LA GUERRA SUCIA, EL PASADO QUE NO MUERE

Guerra sucia, crímenes de estado.

Con el apoyo de las fuerzas institucionales y sus órganos de inteligencia, el gobierno federal aplastó físicamente a la disidencia radical de izquierda durante la llamada Guerra Sucia. En este episodio se pueden mencionar casos sin resolver como el de los hermanos Corral García, asesinados por la DFS aun cuando el gobierno federal negó, durante décadas, estar involucrado en sus desapariciones

Mauricio Laguna

Un informe “desclasificado” del Archivo General de la Nación (AGN), elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado el 30 de enero de 1974 (clave interna H-235), firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, su entonces director, señala cómo, en las actividades antiguerrilla, la Policía Judicial Federal detuvo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a dos importantes miembros de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S): Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres.
Se menciona que les decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros al ser detenidos y que fueron trasladados a la ciudad de México para ser interrogados. En las instalaciones de la DFS, Salvador Corral declaró tener 27 años, ser originario de Los Corrales, municipio de Tepehuanes, Durango; dijo tener estudios de hasta primer año de medicina en la UNAM y también afirmó que, desde 1967, tenía contacto con núcleos guerrilleros, y que, al momento de su detención, era miembro de la dirección nacional de la organización clandestina mencionada.
Por su parte, Olivares Torres, “El Sebas”, dijo tener 29 años, ser originario de Torreón, Coahuila, licenciado en economía y no contar con ocupación ni domicilio fijo. Afirmó ser miembro del buró político de la dirección de la coordinadora nacional de la LC23S y dijo ser responsable de dicha coordinadora en Jalisco desde su fundación.
En su declaración, Corral García reconoce haber participado en diferentes comandos guerrilleros para asaltar bancos y oficinas empresariales; que durante 1972 y parte de 1973 vivió en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Chihuahua y Durango, “reclutando y politizando a nuevos miembros para la organización”.
En la información se destaca el hecho de que el 10 de octubre de 1973 un comando de la Liga secuestró en Guadalajara al cónsul honorario británico, Anthony Duncan Willians, y al empresario Fernando Aranguren Castillo. Entonces el gobierno mexicano rechazó negociar con la Liga y ésta liberó al diplomático inglés pero decidió ejecutar a Castillo.
En otro oficio de la DFS, con número 00032, fechado el 22 de octubre de 1973, se indica que Salvador era buscado para su detención por estar relacionado con la tentativa de secuestro y homicidio del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada y sus dos acompañantes, el 17 de septiembre de ese mismo año en la ciudad de Monterrey.
El expediente 80-57-73 del Fondo Documental (DFS del AGN) proporciona la media filiación de Salvador Corral: 26 años, 1 metro 67 centímetros de altura, pelo castaño semi-quebrado y abundante, mentón agudo, medio jorobado o de espaldas cargadas. Camina de forma peculiar porque tiene los pies planos y mueve mucho los brazos al caminar.
El día 7 de febrero de 1974, los periódicos La Prensa, Tribuna de Monterrey y El Porvenir, daban cuenta en sus ocho columnas que el hombre muerto, hallado en las calles Ribera del río Santa Catarina y Valeria de la colonia Fuentes del Valle (cerca de la casa de la familia Garza Sada), el pasado día 4, podría ser Salvador Corral García.
La hipótesis de la policía se basó en la identificación de fotografías que fueron mostradas a Monico Rentería Medina, Gustavo Hirales Morán y Elías Orozco Salazar, correligionarios del occiso y presos en el penal de Topo Chico, en Monterrey. El l4 de febrero del mismo año fue encontrado el cuerpo de Olivares Torres, en Guadalajara, Jalisco, cerca de la casa de la familia del empresario Aranguren Castillo.
El informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en su versión de 2006, apunta que Salvador y José Ignacio fueron “brutalmente torturados en el Campo Militar número 1: les introducen clavos al rojo vivo en las rodillas y los atormentan hasta arrebatarles la vida”.
Solo por parentesco
Otro reporte de la DFS, fechado el 10 de marzo de 1976 y firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, precisa que dos días antes había sido detenido en la ciudad de Puebla “un individuo que, acompañado de una mujer y de otro sujeto, se encontraba en actitud sospechosa frente a la sucursal del Banco Nacional de México, los cuales al huir dispararon en contra de la policía, lográndose la captura de uno de ellos quien fue trasladado a la ciudad de México y puesto a disposición de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal e interrogado por agentes de la DFS”.
El documento subraya que “el individuo resulto ser José de Jesús Corral García, miembro de la LC23S, hermano de Salvador y Luis Miguel, ambos dirigentes de ese grupo subversivo, muertos en 1974 y 1977 respectivamente”.
Sobre esta persona cabe destacar que la recién desintegrada Femospp había solicitado dos veces en 2005 orden de aprehensión en contra del capitán Luis de la Barreda, como presunto responsable de la desaparición forzada de José de Jesús Corral García, en 1976, en Puebla.
La solicitud del Ministerio Público Federal, procedió en el juzgado 12 de distrito, a cargo de Juan José Olvera López, y se precisaba que en este hecho está involucrado el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
Informes de Amnistía Internacional indican que el 8 de marzo de 1976 Corral García, fisicomatemático y profesor de la Universidad de Sonora, fue secuestrado en Puebla por la policía judicial estatal bajo acusaciones de planear el atraco a un banco y desarrollar actividades “ideológicas subversivas”.
Según los informes oficiales, Jesús Corral recibió cuidados médicos en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en Puebla, por heridas que indicaban que había sufrido torturas antes de ser conducido a la jefatura de la policía judicial estatal.
El 9 de marzo de 1976 fue trasladado a la ciudad de México y presentado ante la prensa. El día 10 habría sido llevado al Campo Militar número 1, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
El Piojo Blanco
El expediente de la DFS, registro H-235, con fecha del 24 de junio de 1977, señala que, “el día de hoy, a las 17 horas, en la esquina que forman las calles de Eugenia y Doctor Vértiz, colonia Narvarte, agentes de la Federal de Seguridad y de la Brigada Especial, sostuvieron un enfrentamiento con miembros de la LC23S, donde resultaron muertos dos de los principales dirigentes del Comité Nacional del mismo, Luis Miguel Corral García, alias “Joel, el Maestroca o Piojo Blanco” y otro sujeto que se conoce con los seudónimos de “el Güero Militaroso, Mario o Roque”, quien después se ubicó como Manuel Amarillas Palafox.
Sin embargo, los informes de la LC23S indican que Luis Miguel y Manuel fueron detenidos cuando se encontraban en la casa de seguridad donde se refugiaban y en ese lugar intercambiaron disparos contra agentes de la Brigada Blanca.
Documentos de la DFS, describen a Luis Miguel como dirigente nacional del grupo guerrillero mencionado; fue alumno regular del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, en la carrera de Ingeniero Industrial (matrícula 62763), de 27 años aproximadamente, “pero representa 33, ya que tiene arrugas pronunciadas en la cara, orejas prominentes, usa lentes al parecer por necesidad, bigote tupido, patilla y no se parece en la actualidad a la fotografía que se tiene de él”.
En lo que se refiere a la personalidad de este personaje se describe que fuma con exageración, es excesivamente delgado, de un metro 80 centímetros de altura. También se dice que su aspecto corresponde al de un maestro rural y que muestra un marcado temor en el desarrollo de actos delictuosos y es muy precavido en ellos.
Justicia por el pasado
Durante años se negó de forma oficial que en el pasado reciente de México existió una Guerra Sucia o guerra oculta (1965-1983) contra grupos de oposición; en particular, contra los movimientos armados de izquierda, que sufrieron en su militancia situaciones consideradas de lesa humanidad – desaparición forzada, homicidio y tortura – cometidas por las policías políticas mexicanas.
Hoy, “los documentos desclasificados de esas agrupaciones permiten ubicar con nombre y apellido a los probables responsables”, afirma el ex guerrillero de la LC23S, José Luis Moreno Borbolla. Asimismo, considera que en los dos últimos meses ha vuelto a ser noticia tanto la extinta Femospp como el exfiscal, Ignacio Carrillo Prieto, quien pretende buscar culpables por la falta de resultados en su encomienda para dar con los responsables de los delitos del pasado.
Para José Luis Borbolla y Alberto López Limón, exintegrantes de la Comisión Histórica de la Femospp, Carillo Prieto tiene un “desfase temporal” al hacer la denuncia de los obstáculos que tuvo que enfrentar en su labor como fiscal. La denuncia no fue hecha en el tiempo que Prieto estuvo al frente de la fiscalía, cuando era necesaria para llevar la encomienda de justicia y verdad que han demandado los familiares de las victimas de la Guerra Sucia desde la década de 1960.
En la revista Proceso, Carillo Prieto asegura que al haber llevado al expresidente Luis Echeverría Álvarez a testificar con relación a la masacre del 2 de octubre y la matanza del 10 de junio, justifica la existencia y el actuar de la fiscalía. Pero para José Luís Borbolla y Alberto López Limón, el fiscal “se olvidó mencionar que esa institución gastó 300 millones de pesos del erario nacional para llevar a compadecer a tan ilustre represor. No cabe duda que la justicia es bastante cara en México”.
López Limón y Borbolla Moreno coinciden en que si tomamos en cuenta que a lo largo de los cinco años de existencia de la fiscalía se llevaron a cabo 20 averiguaciones previas sin resultados de ningún tipo, los resultados de esa fiscalía son insignificantes. Concluyen que la Femospp, no aportó ningún resultado tangible a las demandas de los familiares de desaparecidos políticos y, si sirvió de algo, como en Guerrero, fue como un elemento de desunión y conflicto entre las organizaciones de los familiares y victimas de la Guerra Sucia.


