EL "PRECIOSO" EN SU LABERINTO.

Marín concertó con autoridades contra Lydia Cacho, dictamina el ministro Silva

El Ejecutivo poblano actuó para satisfacer la venganza de Kamel Nacif, señala
Jesús Aranda.

El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de encabezar el “concierto de autoridades, las inconsistencias, contradicciones y falsedades” en las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, señaló el ministro instructor Juan N. Silva Mesa, al iniciarse ayer la discusión sobre este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Silva señaló que las acciones fueron concretadas por instrucciones u órdenes de Marín Torres para dar satisfacción a la venganza del empresario textil Kamel Nacif.
Responsabilizó al gobernador poblano de la existencia de irregularidades, alteraciones, falsedades, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de particulares “en todas las etapas de proceso legal” radicado en Puebla contra la periodista.
Por su parte, Genaro Góngora Pimentel evidenció la conducta de Marín durante la pesquisa, al ser el único que compareció por escrito, que se negó a responder verbalmente y que cuando fue requerido por Silva para que se condujera con verdad durante su comparecencia, el gobernador al verse “acorralado” contestó “con un poco categórico ‘desde luego’”, evadiendo así la solemnidad que debería tener su respuesta, pues de ésta depende ser responsable de declarar “con falsedad”.
A diferencia del ministro instructor, quien dijo que la conversación entre Marín y el empresario Kamel Nacif, en la que éste prometió una “botella bellísima” a Marín por haber dado un “coscorrón” a la periodista, no había sido considerada como prueba de culpabilidad del funcionario, sino como base para la hipótesis de la acción concertada, Góngora convalidó el uso de dicha conversación para inculpar al poblano de violar los principios democráticos de federalismo, división de poderes e independencia judicial.
Sostuvo que la autora del libro Los demonios del Edén fue torturada sicológicamente durante el trayecto de 20 horas, desde su detención ilegal en Cancún, Quintana Roo, hasta la ciudad de Puebla.
Góngora inició su intervención con una “pequeña historia”: leyó completa la transcripción de la conversación entre Marín y Kamel Nacif, reproduciendo cada palabra del lenguaje soez de ambos personajes.
“No cito autor ni título de esta historia, porque es del dominio popular, todo México la conoce. Es más, muchos celulares no suenan con timbres o campanitas, sino con esta conversación.” Y en alusión a sus compañeros que no comparten su opinión, añadió: “Todos escucharon esa conversación, pero algunos opinan que nosotros tenemos que taparnos los oídos ante esa evidencia”.
Reivindicó el derecho a la verdad y criticó la intención de Marín de provocar “un efecto amedrentador” contra la libertad de expresión para acallar la información de interés público, como son las redes de pederastia.
“¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar libros por temor a una represalia como la que sufrió Lydia Cacho, máxime viendo que a casi dos años de los sucesos los responsables siguen impunes?, es algo que nunca sabremos y por ello es una tragedia para la libertad de expresión.”
Silva asentó en su dictamen, cuyo contenido adelantó este diario el miércoles pasado, que el Congreso de la Unión es competente para actuar en el caso Marín (sobre la procedencia del juicio político en su contra); las legislaturas de Puebla y Quintana Roo; el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; el Ministerio Público de Puebla y el de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados para abordar el asunto de la existencia de redes de pederastia, y los poderes ejecutivos federal y estatales.
En amplia exposición inicial, detalló las razones por las que determinó la responsabilidad del gobernador poblano. Apuntó que “se identificaron claramente las irregularidades” en la averiguación previa de la demanda que Kamel Nacif interpuso contra Lydia Cacho por los delitos de calumnia y difamación por la publicación del libro de la periodista sobre las redes de pederastia; la doble radicación y trámite en el juzgado penal, la ejecución de la orden de aprehensión y el recurso de reclamación de la periodista ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Dejó claro que en la investigación que encabezó “se hizo uso de todos, sí, de todos los medios legales a su alcance” para realizar la indagatoria; además de la declaración de 117 personas y la revisión de expedientes.
Los hechos, subrayó, demuestran la hipótesis a verificar en el sentido de que las acciones fueron llevadas a cabo por instrucciones u órdenes del Ejecutivo poblano, para dar satisfacción a la venganza de Kamel Nacif, quien se sintió agraviado por la publicación del libro citado. Todo se hizo “para vulnerar los derechos de la indiciada, a fin de beneficiar al querellante, amigo del gobernador del estado de Puebla”.
Puso énfasis en las contradicciones en que incurrieron los funcionarios involucrados ante la Comisión Investigadora, aspectos “plenamente demostrados en el curso de la investigación”, que tuvieron el propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la pesquisa ordenada por la Corte.
Lo anterior corrobora la hipótesis a verificar, derivada de la conocida conversación voluntaria, cuya veracidad no fue puesta en duda por Marín. Concretamente en la frase de Marín: “ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón” a Cacho Ribeiro, y la expresión de Nacif: “yo te hablé para darte las gracias, de lo que hiciste”.
Respecto de los telefonemas entre subalternos de Marín con personal de la procuraduría y del tribunal de Puebla, antes y después de momentos clave para el caso de la periodista, Silva dijo que “no se explica por qué algunos funcionarios negaron haber tenido esas conversaciones”, siendo que las empresas de telecomunicaciones confirmaron la existencia de las mismas.
En cuanto a la pederastia, el documento que leyó Silva Meza advierte que lo relevado en el libro en cuestión, “sólo es una mínima parte de los abusos que sufren menores de edad en el país”, y que la pederastia y la explotación infantil son “un grave problema que motiva a actuar y responder”.
Sostuvo que, pese a la insistencia del pleno de que se le concediera la garantía de “audiencia” a Marín y a los otros 18 funcionarios responsables de la violación de garantías, éstos en sus alegatos no desvirtuaron los señalamientos en su contra. Lo que ratificó el sentido de su informe del 26 de junio pasado, que fue rechazado por la mayoría, porque a los funcionarios involucrados no se les habían respetado sus derechos constitucionales.
Tras las intervenciones de Góngora y Silva, ayer en la Corte había incertidumbre sobre el sentido del voto de los otros ministros, aunque para muchos se antoja difícil que el pleno adopte una decisión que sería histórica contra la impunidad. La sesión continúa hoy.
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Principales implicados
Principales funcionarios involucrados en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho:
Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de Puebla; Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Puebla; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado del gobernador; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Blanca Laura Villeda Ayala, procuradora de Puebla; Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas; Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla; Guillermo Pacheco Pulido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Rosa Celia Pérez González, juez quinto penal con sede en Puebla, y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, procurador de Quintana Roo.

