo
especializado en la conservación de recursos naturales, dedicado a la ornitología. Su
trayectoria se liga a la academia aunque su compromiso social y el ser hijo de
maestros, lo han llevado a simpatizar con las movilizaciones recientes.
De acuerdo con sus testimonios, la tarde del día 9 de agosto se formaron varias
brigadas para buscar al profesor Germán Mendoza una vez que se hizo pública su
detención y al no conocerse su paradero. En una de ellas, participaron Ramiro, Juan
Gabriel Ríos y Elionaí Santiago Sánchez5. Buscando al maestro llegaron hasta la colonia
San Felipe del Agua; ahí aproximadamente a las 02:00 a.m. los interceptó un vehículo
sin identificaciones oficiales, obstruyéndoles el paso. Un grupo de varios individuos
vestidos de civiles armados los encañonó, ordenándoles bajar del auto. Ramiro, Juan
Gabriel y Elionaí fueron obligados a mostrar sus documentos y al identificarse los
últimos dos como maestros, quien dirigía a este grupo de civiles ordenó que les
amarraran las manos. Enseguida, fueron subidos a una camioneta que había llegado
después. Uno de los captores abordó el auto de Ramiro, el cual no ha sido recuperado.
Los detenidos fueron llevados a otra camioneta en donde empezaron a ser golpeados.
Las agresiones continuaron durante todo el traslado hasta la Cárcel Municipal de Ejutla,
donde llegaron aproximadamente a las tres de la mañana, sin que se les permitiera
comunicarse con sus familiares y sin ser informados sobre el cargo por el cual estaban
detenidos. El lugar en el que permanecieron durante todo ese día presentaba
condiciones insalubres. Posteriormente, fueron llevados a la delegación de la
Procuraduría General de la República, donde se les informó que en su contra se había
integrado averiguación previa por la supuesta posesión de arma exclusiva de uso del
Ejército durante su detención. Existen indicios claros de que las acusaciones pueden
haber sido fabricadas. Elionai y Juan Gabriel fueron liberados bajo caución mientras
que Ramiro permanece en la cárcel de Zimatlán6.
4 Fue reaprehendido por un proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa, en el que se le
atribuyó una supuesta autoría intelectual, en el que se había decretado un año antes su libertad, en vía
incidental, por desvanecimiento de datos (Causa penal 86/2005, radicada en el Juzgado Primero Mixto de
Puerto Escondido); se le notificó de otro proceso relacionado con las jornadas de lucha magisterial de este año
en el que se le acusa por robo calificado (Causa penal 95/2006, radicada en el Juzgado Primero de lo Penal en
la Ciudad de Oaxaca); y se le informó de la integración de una averiguación previa en su contra por supuesta
posesión de arma exclusiva de uso del Ejército durante su detención (A.P. PGR 76 – D/2006).
5 Detenidos junto con Ramiro, fueron liberados bajo caución
6 Causa Penal Federal 50/2006, instruida en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la Ciudad de Oaxaca.
Ramiro Aragón permanece en prisión puesto que por el tipo de arma cuya posesión le imputaron no alcanza
fianza. Las pruebas en su contra se limitan al parte rendido por sus supuestos captores.


Caso Erangelio Mendoza Sánchez

El 5 de septiembre un equipo conformado por un abogado y dos psicólogos acudió al
Penal Regional de Cuicatlán con la finalidad de observar las condiciones de detención
del profesor Erangelio Mendoza González, detenido desde el día 11 de agosto.
El profesor Erangelio Mendoza González es integrante de la Sección XXII del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo en el pasado Secretario General de
la misma, y participa como base magisterial en la APPO. Su estado de salud se ha visto
afectado por problemas de hipertensión.
Al llegar el equipo al penal, pese a la solicitud formal del profesor para la realización de
la entrevista, los custodios informaron que era necesaria la autorización del Director,
Lic. Pedro Omar Ruiz. Sin embargo, dicho funcionario negó el ingreso. Ante la
insistencia, dijo: “Pongan en el informe que el director se puso intransigente y que no
los dejó pasar. Esa es la verdad.” Aunque la entrevista no pudo realizarse, a través de
los familiares recopilamos el testimonio sobre su detención. De acuerdo con ellos, la
mañana del viernes 11 de agosto mientras el profesor conducía su camioneta, en
compañía de dos personas, fue interceptado por un vehículo sin insignias oficiales; de
éste descendieron tres hombres armados quienes cortando cartucho, sin identificarse y
sin mostrar orden de aprehensión, lo obligaron a bajar de su camioneta y abordar el
vehículo mientras lo amenazaban y le apuntaban con un arma en la cabeza.
Posteriormente fue subido a un helicóptero, recibiendo malos tratos y agresiones en
todo momento. Fue trasladado hasta el Reclusorio Regional de Cuicatlán. El profesor
no recibió atención médica y fue incomunicado hasta la mañana del lunes 14 de
agosto, a más de 72 horas de su detención. Le fue dictado auto de formal prisión y fue
entonces que conoció los cargos por los que se le acusaba7. Durante ese tiempo el
Director del reclusorio negó a los familiares que el maestro estuviera ahí.
Actualmente, sus visitas son restringidas; las autoridades penitenciarias han advertido
a la defensa y a los familiares que de realizarse alguna protesta pública el profesor
será trasladado a otro penal.
Patrón identificado en la observación.