Democracia verde olivo

Abel Barrera*
A pesar de la herida abierta por las centenas de luchadores sociales que fueron torturados, muertos y desaparecidos en la noche negra de guerra sucia en Guerrero, por parte del Ejército Mexicano, el Ejecutivo federal se empeña en profundizar los daños causados por esta confrontación política, al reivindicar y defender al Ejército como el único poder antidemocrático que puede brindar seguridad y protección al nuevo gobierno. Es lamentable que el poder civil tenga que encontrar su fuerza y legitimidad en el poder militar y desde esta trinchera quiera dar lecciones de democracia a una ciudadanía que ha sido defraudada en las urnas y traicionada por las políticas privatizadoras y represivas de los nuevos gobiernos neoliberales.
El Ejército, que ha sido sacado de los cuarteles para confrontarse con la sociedad, aparece a los ojos de la población como una fuerza de ocupación que limita las garantías individuales y pone bajo sospecha al pueblo que se organiza. En los hechos, el Ejército está suplantando a la autoridad civil en las estrategias contra el crimen organizado. Desde su óptica militarista releva a las corporaciones policiacas para hacer demostraciones de fuerza con el fin de aparentar, en los medios de comunicación, una guerra sin cuartel contra el narcotráfico. Por desgracia los resultados ponen en entredicho la eficacia de sus acciones y quedan en evidencia los altos niveles de infiltración y corrupción que se han anidado en sus estructuras de mando.
La población rural ha registrado, a lo largo de los años, la crueldad de los operativos militares, sobre en todo en regiones catalogadas como focos rojos a causa de la emergencia de movimientos sociales que resisten las políticas privatizadoras y que, desde la óptica militar, se trata de brazos civiles de los grupos armados. En esta lógica conspirativa, los operativos militares en las serranías devienen en retenes donde obligan a las familias a identificarse, a decir la razón de su viaje, su origen y destino, su ocupación y la propiedad del vehículo. Esta práctica se generalizó desde 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ha venido extendiéndose a lo largo y ancho del país con los diferentes programas de combate al narcotráfico, que no son otra cosa que un proceso de militarización que considera al ciudadano como enemigo al que hay que interpelar, confrontar o destruir. No es gratuito que los operativos militares tengan como resultados agresiones físicas, violaciones sexuales y muertes de mujeres y niños, como ha sucedido en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Sinaloa.
Al Ejército se le involucró en los operativos policiacos a través de las Brigadas de Operación Mixta (BOM), para aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al mismo tiempo realizar trabajos de investigación, contención y represión contra los grupos insurgentes y las organizaciones sociales independientes. En estos operativos el Ejército trató de mantenerse al margen de las revisiones a los viajeros y se definía únicamente como fuerza de apoyo para enfrentar cualquier contingencia.

