EN LA TIERRA DE LA TIRANIA

Calderón visita Oaxaca y convive con el asesino.

Intervención de diputado Zenen Bravo Castellanos ante el pleno de la Cámara de Diputados.
C. INTEGRANTES DE LX LEGISLATURA DEL ESTADO
He solicitado el uso de la palabra para exponer a ustedes algunas reflexiones y consideraciones con respecto al ambiente político y social que se vive en el estado de Oaxaca y que esta instancia legislativa como representación política y plural de la ciudadanía no puede ignorar o seguir ignorando, así como también creo que es necesario valorar las alternativas que permitan su atención y solución correspondiente.
El estado de Oaxaca es un ejemplo vivo de los contrastes existentes en nuestro país por su gran riqueza natural y cultural y por otro lado la grave marginación y miseria en que vive la gran mayoría de la población de los municipios y comunidades más alejadas de la capital o de las ciudades más importantes del estado, ante la falta de caminos o carreteras, servicios tan indispensables como agua potable, luz eléctrica, espacios educativos suficientes, hospitales, clínicas o casas de salud con infraestructura adecuada, personal y medicamentos necesarios para atender a la población más necesitada, siendo los pueblos indígenas los que más padecen esta situación.
Esta realidad económica y social a la que muchos no voltean a ver o que solo visitan en tiempos de campaña ofendiéndola con la entrega de despensas a cambio del voto, es la que conforma el telón de fondo de la gran movilización social que protagonizó el pueblo de Oaxaca en el 2006 y que aún lo mantiene en pie de lucha, realidad que no ha cambiado y que por el contrario tiende a complicarse ante la persistencia de esquemas políticos tradicionales del ejercicio del poder que siguen actuando como si no hubiera pasado nada, ya que si bien la represión desactiva momentáneamente la fuerza de la movilización social, genera a su vez más indignación y rencores que solo esperan una mayor acumulación y el mejor momento para explotar con mayor fuerza para barrer todo aquello que le oprime y estorba la posibilidad de tener otra vida, sobre todo con dignidad.
Allá afuera hay un hartazgo social y popular a causa de la pobreza y la miseria en que viven los pueblos pero además por toda una serie de injusticias que se viven a diario ante la falta de atención a las peticiones de la población en las distintas dependencias de gobierno municipal, estatal y federal, ante la prepotencia y abuso de las fuerzas de seguridad, ante la falta de cumplimiento a las promesas de campaña y a la corrupción presente en muchas acciones de gobierno, ante la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la simulación de democracia en la que impera el poder del dinero o el ser parte de algún nivel de gobierno. La inconformidad se seguirá expresando y extendiendo a lo largo y ancho del estado y del país ante la carestía de la vida existentes y que se agravará con el aumento al precio de la gasolina, que echará por los suelos los millones de pesos que supuestamente se recaudará con esta medida impulsada por el PRI y el PAN en el Poder Legislativo Federal; la indignación se hace más fuerte ante el uso de la persecución policíaca y la cancelación de los derechos humanos y políticos ante la manifestación del pueblo por todo lo que le acontece.
Todavía recuerdo las palabras amenazadoras de Jorge Franco Vargas, ex Secretario General de Gobierno, en distintas mesas de diálogo con representaciones del movimiento social en el 2005 y los primeros meses del 2006, de que el gobierno de Ulises Ruiz Ortíz estaba preparado para hacer frente a cualquier eventualidad que surgiera en el movimiento social y popular en Oaxaca; esta frase reiterada, de ser profética pasó a ser anecdótica y ridícula; el movimiento surgido después de la decisión estúpida de intentar desalojar el plantón magisterial y popular el 14 de junio y que le daría forma y fuerza a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, se encargó de hacer ver a México y al mundo la rabia y la indignación que se venía callando durante muchos años, décadas o siglos, y que el gobierno del tirano no tuvo la capacidad de ver y oír, y que hoy cree que ese movimiento está derrotado o disminuido, sin embargo éste se encuentra más vivo y vigente que nunca, como las causas que le dieron origen. Ojalá los cómplices de esa y otras decisiones políticas que el pueblo sigue repudiando, comprendan con altura de miras que hoy no basta únicamente con deslindarse, sino de proponer y comprometerse con los cambios que los distintos sectores de la clase trabajadora y el pueblo reclaman, porque debo decirles que el pueblo puede a veces callar pero jamás olvidar. El pueblo pues reclama información veraz y transparencia sobre el manejo y destino de los recursos, producto de sus impuestos, exige participación en la toma de decisiones para que no vuelva a ocurrir la experiencia de los parquímetros y cierre de calles del centro histórico, el respeto a su derecho a la libre manifestación, etc., etc. Es vital entonces pronunciarnos por no dejar pasar NI UNA ACCION MAS DE GOBIERNO SIN LA INFORMACION Y CONSULTA AL PUEBLO. NO MAS LEGISLACIONES SIN LA PARTICIPACION AMPLIA Y ABIERTA DE LA POBLACION.
Ulises Ruiz Ortiz dijo hace unos días, a propósito de mi llegada a esta Cámara de Diputados, como resultado del dictamen del Tribunal Federal Electoral, que una golondrina no hace verano, al respecto afirmo que yo no vine aquí a hacer verano ni a veranear, yo he venido a reiterarles que el verano allá afuera está presentando ya fuertes tormentas eléctricas y si quiere ser receptivo junto con los que todavía creen poder seguir gobernando este estado, que es tiempo que abran las compuertas porque las tormentas se están transformando en huracanes y los pequeños arroyuelos de la lucha popular se están convirtiendo en grandes avenidas que amenazan nuevamente con desbordarse y llevarse a su paso a todos los obstáculos que les tiene secuestrado el presente y les roba la posibilidad de alcanzar a ver la primavera.
Ciudadanos diputados, el pasado 15 de noviembre del presente año, una comisión representativa de la Sección 22 del SNTE y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca entregó formalmente un documento denominado “TERCER CONTRAINFORME DE GOBIERNO. ULISES RUIZ ORTIZ: EL ROSTRO DE LA IGNOMINIA GUBERNAMENTAL” en el que hacen un recuento de una serie de agravios sufridos por el movimiento social de parte del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, señalando que… “El actual conflicto popular tiene como origen la falta de atención a las demandas populares y magisteriales; viejas y nuevas injusticias cometidas contra trabajadores de la educación, obreros, campesinos e indígenas, la artificial huelga en el periódico Noticias, sostenida a sangre y fuego desde las más altas esferas de poder, la presencia del narcotráfico, el feminicidio y la pederastia, son parte de una lista interminable de afrentas contra el pueblo oaxaqueño”.
