BIEN; PERO INSUFICIENTE.

Decide la Corte ampliar el periodo de su investigación en Oaxaca

jorge carrasco araizaga
Nuevamente evita atraer el caso de la desaparición de dos eperristas

México, D.F., 26 de noviembre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ampliar el periodo de su investigación sobre violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, pero evitó involucrarse en la denuncia sobre la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Con una votación de seis votos a cuatro, la Corte decidió ampliar su investigación sólo a la violencia registrada el pasado 16 de julio durante la Guelaguetza, en el cerro del Fortín, donde dos personas murieron y varias más resultaron heridas como resultado de un enfrentamiento entre manifestantes y policías federales y locales.

El máximo tribunal resolvió así parcialmente la solicitud que le hizo el Congreso de la Unión para ampliar el periodo de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto social del 2006 y que ha tenido nuevas expresiones en este año.

En agosto pasado, la Corte integró una comisión investigadora para investigar los hechos ocurridos en Oaxaca entre mayo de 2006 y enero de 2007, pero ante los nuevos acontecimientos, la Cámara de Diputados le solicitó ampliara la indagatoria hasta octubre pasado.

El ministro Juan Silva Meza propuso al pleno que se apoyara la petición del Congreso, pero sólo obtuvo el respaldo de cinco de sus compañeros, bajo la condición de que la ampliación se limite a los hechos ocurridos el último día de la fiesta de los Lunes del Cerro.

Silva Meza terminó por sumarse a esa posición junto con Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero.

Para justificar la ampliación, esa mayoría del pleno argumentó que la solicitud equivalía a una demanda de amparo.

Acotaron que “el único hecho notorio y preciso” para ampliar la investigación lo sería el enfrentamiento que tuvo lugar entre el 16 y el 17 de julio entre miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), la estatal y la municipal.

De esa manera la Corte evitó nuevamente involucrarse en la denuncia sobre la presunta desaparición en territorio oaxaqueño, en mayo pasado, de los dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y a partir de la cual se han explicado los recientes atentados a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Opuesto en todo momento a este tipo de investigaciones por parte de la Corte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano reiteró:

“Sostengo que la Corte no tiene atribuciones para investigar movimientos irregulares en una colectividad determinada, que se prolonguen en el tiempo y que puedan ser parecidos a algo significante de ingobernabilidad”.

El ministro Mariano Azuela aseguró incluso que se pide la intervención de la Corte con argumentos de violaciones graves a las garantías, “que sirvan de cortina de humo a la búsqueda de triunfo político de algún sector”.

La comisión investigadora de la Corte está integrada por los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar, que ahora tienen hasta agosto de 2008 para dar a conocer su informe sobre las autoridades federales, estatales y municipales responsables de graves violaciones a las garantías individuales en Oaxaca.

Aunque el informe no tendrá obligaciones jurídicas, será el Congreso, instancia que lo solicitó, el que determine las consecuencias políticas del reporte.



Actuación de la Procuraduría
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ERNESTO REYES

La marcha y la "procesión del silencio" para conmemorar la gran represión del 25 de noviembre de 2006, nos hace recordar el lamentable papel que durante el conflicto ha representado la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo ahora de Evencio Nicolás Martínez, pero que tuvo su máxima expresión de cinismo y atentatoria contra los derechos humanos, cuando estuvo a cargo de Lizbeth Caña Cadeza, una abogada tuxtepecana de la que sus paisanos debieran sentirse avergonzados.

El desprecio que las autoridades oaxaqueñas sienten por la protección de estos derechos se expresó en la primera reacción que tuvo el gobernador Ulises Ruiz cuando Amnistía Internacional presentó el informe de su misión en México y Oaxaca realizada en agosto pasado, al contestar, sin rebatir los hechos contenidos en el informe, que éste lo habían 'redactado' los abogados de la APPO".

Hemos expuesto en este espacio la actuación de instituciones estatales, que por omisión o por consigna, han contribuido a la violación de los derechos humanos o a consagrar la impunidad de las mismas. Lo correspondiente al Poder Judicial es tema del más reciente capítulo de observación internacional realizado por la Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica Alemana (CIJ/ODA).

En el capítulo correspondiente a la Procuraduría General de Justicia del Estado el Informe advierte la sensación de dependencia del Procurador respecto del Gobierno y del Partido en el poder. Y a ello contribuyen los dos últimos titulares del cargo con su actuación y con sus declaraciones.

