ACTEAL Y LA COORUPCION DESBORDADA

Acteal la herida que no cierra.

El origen: múltiples episodios de un plan contrainsurgente
Ninguno de los encarcelados ha sido sentenciado como paramilitar

Hermann Bellinghausen /I
Acteal marcó la historia y la imagen de México ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y después de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas indígena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, así como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.
Como hizo desde el 1º de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubrió puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chilón, Pantelhó, Chenalhó. Corresponsales, enviados, fotógrafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.
Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro político. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia católica. Y también la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo demás, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.
Alzamiento indígena
En las páginas de este diario se fue registrando un proceso social, político y cultural que con la masacre de Acteal enfrentaría un terrible baño de sangre. Y por donde más dolía: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 había sido una declaración de guerra y un alzamiento indígena contra el gobierno del país se fue convirtiendo en una “guerra civil” permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas convivían en paz. La rebelión de unos no era contra los otros.
Hubo lugares donde la confrontación inducida “prendió”. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la “población leal” al gobierno y al Ejército Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organización priísta Paz y Justicia intensificó desde 1995 una ofensiva contra la población zapatista y la “sociedad civil” de variable filiación perredista. Costaría decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbalá. Luego Chilón. A partir de 1997 se expandió a Chenalhó.
Aún duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las señales eran abundantes y se hicieron públicas de múltiples maneras. Como escribió aquí Fernando Benítez el 27 de diciembre de 1997: “¿Qué más decir, si han sido inútiles los numerosos artículos que he escrito en defensa de los indios, así como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros periódicos? Parecen inútiles las palabras”.
Hay que recordar que en los días posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en más de 100 países, la mayor manifestación global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalización y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no existía. De hecho, nunca ha “existido”. Como jamás existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la cárcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el “grupo de autodefensa” de Chenalhó, y más recientemente la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Todos tienen en común ser priístas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ejército, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. Sólo los procesados por los hechos de Acteal pagan cárcel por participar en acciones armadas contra otros indígenas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El escándalo mundial fue inmenso, alguien tenía que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien serviría de fusible. Acteal “costó” mucho: un secretario de Gobernación, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la policía auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública del estado), algunos mandos policiacos y decenas de indígenas “autoarmados”. Allí se cortaba la correa de transmisión. Antes de irse, el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, alcanzó a remachar: “No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisión”. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron enérgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.
Vayamos un poco más atrás. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada “zona de conflicto” el fenómeno de la paramilitarización de comunidades, simétrica a la masiva ocupación militar decretada el 8 de febrero de ese año, cuando el gobierno salió a la caza de la comandancia zapatista, lanzó una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y prácticamente ocupó las comunidades.
Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de diálogo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello “la traición de Zedillo”. No sería la única. Otra más cancelaría las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma había dejado el cargo un año atrás, a raíz de su “negociación” desfondada por el propio presidente.
Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores priístas de Chiapas caían uno tras otro, antes y después de las elecciones de 1995, oficialmente “ganadas” por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rincón, en un ambiente de fraude e imposición. El presunto perdedor, Amado Avendaño, tras sobrevivir a un atentado que lo dejó en silla de ruedas varios meses, se convirtió en “gobernador en rebeldía” con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejaría el cargo en pocas semanas, y lo sustituyó Julio César Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconocía por completo la entidad. Su mandato, que culminó abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una política trazada desde arriba.
El verdadero “gobierno” de Chiapas lo ejercía el Ejército; la administración ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fungía desde 1995 el general Mario Renán Castillo Fernández, quien así llegó a ser un “jefe de ejércitos”, algo que hasta entonces sólo podía ser el secretario de Defensa Nacional, a la sazón el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general José Gómez Salazar, Renán Castillo dejaría el cargo el 16 de noviembre de 1997, a sólo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larvó y auspició una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono y el propio Ejército, para “quitar el agua” al “pez revolucionario”, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.
Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda recapitulaban: “La colaboración de los políticos con la ‘guerra irregular’, mexicanización semántica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar”.
Aubry e Inda señalaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): “A partir de 1995 se probó en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensayó con la desorganizada organización campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendió a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurrió después a la zona tzotzil, Chenalhó y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (¿o revelado?) su nombre”. No tendría tiempo de revelarlo.
Camino del abismo
¿Cuándo empieza el “camino” que desembocó en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis jóvenes de Chenalhó en las simas de Chixiltón, “hecho aislado” que la prensa local atribuyó a “brujería”, y que marcaría el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelhó, muy cerca de Chenalhó. Según informaba La Jornada (23 de mayo), “85 indígenas tuvieron que huir”. ¿O fijamos el principio al día siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Cristóbal Pérez Medio, representante del municipio autónomo, fue asesinado por priístas armados en Unión Yaxjemel mientras se dirigía a negociar con ellos la liberación de los primeros zapatistas rehenes? El clásico “maten al mensajero”. El gobierno nunca investigó. El cráneo y el cuerpo del maestro aparecerían por separado cuatro meses después, cuando la suerte de Chenalhó estaba echada.



