UN AÑO DESPUÉS DE LA EXPEDICION PUNITIVA

70 mil maestros de la seccion 22 realizan un paro y seis marchas, en Oaxaca
pedro matías


Oaxaca, Oax., 29 de octubre (apro).- Cerca de 70 mil maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron un paro y seis marchas, en las que condenaron el primer aniversario de la “brutal” entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) para “reprimir” al pueblo de Oaxaca.

El vocero de la Sección 22 del SNTE, Daniel Rosas Romero, dijo que las marchas masivas que realizó el magisterio de Valles Centrales y Sierra en la capital; los del Istmo en Tehuantepec; los de la Costa en Puerto Escondido; los de la Cañada en Cuicatlán; los del Papaloapam en Tuxtepec y los de la Mixteca en Nochixtlán, se realizaron sin contratiempos.

Durante las manifestaciones, los maestros lanzaron consignas y portaron pancartas contra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, la PFP, el expresidente Vicente Fox, el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, el presidente Felipe Calderón y la Ley del ISSSTE.

Además, se pronunciaron por la derogación de la Ley del ISSSTE, así como la libertad de los “presos políticos” y la entrega de las 128 escuelas en poder de los priístas de la Sección 59 del SNTE.

La marcha en esta ciudad se inició en el lugar donde se instaló la barricada de Brenamiel durante el movimiento social de 2006, para recordar que en esta fecha entró la PFP para ocupar el zócalo de Oaxaca.

Cabe recordar que la entrada de la PFP originó que se registraran varios combates con los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), principalmente el 2, 20 y 25 de noviembre, que dejó por lo menos 500 detenidos, 300 consignados y centenares de heridos.

El secretario de Acuerdos de la sección 22 del SNTE, Domingo Cabrera, afirmó que la asamblea estatal del magisterio adelantó que, para el próximo 15 de noviembre, se realizarán cuatro movilizaciones para boicotear el tercer informe de gobierno de Ulises Ruiz, y culminarán con una megamarcha el 25 de este mes.

Durante el mitin, el vocero de la APPO, Marcelino Coache Verano dijo que, “en el nombre de Dios, fuimos reprimidos", en clara alusión al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal.

Anunció que, el próximo viernes, realizarán una jornada cívico-cultural en Ciudad Universitaria para recordar la “victoria” de los universitarios y de la APPO en defensa de la autonomía de la máxima casa de estudios del estado.

Señaló que cerca de siete mil maestros de Oaxaca participarán en la “movilización nacional”, que saldrá del las oficinas del ISSSTE rumbo a la residencia oficial de Los Pinos, en la ciudad de México.

Añadió que ese mismo día se incorporan al plantón indefinido unos mil 500 maestros de la Sección 22 del SNTE.

Dijo que, el próximo 15 de noviembre, se realizará una “movilización masiva”, que participará de cuatro puntos, con una variante: los integrantes de Valles Centrales se trasladarán a la Cámara de Diputados para “rechazar el desinforme de Ulises Ruiz”.

Luego de realizar, el próximo 16 de noviembre el foro estatal de la CNTE y participar en la próxima asamblea estatal, cerrarán sus movilizaciones el 25 de noviembre con una megamarcha, señaló.

Priísta condiciona entrega de despensas del gobierno

CÉSAR MORALES NIÑO
Fotos: HUGO VELASCO

A casi un mes de pasadas las elecciones locales, los programas sociales del Gobierno del Estado continúan condicionándose políticamente, este domingo la supuesta representante del Barrio La Noria, Marisela Trujillo, negó la entrega de despensas a las personas de la tercera edad que, según ella, no votaron por el PRI.

Contra toda normatividad, la entrega de las despensas del programa oficial "Plenitud", para los adultos mayores que viven en pobreza y que forma parte de las Unidades Móviles de Desarrollo, se realizó en el domicilio particular de la reconocida militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicado en la calle de González Ortega; y no en un lugar público, como se hace habitualmente.