“El ambiente se enrarece con la constante inseguridad que la ciudadanía padece, la nota roja se convierte en lo principal de los diarios con levantones, secuestros y ejecuciones; se entremezcla el accionar del narco y el Plan México ahora conocido como Plan Mérida. Uno y otro bando se confunde: incapaz el gobierno federal y estatales de frenar la ola, producto de sus propias corruptelas, solapamiento, encubrimiento e impunidad en los cuerpos de seguridad pública, vínculos directos con los cárteles buscan someter a esa parte de la delincuencia organizada, bajo la lógica de la militarización”… “Todo el operativo conlleva a implantar terror y miedo para sofocar cualquier rebeldía que se exprese y ponga en riesgo la permanencia en el poder de la actual clase política”.
Posteriormente, en desplegado publicado el 25 de noviembre pasado el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del SNTE, en representación de sus agremiados reitera lo siguiente:
“Con la represión masiva, criminalizando y atemorizando al movimiento magisterial-popular creyeron el gobierno federal y estatal que solucionaban la crisis política de Oaxaca. El conflicto sin embargo, no se ha resuelto, porque las causas que le dieron origen están aún vigentes. La violación a los derechos humanos ha tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos, dejando severos daños a las personas, a las familias y a la comunidad, así lo constatan todos los informes de los organismos no gubernamentales de los Derechos Humanos, señalando que los “hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policíaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es el control y amedrentamiento de la población civil, en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista”. La polarización de la sociedad oaxaqueña es una realidad dramática porque Ulises Ruiz ha continuado usando su maquinaria represiva legal e ilegal contra el movimiento y por la infiltración, la provocación y la división al interior del mismo y la impunidad que campea en su gobierno. En Oaxaca se sigue viviendo un estado excepción, donde el estado de derecho es obligatorio para los ciudadanos pero no para las autoridades y los intereses económicos y políticos que protege. Para lograr la paz social, superar la polarización social, reconstituir el tejido social, en primer lugar se tiene que hacer justicia y luego realizar los cambios democráticos que el pueblo de Oaxaca demanda, sin la presencia de Ulises Ruiz en el Estado.
La represión al pueblo de Oaxaca, es un asunto que ya es del conocimiento no sólo del pueblo de México, sino de todo el mundo. En Oaxaca se ha derramado sangre, se ha detenido arbitrariamente, se ha torturado y esto no puede quedar impune. Siguen abiertos los procesos jurídicos y las órdenes de aprehensión, así como la persecución y hostigamiento en contra de los luchadores sociales, se siguen manteniendo en prisión a Flavio Sosa Villavicencio, David Venegas Reyes, Wilbert Aquino Aragón, Adán Mejía López, Víctor H. Martínez, Miguel A. García, sumados a decenas de presos de luchas anteriores al estallido de 2006, por delitos que jamás cometieron, solo por el hecho de haber alzado la voz contra las injusticias en Oaxaca, por lo tanto el espíritu de justicia y de lucha está vivo en nosotros”.
El movimiento magisterial-popular que todavía es vigente, solo se defendió, realizó una resistencia pacífica y continuará haciéndolo porque no hay respuestas satisfactorias a sus demandas.
Por lo anterior, me sumo a las siguientes DEMANDAS del movimiento magisterial - popular:
1. Que la Secretaría de Gobernación instale de inmediato una mesa de diálogo para tratar el conflicto. La instalación de la mesa es prioritaria, de lo contrario, los conflictos se agudizarán.
2. El cumplimiento pleno de todos lo compromisos firmados con el Gobierno Federal.
3. La salida y el castigo de Ulises Ruiz Ortiz, como represor del pueblo oaxaqueño, así como de los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinados y agresiones contra el pueblo de Oaxaca.
4. La libertad de todos los presos políticos y de conciencia, como resultado de la violencia gubernamental.
5. La cancelación de todas las órdenes de aprehensión y procesos jurídicos que aún quedan pendientes.
6. Alto inmediato a la represión orquestada por los gobiernos federal y estatal sobre el movimiento popular-magisterial encabezado por la sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
7. El irrestricto respeto a las libertades políticas y democráticas, a los derechos humanos y el cese a la criminalización de la protesta social.
8. Cese al hostigamiento de los perseguidos y exiliados políticos.
9. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera satisfactoria y en lo inmediato a partir de las pruebas que se han presentado en contra de Ulises Ruiz por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto en la entidad y además que amplíe el plazo de los hechos a investigar hasta el mes de octubre de 2007.
El 15 de noviembre, en el momento de recibirse el documento denominado TERCER CONTRAINFORME”, diputados de diferente filiación política se comprometieron a darle el cauce respectivo a fin de poder dar una respuesta a esos reclamos que cuentan con el apoyo de cientos de miles que siguen manifestándose a lo largo y ancho del estado, como ocurrió en esa fecha y luego el 25 de este mismo mes; por lo que los integrantes de la Fracción Parlamentaria de Convergencia, con base en las facultades de este Poder Legislativo proponemos a esta honorable asamblea los siguientes puntos:
a) LA CREACION DE UNA COMISION PLURAL DE DIPUTADOS DE ESTA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE OAXACA, ABIERTA A LAS DISTINTAS EXPRESIONES POLITICAS QUE DESEEN FORMAR PARTE DE ELLA, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS YA EXPUESTOS.
b) EN VIRTUD DE LAS REITERADAS DENUNCIAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO EN LAS ACCIONES U OMISIONES EN LOS ATENTADOS AL DERECHO A LA VIDA DE HOMBRES Y MUJERES DE NUESTRO ESTADO DE OAXACA, ESTA LX LEGISLATURA SE SIRVA AL MISMO TIEMPO INICIAR EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y PUEDA SER SOMETIDO A JUICIO POLÍTICO PARA SER CASTIGADO DE ACUERDO CON LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS Y DE NUESTRO ESTADO.


