SENTENCIA CON BASE EN TORTURA

Ratifican sentencia a integrante de la APPO
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Juan Carlos García Cruz tendrá que pasar tres años en prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Oaxaca, Oax. El Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito confirmó la condena de tres años y medio de prisión a un simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Juan Carlos García Cruz, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos.
Con la ratificación de la condena, García Cruz se convierte en el primer detenido del movimiento magisterial y popular sentenciado.
El asesor jurídico de la APPO, Gilberto Hernández Santiago, dijo que la determinación del Primer Tribunal Unitario es inadmisible porque no tomó en cuenta la inverosimilitud, contradicciones y ambigüedades del parte informativo rendido por los policías que detuvieron a García Cruz y la tortura sufrida durante varias horas en una casa de seguridad.



Firman "alta hospitalaria" de Emeterio


PEDRO MATIAS
Con el compromiso de que el gobierno del estado pagará todos gastos médicos que requiera el simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Emeterio Marino Cruz, brutalmente golpeado por la policía estatal y municipal durante los disturbios del pasado 16 de julio, se firmó anoche la minuta de su "alta hospitalaria".
Así lo dio a conocer Karem Cruz Franco, quien agregó que en ese documento, la Secretaría de Salud se compromete a proporcionar personal médico y los medicamentos que necesite su padre por el tiempo que sea necesario.
Acompañados de los abogados del Comité 25 de Noviembre y el de la familia, la señora Hilaria Lorenza Franco Barroso y la propia Karem Cruz Franco firmaron el documento e iniciaron los trámites del traslado de Emeterio Marino Cruz, quien por recomendación médica se le dio de "alta hospitalaria" para continuar con su rehabilitación en su propio domicilio.
El documento también fue firmado por el secretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva, el director del régimen de protección social en salud estatal, Aarón Pérez Bautista y la directora de atención ciudadana del hospital de especialidades, Ana Luisa Flores Mendoza.
En la minuta el gobierno estatal se compromete a proporcionar un psicólogo, cuatro enfermeas y una doctora que visitará a Emeterio durante toda su rehabilitación por el tiempo que sea necesario.
Además, pagaran todos los medicamentos y los materiales que se requieran para la rehabilitación total de su padre.
Karem Cruz Franco informó que de esto no es una negociación con el gobierno del estado, sino una obligación del mismo porque ellos se llevaron a su padre sin ningún rasguño y ahora se lo entregan con daños irreversibles.
Es por ello que no descansará hasta que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz cumpla su palabra empeñada ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, de castigar a los responsables de este "intento de homicidio" y de las amenazas que ha recibido.
La hija de Emeterio explicó que su papá debe abandonar el Hospital de Especialidades por consejo de algunos especialistas porque en esa policlínica se deprime demsaiado y eso no ayuda en su recuperación.
Finalmente, insistió en que no va a negociar la vida de su padre y que continuará con la demanda y las denuncias hasta que se haga justicia y se castigue a los culpables de este atentado.






Abordan el caso Oaxaca

CARLOS AVILÉS ALLENDE/EL UNIVERSAL
(De Portada)

A propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, el pleno del máximo tribunal comisionó a los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino para que se encarguen de investigar a las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz para determinar si incurrieron en violaciones graves a las garantías protegidas por la Constitución.
Los dos magistrados se distinguen por contar con una carrera judicial de más de una década, por su experiencia en el ramo penal y por haber sido, en alguna parte de su trayectoria ajena al Poder Judicial de la Federación, agentes del ministerio público adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En el caso de Roberto Lara Hernández, en su ficha biográfica que distribuyó la SCJN, se destaca el hecho de que recibió un “reconocimiento por el desempeño durante la investigación del homicidio del periodista Manuel Buendía Téllez Girón, en 1989”.
De acuerdo con su ficha biográfica, Lara Hernández, fue agente del ministerio público en la dirección general de averiguaciones previas, jefe de la segunda y quinta unidad en la Fiscalía Especial de Investigación, jefe de Departamento de Investigaciones Criminológicas y Coordinador de la Subdirección de Investigaciones Criminológicas, todos de la PGJDF.
En cambio en el caso del magistrado Manuel Baraibar Constantino se señala que, entre los cargos que ha ocupado en la administración pública, sólo fungió como ministerio público durante su pasó por la procuraduría capitalina.
De los dos comisionados es quien más tiempo tiene como magistrado federal, pues a diferencia de Lara Hernández, quien ascendió a este cargo en el 2004, Manuel Baraibar ocupa este puesto desde julio de 1994.
Como magistrado formó parte del tribunal colegiado que, por votación unánime, decidió, el 9 de junio de 2005, amparar y liberar a Raúl Salinas de Gortari, quien había permanecido 10 en prisión por el homicido de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Como integrante del segundo tribunal colegiado con sede en Toluca otorgó el amparo definitivo al hermano del ex presidente Carlos Salinas, por medio del cual se canceló la sentencia de 27 años y medio que se le dictó a Raúl Salinas el 16 de julio de 1999, por el homicidio del ex gobernador de Guerrero.