De acuerdo son su ley orgánica, la "Procuraduría General de Justicia del Estado es una dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público; organizar, controlar y supervisar esta institución; vigilar el cumplimiento de las leyes; representar jurídicamente a la Administración Pública Estatal con las excepciones que marca la Ley" (artículo 1.2). Le corresponde, en representación de la sociedad, investigar los delitos; perseguir a los probables responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios (artículo 2).

En concordancia perfecta con su carácter de dependencia del Gobernador, es éste quien nombra y remueve "libremente" al Procurador General, a los Subprocuradores Generales y al Director de la Policía Ministerial (artículo 6).

No coinciden estas normas con las Directrices sobre la Función de los Fiscales adoptadas por las Naciones Unidas, en la Asamblea General de 1990. Ellas disponen que los criterios de selección de los fiscales deben contener "salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación... por motivos de... opinión política" (párrafo 2.a) de las Directrices).

No cabe extrañar, entonces dice el documento, que tanto la anterior Procuradora Lizbeth Caña, como el actual Evencio Martínez, asuman por completo las posiciones del Gobernador que los designó y que puede libremente removerlos.

Del Procurador General de Justicia depende la Policía Ministerial, que bajo su autoridad y mando directo investiga los hechos delictuosos; persigue a los probables responsables de los mismos; ejecuta las órdenes de detención, comparecencia, citaciones y presentaciones provenientes de la Procuraduría y las de aprehensión, comparecencia, presentación, arraigo y cateo dictadas por los órganos jurisdiccionales.

Es justamente la Policía Ministerial una de las más acusadas de violencia desproporcionada tanto en el desalojo del Plantón del 14 de junio de 2006, como de la represión del día de la Guelaguetza ( el 16 de julio) de 2007.

La parcialidad de la Procuraduría queda bien reflejada en la estadística de casos presentada a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, en su quinta visita al país (16 de diciembre de 2006 al 20 de enero de 2007), citado por la Comisión de Juristas:

• 418 averiguaciones previas por diferentes delitos: amenazas, lesiones, robos incendios, etc., denunciados por "ciudadanos" (calificativo que utilizan durante la entrevista solamente para aquellos que no son miembros o simpatizantes de la APPO)

• 77 vehículos quemados (47 autobuses, 19 vehículos oficiales, 11 vehículos particulares)

• 74 vehículos robados

• 42 procesos penales abiertos.

Pero no sólo se trata de la utilización parcial de la expresión ciudadanos: también los delitos mencionados, son justamente aquellos denunciados por aquellos. "Ningún caso de ejecución sumaria, de tortura, de tratos inhumanos, crueles o degradantes, allanamientos ilegales, atentados contra la libertad de expresión figura en la lista, hecha cuando ya los muertos por la represión pasaban de 20."

El actual Procurador manifestó a la Misión de la CIJ/ODA que los manifestantes "no eran oaxaqueños"; "hasta ahora no se ha demostrado ni un caso de tortura, no se ha mostrado ni un caso de desaparición"; "la ley de México dice que pegar a personas en el momento de detención no es tortura, porque no se pegó para obtener declaraciones". Ello sin considerar sus referencias a las ONGs de defensores de los derechos humanos.

Ex Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de señalar ser maestro de derechos humanos, el Procurador sostiene que "las ONGs no tienen moral, no tienen ética. Las organizaciones de derechos humanos tienen que ser imparciales".

A la Misión Internacional no le parece claro que los dos últimos Procuradores hayan cumplido sus funciones "con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana, defender los derechos humanos, contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal", como lo proclama la Directriz 12 de las Directrices de la ONU.

Ante la cantidad de organismos, tanto nacionales como extranjeros que han documentado la actuación de la Procuraduría y otras autoridades por afectar los derechos fundamentales de los oaxaqueños, la investigación de la Comisión Internacional de Juristas presentada en la ciudad de Oaxaca y en la ciudad de México, viene a sumarse a las voces que reclaman una reacción, aunque sea mínima, de las autoridades mexicanas que no parecen conmoverse y siguen guardando un silencio cómplice con los autores de atropellos y vejaciones, escondidos en una escandalosa impunidad.




