UNA INVESTIGACION ACOTADA
31 ago 2007
Ordena SCJN investigar el caso Oaxaca
ABRAHAM CRUZ GARCÍA
Por fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), designó a dos magistrados para investigar las supuestas graves violaciones establecidas en la Carta Magna que, los gobiernos federal, estatal y municipal, infligieron contra la ciudadanía oaxaqueña. La actuación del máximo tribunal judicial, se antoja histórico, dado que, en la entidad, no existe antecedente alguno de indagación de ese órgano colegiado sobre una autoridad estatal por actos que hayan trastocado los derechos humanos.
Los togados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, tendrán un plazo de 6 meses para rendir su informe; ceñirán su labor en los términos y condiciones previamente establecidas por la SCJN, con el objeto de hacer realidad lo plasmado en el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional que señala:
"...La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal..."
El caso Oaxaca, ha causado resquemor en el seno del Supremo Tribunal, (La Jornada del 28 de agosto), dado que hay voces a favor y en contra que se investigue al gobernador de Oaxaca por los hechos acontecidos de mayo de 2006 a enero del año en curso.
Por ejemplo, el ministro Mariano Azuela Güitrón, comentó: "que si bien el documento definitivo sobre el caso Oaxaca no puede determinar la responsabilidad de funcionarios; "si debe señalarse a las personas que estén relacionadas con los hechos"
A su vez, Juan N. Silva Meza, quien dictaminó sobre el caso en estudio, le recordó: "que el pleno ya había determinado que "en cada tema de investigación la comisión procurará identificar al o los responsables de los actos u omisiones que a su juicio constituyan una grave violación a las garantías individuales o derechos humanos fundamentales", y que sin adjudicar responsabilidades se identificará a las personas que hubieren participado en los hechos".
Por su parte, el presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, subrayó que el documento debía incluir expresamente "que la omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el ejercicio de sus atribuciones para restablecer el orden público puede constituir una violación grave de las garantías individuales"
José Ramón Cossío, otro de los ministros, "se inconformó, según la Jornada, porque en el documento de Silva Meza se destacaba que la decisión de ejercer la facultad prevista en el artículo 97 fue a petición de la Cámara de Diputados, lo cual era importante porque, de forma inédita, los representantes populares de manera unánime solicitaron la intervención de la SCJN".
Cossío replicó: "una cosa es reconocerle que tenga carácter de parte legitimada y otra distinta darle un peso específico a su solicitud" y anunció que hará un voto "concurrente" en el que precisará que el Congreso únicamente está legitimado para solicitar la intervención del máximo tribunal, pero que no debe otorgársele mayor "peso" a su petición.
El Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano cuestionó que el dictamen señalara que "el segundo objetivo (de la investigación), que depende del resultado del primero, permitirá, en su caso, que esta SCJN establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública". Propuso que la redacción dijera que: "el segundo objetivo, que depende del resultado del primero, permitirá, en su caso, que esta SCJN establezca criterios sobre la ocasional necesaria utilización de la fuerza pública y sobre los límites en el uso de ésta".
Ortiz Mayagoitia, propuso que el texto dijera: "establezca criterios sobre el debido ejercicio de la fuerza pública", lo que cambiaría la expresión, pues incluiría "los límites y los momentos en que debe usarse".
La diferencias semánticas, continúa La Jornada, tiene un fondo mayor. Por eso, cuando se impuso la opinión de Mayagoitia, Silva Meza adelantó que haría voto concurrente; mientras que los ministros Margarita Luna Ramos y Fernando Franco, también anunciaron votos concurrentes para deslindar su criterio del documento.
Se espera imparcialidad y transparencia en el trabajo de la Comisión designada por la SCJN. Donde las partes, en este caso, la oficial y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), puedan aportar todas las pruebas que les favorezcan. El gobierno dará las razones de los muertos, los heridos, los lesionados.
Seguramente justificará también la brutalidad policiaca, como es el caso de Emeterio Marino Cruz, quien se encuentra grave de salud, a consecuencia de la golpiza que le propinó la policía del Estado.
