EDUCACION, HACIA LA PRIVATIZACION.

El plan educativo calderonista seguirá las políticas de gobiernos anteriores
Introducir de lleno a la iniciativa privada en acciones de enseñanza, entre los objetivos
Busca reorientar la formación profesional y técnica hacia la demanda del mercado
Hay grandes rezagos que atender en términos de “equidad y calidad”: Vázquez Mota

Karina Avilés
El Programa Nacional de Educación 2007-2012 promete una “transformación del sistema educativo mexicano” –una de sus ofertas es elevar la escolaridad promedio del mexicano de la secundaria inconclusa (8.4 años) al primer grado de bachillerato (9.7 años)–, basado en un enfoque que busca reorientar la formación profesional y técnica hacia las demandas del mercado, introducir de lleno a la iniciativa privada en las acciones de enseñanza.
De esta manera, el plan llama a una “urgente reforma”, pues aunque hace un reconocimiento implícito a los gobiernos anteriores que han construido el sistema educativo nacional (SEN), la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, admite, en la presentación del proyecto, que hay grandes rezagos que atender en términos de “equidad y calidad”.
Los tres ejes de dicha reforma plantean una continuidad y profundización de las políticas emprendidas por los llamados gobiernos de la tecnocracia y son las siguientes: calidad con equidad; educación para el desarrollo humano sustentable: productividad, competitividad y capacidades para la vida y el trabajo, así como gobernabilidad y gestión democráticas.
Sin embargo, el proyecto calderonista da un lugar central a la “sincronía” que debe existir entre el sistema educativo y las “necesidades productivas del país”, bajo una visión en la que lo que define el progreso de las naciones es su “competitividad” y su vinculación con “las tendencias de la economía y del comercio mundiales”. En razón de lo anterior, indica el programa, “uno de los objetivos de la reforma en la educación media superior y en la superior es ofrecer a sus egresados salidas hacia el mercado laboral, mediante una mayor vinculación del sistema educativo con el aparato productivo”.

Solicita el gobierno de Chiapas investigar a fondo a la Opddic

Las pesquisas las deberán realizar la PGR y la CNDH, demanda Sabines Guerrero
La organización es acusada de ser un grupo paramilitar priísta ligada a intereses trasnacionales
Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsales)

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 de noviembre. El gobierno de Chiapas solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación exhaustiva a la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos (Opddic) por la serie de denuncias públicas sobre sus actividades, quiénes y cómo los financian, cuáles son los intereses y cuál es su razón en Chiapas, particularmente por las amenazas de muerte al Consejo Autónomo de San Andrés y las agresiones en los municipios de Chilón y Tumbalá.
Sobre el tema, el gobernador Juan Sabines Guerrero señaló que “es prioridad para este gobierno el respeto a los derechos humanos y el combate a todo tipo de injusticias, especialmente contra los que menos tienen”.
Apuntó que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que “inicie las averiguaciones para los casos de Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez, que son los afectados en el caso de Chilón; de igual forma, Manuel Jiménez Álvaro, Jerónimo Morales Álvaro, Manuel Méndez Silvano, Manuel Hernández y Miguel Pérez Álvaro, agredidos en el municipio de Tumbalá”, concluyó.
En un comunicado de prensa, el gobierno informó que la decisión fue tomada a raíz de las muchas denuncias contra la Opddic que se han publicado en los medios de comunicación, especialmente “con base en los trabajos de La Jornada”.
De acuerdo con la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoiris de la Esperanza, las más recientes “agresiones” de integrantes de la priísta Opddic en contra de bases de apoyo zapatistas ocurrieron el pasado sábado 24 en el municipio autónomo Olga Isabel (oficialmente se llama Tumbalá).
Precisó que ese día a las 11 de la mañana “un grupo de 80 personas, perteneciente a la Opddic, penetró con lujo de violencia” en el poblado Bolon Ajaw con armas de fuego, machetes y palos; “20 personas portaban pistolas calibres 22 y 38; seis más escopetas y el resto palos y machetes”, dijo.
Agregó que al llegar al poblado “encontraron a mujeres niños, niñas y a un compañero promotor de salud, de nombre Manuel Hernández”, a quien “agarraron y a pesar de estar enfermo lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo su cuerpo dejándolo inconsciente”.
Posteriormente “le dijeron que (los zapatistas) abandonen ese lugar inmediatamente con su grupo, porque si no van a morir todos, y luego abandonaron el lugar”. El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hectáreas y se formó con tierra “recuperada por bases de apoyo zapatistas en el año 2001. Actualmente lo habitan 41 familias que suman 200 personas, entre adultos y niños. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual están las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de esa agrupación.
La Opddic, según organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y bases de apoyo del EZLN, es un grupo paramilitar que desde el año 2000 se extendió hasta ocupar el territorio donde antes operaban el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), los Chinchulines y Paz y Justicia.
Actualmente la Opddic mantiene 68 juicios agrarios para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios, tanto en la zona de Las Cañadas como en los municipios de Chilón, Tumbalá, Sitalá, Tila, Sabanilla y Palenque.
El grupo fue creado por el ex diputado local y diputado federal suplente por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Chulín Jiménez, fundador también del grupo paramilitar denominado MIRA, y operador en la zona de Las Cañadas de los desmantelamientos de los municipios autónomos zapatistas, ocurridos entre 1997 y 1998.
A raíz del enfrentamiento por la disputa del poblado Viejo Velasco Suárez, ocurrida en noviembre de 2006 en la zona de Las Cañadas, la Opddic incrementó sus acciones para despojar a decenas de comunidades zapatistas de sus territorios.
Según documentó el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC, para llevar a cabo el despojo de los territorios zapatistas, la Opddic es apoyada por un notario público, un actuario del Tribunal Unitario Agrario, y un servidor público y líder sindical de la Secretaría de la Reforma Agraria, quienes también participaron en el desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.
En el contexto de estas acciones de despojo, en enero de este año la Opddic envió una carta pública al subcomandante Marcos, en la que le exigen ordene a las bases de apoyo del grupo insurgente abandonen 43 hectáreas del ejido San Antonio El Porvenir, de Ocosingo.
En la carta el grupo paramilitar advierte que de no hacerlo “personalmente nosotros lo haremos (despojar a los indígenas) por la fuerza”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización Maderas del Sureste acusan a la Opddic de ser utilizada para desocupar los territorios donde empresas trasnacionales tienen intereses.
Denuncian que la Opddic es un “actor vinculado a la política y acción paramilitar ocurrida en Chiapas y en la Selva entre 1995-1999 –mismos que no fueron castigados ni desarmados en el sexenio estatal y federal anterior– y actualmente se están posicionando geopolíticamente alrededor de la selva Lacandona”.

