De "La Jornada".
Se adjudica EPR ataque a cárcel en Chiapa de Corzo
Insiste en reclamar la aparición con vida de dos militantes
El grupo armado denuncia un nuevo capítulo de la guerra sucia en México
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reivindicó ayer la autoría de un ataque perpetrado la madrugada del pasado sábado a las instalaciones de una cárcel distrital en construcción en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
En un comunicado fechado en la mencionada entidad, el grupo guerrillero aseguró que esos actos obedecen a una ''denuncia política armada'' cuyo propósito es reclamar la aparición con vida de sus integrantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ''detenidos-desaparecidos hace más de dos meses por el gobierno de Felipe Calderón''.
Aun cuando el gobierno federal ha señalado que los dos desaparecidos no se encuentran detenidos, el EPR insistió en que ''el gobierno de Calderón los tiene en sus mazmorras''. Aún más, arguyó que la ''actitud adoptada como política'' por la administración calderonista ''contra los luchadores sociales no hace más que confirmar el carácter fascista de este régimen oprobioso y la apertura de un nuevo capítulo de la guerra sucia en México, puesto que es el panismo y los grandes empresarios (los) que sostienen a punta de los fusiles a este gobierno represivo''.
También sostuvo que el gobierno ''ilegítimo, aterrorizado por la creciente inconformidad popular, en un acto fascista recurre a la militarización de todo el país con argumentos baladíes y a la criminalización de la protesta social como una faceta del terrorismo de Estado, con la finalidad de mantener bajo la bota militar al pueblo para seguir ejerciendo la dictadura del capital''.
De acuerdo con el comunicado, los ataques del EPR se encuadran dentro de una ''campaña nacional por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos y la libertad de los presos políticos''. Y en respuesta a las acusaciones gubernamentales en su contra, el grupo armado sostiene que ''la única amenaza para el país es este gobierno antipopular y represivo encabezado por Felipe Calderón, quien apoya contra viento y marea al asesino Ulises Ruiz.
''Ambos -afirmó- representan el autoritarismo de derecha y personifican el terror desde el Estado. El llamado a las fuerzas armadas para 'combatir las amenazas para quienes pretenden afectar la seguridad del país con acciones criminales...' no es más que la orden para profundizar la aplicación de la guerra sucia contra el pueblo y sus organizaciones''.
El Ejército Popular Revolucionario rechazó tajantemente que incurran en ''acciones vandálicas'', y sostuvo que ''los únicos vándalos y criminales son quienes hoy están impulsando la guerra sucia y la construcción de penales de exterminio''.
El embate a la cárcel se produjo la madrugada del pasado sábado en Chiapa de Corzo, a 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, donde tiene su sede el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí, amagaron a los guardias para posteriormente efectuar disparos con armas de grueso calibre y realizar pintas para pedir la liberación de sus compañeros.
Los ataques fueron calificados por el gobierno del estado de ''actos vandálicos'', por medio de un comunicado del delegado de la Secretaría de Gobierno del estado en Chiapa de Corzo, Sergio David Molina Gómez.
El funcionario responsabilizó indirectamente a campesinos de la zona, pues ''grupos civiles y ejidatarios continúan con algunas inconformidades por la construcción de esta cárcel, que se hicieron públicas desde el inicio de esta obra penitenciaria''.
Según Molina Gómez, los ejidatarios ''han exigido a las autoridades una pronta investigación para determinar quiénes son los responsables''. Por su lado, la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa número 584/CAJC9/2007, aunque no se especifican los delitos.
Personal de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad se deslindó de investigar los hechos; argumentó que el caso compete a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Por su lado, el comandante de la Policía Federal Preventiva en Chiapas, Salvador Dueñas, informó que la corporación a su mando permanece en ''alerta y vigilante'' ante un eventual ataque armado.
Hay que recordar que el pasado 10 de julio, el EPR se adjudicó también la detonación de ocho cargas explosivas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, así como en una válvula de seccionamiento (de la casa de válvulas) en Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro.