La denuncia fue recibida en las instalaciones del periódico NOTICIAS, por parte de adultos mayores a quienes les negaban la entrega de las despensas, que cada dos meses reciben como ayuda por su situación de vulnerabilidad, por lo que hasta lugar se traslado un fotógrafo y reportero para constatar la denuncia.

Al llegar al domicilio señalado, de un camión particular, al parecer de una empresa de alquileres, bajaban cientos de despensas con el logotipo de "Comunidad", algunas de las cajas las entregaban en la calle y otras más las introducían a un domicilio particular, al parecer de la priísta.

Al percatarse la militante del PRI de la presencia del fotógrafo, porque empezó a tomar fotos de la entrega de las despensas, intentó agredirlo físicamente e impedir que cumpliera con su labor periodística, al tiempo que lo amenazó y ofendió verbalmente, junto con otra de sus seguidoras.

Y es que personas de la tercera edad que, por el mal estado de salud y condición física en que se encuentra, no pueden ir a recoger personalmente la ayuda oficial, denunciaron que al enviar a uno de sus familiares le negaron la entrega de la despensa que reciben cada dos meses, porque según la "doctora", porque así se hace llamar, no fueron a votar por el PRI, ya que no pasaron lista el día de la elección.

Los inconformes denunciaron que las Unidades Móviles se han instalado en la Escuela Primaria "Porfirio Díaz", ubicada en la calle de Carbonera, entre Manuel Doblado y Tercera Privada de la Noria, a donde ha acudido a recoger sus despensas, pero de manera extraña desde el mes pasado ahora la entrega de esos productos básicos se hace en la casa de la priísta, a quienes los coordinadores del programa le entregan las despensas para que las reparta a su libre consideración.

Además, indicaron que a las personas que no pueden ir a recoger la despensa personal de las Unidades Móviles se las llevan hasta su domicilio o en su caso se la entregan a un familiar, pero ahora han dejado esa atribución de la señora Marisela Trujillo, que no tiene ningún cargo oficial sino porque es la representante del PRI en algunas calles de esta parte de la ciudad.



