ENCARCELADOS Y DESAPARECIDOS.

El Estado cerró las vías pacíficas al pueblo: Sosa
Cancelar el diálogo, grave error y torpeza de Calderón, dice.
Apostó por la represión, afirma el líder de la APPO
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO (CORRESPONSAL) “La Jornada”.
San Juan Bautista Cuicatlán, Oax., 26 de agosto. Al apostar por la represión y politizar las instituciones, el Estado mexicano cierra las vías pacíficas al pueblo, que reclama atención a sus demandas sociales, afirmó Flavio Sosa Villavicencio en la primera entrevista que ofrece desde su detención, ocurrida el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México.
“Cancelar el diálogo es un grave error y una torpeza de (Felipe) Calderón, que le va a pesar, porque no habrá transición si no se solucionan las demandas del movimiento magisterial y popular”, sostuvo. Destacó que está preparado para seguir en la cárcel hasta obtener su libertad, no por una negociación con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, “sino por la fuerza del movimiento magisterial y popular. No voy a negociar nada; no he cometido ningún delito y tarde o temprano saldré libre”, señaló. Asimismo, retó al gobierno estatal a mostrar al menos una prueba de su culpabilidad en los seis procesos abiertos en su contra.
“Quiero que me demuestren que tengo alguna responsabilidad; todas las acusaciones son de supuestos testigos que dicen que oyeron que alguien dijo que yo había participado”, agregó.
En la cárcel de este municipio, donde llegó con su hermano Horacio el pasado día 15, después de ocho meses y medio de reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sostuvo que la determinación del Estado mexicano para reprimir y utilizar a las instituciones para la negociación política, pone a la lucha pacífica contra la pared y sin ninguna oportunidad de alcanzar atención a sus demandas.
“Fuimos a hablar con (la Secretaría de) Gobernación, recurrimos al Senado, pero no avanzaron el diálogo ni el procedimiento de desaparición de poderes, porque el PAN y el PRI negociaron el reconocimiento de Calderón a cambio de mantener a Ulises en la gubernatura.
“Y cuando asume (Calderón) la Presidencia y vamos a buscar la interlocución, se nos encarcela. Así, opta por una salida de fuerza, por la represión y el encarcelamiento de quienes vamos por la vía pacífica. Esto es peligroso, porque no se está dejando ninguna salida al pueblo. Y en nuestro caso quedamos como rehenes de Calderón y de Ulises”, añadió.
Consideró que el Estado mexicano “desató una brutal persecución contra el pueblo de Oaxaca. Se torturó y encarceló a muchos oaxaqueños sin haber cometido delito alguno. Y en un caso inédito para la historia reciente del estado, otros fuimos enviados a penales de máxima seguridad del estado de México, Nayarit y Tamaulipas, por alzar la voz solamente”.
Afirmó que los gobiernos federal y estatal “se ensañaron” en su contra, de su familia y de sus compañeros cercanos, por “decir las cosas como son y no ocultar el rostro. La decisión para la detención (junto con su hermano Horacio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, los dos últimos recién liberados) fue al más alto nivel, pero con grandes irregularidades. Los policías nunca nos mostraron ninguna orden de aprehensión; incluso cuando estábamos en la Procuraduría General de la República, frente a nosotros estaban recibiendo por fax el oficio de colaboración de la procuraduría de Oaxaca, para poder cubrir el trámite de nuestra detención. Un periodista del New York Times me preguntó en noviembre del año pasado: ‘¿después de la entrada de la Policía Federal Preventiva, qué sigue?’ Y le respondí que tenía dos caminos, la muerte o Almoloya, y fue lo segundo, pero bueno, eso imaginé que sería para mí, nunca para mis hermanos, que no tienen nada que ver con el movimiento. Erick es bombero del aeropuerto de Oaxaca, y fue torturado y llevado hasta el penal de máxima seguridad de Matamoros; Horacio andaba acompañándome en la ciudad de México y lo envían conmigo a Almoloya, donde el trato es inhumano, humillante y degradante, sin que ninguno de nosotros haya incurrido en un delito federal”.
–¿Vale la pena tanto sufrimiento por una causa?
–Claro que vale la pena. Mi familia y la familia de otros han sufrido cosas terribles, acoso, persecución, pero si la lucha es por un cambio, vale la pena pasar tantas cosas. No podemos olvidar la muerte de tantos compañeros, como José Colmenares, Lorenzo San Pablo, Alejandro Hernández, los indígenas triquis, y tantos torturados de las barricadas.
–Su detención tenía aparentemente la finalidad de descabezar al movimiento magisterial y popular, por ser uno de los miembros más visibles del consejo estatal de la APPO, pero no ocurrió así.
–Efectivamente, Calderón y Ulises Ruiz pensaron que con detenerme iba a sufrir un duro golpe el movimiento, pero no fue así porque la APPO no es un movimiento de dirigentes, sino del pueblo, con demandas justas y legítimas.
“La APPO representa una causa histórica contemporánea, una bandera en Oaxaca que han levantando muchísimas personas ante tanta pobreza, marginación, injusticia e impunidad, así como por tantos gobiernos frívolos, insensibles e ilegítimos. A pesar de la gran represión la gente mantiene viva la esperanza del cambio”, acotó.
Flavio Sosa reiteró que seguirá resistiendo en prisión, porque no piensa negociar su excarcelación con el gobierno de Ruiz Ortiz. “No me interesa, porque mi hermano y yo, así como los demás presos del movimiento, somos inocentes. Si vamos a salir ha de ser por la fuerza del movimiento y por el trabajo de los abogados. Y cuando suceda eso no saldré con ninguna condición, mucho menos a guardar silencio. Cuando el movimiento nos ponga en la calle caminaré tranquilamente, porque no tengo nada de qué avergonzarme”, apuntó.
–Pero en los seis procesos penales que se le han instruido se le acusa de muchos delitos, algunos graves.
–Me han acusado de muchas cosas; de la toma del Canal 9, cuando fue un acto reivindicado por mujeres sin que yo haya participado; me acusan de la toma de las oficinas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, sin que haya tenido nada que ver; me acusan de haber secuestrado a unos policías ministeriales que entraron a mi casa a matarme, sin tampoco estar relacionado, porque eso estaba pasando mientras hacía la denuncia ante la prensa en el zócalo.
“No somos delincuentes”, concluye.