Los atentados en contra de la paraestatal se realizaron, según el EPR, también para exigir la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca.
De los más recientes comunicados emitidos por el grupo armado sobresale el que se manifestó en contra del ''fraude electoral'' del 2 de julio de 2006.
En esa ocasión, el EPR dijo: ''El pasado proceso electoral y los acontecimientos poselectorales vienen a confirmar contundentemente la validez y la necesidad histórica de una nueva revolución social en nuestro país''.
El grupo guerrillero apareció públicamente por primera ocasión el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas, aunque su conformación, con 14 organizaciones, se registra el primero de mayo de ese año. Entre los grupos que lo integraron sobresalen: Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, Partido de los Pobres, Tendencia Democrática Revolucionaria y otras.
Después de realizar cinco acciones de ''hostigamiento'' en contra de elementos del Ejército y la Armada de México, en el estado de Guerrero, entre el primero y 28 de agosto de 1996, el subcomandate Marcos, del Ejército Zapatista, en una misiva dirigida al EPR les comunica: ''No queremos su apoyo, no lo necesitamos, no lo buscamos... Sigan ustedes su camino y déjennos seguir el nuestro. No nos salven ni nos rescaten''.
En 1998, el EPR anunció una campaña insurgente en pos de una nueva Constitución. Ese año, el 7 de junio, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, tropas del Ejército se enfrentaron con un grupo armado que efectuaba una asamblea dentro de la escuela comunitaria. Del enfrentamiento resultaron 11 guerrilleros muertos, cinco lesionados y 21 detenidos, entre ellos Erika Zamora Pardo, estudiante del CCH Azcapotzalco. A partir de esas detenciones se registró una escisión eperrista que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Fue en septiembre de 2000 cuando el gobierno de Ernesto Zedillo hizo una distinción entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el EPR, tras calificar al segundo de ''movimiento radical''.
Insiste en reclamar la aparición con vida de dos militantes
Se adjudica EPR ataque a cárcel en Chiapa de Corzo
El grupo armado denuncia un nuevo capítulo de la guerra sucia en México
Cambio de guardia eperrista Foto: Pedro Valtierra /Archivo
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reivindicó ayer la autoría de un ataque perpetrado la madrugada del pasado sábado a las instalaciones de una cárcel distrital en construcción en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
En un comunicado fechado en la mencionada entidad, el grupo guerrillero aseguró que esos actos obedecen a una ''denuncia política armada'' cuyo propósito es reclamar la aparición con vida de sus integrantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ''detenidos-desaparecidos hace más de dos meses por el gobierno de Felipe Calderón''.
Aun cuando el gobierno federal ha señalado que los dos desaparecidos no se encuentran detenidos, el EPR insistió en que ''el gobierno de Calderón los tiene en sus mazmorras''. Aún más, arguyó que la ''actitud adoptada como política'' por la administración calderonista ''contra los luchadores sociales no hace más que confirmar el carácter fascista de este régimen oprobioso y la apertura de un nuevo capítulo de la guerra sucia en México, puesto que es el panismo y los grandes empresarios (los) que sostienen a punta de los fusiles a este gobierno represivo''.
También sostuvo que el gobierno ''ilegítimo, aterrorizado por la creciente inconformidad popular, en un acto fascista recurre a la militarización de todo el país con argumentos baladíes y a la criminalización de la protesta social como una faceta del terrorismo de Estado, con la finalidad de mantener bajo la bota militar al pueblo para seguir ejerciendo la dictadura del capital''.
De acuerdo con el comunicado, los ataques del EPR se encuadran dentro de una ''campaña nacional por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos y la libertad de los presos políticos''. Y en respuesta a las acusaciones gubernamentales en su contra, el grupo armado sostiene que ''la única amenaza para el país es este gobierno antipopular y represivo encabezado por Felipe Calderón, quien apoya contra viento y marea al asesino Ulises Ruiz.
''Ambos -afirmó- representan el autoritarismo de derecha y personifican el terror desde el Estado. El llamado a las fuerzas armadas para 'combatir las amenazas para quienes pretenden afectar la seguridad del país con acciones criminales...' no es más que la orden para profundizar la aplicación de la guerra sucia contra el pueblo y sus organizaciones''.