Posteriormente el gobierno creó el programa México Seguro, donde el Ejército asumió el control de los operativos policiacos y se integró –con elementos castrenses– la Policía Federal Preventiva. Todos sabemos que estos operativos fueron ante todo un recurso mediático del presidente Fox, y no tanto una estrategia seria orientada a contener el crecimiento de los cárteles de la droga, los cuales, paradójicamente, cuando el presidente llegó a Tijuana a declararle la guerra a los barones de la droga, estos demostraron que ya se encontraban apertrechados en todo el país.
Con el nuevo gobierno federal se crea el programa Operación Conjunta, la carta de presentación del presidente Felipe Calderón: una maniobra mediática orientada a demostrar fuerza y decisión. Dio inicio en Michoacán, su tierra natal, para extenderse a Guerrero, Sinaloa y Baja California con el fin de desmantelar la capacidad instalada y el sicariato creado por la economía criminal del narcotráfico.
Por más que se ha querido vender la estrategia -tanto al exterior como entre los connacionales-, hemos constatado graves inconsistencias en la manera de operar del Ejército Mexicano. Se ha invertido más en la propaganda de este programa sin evaluar en su justa dimensión los resultados tangibles en los lugares donde el narcotráfico funciona como otro Estado, que tiene sus propios mandos, leyes, controles territoriales, tecnología de punta, sicarios, suficiente armamento, equipo de inteligencia, poder económico y capacidad de cooptación hacia las fuerzas del orden, sagacidad para poder infiltrarse en el sistema federal y estatal de justicia y una gran visión para la negociación política.

La democracia electoral, que ha abierto las puertas a los partidos políticos para que nos representen, se ha transformado en un proceso que polariza la vida política de nuestro país a causa de los grandes intereses creados al interior de los grupos políticos coludidos con el gran capital y el crimen organizado. La transición democrática sigue dejando fuera a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la distribución del presupuesto público. En el plano nacional se vive un desencuentro entre gobierno y sociedad por la falta de representación y legitimidad de las autoridades y por su empecinamiento al imponer un modelo de desarrollo contrario a los intereses y aspiraciones de la población empobrecida de México.
El cambio democrático no se ha traducido en un cambio profundo en la manera de ejercer el poder, en las formas elementales para relacionarse con los ciudadanos, ni ha sido un cambio de rumbo que reivindique las causas y la memoria de quienes ofrendaron su vida para dignificar la lucha de los olvidados. El cambio va a contracorriente de los movimientos sociales de México. Los intereses de clase prefiguran un escenario de desgate y confrontación política por falta de espacios para el dialogo y la concertación.
El síntoma más grave es que la democracia neoliberal se ha vestido de verde olivo en este nuevo sexenio. El gobierno federal ha tenido que utilizar al Ejército para poder posicionarse en el plano nacional e internacional, utilizando los temas de la seguridad pública y la narcoviolencia como las banderas de la lucha por la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones.
El uso de la fuerza del Ejército para emprender un combate frontal contra la delincuencia organizada pone en alto riesgo la convivencia pacífica entre los pueblos y los mismos procesos democráticos que avanzan en las regiones marginadas de nuestro país. Cuando el Ejército daña a la población se genera una descomposición social y un rompimiento de las estructuras comunitarias que le cuesta mucho a los pueblos reencauzar su caminar, resarcir los daños causados, amainar el dolor y emprender la marcha por el sendero de la justicia. Los pueblos indígenas y campesinos han tenido que cargar con el estigma de insurrectos y revoltosos con el fin avieso de desmovilizarlos y acallar sus demandas.

A pesar de las múltiples provocaciones provenientes de los cuerpos de seguridad y del mismo Ejército, los pueblos indígenas y campesinos le han apostado a una lucha de resistencia dentro de los marcos legales y pacíficos.
En Guerrero los pueblos han abierto múltiples caminos para poder resistir las amenazas externas de las transnacionales y del mismo narcotráfico que tienen las intenciones de ponerle precio a la tierra, al agua, al bosque, al aire, y hasta la vida de los campesinos. Esta tendencia privatizadora ha obligado al gobierno federal a utilizar al Ejército como un instrumento de control, desmovilización y represión contra los pueblos que se revelan ante las amenazas de los megaproyectos que buscan desplazarlos y expulsarlos de sus territorios. El Ejército, en tiempos del neoliberalismo, ha sido preparado por el imperio estadunidense para emprender la guerra contra los pobres simulando una guerra contra el narcotráfico y la economía criminal, que forma parte del círculo perverso del negocio de la violencia y la muerte de las mayorías empobrecidas.

El espionaje de Inteligencia Militar

Informe de la Sedena admite realizar trabajo de inteligencia para espiar a los integrantes de La Otra Campaña, movimiento social que, a pesar de declararse civil y pacífico, es considerado por las fuerzas castrenses como “una expresión detractora del Estado mexicano”

Nancy Flores

Una camioneta dodge color blanco, sin placas y con una pequeña imagen del Che estampada en el medallón, fue identificada por activistas sociales como el vehículo del “espía” de inteligencia militar, encargado de documentar las actividades de la primera etapa del recorrido de La Otra Campaña.
La pick up, conducida por un hombre moreno y joven, coleaba la karavana de automóviles que acompañaron al subcomandante insurgente Marcos en su recorrido por las 32 entidades de México, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2006.
Su posición se ubicó detrás de cuatro de las nueve camionetas desplegadas por la Policía Federal Preventiva, para “garantizar” la “seguridad” de los caminantes. Este mismo lugar ocupó la van color dorado, sin placas, que también se relacionó con la Sedena y que en octubre pasado transitó Nayarit y Sinaloa, al reanudarse la andanza encabezada por el subcomandante insurgente Marcos.
Los activistas reconocieron un tercer vehículo –ford focus color rojo–, como el transporte de los “agentes” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El medallón de éste lucía el “águila mocha”, símbolo inventado por la administración de Vicente Fox.
Los señalamientos sobre el espionaje no fueron errados: la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, facultada para realizar labores de inteligencia, sí da puntual seguimiento a los 67 organismos políticos, 218 agrupaciones sociales, 128 organizaciones indígenas, 596 colectivos y 2 mil 441 personas a título individual, activistas e intelectuales cercanos a Marcos, que suscriben la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y forman parte de La Otra Campaña.