Lamenta Gabino reprobación de México en índice democrático

Oaxaca no avanza en su desarrollo, afirma el senador
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El hecho de que México haya descendido hasta el sexto sitio en el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD), entre otras causas por retrocesos y estancamientos en su respeto a los derechos políticos y las libertades civiles, indica que muy poco hemos hecho como país para elevar la calidad de nuestra convivencia social y la eficiencia política, afirmó el senador Gabino Cué Monteagudo.

Gabino se refirió al informe IDD para 2007 presentado por la Fundación alemana Konrad Adenauer, en el que afirma que este deterioro fue impulsado por el peor desempeño en el indicador de desestabilización y porque este año México es castigado levemente por el factor de anormalidad democrática, debido a la crisis institucional provocada luego de las elecciones presidenciales y los hechos ocurridos en Oaxaca.

Este magro desempeño en democracia revela, dijo en entrevista el legislador oaxaqueño, que las instituciones han fallado para atender los desajustes estructurales que revelaron los hechos más graves ocurridos en México y Oaxaca durante los años 2006 y 2007.

Por tanto, agregó, si como dice esta evaluación nuestras calificaciones se ven afectadas cuando un sistema político entra en crisis y las instituciones no tienen capacidad para procesarlo, hay que buscar los mecanismos políticos y legales para que la situación que afecta a los oaxaqueños no se agudice. "Oaxaca es un estado de la Federación que necesita un mejor destino", subrayó.

Para el secretario de la mesa directiva del Senado esto obliga a cambios urgentes en las instituciones, en la forma de gobierno y en el modo de ejercer el poder político, con el fin de detener una crisis que se refleja en un agudo deterioro de la economía de los oaxaqueños, en el aumento de la pobreza y en la pérdida de libertades ciudadanas y de justicia.

"El hecho de que a nivel continental se reconozca que la pérdida gradual de credenciales democráticas de México tiene que ver con Oaxaca, nos debiera avergonzar porque esto indica que al menos en los últimos 3 años, la entidad no sólo se estancó en sus principales índices de desarrollo, sino que se agravaron sus contradicciones sociales y políticas", dijo.

"Nadie puede demostrar que del 2004 a la fecha, cuando Ulises Ruiz llegó después de un desaseado proceso electoral, Oaxaca haya avanzado en sus principales rubros como brecha de ingreso entre los más ricos y los más pobres, disminución de mortalidad infantil y gasto en salud y educación, como lo menciona el Informe", subrayó el entrevistado.

Una lectura seria de esta situación, concluyó Gabino, obligaría a la Federación y sus instituciones a poner acento en el combate a la marginación; a restituir los daños económicos recientes y a garantizar el pleno ejercicio de las libertades democráticas de todos los oaxaqueños.

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LA IMPUNIDAD GARANTIZADA POR LA CORTE

Editorial “La Jornada”:
Infamia en la Corte

En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.
De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.
La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.
El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.
No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.
Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.

Salva la Corte a Mario Marín
jorge carrasco araizaga
* No hubo “violación grave” a las garantías de Lydia Cacho

* Censura Silva Meza la decisión

México, D.F., 29 de noviembre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salvó del juicio político al gobernador de Puebla, Mario Marín, con una resolución que el ministro, Juan Silva Meza, criticó por dejar impune las violaciones a las garantías constitucionales cometidas por el mandatario estatal, en agravio de la periodista Lydia Cacho.

En una votación de seis a cuatro, el pleno de ministros resolvió que no hubo “violación grave” a las garantías de Cacho, por lo, argumentaron, que no se puede establecer que hubo concertación de autoridades para detener a la periodista, en represalia por la publicación de su libro Los demonios del edén.

Esa fue la opinión mayoritaria apoyada por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela, Sergio Valls Hernández y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del máximo tribunal.

Sostuvieron que lo que existió, en todo caso, fue una violación durante el proceso judicial para detener a Cacho en Cancún, Quintana Roo, y trasladarla a Puebla, en diciembre de 2005, según matizó Sánchez Cordero.

Para esa mayoría, la grabación entre Marín y Kamel Nacif en la que celebran la detención de Cacho, fue sólo “una hipótesis” de trabajo y no una prueba de que Marín haya utilizado a la procuraduría y al Poder Judicial de Puebla, para acelerar la denuncia por difamación presentada por el empresario contra la periodista.

Con esos argumentos, echaron abajo el proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Silva Meza, quien responsabilizaba directamente a Mario Marín de haber concertado, en colusión con otras autoridades, la detención de Cacho.

De igual forma, la resolución de la Corte eliminó por completo cualquier posibilidad de promover ante el Congreso el inicio del juicio político contra el “gober precioso”.

Silva Meza, quien estuvo a cargo de las dos comisiones especiales creadas por la Corte para investigar el caso y que implicaba a otros 29 funcionarios de los dos estados, únicamente logró el respaldo de los ministros José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo.

El voto de Sánchez Cordero hizo la diferencia. Declarada promotora de la defensa de los derechos de las mujeres, la ministra abrió la puerta de la exoneración a Marín cuando dijo:

“No se puede afirmar sin controversia alguna que tuvo la participación que se le imputa”, aunque admitió que en el traslado de Cancún a Puebla, Cacho sufrió tortura psicológica.

La declaración marcó el desenlace porque, hasta ese momento, era claro que los abiertos defensores de Marín eran Aguirre Anguiano, Azuela y Valls. Después se les sumaron Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia.

Sobre la llamada de Marín con Nacif, el presidente de la Corte dijo que, aún cuando se considerara probada, “no surte un ponerse de acuerdo del Ejecutivo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ni una orden a la procuraduría, para que actuando conjuntamente consumaran actos ilegales en contra de los derechos humanos de la periodista”.

Azuela dijo que el caso de Lydia Cacho no era “de gravedad especialísima” de garantías, según lo que prevé el artículo 97 de la Constitución, con base en el cual la Corte tomó el caso.

Con la votación perdida, Silva Meza manifestó su rechazo a la decisión de la mayoría: “Tengo la convicción de que en un estado democrático de Derecho no hay lugar para la impunidad”, subrayó.

De esa manera, la Corte puso fin a un caso que se inició con la detención de Cacho en 2005, y que llegó al máximo tribunal a petición del Congreso de la Unión, luego de que, en febrero de 2006, se conociera la grabación entre Marín y Nacif.

La Corte integró dos comisiones investigadoras presididas por Silva Meza, quien en todo momento buscó el juicio político contra Marín.

El martes pasado, la Corte ya había perfilado su resolución, al excluir de su fallo cualquier consideración relativa a pederastia y pornografía infantil, expuestas por Cacho en el libro que desató su persecución.