En los casos considerados arriba, se ha detectado un patrón de graves violaciones a los
derechos humanos. En todos los casos, la detención se ha efectuado por parte de
agentes del Estado vestidos de civiles o particulares actuando con su aquiescencia, que
no se identificaron ni mostraron mandatos escritos al realizarla, de manera ilegal y
violenta. Además, a las personas presas no les fue consentido comunicarse con un
abogado desde el principio de la detención ni ser revisadas por un médico de su
elección. La relación entre la detención de estas personas y su actividad o interés a
cuestiones políticas y/o sociales es indudable.
Para la Misión de Observación, estas acciones y omisiones por parte de las fuerzas de
seguridad y de las autoridades judiciales constituyen innegables violaciones de
derechos y libertades fundamentales por parte del Estado Mexicano, tal y como están
7 Causas penales 195/2006, instruida en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Juan Bautista Cuicatlán
por el delito de robo calificado, y 107/2006 instruida en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Tehuantepec, por el delito de daños. Ambos hechos se relacionan con la jornada de lucha del magisterio de
este año; los testigos de cargo son servidores públicos.
6
establecidos por el derecho nacional e internacional. En el caso del profesor Germán
Mendoza Nube, tenidas en consideración su discapacidad y su estado de salud, la falta
de atención médica apropiada y de medidas específicas adecuadas a su condición física
constituye graves atentados en contra de su dignidad humana.
Por lo que respecta a las personas que han sido detenidas, la Misión ha documentado
violaciones a los siguientes derechos:
• Prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes8:
Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a ser tratadas en
manera respetuosa de su dignidad y a no ser sometidas a tratos crueles,
inhumanos y degradantes. La prohibición de la tortura en el derecho
internacional es absoluta e inderogable y su definición, según la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, se extiende a: “todo acto
realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o
con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre
una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia
psíquica”. En los casos conocidos por la Misión, las personas detenidas han sido
torturadas y/o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Libertad de expresión: La libertad de expresión, reconocida en los artículos
19 del Pacto y 13 de la Convención, comprende la facultad de los individuos
para manifestar o expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, etc. En los
casos documentados, existen claras pruebas de que las personas han sido
detenidas con relación a sus actividades o interés a cuestiones políticas y/o
sociales.
• Derecho a la libertad y seguridad personal: El derecho a la libertad
personal, previsto en los artículos 9 del pacto y 7.3 de la Convención, se asocia
a la necesidad de resguardar a ciudadanos y ciudadanas de privaciones
arbitrarias o ilegales de la libertad. Una detención es ilegal cuando no se apega
a las hipótesis establecidas por la legislación nacional. Además, siendo legal una
detención puede ser arbitraria cuando es irrazonable, imprevisible o falta de
proporcionalidad en su ejecución. La Misión documentó que, por los medios
utilizados, la detención de las personas entrevistadas fue ilegal y arbitraria.
• Derecho al debido proceso legal: Este derecho se contempla en los artículos
14 del Pacto y 8 de la Convención. Las violaciones en los casos mencionados
arriba son evidentes puesto que no se presumió la inocencia de los detenidos;
no se les comunicó previa y detalladamente la acusación formulada en su
contra; no se les concedió el tiempo y los medios adecuados para la
preparación de su defensa; y no se les permitió ser asistidos por un defensor de
su elección ni comunicarse libre y privadamente con él. Además, en la situación
que enfrenta Oaxaca actualmente no existen garantías reales para presumir
8 Ver, entre otros: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), articulo 10; Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, articulo1.1; Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) , Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, articulo 2.
7
que sus procesos serán oídos y resueltos expeditamente por jueces
independientes e imparciales.
• Derecho a no ser incomunicado: incluido en el artículo 8 de la Convención
Americana, supone que cualquier persona que se encuentre privada de su
libertad pueda informar inmediatamente a su familia de su detención y que se
le concedan todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta, con sus
amistades, conocidos o abogados, quienes podrán visitarla. En los casos
documentados, la obligación correlativa del Estado se ha incumplido pues las
autoridades omitieron señalar, sin dilación, el lugar donde se hallaban los
detenidos.
Por otra parte, el equipo psicológico constató que actualmente en Oaxaca la tortura y
los tratos crueles inhumanos o degradantes han sido empleados para reducir a las
personas a un estado en el que se sienten desvalidos y en angustia extrema, lo que
puede producir un deterioro de las funciones cognoscitivas, emocionales y de
comportamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo de
Estambul. (Párr. 234).
Considerando los datos obtenidos en las entrevistas realizadas, podemos afirmar que
las víctimas y sus familiares han visto alterados sus proyectos de vida, al enfrentar una
experiencia traumática que irrumpe en su vida cotidiana, ocasionando un desequilibrio
en las relaciones afectivas entre los integrantes de sus grupos de pertenencia, familia,
compañeros de trabajo, vecinos de su comunidad, amigos y en la manera de
establecer nuevas relaciones sociales.
De esta manera las secuelas psicológicas observadas en el plano individual, se refieren
-entre otras- a reacciones emocionales de temor, principalmente a personas dotadas
de autoridad; desesperanza por el futuro, por la perspectiva de solución del conflicto
social en donde pueden repetirse acciones como las sufridas; y desconfianza incluso
hacia personas de su comunidad por el clima de inseguridad.
En el ámbito colectivo, la práctica de malos tratos, inhumanos y/o degradantes, puede
quebrantar o dañar la voluntad de las relaciones de convivencia entre los individuos de
una comunidad. En este sentido, hemos documentado que las reacciones más
frecuentes presentadas por las víctimas y sus familiares son:
• Impotencia, asociada a la imposibilidad de solucionar un conflicto que les está
causando daño.
• Frustración, por la acumulación de daños físicos, psicológicos (alteraciones en
funciones intelectuales, como la atención y concentración) y económicos.