Brad Will y el viernes sangriento
Luis Hernández Navarro

El periodista Brad Will fue asesinado el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Oaxaca. No fue el único muerto de la jornada. Ese mismo viernes sangriento, en Santa María Coyotepec, grupos de pistoleros le quitaron la vida al profesor Emilio Alonso Fabián y al comunero Esteban Zurita López. Fallecieron también Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Eudocia Olivera Díaz. Fueron heridas 23 personas.
Ese día, a partir de las cuatro de la tarde, el gobierno del estado desató la violencia en contra de quienes pedían la salida del gobernador Ulises Ruiz. Grupos de francotiradores, policías y pistoleros dispararon con armas de alto calibre sobre ciudadanos desarmados en, al menos, 15 puntos claves de la ciudad de Oaxaca. La represión se concentró en tres lugares en los que se habían instalado barricadas: Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca; Santa María Coyotepec y San Bartolo Coyotepec. Ni agentes ni sicarios resultaron heridos. Todas las víctimas eran parte del movimiento contra el mandatario estatal.
El homicidio de Brad Will ocurrió en Santa Lucía del Camino. Un grupo de policías y autoridades municipales le disparó a 30 metros de distancia, mientras el documentalista grababa con su cámara el enfrentamiento entre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los funcionarios públicos y gendarmes sin uniforme.
La agresión fue salvaje. En Coyotepec, Esteban Zurita López fue ultimado de un balazo. Su cuerpo quedó tirado a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados. A Emilio Alonso Fabián una bala le atravesó el corazón mientras trataba de huir. A varios maestros los machetearon. “Esa gente –dice uno de los testigos refiriéndose a los sicarios– iba camuflada como el pasto, parecíamos conejos a los que cazaban.”
Ese mismo viernes el gobierno del estado señaló que la señora Eudocia Olivera murió a bordo de una ambulancia, por culpa de las barricadas. Nunca informo a qué institución pertenecía la ambulancia, la causa de la muerte ni el hospital al que era trasladada. Cruz Roja negó que sus ambulancias hubieran atendido ese servicio. Urgencias Médicas, única que brinda servicio privado de traslado de enfermos, tampoco la atendió.
El Congreso de Oaxaca publicó desplegados en periódicos estatales exigiendo la intervención del gobierno federal y de la policía federal para restablecer el “estado de derecho”. Dos días después del operativo policiaco y paramilitar, en medio de un fuerte escándalo mediático, propiciado en mucho por el fallecimiento del reportero estadunidense, entró en la ciudad de Oaxaca la Policía Federal Preventiva (PFP).
Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello, regidor de seguridad pública de Santa Lucía del Camino, y suboficial de la policía municipal, respectivamente, presuntos asesinos de Brad, fueron detenidos en un primer momento.
La prensa nacional y la cámara del documentalista asesinado captaron imágenes de estas personas disparando contra el occiso. Sin embargo, a principios de 2006 quedaron libres por “desvanecimiento de datos”. Ni siquiera se les interrogó y enjuició por el delito de actividades parapoliciacas y portación ilegal de armas.
Arteramente, a mediados de noviembre, el gobierno del estado hizo correr la versión de que los homicidas del reportero de Indymedia fueron dos activistas de la APPO que se encontraban a dos metros de distancia suya. No hay una sola evidencia sólida que respalde esta hipótesis. Los oaxaqueños en rebeldía pusieron los muertos; Ulises Ruiz pretende que también pongan los “chivos expiatorios” de los homicidios. La justicia oaxaqueña ni siquiera se preocupó por encarcelar un tiempo a los criminales que ultimaron a las otras víctimas del viernes sangriento. Es que, por lo visto, para ella la vida de humildes profesores y ejidatarios no vale siquiera una simulación.
El 28 de octubre de 2006, Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián, indígena zapoteca, profesor de primaria de la zona de Pochutla, encabezó con un ramo de flores en el brazo izquierdo el cortejo fúnebre para enterrar a su marido. La noche anterior, debió enfrentar sola a la burocracia para que le entregaran el cuerpo. El séquito partió del centro de la ciudad rumbo a Candelaria, su pueblo, en la región de Los Loxichas. En el zócalo de la capital oaxaqueña los dirigentes de la APPO le rindieron homenaje, mientras todas las voces entonaban Dios nunca muere.
A finales de abril de 2007, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, escribió: “Las investigaciones realizadas en México sobre la muerte de Will no parecen haber progresado en absoluto y tampoco parece que haya un esfuerzo concertado para resolver el caso. Esta falta de avances es preocupante”. Seis meses después de sus palabras, la situación es exactamente igual o peor.
Kathy Will, madre de la víctima, dijo: “estamos desilusionados por la falta de una investigación neutral, objetiva y legítima sobre la trágica muerte de Brad. La investigación inicial de las autoridades locales fue mala, prejuiciada e ilógica en sus conclusiones”.
Un año después del viernes sangriento, los maestros oaxaqueños tomaron las calles para honrar a sus muertos. Con ellos estaba Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián. Miles de trabajadores de la educación marcharon el 27 de octubre para recordar los homicidios, exigir justicia y mostrar que no han sido derrotados. En Cal y Canto, donde fue baleado Brad, los vecinos instalaron una cruz de madera y un tapete elaborado con arena de colores, veladoras y flores.
En Oaxaca la memoria sigue viva y la justicia no llega.


Los asesinos del periodista Brad Will en Oaxaca evaden la justicia

John Ross/Juan González
Democracy Now

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

JUAN GONZÁLEZ: El sábado, amigos y familiares del periodista asesinado Brad Will se reúnen en Nueva York en la Iglesia St. Mark's para marcar el primer aniversario de su muerte. Cuando murió, Brad Will informaba sobre el levantamiento popular en Oaxaca, México. En su último despacho desde Oaxaca, el reportero de Indymedia escribió sobre un manifestante llamado Alejandro García Hernández quien fue asesinado en las barricadas. Will escribió: “una muerte más... un mártir más en una guerra sucia... una ocasión más para llorar y sufrir... una ocasión más de conocer el poder y su fea cabeza... una bala más restalla en la noche.”
El 27 de octubre del año pasado, Will murió en esas mismas barricadas. Tenía su videocámara en la mano. Su cámara siguió grabando incluso después de que lo hirieron.