La decisión de la Corte, jurídicamente inaceptable, afirman constitucionalistas

El abogado de Lydia Cacho Ribeiro prevé que la procuraduría cerrará el caso. Facilitó a la PGR no ejercer acción penal contra cómplices de Marín: Xavier Olea

Alfredo Méndez
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió ayer la oportunidad de demostrar que en nuestro país no existe impunidad” y, por el contrario, “dejó en claro que el poderoso siempre tendrá la razón y pasará por encima de quien sea”, sostuvo Xavier Olea Peláez, abogado de Lydia Cacho Ribeiro.
En entrevista telefónica, el penalista aseguró, sin mencionar nombres, que hubo ministros que de último momento cedieron a “presiones políticas” y cambiaron el sentido de su voto.
El pasado martes, cuando inició la discusión del caso, las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos dejaron entrever que avalarían el dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, pero ayer cambiaron de parecer y votaron con el bloque que determinó absolver al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Por otra parte, los constitucionalistas Raúl Carrancá y Rivas, Elisur Arteaga Nava y Clemente Valdés lamentaron la decisión de la Corte, que falló en favor del llamado góber precioso.
Entrevistados por separado, consideraron que los costos políticos para la Corte serán graves, porque afectarán su credibilidad. Además, sienta precedente de lo que podría ocurrir en el caso de la investigación que realiza una comisión de ministros en Oaxaca por presuntas violaciones a las garantías individuales que se imputan al gobernador Ulises Ruiz.
Carrancá refirió que estuvo pendiente de la sesión sobre el caso de Lydia Cacho, y por eso “sostengo que es una barbaridad el argumento de la Corte; es inaceptable jurídicamente que los ministros hayan dicho que no podían avalar como prueba una grabación (entre Marín y Kamel Nacif) porque es contraria a derecho; ¿entonces qué?, ¿lo que ahí se dijo no existió?
“El contenido de esa llamada representa hechos reales; la Corte no iba a procesar a nadie, sólo a señalar moralmente la gravedad de esos hechos. Sólo faltó que nos dijeran: ‘eso (la llamada) no lo oíste’. ¿Cómo que no lo oí? ‘Sí, no lo oíste porque fue grabado ilegalmente’. Y eso es una barbaridad. Admito que la grabación fue ilegal, pero lo oí, todos lo oímos, y ahí el derecho no puede contradecirse y resolver que no existió lo que sí aconteció. Con esto la Corte pierde credibilidad.”
Elisur Arteaga también consideró que la SCJN pagará un costo político muy alto, porque los ministros no dejaron satisfechas las expectativas que generaron cuando determinaron ejercer su facultad de atracción del caso Cacho-Marín.
“Una investigación de esta naturaleza tiene alcances limitados; aunque la Corte sí tenía posibilidades de hacer un pronunciamiento no vinculante (contra el gobernador de Puebla), por alguna extraña razón que desconozco no lo hizo.”
Clemente Valdés manifestó que “(la resolución) es lamentable y desde el punto de vista procesal es totalmente inadecuada; en el otro aspecto (constitucional), éste nos lleva a una situación diferente, porque lo que está en juego no es la defensa de las libertades fundamentales o garantías constitucionales de una persona profesional del periodismo; tampoco están en juego las arbitrariedades cometidas con ella (Lydia); lo que está en juego es si un gobernador que tiene el control de sus empleados estatales puede, de manera totalmente impune, hacer lo que quiera dentro de su territorio y puede pedirle a otro señor feudal que domina en otro estado del país que le empaque y le envíe a alguna persona para que él pueda hacer lo que quiera con ella”, indicó.
Para Xavier Olea, la resolución de la Corte abona el camino para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR), pueda justificar su intención de decretar el no ejercicio de la acción penal en favor de los funcionarios estatales y policías judiciales que tuvieron comunicación entre sí para coordinar la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2006.
Aseveró que la PGR terminará por enviar un desglose de los hechos a las procuradurías de Quintana Roo y de Puebla para que realicen sus propias pesquisas sobre la existencia de posibles delitos del fueron común cometidos contra Lydia Cacho, “y cuando esto ocurra, ni modo que se castiguen entre ellos; cerrarán el caso”, puntualizó.
Para Olea quedó claro que la Fevim, que encabeza Alicia Pérez Duarte, mantuvo congelada la averiguación previa que se inició a partir de la denuncia que presentó Cacho Ribeiro por presuntos actos de tortura sicológica en su contra durante el tiempo en que estuvo detenida en Cancún y trasladada a un penal de Puebla.
Olea Peláez recordó que la fiscal especial ya tenía en 2006 una conclusión previa, mediante la cual buscaba solicitar la aprehensión de los policías que capturaron a Lydia Cacho, pero el ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, primero, y después el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, le ordenaron no consignar el expediente hasta que la Corte se pronunciara sobre el caso.

Acudiré a las instancias internacionales: Cacho

La SCJN me arrebató el derecho a defenderme, señala
Investigará qué motivó a Mariano Azuela y Salvador Aguirre a impulsar ese resolutivo; bofetada al periodismo
Juan Carlos Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal., 29 de noviembre. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no continuar la investigación por presuntas violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro obligará a la periodista a recurrir a instancias internacionales. En principio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a “dos organismos europeos importantes” que ya se habían acercado a ella, informó la autora de Los demonios del Edén.
Cacho Ribeiro afirmó que la Suprema Corte “me arrebató el derecho a defenderme” y, por tanto, quedó sin instancias legales a las cuales recurrir en México.
Adelantó que ahora investigará las motivaciones que tuvieron los ministros Mariano Azuela y Salvador Aguirre Anguiano para impulsar esa decisión, a quienes señaló como los que más pugnaron por absolver al gobernador Mario Marín Torres.
“La decisión de la SCJN fue una bofetada al periodismo; nos mandó el mensaje de que cuando un periodista se atreve a hacer una investigación contra el crimen organizado, entonces su vida está en peligro”, agregó Cacho en conferencia de prensa, después de la presentación de su obra Memorias de una infamia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).
Dijo que la resolución, además, sienta las bases de lo que puede esperarse de la Corte en cuanto al caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Recordó que la absolución de Marín Torres por violación grave de derechos humanos no fue unánime, y que el ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, dio el voto de calidad.
Comentó que el propio Ortiz Mayagoitia fue designado por el ex ministro presidente Mariano Azuela para investigar el caso desde que fue denunciado, y en su momento concluyó que esa denuncia no podía ser investigada, en primer lugar, porque Mario Marín es gobernador, y en segundo, porque las grabaciones de llamadas telefónicas son ilegales.
“Los que más defendieron al gobernador fueron Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, los ministros más religiosos (…) Yo prefiero investigar, vamos a investigar qué los movió, cuáles fueron sus hilos conductores”, anticipó.
Recordó que en el fondo del asunto subyace lo que de origen tendría que privilegiarse: los casos de abuso sexual y pederastia denunciados tanto en este nuevo libro como en el que lo antecedió. Se condolió de que a pesar del alud de pruebas presentadas, del evidente abuso que significó la intervención de Mario Marín –a instancias del empresario y presunto pederasta Kamel Nacif, lo que a su vez logró mover a 40 funcionarios públicos para llevarla a la cárcel, donde fue torturada–, no solamente la decisión haya sido la que se dio a conocer ayer, sino que se haya dejado de lado el tema central en la discusión en la Suprema Corte, porque “nadie señaló a Marín involucrado con la pederastia o la pornografía”.
“El rostro de la justicia en México para los niños víctimas de estas redes es el rostro de la impunidad en este momento”, asentó antes de reiterar que seguirá viviendo en México, que ella y sus familiares están bien cobijados, porque “por supuesto que han recibido amenazas” y teme por su vida, pero no piensa salir del país, ya que los que se deben ir son “los malos”.
Entre los presentes en el salón Juan Rulfo de la FIL, donde primero se presentó el libro y después se realizó la conferencia de prensa, estaban presentes activistas sociales y la ex comisionada para el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe Morfín. También acudió la actriz Ana Colchero, quien tomó la palabra y le dijo a Cacho que le dolía lo que estaba pasando y que creía “que hoy ha muerto la última posibilidad que daba el tribunal de justicia”.