• Tensión, relacionada con un estado constante de alerta que repercute en sus
necesidades fisiológicas de alimentación y patrones de sueño.
• Ambiente de aflicción, observado en una permanente preocupación por la
seguridad de los miembros de la familia o del grupo social; así como a la
incertidumbre por el futuro.
La experiencia de este primer acercamiento a las repercusiones psicológicas,
individuales y colectivas de un conflicto social de esta naturaleza, permite identificar
reacciones inmediatas, pero también obliga a considerar la importancia de atender la
8
salud mental de los miembros de una sociedad, afectados directa o indirectamente en
el mediano plazo.
9
Clima de intimidación y represión del Estado
Manejo de Información
Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por los Naciones Unidos, como la
Declaración de Principios de Libertad de Expresión por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, entre otros acuerdos de derechos humanos que ha ratificado
México, explicitan que es obligación del Estado respetar y asegurar para todas las
personas tanto el acceso como la expresión de información sin importar su opinión
política, su etnia, su clase social, etc. Los miembros de esta misión civil de observación
han recibido información y testimonios que confirman una táctica premeditada por el
estado para obstaculizar el derecho a la expresión de unos sectores de la población en
particular.
Control de la información por parte del Estado
Se obtuve información sobre el sabotaje contra los siguientes medios de comunicación:
Radio Plantón, Radio Universidad, Canal 9 (tomado el 2 de agosto por mujeres),
Oaxaca Político, y Diario de Noticias.
El 14 de junio de 2006, Radio Plantón sufrió el robo y destrucción de su equipo de
transmisión. Varios de sus colaboradores fueron detenidos. Esa misma noche, fue
tomada por un grupo de jóvenes Radio Universidad, con el objeto de seguir ofreciendo
información desde la perspectiva del movimiento popular. Posteriormente (una vez
reinstalada la capacidad de transmisión de Radio Plantón, su señal radiofónica es
bloqueada por otro equipo cercano y su sitio web ha sido objeto de sabotaje desde el 2
de septiembre, impidiendo su funcionamiento).
Desde el 17 de julio de 2005 y por un periodo de 31 días, diversos trabajadores y
reporteros del Diario de Noticias fueron secuestrados, violando el articulo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Nadie podrá ser sometido
a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Por su
parte, la Convención Americana ordena que “Nadie puede ser privado de su libertad
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas”.
En julio de 2005 durante el secuestro de personal del Diario Noticias, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas cautelares para proteger la
integridad física de esas personas, lo cual implica el reconocimiento de que existe
peligro eminente a sus vidas. El Estado mexicano nunca ha cumplido con sus
obligaciones a asegurar la seguridad de las personas mencionadas en dichas medidas
argumentando no disponer del presupuesto necesario. Actualmente varios empleados
quienes siguen recibiendo amenazas de muerte han cambiando su domicilio fuera del
estado para proteger a sus familias.
El 22 de julio fueron tiroteadas por hombres armados desconocidos vestidos de negro
las instalaciones de Radio Universidad.
El 2 de agosto respondiendo a la convocatoria pública para una marcha de mujeres, las
manifestantes llegan al radio y televisión del estado de Oaxaca, Canal 9, para pedir
10
media hora de transmisión en vivo con el fin de comunicar con su pueblo y se les fue
negado.
El 21 de agosto, sujetos desconocidos atentan contra instalaciones de internet de
Oaxaca Político.
El 21 de agosto por la madrugada al menos de 60 hombres con armas vestidos de
civil, disparan en repetidas ocasiones en contra de quienes participaban en las
guardias de resguardaba de las instalaciones. Se destruyó el equipo transmisor de la
radio y televisión del Canal 9 localizados en el cerro del Fortín (dentro de la ciudad
Oaxaca), Sergio Valencía Sánchez de 58 años de edad hubo herido con arma de fuego,
una mujer lesionada no identificada y se reporta la desaparición de tres maestros. En
las inmediaciones de Radio la Ley es asesinado el arquitecto Lorenzo Pablo Cervantes
supuestamente por un comando de policías que viajaban con el rostro cubierto.
Inmediatamente después, con la información de los hechos la ciudadanía
espontáneamente se toman doce radiodifusoras comerciales, volviendo siete dentro del
mismo día, y por la noche se protegen con barricadas las cinco.
En el transcurso de la misión, las entrevista mostraron una percepción generalizada del
alineamiento de los medios de comunicación comerciales con una de las partes en
conflicto: las autoridades estatales. Diversos periodistas señalan la práctica de
chantaje y sobornos sobre los contenidos de los medios de comunicación. Además
informan de la práctica de la compra masiva de espacios publicitarios con el fin de
bloquear otras voces.
Una de las quejas repetidas en las entrevistas era la parcialidad de las fuentes de
información, señalando el conflicto como asunto solamente de los maestros peleando
por sus sueldos. En la experiencia de esta misión quedo bastante claro y explicito que
el conflicto es multidimensional y tiene raíces en el contexto explicado en la
introducción de este mismo informe.
Denuncia por parte de periodistas profesionales de la existencia de un “cerco
mediático” que impide un correcto acceso a la información.
Falta de acceso a la información
Existe asimismo un desconocimiento de las actividades “oficiales” de las autoridades
constitucionales, tanto estatales como municipales (en los ayuntamientos tomados),
diputados del congreso del estado, etc. La población no tiene acceso a sus agendas ni
a las decisiones que están tomándose.