A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advierte que, al ser una “dependencia responsable de la seguridad del Estado”, sí realiza “acciones” para el seguimiento de lo que califica como “expresiones detractoras del Estado mexicano”.
De acuerdo con el análisis hecho por la Sedena de los informes, documentos, fichas, tarjetas informativas, material gráfico y videográfico, generado por su propio personal durante la primera etapa del recorrido, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene por objetivo debilitar a las instituciones. Según la autoridad castrense, “las actividades que el EZLN realiza en el marco de La Otra Campaña se encaminan a ese propósito”.
Por dicho motivo, el asunto es considerado como de Seguridad Nacional, y con ese argumento la Sedena mantiene en reserva por 12 años el seguimiento documental de ese movimiento civil y pacífico, y los análisis derivados de éste.
Los riesgos que observa la dependencia encabezada por Guillermo Galván Galván –considerado como el brazo derecho de Felipe Calderón y de quien depende la legitimidad de la administración federal– son los enunciados en el artículo 51de la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con dicho precepto legal, la publicidad de las informaciones podría revelar normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional. Estos análisis también podrían derivar en la actualización o potenciación de una amenaza.
Ello, a pesar del pacifismo que divulga La Otra Campaña. Al describir esta lucha, el subcomandante Marcos dijo en noviembre pasado: “No estoy hablando de un levantamiento armado, de ponerse el pasamontañas y tomar las armas. Estoy hablando de un levantamiento pacífico, no de irse a otro lado y luchar cada quien en su lugar para transformar esto en todas partes, pero apoyándonos unos con otros”.
Sin embargo, la Sedena no sólo realiza sino que justifica las labores de inteligencia y espionaje en contra de los integrantes de este movimiento. “Las acciones que las dependencias responsables de la seguridad del Estado realicen para el seguimiento de expresiones detractoras del Estado mexicano, están sustentadas en la Constitución y legislación vigente”.


Criminalizar la lucha social

Además del espionaje del que son sujetos, los movimientos sociales suelen ser criminalizados y reprimidos, tal como ocurrió con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), autodenominados como el “Séptimo Batallón de Infantería del EZLN”.
El 3 y 4 de mayo de 2006, dicha movilización fue reprimida en San Salvador Atenco, en lo que ya se considera una acción de “contrainsurgencia” directa en contra de La Otra Campaña.
En esta misma línea y a diferencia de las sentencias dictadas a los narcotraficantes, que van entre los 10 y 15 años de prisión, los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, fueron condenados a 67 años y seis meses de reclusión, por el supuesto delito de secuestro equiparado.

José Luis Piñeyro, maestro en Sociología y experto en Seguridad Nacional, explica que con los cambios en el Código Penal aumenta la posibilidad de criminalizar la lucha social en México.
“Con la reforma del Código Penal, sobre todo en donde dice que todos aquellos que recurran a la violencia para tratar de que una autoridad cambie su decisión, estamos ante una situación potencial en la que se puede criminalizar fácilmente la protesta social.”

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco, indica que los movimientos sociales pretenden que la autoridad municipal, estatal o federal modifique sus políticas, con respecto al problema del financiamiento al campo, mayores créditos para el sector lechero, etcétera.
“Es evidente que las manifestaciones sociales tratan de influir en las decisiones de los funcionarios públicos. Entonces, decir que se recurra a la violencia, pude ser sencillamente una manifestación multitudinaria, un cierre de carreteras o la toma del edificio de una secretaría de Estado, para que les resuelvan sus demandas.”
Y es que las reformas encaminadas a prevenir y sancionar el terrorismo y su financiamiento, aprobadas por el Senado el pasado 26 de abril, criminalizan la protesta social y posibilitan que luchadores sociales sean acusados de terroristas.
Según admitieron algunos legisladores, la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal –que considera como actividades terroristas todas aquellas que atenten contra la Seguridad Nacional o presionen a las autoridades para que tomen una determinación– contraviene los derechos políticos de los mexicanos.

La sanción que se prevé es de seis a 40 años de prisión y hasta mil 200 días de multa, “sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.


Represión de los movimientos

Otro de los mecanismos para desarticular la lucha social, aunado al espionaje y a la criminalización, es la represión. Al respecto, el doctor en Sociología, Guillermo Garduño, dice que “el Ejército, en un momento determinado y cuando solamente se asume como una fuerza que está a disposición de lo que señale el Ejecutivo, definitivamente está sometida a esos errores”.
Agrega que “si se equivoca el Ejecutivo, el Ejército también se está equivocando. En un momento determinado el Ejecutivo puede decir: ‘Yo no me equivoqué; se equivocó el Ejército’; y entonces tendremos un problema extremadamente fuerte, que redefiniría muchísimas de las relaciones entre el Ejecutivo y el ámbito militar. Eso es algo de lo que tenemos que estar concientes”.

El investigador universitario descarta, en el corto plazo, una represión del Ejército contra líderes y movimientos sociales. “En lo inmediato no, porque eso se hizo en el pasado. En todos los casos de movimientos sociales pasados reprimidos, indudablemente el Ejército participó: contra maestros, ferrocarrileros; desde 1929 hasta Gustavo Díaz Ordaz. El Ejército es el elemento que participa activamente; pero así le fue. Él quedó contemplado como si por motu proprio hubiera actuado, lo cual no es así”.
El académico señala que las represiones contra movimientos sociales ocurren porque son órdenes presidenciales, y que “el responsable es el Ejército. Éste es un riesgo terrible para el futuro inmediato”.

Luego de 45 mil kilómetros recorridos a lo largo del país, el delegado Zero de la Comisión Sexta del EZLN prometió: “Llegó la hora, como hace 100 años y como hace 200 años. Tenemos que levantarnos de nuevo, acabar con todos los gobernantes, todos: desde el más pequeño hasta el más grande”.


Plan Colombia para méxico
El gobierno federal fortalece sus programas de seguridad para controlar la creciente conflictividad social; esta estrategia incluye el Plan México, negociado entre el presidente Calderón y el gobierno de Estados Unidos para combatir supuestamente al crimen organizado.
Nydia Egremy
Ante el incremento de los índices de pobreza y marginación, ocasionado por el declive económico, el gobierno federal responde aumentando la influencia de organismos de seguridad propios y extranjeros.
Se pretende ampliar el control político-militar de la creciente inconformidad social en México, conforme al esquema previsto hace décadas para el país y América Latina por analistas de seguridad estadounidense que, además, admitían que el combate contra el narcotráfico podría utilizarse contra la insurgencia.
El actual modelo económico profundiza el despojo, no sólo del salario y del bienestar de millones de mexicanos, sino de los recursos naturales y del espacio. En ese marco se insertan la represión en Acteal, Chiapas, y la APPO en Oaxaca, así como las recientes reformas al artículo 139 del Código Penal Federal para combatir al terrorismo, el intento de derogar la Ley de Neutralidad y la creación por decreto del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) este cuerpo especial, bajo mando del Ejecutivo, “coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden”. Sus unidades estarán adiestradas en manejo de “situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho”.
Tal como ha ocurrido en Colombia, bajo la cobertura de combate al narcotráfico se monta una estrategia de lucha contra la población y las guerrillas. El Plan Colombia, articulado por Estados Unidos, fue un fracaso que se reeditará como el Plan México contra la delincuencia organizada. Mucha asistencia militar a cambio del control de la disidencia.
En el fondo de esta situación está un sistema económico que se resquebraja. La política que hizo crisis en el gobierno de Ernesto Zedillo es la misma que cruje en 2007.
John Saxe Fernández, académico y coordinador del programa México en el siglo XXI de la UNAM, dice que el esquema económico actual “agrede brutalmente, con los programas de ajuste estructural, a la clase campesina, sobre todo a los indígenas, a los pequeños productores y a la pequeña y mediana industria”.
El investigador hace una similitud entre Zedillo y Calderón, y la forma en que ambos enfrentan los problemas financieros y económicos recurriendo al Ejército.
“Apenas llegó Zedillo a la Presidencia, su primera medida fue montar una gran ofensiva militar. Llegó muy debilitado al poder, pues era producto del manejo electoral que hizo un usurpador como Carlos Salinas”.

