DESDE MEXICO
28 feb 2007
El Paradigma Mexicano Actual
Bertha Dimas Huacuz
VozUniversitaria
Se viven en México momentos difíciles, de riesgo e incertidumbre. Nuestro país atraviesa por situaciones de conflicto permanentes, ante las presiones económicas y sociales de una sociedad injusta y globalizada. El acecho y las amenazas a las que se enfrentan las comunidades rurales e indígenas del país –despojos y expulsiones de las mejores tierras, crisis derivadas de la explotación ilegal del bosque, “focos rojos” ancestrales de linderos de propiedades y tenencia comunal–, no han disminuido.
El asalto sobre los territorios de las comunidades indígenas, es más fuerte que nunca. Estas enfrentan ahora las nuevas amenazas de la prospección y explotación de la biodiversidad en sus territorios ancestrales, de la titulación y privatización de sus tierras, y de la expropiación turística de sus manifestaciones culturales, además de las insidiosas agendas externas de desarrollo personificadas en una multiplicidad de programas gubernamentales, sin anclaje en la realidad local. Estas amenazas son efectivas, se generan desde los centros de la política pública y los intereses comerciales privados. La colonización interna no es una frase inventada; como caudal en cascada, es una realidad en el ámbito de las capitales de los estados y de las cabeceras municipales, con respecto de sus regiones periféricas formadas por miles de comunidades y rancherías dependientes y empobrecidas.
A. DEL PACTO FORZADO AL PACTO FALLIDO
El Pacto Forzado: La Relación Estado-Pueblos Indios
México vive bajo un pacto forzado que, históricamente, no se ha tenido el coraje y la determinación de superar. La esperada “nueva civilización” del “encuentro de dos mundos”, nunca se dio y la conformación de una verdadera sociedad pluriétnica y multicultural ha sido negada, sistemáticamente, por todos los gobiernos post-revolucionarios, bajo una relación con los pueblos indios que se mantiene, hasta nuestros días, en términos de injusticia y desigualdad.
Inicialmente, las políticas integracionistas, elaboradas por los teóricos del indigenismo, esperaban que, por medio de reformas agraristas y programas educativos de “castellanización” –ejecutados con la participación directa de los evangelizadores estadounidenses del Instituto Lingüístico de Verano–, 2/ las poblaciones indígenas fueran asimiladas, aunque lentamente, en la vertiente cultural principal de la nación (Lewis, 1999). Pero al no haber sido invitadas a la fundación del Estado mexicano, las comunidades indígenas permanecieron arrinconadas en las declaradas “regiones de refugio”, entre los remanentes de la benevolencia religiosa que se pretende beatificar en la actualidad, y sufriendo las acciones y puntos de vista de progreso unilateral de una sucesión de encomenderos gubernamentales.
El Pacto Fallido: Las Contrarreformas Constitucionales
A consecuencia de la contrarreforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas de 2001 –que en su versión original, como se establecía en los Acuerdos de San Andrés, buscaba modificar, de fondo, la relación entre el Estado y los pueblos indios–, en la práctica, además de que se continúan negando nuestra autonomía y nuestros derechos colectivos, incluyendo la posibilidad de asociación de comunidades y municipios, tenencia comunal de tierras y territorios, entre otros, los indígenas de México seguimos siendo tratados como objetos y no cómo lo que somos, sujetos de derecho.
Mientras que el apartado B del artículo segundo entroniza, a nivel constitucional, el tutelaje del gobierno y un modelo de desarrollo asistencialista, filantrópico de Estado (que nos supedita al voluntarismo de los gobiernos a recibir, en abonos, a lo que tenemos derecho como cualquier mexicano), la contrarreforma agraria del artículo 27 constitucional (1992), conduce al desmantelamiento de los territorios, su conversión en parcelas certificadas, expuestas a los vaivenes del mercado, y a la destrucción paulatina de la comunalidad de los pueblos indígenas 3/ . Por su parte, las reformas constitucionales en materia indígena, en el ámbito de las entidades federativas, con la salvedad de Oaxaca, i.e., Quintana Roo, Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, revelan que el pacto de dominación, no se ha modificado. En todos estos casos, los Acuerdos de San Andrés y los preceptos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ordenanza mundial en la materia, son horizontes lejanos (Assies, et al , 2006).