Corte inicia investigación en Oaxaca
MÉXICO, D.F./SUN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondrá en marcha esta semana la comisión de magistrados federales que se encargará de investigar a las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por los hechos violentos en esta entidad, de mayo de 2006 a enero de 2007, debido al conflicto magisterial.
Los ministros se reunirán este lunes, en sesión pública, para afinar los detalles de lo que será la comisión que investigará el caso Oaxaca, que se aprobó crear desde el 23 de junio pasado, así como para designar a los magistrados encargados de la averiguación, quienes tendrán 15 días para presentar un plan de trabajo.
De acuerdo con los lineamientos que entregará la Corte, los magistrados tendrán un plazo inicial, que se podrá prorrogar si es necesario, de seis meses para desarrollar su investigación, tiempo en el que podrán tener acceso a cualquier instalación del gobierno y a "todo tipo de documentos e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con independencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial".
Como parte de sus atribuciones, los comisionados podrán citar para una o varias entrevistas al ex presidente Fox y al gobernador de Oaxaca, aunque no en calidad de indiciados ni de inculpados, sino sólo para que den cuenta de los hechos que les consten relacionados con la investigación.
Esta es la primera vez que la Corte, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución, somete a investigación a un ex Presidente de la República para determinar si incurrió en violaciones graves a las garantías de la población, y la tercera, de manera consecutiva, en que somete a un gobernador a pesquisas. Vicente Fox, y varios de quienes fueron sus secretarios de Estado, así como el gobernador de Oaxaca y su principal equipo de colaboradores, serán investigados para determinar si incurrieron o no en violaciones graves a las garantías individuales por probables excesos de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, durante el conflicto que se vivió hace un año en la entidad.
Asimismo, determinarán si dichos funcionarios violaron derechos fundamentales de la población que no participó en el conflicto, por incurrir en una probable omisión o pasividad al no actuar para restaurar y mantener el orden público y la seguridad.
Es decir, uno de los principales objetivos de la comisión será determinar si la omisión y la pasividad de autoridades federales o estatales para intervenir y resguardar la seguridad de los ciudadanos, alentó el clima de inseguridad y los enfrenamientos que se vivieron en Oaxaca.
Ésta, también es la segunda investigación en la que somete a revisión el presunto uso excesivo de la fuerza pública en que incurrió la Policía Federal Preventiva, bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
El otro caso por el que se le investiga está relacionado con los enfrentamientos, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, estado de México.
También es la tercera pesquisa consecutiva que inicia la SCJN a petición de una o ambas cámaras de Congreso de la Unión.
Los comisionados del caso Oaxaca serán los primeros en aplicar el nuevo reglamento que aprobó la Corte para ejercer la facultad que les otorga el artículo 97 de la Constitución, para investigar violaciones graves a las garantías individuales.
Con base en este reglamento, la Corte buscará definir si existieron violaciones y si se comprueban, se limitará a señalar a los responsables y a turnar su informe a las autoridades que solicitaron la pesquisa y a quienes les competa aplicar algún castigo.



