LA LEY Y LAS TELEVISORAS

Radio y TV: anula SCJN refrendo automático de concesiones
Notimex / La Jornada On Line
31/05/2007 15:53
México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la renovación en automático de las concesiones de radio y televisión sin necesidad de licitación, como lo disponían las reformas hechas a la llamada Ley de Medios.
Con ocho votos, el pleno de la SCJN se pronunció por la inconstitucionalidad de la porción del Artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión que permitía el refrendo automático a quienes ya son concesionarios, sin necesidad de entrar a un procedimiento de licitación pública.
Los ministros coincidieron en que en el caso de los concesionarios de espectro radioeléctrico usado para transmitir señales de radio y televisión éste es propiedad del Estado, por tanto tiene el derecho de valorar la renovación de las concesiones.
Sin embargo, de los ocho ministros sólo dos votaron por la inconstitucionalidad de la segunda parte de la norma, en tanto que los seis restantes consideraron que el Artículo 16 va contra la Carta Magna en su totalidad.
Por lo tanto, la parte del artículo que establece que "el término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre terceros" no sufrió modificaciones, al no alcanzarse la mayoría calificada de ocho votos para invalidarla.
Empero, sí se invalidó el fragmento que establece que "el refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del Artículo 17 de esta ley", este último referente a que las concesiones se otorgan mediante procedimiento de licitación pública y que el gobierno tendrá que recibir una contraprestación económica.
Al continuar con el análisis de la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de la LIX Legislatura contra las modificaciones a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, la SCJN consideró que los concesionarios no tienen derechos sobre los bienes públicos.
El ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, expuso que el término "refrendar" en el diccionario se establece como "volver a ejecutar o repetir la acción que se había hecho", y tratándose de concesiones "debe entenderse como repetir, volver a dar el mismo beneficio al concesionario".
Explicó que suprimir el procedimiento de licitación excluye a los terceros, y que si la contraprestación queda reducida al derecho por el pago de la expedición del título, "que son ocho mil pesos, no hay una correspondencia entre la magnitud del bien concesionado", por lo tanto "el sistema de la ley hace que no se cumpla el propósito fundamental que establece la Constitución".
No obstante, precisó que el refrendo es característico de las concesiones, pues se da en aeropuertos, ferrocarriles, minería, aguas, carreteras, aviación, telefonía celular, radio comunicación de flotillas y televisión por cable, y por lo tanto no es concepto pernicioso, pues da seguridad a un número considerable de trabajadores que se benefician con una concesión.
Detalló que la contraprestación por permitir el uso de un bien del dominio público federal es el monto de la licitación, medida por el número de años, y si la renovación no se sujeta a dicho procedimiento "produce la consecuencia de que el concesionario al que se le da el refrendo ya no paga ninguna contraprestación al Estado por el uso subsecuente, por el bien cuya prestación se prolonga".
La mayoría de ministros votó en contra del proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que proponía declarar válido el artículo impugnado, pues de acuerdo a sus consideraciones, el Estado tiene mecanismos para supervisar la correcta explotación del espectro radioeléctrico por parte de un concesionario, y en su caso negar el refrendo.
Por su parte, Genaro Góngora indicó que dar esa posibilidad a los concesionarios provoca un "déficit de libertad intolerable, que llevará al quiebre del sistema democrático", pues los concesionarios no son intocables y no tienen derecho sobre los bienes públicos.
A su vez, Juan Silva Meza señaló que el refrendo en automático implica que se le despoje al Estado de la voluntad de valorar el uso y aprovechamiento de un bien, mientras Sergio Valls Hernández cuestionó el lugar que tendría la rectoría del Estado sobre un bien de dominio público.
El ministro Fernando Franco González-Salas manifestó que el Artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión establecía un margen de discrecionalidad de la autoridad que es "muy peligroso".