Rumores
La existencia de rumores provoca un clima de terror en la población. Dichos rumores
incluyen posibles agresiones por parte de policías o la inminente llegada del ejército, o
la ejecución de desalojos violentos, etc. Una señora del municipio de Santa Lucia
expresó que se siente en una situación de tortura sicológica por los rumores que la
llevan a esperar en cualquier momento agresiones violentas.
11
Hostigamiento de líderes
Agresiones violentas directas
En contra de lo establecido por el Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, según el cual todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad, numerosos líderes del movimiento popular refieren agresiones violentas en
su contra:
• Asesinato de una persona frente a Radio La Ley en la ciudad de Oaxaca el 22 de
agosto.
• El regidor de Servicios fue balaceado en Xoxocotlán el 3 de septiembre pasado.
• Una integrante de la Comisión del “Movimiento en Defensa de Santa Cruz
Xoxocotlán” en el municipio de Xoxocotlán ha sido amenazada de muerte y y ya
sufrió una agresión.
• El reportero, Óscar Rodríguez Hernández, corresponsal del diario nacional
Milenio, fue agredido el 15 de agosto de 2006.
• Se han recibido testimonios de actividades de “porros”.
Amenazas de muerte
Ubicamos a líderes que están siendo hostigados, tales como: encargados de
radiodifusoras, regidores y presidentes en “ayuntamientos populares”, académicos
universitarios, y líderes de opinión en prensa escrita.
Algunas de estas amenazas de muerte se han realizado desde una página web
(www.oaxacaenpaz.org.mx), donde se llama al linchamiento de estas personas y se
incluye información personal proveniente del padrón electoral.
Desde las radiodifusoras Radio Plantón, Radio APPO, Radio Universidad y Radio
Rebelde refieren estar recibiendo constantes amenazas de muerte por diversos
medios: mensajes a celulares, correo electrónico o llamadas telefónicas.
Vigilancia
Otra forma de hostigamiento que hemos observado de forma generalizada es la
vigilancia y seguimiento a los líderes del movimiento popular, tanto en eventos
públicos como en sus domicilios particulares y su vida privada. Estas acciones se
realizan de forma notoria, lo cual genera miedo en las personas.
La intimidación sufrida por dichos líderes viola el Art. 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada”.
A pesar de que la misión no ha podido observarlo, existen datos que invitan a pensar
que las autoridades constitucionales depuestas de sus cargos por los movimientos
populares están sufriendo también hostigamiento y miedo sobre su seguridad
personal.
12
Abuso de las instituciones del estado
Existen dos documentos aprobados internacionalmente que los funcionarios de policía
deben respetar: los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de Conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De acuerdo al artículo 1 del
Código de conducta, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado
de responsabilidad exigido por su profesión.” Debe mencionarse que el término
“funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” se refiere a todos los agentes de la
ley que ejercen funciones de policía, sean autoridades militares o fuerzas de seguridad
del Estado, estén uniformados o no.
El contra de lo anterior, hemos observado un patrón según el cual las autoridades
constitucionales cuya posición está siendo cuestionada por movimientos populares han
utilizado a los cuerpos de policía para atemorizar a la población, en acciones
irregulares y frecuentemente sin uniforme ni identificaciones oficiales.
Por otro lado, diversas autoridades están abusando de procesos penales para afrontar
conflictos de tipo político, laboral o social. Integrantes de movimientos de oposición
han recibido órdenes de aprehensión. Asimismo, se ha denunciado la fabricación de
delitos con el fin de encarcelar a personas participantes en estos movimientos.
Constatamos que durante los días que ha durado la misión no hemos observado la
presencia de policía uniformada (fuera de la policía de tránsito).
Presencia del ejército
Militarización
La aparición de un conjunto de grupos guerrilleros en la Sierra Juárez el 30 de agosto,
días después de la declaración de la Procuradora del Estado calificando a la APPO de
guerrilla urbana, ha sido interpretada por algunas comunidades serranas como un
pretexto para militarizar la zona e intimidar a la población.
La movilización del Ejército intensificó sus operaciones abarcando la zona de
Ayotzintepec, zona de Jocotepec y parte de Valle Nacional. Aunque esta información se
maneja con discreción, se logró establecer la llegada de refuerzos del Ejército a esta
región para escalar los municipios donde en años anteriores se detectaron células del
EPR.
La llegada de un destacamento militar a la comunidad de San Baltazar Yagalaxi, el
pasado sábado 2 de septiembre y sus movimientos en inmediaciones de Ayotzintepec y
La Palma, preguntando si hay clases, si se encuentran los maestros y la ubicación de
sus viviendas, ha sido interpretado como un acto de intimidación. Extraoficialmente se
sabe que la actual incursión es para la búsqueda de grupos guerrilleros.
La instalación de un retén militar en la comunidad de Guelatao el 6 de septiembre,
consideramos, se enmarca en la misma estrategia.
13
Situación de seguridad de las personas
Violencia de Estado
La marginación y la miseria que vive la mayoría de la población oaxaqueña,
principalmente campesinos e indígenas, son el resultado de años de olvido de parte del
gobierno con políticas omisas de los problemas sociales. De acuerdo al VI Informe
sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca en 2005,9 el 73% de la
población vive en pobreza extrema, es decir no cubre la canasta básica porque su
ingreso es inferior a 2000 pesos mensuales, lo cual no alcanza a cubrir las necesidades
de alimentación, salud, vivienda y educación con el fin de tener una vida digna.
De sus 570 municipios, el 80.3% están marginados de servicios básicos como drenaje,
alumbrado público, agua potable, pavimentación. En algunos de estos municipios se
asientan pueblos indígenas, quienes enfrentan una situación desventajosa ya que,
aparte de padecer la extrema pobreza, son discriminados por su origen étnico.
