A LOS TRABAJADORES DEL MUNDO

30 abr 2007

Un saludo libertario al recibo de este mensaje. Compas, sírvanse a boletinar a sus contactos las próximas actividades que organizan los compas de la Comisión Coordinadora de la Marcha Conmemorativa del Primero de Mayo. Y también reciban información y carteles en el marco de estas actividades.
Salud y Solidaridad,
l'ccabrera

Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.

La reciente reforma a la Ley del ISSSTE es un retroceso en el sistema de seguridad social y un golpe a los trabajadores. Con la nueva ley, Calderón y el Congreso eliminaron el carácter colectivo y solidario del sistema de pensiones del ISSSTE. Quienes se integren a este sistema ya no contarán con una pensión de por vida basada en las aportaciones de los trabajadores en activo. Ahora, sus pensiones serán individuales y estarán determinadas exclusivamente por los aportes ahorrados a lo largo de sus vidas laborales.
Para no tener que abrir nuevas plazas y para pagar menos pensiones, el gobierno aumentó en 10 años la edad mínima para poder jubilarse, a 58 años para las mujeres y a 60 años para los hombres.
Además, inició la privatización de la salud proyectando convenios con empresas privadas en materia de salud.
Esta nueva ley no sólo afecta a trabajadores que están en activo, afecta sobre todo a las futuras generaciones, pues nos arrebatan el derecho constitucional a la seguridad social. Nuestro futuro laboral está marcado por condiciones cada vez más precarias.
¡No a la contrarreforma a la Ley del ISSSTE!
En México, los estudiantes y los egresados universitarios somos trabajadores precarios. Menos del 20% de los egresados del sistema de educación superior encuentran un empleo formal relacionado con su carrera profesional. En lugar de ejercer su especialidad la mayoría se dedica a actividades como telemarketing, clases particulares, tareas administrativas, vendedores, conductores de taxis, meseros, entre otras. Otros optan por emigrar a los Estados Unidos u otros países. Y alrededor de 250 mil jóvenes con educación media y superior se encuentran desempleados.
Es falsa la concepción que atribuye esta situación a un "exceso de profesionistas". En realidad México requiere de más universitarios. Solamente el 20% de las personas de 15 a 24 años tiene al estudio como actividad única. Alrededor de 15% de los jóvenes viven en pobreza extrema, con menos de un dólar al día.
El problema es un gobierno que en lugar de invertir nuestros recursos en educación, salud, seguridad social, infraestructura, cultura, ciencia y tecnología, se los gasta en los intereses de la deuda , en rescates a banqueros y a otros empresarios corruptos, en los altísimos sueldos y pensiones de los funcionarios, en armas, policías y militares. El problema es un gobierno que está al servicio de los capitalistas que, como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, sólo persiguen ganancias privadas basadas en la especulación, el saqueo, el monopolio y la explotación; y no le interesa el desarrollo económico, social y cultural del país.
Por eso es importante que nos organicemos para exigir:

¡Trabajo digno y socialmente útil!
¡Empleos formales con seguridad social, prestaciones y
buenos salarios!

¿Se puede olvidar con quienes se comparten sueños?
Prohíbo el llanto a sus memorias,
tal vez ellos nos esperan ansiosos por donde ahora viven,
¿y ustedes estarán bien?
¿O les falta algo?
Si esto último fuera cierto
les suplico nos lo hagan saber
y mañana mismo,
sin reuniones, ni mítines, ni marchas
– se los juramos –
Haremos una pinta al cielo.

En memoria de todos los caídos
¡Presos políticos libertad!

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Oaxaca de todos los días.

lnstala Segob Mesa de Diálogo con el gobierno

PEDRO MATIAS
Francisco Yánez Centeno mencionó que uno de los primeros acuerdos que logró la Secretaría de Gobernación con el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus, el director del IEEPO, Abel Trejo González, y el coordinador de delegaciones de gobierno, Alejandro Avilés, es "definir el universo real de las escuelas en conflicto para trabajar con bases reales".
Sin querer abundar sobre los otros compromisos asumidos la Secretaría de Gobernación durante el conflicto, se limitó a decir que "la mesa se instaló. Ya se está trabajando con las autoridades de Oaxaca para definir las estrategias de solución a los conflictos en las escuelas".
Pero además, dijo, para la recuperación de escuelas van a tener que platicar con la Sección 22 y la Sección 59 del SNTE, para llegar a acuerdos con ambas partes.
Recordó que "originariamente había más de 400 (escuelas en conflicto) y poco a poco se han ido solucionando porque no es un trabajo tan sencillo, pero además no hablamos de recuperación (de planteles) sino de solución a los conflictos en las escuelas".
En cuanto a las otras demandas de la Sección 22 del SNTE, adelantó que la rezonificación por vida cara no es un asunto exclusivo de Oaxaca sino de varias entidades; sin embargo, "ya se está trabajando sobre eso y esperamos que a mediados del mes de mayo haya una definición al respecto".
En cuanto a la demanda central de la Sección 22 del SNTE, la salida de Ulises Ruiz Ortiz de la gubernatura de Oaxaca, señaló que "ésta no se está analizando porque la mesa es únicamente para la atención de los conflictos a las escuelas".
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, dijo que en esta mesa de trabajo se analizó el tema general del magisterio, y específicamente el asunto de las escuelas en conflicto.
Los primeros acuerdos a los que llegaron, abundó, "es que vamos a revisar la información que emite la Sección 22 que hablan de 227 escuelas y nosotros hablamos de 81, mas otras que están convenidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un cruce de información, y segundo, reconocer el grado de conflicto de cada uno de los planteles y las estrategias que se van a utilizar de manera conjunta para resolver los problemas.
Por lo pronto, se acordó reactivar la mesa de trabajo el próximo jueves a las 12 horas para hacer una valoración de la documentación que se va a revisar.
Aclaró que no se trató ningún punto del pliego petitorio de la Sección 22 porque no se ha precisado el pliego petitorio, tanto en el aspecto económico como en lo político, social y educativo.
Cabe resaltar que el pliego petitorio de la Sección 22 será presentado el próximo primero de mayo en la Secretaría de Gobernación.
Mientras tanto, la Sección 22 del SNTE suspenderá clases durante 48 horas para realizará el primero de abril, en el marco del Día del Trabajo, una marcha masiva en esta capital, y al día siguiente participar en el paro nacional con toma de oficinas y bloqueo de carreteras.


Oaxaca y Atenco
Maestros y APPO, de nuevo en lucha
A un año del virus mexiquense del miedo
Reformar, verbo socialmente insuficiente
Las instituciones se han mandado por sí mismas al diablo. En diario proceso de miniaturización y corroídas por el cáncer múltiple de la ilegitimidad, la politiquería, la militarización y la insensibilidad, esas instituciones no han atendido llamados sociales postreros a la corrección. Por ello es que, a pesar de la demagogia y el desdén oficiales, están en proceso de reavivamiento conflictos como el de Oaxaca, donde la coalición Felipe-Ulises (Felises) ha creído que el simple paso del tiempo podría curar heridas desatendidas.
Con la llegada de mayo cobrará más fuerza la reunificación de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que, a pesar de la desproporcionada represión en su contra, sigue viva y activa. Las maniobras de división que en su momento realizó el gobierno foxista, con monseñor Carlos Abascal como principal engañador, dejaron como saldo promesas a los profesores oaxaqueños que a la fecha no sólo no han sido cumplidas sino que son eludidas y desconocidas por el nuevo ocupante de Bucareli, el jalisciense Francisco Ramírez Acuña. Este primero de mayo, profesores y miembros de la APPO se manifestarán públicamente, con sus viejas demandas de nuevo al frente: respuesta a las exigencias del magisterio y deposición del tirano Ruiz. El 1 y el 2 habrá paro de labores docentes y se analizará la posibilidad de que esa suspensión se convierta en indefinida hasta la resolución de las demandas. Y el 2 se tomarán edificios públicos y dependencias gubernamentales, con la mira puesta en el zócalo oaxaqueño, hasta ahora expropiado a la vida cívica y política (ayer mismo, burócratas estatales en marcha contra reformas en materia de pensiones rompieron el cerco policial y se manifestaron en ese sitio altamente significativo). Más lo que siga en ese mismo mayo.
El 4 del mes en puerta se cumplirá un año de la represión anunciante de la mano dura como fórmula para enfrentar conflictos sociales y electorales. Los gobiernos federal y del estado de México decidieron enfrentar con pedagógico ánimo sanguinario las movilizaciones de pobladores de San Salvador Atenco que antes habían dado el mal ejemplo de impedir la construcción de un negocio aéreo sexenal en tierras comunales. Reprimir con crueldad el movimiento del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra sirvió para instalar en el país el virus paralizante del miedo. A la vista de todos fue expuesta la manera como el poder castigaría disidencias. Las leyes fueron retorcidas y los procesos envilecidos para mantener en prisión a líderes, entre ellos Ignacio del Valle.
Hoy, Oaxaca y Atenco son parte del escenario devastado pero no exterminado. Allí sobrevive la organización social en defensa de sus derechos, mientras las instituciones suman agravios a la gran lista nacional, como en el caso de Zongolica. Mandadas al diablo por sí mismas, esas instituciones, y sus operadores devaluados, sueñan con arreglos y cambios superficiales, acordados entre elites que sólo buscan preservar sus intereses. Reformas del Estado, anuncian, cuando cada vez queda menos Estado y cuando reformar se ha convertido en un verbo insuficiente.
Premio Nacional de Derechos Humanos