Condena la Permanente la campaña televisiva contra Corral y Bartlett
A propuesta del coordinador panista, Héctor Larios, no se menciona a TvAzteca por su nombre
ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso condenó la campaña de desprestigio e intimidación que llevan a cabo las grandes cadenas televisoras del país en contra de Javier Corral y Manuel Bartlett -principales impugnadores de la llamada ley Televisa-, y demandó a los medios electrónicos respetar el derecho de réplica de los ex legisladores.
Durante el debate, el coordinador panista, Santiago Creel Miranda, advirtió que los medios electrónicos son parte en la acción de inconstitucionalidad que se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y deben, por ello, actuar ''con moderación, con objetividad y, sobre todo, con equilibrio''.
El perredista Carlos Navarrete resaltó que se trata de un mensaje del Congreso ''responsable, pero suficientemente firme''.
Originalmente, la propuesta señalaba de manera directa ''las transmisiones de TvAzteca'' que intentan ''calumniar, denigrar y ridiculizar a Corral Jurado, pero al final el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, presentó otro texto donde sólo se alude a ''transmisiones televisivas'' y fue aprobado por todas las fuerzas políticas.
Pantallas descalificadoras
El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, recalcó que no es posible tolerar las viejas prácticas de los concesionarios de radio y televisión de dirimir en sus programas controversias con particulares, legisladores o gobernantes, a través de campañas de descalificación.
La propuesta la presentaron los dos grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y fue leída en tribuna por el coordinador de los diputados del blanquiazul, Héctor Larios, quien recordó que él votó en favor de las reformas a las leyes federales de Radio, Televisión y Telecomunicaciones -conocidas como ley Televisa-, y difirió con los puntos de vista de su entonces compañero Corral Jurado, pero no está de acuerdo con la ''intensa campaña televisiva'' que se ha desplegado en los medios electrónicos para denigrarlo.
A un año y dos meses de que se aprobó la controvertida reforma, y mientras en la Suprema Corte se discute su constitucionalidad, dijo, las televisoras se han dedicado a transmitir escenas manipuladas, a truncar las propias declaraciones tanto de Corral como de Bartlett, para tratar de ponerlos en ridículo o hacerlos aparecer como incongruentes. Ratificó su decisión de votar en favor de las reformas ahora impugnadas, ''pero tengo que ratificar también la decisión de defender el derecho de quienes piensan diferente''. Larios señaló luego que el reto del Congreso es avanzar en una legislación mucho más puntual y exigible del derecho de réplica que tiene todo aquel cuya imagen y prestigio es afectado en los medios de comunicación.
También Creel Miranda demandó el derecho de réplica para Corral y Bartlett, a fin de que se difundan sus puntos de vista ya que, dijo, para que la libertad de expresión se dé plenamente se requiere una cobertura informativa equilibrada. Tanto Larios como Creel pidieron ''guardar los argumentos en favor y en contra de la citada ley y esperar la resolución de la Suprema Corte''.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete propuso construir las nuevas reglas de convivencia en la sociedad mexicana. ''Vayamos reformando lo que ya no funciona, incluyendo las viejas prácticas de los medios de comunicación'', dijo.
Por la noche, la Permanente notificó el punto de acuerdo. En el oficio a Corral se incluyó el acuerdo original, donde se menciona por su nombre a TvAzteca.