AMLO pide a la resistencia civil no caer en provocaciones

Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de la Convención Nacional Democrática y a dirigentes del Frente Amplio Progresista (FAP) cuidar al movimiento del cual forman parte y evitar caer en actos de provocación, similares al ocurrido con las campanadas de la Catedral Metropolitana el pasado domingo 18.
Tras dar a conocer lo anterior, el senador Ricardo Monreal recomendó al gobernador de Puebla, Mario Marín, pedir licencia antes de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados promueva que se inicie juicio político en su contra para retirarlo del cargo y someterlo a proceso para que pague por la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Después de la resolución de la Corte, Marín tiene dos alternativas, destacó el legislador: “una, que yo le aconsejo y recomiendo, es que solicite licencia y se someta a tribunales del fuero común, para que se le deslinde de responsabilidades. Si no lo hace, quedará muy mal frente a la sociedad”.
Y por supuesto, subrayó, “el PRD presentará la demanda de juicio político (correspondiente) para que sea sometido a un juicio del orden común. Debe estar sujeto a proceso por violaciones a la Constitución y a principios básicos de la democracia en este país”.
Al término del encuentro que se realizó a puerta cerrada en las oficinas centrales de López Obrador, en la colonia Roma, en el Distrito Federal, Monreal Avila informó que los asistentes analizaron lo ocurrido en la Catedral Metropolitana, y cómo a partir de ello “se opacó” el mensaje que el ex candidato presidencial dio ese domingo, en el Zócalo capitalino, referente a la defensa del petróleo y del sector energético, de los derechos humanos, del maíz, contra la carestía y el alza de precios, tras el toque prolongado de las campanas del templo.
Indicó que además se comentó en la reunión el ataque que ayer sufrió la sede del PRD en Chihuahua. Sobre estos temas, manifestó, Andrés Manuel “reiteró que respetará la libertad de creencia y a todas las asociaciones religiosas por igual. No tiene ningún problema con ninguna y ha dado recomendaciones para que cuidemos mucho el movimiento, que no aceptemos provocaciones, que se distinga y se esté señalando a los que estén infiltrados en el movimiento y que no aceptemos nuevos actos de violencia.
“Nuestro movimiento, nos dijo Andrés Manuel –recordó el senador– es pacífico y así debe continuar”, concluyó



Moreira ‘placea’ a Carlos Salinas en Batopilas
arturo rodríguez garcía
* Opera la inesperada visita el exlíder cenecista Hugo Andrés Araujo

Ejido Batopilas, Coah., 26 de noviembre (apro).- Esta pequeña comunidad recibió el sábado pasado como una “celebridad” al expresidente Carlos Salinas, quien, a pesar de la brevedad del discurso que pronunció no pudo ocultar la alegría que le provocó su reaparición pública.

Luego de agradecer la recepción, evocó:

“Vengo del desierto y encuentro aquí, en Batopilas, un oasis que me permite un anhelo de esperanza y futuro”, soltó.