B. DE ESO QUE LLAMAN INDIGENISMO MEXICANO
Si bien por indigenismo se entiende una compleja y extensa interrelación de políticas, acciones y declaraciones de gobierno hacia los pueblos y comunidades indígenas –habiendo sido concebido en México, desde los años cuarenta, como una estrategia gubernamental para la integración de los indígenas a la vida nacional,–, no existe, ni ha existido, un solo tipo o perfil de indigenismo. El indigenismo es institución, ideología, etnología, sociología rural, cuerpo teórico-práctico de intervención; y su objetivo, filosofía, misión y pasión, es la integración y civilización de las poblaciones autóctonas. Dicho con mayor fidelidad y elegancia, más que su incorporación al progreso de la nación, es la salvación de su alma, la eliminación del pecado original de ser indios. “Es mestizaje biológico y evangelización cultural como forma de consolidación de la identidad de los mexicanos” (Aguirre Beltrán).
Aunque el indigenismo mantiene ciertas características genéricas (tutelaje, asistencialismo, corporativismo, y no sólo trato diferenciado para el desarrollo de zonas rurales y comunidades indígenas), éste ha evolucionado a través de los tiempos, expandiendo o contrayendo sus acciones al ritmo marcado por las intenciones del Ejecutivo federal, i.e., indigenismo clásico, multiculturalista y neoliberal, etcétera. Este mecanismo de intervención se mantiene vivo, se reanima, mostrando dinamismo y características particulares, tanto a nivel nacional como en el ámbito sub-regional, como es el caso de los periodos de campañas políticas y electorales. Aunque todavía sin representación legítima en ninguna instancia gubernamental, las demandas de los indios dan colorido a los programas de campaña y de gobierno.
Conceptualizado para la acción de campo, el indigenismo dictaba, en sus primeras etapas, que la administración de las áreas indígenas debería ser responsabilidad de los antropólogos, considerados como una composición de misionero educador, científico social y burócrata comprometido. Este mismo fenómeno de control territorial se mantiene, en nuestros días, a través de funcionarios federales y estatales (algunos indígenas), como un instrumento de penetración del Estado en la vida social, económica y política de las comunidades, y se inscribe en un federalismo ejecutivo, normativo y presupuestal que ha condenado a las regiones a la desigualdad.
El indigenismo –establecido formalmente desde el Primer Congreso Indigenista Interamericano (Pátzcuaro, 1940), y sostenido en nuestro país por más de sesenta años con el aparato burocrático del Instituto Nacional Indigenista (1948) y sus Centros Coordinadores Indigenistas–, se consolida y expande en nuestros días, con la creencia presidencial de que las acciones “transversales” de las entidades de gobierno, coordinadas por una estructura externa de esta naturaleza, ahora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003) 4/ , siguen siendo la mejor manera “para el pago de la deuda con nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas” (frase favorecida por el Presidente saliente de la República ).
En esta etapa reciente del indigenismo, la Comisión está asociada, de manera creciente –en alianza simbiótica–, con los programas benefactores de las dependencias gubernamentales de desarrollo social, promoción turística y “empoderamiento” de la mujer, a la vez que sus acciones se complementan con recursos de fundaciones filantrópicas, nacionales y extranjeras, y de las agencias de cooperación internacional.
C . FILANTROPISMO DE ESTADO:
EL PARADIGMA INDIGENISTA ACTUAL
Bajo la frase, “México, diversas culturas, muchos pueblos, una sola nación” que aparece en la portada del Informe General de Resultados de Propuestas Nacionales. Consulta Nacional sobre Pueblos indígenas, políticas públicas y reforma institucional (Presidencia de la República , et al, 2002), arranca una nueva etapa de atención al indio mexicano. Pero el modelo de intervención de las administraciones de gobierno, federales y estatales, sigue siendo de corte esencialmente indigenista. Están cortados con la misma tijera, y dependen del mismo presupuesto. Este indigenismo del presente se fundamenta en las mismas acciones, paternalistas, fragmentadas y localistas y sin recursos garantizados, en lugar de orientarse a una integración y aumento de los activos sociales y económicos de las comunidades y de facilitar su autonomía y reconstitución como pueblos.