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LA IMPUNIDAD EN SU SALSA

El de Calderón, un año de querer legitimarse con resultados muy escasos: Monsiváis
regina martínez
* Afirma que AMLO sigue siendo el personaje político más atacado del país

Veracruz, Ver., 29 de noviembre (apro).- El escritos Carlos Monsiváis censuró la pretensión del ayuntamiento panista de Boca del Río de reinstalar la estatura del expresidente Vicente Fox. "Es una burla y un método para decir que la impunidad empieza en las estatuas", dijo.

Recordó que Fox tiene cuentas pendientes con los mexicanos por el desastre y el desaseo con que se condujo durante su administración.

El alcalde de Boca del Río, Francisco Gutiérrez de Velasco, confirmó que, el próximo 6 de diciembre próximo, se volverá a colocar la estatua de Fox en el pedestal de donde fue derribado el pasado 13 de octubre por un grupo de priistas.

Aseguró, así mismo, que la fecha fue propuesta por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien, dijo, ya confirmó su asistencia al acto.

El evento fue confirmado también por el dirigente estatal del PAN, Alejandro Vázquez Cuevas, quien dijo que las críticas contra el expresidente "son inmerecidas y exageradas, ya que, al final, Fox será el gran presidente de la transición".

Entrevistado en el aeropuerto “Heriberto Jara”, Monsiváis, quien ayer recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana (UV), dijo sobre el primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón: "Aún quedan cinco años de promesas; no hay avances en empleo ni se ha detenido la migración".

Señaló: “Ha sido todo un año de querer legitimarse con resultados muy escasos. Lo veo como un gobierno que empieza lentamente a acostumbrarse al fracaso ante los pocos resultados".

Añadió que, en cambio, sí ha habido “una entrega a los empresarios".

Por otra parte, Monsiváis dijo que los triunfos electorales que ha tenido el PRI en los últimos procesos electorales, "no se debe a la voluntad de los mexicanos, sino a la pérdida de credibilidad del PAN y al escaso trabajo del PRD”.

Sostuvo que la aparente recuperación del PRI, "yo la interpreto humildemente como la nueva vigorización del clientelismo y la fuerza ininterrumpida de los cacicazgos, pero no veo un priismo renacido en el país que haya logrado atraer a las nuevas generaciones".

Añadió que, pese a los triunfos del PRI en varios estados, este partido no ha construido un programa y su discurso, añadió, forma parte de "los recuerdos hechos hilachas de lo que una vez fue su demagogia”.

Subrayó que la posibilidad de que el PRI recupere la presidencia de la República en 2012, “como lo han manifestado destacados priístas, sería para el país un epitafio de lujo".

Luego de apuntar México enfrenta un "precario" equilibrio de la democracia, consideró que, a un año de la toma de posesión de Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el personaje más atacado en el país, lo que, en su opinión, demuestra el temor que le tienen sus adversarios.


Ordenó Patrón Laviada el fraude con tierras ejidales

Abogado de Guzmán Alcocer señala al ex gobernador
La consigna era beneficiar a los empresarios, sostiene
Desarrolladores inmobiliarios serán citados a declarar

Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)
Mérida, Yuc., 29 de noviembre. La defensa legal del ex director de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), José Carlos Guzmán Alcocer, recluido en el penal de esta capital por un presunto fraude superior a 500 millones de pesos, aseguró que el ex gobernador panista Patricio Patrón Laviada ordenó al inculpado beneficiar a empresarios con la venta de tierras ejidales, al ofrecérselas a precios aún menores a los cuales las compró la administración estatal.
Esta declaración fue, según el Ministerio Público, una acusación indirecta contra Patrón Laviada, quien hasta ahora insiste en deslindarse de lo que hicieron varios de sus ex colaboradores.
En su primera declaración ministerial en torno al caso, la semana pasada, el ex mandatario dijo que no tuvo conocimiento de irregularidades en la COUSEY, que jamás ordenó comprar ni vender terrenos ejidales, y que cada uno de los ex funcionarios debía responder ante la ley en caso de haber incurrido en anomalías.
Aunque Guzmán Alcocer se ha negado a declarar en el juzgado tercero de defensa social, con el argumento de que solicitó una ampliación de pruebas para su defensa, instruyó a su abogado, Jorge Canto Heredia, sostener que es inocente y que él, como funcionario público, sólo cumplió órdenes de su jefe inmediato, el gobernador.
El litigante sostuvo que Patricio Patrón, en su calidad de mandatario y presidente del Consejo Administrativo de la COUSEY, ordenó a Guzmán Alcocer comprar tierras a campesinos del ejido Chablekal a precios menores de su valor real y posteriormente venderlas a un grupo de empresarios a costos todavía más bajos que los pactados originalmente.
–Mi cliente es inocente. Él sólo cumplió órdenes de su jefe, el gobernador Patricio Patrón –destacó.
–¿Entonces el ex gobernador es también culpable en la compraventa de tierras? –se le interrogó a Canto Heredia.
–Eso lo tiene que dictaminar la autoridad judicial. Yo soy defensor, no fiscal –respondió.
La COUSEY, por intermedio de su entonces director, Guzmán Alcocer, adquirió más de 300 hectáreas a agricultores de Chablekal (ejido cercano a Mérida), a quienes pagó sólo 16.50 pesos por metro cuadrado, y vendió los terrenos a empresarios a 16.39 pesos el metro. El precio real, según el Registro Público de la Propiedad, es de 161 pesos por metro cuadrado. En esas tierras los empresarios comenzaron a construir un lujoso complejo habitacional con campo de golf, lagos artificiales y casa club.
Emilio Díaz Castellanos, José Millet Palomeque y Roberto Kelleher Vales, inversionistas beneficiados con la venta de tierras a precios ínfimos, serán citados a declarar en el juzgado tercero para aclarar su participación en el presunto fraude cometido por José Carlos Guzmán Alcocer.
No se descarta que mientras se aclara este asunto el juez Jesús Rivero Patrón ordene, con base en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, detener las obras en Chablekal.

