LA "REFORMA FISCAL" CONSECUENCIA DEL CONTUBERNIO.

Denuncia el PRD intento de albazo en la reforma fiscal
PRI, PAN y SHCP concluyeron anoche ocho dictámenes
Buscan dar discrecionalidad a la secretaría en el manejo de recursos
ENRIQUE MéNDEZ Y ROBERTO GARDUñO
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y funcionarios de la SHCP culminaron anoche la elaboración de los ocho dictámenes de reforma fiscal que el priísta Jorge Estefan Chidiac entregará a los coordinadores parlamentarios para su revisión y posterior votación con objeto de enviarlos al pleno camaral.
En medio de esa intervención gubernamental permitida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el de la Revolución Democrática (PRD) denunció un intento de albazo de la mancuerna PRI-PAN, que pretendían ayer otorgar discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda en el manejo de los recursos destinados a las entidades federativas, cuya atribución correspondería al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Juan Guerra Ochoa, encargado de la negociación fiscal por el PRD, se percató de la intentona del presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, quien omitió las propuestas de fortalecer al INEGI para federalizar sus actividades con datos confiables a la hora de asignar las participaciones y aportaciones provenientes del gobierno federal.
“Esto es el primer albazo del PRI y del PAN, porque nos quieren meter un dictamen que no garantiza equidad para los estados y por el contrario perjudica las inversiones y programas locales.”
–¿Quién pretendió sorprender con el albazo?
–Fue Jorge Estefan Chidiac, quién más. El PRD ha propuesto hacer modificaciones a la ley del INEGI para dar certeza a esa institución y su vínculo con las entidades federativas; sin embargo, Estefan la presentó sin ninguna modificación, y deja en la indefensión a los estados.
Y es que el PRD puso sobre la mesa de la negociación fiscal un cambio sustancial al Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía en su artículo 59:
“Elaborar anualmente los datos oficiales de las entidades federativas y municipales: finanzas públicas, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, transferencias, disponibilidades por cuenta de terceros y en general las contribuciones propias de las entidades federativas y de los municipios. Indicadores socioeconómicos: PIB estatal y los datos referentes a las políticas sociales y económicas estatales y municipales, y los datos requeridos en la Ley de Coordinación Fiscal, para el reparto de las participaciones y de las aportaciones federales en los términos de la ley de referencia.”
Con la evidencia presentada por Juan Guerra, el coordinador de la bancada del PRD, Javier González Garza, advirtió que no se permitirá la fractura de los acuerdos. “Es asunto de la Comisión de Hacienda y lo único que queremos es que no haya madruguetes de ningún tipo, porque es una negociación larga, complicada, y vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ver”.
Mientras tanto, la Comisión de Hacienda se prepara para aprobar este jueves el paquete de dictámenes de reforma fiscal en donde se destaca la contribución empresarial a tasa única (CETU), que se fijaría en 18 por ciento, con la salvedad de cambiarla de nombre.
La CETU se llamará impuesto de tasa única (ITU) y será una ley transitoria y a prueba durante dos años para conocer su efectividad en el combate a la evasión y elusión tributaria derivada de los regímenes especiales que tiene la ley del impuesto sobre la renta (ISR).
Además, se presentará el impuesto contra la informalidad (ICI), que también cambiará de nombre a impuesto para depósitos en efectivo (IDE), con una tasa fiscal de dos por ciento y el monto se elevará de 20 mil a 25 mil pesos para ser sujeto de dicho gravamen.
Se presentará una modificación fiscal para gravar las operaciones que impliquen la cesión del control o poder de mando de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
Baja en tarifas eléctricas
Jorge Estefan Chidiac subrayó por otra parte que se discutirá un predictamen donde se establece en las tarifas eléctricas una baja de 30 por ciento para el consumo en horas pico, con lo que se trataría de compensar la eventual aprobación del incremento de 5.5 por ciento a la gasolina.
Para diputados del PAN, la negociación entre su coordinador, Héctor Larios Córdova, y el priísta Emilio Gamboa Patrón, que resultó en la propuesta de aumento a las gasolinas y el diesel, cuyo costo político será asumido por Acción Nacional, continuó representando un conflicto. El tono del reclamo a Larios contrastó con el pragmatismo que asumen ya los panistas: “Pues sí, podremos estar muy en contra de esa medida que es impopular, pero si conviene al Presidente y nos dicen que lo hagamos, votamos en favor de ella”.
Un documento que también será discutido es la propuesta del PRI para estructurar el fondo de hidrocarburos –elaborado por José Antonio Godina y Sebastián Lerdo de Tejada–, mismo que se integraría con dos por ciento de la recaudación petrolera y se crearía una bolsa de recursos para apoyar a los estados con actividades de extracción y producción de combustibles.
De inmediato, el grupo parlamentario del PRD respondió a la propuesta de Godina-Lerdo de Tejada. Juan Guerra Ochoa envió una nota a Jorge Estefan:
“Es una evidente maniobra para fortalecer a los gobernadores de las entidades involucradas, particularmente Tabasco, Veracruz y Campeche. En virtud de la débil capacidad de vigilancia de los congresos locales, los mandatarios tendrían mayores recursos para manejar discrecionalmente. De poner esto en práctica se reproduciría a nivel estatal el centralismo en el manejo de las finanzas públicas. El colmo es eliminar la asignación directa a los municipios que hoy ya la reciben.
“Una consecuencia muy posible de lo anterior sería que, en función de las necesidades políticas del gobernador correspondiente, los beneficiarios podrían ser municipios donde no hay actividad petrolera. Por ejemplo, enVeracruz a lo sumo en una veintena de los 212 municipios hay extracción, exportación o transformación de hidrocarburos. Con esta propuesta nada obliga a que sean los municipios petroleros los beneficiarios del fondo”, concluye.


