ABUSOS SEXUALES, JUSTICIA E IMPUNIDAD.

Detenido, exseminarista acusado de abusar sexualmente de una menor isaín mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 de septiembre (apro).- En cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron al exseminarista Julián Quino Velasco, en el poblado Salto de Eyipantla, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.El pasado lunes por la noche, un grupo especial de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) logró ubicar y detener a Quino Velasco, quien el pasado 14 de junio presuntamente abusó de una menor de edad, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad.De acuerdo con las investigaciones contenidas en la averiguación previa número 274/EUDSYVF1/2007, los hechos se registraron ese día cuando Quino Velasco abusó sexualmente de una niña de ocho años de edad, y luego se dio a la fuga, con dirección a la Ciudad de México.Tras lo ocurrido, la FGE inició las investigaciones y, una vez que acreditó la probable responsabilidad del indiciado por el delito de abuso sexual, solicitó la orden de aprehensión ante el juez penal en turno.El juez Segundo del Ramo Penal de este Distrito judicial otorgó a la policía la orden de aprehensión contra Quino Velasco, y de inmediato se inició la búsqueda, con lo que se logró ubicar al exseminarista en el poblado Santo de Eyipantla, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.Tras ser detenido, Quino Velasco fue trasladado a esta ciudad, donde fue puesto a disposición del juez Segundo del Ramo Penal. Fue enviado al Centro de Readaptación Social número 14, El Amate.En un comunicado, la FGE dijo que, luego de que Quino Velasco rindió su declaración preparatoria, el fiscal del Ministerio Público solicitó al juez le negara el beneficio de la libertad provisional bajo caución, al considerar que podría “sustraerse de la acción de la justicia y dejar de cumplir con sus obligaciones procesales, en virtud de que radica en otra entidad federativa, sin que tenga un domicilio cierto y conocido en esta ciudad, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales”.El caso salió a la luz pública el pasado 2 de julio cuando la madre de esa menor, Olga Lilia Tovilla Madrigal denunció lo ocurrido por medio de correos electrónicos. En entrevista con este reportero, Tovilla Madrigal confirmó que había presentado una denuncia penal contra Quino Velasco, miembro de los Misioneros de Guadalupe, por haber abusado sexualmente de su hija.Según consta en la averiguación previa AP/274, iniciada en la Fiscalía Especializada en Delitos de Abusos Sexuales, sacerdotes de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, ayudaron a escapar a Quino Velasco, quien forma parte de un grupo se seminaristas que recorre el país para impartir lo que llaman “Semanas de Apostolado”.En la entrevista, Tovilla Madrigal afirmó que, el pasado 14 de junio, su hija asistió a una sesión sobre temas católicos impartidos en el marco de la campaña “Semana de Apostolado”, por seminaristas de la escuela Misioneros de Guadalupe.Añadió que la sesión se realizó en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la colonia Colinas del Oriente de esta ciudad. “Cuando ella llegó, no había otros niños, sólo un seminarista, Quino Velasco. Ella se quedó platicando un rato con él mientras llegaban los demás niños. Mi hija iba sola a la capilla porque está ubicada cerca de nuestra casa. Con engaños, la llevó a una casa de la misma colonia, donde él se hospedaba y donde abusó de mi hija”.Según el testimonio de la niña, al entrar a la vivienda, el seminarista la metió a la recámara, donde, dijo, tenía los regalos, la empezó a besar y acariciar y la acostó en la cama. “Yo no podía hablar ni gritar de tanto miedo que tenía”, señala la niña, según la cual el seminarista no la violó.En su testimonio ante el agente del Ministerio Público, Tovilla Madrigal narró:“Cuando regresé a la casa, mi hija estaba muy triste. Me dijo que nunca iba a volver a la iglesia porque hay gente muy mala y que jamás la volviera a dejar sola. Le pregunté que había pasado. Entonces, llamé al celular del padre Daniel Orantes Trujillo, encargado de la parroquia `Divino Niño Jesús`, quien es amigo de mi familia. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que lo quería matar; que lo iba a denunciar… El me dijo que no lo hiciera, que me esperara, que en media hora llegaría a mi casa”. Añadió que el padre Orantes Trujillo no se llegó a su casa, por lo que al día siguiente se presentó en la FGE, donde le pidieron que acudiera a la Fiscalía Especializada en Delitos de Abusos Sexuales. “Ahí no me atendieron porque era sábado. Al regresar el lunes siguiente, me dijeron que ya había pasado mucho tiempo y que no podían detener en ese momento al seminarista. Entonces, el sacerdote Daniel Orantes y otro, de nombre Jaime, fueron a ver Quino Velasco, al que le dijeron que huyera a la ciudad de México, donde se encuentra la sede del seminario. Le advirtieron que yo lo iba a meter a la cárcel”.