Escrito por La Jornada
sábado, 28 de abril de 2007
El pasado martes se anunció que, por unanimidad, se había otorgado este año de manera conjunta el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo a Ignacio del Valle y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Sus representantes lo recibirán el próximo 5 de mayo, aniversario de la represión de Atenco. Se anunció igualmente que se había concedido un reconocimiento especial a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En el contexto de una clara tendencia a criminalizar la protesta social, y de una evidente falta de voluntad política para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, con ello las organizaciones convocantes expresan su comprensión de que tales garantías antes que nada no son fines sino medios, instrumentos que las víctimas han utilizado para reivindicar su dignidad frente al poder represivo y discriminatorio del Estado, y que los movimientos sociales y populares son los que históricamente los han enarbolado para construir una sociedad justa, de ciudadanos libres y participativos. Ratifican, además, su convicción de que los derechos humanos tienen que ser universales, integrales, indivisibles e interdependientes, y que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados por el Estado con el mismo rigor que los derechos civiles y políticos.
En la propuesta de candidatura de los esta vez galardonados se dice, en efecto, que si bien las organizaciones en las que ha participado Ignacio del Valle y el FPDT se han caracterizado por ser movimientos sociales, todas ellas se han dirigido a la lucha por garantías fundadas en el derecho a la libre determinación de los pueblos y a la no discriminación, buscando siempre una vida digna para los atenquenses, pues con ello se ha propugnado mejorar su calidad educativa, sus servicios de salud y su vivienda, así como impulsar proyectos productivos, difundir y aprovechar los beneficios de la cultura y conservar sus tradiciones.
Debido a ello, desde hace un año Ignacio del Valle se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, antes La Palma, acusado falsamente de los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, y sometido a un largo, irregular y tortuoso proceso por un juez que no tiene competencia para ello, y que esperamos pronto la Suprema Corte de Justicia corrija, declarando su libertad.
La APPO, resultado del proceso histórico de un amplio movimiento social en Oaxaca, es también una instancia colectiva compuesta por ciudadanos y alrededor de 350 organizaciones sociales y civiles, muchas de las cuales se han distinguido por su lucha por los derechos humanos integrales de los pueblos oaxaqueños. Algunos de sus principales concejales se encuentran igualmente detenidos arbitrariamente en el penal del Altiplano, o en otros centros de reclusión de Oaxaca, y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos ha mostrado claramente no sólo las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que los miembros de la APPO o simples ciudadanos solidarios, e incluso transeúntes ocasionales durante los actos represivos, han tenido que padecer impunemente por parte de las fuerzas regulares e irregulares de seguridad de aquel estado y de la misma Federación, desde el 14 de junio del año pasado; sino que también es objeto de una "estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".
Este Premio Nacional de Derechos Humanos fue creado hace 16 años por tres instituciones de Morelos, como un homenaje a la memoria de don Sergio Méndez Arceo, séptimo obispo de Cuernavaca, quien entre otras cosas el 17 de abril de 1981 dio a conocer su Decreto de excomunión para los torturadores en Morelos. Hoy son 41 las organizaciones civiles y sociales convocantes y simpatizantes de este premio, que tiene como finalidad principal proseguir la trayectoria de don Sergio.
Su otorgamiento este año cobra especial relevancia, porque se está conmemorando el 15 aniversario de su fallecimiento. La muerte en efecto le sorprendió el 6 de febrero de 1992, luego de una larga vida de solidaridad cristiana con los movimientos sociales y populares de América Latina y el Caribe, defendiendo y promoviendo sus derechos humanos individuales y colectivos. A ello se debe que también se haya organizado el día 4 de mayo en la Catedral de Cuernavaca el Foro de Análisis de la Situación de los Derechos Humanos hoy en México, con el propósito de promover el pensamiento y práctica de don Sergio, así como el significado profundo del premio, mediante el intercambio de experiencias de las luchas de quienes hasta ahora lo han recibido.

