EN OAXACA APLICACION FACCIOSA DE LA LEY

Dictan nuevos cargos en contra de David Venegas el mismo día en que debía salir en libertad

Escrito por Sergio de Castro Sánchez
miércoles, 26 de septiembre de 2007

El pasado 20 de septiembre, como consecuencia de la falta de argumentos que dieran sustento al Recurso de Revisión del Amparo Federal contra el auto de formal prisión presentado contra David Venegas, éste debía haber salido en libertad. Sin embargo, una nueva maniobra del la justicia oaxaqueña impedirá de nuevo que Venegas salga de la cárcel, dado que Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros ha realizado una recalificación de los delitos relacionados con los acontecimientos del 25 de noviembre que se le imputaban en el auto de formal prisión dictado el 21 de abril de este año. Los nuevos cargos que se le imputan son: ataques a las vías generales de comunicación resistencia de particulares, rebelión, ataques peligrosos y delito cometido contra funcionarios públicos.
Según afirma la organización Nodo de Derechos Humanos (NODHO), que ha seguido el caso de Venegas desde su encarcelamiento, se trata de las mismas acusaciones que el juez federal consideró en su amparo como no probadas, pero con una denominación diferente: “Todas las imputaciones que se hacen a David Venegas se sustentan en los mismos hechos que el Juez de Distrito (federal) ya consideró como no demostrados y se usan exactamente las mismas pruebas para acusarlo, las cuales ya han sido señaladas como no probatorias de la probable responsabilidad de Venegas en los hechos ocurridos en la capital oaxaqueña el día 25 de noviembre de 2006”.

Para NODHO, este hecho se suma a la ya larga lista de irregularidades cometidas en contra de los derechos humanos y judiciales de Venegas que comenzó el mismo día de su detención. Así, por ejemplo, el Recurso de Revisión contra el Amparo Federal dictado en favor de Venegas, “apareció como interpuesto justo el día que se vencía el término legal para hacer valer este medio de impugnación, a pesar de que los familiares y la defensa de David Venegas se presentaron ese mismo día en el Juzgado referido para informarse sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo y se les comunicó que no se había interpuesto. Aunado a esta dudosa presentación del Recurso, el Ministerio Público ‘olvidó’ adjuntar tres juegos de los cinco de fotocopias que la Ley de Amparo exige para la presentación del mismo, siéndole concedido el 27 de junio, un plazo extra de tres días más para presentar las fotocopias. Finalmente y a pesar de lo anterior, el recurso se tuvo por interpuesto en tiempo y se admitió el día 7 de julio de 2007 e inclusive a pesar de que el recurso en sí era evidentemente improcedente al carecer de una expresión clara de los agravios que le causaba la sentencia de amparo al MP federal, requisito necesario para la procedencia del recurso y el cual contiene en su mayoría argumentos del MP para justificar el por qué sí era competente para promover el mismo.”

Para la organización de derechos humanos, “la consecuencia inmediata de la concesión y confirmación en revisión del amparo debió ser, obviamente, la inmediata liberación de David Venegas”. Ya añade que “se teme significativamente que el cumplimiento a estas sentencias no se efectúe, en virtud de que las autoridades del Estado de Oaxaca están haciendo un uso indebido de los procesos judiciales para mantenerlo preso ilegalmente, violentando infinidad de garantías individuales”.

Para su hermana, Natalia Venegas, su hermano no es más que un preso político: “el gobierno siempre se ha querido ver como el todo poderoso, al que le debes de obedecer por temor. Mi hermano jamás ha estado dispuesto a negociar su libertad y, lejos de eso, siempre ha seguido estando presente en la lucha”. Para NODHO “la investigación y los cargos penales (evidentemente falsos) que enfrenta David Venegas son carentes de fundamento y obedecen obviamente a motivos políticos”, todo lo cual se ha agravado, según Natalia Venegas, por la falta de predisposición de su hermano a negociar su libertad con los poderes gubernamentales.

