LA ILEGALIDAD DEL PODER.

La injerencia del guanajuatense ocasionó retrocesos y descompuso el ambiente electoral, dice
En 2006 Fox violó la democracia: Fundación Konrad Adenauer

Indica que sus ataques a López Obrador fueron para beneficiar al panista Felipe Calderón
No sólo incumplió promesas de campaña, sino que al final del sexenio “cayó en una vorágine”
Elizabeth Velasco C.
Al “intervenir en la elección presidencial en forma abierta”, en 2006, el ex presidente Vicente Fox “violó las reglas diseñadas para apuntalar la naciente normalidad democrática de México”, advierte la fundación alemana Konrad Adenauer y la consultora Polilat.com, en su evaluación política correspondiente al Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2007 (IID-Lat 2007).
En el capítulo “Presidencialismo y desvanecimiento de los parlamentos”, afirma que los ataques del guanajuatense hacia el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, en plena campaña política, fueron “para beneficiar al candidato de su partido (Acción Nacional)”, Felipe Calderón Hinojosa, con lo cual el ex mandatario “obligó al sistema a dar pasos hacia atrás al descomponer el ambiente electoral”.
Vicente Fox –se indica en el IID-Lat 2007– “intervino en la elección presidencial en forma abierta” y “sus bolas de nieve (las del presente y las del pasado) se volvieron aludes”, por ello el ex mandatario “violó reglas diseñadas para apuntalar la naciente normalidad democrática de México”.
La fundación alemana sostiene que durante el proceso electoral de 2006, a Fox lo rebasó “una buena dosis de falta de pericia y una mayor cantidad de intolerancia hacia sus adversarios”, entre los que particularmente menciona “al izquierdista Andrés Manuel López Obrador”, a quien atacó en plena campaña para beneficiar a Calderón Hinojosa.
De hecho, la fundación advierte que a causa de los errores políticos, Fox “sometió” a los mexicanos nuevamente al riesgo de caer en una crisis económica, como en el pasado, y orilló al sistema a retroceder en avance democrático al descomponer el ambiente electoral.
Recuento de daños
Subraya que Fox Quesada no sólo “incumplió” sus promesas de campaña; también, en la mayoría de los asuntos más complejos de la agenda política “hubo retrocesos”, y en el último año de su sexenio “cayó en una vorágine”.
Ilustra: “En su sexenio, el gobierno federal rompió relaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (no resolvió el conflicto de Chiapas en 15 minutos); Pemex mantuvo el mismo esquema fiscal que la mantiene en el retraso; él (Fox) jugó roles protagónicos y hasta intentó un plan transexenal, como en el pasado, al impulsar la posible candidatura de su esposa Marta Sahagún, y luego la de su amigo Santiago Creel.
“No detuvo la migración. Ni hubo reforma migratoria en Estados Unidos. Todo lo contrario, hereda un muro fronterizo que ratifica las peores relaciones de México con su vecino del norte; no hubo reforma de Estado.”
Tampoco “castigó a los corruptos; no pagó la deuda con pobres e indígenas, y, quizá su peor error en el último año, (fue que) participó en la división de la sociedad mexicana en pobres y ricos, junto con López Obrador”.
En el recuento se señala a Fox como el hombre que tuvo todo, en particular poder y capital político, pero que “no pudo cerrar su presidencia con la tersura con la que recibió el mando”. “La intolerancia” de Fox hacia sus adversarios, se señala como una causa que lo llevó a “cometer terribles errores que él mismo había señalado desde la oposición como inadmisibles”.
La Fundación Konrad Adenauer parafrasea incluso una de las expresiones célebres que el 21 de febrero de 2006 dijo Fox a López Obrador para descalificarlo y “favorecer” a Felipe Calderón, entonces candidato del PAN a la presidencia: “Mi gobierno vomita la demagogia, el populismo, el engaño y la mentira”.
Aunque no alcanzó los objetivos que se trazó, la fundación sostiene que por “una serie de factores ajenos” a Fox,“mantuvo su gobierno a flote: buenos ingresos petroleros, por turismo y por remesas de migrantes; y el manejo correcto de las tasas de interés, la inflación, deuda externa o el tipo de cambio por el Banco de México”.