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EL ALTO CLERO INSURRECTO

Llamado inaceptable
El exhorto formulado ayer por la Arquidiócesis de la Ciudad de México al personal de salud del Distrito Federal a no cumplir con sus obligaciones laborales y a negarse a interrumpir embarazos -una práctica legal desde la semana pasada- es un paso más en la ofensiva lanzada por la jerarquía eclesiástica contra la despenalización del aborto, contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), contra el gobierno capitalino y contra la vigencia de un derecho establecido en la ley.
Si en los meses recientes el arzobispado que encabeza Norberto Rivera Carrera se involucró abiertamente en actividades políticas y pretendió invadir el ámbito de instancias legislativas, ahora, al confundir deliberadamente legalidad y moral, y al calificar de "asesinato" un procedimiento médico regular, el organismo religioso pretende arrogarse facultades para determinar lo que es lícito, y para decir a sus feligreses qué preceptos legales cumplir.
Desde luego, los dirigentes católicos están en su derecho de excomulgar a quienes deseen, e inclusive de amenazar con el infierno y la condenación eterna a los legisladores que aprobaron la despenalización del aborto, a los gobernantes que han expresado su disposición a acatar la reforma legal correspondiente, a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y a los médicos y al personal sanitario que participa en la práctica. Los afectados por la reacción eclesial tienen, por su parte, el derecho a creer o no en esas amenazas. Hace muchos años las católicas y los católicos que utilizan métodos de planificación familiar y de sexo seguro optaron por ignorar las prédicas medievales y supersticiosas que en esas materias realizan los jerarcas católicos. El avance de la conciencia ciudadana ha hecho posible que la gran mayoría de los feligreses haya aprendido la inconveniencia de confundir las funciones de los guías espirituales con las de médicos, sexólogos y trabajadores sociales. Esta encomiable capacidad de discernimiento explica en buena medida la muy escasa respuesta -en una sociedad que oficialmente es mayoritariamente católica- a las recientes e impertinentes convocatorias de la Arquidiócesis a movilizaciones contra la despenalización del aborto.
Sin embargo, el abierto llamado a incumplir leyes, reglamentos y obligaciones profesionales y laborales denota la voluntad del alto clero católico de colocarse en una ruta de colisión con la institucionalidad vigente en la República y con los poderes del Estado, y resulta llanamente inaceptable. Cabe recordar que el artículo 1° de la Ley de Asociaciones Religiosas establece, sin ambigüedad, que "las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país", así como que "nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes", y en el artículo 29 se establece como infracción el "oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas".
Ante semejante irresponsabilidad por parte de la jerarquía católica, la cual está obligada a cumplir con las limitaciones que le impone la legislación arriba referida, es claro que el gobierno federal, responsable por medio de la Secretaría de Gobernación de fiscalizar el comportamiento de las organizaciones religiosas, tiene ante sí el deber insoslayable y urgente de poner en alto a lo que se ha convertido en beligerancia contra las leyes por parte de los jerarcas católicos de la urbe e imponer las sanciones pertinentes. El Ejecutivo Federal debe entender que la tolerancia ante la creciente insubordinación clerical no sólo es inadmisible desde la lógica republicana que representa su investidura, sino, a fin de cuentas, política e institucionalmente suicida, porque la ambición de poder de la actual dirigencia eclesiástica no conoce límites y es preciso, por ello, marcárselos a la brevedad.
Sitiaremos varias ciudades el 2 de mayo, dice la CNTE
KARINA AVILES
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en conjunto con otros sindicatos, advirtió que el próximo 2 de mayo ''sitiará'' las principales ciudades del país mediante un paro y bloqueos a carreteras, casetas de peaje, acciones en las fronteras, la suspensión de actividades en escuelas y la toma de las delegaciones de los sectores Salud y Educación, para que se dé marcha atrás a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Asimismo, anunció que hoy se hará la entrega de cerca de 100 mil amparos contra la citada ley, que fueron transportados a la ciudad de México en tres camiones.
También, a partir de las ocho de la mañana de este lunes instalarán carpas a las afueras del Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, para que en un plazo de dos semanas quienes no han hecho su solicitud de amparo acudan a este lugar con el propósito de que puedan ser apoyados con los formatos y la asesoría jurídica para presentar ese recurso.
Luego de la instalación de estos módulos declarará la integración del consejo nacional de huelga en defensa de la seguridad social.
En conferencia de prensa en la que participaron integrantes de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Artemio Ortiz Hurtado, secretario de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, advirtió que ''todo el país estará sitiado'' el próximo miércoles, con una serie de medidas entre las que se incluyen las ''visitas a bancos'' y a trasnacionales como Wal- Mart.
Aseguró que tomarán las delegaciones estatales de la Secretaría de Educación Pública e ISSSTE, aunque aclaró que en clínicas y hospitales no impedirán las labores.
Por su parte, integrantes del STUNAM se sumarán a este paro nacional de labores, programado para el 2 de mayo. Ese día, desde temprana hora bloquearán los accesos a Ciudad Universitaria y otras instalaciones de esa caa de estudios.
Pilar Saavedra, de la Coordinadora de Trabajadores en Resistencia, entregó un documento con los resultados de la consulta realizada por todas las corrientes de oposición para conocer si apoyan a los trabajadores. De acuerdo con el recuento, 83.38 por ciento apoyó el paro de actividades, aunque si se contabiliza a los trabajadores que en sus asambleas votaron por unanimidad, sumaría un total de 5 mil 671 votos en favor.
Durante la conferencia, el secretario general del SITUAM, Jorge Ramos, recordó que el ISSSTE tiene alrededor de 2.5 millones de trabajadores en activo y el número de amparos que interpondrán rebasará todo tipo de expectativas. El profesor Esteban Ojeda Ramírez, secretario de Promociones Económicas de la sección 3 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California Sur, dijo que tan sólo ellos entregarán hoy 2 mil amparos y de igual forma se sumarán a la paralización de actividades en aquella entidad.
Fernando Amezcua, del SME, afirmó que ''peligrosamente nos acercamos a 2010 en condiciones muy adversas. Por ello, este es un aviso para que el gobierno se detenga, porque de lo contrario encontrará la fuerza de los trabajadores''.
Posteriormente, la CNTE sostuvo una asamblea donde las distintas representaciones rindieron un informe de los preparativos para este 2 de mayo, y hasta el cierre de esta edición discutían la fecha del estallamiento del paro nacional, pero con carácter de indefinido. La tendencia era iniciar esta acción a partir del próximo 7 de mayo, aunque se informará de ello esta misma semana.
Se avecina reforma a la Ley Federal del Trabajo: ANAD
MARIANA NORANDI
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) advirtió que, tras la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se avecina la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual pondrá en riesgo la estabilidad laboral de 30 a 40 por ciento de los 12 millones de trabajadores mexicanos que hoy cuentan con un contrato fijo.
En conferencia de prensa, el presidente de esta asociación, José Luis Contreras Montes, sostuvo que en la próxima sesión del Congreso de la Unión se discutirá la reforma a la ley laboral, en la cual se propone legalizar el trabajo eventual y sustituirlo por el contrato estable, como ya ha ocurrido en países como España o Argentina. ''Esta reforma busca aplicar y legalizar el contrato por horas, por prueba, por capacitación y temporal. Esto implicará salarios y prestaciones precarias, además de un duro golpe a las organizaciones sindicales que se sustentan en la participación de los trabajadores de planta''.
A su vez, Oscar Alzaga Sánchez, también miembro de la ANAD, dijo que, en el continente, México aún conserva una estabilidad laboral porque es el único país de América Latina en donde no se ha llevado a cabo una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, añadió, al igual que pasó con la Ley de ISSSTE, ahora se pretende realizar otra reforma ''en las sombras (a espaldas) de la opinión pública y de manera impositiva'', por lo que este primero de mayo la asociación se manifestará en contra de las reformas ya aplicadas y en especial a la LFT.
Alzaga Sánchez informó que se están preparando ''cientos de miles'' de demandas de garantía contra la reforma a la Ley del ISSSTE y, desde el punto jurídico, esta llegislación no debería entrar en vigor en respuesta a los amparos, ''pero el resultado dependerá del respeto a las leyes que demuestren autoridades y jueces''.
Agregó que tanto el contenido como el método con el que se llevó a cabo esta reforma son ilegales y quebrantan el estado de derecho, por lo que la ANAD no descarta presentar el caso ante los tribunales internacionales, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza.
Lucha antinarco en México, caída librericardo ravelo
México, D.F., 30 de abril (apro).- Con base en su experiencia en la Fiscalía General de Colombia y como excombatiente del narcotráfico en ese país sudamericano, Gustavo de Greiff suelta:“La lucha contra el narcotráfico en México y cualquier otra parte del mundo está perdida. No entiendo por qué se insiste en seguir combatiendo el tráfico de drogas por medio de la represión, si estas medidas han fracasado en los últimos 40 años. La solución debe ser legalizar la producción y consumo, y con eso terminamos con el problema”.De Greiff es un veterano de la diplomacia y de la política. Colombiano de origen, un día el presidente César Gaviria lo invitó a colaborar en su gabinete. De Greiff se desempeñaba como rector de una universidad local. Y de buenas a primeras tuvo que dejar la cómoda oficina académica para entrar a la vorágine del combate al narcotráfico.Durante su paso por la Fiscalía General de Colombia –uno de los más importantes cargos en el gobierno–, De Greiff Restrepo no tuvo una encomienda fácil:Se dio a la tarea de organizar a todo un Ejército para emprender la tarea más ardua que se haya realizado en Colombia en los últimos años: desarticular al cártel de Medellín, entonces encabezado por el más poderoso capo que haya existido en la historia de ese país: Pablo Escobar Gaviria.Aquella batalla encabezada por De Greiff tuvo todo el respaldo del gobierno de Colombia. También de la DEA.Guerra de mil mddDurante cuatro años, el gobierno colombiano redujo sus presupuestos en educación, descobijó el campo y desatendió otros renglones importantes, pues todos los recursos se concentraron en la lucha contra el narcotráfico. Más de mil millones de dólares costó, en su primera fase, la arremetida contra el cártel de Medellín y otros grupos de narcotraficantes de la Costa Atlántica y los afincados en el llamado Valle del Cauca.Después de todo este trabajo, que costó cerca de 600 vidas –entre policías, militares, jueces, abogados y funcionarios del gobierno–, se logró desarticular al poderoso cártel de Medellín. Pero desde esa fecha (1992-1994) Gustavo de Greiff vive con una frustración.“Lo que más me duele es que toda esta batalla no sirvió para nada. El tráfico de drogas siguió boyante. Colombia continuó exportando cocaína a Estados Unidos, a través de México, la droga aumentó y el precio empezó a disminuir. Todo esto es muy doloroso, pero me llevó a la conclusión de que la represión contra el narcotráfico no es la mejor estrategia. Desgraciadamente México va por el mismo camino, y lo que veo es que toda esa lucha resultará un verdadero fracaso”.De Greiff fue entrevistado por Apro para conocer su opinión sobre la violencia desatada por el narcotráfico en México y sobre el reacomodo de los cárteles, detalles que constan en un informe elaborado por la Secretaría de la Seguridad Pública Federal (SSPF), y que se sostiene que, en los últimos cinco meses, la dinámica del narco cambió:Existen nuevas alianzas –algunas efímeras y otras más sólidas– que son la causa de la cruenta violencia que enfrenta el país por todas partes y que, según datos oficiales, suman más de 600 vidas.En resumen, el informe de la SSPF establece que el cártel del Sinaloa –ahora llamado del Milenio– es el más poderoso, y le sigue en poder y fuerza el del Golfo. Sin embargo, este grupo criminal enfrenta una crisis interna: están divididos sus cabecillas Eduardo Costilla, “El Coss”; Ezequiel Cárdenas, “El Tony Tormenta”, y “El Lazca”, líder de Los Zetas.En una posición con menor poder, pero con significativa presencia en el país, está el cártel de Juárez, bajo el mando de Vicente Carrillo, “El Viceroy”.Le siguen los cárteles de Tijuana, el de Pedro Díaz Parada, mismo que se rearticuló ahora con nuevas cabezas, y el de los hermanos Amezcua, reforzado en el negocio de las metanfetaminas con una alianza con los hermanos Arellano Félix.Frente a este panorama, De Greiff no tiene dudas:El presidente Felipe Calderón tiene la guerra perdida y, según los datos de que dispone, el gobierno atiende y apoya a los grupos que más provecho le han sacado a la postura de la prohibición, lo que ha convertido la lucha antidrogas en un combate sin resultados.Gustavo de Greiff analizó su fracaso en la embestida contra el cártel de Medellín. Cuenta: “Empecé a ver nuestras limitaciones. Dije: ‘estamos teniendo éxito en cuanto a perseguir a unos cuantos narcotraficantes individualizados, pero el problema de las drogas continúa’.“Desgraciadamente después (Colombia) entró al negocio de la heroína. Antes y ahora la droga sigue produciéndose en Colombia. El consumo sigue siendo igual o mayor, el precio de la droga no aumenta ni se hace más difícil su adquisición, por el contrario, disminuye. Entonces pensé y sigo pensando que la solución más racional sigue siendo la legalización o regulación legal de la producción, comercio y consumo”.--¿Esto no detonaría un mayor consumo, partiendo de la base de que buena parte de la sociedad tiene problemas de adicción?--Esta regularización de las drogas tendría que estar apoyada con campañas educativas para disminuir el consumo y darle asistencia médica a los adictos.--Esta lucha infructuosa contra el narcotráfico en Colombia, ¿usted cree que pueda repetirse en el caso de México, ahora que el gobierno le declaró la guerra a los cárteles?--No sólo lo creo, sino estoy seguro. Mientras exista la prohibición que da lugar a muchas utilidades para los narcotraficantes y, naturalmente beneficios para los corruptos, porque al estar prohibida la producción y tráfico de drogas, (se) tiene la necesidad, por parte de los productores, de corromper a las autoridades para que miren hacia otra parte: a los policías para que no los persigan y a los jueces para que los absuelvan.“Mientras eso subsista, mientras haya esa posibilidad de obtener grandes utilidades y mientras la corrupción florezca, es imposible acabar con el narcotráfico”.Después de evaluar que la batalla contra el narco en Colombia fue frustrante –“el negocio continúa como si nada hubiera pasado”, dice–, el exembajador colombiano en México sostiene que la solución al problema del tráfico de drogas es su legalización, entendida no como una invitación a consumir sino como una regulación que establezca quién pueda producir, bajo qué controles y a quiénes se puede vender (la droga), que no se venda a menores de edad y que, sobre todo, se dé asistencia médica a los adictos”.--Se puede decir que este camino que emprendió el presidente Felipe Calderón es una ruta que usted ya conoce muy bien. ¿Qué vislumbra en el futuro inmediato?--No quiero ser profeta de desastres, pero creo que si se mira la experiencia colombiana, si se mira al espejo colombiano, se verá que va a ser un fracaso. Y es un fracaso porque como el narcotráfico vive de la corrupción y de grandes utilidades, eso es el resultado de la prohibición.A pesar de la guerra que enfrenta el gobierno contra los narcos, para Gustavo de Greiff nuestro país sigue siendo un país clave para el trasiego de droga y para la introducción de los cargamentos que provienen de Colombia.Con base en la información con la que cuenta, traza las rutas más socorridas por los capos colombianos:“México sigue siendo un territorio clave, porque el mercado consumidor más grande es Estados Unidos. Los que nos atacan a nosotros, a los países latinoamericanos productores de droga, diciendo que somos los culpables de que haya ese tráfico, pues se equivocan.“Los culpables son ellos, que tienen un mercado asegurado para los narcotraficantes, un mercado extenso de consumidores, el más extenso del mundo, porque si bien últimamente se ha abierto el mercado europeo, los Estados Unidos siguen siendo los mayores consumidores de cocaína, de mariguana, y consumen una tercera parte de la heroína que se consume en el mundo”.El papel del Ejército--¿Esta violencia que se está presentando en México puede llegar, según usted lo percibe, a un nivel de mayor intensidad?--Creo que va a ser igual, va a tener la misma intensidad que tiene en la actualidad. Ahora se ha exacerbado un poco por la represión, pero si usted examina los periódicos aquí en México, en Colombia y Perú desde hace diez años, encuentra que prácticamente está sucediendo lo mismo que ocurre hoy. En Colombia hubo momentos en que se metió al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo cual yo considero que es un error.“Se involucró a la policía, lo cual era apenas lógico, porque el problema del narcotráfico, mientras exista la prohibición, es un problema policiaco y no del Ejército. Bueno, pero se le involucró (al Ejército), y sucedió exactamente lo mismo que hoy está sucediendo: violencia, represión, una cantidad de presos de presuntos narcotraficantes y verdaderos narcos y otros falsos capos, porque eso es lo que sucede con la represión”.--¿Es viable la batalla contra el narco como la está ejecutando el gobierno de México?--Las acciones represivas dan partes de triunfos cuando muchas veces los presos son apenas aparentes narcotraficantes, y no reales narcotraficantes. Pero supongamos que sí, que se está atacando a verdaderos narcotraficantes… ¿Y qué? Por cuanto tiempo va a ser posible mantener esas redadas y esos operativos. No se puede mantener permanentemente al Ejército involucrado en operativos, ni siquiera a la policía misma se la puede mantener en forma permanente.“Pasa la fiebre de los operativos, pasan los partes de victoria y los narcos vuelven a ocupar los sitios que deja vacíos la autoridad. Y es peor cuando se le encarcela o se le mata a un narco en un operativo, porque inmediatamente es remplazado. Y todos quedan felices de que algunos hayan salido del negocio porque otros llegan a sustituirlos y a gozar de las prerrogativas y de las utilidades que produce el narcotráfico”.Para Gustavo de Greiff, el gobierno de México está aplicando una mala copia del modelo colombiano, sin tener en cuenta si éste fue fructífero, exitoso o no lo fue.Cabe señalar que en los años setenta, Colombia empezó a exportar cocaína, en los noventa continuó exportando esa droga casi en la misma cantidad y con mayor pureza.Entonces, “¿dónde está el éxito? Entre 1998 y 2006, Colombia ha extraditado a más de 450 individuos y las exportaciones de cocaína siguen siendo iguales. Aumentan las intercepciones de cocaína y se piensa que va haber menos droga en el mercado. Y es mentira: sigue habiendo la misma cocaína en el mercado y el precio no aumenta, por el contrario, disminuye”.--¿Entonces no tiene sentido la extradición de los capos?--Se puede decir que es una forma de castigo, pero en cuanto al problema de las drogas, no es una solución. Las extradiciones han servido para el aplauso y el éxito político. Pero el negocio de las drogas sigue igual de boyante y poderoso.“Insisto: son 40 años de lucha contra las drogas. Y todo ha sido un fracaso.