El aumento a la gasolina generará mayor inflación: Guillermo Ortiz

Afectará los costos del transporte y producirá presiones de incremento salarial, advierte
Preocupa al gobernador del Banco de México la propuesta panista para gravar con 5.5 por ciento el combustible
ROBERTO GONZáLEZ AMADOR

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, expresó este miércoles “preocupación” ante la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de cobrar un nuevo impuesto de 5.5 por ciento al consumo de gasolina. Dijo que el gravamen, de ser autorizado en el Congreso, tendrá una repercusión negativa en la inflación al afectar los costos del transporte y generar presiones de mayor incremento salarial.
Ortiz Martínez explicó que la aplicación de un nuevo impuesto al consumo de gasolina, como lo propone el partido en el gobierno, tiene “impactos directos e indirectos” sobre el comportamiento de la inflación. Los primeros están relacionados con el efecto inmediato del mayor precio, sin embargo, apuntó, no son los más relevantes.
“A mí me preocupan los impactos indirectos porque eso puede afectar, obviamente de manera negativa, las percepciones inflacionarias hacia delante”, declaró Ortiz después de asistir a la conferencia Innovaciones financieras en el mercado privado de pensiones, impartida en el auditorio del Banco de México por el profesor Eytan Sheshinski, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
En el proceso de negociación parlamentaria de la reforma fiscal, iniciativa presentada por el gobierno hace más de dos meses, el PAN propuso aplicar un impuesto de 5.5 por ciento al consumo de gasolina, planteamiento que no ha sido rechazado por la fracción del Partido Revolucionario Institucional, aunque sí por el de la Revolución Democrática. Los recursos captados por este impuesto, que castigaría directamente a los consumidores, serían transferidos a los gobiernos de los estados.
El 20 de junio de 2007, cuando el Ejecutivo dio a conocer la propuesta de reforma fiscal, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, manifestó que el objetivo del gobierno era que quienes no pagan impuestos o se sirven del marco legal para eludir sus obligaciones, se vieran forzados a contribuir al fisco.
Ortiz manifestó ayer que la propuesta panista de aplicar el impuesto a la gasolina, de prosperar, “puede contaminar la formación de precios”, incidir en un aumento de presiones salariales y en el costo del transporte público.
El conjunto de genéricos que integran el rubro de transporte contribuye con 13.4 de los 100 puntos que conforman el índice nacional de precios al consumidor (INPC), indicador que mide el comportamiento de la inflación. De hecho, su peso ahí es mayor que el de los genéricos relacionados con el gasto en educación, que contribuyen con 11.5 puntos.
En particular, la gasolina de bajo octanaje tiene un peso de 3.19 puntos en el índice de 100 puntos, mientras que la gasolina de alto octanaje alcanza una ponderación de 0.46 por ciento.
El gobernador del banco central manifestó que el eventual nuevo impuesto “es decisión del Congreso que respetamos” pero, afirmó, “no podemos dejar de mencionar que esto sí tiene un impacto inflacionario, que éste tiene dos componentes, uno directo y otro indirecto, y que los efectos indirectos pueden ser nocivos en la medida en que permeen y que afecten negativamente expectativas”.
En el mismo foro, Alberto Youngs, director en México de la firma de calificación de valores Moody’s, dijo que la propuesta de reforma fiscal, tal como se perfila en el Congreso, es demasiado parcial, pues no resuelve el problema de la insuficiencia de recursos fiscales. Se queda corta y no tendrá mayor impacto en la economía del país, agregó.
Youngs declaró que la calificación de la deuda soberana de México, actualmente en grado de inversión, no se verá afectada por el resultado de la negociación sobre la reforma fiscal en el Congreso, debido a la solidez de la economía.
Destacó que, con lo conocido hasta ahora sobre la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la reforma fiscal se quedará corta frente a la necesidad que tiene el Estado de elevar los recursos fiscales disponibles.