El Ejército Popular Revolucionario rechazó tajantemente que incurran en ''acciones vandálicas'', y sostuvo que ''los únicos vándalos y criminales son quienes hoy están impulsando la guerra sucia y la construcción de penales de exterminio''.
El embate a la cárcel se produjo la madrugada del pasado sábado en Chiapa de Corzo, a 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, donde tiene su sede el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí, amagaron a los guardias para posteriormente efectuar disparos con armas de grueso calibre y realizar pintas para pedir la liberación de sus compañeros.
Los ataques fueron calificados por el gobierno del estado de ''actos vandálicos'', por medio de un comunicado del delegado de la Secretaría de Gobierno del estado en Chiapa de Corzo, Sergio David Molina Gómez.
El funcionario responsabilizó indirectamente a campesinos de la zona, pues ''grupos civiles y ejidatarios continúan con algunas inconformidades por la construcción de esta cárcel, que se hicieron públicas desde el inicio de esta obra penitenciaria''.
Según Molina Gómez, los ejidatarios ''han exigido a las autoridades una pronta investigación para determinar quiénes son los responsables''. Por su lado, la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa número 584/CAJC9/2007, aunque no se especifican los delitos.
Personal de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad se deslindó de investigar los hechos; argumentó que el caso compete a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Por su lado, el comandante de la Policía Federal Preventiva en Chiapas, Salvador Dueñas, informó que la corporación a su mando permanece en ''alerta y vigilante'' ante un eventual ataque armado.
Hay que recordar que el pasado 10 de julio, el EPR se adjudicó también la detonación de ocho cargas explosivas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, así como en una válvula de seccionamiento (de la casa de válvulas) en Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro.
Los atentados en contra de la paraestatal se realizaron, según el EPR, también para exigir la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca.
De los más recientes comunicados emitidos por el grupo armado sobresale el que se manifestó en contra del ''fraude electoral'' del 2 de julio de 2006.
En esa ocasión, el EPR dijo: ''El pasado proceso electoral y los acontecimientos poselectorales vienen a confirmar contundentemente la validez y la necesidad histórica de una nueva revolución social en nuestro país''.
El grupo guerrillero apareció públicamente por primera ocasión el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas, aunque su conformación, con 14 organizaciones, se registra el primero de mayo de ese año. Entre los grupos que lo integraron sobresalen: Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, Partido de los Pobres, Tendencia Democrática Revolucionaria y otras.
Después de realizar cinco acciones de ''hostigamiento'' en contra de elementos del Ejército y la Armada de México, en el estado de Guerrero, entre el primero y 28 de agosto de 1996, el subcomandate Marcos, del Ejército Zapatista, en una misiva dirigida al EPR les comunica: ''No queremos su apoyo, no lo necesitamos, no lo buscamos... Sigan ustedes su camino y déjennos seguir el nuestro. No nos salven ni nos rescaten''.
En 1998, el EPR anunció una campaña insurgente en pos de una nueva Constitución. Ese año, el 7 de junio, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, tropas del Ejército se enfrentaron con un grupo armado que efectuaba una asamblea dentro de la escuela comunitaria. Del enfrentamiento resultaron 11 guerrilleros muertos, cinco lesionados y 21 detenidos, entre ellos Erika Zamora Pardo, estudiante del CCH Azcapotzalco. A partir de esas detenciones se registró una escisión eperrista que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Fue en septiembre de 2000 cuando el gobierno de Ernesto Zedillo hizo una distinción entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el EPR, tras calificar al segundo de ''movimiento radical''.
Calderón gobierna mediante los comandantes militares.