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CONVENCION ESTUDIANTIL EN OAXACA

27 abr 2007

Surge convenciónestudiantil y popular;
pide voto contra PRI


FRANCISCO RAMÍREZAl constituirse como integrantes de la Convención Estudiantil y Popular, ciudadanos de diversos sectores y estratos sociales de la capital pugnaron por impulsar el voto de castigo al PRI y al PAN en la próxima elección de diputados locales.En voz de Vicente Revilla, los integrantes de este colectivo se pronunciaron en contra de la política represiva contra los medios de comunicación críticos, como sucedió en noviembre del 2005 con NOTICIAS, así como el movimiento popular surgido a raíz del desalojo violento del 14 de junio contra el magisterio oaxaqueño."Como ciudadanos nos preocupa la situación que vivió la entidad, como también el actual momento político de cara a las elecciones de este año, y en el cual deja ver el descaro total del gobierno quien se ha valido de la fuerza pública para dar salida a los problemas sociales y reclamos de justicia".Indicó que para quienes participan en la Convención Estudiantil Popular, surgida el pasado 21 de abril en una asamblea desarrollada en la explanada de Rectoría, resulta claro que hoy es necesario retomar lo mejor de todos y cada uno de los esfuerzos que ha dado la lucha popular para la transformación de la sociedad oaxaqueña."La lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca nos ha demostrado que es solo con la unidad como es posible generar las condiciones necesarias para iniciar este cambio, por lo que no hay que olvidar que este gran movimiento tuvo la capacidad para desmantelar el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y demostrar la profunda crisis del sistema político mexicano".Vicente Revilla apuntó que el movimiento popular oaxaqueño ha pasado por diversas etapas y está próxima a cumplirse una segunda; es por ello que han decidido un cambio, para lo cual impulsarán la candidatura de una fórmula ciudadana en el Distrito XXII, misma que estará compuesta por sus compañeros de organización, Miguel Ángel Vásquez Ramírez y Ferdinando Rosado Duarte"Consideramos que las leyes y los institutos políticos deben ser el medio para impulsar una sociedad más justa y más igualitaria", subrayó.Al reiterar que es el momento para superar viejos vicios, como la política represora de la cual se valen los gobiernos para acallar al pueblo, el representante de esta naciente organización reitera que no tienen filiación política alguna y en ella convergen amas de casa, estudiantes, obreros, jubilados y muchos otros integrantes de otros sectores populares.Finalmente, hacen un llamado a los institutos políticos para que no hagan oídos sordos y cumplan los compromisos con la sociedad civil, pues uno de sus objetivos es que se escuche la voz del pueblo de una manera pacífica."Esta Convención Estudiantil y Popular se propone recuperar los espacios e instituciones que ha conquistado el pueblo para ponerlos a su servicio, en la construcción de la democracia para alcanzar una sociedad más justa", concluyó.



Piden desaparición de poderes en 10 ayuntamientos
CÉSAR MORALES NIÑOAl menos 10 ayuntamientos tienen en este momento solicitud de desaparición de poderes o revocación de mandato de los presidentes municipales en la Comisión Permanente de Gobernación de la LIX Legislatura Local, entre los más álgidos se encuentran Xoxocotlán, Loxicha y Telixtlahuaca.En el caso de Santa Cruz Xoxocotlán, en esa representación legislativa, hay un proceso iniciado para la revocación definitiva del presidente municipal constitucional, Roberto Molina; y una de desaparición de poderes en contra de la munícipe interina, Sandra Eugenia Ramírez, y el cabildo que encabeza por supuestos actos de corrupción.Por lo que respecta a San Francisco Telixtlahuaca, hay un grupo de concejales inconforme con el presidente municipal, Ángel Ramos, y exigen la revocación del mandato del edil, este ayuntamiento por la diferencias al interior del cabildo durante el ejercicio 2006 no recibieron participaciones municipales, ya que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda se negaban a firmar los documentos para el retiro de los recursos, hasta que fueron sustituidos en sesión de cabildo a inicio de año.En cuanto a Candelaria Loxicha, en la Comisión de Gobernación también hay una solicitud de desaparición del ayuntamiento e incluso en una sesión de la diputación permanente se dio entrada a los oficios en donde los concejales, propietarios y suplentes, renunciaban al cargo, pero al parecer hay un grupo de ellos que no está conforme con esa situación.Otros municipios que tienen conflictos internos de gobernación, y que son atendidos por el Congreso del Estado, son: Santa Catarina Cuixtla, en donde se pide la revocación del síndico municipal; Huautepec, la revocación del mandato del presidente municipal; y Santiago Yolomecalt, la exigencia es la desaparición del ayuntamiento.A estos se agregan los municipios de San Juan del Estado, con la revocación del cargo al presidente municipal, quien voluntariamente ya se separó de la presidencia; Trinidad Zaachila, revocación del síndico; San Agustín Chayuco, se exige la desaparición y revocación del ayuntamiento; y San José Tenango, la desaparición del ayuntamiento, la comunidad de Saucitlán de Morelos pide su segregación del municipio de San Jerónimo Silacayoapiya y pide su adhesión a Huajuapan de León, y aún cuando ambas municipalidades están de acuerdo, el Congreso del Estado no ha resuelto al respecto, lo que ha provocado que esa localidad se encuentre en la indefinición presupuestaria.




Pretende gobierno otorgar contratoa "Aries", pese a irregularidades
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZEl gobierno del estado pretende otorgar un contrato para la prestación de servicios de vigilancia a la empresa Aries Seguridad Privada Corporativa, a pesar de haber existido irregularidades en el proceso de licitación.Uno de los concursante, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, señaló que en la licitación pública estatal relativa a la adquisición de la partida 43404, servicios de vigilancia requeridos por las diferentes áreas y unidades aplicativas que integran los servicios de salud número 49068002-001-07, existió favoritismo a favor de la empresa que dirige el empresario istmeño Samuel Gurrión."Aquí se favoreció a una empresa por las relaciones políticas de sus directivos, el señor gorrión, por eso es que sacaron a las demás empresas de la licitación".Manifestó que incluso la empresa Aries, representada formalmente por Margarita de los Ángeles Balbuena, presentó una propuesta con la cantidad exacta del presupuesto de la dependencia estatal para los servicios de vigilancia. "¿Cómo lo supo? Pues seguramente por las influencias y relaciones que tienen".Además, agregó que la empresa Aries debió haber sido descalificada del concurso porque en lugar de presentar los 500 mil pesos de depósito para entrar a la licitación, "ellos únicamente manifestaron 500 pesos"."Por esa razón la empresa debió haber sido descalificada, porque una letra, un número o una palabra que este mal consignada implica el retiro de la propuesta en el licitación, por eso señalamos que se actuó con favoritismo y tráfico de influencias".Expresó que en una licitación no nada más se trata de ver quién ofrece lo más barato, "sino quien tiene las mejores condiciones para ofrecer el servicio que se requiere con calidad, porque además de otorgar un buen sueldo a los trabajadores, hay que pagar impuestos, seguro social, infonavit, etcétera".Comentó que Aries desde su fundación ha recibido favores de funcionarios públicos, "en muchos casos provocó el retiro de los elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial (PABIC) aunque ahora muchas empresas han rescindido ya sus contratos por el mal servicio que brinda"."Para nosotros Aries es una empresa que no justifica los servicios que ofrece, además quién sabe cómo le hace para pagar a sus trabajadores porque cobran barato y en un tiempo llegaron a tener hasta dos mil personas a su servicio".Manifestó que José Manuel Vera Salinas, ex director de Seguridad Pública, y el coordinador de Tránsito y la Policía Municipal, Aristeo López Martínez, eran quienes manejaban la empresa anteriormente, "pero ahora nos acabamos de enterar que la maneja Samuel Gurrión, un empresario que con sus influencias puede entrar a cualquier lado".