Editorial de “La Jornada”:

Tabasco: despliegues para nada
La oficina de la Estrategia Internacional de reducción de Desastres (ISDR, por sus siglas en inglés) de la ONU confirmó ayer lo que todo mundo sabe: que habría podido evitarse la tragedia en la que se encuentran sumidos Tabasco y parte de Chiapas por las gravísimas inundaciones y las salidas de cauce de los ríos de la región. La dependencia de Naciones Unidas ni siquiera se refería a la no realizada construcción de obras de regulación hidráulica para la que se destinaron presupuestos que ahora no aparecen por ningún lado: habló, simplemente, de la falta de un sistema de alerta temprana: “Las inundaciones son uno de los peligros naturales más anunciados, esperados y fáciles de predecir, y sin embargo no se hace lo suficiente para preparar y proteger a los pobres, los más afectados por esos fenómenos; los pobres tienen menos posibilidades de adaptar sus condiciones de vida antes y después de las inundaciones, y con frecuencia se ven obligados por las circunstancias a vivir en zonas de alto riesgo”, señaló Salvador Briceño, director de la ISDR.
El deficiente sentido de responsabilidad de las autoridades federales –a las cuales corresponde la administración de los recursos hídricos y de las cuencas hidrológicas– y de las estatales es, pues, una causal directa de la catástrofe en la que se encuentran un millón de tabasqueños, por más que el discurso presidencial asegure que la culpa es del cambio climático, y aunque el gobernador Andrés Granier pretenda exculparse aseverando –en lo que constituye una verdad a medias– que la Federación falló en la realización de obras hidráulicas para evitar la inundación de la capital tabasqueña. Para ponderar la disfuncionalidad gubernamental, basta con recordar que cuando las calles de Villahermosa todavía estaban secas, el gerente de la hidroeléctrica Peñitas, Luis Martínez Ramírez, advirtió sobre la posibilidad de que el desfogue de la presa inundara la capital tabasqueña en un plazo de 20 horas. Tres días más tarde, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se limitó a observar, con su sintaxis peculiar, que “el evento nos rebasó a todo el mundo”.
A la ineptitud y a la presumible corrupción previas a la catástrofe se suma la manifiesta incapacidad de las autoridades para manejar una situación que, en efecto, desbordó a los tres niveles de gobierno y que ha degenerado en un caos: hasta el momento se carece de un padrón de damnificados, de una cifra confiable de desaparecidos, de un reparto eficiente y equitativo de la ayuda, por lo demás masiva, que la sociedad ha canalizado a la entidad en desgracia; el rescate de personas atrapadas se lleva a cabo sin plan ni orden alguno y la presencia en el sitio del jefe del Ejecutivo federal es percibida por muchos de los afectados como un mero aprovechamiento mediático de la desgracia, porque, lejos de poner orden, los viajes a Tabasco de Felipe Calderón Hinojosa han servido para exhibir la descoordinación y hasta los encontronazos entre la Federación y el estado. Posiblemente a eso se refería Calderón cuando pidió “dejar a un lado las discrepancias y los intereses parciales para (...) salvaguardar a la población de Tabasco”.
El hecho es que tanto las autoridades federales –la Secretaría de Gobernación, las comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua– como las estatales se han guiado, en lo que concierne a los riesgos hidrológicos que se cernían sobre aquella entidad, precisamente por una suma de “intereses parciales”, entre los que no figuró nunca la preocupación por salvaguardar la integridad y los bienes de los pobres, que son, como siempre, los principales afectados.
Como ocurrió tras el terremoto de 1985 en la capital de la República, las autoridades responsables han reaccionado con una inepcia exasperante. Hasta los gobiernos de otras entidades se han comportado con mayor pertinencia, agilidad y lucidez para socorrer a los damnificados tabasqueños. La sociedad civil, por su parte, no ha escatimado esfuerzos para acudir en ayuda de los afectados. Cabe esperar que mantenga el empeño durante los amargos meses que aún les esperan a los habitantes de las áreas inundadas y que supla, con su organización y su solidaridad, como ocurrió en el Distrito Federal hace 22 años, la inoperancia de los gobernantes, ensimismados en sus grandes despliegues mediáticos que, en rigor, no sirven para nada.