Para Estados Unidos siempre ha sido importante tener en México a un presidente débil, “porque Calderón, como Salinas, también es producto de una usurpación militar”, describe Saxe.
Con Zedillo se hizo el primer reclutamiento de los cuerpos paramilitares en el norte de Chiapas y luego hubo grandes operativos de vigilancia e interdicción de droga. Fue entonces cuando surgieron los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes) y al mismo tiempo se incrementaron las transferencias de equipo y servicios militares de Estados Unidos a México.
Entre 1994 y 1995 aumentó la asesoría militar de kaibiles guatemaltecos y miembros de la ex dictadura argentina al Ejército Mexicano para combatir la rebelión zapatista. En este sentido, Saxe destaca que esas armas y entrenamiento son perfectamente funcionales a las tareas de contrainsurgencia.
“Insisto en la importancia de comprender que el narcotráfico es una cubierta para operativos de contrainsurgencia”.


Pobreza, problema militar

Hoy como hace 20 años, cuando estalló la crisis de la deuda externa en el país, y como hace una década cuando el zapatismo fustigó la firma del Tratado de Libre Comercio, resurgen las fuerzas especiales con la misión de controlar la protesta social.
“Ellos están conscientes de que la política económica genera problemas de seguridad y se convierte en un problema militar”, apunta Saxe, experto también en el impacto de la globalización.
Para Gian Carlo Delgado, doctor en Economía Ecológica por la Universidad de Barcelona, “bajo la cubierta de que se combate al narcotráfico, se permite a la nueva legislación categorizar a cualquier disidencia como ‘terrorista’. Como en Colombia, donde los equipos que entrenaron a las fuerzas armadas también formaron a los paramilitares, ahora centran su mirada en el Plan D-N II, el plan de seguridad interior para México”. Sólo una vez el gobierno recurrió a ese plan, en 1994, para combatir al EZLN.
Para ambos analistas la militarización contiene las protestas sociales. Así también lo previó en 1995 el coronel Warren D. Hall III, miembro del equipo del general Warren Mc Caffrey, ex jefe del Comando Sur estadounidense y más tarde responsable de la oficina antidroga en la administración Clinton, en una misiva a su superior:
“Es poco realista esperar que los militares limiten el uso del equipo y operaciones contra los narcotraficantes, a la luz de las habilidades que les transmiten las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en su adiestramiento, para misiones de contrainsurgencia”.
Saxe considera que el escenario actual constituye un “estado de excepción de facto que ahora quieren hacer de jure por medio de esta transformación penal, en donde la lucha contra el narcotráfico sirve al objetivo de criminalizar la disidencia política”.
En ese contexto se explica la premura para aprobar las reformas al Código Penal en el Senado de la República el 27 de abril pasado. El objetivo ulterior era rendir cuentas a los legisladores estadounidenses de esas modificaciones, que para grupos defensores de los derechos humanos equiparan la protesta social y política con actividades terroristas.
El 2 de mayo pasado, reunidos en Washington, los líderes parlamentarios del PAN, Santiago Creel; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, llevaron a sus homólogos de Estados Unidos el aval de que México cumplió esa reforma legal para consagrarla en la agenda bilateral que se celebrará el 8 y 9 de junio próximo en Austin, Texas.
Los temas prioritarios para Estados Unidos en esa reunión interparlamentaria son: lucha común contra el terrorismo, combate a la delincuencia organizada y migración. Exactamente los asuntos sobre los que ya funciona el estado de excepción en México.


Guerra global de clases

El vínculo entre el flujo de inversiones y la seguridad, también es un aspecto fundamental para los gobiernos, como lo demuestra la ASPAN. En una dinámica “perversa”, el gobierno maneja la variable de “garantizar la seguridad en la frontera” estadounidense y, de manera similar, “garantizar las inversiones extranjeras”.
Así lo afirma la propuesta que lanzó el Instituto Mexicano para la Competitividad, destinada a avalar a las multinacionales que sus inversiones en el país serán respaldadas por el gobierno.
Delgado Ramos recuerda que cuando Calderón firmó el memorándum de compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para recibir los fondos de infraestructura, afirmó: “La fortaleza del país se refleja en que sí tenemos capacidad para recibir esos préstamos”.
Es decir, sintetiza Delgado, “ellos están pensando: protejamos la inversión extranjera y de los grandes capitales nacionales (Slim, Azcárraga, Salinas Pliego) y protejamos la seguridad de Estados Unidos. ¿Y la del pueblo? Para eso están las medidas que se vienen aplicando desde 1984”.
Eliminar toda disidencia, como ocurrió tras la rebelión zapatista en Chiapas. Riordan Roett, encargado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad John Hopkins, emitió un memorándum secreto que explicaba la necesidad de “liquidar a los zapatistas, pues sólo así, el gobierno de Ernesto Zedillo podría reflejar al mundo y a la población que estaba en control del país”.
Roett no hablaba como académico, sino como asesor del Chase Manhattan Bank y del Foro Económico Mundial. Más tarde, sería consultor del Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA.
El escenario que él planteó tiene plena vigencia, cuando el segundo gobierno del partido Acción Nacional pretende combatir al narcotráfico desplegando al Ejército en municipios con mayoría indígena y de alta marginación, justo cuando las cifras oficiales apuntan al incremento en la pobreza de millones de mexicanos.
En 2007 millones de mexicanos padecen la contención salarial, la liberación de precios y la apertura unilateral a los productos extranjeros, el escenario económico agrede a la clase campesina mexicana, y se caracteriza por lo que Saxe Fernández llama “un ataque sistemático al aparato productivo, que no genera empleo, desarrollo ni crecimiento y que el economista estadounidense Jeff Faux percibe como una verdadera guerra global de clases (the global crash)”.