De suplemento “Letras” de la Jornada:

Alerta ante un posible retroceso en la educación laicaLa educación laica es un derecho constitucional que garantiza que las personas puedan elegir libremente en qué creer o no creer, sin presiones ni condicionamientos y con el mayor nivel posible de información. Ésta es fundamental porque genera los cimientos para la convivencia humana basada en la libertad de conciencia y el consecuente respeto de muchas otras libertades modernas, como la libertad de expresión, de cátedra, de pensamiento y principalmente de creencias y de culto.1 Sin embargo la educación laica en México se ha visto amenazada por diversos fundamentalismos que pretenden imponer verdades absolutas ante los derechos y la vida de las personas. Basta recurrir a la memoria histórica para dar algunos ejemplos: En los años treinta, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se opuso a la educación sexual, a la educación laica y a la educación mixta de niños y niñas. En 1974, los grupos derechistas organizaron quemas públicas de libros en ciudades como Monterrey, San Luis Potosí y Aguascalientes. Como resultado de esta presión ejercida en alianza entre la UNPF y la jerarquía católica, en la segunda edición del libro de Ciencias Naturales para secundaria, entregada para el ciclo escolar 1975-1976, los dibujos donde un niño y una niña aparecían desnudos tuvieron que ser cubiertos con trajes de baño.En 1998, la SEP incluyó el nuevo material de educación sexual en los libros de quinto grado, lo cual provocó nuevamente la inconformidad de la UNPF y propusieron que la materia fuera optativa. Por su parte, el entonces secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Educación, Edmundo Morales, consideró “inapropiado” incorporar esos contenidos “en un sector que difícilmente podría entender la educación sexual aunque les resultara atractivo por su edad”. Nuevamente, al inicio de este ciclo escolar 2007-2008, presenciamos el intento de incorporar argumentos basados en principios religiosos en las políticas públicas educativas: tal es el caso de la Coalición para la Participación Social en Educación (Copase), que intenta frenar la distribución y el uso de los libros de texto Ciencias I y Biología de nivel secundaria, arguyendo que son tendenciosos y deficientes al promover el inicio temprano de la actividad sexual. Tales afirmaciones han sido objetadas por estudios científicos de la Family Health International Network que demuestran que el conocimiento y la información hacen que las y los jóvenes retarden el inicio de sus relaciones sexuales. Ante embates de esta naturaleza es necesario que el gobierno esté alerta para no permitir que se vulnere el Estado laico. Al mismo tiempo debe continuar un proceso de laicización que permita eliminar los resquicios religiosos que todavía intentan influir en la vida política, jurídica, educativa y cultural para adoptar argumentos cívicos secularizados, independientemente de las creencias de cada persona.Por ello es importante promover una Educación Sexual Integral (ESI) que permita a las jóvenes y los jóvenes contar con una gama de opciones en el ejercicio de su sexualidad que les permita tomar decisiones asertivas. Los fundamentos básicos de esta educación deben ser: a) Una explicación científica de la sexualidad: que comprende las dimensiones biológica, social y psicológica de la sexualidad. b) La perspectiva de género: herramienta para comprender y explicar cómo las diferencias sexuales devienen en desigualdades sociales. c) Los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos: es preciso distinguir el conocimiento y ejercicio de la sexualidad como un derecho.d) El fortalecimiento de la dimensión ética de la sexualidad en los jóvenes nutrida de dos principios centrales: Libertad y Responsabilidad, Libertad para decidir y Responsabilidad para ejercer.Intentar frenar la distribución de los libros de texto es violar el derecho humano de las y los jóvenes al acceso de una información amplia, veraz y oportuna. Cabe mencionar que dichos libros cuentan con el aval de las comunidades científica y académica, así como de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la cual los ha revisado y ha dado su apoyo a la iniciativa de mejorar los contenidos de acuerdo con bases científicas y éticas que beneficien a la comunidad estudiantil. Las sociedades democráticas deben salvaguardar la educación laica por encima de las creencias religiosas.