Entrevista a GENERAL JOSE FRANCISCO GALLARDO, DOCTOR EN ADMINISTRACION PUBLICA
EXISTE SUPREMACIA CASTRENSE SOBRE EL PODER CIVIL
Aprehendido en 1993, a raíz de la publicación en la revista Fórum de un extracto de su tesis de maestría, titulada Las necesidades de un ombudsman militar, el general advierte que el país está en los albores de un Estado de guarnición
BLANCHE PETRICH
El general José Francisco Gallardo, durante la entrevista con La Jornada Foto: José Carlo González
El presidente Felipe Calderón ''gobierna las entidades federativas mediante los comandantes de las 42 zonas y las 12 regiones militares y no por medio de los gobernadores. En un momento de conflicto que pudiera estallar en algún estado, el mandatario no se apoyará en las autoridades civiles, sino en los comandantes'', advierte el general José Francisco Gallardo.
Esta condición de supremacía militar sobre el poder civil, que empezó a perfilarse durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y terminó por concretarse con Vicente Fox Quesada, ha regresado al país a la condición de militarización que prevalecía en el México de principios del siglo pasado.
Fue la naturaleza deliberativa del Ejército Mexicano la que permitió que -10 horas antes de lo previsto por la Constitución para la transmisión de mandos- se concretara bajo las sombras de noche y en una ceremonia marcial la entrega de la banda presidencial al Ejército, la víspera del primero de diciembre del año pasado. ''Esa fue -subraya el general Gallardo- una inequívoca señal de la intervención militar en la política nacional''.
Doctor en administración pública, el general se pregunta: ''¿Qué hubiera pasado si Calderón no hubiera tenido el apoyo del Ejército en ese momento? Hubiera aceptado la apertura de las urnas; se hubiera visto obligado a negociar con grupos sociales, entre dos actores políticos que se estaban disputando una posición. Eso hubiera sido lo más sano. ¿Qué hubiera pasado si se llega a contar voto por voto y a la postre queda Calderón como presidente? Hoy tendría la fuerza y la legitimidad que no tiene. Condición que lo obliga a apoyarse en el Ejército''.
Lo que el general José Francisco Gallardo expresa en entrevista con La Jornada, palabras más, palabras menos, lo expuso a principios de mes ante un panel de sinodales que lo examinaron para obtener el doctorado en administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su tesis, Ejército y sociedad en México, reforma de las fuerzas armadas, un texto de más de mil páginas, desmenuza el proceso que llevó a que, en esta primera década del siglo XXI, la relación cívico-militar en el país se encuentre, ''si bien en otro contexto y circunstancias, en situación similar al México militarizado de principios del siglo XX''.
Gallardo cayó preso en noviembre de 1993, a raíz de la publicación -en la revista Forum- de un extracto de su tesis de maestría que se titulaba Las necesidades de un ombudsman militar en México. Por un delito de conciencia y opinión pasó ocho años en la cárcel, dos más que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado
de narcotráfico y responsable de cientos de desapariciones durante los años de la contrainsurgencia en Guerrero.
A sus 60 años de edad, el general disidente se mantiene firme en su demanda de ser reintegrado a las fuerzas armadas y de que el Ejército Mexicano le restituya todos sus derechos conforme a su rango, incluido el pago de 13 años de salarios que le fueron suspendidos cuando fue detenido. Ninguna disposición del alto mando lo ha hecho desistir de sentirse general, ni de persistir en su objetivo último: abrir brecha para que, algún día, el Ejército sea sometido a reformas de fondo que lo conviertan en una institución propia de un Estado moderno y democrático.
Ese es el eje de su tesis de doctorado, aprobada por unanimidad por sus sinodales: Lorenzo Meyer, Ana Esther Ceceña, Miguel Concha, Gilberto López y Rivas, Raúl Olmedo y Francisco Patiño.
-Sostiene usted que el Estado permite la participación del Ejército en política.
-Sí. Es, y no debería serlo, un Ejército deliberativo. La prueba más reciente fue la entrega de la banda presidencial a un militar, la noche previa al primero de diciembre, en Los Pinos.
-¿Cuál es su interpretación de ese momento?