En muchos casos los programas de asistencia social no llegan a la población por la
corrupción entre los diferentes niveles de la burocracia gubernamental.
La situación en el campo es grave, se registran 656 conflictos agrarios10. Conflictos
causados por límites de tierras que reportan enfrentamientos entre la población, por
ejemplo la reserva de la biosfera en la zona de los Chimalapas entre pueblos indígenas
de Oaxaca y Chiapas. La defensa del territorio se ha convertido en una cuestión
importante para los campesinos y los pueblos indios, los grandes megaproyectos como
el Plan Puebla Panamá (PPP) o el Programa de Certificación de Ejidos y Titulación de
Solares (PROCEDE), representan un peligro para su seguridad y soberanía alimentaria,
el uso y disfrute de tierras comunales y por la explotación de recursos naturales a
manos de empresas transnacionales.
El estado de Oaxaca expulsa un gran número de migrantes “Anualmente se calcula que
emigran entre 200 mil y 250 mil oaxaqueños tanto a Estados Unidos como los estados
del norte del país”11, ponen en riesgo su integridad física y se exponen a malos tratos
de las autoridades de migración mexicana y norteamericana y el peligro de su vida
ante la actuación de grupos “cazamigrantes”.
Todo lo anterior ha significado una violación sistemática a los derechos humanos y
constituyen un factor de violencia institucionalizada del Estado.
El concepto de seguridad del gobierno
En el estado de Oaxaca, el órgano encargado de proporcionar seguridad pública es la
Dirección de Seguridad Publica, adscrita a la Secretaria de Protección Ciudadana. De
acuerdo a la Ley de Seguridad Pública para el estado de Oaxaca en su artículo segundo
establece: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los Municipios,
9 Informe presentado en enero de 2006.
10 Ibid., p.91
11 Ibid., p.62
14
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos.” 12
Según datos del “Programa Estatal de Seguridad Pública”, las corporaciones que
integran la policía del Estado son: Policía Juvenil, Escuadrón de Moto Patrullas, Unidad
Policial de Operaciones Especiales (UPOE) con bases en Oaxaca de Juárez, Istmo y
Papaloapam, Policía Turística Estatal, Policía Turística Informativa, Grupo Salvavidas,
H. Cuerpo de Bomberos del Estado y la Unidad Canina.13
La presencia de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) durante 2005 fue
relevante para contener los intentos de las marchas por alcanzar el Zócalo de la Ciudad
y en el resguardo de edificios públicos. Considerando que la UPOE es un cuerpo de
elite, entrenado militarmente, para el combate de la delincuencia organizada y que la
Unidad Canina está entrenada para combatir el tráfico de droga, detección de
explosivos y localización de armas; la presencia de ambos cuerpos fue considerado un
exceso por la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos al poner de manifiesto una
tendencia a la criminalización de la protesta social14. Cabe señalar que su existencia,
objetivos y necesidad no está suficientemente sustentada jurídicamente.
La actuación de los cuerpos policíacos en el desalojo del 14 de junio, fue inadecuado al
sobrepasar las funciones establecidas para cada una de las corporaciones policíacas
participantes15. Entre la población, y los mismos policías se admite que el desalojo fue
una derrota, donde los mismos policías quedaron atrapados en la violencia que
generaron.
Actuación de las fuerzas de seguridad del Estado
La utilización de los cuerpos policíacos tiene un parteaguas después del 14 de junio. El
rechazo a la acción policíaca demostrada en la tercera megamarcha (16 junio) llevó a
una estrategia de intimidación y provocación donde los policías dejaron los uniformes,
los vehículos oficiales y sus recintos oficiales, esto último, por la toma de sus
instalaciones para iniciar actos de vigilancia, provocación e intimidación. La detención
de policías por parte de la APPO pone en evidencia esta situación. Fue el caso del
policía bancario Isaías Pérez Hernández detenido por disparar en contra de
manifestantes en el paseo Juárez El Llano (31 de julio), o el operativo de “limpieza de
vialidades” que disparó contra manifestantes en varios puntos de la ciudad, hiriendo de
gravedad a Lorenzo San Pablo Cervantes (22 de agosto) en la radiodifusora La Ley
710, quien falleció en el Hospital Civil.
Lo anterior, violenta la legislación internacional de los derechos humanos, como los
Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley16 y el Código de Conducta para
12 Vigente a partir del 20 de abril de 2001 y publicada en Extra, 20 abril de 2001.
13 Publicado en el Extra, periódico oficial, del 30 de mayo de 2005. El estado cuenta con 14 delegaciones de
seguridad pública, 87 partidas de policías, 27 destacamentos en reclusorios, 6 bases de operaciones mixtas, 5
módulos de seguridad en el área metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, 17 módulos de seguridad pública y 6
casetas de revisión de taxis.
14 VI Informe de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
15 La Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT); la policía preventiva conjuntamente con la Unidad Policial de
Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Canina, la Policía Auxiliar Bancaria (PABIC); Policía Municipal con el
Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento de Oaxaca (GOE), Policía Juvenil y Turística. Se calcula que
participaron entre 2000 y 2500 elementos.
16 Aprobado por la ONU en septiembre de 1990.
15
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley17, que establecen la protección de los
derechos humanos determinados y protegidos por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de
todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, entre otros instrumentos.