Denuncian ejidatarios guerra sucia de la CFE

Hay cuatro juicios agrarios contra La Parota, advierten
Señalan que la paraestatal trata de relacionarlos con el EPR
Matilde Pérez U. y José Antonio Román

El director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, miente al asegurar que la hidroeléctrica La Parota podrá ser construida; en su contra están cuatro juicios agrarios ganados por los campesinos y el recurso de revisión del amparo 879/2007 interpuesto por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ante la autoridad judicial y el cual aún no concluye, aclaró Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
Acompañado por otros integrantes del CECOP y por Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Suástegui Muñoz agregó que la CFE ya emprendió “una guerra sucia” en contra del movimiento al tratar de involucrarlo con el EPR.
“Los comuneros y ejidatarios opositores a La Parota hemos manifestado nuestra simpatía por el EZLN, pero también hemos sido claros al señalar que no estamos a favor de la lucha armada para detener la construcción de la hidroeléctrica. Si el EPR o el ERPI han manifestado a través de desplegados su simpatía por el movimiento, los respetamos, pero no tenemos la certeza de que esos pronunciamientos sean auténticos”, puntualizó Suástegui Muñoz.
En conferencia de prensa, el grupo de ejidatarios y comuneros no descartaron la posibilidad de que se trate de militarizar la región bajo el pretexto del combate al narcotráfico. “Sabemos que un nuevo jugador ya entró a jugar a la cancha: el Ejército. Hace algunas semanas pasó por el plantón permanente que tenemos en el ejido Dos Arroyos y detuvo a uno de los integrantes del CECOP, al cual logramos liberar. Desde entonces hemos dicho que también los elementos del Ejército tienen que pedir permiso para pasar por nuestras tierras”.
Frente a la campaña de descalificación lanzada en contra del movimiento llevaremos a cabo acciones de información en las universidades, volveremos a reunir con los empresarios de Guerrero y con los ministros de la Iglesia católica. Acudiremos a organismos internacionales, aunque del movimiento ya tienen conocimiento los relatores especiales para la vivienda, Miloon Khotari, y sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales para los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
El vocero del CECOP explicó que los cuatro juicios agrarios mediante los cuales la CFE pretendió expropiar y ocupar las tierras de los ejidos Los Cuajes, Dos Arroyos, La Palma y de la comunidad de Cacahuatepec fueron ganados por los campesinos y “eso es cosa juzgada”. También se ganaron tres juicios más mediante los cuales se impide a la CFE y al gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales de Los Cuajes, Dos Arroyos y La Palma para realizar obras de La Parota.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas alertó de la escalada de violencia que podría generar la “intromisión” de la guerrilla en la controversia sobre la construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerrero.
Amerigo Incalcaterra, representante en México de la alta comisionada de Naciones Unidas, se refirió así a la reciente advertencia que lanzaron más de 48 organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), que incluye a los grupos armados EPR y ERPI, que saldrían en defensa de los campesinos que se verían afectados si se continúa la construcción de dicha presa.

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OPORTUNO "ACCIDENTE".

¡SE BAJO “LA HELICOTERO”!

Aterriza de emergencia helicóptero en que viajaba Ulises Ruiz
de la redacción
México, D.F., 28 de noviembre (apro).- El helicóptero en que viajaba el gobernador Ulises Ruiz este día debió efectuar un aterrizaje de emergencia por un descenso en la fuerza del aparato durante su traslado a la comunidad oaxaqueña de San Felipe del Agua.

El helicóptero oficial tuvo que aterrizar de emergencia al perder potencia cerca de la agencia municipal San Felipe del Agua, al norte de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con la versión del secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste, se registró una falla mecánica que generó un aterrizaje de emergencia.

El helicóptero donde viajaba el sátrapa Ulises Ruiz Ortiz, se desplomó ayer por la tarde en el barrio La Chigulera, perteneciente a la agencia municipal de San Felipe del Agua, cuando iba a aterrizar en la Unidad Deportiva y Recreativa "Luis Donaldo Colosio".



Confirman violación a derechos humanos de Ivette Suárez

Por parte de policías municipales


REYNALDO BRACAMONTES

En atención a la señora Ivette Suárez Reina, golpeada brutalmente por policías municipales y privada ilegalmente de su libertad, el Ombudsman de Oaxaca, inició un expediente por violación al derecho humano, a la legalidad, y la seguridad jurídica y personal de la víctima.

Luego de la detención arbitraria de la madre de familia, el visitador de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carlos Cabrera Simón, se presentó inmediatamente en las instalaciones del cuerpo policial y certificó las condiciones en que Suárez Reina fue incomunicada, precisó Juan Pablo Ceja Gutiérrez, director de Comunicación Social del organismo.

Como lo hiciera público en conferencia de prensa, Ivette Suárez Reina, fue golpeda salvajemente y detenida por policías municipales, en cumplimiento a consignas de Norma Fernández, nuera de Socorro León Monterrubio, quien según la agraviada, es funcionaria del Instituto Estatal de Ecología.

Los hechos ocurrieron este lunes a las 15:30 horas, frente a la Escuela Preparatoria Vasconcelos, en la calle de Abasolo 615, cuando la desconsolada madre fue por su hija que estudia en ese plantel.

Su agresora, después de embestirla con su vehículo y hacerla rodar en el pavimento, la agredió y solicitó el apoyo directo del coordinador de Seguridad Pública, Aristeo López Martínez, para su detención.

Aunque la queja de la agraviada va dirigida a los policías municipales, la CEDH ampliará sus investigaciones para determinar la responsabilidad del Juez Calificador y del Agente del Ministerio Público de guardia, adscritos a la corporación, acusados por Suárez Reina de negarse a tomarle su declaración.

Y como la víctima refiere que posteriormente, durante su permanencia en los separos de la Policía Ministerial, también fue objeto de tratos arbitrarios, la CEDH ampliará su investigación para determinar el grado de responsabilidad de funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado.