Armas contra inconformidad

Al operar el esquema de apertura y desregulación, con Zedillo estalló el esquema económico y el aparato financiero, que ya estaba en situación difícil y no pudo sostenerse más. De ahí el “rescate” de Clinton, sin la aprobación del Congreso estadounidense.
Para Saxe y Delgado, el presidente demócrata vaticinaba que el rescate resultaría en una mayor explosividad social en México y en consecuencia, el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos.
En consecuencia, se adoptaron mecanismos de militarización sistemática en la frontera, que con George W. Bush se intensificaron, como el llamado “REX 94”, destinado a acondicionar bases militares ya sin uso, como gigantescos campos de detención de migrantes mexicanos.
El vínculo entre el creciente malestar social generado por los recientes gobiernos mexicanos y la influencia de la doctrina militar estadounidense en el país, se observa al examinar la evolución en el comportamiento de las adquisiciones mexicanas de equipo, armamento y apoyo militar a aquel país.
Datos de la Federación Americana de Científicos (FAS), que reúne a varios premios Nobel, muestran que entre 1984 y 1993, México adquirió 10 veces más armas que lo que acumulativamente compró entre 1950 y 1983.
Saxe Fernández revela que se trata de equipo ligero. “No para un Ejército cuya misión es la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales estratégicos y la estabilidad del país. Se trata de un equipo destinado a librar una verdadera guerra de las Fuerzas Armadas dentro de México, de cara al malestar creciente generado por la política económica”, sostiene.
Entre 1982 y 1990, la transferencia de equipo militar y de servicios militares del Departamento de Defensa a México, comprendida la adquisición de excedentes y la participación en programas de adiestramiento militar, fue mayor que la registrada en los 30 años previos. Por ejemplo, las ventas de armamento y equipo, entre 1950 y 1978, sumaron casi 30 millones de dólares. En contraste, entre 1982 y 1990, cuando los programas de ajuste estructural erosionaban la economía doméstica, Estados Unidos transfirió a México, “ayuda militar” por 500 millones de dólares. De 94 helicópteros que se tenían al comenzar 1994, al entrar en vigor el TLCAN, se adquirieron nuevos helicópteros Bell y Blackhawk.
Además, Estados Unidos transfirió a México 7 mil blindados Hummer para transporte de tropas y 78 helicópteros más, 74 aviones de ala fija, mil 615 ametralladoras, así como 3 mil 300 lanzadores de llamas “para incinerar a la gente”, explica Saxe; 360 mil granadas y 266 pinzones eléctricos “para interrogatorio, es decir para tortura”.
Un año después, en 1995, William J. Perry, secretario de Defensa estadounidense, expresó en México la posibilidad de llevar a cabo maniobras conjuntas para extender el programa International Military Education and Training (IMET), con un costo de 500 mil a un millón de dólares. El general, especialista en materia prima estratégica, promovía así su doctrina del “Tercer Vínculo”, es decir, una relación más estrecha entre el aparato militar mexicano y el de su país.
Esto dio origen al llamado Plan Chiapas 1994, elaborado por la Sedena, con varios objetivos: acelerar la creación de grupos paramilitares, neutralizar” a los zapatistas, censurar a los medios de comunicación y, finalmente, controlar los efectos negativos generados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Fue entonces cuando se montó la estrategia de guerra de baja intensidad, con el aparato de inteligencia de Estados Unidos totalmente involucrado. Esto favoreció el ingreso al país de mercenarios para adiestrar a las policías y tuvo como resultado la represión a los altermundistas en Guadalajara.
Diez años después, el gobierno estadounidense reeditó esa misma estrategia, cuando lanzó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN), en marzo de 2005, un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, que es un dispositivo de seguridad detrás del TLCAN, y que entró en vigor sin la aprobación de los Congresos de los tres países.
En Banff, la reunión con el título “Integración Energética”, asistieron asesores de Felipe Calderón, ya como presidente electo, como Juan Camilo Muriño, miembros de la cúpula empresarial mexicana, el ex secretario Pedro Aspe y un delegado del gobernador de Michoacán.
De acuerdo con Michel Chossudovsky, académico de la Universidad de Ottawa, y especialista en problemas de globalización, en esa ocasión participó de manera destacada Ronald Rumsfeld, a la sazón secretario de Defensa de Estados Unidos, a quien acompañaron representantes de empresarios del petróleo y sus cabilderos, como la Chevron y Suncor Energy, así como de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Advierten los especialistas que si la agenda aprobada en Banff buscó mantenerse lejos de los reflectores, igual ocurrirá en la reunión que se celebrará próximamente en Calgary, Canadá, y cuya temática lleva como título: “La continentalización de los recursos naturales”.
“En el fondo, se intenta moldear a las legislaciones nacionales para que faciliten programas de inversión sobre recursos estratégicos: agua y petróleo”, reitera Delgado Ramos, quien apunta el riesgo de que el gobierno federal considere al agua como cuestión de seguridad nacional.