El “problema indio” se sigue abordando en México y Michoacán de manera parcial y sin resultados definitivos, al ser enfocado como un fenómeno de “interculturalidad” y bilingüismo educativo, y no para la eliminación del despojo, la marginación y la pobreza en todos sus aspectos. Este indigenismo de la “transversalidad”, de la “participación y consulta ciudadana”, del “ir de la mano” con el gobernante, de la proyección en foros internacionales, y de las sistemáticas campañas de mercadotecnia gubernamental, no nos ha hecho avanzar tampoco durante el último sexenio. Pero, por otra parte, tiene la intención de permanecer, ofreciendo nuevos “productos”, e.g., Tramita-Tel en Michoacán, y obteniendo nuevos certificados “ISO 9001” de innovación y calidad a nivel nacional . 5/
Filantropismo de Hecho y de Derecho
Fortalecido con los múltiples programas de subsidios, becas, premios y transferencias de asistencia social, de varios sectores y dependencias (principalmente el programa “Oportunidades”), el indigenismo actual obliga a las comunidades indígenas a enfrentarse con un proyecto que busca hacerlas dependientes del Estado, para que así no asuman el control de su destino. Esta es la forma con la cual se pretende cumplir con la “deuda”, pero que resulta, por el contrario, en una convenenciera reinvención de la pobreza. 6/
Fundamentalmente, esta estrategia de intervención gubernamental está consagrada en el apartado B del artículo segundo de la Constitución , resultante de las reformas de 2001. Estos nuevos preceptos constitucionales elevan al altar de la buena fe, el voluntarismo del gobierno mexicano. A la luz de estas razones, “el gesto misericordioso (del indigenismo) se hizo caridad institucionalizada y burocratizada” ( cfr ., Jean Robert, 2001). 7/
Estas reformas establecen mayores responsabilidades de atención a las comunidades indígenas por parte del Estado, consolidando el tutelaje, en lugar de favorecer la autogestión y la transferencia de recursos para ser aplicados directamente por municipios y comunidades indígenas. En este sentido, el gobierno retiene todas las funciones, a la vez que simplifica sus acciones, generando padrones de beneficiarios, los que incluyen una gama completa de derechohabientes a nuevos servicios (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres emprendedoras, etcétera), supeditados todos a ciertas condiciones especificadas en diversas normas y reglas de operación. Además del carácter degradante de recibir el cheque o la autorización de pago en ceremonias públicas o de hacer la fila afuera de oficinas gubernamentales, estos procedimientos niegan, ante todo, la oportunidad de ser uno mismo. Oprimen a la gente humilde, en lugar de facultarla y preservar la dignidad que se merecen.
Territorio “Telcel”
Pero además, en paralelo, el Estado abandona responsabilidades fundamentales con respecto de la salud, la educación, las emergencias, y la vivienda de los mexicanos, cediendo el control de muchas de estas acciones a diversas fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, incluyendo las de Televisa, el Teletón y TV Azteca, además de la privilegiada “Vamos México”.
Es así que aparece un nuevo tipo de personaje indigenista, público o privado: un prototipo de benefactor, el que a cualquier ciudadano que encuentra en circunstancias diversas a las suyas –de acuerdo con sus perspectivas unilaterales y etnocentristas– lo transforma ya sea de campesino o indio, en mexicano pobre; y a cualquier mujer indígena o campesina, la convierte en objeto de piedad, ayuda, al mismo tiempo que en beneficiaria de capacitación y terapia de “empoderamiento”. El indio es el carente de todo aquello que debería tener, y el donante, es el prestador de la ayuda necesaria y quién busca, pudieramos decir, la salvación de su alma o el juicio positivo de la historia.
Pero por encima de estas consideraciones, se ocultan las causas y consecuencias de la pobreza urbana y rural, y en las esferas gubernamentales no están interesados en entender las relaciones intrínsecas de causalidad, i.e., que hay riqueza porque se ha provocado la pobreza y viceversa.
D . ¿UN FENÓMENO INDISOLUBLE?
Mientras que en una “optimista y persuasiva” conferencia ofrecida en la Universidad de París, en 1956, el Dr. Alfonso Caso (1896-1970), ideólogo del indigenismo y primer director del INI, vaticinaba que “ el problema indígena como tal desaparecería en los próximos 20 años” 8/ , la Sra. Xóchitl Gálvez, Directora General de la CDI , declaró el año pasado, en la misma ciudad de Pátzcuaro, durante el acto inaugural del Taller Internacional sobre el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (septiembre de 2005) que:
(i) “El rezago en el sector indígena de México es tan amplio que se requerirá el trabajo de por lo menos cuatro gobiernos más para disminuirlo, siempre y cuando actúen sin demagogia y mucho trabajo”; y
(ii) “La deuda con los indígenas se está pagando pero hay que meterle más lana (sic) para que sea más rápido". 9/
Como se ve, este fenómeno persiste, “no ha muerto, está resucitando con nuevos disfraces y nuevos discursos, que suenan gastados y demagógicos, de que ahora sí este gobierno va a resolver los problemas ancestrales” (Sámano Rentería, 2004). Es así que habrá que estar alerta a sus elementos de mutación y estrategias de sobrevivencia, pues “lo que hace definitivamente ‘especial' al indigenismo mexicano, son (también) sus visibles implicaciones entre los diferentes espacios de los ejercicios del saber / poder social, es decir, entre las esferas académica, política y los espacios institucionales de integración y asistencialidad” (Palacios Ramírez, 2004).