Pide Cejil medidas cautelares paran miembros de Ong creada por Toledo

Denuncia que la activista Alma Soto y varios integrantes del Comité de Liberación 25 de Noviembre han sido amenazados
MÉXICO, D.F/APRO-CIMACEl Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió ayer al gobierno mexicano medidas cautelares en favor de la comunicóloga Alma Gómez Soto y otros miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, que han sido amenazados en varias ocasiones.El Comité de Liberación 25 de Noviembre fue creado, en diciembre del 2006, por el pintor Francisco Toledo para atender la situación jurídica de las personas detenidas durante la crisis social del año pasado en Oaxaca.El Cejil demandó también que se investiguen los hechos de intimidación en contra de Alma Soto y los demás miembros del Comité.Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano medidas cautelares en favor de cinco de los integrantes del Comité, entre ellos Alma Soto, por las reiteradas agresiones y actos de intimidación. El pasado 19 de septiembre, aproximadamente a las 14:45 horas, Alma Soto y la licenciada Pilar Noriega se dirigían al aeropuerto internacional de Oaxaca, donde la segunda abordaría un avión con destino a la Ciudad de México.A 200 metros de la gasolinera ubicada en el crucero del aeropuerto, una camioneta Pickup Chevrolet roja, con vidrios polarizados y placas RU33-191 se les emparejó y sus tres tripulantes, varones todos, las miraban insistentemente. Uno de ellos hablaba por teléfono mientras seguía observándolas.Ambas mujeres se percataron de que el engomado de la camioneta --RT24623-- no coincidía con las placas, por lo que suponen que iban sobrepuestas.La actitud de los desconocidos despertó la sospecha de ambas mujeres, quienes disminuyeron la velocidad del vehículo, inmediatamente ellos también desaceleraron, lo que aumentó la alarma de las activistas. Finalmente, a la altura de la gasolinera, los tres sujetos estacionaron la camioneta; 15 minutos después, cuando Alma Soto regresaba del aeropuerto a la ciudad de Oaxaca, se dio cuenta de que la unidad continuaba estacionada, "siempre en una actitud de vigilancia y los tres hombres adentro", pero ya no la siguieron.Días después, cuando regresó a su casa para comer, las vecinas le informaron a Alma Soto que minutos después de que saliera de su domicilio para llevar a sus hijos a la escuela -alrededor de las 7:35 horas--, vieron saltar del inmueble a un hombre joven, con chamarra negra.Durante la noche, los perros de su casa ladraron insistentemente, lo que le hace suponer que este individuo pasó parte de la madrugada merodeando por su casa y se introdujo en ella.Lo anterior, "nos causa alarma, pues no se robaron nada y pudieron ubicarse en la casa huellas del paso de este individuo dentro y fuera de ella", señaló el Cejil. Por estos hechos se presentará una denuncia penal.



EN CASO DEL NIÑO ULTRAJADO

Incurre Procuraduría en omisión y negligencia: Barra de Abogados

Exige arraigar a los responsables y señala el desinterés del procurador Evencio Ramírez Martínez
REYNALDO BRACAMONTESEn el caso del niño de educación preescolar del Instituto San Felipe, violado por sus maestros, la Procuraduría de Justicia del Estado, incurrió en omisión y negligencia, al no ordenar al Juez correspondiente, en el momento oportuno, el arraigo de los responsables, acusó ayer Juan José Meixueiro Orozco, presidente de la Barra Nacional de Abogados, delegación Oaxaca. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría de Justicia, desestimó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que tratándose de delitos sexuales, adquiere relevancia el dicho de la persona, es decir del ofendido, para considerar al inculpado como probable responsable del delito, ilustró.Acompañado de Leticia Valdés Martell, madre del pequeño de cinco años de edad, el también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Barra Nacional de Abogados, sostuvo que estas irregularidades son muestra viva de que Oaxaca cuenta con un sistema de justicia caduco, arcaico e inquisitorio, en contradicción a las exigencias de la sociedad oaxaqueña. Anotó que la Barra de Abogados, delegación Oaxaca, institución de asistencia jurídico social, coadyuva en este caso, a partir de hace diez días, una vez demostrado el desinterés de la Procuraduría de Justicia, a cargo de Evencio Ramírez Martínez, por ayudar a la víctima. Hicimos un estudio del estado que guarda esta indagatoria y nos topamos con graves anomalías por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Sexuales, a cargo de Aída Gómez Piñon, que incumplió con lo que establecen los artículos 49,50 y 51 de la de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado.Estos precisan que el Agente del Ministerio Público tiene la obligación de dar intervención a la Policía Ministerial, a partir del momento en que tenga conocimiento de un hecho delictivo e iniciar la averiguación previa correspondiente. Ello, para que la corporación se sujete a la investigación. En el caso de este menor ofendido, no se realizó ese procedimiento.La agente del Ministerio Público, únicamente integró a la averiguación previa las constancias que presenta la madre del menor ofendido y dos dictámenes periciales que el propio Ministerio Público ordenó, pero no existe investigación de la Policía ministerial. Por tratarse de un caso tan grave e indignante para la sociedad, en agravio de un niño, el representante social, en uso de las facultades que le concede el artículo 19 Bis del Código de Procedimientos Penales en el Estado, debió solicitar de inmediato a un juez penal el arraigo de los presuntos inculpados por un plazo de sesenta días.Así, los inculpados no tendrían posibilidades de evadirse y sustraerse de la acción de la justicia. La agente del Ministerio Público, María del Rosario Luján, en lugar de hacer uso de sus facultades, prefirió incurrir en omisión y negligencia, no obstante que ante la ley, es una institución de buena fe. Estamos ante un delito grave, si invocamos el artículo 248 del Código Penal, y con relación al 248 Bis, fracción tercera del mismo ordenamiento legal vigente en el estado.Meixuero Orozco, reforzó que se trata de un delito de violación agravado porque fue cometido por más de dos personas. El artículo 248 del mismo ordenamiento legal, establece que este ilícito se castiga con una penalidad de 10 a 20 años de prisión.Pero la pena se agrava, a partir del espíritu del artículo 248 fracción tercera, que claramente establece que se aumentara a una mitad del mínimo, a una mitad del máximo, cuando el delito fue cometido por una persona que tiene bajo su educación a la víctima.La averiguación lleva ocho meses estancada en la Procuraduría de Justicia del Estado, por los fuertes intereses existentes. La agente del Ministerio Público estaba obligada a solicitar ante la autoridad jurisdiccional, las ordenes de aprehensión correspondientes. En sus reflexiones, el dirigente de la Barra de Abogados, la representante social lanzó a la basura el criterio del máximo tribunal del país, que en los casos de delitos sexuales, claramente determina que basta y sobra con un indicio, para llegar a la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito. El juez tiene la obligación de conceder las órdenes de aprehensión y la policía ministerial de ejecutarlas para poner a los inculpados a disposición del Juez.Hizo notar que la fiscalía trabaja 24 horas y descansa 48. Es un problema de carácter administrativo interno, que nos hace perder mucho tiempo, por ello la protesta de la Barra de Abogados. Agregó que además de la negligencia en la incurre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Sexuales, su conducción es altamente burocrática en agravio de la sociedad. Es aberrante que en una Fiscalía donde conocen de delitos graves, la agente del Ministerio Público que lleva el caso, trabaja 24 horas y descansa 48 horas. En ese lapso de 48 horas, la averiguación previa "duerme", en franca contradicción a la Constitución Federal que dice que la justicia tiene que ser pronta y expedita.Desde el punto de vista administrativo, el agente del Ministerio Público entrante debe seguir conociendo de la averiguación previa que deja el turno anterior. Ello, porque el MP tiene un principio de indivisibilidad, que significa que el representante social es una sola ente, es una sola persona que tiene la obligación de conocer cualquier hecho delictivo.El presidente de la Barra Nacional de Abogados, agregó que a diferencia de lo que expresa la ley, la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Sexuales, solicitó a la parte agraviada para que llegaran a un arreglo económico con Yolanda León Ramírez, dueña del Instituto San Felipe, porque ya había agotado todas sus atribuciones. Argumentó en varias ocasiones que ya no tenía posibilidad de investigar este delito tan grave.Por otra parte, es indignante la actuación del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González, al no contribuir en la averiguación previa, aportando la identidad de los profesores de preescolar del Instituto San Felipe. Su actuación entorpece una indagatoria y es reprobable considerando que tiene bajo su responsabilidad la educación de los niños de Oaxaca.La Ley Estatal de Educación Pública claramente establece que el IEEPO tiene la obligación de solicitar las plantillas de personal académico y administrativo de las escuelas de Preescolar, a cargo de particulares, antes de la apertura del ciclo escolar. Si estas incumplen, el IEEPO no puede dar permiso para la apertura del ciclo escolar. La dirección del IEEPO alega que no cuenta con las plantillas de preescolar de esa institución, y eso nos lleva a pensar que se encuentra coludida o está encubriendo a los pederastas de ese centro escolar, sostuvo el dirigente de la Barra Nacional de Abogados, delegación Oaxaca.



