Criminalizar la protesta social, el pan de cada día
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión.
Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno
Blanche Petrich /II
Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.
Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.
El fracaso de la política
En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagonizó uno de los procesos de disidencia más significativos de los últimos años. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, según definió el líder zapoteco Joel Aquino, “la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la última gran batalla contra el sistema autoritario”. Pero no fue.
En el momento más crítico del proceso se entabló un diálogo para una salida política. Pero otra negociación paralela y secreta, al más alto nivel de la política, decidió salvar al cuestionado gobernador oaxaqueño a cambio de poder concretar la imposición del panista Felipe Calderón en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pacífica se derrumbó. Las armas y los toletes, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública –hoy procurador general–, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.
La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa María Coyotepec y Santa Lucía del Camino, el 27 de octubre del año pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese día fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Después vinieron el avance de la PFP hacia el zócalo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Además fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.
A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades médicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los indígenas no tuvieron acceso a intérpretes, el Estado se desistió de la mayoría de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.
El primero, integrante de la dirección de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les internó en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupación de la radio y televisión del gobierno estatal –delito por el cual acaban de recibir un amparo–, privación ilegal de la libertad y robo a dos policías, sedición, asociación delictuosa y daños por incendio. Su defensa alega que todos “son delitos fabricados”.
Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades indígenas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agustín Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarización de la región en 1996, que no alcanzaron la amnistía decretada por el ex gobernador José Murat por tener en su expediente causas del orden federal.
Para describir el panorama de la represión en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. “Donde quiera que haya organización, protesta, defensa de los derechos humanos, movilización o bloqueo de caminos hay represión, arrestos irregulares y órdenes de aprehensión”. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatlán, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa… todos han sufrido persecución”.
Así, los pueblos me’pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlatónoc para exigir un camino rural y mejoría en las condiciones de educación en su lengua. En consecuencia, su líder Cándido Félix está preso y cuatro más tienen órdenes de aprehensión. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Matías han sido presos y están libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once más tienen órdenes de aprehensión. Lo mismo ocurrió con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestación de Petatlán y la construcción de la presa La Parota han pasado por la cárcel. El episodio más reciente fue el arresto –y posterior liberación– de Cirino Plácido, fundador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán.
Atenco y la libertad debida
Eugenia Gutiérrez*
Hay silencios que aturden, pero el que guardan los gobiernos en México ante reportes de violencia institucional alcanza ya un volumen escandaloso. En junio de 2006, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) detectó y sistematizó arbitrariedades y abusos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México. Un año más tarde y con la situación agravada después de los crímenes contra el pueblo de Oaxaca, Amnistía Internacional aseguró en su informe (mayo 2007) que la situación de los derechos humanos en México es “decepcionante”. Sin embargo, no se puede hablar de acciones concretas tendientes a la procuración de justicia verdadera en los hechos de Atenco.
Hace apenas unos días, y después de casi un año y medio de cárcel, a ocho personas detenidas y agredidas salvajemente por la PFP los días 3 y 4 de mayo de 2006 se les otorgó un amparo que les abre el camino de la liberación por falta de pruebas. Se trata de Vicente García Munguía, Martín Garrido Romero, David Medina Neri, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Mariana Selvas Gómez y su padre Guillermo Selvas Pineda, así como de doña Magdalena García Durán, indígena mazahua a quien se le otorga por tercera vez un amparo. No obstante, será hasta la próxima semana cuando se resuelva su situación jurídica. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene aún posibilidades de obstaculizar esa libertad, ya que cuenta con 10 días hábiles (que se cumplen a finales de octubre) para apelar de los amparos y detener un acto de justicia.
Ante la posibilidad de que eso ocurra, es importante insistir en lo que ya han dicho tanto las presas y los presos de Atenco como sus familiares y abogados: mantenerlos en prisión sería una arbitrariedad que prolongaría la violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Claro que en el caso Atenco eso se ha vuelto costumbre. No podemos olvidar que a más de 180 hombres y mujeres se les robó su libertad en mayo de 2006, que muchísimos siguen bajo proceso, que otros están escondidos, perseguidos, lejos de sus familias, que varios fueron expulsados del país, que 27 continúan injustamente en la cárcel y que a compañeros como Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua se les dictó sentencia por más de 67 años. De ahí que no se pueda confiar en que en esta ocasión la PGR no intentará impugnar los amparos.