Es de mencionarse que el descontento en las filas de diferentes corporaciones, mismas
que se han denunciado públicamente a través de la radio y de escritos presentados de
manera anónima, de varios de ellos tiene conocimiento la Red Oaxaqueña de Derechos
Humanos, ponen en evidencia malos tratos de sus superiores, falta de equipo y
uniformes, falta de capacitación, incumplimiento de horarios de trabajo,
acuartelamientos constantes, malas condiciones de vivienda y alimentación en los
sitios de acuartelamiento, violaciones a los derechos del niño en el caso de la Policía
Juvenil integrada por adolescentes de 14 a 17 años, en su mayoría hijos de policías.
Causas del hostigamiento y amenazas
Los testimonios demuestran que los hostigamientos, amenazas y ataques se enfocan
en personas que o ya tienen historial de militancia en organizaciones civiles y sociales
o que se exponen en el actual movimiento como dirigentes dentro del magisterio o de
la APPO y sus organizaciones miembros.
También están afectadas personas que, a partir de los sucesos del desalojo del día 14
de junio, están participando activamente en el movimiento, ya sea en las barricadas o
plantones, o apoyando en cosas muy puntuales como llevar comida, conducir un
espacio en las dos radiodifusoras (La Ley 710 y Oro, ambas en manos de la APPO) o
bien, resguardando las instalaciones de Canal 9. De éstas personas, algunas de ellas
no tienen un historial de activismo social y/o político, sino que los días después del
desalojo tornan a ser su primera experiencia de este tipo.
Patrones de intimidación y ataque a la seguridad de las personas
Para este indicador, en particular entrevistamos a 22 personas pertenecientes a la
dirigencia del magisterio, dirigencia de la APPO y gente del movimiento.
El tipo de amenazas y hostigamiento que ponen en riesgo su integridad física y mental
y que se repite en cada una de las personas entrevistadas son las siguientes:
• Fabricación de delitos / órdenes de aprehensión: la mayoría de las
personas entrevistadas ya habían, anteriormente, participado en alguna
actividad de lucha política y/o social en el estado. Delitos por los cuales ya
se les habían hecho un expediente de averiguación previa, en años
anteriores, están siendo reactivados.
Algunos de los delitos que se les acusan al magisterio en el actual conflicto
son: robo con violencia a parquímetro, durante el desalojo del día 14 de
junio; asociación delictuosa, asonada y motín, enmarcada en la “pinta” del
cerro de Santa Anita; quema de autobuses y bloqueo de carreteras en
17 Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169 de diciembre de 1979.
16
Xalapa del Marqués; y el robo calificado con violencia en la Cámara de
Diputados. Delitos que se les inculpa y que no tienen el suficiente sustento
para que su participación en ellos sea probada (incluso de gente que está
fuera del estado o del país), y dejan la duda de que las acusaciones estén
fundamentadas en motivos políticos. De las 91 órdenes de aprehensión para
el magisterio, 27 de las personas tienen más de un delito, de los
anteriormente mencionados, en su contra.
De las 134 órdenes o amenazas de aprehensión conocidas, 19 son contra
mujeres y 115 contra hombres.
• Vigilancia y seguimiento de personas, familias, viviendas, vehículos
y toma de fotografías: el total de las personas entrevistadas expresaron
que permanentemente están siendo vigilados/as y seguidos/as, no sólo ellas
y ellos sino que además se ha extendido hacia su familia. En los alrededores
de sus viviendas han observado, o por información de sus vecinos/as, que
personas vestidas de civil, identificados por ellos/as mismas como gente de
la policía, rondan de continuo, ya sea a pie o en camionetas no
identificadas.
De las 22 personas entrevistadas, sabemos que 4 de ellas (con toda su
familia) han tenido que abandonar sus casas por temor de poner en riesgo
su vida, la de su familia y vecinos/as. El resto no lo expresó o bien, no
tienen otro lugar en donde refugiarse.
La toma de fotografías se ha realizado durante las movilizaciones
multitudinarias, actividades de grupos pequeños en público y en el momento
de ser vigilados/as en sus domicilios y/o plantones.
• Insultos y agresiones: cuatro de las mujeres entrevistadas fueron
agredidas verbalmente por taxistas, vecinos y grupos porriles cercanos al
plantón o a sus domicilios.
Una de las entrevistadas fue agredida física y verbalmente por un grupo de
cuatro personas, identificadas por ella misma como gente del PRI. Éstas, a
su vez, incitaban a otras a lincharla.
• Balaceras: los días entre el 21 y el 25 de agosto fue una semana de graves
sucesos en torno al conflicto que se está viviendo en Oaxaca. Esto se
enmarca en el programa “Limpieza de vialidades” ordenado por la
Procuradora General de Justicia del estado de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza,
donde en la madrugada del día 22 de agosto varios grupos de policías,
fuertemente armados, balacearon las antenas del Canal 9 trasladados,
aproximadamente en 30 camionetas pick up 4X4 sin placas y algunos otros
en motocicletas. El cuerpo policial iba a acompañado de grupos de choque a
bordo de camiones de volteo. Algunas de las armas utilizadas eran de alto
calibre (casquillos de calibre 22, 24, 28 y 9 milímetros) y de uso exclusivo
del ejército (AR 15).
En las noches subsecuentes las balaceras continuaron en las barricadas y en
los plantones de las radiodifusoras.
17
Los patrones anteriores son los que se presentaron como de mayor gravedad ya que
ponen en riesgo la vida e integridad física de las personas. Los siguientes patrones
complementan el cuadro de la falta de seguridad de las personas, se presenta una lista
de ellos y la información de éstos se detallarán en el informe completo de esta Misión
Civil de Observación.
• Delincuencia común por grupos de choque, porros, etc.