Exige Congreso informe sobre caso de pederastia

Pide a la PGJE información sobre el avance de la investigación y al IEEPO revelar el profesorado de ese centro educativo
CÉSAR MORALES NIÑOA propuesta de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) Marlene Aldeco Reyes, la representación del Congreso del Estado -durante los periodos de receso- pedirá a la Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que informe a los representantes populares porqué no se ha dado el trámite correspondiente a la averiguación previa de este supuesto delito de violación en contra de un menor.De acuerdo con la madre de la víctima, Leticia Valdés Martell, desde hace ocho meses se encuentra "estancada" la averiguación previa 191/DS/2007, además que el expediente fue "mutilado", porque le arrancaron varias hojas en donde se encontraba la identidad de los agresores, realizada por el menor de cinco años que sufrió el ataque sexual.Por otra parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) acusó Valdés Martell se ha negado a presentar la plantilla con fotografía de los profesores que laboran en el Instituto San Felipe, para que sean plenamente identificados y se agregue como prueba en la averiguación previa.Al respecto, la diputación permanente también acordó solicitar a la autoridad educativa que exhiba la relación del profesorado de la institución, para que sean plenamente identificados los agresores del menor.Por su parte, la diputada local del PAN Lilia Hernández López condenó que la responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Aída Piñón, haya propuesto a los familiares llegar a un arreglo económico con la institución educativa involucrada en lugar de procurar justicia como es su responsabilidad, por lo que consideró necesaria su inminente salida de la institución."Esa instancia está mezclando el apetito económico con el propósito de la misma, esta situación es una burla para la sociedad oaxaqueña, para las familias, máxime que se trata de un menor indefenso, de un ser humano que ha sufrido daños físicos y psicológicos", asentó la representante popular.Por lo que, sostuvo que este caso, que conmociona a la sociedad, no puede quedar impune, es por eso que las diputadas de acción nacional exigen que a la averiguación previa 191/DS/2007 se le dé el trámite pronto y expedito y se realice una investigación acuciosa del caso con el carácter de urgente y se sancione a los responsables de este delito, por lo que estarán vigilantes del curso que sigan las investigaciones y la actuación de las autoridades de la PGJE.