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MEXICO CAMINO AL FASCISMO

Aprueban paquete antiterrorista que criminaliza la protesta social


VICTOR BALLINAS , ANDREA BECERRIL

Con una cámara fotográfica, el senador panista Gustavo Madero. Lo acompañan Graco Ramírez, Jesús Murillo Karam y José Eduardo Calzada, durante la sesión de ayer en el recinto legislativo de Xicoténcatl Foto: Micphotopress
El Senado de la República aprobó ayer reformas a 12 leyes, con el propósito de sancionar el terrorismo y a quienes lo financian, a pesar de que -como advirtieron PRD, PT y Convergencia, se "criminaliza la protesta social" y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas.
El perredista Pablo Gómez señaló que con la redacción propuesta al artículo 139 del Código Penal Federal "se sigue la consigna de los gringos, que han pedido a todo el mundo que colabore contra el terrorismo, pero aquí, en México, se fue más allá, al incluir como actividades terroristas todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación".
El PRI coincidió en que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que se propone "efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termina en tribunales y culmin con una condena de quien hace uso de sus derechos políticos", señaló el senador Fernando Castro Trenti.
Reconoció que ese párrafo tendrá que ser modificado, y no sólo eso, sino que se necesita una reforma de fondo sobre el tema. Sin embargo, se desecharon los argumentos del Frente Amplio Progresista, por lo cual las reformas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y diversos ordenamientos financieros se aprobaron con 85 votos en favor.
Durante el debate, el senador del PRD Tomás Torres dijo que es preocupante la definición genérica de terrorismo que se señala en el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
Tufo echeverrista de los cambios
Pablo Gómez resaltó que "ese artículo es viejo: fue introducido en la época de Luis Echeverría, cuando existían la guerra sucia y la persecución de guerrilleros, y tiene como contenido fundamental que el objeto de la conducta ilícita es atacar al Estado".
Ahora, explicó, se está cambiando ese concepto por "actuar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Toda la parte que tiene que ver con el terrorismo internacional, con el lavado de dinero o de instituciones financieras, yo creo que está bien, está bien que México acepte esta petición del gobierno de Estados Unidos, pero al aceptar ese planteamiento se le puso aquí, en México, en el delito de terrorismo, atentar contra la seguridad o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
El perredista pidió que no fuera aprobado en esos términos el artículo 139, "porque en realidad no está dirigido contra los terroristas, sino contra las personas que por cualquier otro medio violento puedan tratar de obligar a alguien, a una autoridad, a resolver en determinado momento. Aquí, en México, cuando se bloquea una carretera, los mandan diez años a la cárcel de máxima seguridad, a Almoloya; eso es lo que ha hecho el gobierno del PAN: por ataques a las vías de comunicación vas a la cárcel 20 años".
El senador priísta Castro Trenti se sumó a la argumentación perredista: "la redacción deja un mal sabor y una preocupación a todos, en especial a los luchadores sociales, por aquello de que 'pueda causarse un daño por cualquier otro medio violento'. Eso es lo que se inscribe en el marco de la preocupación".
Sin embargo pidió que se votara en favor, porque en la Cámara de Diputados se apoyó por consenso, y se comprometió a "hacer una reforma de inmediato" -una vez aprobada esta--, que deje satisfechos a todos e impida un uso discrecional de la ley en perjuicio de los luchadores sociales.
El senador panista Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que la reforma busca tutelar la seguridad nacional y sancionar a quien pretenda, efectivamente, causar temor y alarma entre la sociedad.
Eso, subrayó, es muy diferente a la libre manifestación, y también "es diferente a situaciones de carácter local que están previstas en la ley y que no tienen el propósito ni de crear terror ni de cometer actos violentos".
Insistió en que no deben confundirse las manifestaciones sociales y políticas con los actos de terrorismo.
Con las reformas aprobadas se aplicará pena de nueve años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Asimismo, se aplicará pena de cinco a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo.
También se fijaron castigos de seis a 40 años de cárcel y hasta mil 200 días de multa al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para apoyar a personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.
Otras reformas aprobadas
Durante la última sesión del periodo, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para imponer sanciones de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días de multa a la persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan.
Se sancionará con pena de dos a ocho años de prisión, y de cien a 500 días de multa la promoción, publicación, distribución, en tiempo real o diferido, de las imágenes o fotografías sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan.
Asimismo, se aprobaron las reformas al artículo 301 del Código Penal Federal mediante las cuales se sancionará a quien azuce o suelte a un animal bravío para provocar lesiones o causar la muerte de un individuo.
Confirman millonario desvío de Napoleón Gómez Urrutia
Parte del fideicomiso minero se depositaba a un mensajero y éste ''lo repartía''
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
Desde la secretaría general del sindicato minero, el ratificado dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, desvió entre 2004 y 2006 recursos hacia cuentas ajenas a la organización, incluidos pagos a las tarjetas de crédito de su esposa e hijos. La anterior es una información derivada de reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia de la Secretaría de Hacienda que contribuye en investigaciones de lavado de dinero.
Según documentos hechos llegar a La Jornada, cuya autenticidad fue corroborada por dos fuentes diferentes, una parte de los 55 millones de dólares que el sindicato minero recibió del Grupo México por la compra de 5 por ciento de acciones de filiales de esa compañía minera, tuvo un destino diferente al de ser repartido entre los agremiados. El señalamiento sirvió para la persecución judicial de Gómez Urrutia, quien ha negado el desvío de recursos.
Este diario solicitó en varias ocasiones durante la última semana una entrevista con Napoleón Gómez Urrutia para conocer su opinión sobre estos documentos, pero la petición no ha sido atendida.
Los documentos en poder de este diario establecen por primera vez la ruta del dinero y la forma en que fue utilizada una parte de esos 55 millones de dólares para transacciones tan diferentes como la compra de bonos de la deuda brasileña; inversiones en Turquía, y transferencias al Laredo National Bank, un intermediario con sede en Texas. Aunque no son ilegales por sí mismas, ese tipo de transacciones no estaban consideradas en el fideicomiso, constituido en Scotiabank Inverlat, en que fueron depositados los recursos de la venta de acciones.
La ruta del dinero lleva a un personaje que hasta ahora ha recibido poca atención pública, Gregorio Pérez Romo, de 41 años de edad y desde hace 22 empleado del sindicato, donde ocupaba una plaza como mensajero. Pérez Romo, residente en Ecatepec, estado de México, fue condenado por fraude por un tribunal de San Luis Potosí en octubre pasado, en un juicio en el que fue hallado corresponsable del desvío de al menos 28 millones de pesos de los recursos recibidos por la venta de acciones. Una cantidad pequeña respecto del total, pero con la que se realizaron transacciones que pueden involucrar lavado de dinero.
Según la resolución judicial que encontró culpable de fraude a Pérez Romo, el mensajero aceptó que su cuenta de pago de nómina, en una sucursal de BBVA-Bancomer en la colonia Del Valle, fuera utilizada para recibir aportaciones por más de 5 millones de pesos.
Pérez Romo declaró que su cuenta fue utilizada para depositar cheques firmados por Gómez Urrutia y el tesorero de la organización sindical, Héctor Félix Estrella. Según información de la UIF, en el oficio UIF_RP41/06, asentada en la resolución judicial, en dos años la cuenta de nómina del mensajero recibió 21 aportaciones por un total de 5 millones 246 mil 774.10; otros 135 mil pesos en centenarios, 10 mil euros y 23 mil 528 dólares.
Asienta la resolución judicial que el mensajero declaró en el proceso que su cuenta de nómina recibía depósitos diferentes a su salario ''por cantidades estratosféricas''. Su labor consistía en retirarlos de su cuenta (1124453638) de la sucursal Etiopía, para después depositarlos en las ''cuentas que le indicaba el tesorero Félix Estrella''. Según su testimonio, realizó transacciones de este tipo ''por unos 12 millones de pesos''.
El origen
El 22 de octubre de 2004, el sindicato minero, representado por Gómez Urrutia, firmó con el Grupo México, del empresario Germán Larrea, un convenio para la venta al corporativo de 5 por ciento de acciones que la organización gremial había recibido en el proceso de privatización de la industria en el gobierno de Carlos Salinas. El paquete accionario fue tasado en 55 millones de dólares. Esa cantidad fue aportada a un fideicomiso con el fin de que fuera repartido a un grupo de trabajadores. El gobierno de Vicente Fox, según un dictamen de la Procuraduría General de la República, recurrió a prácticas ilegales, como la falsificación de firmas, para desconocer a Gómez Urrutia como líder -en el contexto de la explosión de la mina Pasta de Conchos, de Grupo México. El argumento fue que había hecho uso ilícito de los 55 millones de dólares. Fue señalado de desviar al menos 22 millones de dólares. Gómez Urrutia fue restituido en la dirección del sindicato la semana pasada. Sigue exiliado en Canadá, porque todavía enfrenta procesos judiciales.
El mensajero
Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del sindicato y uno de los hombres más cercanos a Gómez Urrutia, negó ayer en declaraciones a este diario la veracidad de los documentos de la CNBV y la UIF. ''Es una gran mentira'', dijo respecto del conjunto de pruebas sobre operaciones financieras.
Fue interrogado sobre el papel del mensajero. La Jornada tiene documentadas todas las transacciones que realizó desde su cuenta de nómina y los depósitos, que no corresponden con el nivel de ingresos que recibía y de los cheques que le entregaba el tesorero.
La respuesta de Pavón fue que, efectivamente, la cuenta de nómina de Gregorio Pérez Romo recibía fondos del sindicato ajenos al pago de su salario. ''Se le depositaban para que él a su vez, desde su cuenta de nómina, los trasladara a cada delegado del sindicato en el país. Se le hacían los depósitos a su cuenta (del mensajero) y él a su vez lo distribuía a quien debiera''.
Legalmente, las operaciones de una persona moral, como lo es el sindicato, no pueden ser realizadas desde la cuenta bancaria de una persona física, que no puede expedir recibos a nombre del sindicato, en el caso documentado.
-¿Por qué a esa cuenta?
-Porque lo conocían en el banco -respondió Pavón. Desconozco los montos que se depositaron para los delegados.
La prueba oculta
Cuando Pavón fue interrogado sobre el hecho de que la CNBV aportó pruebas documentales sobre los movimientos bancarios del mensajero insistió en que esas pruebas no existen y aseguró que la comisión entregó a la Procuraduría General de la República, en el ocaso de la administración federal pasada, un oficio en el que, afirmó, el organismo regulador ''declara que no hay delito que perseguir en la operación del fideicomiso donde se depositaron los 55 millones de dólares''. Ese oficio, aseveró, está en poder de los abogados de Gómez Urrutia.
-¿Por qué una prueba tan contundente para Gómez Urrutia, si ya la tienen sus abogados, no ha sido exhibida públicamente?
-Ya tienen ese oficio los abogados y lo van a utilizar para pedir la anulación de las órdenes de aprehensión -respondió Pavón.
-¿Pero por qué no lo han hecho público si es una prueba que puede ser tan contundente como la que exhibieron sobre falsificación de firmas?
-Lo están estudiando.
La CNBV no tiene entre sus atribuciones la de juzgar delitos financieros. Sólo aporta información requerida por la autoridad judicial.
Un oficio de la CNBV, de fecha 28 de noviembre de 2005, incorporado al legajo de documentos en el juicio contra el mensajero, da cuenta de algunas de las operaciones realizadas desde las cuentas del sindicato minero.
Algunas operaciones fueron realizadas desde Consultoría Internacional, Casa de Cambio SA, una de las intermediarias a las que el mensajero transfería dinero cuando era depositado en su cuenta de nómina.
Son: transferencias por 40 mil 500 dólares a las cuentas en American Express 376667969023003 y 371386409591009, a nombre de Alejandro Gómez Casso, hijo de Gómez Urrutia.
Otros 66 mil dólares a un particular llamado Bernardo Ortiz Garza, a una cuenta en el Laredo National Bank; 33 mil francos suizos a nombre de la International Metalworks Federation, a la cuenta CH8808440246564290090, en el Coopchbbcoop Bank, en Suiza.
En total son 28 millones de pesos que, según la sentencia judicial, fueron desviados por Gómez Urrutia. Además de las citadas, hay transferencias a otro de sus hijos, Ernesto Gómez Casso, por 40 mil dólares; a una empresa de seguridad, Ballistic Protection, por 8 mil 855 dólares; a una particular de nombre María del Carmen Páez Martínez de la Garza Evia, por 1.9 millones de dólares; y al fondo turco Selahattin Turcan, por 28 mil dólares.

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APLICACION TORCIDA DE LA LEY

Por venganza y miedo se juzga en Yucatán a 23 jovenes presos
Pedro Echeverría V.
Rebelión

1. Las cárceles, los tribunales, los jueces, las mismas leyes, son instrumentos del poder organizados para un tipo de “delincuencia”, aquella catalogada y definida por ese mismo poder. Los pocos que asumieron desde hace siglos o milenios el poder organizaron el Estado para asegurar sus privilegios y defenderlos contra los muchos que los amenazaban. Así nació la ideología que se encargó de justificar la dominación del Estado minoritario y, al mismo tiempo, para convencer a la población explotada y oprimida de que esa dominación era de origen divino, además de indispensable, justa e insustituible.

2. Hace 35 días – el martes 13 de marzo- al concluir una manifestación de protesta contra la visita del presidente de los Estados Unidos, el gobierno del estado de Yucatán, México, ordenó el encarcelamiento de 50 jóvenes trabajadores y estudiantes. El pretexto usado por el gobierno fue la ruptura de una puerta, de dos vidrios y un macetero de barro en los corredores del palacio municipal por unos cinco encapuchados que se violentaron ante una provocación. Todos los presentes en ese momento coinciden en que eran jóvenes infiltrados por el mismo gobierno para justificar la represión y que les dieron todo el tiempo para huir.

3. Minutos después los medios de información, en particular la televisión y la radio, intensificaron una enorme campaña pagada por el gobierno y los empresarios para calumniar y desprestigiar a los que encabezaron la protesta, en particular a los jóvenes detenidos. La población yucateca –después de ver durante horas una gran cantidad de imágenes de encapuchados “agresores” y escuchar fantasiosas notas de prensa- en los primeros días apoyo al gobierno y al ejército disfrazado de policía, pero días después se fue dando cuenta del engaño y ha comenzado a protestar. Los medios calumniadores se han desprestigiado una vez más.