• Uso del Internet con fines de incitar a la población a atentar contra la
dirigencia del movimiento
• Llamadas telefónicas y teléfonos intervenidos
• Rumores (ataques el día 15 de septiembre; bombas en lugares públicos,
involucrar grupos del crimen organizado y sicarios)
• Provocaciones por parte del gobierno para confrontar sectores de la
población
Ruptura del tejido social
En el recorrido que realizamos, pudimos constatar el clima de tensión que ha generado
el conflicto entre los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña. Uno de los aspectos
que han contribuido al clima de desconfianza e inseguridad entre la población en
general, ha sido el hecho de que en días precedentes al "paro cívico de labores", del 18
de agosto, varios medios de comunicación señalaron que la población en general se
encontraba con mucho temor realizando "compras de miedo"18 por lo que pudiera
pasar en los días siguientes.
En efecto, la APPO convocó a un "paro cívico de labores" el 18 de agosto a nivel estatal
en el cual logró la suma de otros sindicatos, como la sección 35 del IMSS. El hecho
hizo que las actividades cotidianas se detuvieran en las principales poblaciones y
ciudades del estado. Durante el desarrollo de los bloqueos realizados, el maestro
Benito Castro Juárez sufrió un ataque por tres sujetos armados que se oponían al
bloqueo, al parecer, decían ser personas ajenas al gobierno o a algún grupo político.
Luego de la trifulca, los sujetos dejaron gravemente herido al maestro Benito19 y
provocaron un clima de tensión en el resto de los bloqueos. Coincidentemente, el auto
en el que escaparon los sujetos responsables del atentado fue localizado frente a la
Academia de policía en el municipio de San Sebastián Etla20.
18 Especialmente Televisa y TV Azteca locales y las radios comerciales de la capital del Estado. La Agencia
de Noticias Reforma reportó una aglomeración inusual en los centros comerciales. 18 de agosto, NOTICIAS,
1A, Virgilio Sánchez.
19 Los hechos del paro cívico y atentados contra los manifestantes fue reportado en los diferentes medios de
comunicación tales como: NOTICIAS, 1A/ 16A, Octavio Vélez Ascencio; EL IMPARCIAL, 4A, Carlos
Alberto Hernández; entre otros. El Dr. Moisés Antonio Aragón Kuri, subdirector del Hospital Regional
"Presidente Juárez" del ISSSTE, a petición de la RODH, entregó el reporte médico de los profesores Benito
Castro Juárez y Sergio Valle Jiménez quienes habían sufrido heridas por arma de fuego durante las
actividades del paro cívico. Oficio No. SDM/149/06.
20 Nota del 19 de agosto, NOTICIAS, 1A/ 16A, Octavio Vélez Ascencio.
18
Por otra parte, durante nuestro recorrido, constatamos que el abandono y la
ingobernabilidad son visibles en la ausencia de los servicios básicos en diferentes áreas
de la ciudad. Según testimonios recogidos por nuestra Misión Civil de Observación, la
suspensión de ciertos servicios básicos21 se intensificó, especialmente, en la semana
del 21 al 25 de agosto en que se intensificaron los ataques y hostigamientos en contra
de los manifestantes presentes en los plantones y barricadas.
Con lo anterior pretendemos afirmar que la desconfianza y psicosis ha penetrado en
todos los sectores de la población, generando una ruptura del tejido social y
agudizando la polarización social de la cual son víctimas, incluso, algunas familias. Otro
dato que agudiza esta psicosis, es la compra de armas en algunos sectores de la
sociedad para hacerse cargo de su propia seguridad.22
La irresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en la falta de atención a los
diferentes reclamos sociales, ha ocasionado la descomposición y ruptura del tejido
social. En cierto modo, esa actitud del gobierno está obligando a la población
oaxaqueña a vivir bajo un ambiente de violencia, presión y, más aún, de intimidación
que conduce al establecimiento de una cultura del miedo siendo ésta el telón de fondo
para la violación sistemática a los derechos humanos consagrados en la legislación
local, nacional e internacional.
Los límites
Durante los días de visita de la Misión de Observación Civil, constatamos que la
ingobernabilidad ha provocado una serie de iniciativas de parte del movimiento social:
Asamblea de los Pueblos de Oaxaca23 –APPO. Reconocemos que ha sido un esfuerzo
de búsqueda hacia una forma de establecer ciertos mecanismos de convivencia
ciudadana. Estos “acuerdos ciudadanos para la gobernabilidad” pretenden ofrecer la
posibilidad de establecer las bases para un nuevo pacto social, como el establecimiento
de la “mesa unitaria de negociación y diálogo” con la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, aunque se trata de una serie de acciones con una buena finalidad, esto
se enfrenta con los límites de la organización social y está rebasada por las formas de
actuación de los más diversos grupos que forman parte de la APPO y de la sociedad en
general.
La provisionalidad organizativa de la APPO, sin embargo, dejan ver su vulnerabilidad y
la falta de mecanismos de control de las manifestaciones de adhesión y de repudio a la
política del gobierno del estado. Las acciones de autodefensa se multiplicaron y, se
tiene noticia, que tan sólo en la semana del 21 al 25 de agosto aparecieron alrededor
de 1,200 barricadas en toda la ciudad de Oaxaca. En los primero días fueron la forma
vecinal de proteger al movimiento de una nueva represión como la del 14 de junio; sin
embargo, con el paso de los días algunos han tomado arbitrariamente sus propias
decisiones y han impuesto su propia ley, a pesar de que la dirigencia de la APPO ha
21 Suspensión del servicio de limpieza y recolección de basura. Apagones en diferentes colonias del norte de
la ciudad. Este último dato, fue aclarado por la Comisión Federal de Electricidad pues, dijo, se trataba de
labores de mantenimiento de las redes de servicio. A pesar de esto, entre la población afectada, no logró
contener el miedo y el rumor de que se trataba de una medida de acoso por su apoyo a la APPO.