Finalmente, a este respecto, no puede haber mejor ejemplo que las propias reflexiones del Dr. Alfonso Caso, hace quince años, al momento de ser condecorado con la Presea Belisario Domínguez (octubre de 1991), mensaje que se convierte en auto-elogio, homenaje al indigenismo neoliberal, elegía del presidencialismo, y negación de la autonomía y la libre determinación:
“El reconocimiento que hoy se me hace implica, además, reconocer la vitalidad de un paradigma que tiene en alta estima las formas de vida humana, las formas de vida indias en el presente y en el futuro. Como lo demuestran en los últimos sexenios los programas encaminados al mejoramiento y desarrollo de los pueblos étnicos. Basta mencionar el de Solidaridad, impulsado con evidente preferencia por el ciudadano Presidente de la República Licenciado Carlos Salinas de Gortari, merecedor de todo aplauso. Muchas gracias.” 10/
E . EL CAMINO DE LA RECONSTITUCIÓN DE LOS PUEBLOS
Después de décadas de indigenismo y tutelaje gubernamental, existe ya una clara conciencia de que es necesario comenzar a construir, de manera más sólida, los elementos, que puedan cimentar el ejercicio de la libre determinación y la autonomía, y que conduzcan –en base a nuestras historias y lenguas compartidas, estructuras de representación democrática directa, y mecanismos de responsabilidad y gestión colectivas– a una consolidada gobernabilidad rural comunal.
La reciente presencia en nuestro estado y comunidades de la caravana zapatista, y las reuniones de trabajo, regionales y nacionales, del Congreso Nacional Indígena (CNI) (San Pedro Atlapulco; Nurío, P'amatákuarhu, Zirahuén, Cherán), han sido oportunidades valiosas para discutir –con bases y compromiso–, las ideas y hechos que tienen que ver con la urgente definición de nuevos rumbos para la reconstitución de los pueblos, la refundación del Estado mexicano y la creación de una auténtica nación de naciones.
La disyuntiva, por lo tanto, para nuestras comunidades en México y Michoacán, es la de saber elegir entre un modelo propio de desarrollo –el de la autonomía, la gobernabilidad y la reconstitución de los pueblos–, o el modelo que se nos ha impuesto desde siempre, de la dominación, la burocracia, el individualismo y la erosión de la vida comunal.
Jimbánerani Uinhápikua . La brújula del zapatismo indígena nos marca el camino. Es este nuestro nuevo paradigma y plataforma de acción, con el cual se abandona la exigencia del “reconocimiento”, para buscar concretizar el ejercicio –en la práctica– de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas (CNI, 2006) (COAPI, 2006).
Sabemos que las tareas son vastas y difíciles, pero también que las comunidades respiran libertad cuando están organizadas. Y, así, hemos descubierto, además, que el corazón de los pueblos palpita abajo y a la izquierda. ¡Irétaeri mintsíta nineshïndi kétsekua ka uikíxkanda !
Barrio de San Pedro Urhépati, Santa Fe de la Laguna , Michoacán, en conmemoración del día de la dignidad de los pueblos indios, octubre de 2006.
Chávez y la derecha mexicana
Luis Hernández Navarro
La Jornada
Desgraciadamente para la derecha venezolana, las pasadas elecciones presidenciales en ese país no se realizaron en México. Según el sondeo de un diario nacional, casi la mitad de la población mexicana encuestada tiene una mala opinión del presidente Hugo Chávez. Desafortunadamente para ellos, en Venezuela el mandatario se religió con más de 60 por ciento de los votos.
Los resultados de la encuesta no sorprenden a nadie. Desde hace años ha habido en nuestro país una sistemática campaña de desprestigio contra la revolución bolivariana y su presidente. En esta ofensiva propagandística han participado lo mismo revistas, como Letras Libres, que los medios de comunicación electrónicos. La campaña ha sido impulsada desde la Presidencia de la República y desde las filas del Partido Acción Nacional (PAN).
Esta cruzada ha tenido tres momentos cumbres. El primero fue en Mar de Plata, Argentina, durante la fracasada reunión para promover el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), en la cual los presidentes Vicente Fox y Hugo Chávez tuvieron un fuerte encontronazo verbal y retiraron sus respectivos embajadores. El segundo tuvo lugar durante la pasada campaña electoral mexicana, cuando el entonces candidato Felipe Calderón utilizó la imagen del mandatario venezolano para descalificar a Andrés Manuel López Obrador. El tercero aconteció a lo largo de la gira por Europa del presidente mexicano, quien arremetió contra el venezolano.