Prevé iniciativa penas más severas contra la explotación sexual infantil en Colimapedro zamora
Colima, Col., 26 de septiembre (apro).- La coordinadora estatal del Programa de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (Pannar), Pastora Leticia Ferráez Lepe, entregará en breve al Congreso local una iniciativa de reformas al Código Penal del estado que tipifica el delito de explotación sexual y castiga con mayor severidad a quienes incurran en este tipo de ilícitos.Ferráez Lepe, quien dijo que el proyecto de reformas se encuentra casi concluido, señaló que en la legislación penal del estado no existe siquiera el término prostitución infantil, “ya que se habla de prácticas contra las buenas costumbres, lo que genera recovecos legales que pueden facilitar la evasión de personas dedicadas a esas actividades criminales”.Explicó que este proyecto, elaborado por el DIF estatal con base en foros y seminarios y con asesoría de especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “propone mayores penas a los victimarios y más claridad en los procedimientos para evitar revictimizar a los niños, pues, por cuestiones burocráticas, muchas veces tienen que contar varias veces lo que les pasó, y se ha demostrado que el daño emocional que sufren puede ser irreversible”.Añadió: “Por ser una problemática tan compleja, se intenta que el trabajo sea lo más profesional y especializado posible, por lo que también se encuentra prevista la capacitación de agentes del Ministerio Público en esta materia, mediante un protocolo elaborado por la OIT”.De acuerdo con Pastora Ferráez, es difícil estimar el número de menores colimenses involucrados en el comercio sexual, pues si bien “el cálculo más confiable es el de las denuncias, no todos los casos son denunciados, por lo que lo que más nos preocupa es la falta de denuncias por parte de la ciudadanía. Se trata de un fenómeno oculto, pero tratamos que deje de serlo”.Indicó que, con el diagnóstico presentado ayer por el DIF estatal, se pretende “dimensionar, sopesar y aclarar qué pasa con estos adolescentes y niños, dónde están los riesgos, y otros factores que nos permitan implementar programas adecuados que den al clavo”.La titular del Pannar advirtió que, si bien la situación del comercio sexual de menores en Colima es “doméstica”, las condiciones de maltrato familiar, abuso y explotación, provocan que haya mayor facilidad para la entrada de redes criminales dedicadas a este negocio.Explicó que la perspectiva del DIF en la atención de este fenómeno, es fomentar la investigación, atender a las víctimas y hacer labores de prevención, a través de diversas acciones y actualización del marco jurídico.Señaló que hace más de año y medio se presentó una encuesta de opinión aplicada por la empresa local Proyecta en 2,200 hogares del estado, a fin de detectar puntos vulnerables sobre este fenómeno y dimensionar su existencia.“Ese estudio nos sirvió muchísimo. Nos permitió ir a trabajar a zonas vulnerables con campañas específicas, por ejemplo, con los taxistas, servidores públicos y operadores de servicios turísticos”, añadió.Y señaló que la investigación presentada recientemente, “es más avanzada, pues, al basarse en testimonios recogidos directamente de víctimas de explotación sexual, permite contar con los elementos necesarios para que los programas institucionales tengan gran posibilidad de éxito en nuestro estado”.Entre las acciones que se encuentran en puerta, la funcionaria mencionó la capacitación de 90 prestadores de servicios turísticos, como camareras, meseros y gente vinculada al servicio al turismo, con el fin de generar más aliados en la campaña contra ese fenómeno.Consideró que los programas de protección a la infancia deben realizarse desde un punto de vista integral porque, al tratarse de prostitución, pornografía, trata y explotación sexual en los ámbitos turísticos, son problemáticas “muy complejas y ocultas”.