Oaxaca, segundo lugar en feminicidios, asegura ONG
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JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.- Indígenas huaves, zapotecas y mixes ganaron las calles, y con pancartas en las manos exigieron respeto a su vida, en la víspera del Día Internacional por la no violencia hacia las mujeres y las niñas.

"Hay razones de sobra para protestar porque Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios según estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos", dijo Rogelia González Luis.

La dirigente del Grupo de Mujeres 8 de Marzo destacó que entre 1999 y 2003 la entidad registró el homicidio impune de 351 mujeres y niñas. Lamentablemente, añadió, solo fueron castigados dos de cada 10 agresores.

Mujeres huaves como Sidronia Navarrete dejaron por un día la bandeja que rellenan de camarones para su venta en las polvorientas calles de San Mateo del Mar y su sumaron a la protesta contra la violencia hacia las féminas. "En nuestro pueblo la lucha contra la violencia es difícil porque hasta la autoridad municipal dice que las mujeres no tenemos derechos y no valemos nada", explicó la activista y ama de casa Margarita Gutiérrez Luis, de San Mateo del Mar.

Desde temprana hora, indígenas mixes de la zona noarte del Istmo se congregaron en el crucero de la ciudad. En esa región istmeña, se ha documentado más de 80 casos de violencia contra las mujeres, en los últimos cinco meses.

Según el Centro para los derechos de la mujer Naaxwin, los casos de violencia son física, sicológica, económica y hasta de acoso sexual. Las mixes vinculan la agresión con el consumo de bebidas alcohólicas.

Por su parte González Luis, también señaló que entre abril y octubre, el Centro de Atención a la Mujer Istmeña, que ella fundó, atendió casi 300 casos de violencia física en agravio de las mujeres zapotecas.



En enero, las alzas en cascada: Canaco

Gobierno federal, principal culpable del incremento en varios productos, por los
variados anuncios de alzas:
Eduardo García Moreno
ELIZA RUIZ JAIMES

Eduardo García Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco- Servytur Oaxaca), advirtió que con la llegada del 2008 habrá una escalada de precios, y señaló al gobierno federal como el principal culpable del incremento que sufrieron varios productos, por los constantes anuncios de alzas, los que finalmente no se dieron pero que propiciaron aumentos en la canasta básica. “A ver qué hace el Presidente de la República, porque los anuncios fueron una estupidez”, afirmó.
“Por ejemplo, los medios de comunicación dieron a conocer con anticipación la supuesta alza en la gasolina y aunque el Presidente de la República afirmó después que no habría incrementos para este año sino hasta el mes de enero, nada se pudo hacer ante la escalada que se vino en automático pues ya no se pudo controlar”.
En el estado, 90% de los productos que se consumen provienen de otras entidades o incluso de otros paìses ya que es muy poco lo que produce Oaxaca para el autoconsumo. “Anunciar el alza en la gasolina fue absurdo, cuando cada mes hay un aumento en este combustible. La gente se previno y los precios subieron. Ahora existen versiones de que subirá el precio del pasaje en las líneas del transporte público, y aunque ahí es más difícil el asunto, la sociedad en general podría repelar”.
Por otra parte, García Moreno explicó que el juego político a nivel federal ha propiciado poca claridad en lo referente a la Reforma Fiscal, la cual es complicada y confusa, “pues no cumple con lo que constantemente pedimos los empresarios: sencillez en los trámites y menos trabas en los impuestos”.
Al abordar el la sucesión presidencial citadina en esta capital, el empresario y representante estatal de la Canaco-Servytur, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que esté al pendiente de las acciones del Ayuntamiento, a efecto de que se dé cumplimiento a las promesas que se hicieron, pues lo que la sociedad quiere es atención. “Los comercios necesitamos apoyos e inversiones para generar fuentes de trabajo, y el municipio y el estado ya no están para más conflictos”.
Reiteró que el compromiso de la sociedad es estar al pendiente de los manejos del recurso, solicitar y dar a conocer sus necesidades, hacer propuestas a la nueva administración que llega, hacer que se cumpla la plataforma de campaña y contribuir a la democracia.
Dijo finalmente que “urge una administración con ganas de sacar adelante la economía de la ciudad, pero también es necesario que amplíe los periodos administrativos de los ediles, mismos que no deben ver al Ayuntamiento como un trampolín político”.