Diputados declaran inelegible a Jorge Alcocer para ser consejero electoral

Mireille Roccatti, aceptada, a pesar de que el PRD impugnó su “falta de solvencia moral”
Casi 120 ciudadanos, a la siguiente fase de consulta; la lista, hoy en la Gaceta Parlamentaria
Enrique Méndez
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados determinó anoche dejar fuera de la lista de candidatos a consejero electoral a Jorge Alcocer, debido a que no cumplió uno de los principales requisitos establecidos en la convocatoria, respecto de no haber presidido ningún partido político en los cinco años anteriores, ni haber sido postulado como candidato a algún cargo de elección por el mismo periodo.
Mientras el resto de candidaturas fue resuelta sin polémica, el caso de Alcocer, ex dirigente de Fuerza Ciudadana, candidato a diputado federal por el mismo instituto político y colaborador del priísta Francisco Labastida Ochoa en la campaña presidencial de 2000, causó un fuerte debate entre diputados, sobre todo porque durante casi dos horas los priístas y el presidente de la comisión, Diódoro Carrasco Altamirano (de Acción Nacional), lo defendieron.
Sin embargo, cuando a Carrasco y a los priístas se les agotaron los argumentos jurídicos, optaron por no someter a votación la candidatura de Alcocer, debido a que de haberlo hecho habrían perdido por una mayoría del PRD, PT, PVEM, Convergencia y Alternativa, que objetaron su nominación.
Además, la comisión determinó también no registrar en la lista depurada a Eduardo Huchim May, ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, debido a que no cumplió con el requisito establecido en la convocatoria de contar con licenciatura. Al respecto el diputado panista Gustavo Parra Noriega refirió que a lo largo del día la comisión discutió si la experiencia como consejero del Distrito Federal podía considerarse “como formación equivalente y compensar” el hecho de que no cuenta con un título de licenciatura.
Asimismo, y aprovechando la ausencia de los integrantes de la mesa dos, que habían rechazado la postulación de Mireille Roccatti, la mayoría panista y priísta dio por válido el registro de la ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de que no cumplía el requisito de contar con experiencia político-electoral. La diputada Valentina Batres aseguró que Roccatti fue objetada en la reunión previa de trabajo “debido a que además no cuenta con solvencia moral, y no protegió, desde la CNDH a los pueblos indígenas, no hizo nada por esclarecer la masacre de Aguas Blancas, de la que hasta ahora no hay culpables”, declaró.
En cambio, entre la lista de casi 120 ciudadanos inscritos que pasaron a la siguiente fase de consulta para la selección de quien sustituirá en la presidencia del Consejo General del IFE, a Luis Carlos Ugalde, así como otros dos consejeros electorales, la Comisión decidió incluir a los ex consejeros Jaime Cárdenas Gracia y Mauricio Merino; al doctor en historia y director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Serrano Migallón; al ministro de la Corte Genaro David Góngora Pimentel; al doctor en derecho y constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas; al ingeniero Arturo Martínez Nateras, quien fue el primer solicitante de registro de su candidatura, cuando se abrió la inscripción el 21 de noviembre pasado; así como al ex presidente del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.
Poco antes de la medianoche el diputado del PRD Francisco Santos Arreola informó que por consenso, los ocho grupos representados en la Comisión de Gobernación determinaron que Alcocer no cumplió todos los requisitos establecidos en la convocatoria, sobre todo porque fue dirigente de un partido político.
Dijo que las resoluciones que él presentó en su favor, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que si bien fue dirigente de un partido, éste ya no existe, los diputados concluyeron que ese fallo no tiene carácter vinculante con el proceso de renovación del IFE.
Aseguró que de haber aceptado su postulación, los legisladores habrían violado los términos de la convocatoria y establecido un precedente negativo respecto de la falta de seriedad de un proceso que está sujeto al reparto de cuotas de poder de los tres principales partidos.
Refirió que, aunque en principio el PRI defendió la nominación del Alcocer, quien también colaboró con Labastida en la Secretaría de Gobernación, luego estuvo en favor de no permitirle continuar la selección “y decidió que, por consenso, no pasara”.
Valentina Batres refirió que después de una amplia revisión de cada uno de los expedientes y los ensayos que los aspirantes entregaron a la Mesa Directiva, sólo seis se reservaron al final para discutir la aplicación de los criterios conforme a lo establecido en la convocatoria, entre ellos el de Alcocer y el de Roccatti. Explicó que quienes no pasaron a la siguiente etapa podrán solicitar su inscripción en octubre de 2008.
“Sus derechos están a salvo, pues esta convocatoria es exclusiva para la renovación de tres consejeros, y en la próxima podrán participar conforme a las reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, aseguró.
La lista definitiva de candidatos será publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria y estos serán entrevistados a partir de mañana y hasta el viernes, en reuniones que serán televisadas por el Canal del Congreso.