Previamente, Fox recibió en Los Pinos a los dirigentes democristianos de Venezuela, poco tiempo después de que habían apoyado un golpe de Estado contra el mandatario legítimamente electo. El más reciente incidente lo protagonizó Manuel Espino, el dirigente nacional del PAN, hace un par de días.
No están solos en su ofensiva contra el gobierno venezolano. Ante el desgaste sufrido por el Departamento de Estado en Washington, también le han entrado al relevo Oscar Arias, en Costa Rica, y Nicolás Duarte, en Paraguay. En sentido contrario a esta tendencia, ni el gobierno venezolano ni la izquierda mexicana han respondido de manera articulada a los ataques.
En silencio la diplomacia bolivariana ha facilitando que mexicanos con cataratas se operen gratis en aquel país, y que organizaciones sociales se acerquen a conocer lo que sucede en Caracas. Sin embargo, poco se ha hecho para proporcionar a los ciudadanos mexicanos una visión ordenada, sistemática y equilibrada de lo que sucede en aquella nación.
La campaña de la derecha mexicana se empeña en presentar a Chávez como un dictador que está cancelando las libertades individuales y como un populista que malgasta su riqueza petrolera. Caracteriza a quienes dieron el fallido golpe de Estado de abril de 2002, impulsaron el paro patronal de 2003 y organizaron el sabotaje petrolero como demócratas que luchan contra la tiranía.
Es el mundo al revés. Hugo Chávez ha ganado, una tras otra y por amplio margen, todas las elecciones que se han realizado en esa nación. Triunfó, también, en el referendo revocatorio de 2005, supervisado por el Centro Carter. En los pasados comicios presidenciales la abstención fue de alrededor de 25 por ciento, cerca de 15 puntos porcentuales menos que las elecciones mexicanas.
Quien haya estado en Venezuela puede constatar que la televisión, la radio y la prensa escrita critican regular y sistemáticamente al gobierno hasta extremos inimaginables en México. Se le ofende personalmente y se hacen juicios racistas en su contra que no toleraría ninguna democracia. A pesar de ello, se le acusa de que limita la libertad de prensa.
La derecha ha presentado la decisión de no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), que expira el 28 de mayo de 2007, como un ataque a la libertad de palabra. Las ondas hertzianas en Venezuela son propiedad estatal y RCTV apoyó el golpe de Estado. ¿Por qué su gobierno debe renovar la concesión? RCTV no será expropiada y podrá seguir transmitiendo a través de cable.
La oposición toma regularmente las calles de Caracas para protestar contra las medidas del gobierno que considera injustas sin que nadie lo evite. En el mundo laboral existe libertad de asociación sindical. Decenas de partidos políticos participan en las elecciones. Tan sólo 25 de ellos apoyaron a Chávez durante los pasados comicios y más de 10 participaron en la coalición opositora. ¿Es eso una dictadura?
El último episodio de esta campaña son las declaraciones de Manuel Espino contra la ley habilitante que otorga al mandatario la facultad de legislar en algunas áreas sin la participación del Congreso. Se trata de una potestad similar a la que el Congreso de Estados Unidos proporciona a su presidente para negociar acuerdos comerciales con otras naciones por la vía rápida sin injerencia de los legisladores. En Venezuela esa facultad ha sido utilizada en las pasadas décadas durante seis ocasiones y nadie pareció apurarse mucho por ello.
Existen insuficiencias reales en la revolución bolivariana para criticarla con sustento. El aparato de Estado existente es casi el mismo que el de antes de la llegada de Chávez al poder en 1999. La burocracia es tan ineficaz como lo fue antes. Hay amplia corrupción y enorme inseguridad pública.
Pero a la derecha mexicana no le preocupan esas cosas. Le angustia su influencia continental y que ha mostrado que los gobiernos pueden dar marcha atrás a las reformas neoliberales, que no necesariamente llegaron para quedarse.
La derecha mexicana prefiere utilizar a Hugo Chávez como "bolsa de golpeo" para pegarle a la izquierda en su país. Pero esa izquierda prefiere jugarle al avestruz, y hacer como que la crítica no se dirige a ella. Sería conveniente para esa izquierda debatir en serio, de cara a la opinión pública, qué es lo que hoy sucede realmente en Venezuela. Si no lo hace terminará pagando, más temprano que tarde, facturas muy caras.