JUAN GONZÁLEZ: Brad Will murió mientras lo llevaban al hospital. Tenía treinta y seis años. Un día después del asesinato, el periódico mexicano El Universal publicó fotos de los presuntos asesinos. Fueron identificados como dos miembros de la municipalidad local, dos policías municipales y el ex juez de paz de una localidad cercana. Todos tenían vínculos con el gobierno de Oaxaca dirigido por Ulises Ruiz. Inicialmente, los hombres fueron detenidos, pero pronto los dejaron ir. Desde entonces, nadie ha sido responsabilizado por su muerte o el asesinato de ningún otro activista muerto en Oaxaca el año pasado.
El periodista de investigación John Ross habla con nosotros por teléfono desde Ciudad de México. Ross publicó antes durante este año un informe de 5.000 palabras estudiando las circunstancias de la muerte de Brad Will. Fue publicado en más de dos docenas de semanarios noticiosos alternativos en este país. John Ross ha estado cubriendo México durante varios decenios. Su último libro es “Making Another World Possible: Zapatista Chronicle 2000-2006.” Bienvenido a Democracy Now!, John.
JOHN ROSS: Hola. ¿Cómo le va, Juan?
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, hablemos sobre la – esa investigación que hizo sobre la muerte de Brad Will.
JOHN ROSS: Básicamente, lo que hice fue una reconstrucción de la muerte de Brad y del tiempo que pasó en Oaxaca. Había estado allí durante meses. Y por lo tanto, hicimos lo que hacemos habitualmente. Entrevistamos a todos los principales testigos. Descubrimos que los policías, los cinco policías de civil – hay cuatro en la imagen y uno que está encuclillado detrás de otro – están todos identificados y trabajan para la comisaría Santa Lucía. Esto no ocurrió en la Ciudad de Oaxaca, sino que directamente a su exterior. Y siguen en su trabajo. Y no hemos podido entrevistarlos; nos han estado evitando desde hace bastante tiempo. Si lanzamos una mirada a la imagen, la persona que tiene el arma larga en el extremo derecho, enfrentándose, cuyo nombre de Juan Martínez Soriano, también conocido como “Chapulín,” parece no encontrarse en Oaxaca ahora mismo, pero los otros policías están allí.
El caso es un archivo de caso cerrado. Actualmente no se realiza ninguna investigación. No hay ninguna investigación ni en el ámbito local de Oaxaca ni en el ámbito federal, porque fue lanzado al sistema federal. Ambos casos están cerrados.
Y lo que es aún más, pienso, notable y deprimente es que, en realidad, el gobierno de EE.UU., el Departamento de Estado, la embajada de EE.UU. en Ciudad de México, bajo la dirección de Tony Garza, no han emprendido ninguna acción en este caso, ningún tipo de presión sobre Felipe Calderón o Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca. Y, de hecho, si echamos una mirada a los comunicados de la embajada desde que Brad fue asesinado el 27 de octubre pasado, cerca de un mes después de la muerte de Brad, hay sólo un artículo de opinión que Tony Garza escribió para Milenio, un periódico local, cerca de un mes después de la muerte de Brad. Es todo lo que ha hecho la embajada.
Se trata de un caso en el que los asesinos fueron fotografiados. Sus fotografías aparecieron en todos los principales periódicos mexicanos y también en periódicos en el norte. Hablamos de un periodista que fotografió su propia muerte, que filmó su propia muerte, y a pesar de eso la embajada no ha actuado en ningún tipo de investigación. La investigación está, en este momento, como he dicho, en el archivo de los casos cerrados.
JUAN GONZÁLEZ: Y esto, obviamente, es sólo un reflejo de lo que ha sucedido con todo lo que tenga que ver con justicia por los abusos que ocurrieron en Oaxaca, Obviamente, todo el período de la huelga en Oaxaca galvanizó a mucha gente en todo el mundo. ¿Que sucedió posteriormente con toda la gente que sufrió abusos, golpizas o que fue alcanzada por tiros?