La Corte ‘preciosa’
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pagará por un buen tiempo el costo político de haber exonerado al “góber precioso”, Mario Marín.

La consideración que durante este año había ganado la Corte con la llegada de Guillermo Ortiz Mayagoitia a la presidencia se había construido con fallos como el de la llamada “Ley Televisa” y los amparos a los militares dados de baja del Ejército y la Marina por ser portadores del VIH.

Pero ante un caso meramente político, como lo fue el de la grave violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, seis de los diez ministros que definieron la resolución pusieron a la Corte, y la justicia en general, en el camino del desprestigio ante la opinión pública del país e, incluso, del extranjero.

Ya de por sí desconfiada de sus jueces, la sociedad mexicana difícilmente verá en los ministros del máximo tribunal una instancia en la cual confiar para defenderse al amparo de la Constitución.

Los “nuevos héroes de la película” que apostaron por la exoneración política en uno de los hechos que mayor indignación social ha causado en años recientes, prefirieron el equilibrio del binomio partidista PAN-PRI que ser sensibles tanto al reclamo social de justicia para la periodista como para la defensa del sistema democrático.

Fundado entre otros principios en la división de poderes y la rendición de cuentas, que fueron la materia del juicio contra Marín, el sistema democrático quedó en entredicho con el fallo en favor del priista poblano.

Esos “nuevos héroes” son los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Ortiz Mayagoitia.

No es casual que de ellos, Aguirre y Azuela y, en menor medida, Valls y Luna Ramos sean reiterados opositores a que la Suprema Corte ejerza la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 de la Constitución.

Azuela incluso ha asegurado que ese artículo “está escrito con los pies y no sirve para nada”, por lo que debía desaparecer del máximo ordenamiento jurídico del país.

Y lo va logrando. En la reforma electoral se eliminó el tercer párrafo de ese artículo que permitía investigar la violación del voto público, facultad que bajo su presidencia en la Corte se negó a ejercer ante la impugnada elección presidencial del 2006.

Con fallos como el del caso Lydia Cacho, en la práctica la Corte está anulando esa facultad constitucional. Resoluciones de ese tipo harán en la práctica que se vuelva obsoleta, tal y como lo ve Azuela.

Fue durante su presidencia precisamente que la Corte tuvo otro de sus grandes retrocesos ante la opinión pública, cuando en franca subordinación al Ejecutivo, quien entonces era el principal representante del Poder Judicial, se sumó al propósito político del entonces presidente Vicente Fox para desaforar al político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

El costo que estaba pagando la Corte se redujo cuando Azuela dejó la presidencia. En enero de este año, Ortiz Mayagoitia lo reemplazó y se perfilaba como un ministro presidente que devolvería el sentido de autonomía e independencia al Poder Judicial.

Pero el fallo encierra un mensaje más pernicioso aún: el ejercicio periodístico y de investigación puede ser sancionado extralegalmente sin consecuencias para quienes desde el poder formal o fáctico se sientan afectados, como en el caso del empresario textilero Kamel Nacif. (30 de noviembre de 2007)