Tabasco inundado
León Bendesky
En Tabasco hay mucho petróleo y, sobre todo, mucha agua. Ambos recursos son fuente potencial de riqueza, pero allí ese potencial no se materializa.
Tabasco tiene una superficie de 24 mil 661 kilómetros cuadrados, 1.2 por ciento del total nacional; una población de poco más de 2 millones, 1.9 por ciento del total. Su producto es del orden de 112 mil millones de pesos, 1.27 por ciento del total, pero sólo contribuye con 0.03 por ciento del crecimiento de la economía nacional (los datos productivos pueden estar subestimados por la forma en que se mide la producción petrolera; el estado tiene 18 por ciento del petróleo del país). Tiene un PIB por habitante de 55 mil pesos o 4 mil 800 dólares y representa así 0.66 por ciento del promedio nacional.
Sigue siendo una entidad rezagada en términos sociales y económicos y, ahora, sometida a una brutal inundación y mayor fragilidad. A este tipo de situaciones se les llama “desastres naturales”. Pero la naturaleza no causa desastres y son, en cambio, fenómenos en los que se expresan las condiciones sociales y políticas que prevalecen en determinada región. Así ocurrió en agosto de 2005 con el huracán Katrina que devastó las costas del estado de Louisiana y la ciudad de Nueva Orleáns.
Tabasco forma parte, junto con Chiapas, de la novena región llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Éste todavía se refiere al periodo de 2000 a 2006, según se puede ver en su página de Internet (www.conagua.gob.mx), donde no hay seguimiento de las acciones que se debieron haber realizado en ese lapso.
En dicha región está la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta. Según Conagua, esta cuenca constituye la primera reserva de agua en México, la séptima del mundo y es la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país (Ver Diario Oficial del 22 de junio de 2007 en el que esa dependencia expone los resultados de la disponibilidad de agua superficial en diversas cuencas).
La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente una tercera parte de su territorio está cubierta por ella; luego de esta inundación se habla de que 70 por ciento del territorio está bajo el agua, incluyendo la ciudad de Villahermosa.
Allí se cuenta con uno de los más altos niveles de precipitación media anual. Según los registros, entre 1941 y 2003 el promedio fue de mil 903 mm siendo la tercera luego de la costa de Chiapas y la región de Coatzacoalcos. En Tabasco se da también el mayor nivel de escurrimiento natural superficial interno, con 73 mil 467 hectómetros cúbicos. al que le sigue la zona del Papaloapan, con 50 mil 887 hectómetros cúbicos.
Estos datos mínimos ponen de relieve la necesidad de contar con un programa hidráulico para el estado, que cumpla con una serie de objetivos claves para la gestión del agua. Es decir, para planear y administrar su uso como recurso esencial para abastecer el consumo humano, irrigar tierras y proveer de energía eléctrica, básica para el funcionamiento de la economía; además, como se ve ahora, para la seguridad de la población y de sus bienes.
En 1999 ocurrió una inundación en el estado que puso en evidencia los riesgos de la situación referida al agua y los problemas de su administración. El programa hidráulico que se anunció entonces no fue aplicado de modo comprensivo y ahora salen a la superficie, literalmente a la superficie de la inundación, los nombres del ex presidente Zedillo y los ex gobernadores Madrazo, Priego y Andrade.
Luego de ocho años, Garnier, actual gobernador, no puede sino reclamar que durante todo ese tiempo no se haya avanzado en las distintas etapas fijadas para dicho programa, con lo que se ha expuesto a un riesgo mayor la situación de los habitantes, las ciudades, la economía y el patrimonio del estado.
No se trata, pues, de un desastre natural, sino de la forma en que se gobierna y en que se dispone de los recursos públicos en el país. Tabasco es en este sentido un caso de referencia casi natural, sobre todo en el periodo que aquí se considera.
Garnier no pudo eludir señalar lo que considera como la contribución de la CFE al desbordamiento de los ríos. Esta afirmación exige una aclaración pública, pues no se trata sólo de un asunto técnico, lo que sería ya en sí mismo un motivo de atención especial, sino que involucra el modo de actuar en las entidades públicas a escala federal y local.
Lo que aquí está involucrado es un asunto recurrente en esta sociedad y que tiene que ver con el arreglo político institucional prevaleciente, con las diferentes instancias en las que se toman decisiones del ámbito general y en las que prevalece un amplio margen de discrecionalidad y, sobre todo, una falta de rendición de cuentas oportuna y que tenga consecuencias y no sea siempre extemporánea y por lo tanto prácticamente inútil.
La inundación de Tabasco no es sólo producto del desbordamiento de las aguas de los ríos, sino del desbordamiento de un modelo de gobierno y de la relación existente entre quienes ocupan puestos públicos y la sociedad.