4. Lo grave del asunto es que los órganos de justicia de la entidad no han podido demostrar la culpabilidad de ninguno de los 23 jóvenes presos que aún siguen en prisión. A ninguno de ellos se les detuvo en el momento de la destrucción sino sólo 10 minutos después durante una salvaje redada en la plaza principal llena de gente que paseaba, y muchas horas después en una “casa ocupa” de jóvenes que pintan, hacen artesanía y venden en calles y plazas. El criterio racista para apresar a los jóvenes fue por vestir con playera negra, usar cabello largo o rasta, tener aretes y “parecer pandillero”.

5. La realidad es que el gobierno preparó la represión como una venganza contra unos doscientos jóvenes que hace dos años se inconformaron contra el alza de las tarifas de transporte y a finales de 2006, otros jóvenes, realizaron unos cinco actos de protesta en las calles, además de foros de discusión y reunieron decenas de miles de firmas porque el Cabildo meridano aprobó nuevos incrementos al precio de los pasajes. La ciudadanía comenzaba a ver a los jóvenes como a sus defensores. Ese descontento se transformó en pocos meses en repudio a la política del presidente Calderón y a la visita de Bush a Yucatán.

6. Las autoridades panistas de Yucatán –gobernador y alcalde de Mérida- alarmadas por las protestas de los jóvenes (a las que se suman las de campesinos de ex haciendas y pueblos que rodean Mérida, como Oxcum, Caucel, Hunucmá, etcétera, que han sido despojados de sus tierras por políticos millonarios del gobierno y protegidos por él), lanzaron su ofensiva violenta. Primero detuvieron por unos días a campesinos de Caucel y a las pocas semanas mantuvieron en prisión por varios meses a tres campesinos de Oxcum. De esa manera el gobierno mientras hacía grandes negocios con tierras imponía cárcel y amenazas.

7. Por eso en marzo, para “escarmiento”, el gobierno se ensañó contra los 23 jóvenes inocentes a quienes no ha podido probarles nada a pesar de que les ha encontrado o sembrado en sus morrales dos gramos de marihuana, dos navajas y un bote de aerosol. La conducta del gobierno resulta ridícula porque carece totalmente de pruebas. Sin embargo, por el contrario, la Liga Mexicana de Derechos Humanos, así cono el Grupo Indignación, han demostrado de manera fehaciente que los detenidos sufrieron muchos golpes de parte de la policía comprobando la ruptura de huesos de una nariz, de dos costillas y golpes en cuerpo y cabeza.

8. Gobiernos y empresarios de todo el mundo han demostrado una enorme corrupción en la administración pública y en los negocios privados. En América Latina han descollado varios países entra los que ha figurado en los primeros lugares México. Pero la llamada “justicia mexicana” nunca ha funcionado para castigar a los poderosos. Durante décadas la corrupción de los gobiernos priístas y de los empresarios hizo pensar en que era consubstancial al ser humano. Luego se pensó que los panistas eran honestos pero con el gobierno de Fox se demostró que eran iguales o peores que el PRI. Sin embargo nada se castigó.

9. La batalla por la liberación de los 23 jóvenes presos continúa, mientras líderes y candidatos de todos los partidos siguen en silencio, ocultando una posición al respecto. Los zapatistas de aquí por lo menos piensan en “sus” dos detenidos mientras 50 personas, padres de los presos y activistas, diariamente realizamos mítines, plantones, reuniones y buscamos entrevistas para liberar a todos, porque ninguno de ellos es culpable de nada; deben salir limpios y, por lo tanto, no deben pagar daños, multas o fianzas. El gobierno debe entender y admitir esa realidad porque si no entonces tendrá que sufrir las consecuencias.

10. ¿De qué justicia o de qué leyes se puede hablar en México y en Yucatán si se mantiene en la cárcel a 23 jóvenes sin poderles probar ninguna acusación, por el sólo hecho de protestar contar la visita de un asesino (Bush) invitado por un presidente usurpador (Calderón)? Lo único que debe hacer el gobierno de manera inmediata es ordenar la libertad inmediata de los 23 jóvenes e indemnizarlos por los golpes recibidos y los perjuicios causados. Esto debe hacerlo ya para evitar más problemas y enredos para él mismo. Además que varios ciudadanos presos ni siquiera estuvieron en las marchas.

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GERNIKA

26 abr 2007

GERNIKA EN EL CORAZON DE TODOS.
Para todas y todos en el mundo, para que no olvidemos, para que nunca más suceda, en el 70 aniversario.
La redacción.
Era un lunes, día de mercado. Había mucha gente en las callejuelas de la villa de Gernika, que tenía 7.000 habitantes. A las cuatro y media de la tarde las campanas de la iglesia empezaron a repicar, y cinco minutos después apareció el primer avión, que soltó seis bombas explosivas de 450 kilos, seguidas de una lluvia de granadas. Minutos después apareció otro avión. El infierno duró cuatro horas. Cuarenta y dos aviones en total bombardearon y ametrallaron la villa y sus alrededores, donde se habían refugiado sus vecinos. Toda la ciudad ardió. El incendio tardó en apagarse. Balance: el 70% de los edificios quemados y un número indeterminado de muertos, entre 800 y 1.600. Setenta años después los historiadores aún no se ponen de acuerdo sobre el número de víctimas de aquel lunes negro que convirtió Gernika en una ciudad mártir y una ciudad símbolo, grabada para siempre en nuestra memoria colectiva. Los aviones pertenecían a la Legión Cóndor alemana y a la Aviación Legionaria italiana. El nombre clave era Operación Rügen.
Este crimen de guerra no fue el primero ni el último del siglo XX. En 1915 Winston Churchill ordenó los primeros bombardeos con armas químicas contra poblaciones civiles en Iraq. Después de Gernika hubo otras ciudades mártires como Coventry, Hamburgo, Dresde, Hiroshima o Nagasaki. Después de España, toda Europa. Después de Europa, Asia, de Palestina a Corea, de Vietnam a Camboya.
Los Gernikas de hoy se llaman Gaza, Tel Afar, Faluya, Samarra y Nayaf, así como Grozni o Kandahar. Los aviones que escupen las bombas mortíferas ya no llevan la cruz de hierro, sino las enseñas de los países «democráticos». El lugar de los «rojos enemigos de Dios» contra los que decían luchar Franco, Hitler y Mussolini para salvar a Occidente, lo ocupan hoy los «islamistas» y el «eje del mal», que según Bush, auténtico Hitler de nuestros días, va de La Habana a Pyongyang, pasando por Caracas, Beirut, Damasco, Jartum y Teherán. Y la «comunidad internacional», antaño paralizada ante el martirio de Etiopía y España, hoy en día, ante el martirio de Palestina, Iraq y Afganistán, está peor que paralizada, es cómplice de los cientos de Gernikas que se repiten ante nuestros ojos cansados, día tras día.

Fausto Giudice

Unos versos de Miguel Hernández:
Que vienen, vienen, vienen los lentos, lentos, lentos, los ávidos carniceros. Que nunca, nunca, nunca su tenebroso vuelo podrá ser confundido con el de los jilgueros. Que asaltan las palomas sin hiel. Que van sedientos de sangre, sangre, sangre, de cuerpos, cuerpos, cuerpos. Que el mundo no es el mundo. Que el cielo no es el cielo, sino el rincón del crimen más negro, negro, negro. Que han deshonrado al pájaro. Que van de pueblo en pueblo, desolación y ruina sembrando, removiendo. Que vienen, vienen, vienen con sed de cementerio dejando atrás un rastro de muertos, muertos, muertos. Que ven los hospitales lo mismo que los cuervos. Que nadie duerme, nadie. Que nadie está despierto. Que toda madre vive pendiente del silencio, del ay de la sirena, con la ansiedad al cuello, sin voz, sin paz, sin casa, sin sueño.

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DESECHADA CONTROVERSIA DEL TIRANO

Rechaza la SCJN controversia de Ulises Ruiz contra el Senadojorge carrasco araizaga
México, D.F., 25 de abril (paro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional promovida por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en contra del exhorto del Senado de la República para que considere separarse del cargo.La Segunda Sala del máximo tribunal estableció que el Poder Ejecutivo de Oaxaca carece de interés legítimo para demandar la invalidez del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores en octubre pasado.Al negarle legitimidad al gobernador, los ministros evitaron entrar al fondo del asunto, por lo que sobreseyeron la controversia promovida por Ruiz en contra de la “propuesta con punto de acuerdo, en relación con la situación política en el estado de Oaxaca”.Los ministros indicaron que aun cuando entraran al fondo del asunto, su decisión carecería de efectos, puesto que el acuerdo senatorial es una mera recomendación al gobernador en términos políticos y no jurídicos para que reflexione sobre su posible salida del gobierno.La Corte señaló que el acuerdo del Senado no produce efecto jurídico alguno, por lo que no hay afectación al ámbito de las atribuciones del estado de Oaxaca.Con su acuerdo, los senadores se sumaron a una petición similar hecha por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados, con excepción de la bancada del PRI, para que Ruiz considerara su salida del gobierno para facilitar la solución a la crisis social y política desatada el año pasado.La decisión de la Segunda Sala de la SCJN se suma a la admisión que el pasado 10 de abril le dio el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a la solicitud de la Cámara de Diputados para que el máximo tribunal investigue las violaciones a las garantías individuales ocurridas durante ese conflicto y que provocaron la muerte de 26 personas.




Analizará la actuación de Soberanes encuentro internacional de mujeres
CAROLINA GOMEZ MENA


La despenalización del aborto, un paso adelante, comentan las participantes en la reunión que se realizará en la ciudad de Oaxaca Foto: Marco Peláez/Archivo
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la acción política y social en contra de las ''maniobras represivas'' ejercidas en contra de los movimientos sociales, en especial de las mujeres en Latinoamérica, y en el caso de México exponer la actuación que ha tenido el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en relación con diversos casos, a partir de hoy en la ciudad de Oaxaca se realizará el Encuentro de Mujeres en Resistencia de México y Sudamérica.
En conferencia de prensa, Pilar Muriedas, Josefina Chávez y Marusia López, integrantes de la organización Espacio Feminista, precisaron que otra de las finalidades del encuentro es ''compartir experiencias en torno a la grave crisis social, política y económica de México y Latinoamérica , y la formación de movimientos de izquierda que luchan por transformar la sociedad para lograr justicia, equidad y democracia''.
Muriedas precisó que las representantes de las agrupaciones mexicanas se manifestarán en relación con la actuación de Soberanes y acordarán un resolutivo para exigirle que realice el trabajo que se le encomendó. ''Uno de los temas que se va a tocar es el papel que está jugando el ombudsman nacional, porque todos los casos de abusos en contra de mujeres, los feminicidios en Ciudad Juárez, las trabajadoras sexuales violadas por militares en Castaños, Coahuila, lo ocurrido en Atenco y ahora lo de Ernestina Ascención Rosario, en Zongolica, han llegado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no ha habido una respuesta contundente, porque Soberanes no está cumpliendo con su papel, y lo de la anciana presuntamente violada por militares fue la gota que derramó el vaso, pues ahora resulta que el defensor se pasa al bando de los violadores de los derechos humanos; todo ello nos tiene indignadas.''
En dicha reunión participarán más de 200 representantes de agrupaciones de mujeres, entre éstas: Comité por la Libertad de las Presas de Atenco, Movimiento Mazahua en Defensa del Agua, Mujeres Indígenas de Atzompa, Zongolica, y organizaciones de otros países, tales como la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, Mujeres Migrantes de Estados Unidos y el Frente Nacional Campesino de Venezuela. En el encuentro se abordará la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Sobre esto, Muriedas indicó que con la reciente despenalización del aborto en el Distrito Federal, México da un paso adelante, pero destacó que ahora lo que viene es que se apruebe una ley a nivel federal, porque ''no es justo que haya mujeres de primera y de segunda en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales; tampoco que ahora tengan que venir a la capital del país para poder interrumpir el embarazo; en cada estado debe haber una legislación al respecto''.
No obstante, consideró que lo ocurrido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un ''triunfo sobre los grupos de derecha y en favor de las mujeres''.
El encuentro, que también busca establecer ''lazos de solidaridad'' entre las mujeres latinoamericanas, concluirá el próximo sábado.