Los hechos hablan por sí solos. Después de 17 meses, los asesinatos del joven Alexis Benhumea y del niño Javier Cortés no han sido investigados. La violación masiva que sufrieron decenas de compañeras de la otra campaña por parte de los “muchachos” de Wilfrido Robledo Madrid en el estado que gobierna Enrique Peña Nieto no sólo sigue impune, sino que adquiere un matiz kafkiano cuando se piensa que las mujeres que fueron violadas están presas mientras los policías que las atacaron duermen tranquilos en sus casas. Por si fuera poco, a doña Magdalena García se le han negado ya dos amparos. Éste sería el tercero.
En un país donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos altera sus propias investigaciones y modifica el término “homicidio” por el de “gastritis”, cuando el diagnóstico forense es emitido desde Los Pinos, sería peligrosamente ingenuo esperar que las instancias de procuración de justicia hagan pulcramente su trabajo.
Por ello, es necesario seguir los pasos de los familiares de quienes hoy están en la cárcel para exigir al procurador general de la República que deje ya de criminalizar a los movimientos sociales.
El panorama de los derechos humanos en México es turbio: hay acusaciones de violación sexual y asesinato que involucran a integrantes del Ejército Mexicano; no ha habido justicia para Oaxaca; la tortura y la desaparición forzada son prácticas cotidianas; la prensa libre es perseguida; las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas están siendo constantemente atacadas por gobiernos y paramilitares, estamos en el paraíso de la pederastia y hasta hay quien planea exonerar a los asesinos de Acteal, Chiapas. Frente a todo ello, hay que resquebrajar el silencio y exigir la libertad que se les debe a Vicente, Martín, David, Cecilio, Jorge Armando, Mariana, Guillermo y doña Magdalena, presas y presos políticos mexicanos.
El Plan México
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- Contrario a lo que el gobierno de Felipe Calderón pretende presentar como la “Iniciativa Mérida”, fue el Congreso de Estados Unidos el que desde enero de este año concibió un plan antinarco para México.
Desde los primeros días de este 2007, el 17 de enero, el representante (diputado) demócrata por Texas, Henry Cuéllar, presentó en su nombre y en el de Silvestre Reyes, nada menos que presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la iniciativa que sirvió de base a la negociación.
El plan original consideraba recursos anuales por 170 millones de dólares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que el presidente George Bush ahora busca en su Congreso para los próximos tres años.
El propio Silvestre fue quien en junio pasado reveló lo que desde entonces se conoció como el Plan México, en referencia al Plan Colombia.
Por las implicaciones intervencionistas de ese plan en el país sudamericano, que incluye la presencia de militares estadunidenses, el gobierno de Calderón Hinojosa se apresuró en marcar una distancia respecto de los alcances de los planes estadunidenses hacia México.
Sin embargo, nada ha informado sobre el componente militar del Plan México, salvo lo filtrado sobre la entrega de helicópteros.
Llamar ahora “Iniciativa Mérida” no es más que una manipulación, pues lo que Bush y Calderón hicieron en la capital yucateca, cuando se reunieron por primera vez como presidentes en marzo pasado, no fue otra cosa que acordar el inicio de las negociaciones del plan concebido en el Congreso estadunidense.
El rebautizo de la iniciativa se quedó corto ante los desatinos posteriores del gobierno de Calderón, al dar a conocer el acuerdo alcanzado con la administración Bush. El más grave de ellos fue el intento de negar lo innegable.
El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, uno de los principales negociadores del acuerdo, confirmó lo que el propio Pentágono había adelantado: que el gobierno calderonista había comprometido 7 mil millones de dólares a la iniciativa.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se desmarcó de inmediato para no explicar de dónde saldrá ese dinero. Mucho menos la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, atinó a responder en el Senado.
Pero ya no sólo en los recursos, sino en el contenido de todo el plan es lo que Calderón y sus funcionarios se niegan a informar, de manera que en México se desconoce lo que Bush ya solicitó al Congreso que se apruebe en relación con el país.
El plan original, que no preveía fondos por parte de México, aparece en la iniciativa presentada a la Cámara de Representantes bajo el nombre de “Acta 2007 de la Alianza Vecino Próspero y Seguro”, y enmienda el Acta de Asistencia Extranjera de 1961.
Como justificación, los congresistas se refirieron al “alarmante crecimiento de violencia relacionada con las drogas en la frontera común, lo que ha hecho más difícil para los estadunidenses vivir en las comunidades fronterizas”.
Recordaron que en 2006, el director de Inteligencia Nacional y exembajador en nuestro país, John Dimitri Negroponte, declaró a México ante el Comité de Inteligencia del Senado como un país de preocupación para Estados Unidos debido a la capacidad de los narcotraficantes de debilitar la autoridad del Estado.
Como vecino y nuestro segundo socio comercial, decía la propuesta de ley, México merece el apoyo de Estados Unidos para mejorar su seguridad y promover el desarrollo económico.