¿Por qué queremos que gane ninguno?
Escrito por Oaxacalibre.org
jueves, 30 de agosto de 2007
Siempre nos encontramos con compañer@s que creen que sería mejor que gane algún candidato de un partido de la “izquierda” o de la “oposición”. Nosotros francamente no sabemos cual partido será este. ¿El PRD? ¿Cuál de todos? ¿Él financiado por URO que ya proclama que la ciudad es suya? ¿O él que ha visto mejores días en la administración de Murat?
¿A caso Convergencia? El partido fundado y poblado por ex-priistas que se quedaron fuera del presupuesto, que quiere entregar la ciudad a un empresario teco, dueño de la mitad de la parte más angosta del país, y que ya mandó al hijo de un ex-gobernador al PANAL.
¿Tal vez el PT, herencia de Raúl Salinas de Gortari? Nosotros como defensores del derecho a la pereza nunca votaríamos por un partido que nos quiere obligar a dejar la flojera.
No vale la pena considerar a los demás negocios familiares sinvergüenzas, como tampoco perdemos el tiempo en hablar del PRI azul.
Simplemente no hay opción electoral, y la única manera de evitar el desastre es asegurar que gane ninguno, y que ninguno nos gobierne.
Nosotros creemos que esta falta de opciones no se debe a la coyuntura actual, sino es parte integral del sistema en que vivimos: Las elecciones solo son una simulación para la legitimación de la clase gobernante. Sirven para cambiar el celador, pero lo que queremos nosotros es salir de la cárcel. Para eso hay que reconsiderar la actividad política.
Queremos un cambio de las reglas y de la forma de ejercer el poder. Las reformas electorales sirven para cambiar la forma en que se llegue a ejercer el poder, pero nosotros queremos controlar el ejercicio de poder: crear mecanismos para que nosotros como pueblo podemos poner límites a su ejercicio.
Cuando hablamos del poder no solamente nos referimos al poder político, que es tan visible y tan débil al mismo tiempo. Nos referimos también al poder económico que pesa tanto en nuestras vidas. Como pueblo podemos y debemos incidir en el ejercicio de poder en todas sus formas.
Para nosotros la política se hace en los barrios, en las colonias, en las comunidades. Se hace diariamente en la forma en la que nos relacionamos. Somos capaces de organizarnos y de resolver nuestros problemas, lo mostramos en el 2006 cuando pusimos las barricadas y nos encargamos de nuestras colonias. Ante la ausencia total de “servicios” gubernamentales, la vida seguía, y hasta mejoró en algunos aspectos. Somos capaces de gobernarnos.
Sabemos que por ahora la distribución desigual del poder político y económico es una realidad con la que tenemos que vivir. Creemos que en lugar de desgastarnos en campañas para terminar traicionado, tenemos que fortalecer nuestras organizaciones para controlar este poder, para limitarlo, para que ya no importe mucho que el gober es un corrupto inepto como URO, un psicópata como Murat, o que el presidente municipal sea un sinvergüenza como Chucho Bolas. Sabemos que estos no llegaron por accidente, sino que son la cara normal del sistema que los escogió. Por eso necesitamos un cambio a fondo.
Sabemos que ninguno puede implementar estos cambios desde el gobierno.
Pero juntos si los podemos hacer realidad ahora.
Ninguno es la solución
Cuando lo(s) muerto(s) habla(n)
Lorenzo Meyer
30 de agosto de 2007
En buenas manos, los documentos en los archivos gubernamentales pueden contar historias muy útiles para el presente>
Los archivos
Para una persona normal, pocas cosas pueden tener menos sex appeal que los "archivos muertos" de la burocracia gubernamental. Esa memoria de papel puede destruirse -lo que ocurre con mucha frecuencia- o puede guardarse lejos del ajetreo cotidiano y acumular polvo y olvido. Sin embargo, hay una tercera posibilidad: que algunos de esos papeles, gracias a la intervención del investigador, retornen al mundo de los vivos para descubrirnos elementos del pasado que pueden explicarnos aspectos del presente e incluso incidir sobre el futuro.