La “guerra sucia”: Vivos los llevaron; vivos los queremos
luciano campos garza
Monterrey, N.L., 27 de agosto (apro).- Cecilia Serna Reyna, catedrática de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se reunió con un grupo de estudiantes para videograbar el documental Vivos los llevaron; vivos los queremos, que incluye relatos de personas secuestradas durante la llamada “guerra sucia” que se vivió en México en las décadas de los 70 y principios de los 80.

Avalada por el comité Eureka, la cinta, de más de dos horas de duración, busca relanzar la lucha de los activistas que no han encontrado a sus parientes, así como concientizar a los jóvenes sobre ese episodio negro en la historia del país.

“Hay algunos países de América Latina en los que no se conoce lo que ocurrió en México: la historia de los desaparecidos y la lucha de las madres, esposas, hijos, hermanos por encontrar a la gente que fue secuestrada. Parte de esto trata Vivos los llevaron; vivos los queremos, de remover conciencias y denunciar lo que ocurrió. Esperamos que quede como un testimonio histórico”, explicó Serna Reyna.

En la entrevista, Rosario Piedra Ibarra --hija de la senadora Rosario Ibarra, coordinadora de Eureka--, señaló que este trabajo mantiene la esperanza en la lucha de los desaparecidos que emprende el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos.

Rosario Piedra, conocida como La Muñeca, dijo: “Como familiares nos interesa mucho que nuestro testimonio se dé a conocer, porque ya se ha hecho público, se han tocado puertas, de la justicia mexicana. Cuando Cecilia nos propuso su idea, con mucho gusto la recibimos y la apoyamos”.

La actual senadora por el PT tiene una participación importante en la película, al hablar, como primera entrevistada, de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra, conocido como El Guly, un estudiante de medicina secuestrado en Monterrey el 18 de abril de 1975 y a quien no han vuelto a ver hasta ahora.

La propia Rosario Ibarra, como una de las “doñas” –así se llama a las madres que participan en el movimiento--, dio su testimonio de la infructuosa búsqueda de su hijo.

Serna, quien nació en Monterrey, tiene una historia relacionada con la familia Piedra Ibarra. El doctor Jesús Piedra Rosales, esposo de doña Rosario y padre de Jesús, fue médico de la familia Serna.

En aquella época ocurrió el secuestro de don Jesús, a quienes los agentes judiciales le quisieron sacar a golpes el paradero de El Guly, quizá el más conocido de los desaparecidos políticos. La tortura provocó al médico una fractura en la columna vertebral.

“En mi casa siempre se habló del tema de la guerrilla y siempre tuvimos un afecto especial por el médico Piedra. Crecí escuchando estas historias como si fueran una leyenda urbana. Me había reunido con alumnos para hacer un cortometraje y luego me surgió el interés por hacer algo más grande como un largometraje”, señaló.

“Una mañana, platicando con mi mamá, surgió la idea de que hiciéramos algo sobre la época del doctor Piedra y su familia, quienes han estado reclamando a los desaparecidos. Esto era finales de 2004 y yo era una ignorante del tema. Así, me metí a la página de Eureka y me sorprendió lo que vi”, añadió,

La maestra Serna encontró que fueron reportados 557 desaparecidos durante poco más de una década, de los que 128 han regresado a la escena pública.

Testimonios

El filme, videograbado en formato digital, con un costo de 150 mil pesos, demoró dos años en su producción, de marzo de 2005 a agosto de 2007, y se presentó el pasado 17 de agosto en la sección social del Tercer Festival Internacional de Cine de Monterrey (FICMTY), que recién concluyó en esta ciudad.

Antes de la exhibición, Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ofreció una conferencia de prensa, en la que felicitó a la autora del documental y expuso el sufrimiento por el que han pasado personas que, como ella, tienen familiares desaparecidos.