Parte de lo acordado entre Bush y Calderón, según la información general ofrecida por el gobierno mexicano, estaba ya establecida desde enero en esa iniciativa de ley.
La propuesta tenía cinco puntos: profesionalizar al personal de la PGR y SSP para un “combate más efectivo” contra las drogas, en coordinación con Estados Unidos; entrega de tecnología; capacitación de jueces y magistrados; mayor vigilancia a los funcionarios mexicanos que trabajan con Estados Unidos, y financiamiento para el desarrollo social en las comunidades más pobres.
Y, en una suerte de certificación de la operación del plan, esa iniciativa establecía que el Ejecutivo estadounidense tendría que enviar un reporte anual de evaluación, además de proponer nuevas estrategias para reducir la entrada de drogas desde México.
Debido a la petición de los millonarios recursos, que llegarán a México en forma de equipo, es muy seguro que este requerimiento se haya mantenido. (26 de octubre de 2007).
Plan México, Iniciativa Mérida...
Javier Oliva Posada
En franca caída en la aceptación de la gestión ante sus ciudadanos, con las dos Cámaras del Congreso dominadas por sus adversarios del Partido Demócrata, con el aislamiento internacional ante su resistencia a reconocer el deterioro ambiental, producto de la industrialización, y con el insólito alargamiento de la guerra en Irak y Afganistán, el presidente de Estados Unidos insiste en hacer del narcotráfico un asunto principalmente bélico y no un tema de salud pública y, por tanto, de prevención.
David Brooks, en sus espléndidos despachos (La Jornada del 23 de este mes y días subsecuentes) aporta varios datos a considerar. Destaca el referido a que el dinero solicitado al Congreso de ese país, destinado a la ayuda a México en el combate al narcotráfico, se encuentra dentro de la misma partida presupuestal que la destinada a las guerras de Irak y Afganistán. Probablemente, para que no fuera muy visible o cualquier otra razón esgrimida, haber incluido allí a nuestro país en esa bolsa fue muy mala idea, pues pareciera que con criterios muy peculiares se acepta que el nivel de conflictividad en las tres naciones es similar.
En el caso de que así sea, la construcción del ignominioso muro entre México y Estados Unidos cuenta con una promoción indirecta, pero eficaz, desde la Casa Blanca. Ya no sólo es el probable fracaso a la aprobación de la ayuda solicitada para nuestro país, sino, como se recordará, la sonada derrota legislativa de Bush cuando presentó la iniciativa de regularización de varios millones de inmigrantes, principalmente mexicanos, que al ser rechazada por senadores de su mismo partido dejó en claro que el crecimiento de la xenofobia, y en particular del antimexicanismo, van en aumento.
Por parte del gobierno mexicano, asistimos nuevamente a las afirmaciones y desmentidos entre funcionarios de primer nivel, en este caso entre el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Pero además de eso, la notable ausencia de participación en la negociación del Congreso, principalmente de la Cámara de Senadores. Así que con un escenario de esa naturaleza, tanto interno como externo, las probabilidades de que se aprueben los mil 500 millones de dólares son escasas. Y no es un asunto en el cual se pueda señalar sólo como un fracaso o la falta de pericia política, además de esto queda en evidencia que el planteamiento para hacer frente al narcotráfico sigue siendo un asunto de corrección y no de prevención. Los incrementos en las tasas delictivas, aunadas a los indicadores de desempleo, la frustración juvenil para encontrar condiciones aceptables de vida y contar con un futuro medianamente estable son, entre otras muchas razones, parte de la patología social que conduce a la drogadicción.
La denominación puede ser Plan México, Iniciativa Mérida o Compromiso Guadalajara, lo que es un hecho es que, lejos de disminuir, el consumo de estupefacientes y otras drogas aumenta. Que en vez de disminuir la violencia intrafamiliar, la desintegración del núcleo base de la sociedad se incrementa. Y así seguiremos en tanto el enfoque no sea modificado, mediante una visión integral, articulada y con prioridades que se enfoquen a la consideración de la pobreza y la marginación como bases de la polarización social que vive el país; pues mientras los planes de gobierno no ponderen en la estrategia el deterioro de los valores y principios sociales, los efectos de propuestas como las comentadas serán pocos y de corta duración.
A lo anterior habrá que sumar las consecuencias sobre la soberanía y política exterior de México. Pues un préstamo de esa magnitud, lógicamente, va acompañado de condiciones e imposiciones. Así, no obstante planes y propuestas, el problema del narcotráfico y la gravedad del mismo siguen allí creciendo y creciendo.
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