Hace tiempo, Sergio Aguayo logró tener acceso a una parte de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y con ellos abrió una gran ventana para observar y juzgar la naturaleza de la "guerra sucia" que los aparatos de seguridad del Estado libraron contra la guerrilla urbana de Jalisco en los años setenta (La charola, México: Grijalbo, 2001). La fiscalía especial que se creó el sexenio pasado para investigar a fondo los crímenes de Estado del antiguo régimen también mostró que los archivos guardan muchas historias del lado oscuro del régimen priista, aunque al final la fiscalía no supo o no quiso usar la voz de esos muertos para juzgar y condenar a los responsables. El eslabón más reciente en este interrogatorio del presente a los "archivos muertos", que están muy vivos, es obra de un periodista, Jacinto Rodríguez Munguía: La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder (México: Random House Mondadori, 2007).
Trabajos como los de Aguayo o Rodríguez son resultado de la combinación de la pérdida del monopolio del poder político del PRI (que desembocó en la apertura de acervos gubernamentales hasta entonces casi inaccesibles) con la voluntad de académicos o periodistas de zambullirse en ese aparente mar muerto de papeles y pescar temas muy vivos. Esa combinación de oportunidad y voluntad hace que, como Lázaros de papel, los documentos resuciten y nos digan -en realidad nos griten- la verdadera naturaleza del poder autoritario que nos gobernó a lo largo del siglo XX.
Y resulta que el espíritu y la forma del poder que emerge de los archivos no son muy distintos de los actuales, como lo demuestran un par de conspicuos ejemplos: los gobiernos caciquiles de Oaxaca y Puebla. Incluso existe el peligro de que ese pasado se transforme en la esencia del presente.
El corazón de las tinieblas
Los documentos de la Secretaría de Gobernación que Rodríguez recuperó del Archivo General de la Nación corresponden al "corazón de las tinieblas" -para recordar a Joseph Conrad- del México de los sesenta y setenta: a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS). Se trata de apenas una parte de la memoria de papel que está aguardando el compromiso, tiempo y energía de nuevos investigadores dispuestos a hacer la disección (¿o es vivisección?) del modus operandi priista.
En estricto sentido, nada de lo encontrado por Rodríguez puede sorprendernos, pero al documentar las prácticas ilegales e ilegítimas del mando priista se convierte en una base sólida, irrefutable, para juzgar y condenar una forma de ejercicio de poder que aún no ha sido llamado a cuentas.
Explorar La otra guerra secreta de la misma manera que su autor lo hizo con los archivos que consultó, nos lleva a encontrarnos con la parte más "teórica" o "filosófica" del autoritarismo en su relación con la prensa, el tema central del libro. Esa "teoría" la constituyen un par de documentos, uno de autor desconocido y otro de Jorge Joseph Piedra, donde se proponen y se someten a crítica, desde dentro, varios aspectos muy precisos del ejercicio del poder autoritario en materia de imagen.
El primer documento es todo un tratado de propaganda política -41 folios, Fondo DIPS, caja 2998- cuyas recomendaciones, de aplicarse a fondo, se asegura, permitirían al PRI hacer un mejor uso institucional y sistemático de todos los medios de comunicación disponibles -prensa, radio, televisión, cine, teatro, ediciones oficiales, carteles y relaciones públicas. Si se lo propone, asegura el anónimo autor a la Secretaría de Gobernación de los años sesenta, el régimen mexicano bien podría alcanzar su ideal: una "Tiranía Invisible" (¿"la dictadura perfecta"?). Esa tiranía mantendría las formas democráticas, a la vez que permitiría al gobierno un "control popular" eficaz sin recurrir al uso de la violencia y el terror. Se trataba, en suma, de la síntesis de las reglas de un "arte" que, mediante el control de la comunicación -desde la noticia hasta el rumor-, instalara en el subconsciente de los mexicanos las ideas de legitimidad, respeto y obediencia a la autoridad establecida.