Más de 500 mil mentores de la CNTE en jornadas de protesta
ANGELES CRUZ MARTINEZ
Aproximadamente 500 mil proferores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) participarán en la jornada nacional de protesta que se llevará a cabo la próxima semana, que se iniciará el lunes con la presentación masiva de amparos contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó Daniel Avila, de la dirección política del organismo.
Durante el paro cívico del miércoles, los docentes cerrarán puentes y cruces fronterizos y realizarán bloqueos carreteros, incluida la "liberación" de casetas de cobro.
El dirigente comentó que el domingo la CNTE celebrará una asamblea nacional en la que se definirán las acciones encaminadas al paro indefinido de labores que podría empezar el próximo 7 de mayo.
Resaltó que entre los profesores existe gran inconformidad por la reforma a la Ley del ISSSTE, así como descontento generalizado por la forma en que se ha conducido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en particular su presidenta Elba Esther Gordillo.
Esta coyuntura se presenta como un "gran detonante nacional, y quien traicionó a los trabajadores también tiene que ser descabezado, y me refiero específicamente a Elba Esther", subrayó Avila, y agregó: "no creemos que se le deba permitir estar al frente del sindicato".
Detalló que las secciones sindicales afiliadas a la CNTE ya acordaron que en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California cerrarán los puentes fronterizos, mientras en Chiapas harán lo mismo en los cruces con Guatemala y Belice.
El mismo miércoles 2, los maestros realizarán actos de protesta frente a las oficinas, clínicas y hospitales del ISSSTE, así como en las supervisiones escolares y oficinas regionales de la Secretaría de Educación Pública.
Acerca de las demandas de amparo contra la nueva ley del instituto, Avila comentó que van rumbo al Distrito Federal las peticiones de maestros de Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
Además, la CNTE ratificó su participación en la marcha del primero de mayo, fecha en la que se conmemorará el centenario de la movilización obrera de América Latina. Los maestros se concentrarán en el metro Viaducto y de ahí saldrán hacia el centro de la ciudad. En el Zócalo capitalino confluirán las marchas de otras organizaciones, como el Frente Sindical Mexicano y la Unión Nacional de Trabajadores, las cuales llevarán a cabo un mitin unitario al mediodía.

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LA REFORMA DEL ESTADO

La oportunidad para la reforma
Porfirio Muñoz Ledo26 de abril de 2007


Ayer quedó instalada en el Senado de la República la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en consonancia a lo dispuesto en la Ley para la Reforma del Estado. El nombre es tan complejo como la ambición anunciada, y las dudas que lo circundan tan densas como frustrantes fueron los empeños anteriores. Cuidado sin embargo con banalizar el ejercicio. Lo que se juega es nada menos que la capacidad de los actuales actores políticos e instituciones representativas para reconducir la transición mexicana; para otorgar a la República nuevas bases de legitimación y de sustento.
Pareciera que nuestros legisladores se hacen cargo de la deriva en que se ha extraviado la maltrecha nave de las instituciones públicas. Así lo reconocen en el texto justificativo del proceso que ahora emprenden. Afirman que las reformas precedentes se constriñeron casi exclusivamente a los aspectos electorales y que a pesar de ello hemos incurrido nuevamente en comicios ilegales. Admiten que la cultura antidemocrática ha sobrevivido y que nos encontramos "en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, profundización de las desigualdades, estancamiento económico, desbordamiento de la delincuencia y penetración del narcotráfico en las esferas del Estado".
La gravedad del diagnóstico obliga a preguntarse sobre el sentido y tamaño de los cambios que pretenden realizarse. Supone un deslinde con las llamadas "reformas estructurales", hasta ahora frustradas, que son secuela de las hondas mutaciones introducidas por los gobiernos neoliberales y que están en el origen del dramático adelgazamiento de las instituciones públicas y del imperio de los poderes fácticos denunciados hoy por el Congreso mexicano. Implica la determinación de llevar a cabo una genuina contrarreforma en consonancia con los vientos que soplan. Se trataría de desandar un lamentable trecho de la historia en el reencuentro de nuestra mejor tradición republicana.
El impulso contemporáneo por la transformación democrática del país partió del análisis de la situación que se vivía a finales de los años 80. La cuestión era entonces cómo reaccionar frente a una globalización inducida: mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades internas para la competencia y la actualización del Estado, o bien, por la aceptación sumisa a los dictados privatizadores y la cesión de nuestras potestades soberanas a sistemas ajenos de decisiones. El fraude electoral de 1988 y los titubeos de la dirigencia opositora resolvieron el dilema en términos catastróficos, que 20 años después debiéramos remontar a través de un nuevo consenso nacional.
En el primer programa de la revolución democrática asentamos el año siguiente: "En nombre de una supuesta reforma del Estado asistimos a una desmedida privatización y desregulación del poder estatal que transfiere hacia el extranjero y los sectores oligopólicos internos las decisiones fundamentales del país". Añadimos: "los cambios introducidos no obedecen al libre juego de las fuerzas económicas y políticas, sino que han sido impuestos verticalmente con el apoyo del andamiaje corporativo, la defraudación electoral y el control de la comunicación".
La denominada "modernización autoritaria" se implantó en efecto con el concurso de regímenes dictatoriales y partidos hegemónicos. Para contrarrestarla proponíamos una democratización profunda. Avanzábamos así: "La reforma del Estado que nuestro país necesita exige la revaloración de la función pública, la participación social, la desconcentración de la autoridad y el establecimiento de fronteras claras entre lo estatal y lo privado, que eliminen el carácter patrimonialista del poder público, disuelvan los monopolios y liberen las energías productivas de la nación". Exactamente lo que es necesario hacer hoy, de modo tardío pero impostergable.
En la misma dirección añadíamos: "La suficiencia del Estado y el carácter eminentemente distributivo de la acción pública son elementos indispensables de la reforma política". Y algo más: "El Estado democrático no se define solamente por el origen de su mandato y la regularidad de su ejercicio sino por el cumplimiento de sus objetivos básicos, de conformidad con el pacto social que justifica su existencia". No acierto a vislumbrar un sentido distinto a los cambios que ostensiblemente requiere el país.
Han quedado claros en los contactos preliminares del presente intento los siguientes puntos: que estamos hablando de reformas constitucionales de gran calado, que el tratamiento será secuencial pero que se agotará la totalidad de la agenda -aun si se requiere prórroga o cambio de método-, que comprende modificaciones sustantivas, capaces de desencadenar consecuencias notables en las reglas de acceso, ejercicio y distribución del poder, así como en su relación con la sociedad y, por último, que la participación de especialistas y organizaciones civiles habrá de ser propositiva y de calidad, no de relleno.
La pregunta que flota en la atmósfera es: habida cuenta que las reformas a la Constitución requieren el voto de los legisladores del PAN, ¿cuál será la actitud de éste y de su gobierno? ¿Buscarán amortiguar los cambios de envergadura, como lo han venido haciendo desde el inicio de la transición? ¿Ensayarán atraer al PRI hacia posiciones conservadoras, aprovechando sus tensiones internas? O bien enfrentarán con honestidad el debate sobre las grandes cuestiones nacionales y entrarán con seriedad al terreno de la negociación parlamentaria y de la explicación pública de sus posiciones.
Llama por ello la atención el artículo publicado por Felipe Calderón en memoria de su mentor, Carlos Castillo Peraza, presentándolo como el "verdadero ideólogo de la transición política mexicana, porque la concibió, la diseñó y la supo llevar adelante". Con independencia de los méritos intelectuales y militantes del estimable personaje, salta a la vista que tan rotunda afirmación es inexacta, ya que su participación en los movimientos sociales y en las negociaciones que produjeron los cambios fue más bien cauta, marginal y casi siempre contraria a la creación de instituciones innovadoras.
Algunos han interpretado el texto como una declaración política, más que como una constancia de filiación no pedida. Es parte desde luego del empeño panista por atribuirse la paternidad de una democracia que ellos mismos han torpedeado y de su fervor en ofrecernos una nueva estatuaria y una nueva historia oficial. Pero quizá el mensaje sea que, visto que el autor de la transición ha fallecido, ésta ha concluido también. O peor aún, que el objetivo que los animaba no era la instauración de un régimen democrático, sino el arribo al poder, montados taimadamente en el esfuerzo de los demás.
En virtud de la relevancia histórica del asunto procede una aclaración puntual, en las palabras y en los hechos. Así lo esperamos.