Militares aterrorizan la frontera sur

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Desapariciones “extrañas”, robos, extorsiones y vejaciones de emigrantes en la frontera sur del país, atribuidas a militares, siguen impunes, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hace cómplice al omitir investigar las denuncias y pronunciarse al respecto.
Frontera Sur, Chiapas. Amparados en el incondicional respaldo público que ha hecho el presidente de la República, militares asignados a la región de la frontera de México con Guatemala, en Chiapas, incurren en extorsiones, robos, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en agravio de emigrantes centroamericanos que intentan cruzar territorio mexicano con destino a Estados Unidos.
Las denuncias contra las fuerzas castrenses han sido remitidas al mismo presidente Felipe Calderón, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, sin tener hasta ahora respuesta alguna.
El Limbo
A las 3:15 de la tarde del 21 de febrero de 2005, siete hondureños que viajaban rumbo a Tapachula, a bordo de una camioneta combi, en el municipio fronterizo de Suchiate, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano.
Los soldados, asignados al retén militar de Puente Cahocán, Ciudad Hidalgo, los retuvieron ilegalmente durante tres horas y les exigieron dinero. Como los indocumentados se negaron a entregarlo fueron golpeados y obligados a bajarse los pantalones, y al esculcarlos les encontraron 90 pesos que traían escondidos en los genitales.
Tras el hurto, los militares impusieron una condición para dejarlos seguir su camino: que una de las dos mujeres que viajaba en el grupo se quedara con ellos. Maritza Bayres, de 24 años de edad, quedó retenida aquella tarde por siete soldados que tripulaban el vehículo Hummer número 0904170. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Ese mismo día el resto de los hondureños pernoctó en el Albergue Belén, en la ciudad de Tapachula, y allí reportaron al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM) la detención de Maritza.
Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del CDHFM, dice que ninguno de los emigrantes era familiar de la joven hondureña, así que los datos que proporcionaron sobre su origen o el de su familia fueron apenas los mismos que ella les comentó durante los días de viaje, que compartieron desde la frontera de Honduras hasta que ingresaron a México.
El CDHFM presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para exigir a los elementos castrenses informar sobre el paradero de la hondureña.
Los abogados del Centro Fray Matías solicitaron informes en la estación migratoria de Tapachula, y mediante el oficio drchis/scm/250/05 el Instituto Nacional de Migracón (INM) respondió que Maritza no fue entregada ni deportada por autoridades de esa dependencia.
La CNDH abrió el expediente 2005/1840/CHIS/5/Q sobre esa desaparición; sin embargo, en más de dos años las indagatorias no han avanzado. Lo más preocupante es que la Sedena señaló que para proceder en contra de sus elementos espera la resolución que sobre el caso dé la CNDH.
Fermina Rodríguez dice que, como defensores de los derechos humanos y testigos de los abusos contra los emigrantes por parte del Ejército Mexicano en la frontera sur, esperan no sólo un pronunciamiento enérgico del organismo que dirige José Luis Soberanes, sino que los militares expliquen el paradero de Maritza.
Para los altos mandos castrenses, la desaparición de la joven centroamericana Maritza no es un caso ajeno; incluso llegó hasta el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, y el procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo Robles-Gil, actual director de Justicia Militar, revela.
Un documento emitido por el subprocurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez.
En el oficio DH-42824/1338, el subprocurador de Justicia Militar señala que “por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional y disposición del general de Brigada de Justicia Militar y procurador, la postura de la Sedena al respecto es que el personal militar no reportó haber detenido en la citada fecha a emigrante alguno”.
En respuesta a la denuncia del CDHFM, el 29 de diciembre de 2006 el general López Benítez indica que, dado que la CNDH “ya tiene conocimiento de los hechos”, lo procedente es que “acuda ante la Comisión Nacional para que le informen de las acciones que se hayan realizado para dar con el paradero de Maritza Bayres, y esté pendiente de la resolución a que arribe el ombusman nacional sobre el particular”.
Han pasado más de 24 meses desde que la CNDH dio entrada al caso y las indagatorias están empantanadas.
El consulado de Honduras en Tapachula informa que junto con el CDHFM han intentado contactar a los familiares de Maritza para notificarles de su desaparición en territorio mexicano.
El cónsul de Honduras, José Armando Pineda, reclama que el organismo que dirige José Luis Soberanes no les ha proporcionado información del estado que guardan las investigaciones. Lo peor, dice el diplomático, es que los militares que participaron en la desaparición de Bayres permanecen impunes.
El Purgatorio
A orillas del río Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 8 de enero de 2007 los emigrantes hondureños, Oscar David Hernández, Raúl Coto y Luis Fernández, fueron interceptados por cuatro elementos del Ejército Mexicano, quienes les exigieron el dinero que traían consigo.
Tras la negativa a entregarles el dinero, uno de los militares de nombre Pedro Ordóñez –a quien los emigrantes identificaron por la placa número 1143 que tenía sujeta al uniforme–, revisó los bolsillos de Oscar David y extrajo 500 pesos, y le ordenó entrar a un baño improvisado a orillas del Suchiate, en donde catean a quienes cruzan la frontera sur a nado o en balsas.
Oscar describe como “trigueño, chaparro, un poco gordo y con cabello negro” a Pedro Ordóñez, y narra los momentos que vivió en lo que describe como una sala de tortura:
“En el baño me señaló que me desvistiera, después introdujo su dedo en mi recto para buscarme más dinero, terminó de revisarme. Cuando me estaba vistiendo, llegó otro soldado, blanco, fornido, de estatura regular, cabello negro, y le preguntó a Pedro Ordóñez si había encontrado algo. Éste le dijo que no, por lo que el soldado le dijo que me volviera a revisar, ¡yo le supliqué que ya no!, pero me amenazó con introducir en mi ano el rifle que portaba”.
El siguiente en entrar de manera forzada al “baño” fue Raúl Coto, a quien también desvistieron y revisaron entre las piernas, en el ano, debajo de los testículos y el pene. De la revisión corporal extrajeron 400 pesos. Tocó el turno a Luis Fernández, a quien también Pedro Ordóñez sometió a las mismas vejaciones para robarle 600 pesos.
En su denuncia ante la Quinta Visitaduría General de la CNDH, los hondureños relatan que ese día no sólo ellos fueron víctimas de los militares en el retén de Ciudad Hidalgo, sino que otros dos militares -a los que no pudieron identificar- revisaban de la misma forma a otro grupo de centroamericanos.
El Infierno
En diciembre pasado José Elías González Montoya y su sobrina Antonia Cecilia González salieron del Departamento de Cuscatlán, al sur de El Salvador, rumbo a Estados Unidos, con la idea de trabajar para pagar el viaje de sus respectivos cónyuges, Ana Rubia Martínez y Mario Ernesto López, y para que los cuatro sostuvieran a toda la familia que dejaban en el país centroamericano.
José Elías y Antonia cruzaron la frontera de México en los primeros días de enero y llegaron a la ciudad de Arriaga para tomar el ferrocarril Chiapas Mayab. Allí se recrudeció su calvario, pues los salvadoreños ya habían sido víctimas de asaltos, extorsiones y vejaciones por parte de policías municipales y de tránsito.