JOHN ROSS: Bueno, todavía no tenemos ninguna investigación respecto a las veintiséis personas que fueron muertas durante ese período, ninguna investigación del gobierno mexicano, federal o local. Ha habido muchas investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos. Incluyo a la OEA y a la Comisión Civil Europea que estuvo aquí. Tuvimos a Amnistía Internacional; en realidad, Irene Khan, la Secretaria General de Amnistía Internacional, estuvo en Oaxaca, presentó su informe al gobernador, a Ulises Ruiz. Virtualmente todas las principales organizaciones de derechos humanos han visitado este caso y este lugar. Y sin embargo, no pasa nada por parte del gobierno mexicano.
En el artículo que publiqué en agosto, presenté algunos motivos por los que esto no ha sucedido. Creo que en realidad tiene mucho que ver con un arreglo político entre el partido de Felipe Calderón, el Partido de Acción Nacional y el antiguo partido de gobierno, el de Ulises Ruiz, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que han llegado a un trato para aprobar cierta legislación, y por cierto si el gobernador y sus funcionarios locales fueran presionados para que resuelvan este caso, de hecho, el PRI se molestaría y no apoyaría la legislación propuesta por el PAN. Esa legislación va de la reforma fiscal a una apertura efectiva de la corporación petrolera nacional, Pemex, a la inversión privada. Y no soy el único que piensa que ese acuerdo político es lo que ha llevado este caso al archivo de los casos cerrados.
JUAN GONZÁLEZ: Y, John, quisiera preguntarle sobre otro asunto, el anuncio por el presidente Bush del Plan México, un programa de 1.400 millones de dólares que supuestamente apunta a la erradicación de drogas. ¿Podría hablarnos de eso y de su impacto sobre el país?
JOHN ROSS: Bueno, yo diría que – sabe – diría que si el embajador Tony Garza hubiese invertido tanta energía como lo ha hecho en la promoción del Plan México en la presentación de los asesinos de un ciudadano estadounidense que fotografió su propia muerte en México, ya tendríamos alguna solución. Ha habido un esfuerzo periodístico total en este país por parte de la embajada, del Departamento de Estado y del gobierno de EE.UU., y por parte del gobierno de Felipe Calderón, por unirse alrededor de este plan.
El Plan México es una copia exacta del Plan Colombia, sin soldados en el terreno. Pero eso provoca la pregunta de si las corporaciones de seguridad privada se harán cargo del entrenamiento de los responsables mexicanos de la lucha contra la droga. Encuentro interesante que haya habido una declaración tras la otra del gobierno de Calderón y del de EE.UU. de que, no, no vamos a colocar soldados de EE.UU. en el terreno. Es una doble negativa política; eso no se puede hacer. EE.UU. ha invadido México ocho veces, y ese hecho no va a desaparecer. Pero colocar a sujetos como Blackwater en el terreno es otra cosa.
Y es importante, creo, comprender que Blackwater está a sólo 10 kilómetros de la frontera mexicana en Potrero, California, estableciendo un campo de entrenamiento y que acaba de recibir parte de una subvención de 15.000 millones de dólares de la guerra contra la droga del Departamento de Defensa, que les da mandato para entrenar a personal extranjero en la lucha contra la droga y para dar apoyo operativo y logístico en el terreno. Así que pienso que no veremos tropas de EE.UU. en el terreno, como resultado de este acuerdo.
Esto no es aprobado por ningún congreso en este país. Está en el Congreso de EE.UU. y ha formado parte de una – está en cierto modo incorporado en la asignación suplementaria para Iraq y Afganistán. Y si los demócratas se oponen a esa asignación suplementaria, ciertamente no veremos un Plan México, porque no será financiado. Forma parte de esos fondos. Así que eso es, pienso, a fin de cuentas, es lo que es el Plan México: una manera de colocar las fuerzas de seguridad mexicanas bajo el control de Washington, fundir las fuerzas de seguridad de ambos países y colocarlas bajo el control de Washington.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, John Ross, quisiera agradecerle por haber estado con nosotros, por teléfono desde la Ciudad de México. John Ross ha escrito durante décadas con claridad y precisión sobre los eventos en México.