Acompañado por el gobernador priista Humberto Moreira Valdés, el exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hugo Andrés Araujo, los empresarios Pedro Luis Martín Bringas, del Grupo Soriana, y Ricardo Marcos Touché, del textilero Grupo Libra, el exmandatario recorrió el ejido y convivió con sus poco más de 400 habitantes.

En ese acto, Humberto Moreira refirió que continuaría pavimentando otras avenidas de la comunidad y de paso aprovecho para exteriorizar su admiración por el gobierno de Salinas de Gortari, con lo que dio paso a un intercambio de halagos.

“Hoy podemos comparar y darnos cuenta de que estábamos mejor en ese tiempo (el sexenio de Salinas); teníamos mayor obra pública”, aventuró el mandatario coahuilense.

Salinas devolvió la cortesía:

“Los felicito y me felicito como mexicano que tengan un gobernador que sabe cumplir su palabra y sabe estar del lado del pueblo”.

También recorrieron la biblioteca pública, que los ejidatarios han mantenido desde la fundación del pueblo.

“El hermano incómodo”

El viernes por la noche Hugo Andrés Araujo arribó a La Laguna.

Ahí, lo recibió su extesorero en la CNC y actual subsecretario de Desarrollo Político para la región, Salvador Hernández Vélez, vinculado a Batopilas, Araujo y Moreira.

Araujo y Hernández Vélez se apersonaron en el ejido a media mañana del sábado y, cerca de las 13:30, hicieron lo propio Salinas y Moreira, acompañados apenas por un puñado de auxiliares del gobernador. Ahí se les unieron tres alcaldes de la zona, dos subsecretarios estatales y los empresarios Marcos Touché y Martín Bringas.

Lejos de los fastos de las giras salinistas en La Laguna, cuando miles de acarreados recibían al entonces presidente, quien siempre se rodeaba de un ostentoso aparato de seguridad, en esta ocasión aparte de los ejidatarios no hubo más invitados, y en la entrada al pueblo apenas destacaban dos patrullas con un total de cuatro uniformados.

Hugo Andrés Araujo y los hermanos Salinas tienen su historia en La Laguna.

Antonio Jáquez, reportero de Proceso, documentó la presencia de los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari durante el movimiento gremial que dio origen al ejido.

En el reportaje “El hermano incómodo”, se publicó que Hugo Andrés Araujo figuró como uno de los principales impulsores de comunidades de base con orientación maoísta en La Laguna.

“Araujo se estableció en Torreón, Coahuila, en 1970. Dos años después formó su primera ‘base social de apoyo’: la colonia Tierra y Libertad, en la que aplicaría los principios de la denominada Línea de Masas. Surgieron luego otras colonias en esa ciudad y en la vecina Gómez Palacio (Durango).

“Hacia 1976, cuando los caminos de Araujo y Adolfo Orive se habían bifurcado –el primero siguió con Línea de Masas, el otro fundó Línea Proletaria–, los araujistas se habían extendido a varios municipios del área rural lagunera, en particular a San Pedro, en la colonia Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, en la pequeña propiedad Batopilas y en la colonia 2 de Marzo. En esta expansión colaboraron varios sacerdotes, entre ellos Benigno Martínez, Jesús de la Torre y José Batarse.

“Según Batarse, el momento estelar de esa fase fue la lucha de los jornaleros de la vitivinícola Batopilas –propiedad de Manuel Suárez–, que se inicia con una huelga en enero de 1976 en demanda de salarios adeudados.

“En abril invaden las tierras para solicitar se conviertan en ejido, lo que finalmente se consiguió el 21 de mayo. Ante el éxito de sus compañeros, otros campesinos se movilizaron también en demanda de tierras en manos de latifundistas. En respuesta, el gobierno de Oscar Flores Tapia instrumentó la represión, en octubre de 1976.

“Fueron arrestados Araujo, unos 20 campesinos y los sacerdotes Martínez y De la Torre, e internados todos en el penal de Saltillo (Proceso 897).

“En la invasión de Batopilas, asegura el padre Martínez, estuvieron presentes los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, ‘en calidad de observadores; ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de las conexiones políticas de Hugo Andrés’.

“El año siguiente, en una asamblea nacional de brigadistas celebrada en Monterrey, Nuevo León, estuvieron también como observadores los hermanos Salinas de Gortari. Ambos harían su casita en Batopilas y, al correr de los años, canalizarían apoyos privilegiados a este ejido, por cierto sin lograr buenos resultados”.

Ahora los ejidatarios recibieron con aplausos a Hugo Andrés Araujo y Carlos Salinas, se arremolinaron a su alrededor para obtener una fotografía o, al menos, el saludo del exmandatario o del exdirigente cenecista.

En la comida --asado de puerco y arroz--, Humberto Moreira brindó un reconocimiento a Carlos Salinas, a quien entregó “las llaves” de Coahuila, un sarape y las biografías de los coahuilenses que han alcanzado la Presidencia.