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SOBERANES, GASTROENTEROLOGO

Naufraga Soberanes ante diputados al comparecer por el caso Ascensión
''Protesto, no se me ha permitido dar una debida respuesta'', lamenta el presidente de la CNDH
VICTOR BALLINAS


Diputadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México (PVEM), Alternativa Socialdemócrata y Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron una y otra vez al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, por su actuación en el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente violada y asesinada por militares en Zongolica, Veracruz.
Durante la comparecencia del ombudsman nacional ante comisiones unidas en la Cámara de Diputados, le señalaron que con su exposición ''no despejó las dudas'' sobre este caso, además de que ''investigó delitos y no está facultado para ello''.
Soberanes fue citado a comparecer ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y de Justicia, para dar cuenta de su trabajo en la investigación sobre la muerte de Ascensión Rosario, pero dichas instancias legislativas determinaron que el titular de la CNDH ''no presente las pruebas médicas, las investigaciones que ha realizado, los resultados de laboratorio -las pruebas científicas-, ni fotografías ni videos; no es nuestro papel hacer esa valoración y tampoco es el suyo''.
''Estoy sacado de onda''
Soberanes Fernández, incrédulo por esa determinación, respondió: ''Protesto, porque se me ha impedido en una comparecencia presentar las pruebas. No se me ha permitido dar debida respuesta. Ustedes me impiden que les muestre la verdad. Estoy sacado de onda, ahora sí, como se dice''.
Desde la primera intervención, la perredista Maricela Contreras fue tajante:
''Está usted aquí, doctor Soberanes, por la criticable actuación con la que se ha conducido en el caso de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, porque se ha extralimitado en las funciones que le otorgan la Constitución y la ley. Por la manera tendenciosa e imprudente que ha dado al manejo de la información sobre las investigaciones y por las contradicciones en las que ha incurrido; también por recurrir a violaciones de los derechos humanos de las víctimas de la posible comisión de un delito...
''No se trata, doctor Soberanes, de pleitos de verduleras, como usted despectivamente lo ha calificado; el asunto por el que viene a informar a esta soberanía merece respeto, ética y profesionalismo en su trato y no la expresión discriminatoria, clasista y misógina del encargado de la defensa de los derechos humanos''.
El titular de la CNDH insistió ante las y los diputados que lo que ocasionó la muerte de Ernestina Ascensión fue ''una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, en una persona que cursaba con neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.
También dio cuenta de los resultados de los peritos adscritos a la comisión: médico forense, especialista en delitos sexuales, patólogo, internista, médica cirujana, criminalista, químico y especialista en genética. También citó el informe del director del hospital regional de Río Blanco y de seis médicos que atendieron a la hoy occisa, quienes señalan que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada, ni por vía vaginal ni anal''.
El presidente de la Comisión de Justicia, el priísta César Camacho Quiroz, dijo que hoy ''nos abocamos a un asunto delicado, hay mucha polémica, datos contradictorios y empecinamientos que parecen marcar este suceso; queremos que haya coordinación de autoridades, todas, CNDH, procuradurías General de la República (PGR) y estatal, así como Poder Judicial; que se declare la responsabilidad a que haya lugar, no a la impunidad ni moldear la verdad''.
Ante los primeros cuestionamientos, el ombudsman dio a conocer que hace unos días se reunió con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y acordaron que sea el Ministerio Público quien investigue; la comisión aceptó entregarle ''sus pruebas''.
Luego intervinieron 24 diputadas y diputados, y con excepción de los del PAN, casi todos cuestionaron la actuación de Soberanes en este caso. Le demandaron justicia, verdad y castigo, y le dejaron en claro que ''lamentablemente ninguna duda ha sido despejada con su exposición. ¿Por qué adelantarse si las facultades de la CNDH son hacer recomendaciones por violaciones a derechos humanos, no determinar culpables? Estamos cansados de protagonismos''.
Dijeron más: ''Se tiene la percepción de que se trata de exculpar a soldados, porque así lo denunció la difunta -al decir que los militares se le montaron-, hay graves contradicciones entre la CNDH y la procuraduría estatal. Usted dijo primero que se investigaba violación sexual y que los soldados debían ser juzgados por la vía civil, y luego coincide con lo dicho por el presidente Felipe Calderón, que la mujer murió por anemia aguda''.
Catarata de preguntas
Los legisladores consideraron que ''existía consenso en el reconocimiento de su trabajo, porque se había conducido con ética; explique por qué la CNDH ha actuado así: investiga un delito y no defiende los derechos humanos. ¿Por qué intervino de oficio?, ¿por qué descalifica el trabajo de la procuraduría (estatal)?, ¿por qué no ha investigado a los militares?, ¿por qué no emitió recomendación al Ejecutivo?, ¿investigó a la Sedena?''
Soberanes pidió una vez más que lo dejaran mostrar las pruebas y que se permitiera que los peritos que lo acompañaban expusieran sus conclusiones. ''Yo no soy médico, no puedo contestar muchas preguntas''.
La respuesta fue: ''La comparecencia es para los titulares, no con sus auxiliares; no queremos ver pruebas ni fotografías''.

Miles de trabajadores presentan amparos contra la Ley del ISSSTE
ALMA E. MUÑOZ
Después de la publicación de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Diario Oficial de la Federación, miles de empleados comenzaron a interponer recursos de amparo contra dichas modificaciones. En algunos casos son apoyados por el Frente Amplio Progresista (FAP) y en otros por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
La intención, de acuerdo con el apoderado legal del primer grupo, Jesús González Schmal, es interponer cien mil amparos al 16 de mayo, cuando vencen los 30 días hábiles a partir de la publicación del decreto. En tanto, los legisladores perredistas ya recibieron 15 mil solicitudes de apoyo en los módulos de atención ciudadana y vía Internet.
Uno de los promotores, el diputado Alejandro Sánchez, explicó en entrevista que la respuesta alcanzada refleja que los trabajadores se sienten "desprotegidos" con esas reformas, y que tienen una "preocupación real porque se derogue esta ley que atropella sus derechos laborales".
Nuestras proyecciones apuntan, agregó, a que durante el periodo de 30 días se rebasen los 50 mil amparos en el país. Al menos en Veracruz, Michoacán y Guerrero ya se enviaron instrucciones y se difunden los formatos para la presentación de estos recursos legales de forma individual.
En tanto, González Schmal indicó que en el FAP trabajan de la mano con algunos sindicatos, entre ellos algunos de la Unión Nacional de Trabajadores, y que esperan presentar 30 mil recursos que, sumados a los de otras agrupaciones, alcanzarán la cifra de 100 mil.
El martes por la noche, cuando se esperaba que trabajadores de las secciones 9, 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentaran unos 400 amparos indirectos en el Palacio de Justicia Federal, la cantidad se duplicó, pues también ingresaron los de empleados del Instituto Politécnico Nacional y quedaron pendientes 200, los cuales se interpondrán en otro paquete.
González Schmal insistió en que las reformas al sistema de pensiones violan el artículo 123 constitucional, inciso b, y confió en que las autoridades judiciales les den la razón, "porque la tenemos", a menos que en la resolución haya intervención política de parte del Ejecutivo federal, principalmente. Al igual que el diputado Sánchez, confió en que se registre una "cascada" de amparos contra las reformas a la Ley del ISSSTE. Aclararon que en el FAP y en el PRD la asesoría que se brinda es gratuita.

CNDH, credibilidad en entredichojosé gil olmos
México, D.F., 25 de abril (apro).- El caso de Oaxaca y el de Ernestina Ascencio Rosario han puesto a prueba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en ambos, ha salido mal parada, lo cual nos muestra la necesidad de una reforma urgente a esta institución creada bajo la sombra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.En 1990 nace la CNDH por un decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari, con lo cual se trataba de dar respuesta a una cláusula democrática contenida en el acuerdo comercial para Norteamérica, aunque hay que reconocer que también se respondía a la demanda social de contar con un organismo defensor del pueblo ante los constantes abusos del poder estatal. La CNDH tiene en su origen un claro interés político que, al parecer, no la ha dejado actuar de manera libre y autónoma, como requiere todo organismo defensor y promotor de los derechos humanos. Cada vez que algunas de las instituciones más importantes en el sistema de gobierno se ve implicada en un caso de violación a los derechos humanos, como en el caso de las fuerzas armadas, o cuando se cruzan los intereses, como en Oaxaca, la CNDH se ve claramente supeditada al gobierno en turno, lo cual es grave de por sí.Para el caso de Oaxaca, a pesar de que desde hace un año inicio el conflicto, hasta ahora la CNDH no tiene aún lista una recomendación. Hace apenas unos meses, el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, presentó un informe especial, con un recuento de hechos, pero sin llegar al fondo del asunto. Ante la Comisión se presentaron más de 500 denuncias individuales de violación a derechos humanos y garantías constitucionales por parte del gobierno de Ulises Ruiz y de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron detenciones en casas, negocios y en la calle a personas ajenas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).Bueno, pues todas las denuncias, aunque se trataban de casos independientes, fueron puestas en un mismo paquete por el cuarto visitador de la CNDH, Jorge Ramón Morales Díaz, quien se encuentra totalmente rebasado por el caso más grave de violación a los derechos humanos que ha habido en las últimas décadas hacia un movimiento social.Desde los años de la “guerra sucia” no se tenía registro de que policías y soldados hayan actuado con tanta violencia e impunidad en contra de simpatizantes de un movimiento social como es el de la APPO. Hechos como la detención arbitraria a los líderes, su traslado a cárceles de alta seguridad, casos de tortura física y psicológica, amenazas anónimas a sus familias, la actuación de grupos paramilitares y la persecución por razones políticas renacieron en Oaxaca.Ante todo esto la CNDH no se ha pronunciado en contra de las autoridades estatales y federales que cometieron esas felonías, y con ello sólo favorece y legitima la cultura de la impunidad oficial.El caso de la anciana de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario, también ha puesto a prueba la imparcialidad y el profesionalismo de la CNDH.Más allá de la polémica que ha causado la pésima actuación de la Procuraduría de Veracruz, que se contradijo en los resultados de las necropsias y “perdió” las pruebas seminales recogidas del cuerpo de la anciana, poniendo así en duda la existencia de una violación tumultuaria consumada presuntamente por militares, la actuación del presidente de la CNDH ha sobrepasado sus propios límites legales.Cuando el doctor Soberanes dio a conocer en conferencia de prensa los resultados de su investigación, acusó a la Procuraduría veracruzana de manipular las pruebas y anunció que presentaría una demanda penal en contra de esta autoridad; sin embargo, sobrepasó sus propios reglamentos y a la Constitución, pues se convirtió, al mismo tiempo, en Ministerio Público y en fiscal porque juzgó y sentenció al gobierno de Veracruz. Además, dio a conocer las conclusiones de una investigación que aún no concluye y que está bajo la responsabilidad de la Procuraduría del estado.Al parecer Soberanes y su equipo actuaron bajo la consigna de no tocar a las autoridades militares, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional también habría cometido una ilegalidad, pues trató de manipular el caso cuando en su boletín 19, con fecha del 6 de marzo, culpó a “grupos desafectos” o contrarios a la institución militar de haber cometido “el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo Federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.Dicho comunicado que había sido distribuido a los medios de comunicación de Veracruz ese mismo día, fue retirado horas después por personal militar en las mismas redacciones de periódicos y estaciones de radio y televisión. Fue sustituido por otro nuevo en el cual ya no aparecía ese párrafo, pero se incluía uno nuevo que a la postre provocó más confusión.Resulta que en el nuevo despacho informativo la Sedena manifestó que peritos especialistas “llevaron a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.Semanas después, en una carta, la Sedena negó haber tenido muestras del líquido seminal, la prueba principal de la violación a Ernestina Ascencio.Pero si con la Sedena no se quiso meter con el presidente Felipe Calderón, la Comisión menos. El mandatario cometió una irregularidad en una entrevista, al dar a conocer los resultados de la investigación, sin ser el Ministerio Público, para asegurar que Ernestina Ascencio había muerto de una “gastritis aguda”.La CNDH parece atrapada en su propia red de intereses, lo cual es grave, pues en tiempos de supuesta democracia los derechos humanos están supeditados a estos mismos intereses políticos. Es por eso que el Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de reformar la Ley de Derechos Humanos para transparentar más al ombudsman mexicano y recuperar la credibilidad perdida.

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