El otro documento, firmado el 7 de agosto de 1968 por Jorge Joseph Piedra en su calidad de agente confidencial de la Secretaría de la Presidencia -Fondo DIPS, caja 2012-, es un análisis menos teórico pero más directo sobre los errores que se habían cometido en la forma en que se había reprimido hasta ese momento al movimiento estudiantil y que deberían evitarse en el futuro. No es nada excepcional, pero enumera 10 descuidos del poder que habían llevado a que un conflicto secundario se transformara en una crisis política. Piedra, usando básicamente el sentido común, sostenía que autoridades civiles y militares habían resultado incapaces de hacer un uso fino de sus instrumentos de fuerza y su brutalidad había complicado innecesariamente el control de la rebeldía estudiantil. Lo que ocurriría después permite suponer que las ideas en torno a la propaganda ofrecidas por el autor anónimo fueron más o menos puestas en práctica, pero no las segundas. La brutalidad aumentó al punto de que el 2 de octubre aún no se olvida. En suma, el mecanismo de control -la propaganda- tuvo éxito, pero el mecanismo de autocontrol -limitar el uso de la fuerza- no.
Otros de los documentos encontrados por Rodríguez Munguía confirman algo que ya se sabe pero que no está de más reconfirmar: el uso del dinero público para subsidiar y controlar publicaciones, aunque las cantidades muestran que periódicos y periodistas resultaron baratos. Una nómina con 29 entradas identifica con nombre y apellido o por título de publicación -que van de Excélsior hasta el ya citado Jorge Joseph Piedra- a los beneficiados por los subsidios del gobierno (pp. 348-349).
La materia prima de la prensa, el papel, es otro elemento discutido en estos documentos. El autor se detiene en el caso de Manuel Marcué Pardiñas y su revista Política, el principal órgano de crítica al régimen en los sesenta. De Marcué el poder lo sabía casi todo por la vía del espionaje -desde su ideología hasta sus enfermedades. Y fue mediante el estrangulamiento en el suministro de papel como el gobierno logró que finalmente esa revista, que tiraba 25 mil ejemplares y articulaba el punto de vista de la izquierda, dejara de existir a partir de diciembre de 1967. Al año siguiente, el director de Política entraría a prisión y de ahí no saldría sino hasta 1971. No deja de ser revelador que en la nómina ya citada de personajes y publicaciones que recibían subsidios del gobierno (y de ser cierta) estuvieran también Marcué y Política. La cooptación y la represión se podían combinar sin problema, lo que explica que el mexicano fuese el sistema autoritario más exitoso del siglo XX.
Desde luego que el conocimiento puntual de lo que Marcué y otros miles de mexicanos hacían y decían apunta a un gran sistema de espionaje interno: los infiltrados en reuniones, las conversaciones telefónicas interceptadas o simplemente grabadas por los funcionarios encargados del control político, etcétera.
La conclusión
Para Rodríguez Munguía, la importancia de estos documentos no es que retraten la voluntad autoritaria del régimen priista, sino que prueban la voluntad de los medios de dejarse corromper, de llegar a un servilismo tan ridículo como el de Emilio Azcárraga Vidaurreta que, por escrito, agradeció un regaño que le hizo Gobernación por la manera en que un conductor de Televisa (Paco Malgesto) abordó temas de sexualidad (DIPS, caja 2961/A). No deja de tener su gracia que Gobernación se dijera escandalizada por el sexo mientras practicaba el espionaje, la represión y, llegado el caso, el asesinato.
No hace mucho, Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda, se preguntaba por qué la cobertura que la televisión había dado al último congreso del PRD había sido tan pobre a pesar de que el evento fue "trascendente para la vida del país" (La Jornada, 22 de agosto). La otra guerra secreta tiene la respuesta para el ex secretario: porque el antiguo sistema aún vive.