La víctima fue privada de su libertad a las 15:30 horas de este lunes, y permaneció en un separo de la Policía Municipal hasta las 22.30 horas. En ese lugar recibió trato inhumano de policías lesbianas, que le impidieron sentarse y la expusieron con detenidos varones que se masturbaron en su presencia y a punto estuvieron de violarla.

A las 22:30 horas fue conducida a los preventivos de la Policía Ministerial, donde el personal de guardia le impidió realizar sus necesidades fisiológicas. La madre de familia recobró su libertad luego de que sus familiares pagaron una fianza de 58 mil pesos, fijada-según la víctima-por el Procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Por este nuevo atropello a los derechos humanos, tan comunes en Oaxaca, la CEDH inició el expediente CRH/1200/(01/OAX/2007).


Exigen liberar a 83 detenidos en Oaxaca y Chiapas

De la Redacción
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional exigió al gobierno federal que resuelva 26 asuntos agrarios y libere a 83 personas detenidas en Oaxaca y Chiapas acusadas de despojo, obstrucción a las vías generales de comunicación, secuestro, entre otros delitos, que “regularmente se atribuyen a los luchadores sociales”, comentó Francisco Chaw.
Portando carteles en los que demandaban “libertad a los presos políticos”, “justicia para los campesinos” y su rechazo a la culminación de la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), integrantes de la organización marcharon del Ángel de la Independencia a Los Pinos, donde exigieron que se apliquen las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a los presos en Chiapas y Oaxaca.
El contingente se sumó a la demanda de otras organizaciones campesinas para que maíz y frijol queden fuera del capítulo agropecuario del TLCAN y se defienda la soberanía alimentaria del país.


LO QUE FECAL PERMITE EN OAXACA

Durante casi dos años los PRIANistas han estado jode y jode con que los de la APPO son violentos. Hace casi un año, Fox mandó a la PFP a Oaxaca a que golpearan, vejaran, violaran, y encarcelaran sin motivo alguno a integrantes de la APPO. Peor: tanto panistas como priistas buscaron todas las excusas posibles para justificar el asesinato de Brad Will por los sicarios de Ulises Ruiz.

Y desde luego el CEROTE CON PATAS jamás ha tocado al Ulises Ruiz. Ni lo tocará. Si lo hace, los priistas lo tumban de la silla.

Bueno, pues el día de ayer quedó claro que los violentos, los verdaderos TERRORISTAS, son los PRIISTAS. Y es que a una mujer la policía de Ulises Ruiz la golpeó y la vejó simplemente por que se negó a cederle el cajón de estacionamiento a una pariente de un funcionario estatal de medio pelo.

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LOS DEMONIOS SUELTOS DEL EDEN.

México, paraíso para la trata y la explotación sexual comercial infantil.
Ortiz Elizondo
de la redacción
México, D.F. 28 de noviembre (apro).- México es un paraíso para la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil, afirmó hoy la investigadora Beatriz Ortiz Elizondo, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe.

Al participar en la mesa redonda “La trata de personas”, organizado por la Facultad de Psicología de la UNAM, la especialista destacó también que sólo en producción de material pornográfico, México ocupa el quinto lugar en el mundo y el tercero, en consumo.

Además, apuntó que en la actualidad cerca de 40 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual, principalmente en zonas turísticas, como Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Tijuana.

Ortiz Elizondo dijo que la mayoría de esos niños y niñas son traídos de los estados más pobres del país, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Tlaxcala.

“Este problema presenta la misma dinámica que en el ámbito internacional, donde son llevados de naciones pobres a otras más ricas”, añadió.

Y explicó que las principales víctimas forman parte de una problemática propia de la globalización. Agregó que “ese es uno de los efectos, donde las comunicaciones han tenido sus impactos más perversos”.

Dijo, además, que la mitad de los 10 mil niños en situación de calle de la ciudad de México, ha sido utilizada para producir cintas sexuales o introducirla al comercio carnal.

Añadió que, en el Distrito Federal, más de 70 % de las mujeres en prostitución callejera inició esa actividad en su niñez o adolescencia.

Ortiz Elizondo afirmó que la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más jugosos en el mundo, pues ocupa el tercer lugar, sólo detrás del narcotráfico y de la venta de armas, con ganancias anuales de entre 5 y 7 billones de dólares. Añadió que “algunos expertos señalan que este fenómeno ya rebasó a la compra bélica”.

Y dio este dato: cuatro millones de mujeres y dos millones de niños y adolescentes son reclutados al año en el mundo para la industria del sexo, además de que dos millones de niñas son explotadas en el sudeste de Asia y América Latina.

Explicó que hay más de cuatro millones de sitios de pornografía infantil en Internet, y dijo que la actividad de los pedófilos que suben imágenes a la red, se incrementa durante la noche.

En cuanto a las víctimas, detalló, 80 por ciento son mujeres, niños y adolescentes, la mayoría de escasos recursos. Añadió que, entre 70 y 80 por ciento, tiene historias de abuso sexual y desintegración familiar.

Indicó que el 85 por ciento de los consumidores son hombres, y los actores involucrados son, desde familiares, agencias de viajes, reclutadores, “polleros” y lenones, hasta policías, inspectores de vía pública, jueces cívicos, funcionarios y agentes de migración, entre otros.

En el acto, Gabriela Delgado Ballesteros, secretaria general de la Facultad de Psicología, afirmó que todo lo relativo al tráfico sexual de menores es un “serio problema invisibilizado, que los psicólogos deben trabajar para crear y aplicar los instrumentos que permitan no sólo la detección, sino la prevención y reestablecer la integridad de las personas”.


Abuso Infantil en el Iinstituto San Felipe, Oaxaca-México.

¿Puedes creer que violen a un niño de solo 2° año de preescolar, y no hagan nada solo porque sucedió en el “prestigiado” Instituto San Felipe de Oaxaca?
Madre denuncia la violación de su hijo de 5 años.

De acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, a cargo de Aída Gómez Piñón, por la que se inició la Averiguación Previa 191/DS/2007, radicada en el Primer Turno de la Agencia del Ministerio Público, el menor que cursaba el segundo grado de educación Preescolar en esa institución, fue presuntamente violado en varias ocasiones y se encontraba amenazado de muerte para que no denunciara los hechos.