Serán exonerados dos o tres militares del caso Castaños.soledad jarquín edgar
Monclova, Coah., 26 de septiembre (apro-cimac).- Dos o tres de los ocho militares procesados por la violación de 14 sexoservidoras, perpetrada en julio de 2006 en la zona de tolerancia de Castaños, serán exonerados por el juez Hiradier Huerta Rodríguez, quien el viernes o lunes próximos dará a conocer la sentencia.Así lo dejó entrever hoy la abogada coadyuvante del Ministerio Público, Sandra de Luna González, quien reveló que la causa de la probable exoneración obedece a que algunos de los acusados, actualmente presos en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, no fueron identificados de manera directa por sus víctimas.Sin embargo, explicó que espera que el juez reconsidere su actitud, sobre todo porque existen testimonios de otras agraviadas y de testigos que identificaron a los soldados que tomaron por asalto la zona de tolerancia de Castaños para agredir a policías municipales y violar a 14 mujeres.Admitió que existe el temor entre algunos sectores sociales y políticos en que se dé una “salida salomónica” a este caso, liberando a la mitad de los detenidos y castigando al otro tanto.Sin embargo, la abogada sostiene que para condenar a los encausados bastarían los testimonios aportados por quienes presenciaron tan lamentables actos de abuso de autoridad contra las trabajadoras de los salones El Pérsico y Las Playas, ubicados en la municipalidad de Castaños, en la carretera federal 57.Recordó que una de las agraviadas “se puso muy mal” al momento de hacer el reconocimiento de uno de sus dos agresores. Se trataba de Norberto González Estrada, identificado por una de las testigos, “lo que ya es prueba suficiente”.Un segundo agresor de esta víctima es Omar Alejandro Rangel Fuentes, a quien sí reconoció.Y en el caso de “Wendy” --una de las dos mujeres que se retractaron en marzo pasado, asegurando que no había sido violada, pese a sus declaraciones iniciales y las pruebas médicas y psicológicas que certificaron lo contrario--, logró señalar a uno de sus tres agresores: se trató de Juan José Gaytán Santiago.Otro más, Rosendo García Jiménez, está detenido y fue referido por otra de las testigos como “el hombre que abusó de su compañera (‘Wendy’)”, en tanto Bardomiano Hernández García, otro de sus agresores, se encuentra prófugo.Incluso señaló que, el 5 de agosto de 2006, “Wendy” realizó la identificación de Rosendo García entre las fotografías que envío la Procuraduría Militar para el reconocimiento de los probables responsables de las agresiones sexuales. Es decir, ella ya había identificado a Rosendo García como otro de sus agresores.En el caso de “Nubia”, la segunda de las agredidas que se retractó, estuvo frente al que había mencionado como su agresor, Norberto Carlos Francisco Vargas, pero no pudo sostener sus señalamientos posiblemente porque ya estaba siendo presionada para que se “echara para atrás”. A pesar de ello, dos mujeres más lo reconocieron como el militar que atacó a “Nubia”.Estos factores, explicó De Luna González, son los “temores” de algunos sectores sociales y políticos sobre una “salida salomónica” en la sentencia.“Para mí no hay vuelta de hoja: todos son responsables de las agresiones, incluyendo aquellos que no participaron de manera directa deberían ser castigados también por los delitos que habrían cometido durante la toma que hicieron en los salones de la zona de tolerancia de Castaños”.Sin embargo la abogada, directora del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi), confía en que habrá castigo para los soldados, lo demás “sería una decisión política y no de justicia plena”.