-Fue una ceremonia preventiva por si Felipe Calderón no lograba tomar posesión en el Palacio Legislativo. En ese momento se reafirmó lo que siempre se ha visto en México: la participación del Ejército en los asuntos políticos mrdiante una relación cívico-militar viciada de origen. Hay estudiosos que dicen que esto fue lo que vacunó a México contra los golpes de Estado. Pero en un Estado democrático el Ejército debería estar subordinado a un poder civil que se anida en los poderes de la Unión.
-¿Puede expirar esa vacuna?, ¿darse una circunstancia en la que se rompa este equilibrio y los militares empiecen a ejercer el poder de manera más directa?
-Estamos en los albores de llegar a un Estado de guarnición, donde el Ejército está en permanente confrontación con la sociedad civil y la tiene permanentemente bajo el miedo. Eso ocurre ya, cotidianamente, en el sur y la zona fronteriza. Por eso digo que Felipe Calderón gobierna en los Estados mediante los comandantes militares.
-¿Cómo quedan los gobernadores ante esta situación?
-Se reduce su autoridad. La presencia del Ejército en asuntos que no son de su competencia desplaza las facultades constitucionales de la autoridad civil, federal, estatal y municipal, contra lo que previene el artículo 21 de la Constitución. Por eso yo planteo que, como parte fundamental de una reforma militar, está la necesidad de quitar facultades al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
-En su opinión, ¿qué otras reformas se requieren?
-Propongo cambios en las que las funciones castrenses irían encaminadas a la defensa exterior del país, que la Sedena tiene contemplada en el Plan DN-I, responsabilidad directa del alto mando militar y que se materializa en la política militar del Estado, y reforzar el Plan DN-III, porque no hay ninguna institución del Estado que pueda acudir en caso de desastre en tiempo, despliegue y capacidad de operación que abarca todo el territorio nacional.
''También planteo anular el Plan DN-II, porque actualmente el Ejército Mexicano despliega su operación, capacitación, adiestramiento y equipamiento en este plan que tiene por objeto controlar el asunto del orden interno, en el que las fuerzas armadas ubican a su enemigo dentro de las fronteras. Los ejércitos no son creados para combatir al enemigo interno. Los asuntos de orden interno le corresponden a la autoridad administrativa, o sea, la policía.
''Hay otro plan sin número, que es el de Defensa Nacional Antinarcóticos, que se subsume al Plan DN-II y cae en funciones de carácter policiaco. Aquí lo que se tiene que hacer es formar una policía nacional que cumpla con esa función, que no es de competencia militar. Ahora bien, el Ejército Mexicano tiene una función de carácter político, porque tiene como misión tutelar la soberanía y la independencia
del país. Ninguna institución del Estado la tiene. Es el soporte
del orden institucional, jurídico. Para cumplir con esta misión política, el artículo 129 constitucional le dice que no puede salir de sus cuarteles y debe desempeñar cualquier actividad que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Actualmente no tenemos un Ejército que nos pueda defender de una agresión del exterior, no se tiene la capacidad.''
-Pero tampoco hay una amenaza del exterior -se hace notar
-Cierto, pero el desmantelamiento de la capacidad defensiva fue impuesta desde el Pentágono estadunidense por conducto de la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y el Comando Norte, en donde la intención del Pentágono es transformar los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de ocupación, involucrarlos en el combate al narcotráfico o en los asuntos de seguridad pública. Esto tiene una intención velada, porque lo que están haciendo el Pentágono, y el Congreso lo acepta, es debilitar el poder militar del Estado mexicano.
-¿Por qué necesitaría México un Ejército fuerte?
-Hoy necesitamos revisar qué tipo de Ejército necesita México. Yo creo que el actual no es adecuado a nuestras necesidades. Es un Ejército pesado que no puede responder a los reclamos sociales ni defendernos de una amenaza exterior. Efectivamente, no existe esta amenaza, pero nos estamos encaminando a que en un momento dado provoquemos que Estados Unidos participe con sus tropas en territorio nacional. Estamos viendo en los medios de comunicación que las fuerzas armadas pueden ser vencidas en la lucha contra el narcotráfico. En un momento dado el Pentágono puede decir que ante esa incapacidad ellos tienen que entrar.
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