22 En entrevista con el sector empresarial, afirmaron que algunos compañeros del gremio están comprando
armas para defender su patrimonio. Entrevista realizada el 6 de septiembre de 2006.

Antes: Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

llamado a sus simpatizantes a evitar agresiones y abusos contra la población en
general.
Fuimos testigos de cómo la gente reportó que algunas personas sospechosas de atacar
a las barricadas, ante ello, la dirigencia de la APPO impartió justicia sobre los acusados
aplicando castigos para luego dejarlos en libertad. Es verdad que en algunos casos se
ha evitado el linchamiento de parte de la población simpatizante de la APPO, pero se
corre el riesgo que en algunos casos pueda ocasionar la falta de control y manejo de
los conflictos de modo de que pone en una grave disyuntiva de erigirse como autoridad
y, por ende, asumiría las responsabilidades que emanen de sus actos24.
24 El informe será completado con testimonios que ahondarán en varios componentes que definen los límites y
riesgos en que podrían incurrir las acciones del movimiento social. Tales como: abusos en la autodefensa del
movimiento y potenciales violaciones a los derechos humanos.


Conclusiones

La misión civil de observación luego del trabajo de estos días llega de manera
provisional a las siguientes conclusiones:

• El conflicto que en estos días constatamos es social, no sólo magisterial. Está
más allá de la capital. Hay situaciones que hablan de ingobernabilidad y que no
tienen una relación directa con el movimiento magisterial ni con la APPO.
• Hemos conocido información de hechos que constituyen violaciones como son el
uso excesivo de la fuerza, ataques a la libertad de expresión, de asociación y de
reunión y a los códigos de conducta de los cuerpos de seguridad.
• Las personas integrantes de la APPO y de los diversos movimientos que, en
diferentes municipios del estado de Oaxaca, desconocen a las autoridades
formales, sufren un clima generalizado de terror, consecuencia tanto de
agresiones directas (incluyendo homicidios) como de amenazas sistemáticas.
• Reconocimos una táctica premeditada por el estado para obstaculizar el derecho
a la libertad de expresión, en particular de los sectores de la población críticos
con el gobierno del estado de Oaxaca y sus correspondientes funcionarios.
• En términos generales la violencia directa no proviene del magisterio, ni de los
ciudadanos que se han organizado como APPO, ni de aquellos que conforman
los ayuntamientos populares; sino de grupos que actúan desde la
clandestinidad.
• Pudimos reconocer que existe violaciones a la libertad de tránsito tanto por
parte de los cuerpos de seguridad como por algunos de los mecanismos de
autodefensa.
• La presencia del ejército en la región de la Sierra Norte parece ser una medida
de intimidación contra la población.
• También encontramos información respecto de violaciones a los DESCA a causa
de la falta de política social y el establecimiento de megaproyectos sin tomar en
cuenta la opinión, los intereses, la cosmovisión y la decisión sobre sus recursos
de los pueblos originarios.
• Encontramos que se están gestando diferentes movimientos, algunos de ellos
anclados en formas de organización indígenas, que han encontrado formas
incluyentes de participación tanto en la capital como en los municipios que
visitamos.
• En la ciudad y en los municipios visitados encontramos un clima de ansiedad
generalizada que está deteriorando el tejido social y se manifiesta en signos
como la desconfianza entre los ciudadanos, la división y confrontación en
ámbitos familiares, de trabajo y sociales; lo cual está llevando a que algunas
personas abandonen la ciudad e incluso consideren el armarse como opción de
seguridad.



Recomendaciones

Con base en lo observado durante la misión y en correspondencia con nuestras
conclusiones las organizaciones firmantes recomendamos:
1. Que se descarte por completo el uso de la fuerza como vía para solucionar el
conflicto.
2. Que, de acuerdo con las obligaciones incluidas en la Constitución Mexicana y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, se garantice el máximo
respeto a los derechos de las personas detenidas; particularmente, los
relacionados con el debido proceso legal y con el deber del Estado de realizar
investigaciones serias para identificar a los responsables y asegurar a las
víctimas una reparación integral25, tanto en el ámbito individual como en el
colectivo.
3. Como parte del proceso de solución del conflicto se realicen investigaciones
efectivas respecto de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el
conflicto, determinando responsabilidades y aplicando las sanciones respectivas,
evitando que prevalezca la impunidad.
4. Que el ejército salga inmediatamente de la Sierra Norte e informe públicamente
de las actividades realizadas hasta ahora en la región.
5. Se dé lugar a una transformación de las fuerzas de seguridad pública en el
sentido de una reforma policial democrática que garantice la seguridad de los
ciudadanos y no la de los gobiernos en turno.
6. Iniciar el debate público para realizar una reforma integral tanto del sistema de
procuración como de impartición de justicia.
7. Frente al deterioro del tejido social establecer, con la participación social, un
proceso cultural que reestructure la identidad social con el patrimonio de la
ciudad y del estado así como considerar la necesidad de implementar un
programa de salud mental comunitaria.
8. Que todos los involucrados en la resolución del conflicto tomen en cuenta los
beneficios del aumento y nuevos rasgos de la participación social y que ésta sea
la base del proceso de transformación del Estado en Oaxaca.