El monopolio mediático vulnera la libre expresión, advierte la ONU al Senado

Recomienda garantizar ese derecho al efectuar la reforma a la ley de radio y tv
Subraya la importancia de que la legislación garantice pluralidad en la información
Sería un fracaso la concentración de la propiedad en el sector, advierte Liliana Valina

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió a los senadores que elaboran la nueva legislación federal de radio y televisión que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica “vulnera el derecho a la libertad de expresión”, porque afecta el requisito de la pluralidad en la información.
Al asistir al Senado, donde se llevó a a cabo una reunión con el grupo plural para la revisión de la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, Liliana Valina, representante adjunta en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los senadores que así como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analicen las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) “que promueven la concentración de los medios de comunicación”.
Valina, quien asistió en representación de Amérigo Incalcaterra, titular de la OACNUDH en México, dijo a los senadores: “Ahora es el turno del Poder Legislativo, que tiene la posibilidad no sólo de remediar aquellos conceptos que la Corte declaró inválidos de la LFRT, sino además incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente en torno al derecho a la libertad de expresión”.
Subrayó que el Estado no sólo debe respetar la libertad de expresión, sino que tiene que garantizar que no se atente contra ese derecho y, al mismo tiempo, promover las acciones necesarias para que todas las personas puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias.
El Estado, sostuvo Valina, debe abstenerse de cometer cualquier acto que pueda derivar en una violación directa o indirecta a la libertad de expresión. Entre las primeras se encuentran la censura previa, la intimidación o amenaza a los profesionales de la comunicación, el secuestro o la prohibición de publicaciones, y en general todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental.
Entre las violaciones indirectas están el fracasar en impedir la concentración en la propiedad de los medios de comunicación o no garantizar la participación equitativa de todos los sectores de la población en los medios de comunicación.
Valina expuso ante los senadores del grupo plural que de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión saltan a la vista dos temas estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de expresión, que también fueron analizados por la SCJN: el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, y la pluralidad y libre competencia en ese sector.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 5, ha sostenido que “la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios”, apuntó Valina.
En el caso concreto de las radios comunitarias, esta disposición ha constituido una restricción a su reconocimiento jurídico como permisionarias, pues la naturaleza de su actividad de radiodifusión y sus objetivos no se ajustan de manera adecuada a los tipos de radiodifusión considerados en la LFRT.
Y abundó: “Otro elemento que puede considerarse es el financiamiento de las radios comunitarias. Actualmente el artículo 37 de la ley establece como causal de revocación del permiso que los permisionarios transmitan anuncios comerciales”, y esa situación implica que estos medios se vean en una situación realmente muy compleja para poder sobrevivir.
Aunque se entiende que las radios comunitarias no son organismos con fines de lucro, eso no implica que no puedan tener alternativas para autofinanciar las actividades que realizan y sugiere el reto de replantear las categorías, o bien las categorías que hoy existen en día, las cuales hacen una separación bipolar entre concesionarios y permisionarios, o bien buscar otras alternativas que recojan adecuadamente esta situación, detalló.
Advirtió que ambas categorías no necesariamente reflejan la especificidad de las radios comunitarias y las coloca ante retos y desafíos que limitan su capacidad, autosuficiencia y permanencia en el espectro radioeléctrico.
Exhortó a los senadores a que en lo relativo al tema de los derechos de las comunidades indias es importante que al legislar se tome en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre pasado, que en su artículo 16 establece el derecho de estos grupos a acceder a sus propios medios de comunicación.
También debe revisarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 3 señala que los pueblos y comunidades indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
Al abordar el tema de la pluralidad y la libre competencia de los medios de comunicación, Valina apuntó que uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público.
La pluralidad en los medios de comunicación permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista y contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad, concluyó.