El proyecto fue respaldado con recursos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, donde la realizadora da clases.

Serna, quien había tenido como experiencia un corto, que escribió y dirigió, realizó la película junto con cinco alumnos, los cuales fueron codirectores en el trabajo: Carlos Lenin Treviño, Annia Flores, Carlos Padilla, Silvia Patricia Sauceda y Carlos Carranco.

La película es una pieza documental de corte político, en el que se entremezclan entrevistas con protagonistas de aquellos años, como guerrilleros, combatientes y familiares, con recreaciones que hicieron los alumnos y para los que la maestra les dejó absoluta libertad.

Algunas de estas recreaciones contienen pasajes surrealistas y refinamientos estilísticos que, según Serna, ayudan a una mejor comprensión de la historia.

La narración es ágil, aunque algunos testimonios son prolongados, y captados por una cámara que los observa desde un solo ángulo. Las entrevistas están intercaladas con la presentación de recortes de periódicos de la época, fotografías e imágenes alusivas a los acontecimientos.

Serna y sus alumnos hicieron 14 entrevistas, entre las que figura una con la escritora Elena Poniatowska. Los productores incluyen también tres testimonios inéditos de personas secuestradas por agentes del gobierno, la Brigada Blanca, que sobrevivieron a esa pesadilla.

Además, hacen varias recreaciones, con actores locales, de acontecimientos de aquella época.

Después de su exitosa presentación en el FICMTY, Serna la presentará en otros festivales internacionales, antes de buscar canales de distribución.

“Yo no busco ningún lucro con este documento. Me siento muy comprometida con los familiares de los desaparecidos. Lo que buscamos es que sea vista por el mayor número de personas posible. Si conseguimos mover por lo menos una conciencia, me doy por bien servida”, dijo.


Las cárceles de Oaxaca,
malogran la readaptación
TEHUANTEPEC, Oax., -La pobreza que lacera la vida de los oaxaqueños se refleja con gran fuerza en el sistema carcelario, que lejos de readaptar a quienes delinquen, condena a los internos a un proceso de deshumanización, señaló el responsable de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis del Istmo, Pablo Rieck Canon.
Entrevistado después de que la dirección de Pevención y Readaptación Social de Oaxaca cerró la cárcel de Salina Cruz y trasladó 50 interos al Cereso de esta ciudad, Rieck Canon expresó su beneplácito "porque el penal del puerto era indigno", aunque lamentó el hacinamiento del reclusorio de Tehuantepec.
Lamentablemente, añadió, las cárceles de Oaxaca, por sus condiciones físicas y limitaciones presupuéstales, no ayudan a la readaptación. "Son áreas deshumanizadas porque la mayoría de los presos, casi 90% de ellos carecen de recursos para contratar abogados y defensores de oficio", abundó.
Para el responsable de la pastoral penitenciaria, en las cárceles hay de todo, menos el intento de rehabilitación. "Los celadores gana poco y carecen de la capacitación, en el penal de Tehuantepec hay un promedio de cinco defensores de oficio por 500 reos y esa situación prolonga la estancia de los internos".
Pablo Rieck destacó dos casos: "Uno de ellos corresponde al de la señora María de los Ángeles Jiménez Barrera. Ella peleaba la posesión de una vivienda, pero fue acusada de robar en su misma casa y fue a parar a la cárcel de Tehuantepec desde hace tres años. ¿Qué hace una anciana de casi 60 años de edad en el penal?", preguntó.
El otro caso, recordó el asistente de los internos, es el de Lorenzo García Pacheco, un campesino de San Miguel del Puerto, "quien fue detenido cuando llevaba su arma a reparar. Lo detuvieron a pesar de que mostró el permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Militar (Sedena). Está preso desde el 18 de febrero.
Ambas personas, dijo, ahora están en la cárcel de Tehuantepec, donde "corre la droga con mucha facilidad al igual que en otros penales "ya que es difícil erradicar el tráfico de esa droga porque hay tanto dinero de por medio", sentenció.
De acuerdo con Rieck Canon, tan solo en el Cereso donde sentenciados y procesados por delitos del fuero común y federal suman casi 500, "es común la venta de esa droga conocida como piedra, que se consigue por 10 pesos. Entre la población penitenciar hay negocio de todo, incluso la prostitución" y exhortó a las autoridades a que revisen los expedientes de todos los internos y busquen sanciones alternas .