Tabasco, tragedia de la corrupción.

jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- La tragedia que afecta a la mitad de la población de Tabasco no sólo apunta a la gigantesca corrupción de quienes han gobernado la entidad en las últimas décadas, sino a un creciente riesgo de inestabilidad social.Lo que vive esa entidad del país no es meramente un desastre natural. Si ahora un millón de los dos millones de habitantes del estado padece los estragos de una inundación sin precedente en medio siglo, es a consecuencia del prolongado saqueo de sus recursos naturales y económicos.En los últimos 30 años, el estado ha contado con un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Las cifras son públicas. Basta con sumar los presupuestos que ha manejado cada uno de los últimos seis gobiernos para llegar a esa cantidad.Desde que en 1977 el gobernador Leandro Rovirosa Wade logró negociar con el gobierno de José López Portillo el incremento significativo de los recursos que recibía el estado por la explotación del petróleo que está en el subsuelo tabasqueño, la entidad se ha convertido en el principal receptor de participaciones federales.Después de Rovirosa, Enrique González Pedrero, Salvador Neme Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz no dejaron de ver un aumento de esos recursos, que representan 96% de los ingresos del estado.Ese modelo ha impedido que en el estado se desarrolle una industria de servicios propia, más allá de la extracción del crudo que hace Pemex. Como una de las zonas estratégicas del país, Tabasco es hoy el segundo productor nacional de petróleo y el segundo productor de gas natural.Pero los recursos no se han invertido en la infraestructura necesaria que exige un estado cuyo territorio es una planicie que recibe caudales desde tres cuencas que se originan en Guatemala, Chiapas y el propio Tabasco. Además, sólo tiene una inclinación de 0.5 grados, lo cual explica que 70% del estado se encuentre inundado.Eso significa que el estado requiere además la conservación de sus vasos reguladores naturales. Pero por el contrario. Han desaparecido en manos de especuladores inmobiliarios al amparo de la corrupción gubernamental. Esa ha sido otra manera de atentar contra la seguridad de los tabasqueños.La entrega de recursos federales más reciente, gestionada en el último año de gobierno de Andrade y que ejerce desde enero de este año el gobierno del priista Andrés Granier Melo, es de 32 mil 500 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para actividades de seguridad nacional en todo el país.Granier ha canalizado gran parte de esos recursos a emular programas sociales como los puestos en marcha por su paisano, el perredista Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).El exsenador, excónsul de México en Houston y candidato en la pasada contienda por el gobierno del estado, Humberto Hernández Haddad, ha sido a partir de esta realidad de las cifras uno de los principales críticos de lo que define como el “modelo superficial” de crecimiento, sin un desarrollo industrial y social. La tragedia, asegura, es resultado de ese engaño.Lejos del propósito que existía para reducir las participaciones federales para Tabasco, el desastre obligará a la creación de un programa especial de emergencia que de forma obligada exige la canalización de recursos para la reconstrucción del estado. No hacerlo, sería hacer de esta tragedia de la corrupción un desastre humanitario. Por lo pronto, los gobiernos federal y estatal se enfrentan al reto de impedir que lo que ahora es dolor se convierta en inestabilidad social, producto de la indignación.