"¿Tu le crees a Soberanes? yo tampoco"josé gil olmos
México, D.F., 30 de mayo (apro).- Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la institución en su género que más dinero tiene en el mundo. Pero ni con todos estos recursos su presidente José Luis Soberanes ha hecho su labor de defensor del pueblo. Al contrario, ha demostrado que sus intereses particulares van primero.Ninguna de las tres presidencias anteriores en la CNDH ha sido tan mal vista y cuestionada como la del doctor Soberanes. Y no sólo por su protagonismo histriónico en los medios y en la política, sino también por la falta de autonomía e independencia ante las autoridades, la pésima administración de sus recursos y su ineficacia como defensor del pueblo.En los últimos meses, el protagonismo y los intereses políticos le han ganado al ombudsman mexicano. Contrario a la naturaleza de su tarea, a contracorriente de lo que el país necesita, el doctor Soberanes no desperdicia una oportunidad para hacerse ver en la opinión pública o para defender al Ejército y al presidente Felipe Calderón, sin importar que ponga en riesgo la credibilidad de la institución como ha ocurrido con los casos de Ernestina Ascencio, Oaxaca, Atenco y la reciente controversia constitucional contra la despenalización del aborto que presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.A Soberanes le cuesta trabajo deslindarse de sus propios intereses. Si bien es cierto que, en los primeros años de su larga gestión iniciada en 1997 tuvo un bajo perfil, también es cierto que en todos estos años no se ha comprometido en denunciar las tropelías cometidas por el Ejército y el Ejecutivo federal. Todo parece indicar que son ciertas las versiones de que el presidente de la CNDH pretende saltar de la defensoría de los derechos humanos a la Procuraduría General de la República o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello necesita de los favores de Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.Sólo de esta manera se puede entender el comportamiento del doctor Soberanes: está tratando de quedar bien con el presidente y su partido, el PAN, para avanzar en sus pretensiones políticas.Sin embargo, lo que no se puede entender o aceptar es el enorme gasto que tiene en comidas exquisitas con facturas de hasta 16 mil pesos en la compra de caviar, patés y otros gustos carísimos cuando tiene el papel de defender a un pueblo que vive en la miseria.Tampoco se puede comprender cómo ha dejado en la impunidad casos claros de violaciones a mujeres por parte de militares, como el de la señora Ernestina Ascencio.En un juego de palabras, bien se podría aplicar al presidente de la comisión la máxima que Elba Esther Gordillo le impuso a Roberto Madrazo: "¿Tu le crees a Soberanes? Yo tampoco".¿Quién puede creerle al presidente de la CNDH cuando dice que, de motu propio, presentó la queja contra la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo lo hizo la PGR con la anuencia del presidente Felipe Calderón? ¿Quién le va a creer cuando afirma que él no ha actuado por consigna en los casos de Oaxaca, Zongolica, Guerrero y Coahuila, en los que militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos?Todavía se pueden recordar las palabras de Soberanes cuando presentó tardíamente el informe de Oaxaca y deslindó de toda responsabilidad al gobierno de Calderón: "No tiene porque pagar los muertos del pasado", dijo de manera obsequiosa sobrepasando sus propios límites, pues su papel es enviar las recomendaciones al gobierno en turno para que se tomen las medidas necesarias y resarcir parte del daño causado.Estas actuaciones han dañado de manera grave la credibilidad y la confianza social en la CNDH. Ha habido casos en los que los quejosos prefieren no entrevistarse con los visitadores, pues de antemano saben que no servirá de nada buscar su protección, ya que estos representantes de la comisión están coludidos con las autoridades estatales o federales, como ocurrió en Oaxaca.Conocedora de esta situación, de esta crisis de credibilidad, la CNDH pagó recientemente inserciones en algunos medios con los resultados de una encuesta, según los cuales ésta institución sigue siendo confiable para la mayoría de los ciudadanos. A pesar de los gastos de esta campaña de expiación de culpas y de autopromoción, en el fondo se da un efecto a la inversa, pues sólo se refuerza la percepción de que ha crecido la desconfianza en la autonomía e independencia de la CNDH presidida por el doctor Soberanes. De poco sirve a una sociedad en crisis una comisión de derechos humanos sin peso, sin moral ni ética. Por eso, ya es tiempo de realizar cambios en la presidencia de la CNDH, no obstante que el tiempo fijado sea hasta 2008. Y a partir de estos cambios iniciar una limpieza en su estructura y dejar a un lado los favores políticos para dedicarse a la función para la que fue creada: proteger y promocionar la defensa de los derechos humanos.