Durante uno de los operativos “Frontera Sur Segura” del gobierno federal, a través del INM, la Agencia Federal de Investigaciones y la PFP, la joven de 18 años de edad fue bañada con gas lacrimógeno, pero ni ella ni su acompañante fueron capturados por la migra mexicana. Temerosos, sin dinero y sin haber podido subir al tren, echaron a andar rumbo a la carretera costera, reflexionando si era mejor volver a su tierra.
Cuando emprendían el camino de regreso, el 17 de enero, en la colonia Viva México, en las orillas de Tapachula, fueron asaltados por pandilleros de la zona. Antonia fue violada y José Elías, al entrar en su defensa, resultó herido con machete en la cabeza y los brazos. Estuvo a punto de perder los miembros y fue hospitalizado en esa ciudad, donde permaneció las siguientes semanas.
Antonia comunicó a la familia lo sucedido y acordaron que su esposo Mario Ernesto López y su tía Ana Rubia Martínez pedirían prestado a sus vecinos para poder llegar a Tapachula y visitarlos en el hospital, hasta que José Elías pudiera regresar a su tierra.
Ana Rubia y Mario Ernesto cruzaron la frontera por el puente internacional de Tecún-Umán, Ciudad Hidalgo, a las cuatro de la tarde del miércoles 24 de enero. Pasaron las oficinas de migración mexicanas y unos metros más adelante los detuvieron siete elementos del Ejército Mexicano, uno de ellos armado.
Ana recuerda al militar que les marcó el alto: moreno, de 1.60 metros de estatura, la cara cubierta con marcas de acné, cabello corto peinado hacia adelante y de unos 20 a 24 años de edad.
Les pidió su identificación y que acreditaran su estancia legal en el país. Mario intentó extraer de su ropa interior la cédula de identidad, antes de que la sacara el soldado lo cateo y luego, dirigiéndose a ambos, les solicitó una dádiva a cambio de dejarlos libres. Se negaron, pero finalmente les robaron 50 de 70 dólares americanos que portaban.
Mientras cuatro militares le sacaban el dinero a Mario, el resto se llevó a Ana hacia los matorrales. Le ordenaron desvestirse. Sintió las callosas manos sobre su cuerpo, entre las piernas y los genitales, le dijeron que buscaban más dinero.
Cuando la “revisión” concluyó, la llevaron junto a Mario y les advirtieron que no denunciaran porque les iría peor, pues “sabían de dónde veníamos. Nos buscarían. Y que eran militares y el gobierno los protegía”.
Llegaron hasta el albergue El Buen Pastor, en Tapachula, en donde pidieron asilo; presentaron su denuncia ante el CDHFM y luego a la CNDH.
En su denuncia, Mario Ernesto señaló que en donde los detuvieron había cámaras de seguridad, por lo que podría ser un elemento para identificar a los soldados que participaron en las agresiones.
La complicidad
Aunque en algunos de estos tres casos, como el de Maritza, podría estar en riesgo la integridad de la víctima, la CNDH no ha dado resolución alguna.
El cónsul de El Salvador, Nelson Miguel Cuellar Hernández, lamenta el desinterés del gobierno mexicano de corregir las prácticas de sus funcionarios respecto de los abusos que cometen contra los emigrantes en la frontera sur.
El diplomático explica que el consulado da seguimiento a la denuncias contra los elementos del Ejército, pero lamenta que las autoridades en México no resuelvan este tipo de arbitrariedades. Lo más grave, dice, es que mientras las indagatorias permanecen estancadas, los militares siguen incurriendo en las mismas prácticas.
Sobre los abusos de los que fueron víctimas Ana y Mario, el cónsul dice indignado que “no deja de molestarse uno; queremos que caiga el peso de la ley y que la ley sea pareja. No nos gusta que en México se confunde al emigrante con delincuente. Los cónsules decimos: el emigrante no es un delincuente, es una persona en busca de oportunidades, de poder sobrevivir. Esa familia de salvadoreños salió llena de ilusiones y se encontraron con abusos por todas partes, y cuando los detienen, finalmente se vuelven retraídos o muy violentos”.
Tibiezas de la CNDH
El Foro Migraciones, la red nacional integrada por más de 40 organizaciones civiles, académicos, activistas sociales y de derechos humanos que trabajan en defensa de los emigrantes, ha puesto de relieve que México es una mala copia de los abusos que se comenten en Estados Unidos en contra de connacionales que ingresan ilegalmente.
En una encuesta aplicada por el CDHFM a los 300 emigrantes del Albergue Belén, el 30 por ciento de ellos dijo haber sido víctima de extorsión de los militares en la frontera.
Al respecto, el sacerdote Heiman Vázquez Medina, fundador y director de un albergue para emigrantes en Arriaga, denuncia que más del 80 por ciento de los centroamericanos que piden asilo señalan que en la frontera de Ciudad Hidalgo los militares los roban o extorsionan para dejarlos seguir su camino.
Sin embargo, pocos son los que denuncian los abusos de los militares por dilación en los procesos, intimidación de autoridades o porque los emigrantes prefieren callar que verse involucrados en un proceso judicial en un país ajeno.
En los pocos casos que se denuncian, la CNDH no ha estado a la altura de las circunstancias, y aunque cuenta con una Comisión Regional en Chiapas no ha resuelto un solo asunto que involucre a las fuerzas castrenses.
En entrevista, el titular de la Quinta Visitaduría General, Mauricio Farah, justifica que para la CNDH en las denuncias de los hondureños Oscar Hernández, Raúl Coto y Luis Fernández; y de Mario Ernesto López y Ana Rubia, “no hubo elementos qué investigar”, basándose únicamente en el dicho de la Sedena de que sus elementos no incurrieron en los abusos contra los emigrantes, y desestimando incluso los propios testimonios, en donde se identificó a uno de los militares.
Para el caso de Bayres, el funcionario dice que aunque el área a su cargo recibió la denuncia, él la envió a la Primera Visitaduría General, “en la que se llevan los casos de personas presuntamente extraviadas”.
Así, el respaldo que el Ejecutivo da a las fuerzas armadas desde inicios del sexenio es también la nueva política de la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que para las organizaciones no gubernamentales es preocupante, pues estiman que pese a todas las denuncias contra los miembros del Ejército, difícilmente procederán.
Peor aún, el discurso del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Florencio Salazar, quien pese a haber recibido también las denuncias que involucran a militares en abusos contra emigrantes ha reconocido la participación de policías estatales y delincuentes comunes en estos agravios.
Al respecto, Fermina Rodríguez señala: “esperamos que la Comisión se pronuncie de manera enérgica en cuanto a estos abusos y que el Ejército Mexicano responda por las denuncias que están surgiendo. Además, esperamos el retiro de la militarización en Chiapas: es algo muy grave que estamos viviendo en el estado”.
Se solicitó una entrevista con el procurador de Justicia Militar pero no hubo respuesta.
Justificados en el programa “de seguridad” de Felipe Calderón para la frontera de México y Guatemala, los destacamentos y retenes proliferan a lo largo de la franja fronteriza, pero, al amparo del poder, los propios militares han construido una verdadera red de corrupción, extorsión y abuso de autoridad contra los emigrantes que osan cruzar por la frontera del sur.
En la carretera de la Costa hay cuatro retenes, los campamentos más grandes están a orillas del río Suchiate, a la altura de Ciudad Hidalgo, en la carretera internacional, y en Tonalá, además de las patrullas móviles; todas identificadas por los emigrantes como “El Purgatorio”, en donde se paga cara la culpa de ser un “sin papeles”.