En el cuerpo de la averiguación previa, cuya copia fue entregada a NOTICIAS, el menor señala como sus presuntos violadores a su catedrático de Computación, Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro Chava) y a Hugo Gabriel Constantino García, apoyados por su maestra de Grupo, Magdalena García Soto.
Por los elementos aportados por el menor en la denuncia, su maestra (Malena) lo entregaba, presionándolo, a su catedrático de Computación, quien lo conducía al Salón de Gimnasia, ubicado en el tercer piso del centro educativo. En ese lugar, Adán Salvador y Constantino García, lo amordazaban y le ataban las manos para ultrajarlo sexualmente, según las revelaciones de la víctima.
'Los maestros malos me metían su pilín en mi colita', refiere el menor en la averiguación previa en la que, además de la denuncia de la madre, obran los dictámenes médicos y psicológicos practicados al niño.
En sus aportaciones, el menor explica que lo conducían hasta 'un cuarto de arriba', donde había un brincolín, camas de color verde azul y rojo y pelotitas de colores. 'Ahí estaban los dos malos, uno era pelón y el otro tenía pelo', asienta el menor.
El niño, de cinco años de edad, refiere que Adán Salvador y Constantino García usaban una cámara (al parecer fotográfica) mientras lo mancillaban.
Para su madre, pudo ser una cámara de video que seguramente utilizan los presuntos pederastas para posteriormente subir las imágenes a una página de pornografía infantil.

Esta es la pesadilla.

Explica la desconsolada madre que su menor hijo ingresó al Instituto San Felipe, ubicado en la Calzada San Felipe del Agua No.323, en el mes de agosto de 2006. Como todo niño normal, mi hijo ingresaba alegre al plantel y salía igualmente optimista. De retorno a casa platicaba de sus amigos y de sus clases. Lo notaba contento y comía muy bien.
Un mes después, mi hijo empezó a sufrir cambios drásticos en su comportamiento. Llegaba aterrado a la escuela. Se sujetaba del asiento de mi camioneta y no quería bajar para entrar a clases. Incluso se pasaba al asiento trasero.
A la salida de clases, mi hijo estaba desarreglado, sucio, despeinado y con sus ojos enrojecidos, signos de que había llorado. Sentía mucho miedo y llorando se aferraba a mi.
Por las noches no dormía. Le daba miedo la oscuridad y cuando lo dominaba el sueño presentaba pesadillas. En paralelo a ello, empezó a sentir constantes dolores en las piernas, espalda y glúteos.
La madre asienta que el siete de noviembre del mismo año, fue la fecha más trágica de su vida.
Pasé por mi hijo a la escuela y lo noté sumamente triste. Al llegar a casa no comió. Se acostó en el sofá y permaneció dormido hasta las 18:00 horas. El menor pidió ir al baño pero también mostró miedo porque le dolía mucho evacuar. Pensé que estaba estreñido. Lo senté en el retrete, el niño se aferró fuertemente con sus manos a mi cuerpo, hacía fuerzas al grado de sudar y al final exclamó 'Mamá, ya pude'.
Leticia Valdés agrega que al tomar papel higiénico para limpiarlo, descubrí un líquido viscoso abundante y residuos de sangre y un penetrante olor a esperma. 'Sentí que me moría, pero me hice fuerte para darle confianza.
Llamé por teléfono a mi padre que es urólogo y al llegar dos horas después, encontró que mi hijo presentaba excoriación peri anal, inflamación local, salida aún de exudado blanquecino a través del ano'.
Esa misma tarde, en la valoración proctológica realizada por el médico Carlos Mario Aragón Ziga, especialista en Cirugía Gastrointestinal, constató en el menor, excoriación peri anal del anodermo, inflamación local y salida de un material blanquecino a través del recto, lo que implica la sospecha de penetración ó coito anal.
Al día siguiente, en el examen de laboratorio realizado por el patólogo clínico Miguel Angel Reyes Núñez, refiere los caracteres físicos observados: Aspecto mucoido, color blanquecino, color característico (semen) volumen 2.ml.
El examen directo en fresco por el microscopio de luz no se observaron esperamatozoides; sin embargo, debido a las características observadas puede corresponder a líquido seminal, asentó el especialista.
La sufrida madre precisa que este hecho fatal colapsó a toda su familia. 'Mi padre sugirió que antes de acudir a la vía judicial para exteriorizar el hecho, era necesario que mi hijo recibiera atención psiquiátrica'.
Por ello, el psiquiatra Juan Manuel Hermoso Limón se hizo cargo del caso, a partir del 13 de noviembre de 2006.
En sus declaraciones, el menor hizo referencia de que en el lugar donde lo ultrajaban había una tarja y que en ese recipiente lo sentaban en agua muy fría. Supongo que eso lo hacían los presuntos pederastas cuando mi hijo sangraba, añade la madre.
Precisa que efectivamente en ese lugar existía es recipiente que utilizaban para lavar los trastes (jarras y charolas no desechables) en los desayunos de los niños.
En su denuncia, la madre abunda textualmente: 'Mi hijo fue víctima de estas violaciones, no una sino varias veces, e identifica plenamente al maestro de computación como güero, alto, delgado y dice reconocer al otro violador que también se encuentra en la escuela o bien, tiene perfecto acceso al área de preescolar'.
IEPO niega información a la procuraduría
Requerí a través de la agencia del Ministerio Público a la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, exhibieran la relación y las fotografías de los maestros de Preescolar, pero se negaron. Lo solicité a la dirección general del IEEPO, y tampoco hubo respuesta.
En la averiguación previa, la madre asienta que el 23 de abril de 2007, Yolanda León y dos mujeres más, pidieron a mi padre que acudiera dos días después (25 de abril) a la institución educativa para que me retractara ante los padres de familia. Como no lo hice, buscaron en esa misma fecha a mi padre para darme una segunda oportunidad, y amenazó que su departamento jurídico tomaría cartas en el asunto.
En entrevista, la madre precisa que 'los dueños del Instituto San Felipe cuentan con un equipo de abogados sumamente influyentes que me han bloqueado por todos lados. Ellos son los que mandan en la Procuraduría de Justicia del Estado. Me refiero a los abogados Jorge Eduardo Franco Jiménez y a su hija Georgina Franco Vargas, añade.
Por ello, acusa, 'la Procuraduría de Justicia ha retardado la debida integración de la indagatoria, está protegiendo a los presuntos pederastas'.


Mutila el MP la averiguación previa

Mi hijo recuerda perfectamente nombres y características de los agresores, pero en su declaración, la agente del Ministerio Público no asentó los datos de los agresores que el menor refiere, con la finalidad de que no se hiciera en ese momento el señalamiento directo, prejuzgando que el menor no tiene la capacidad de recordar nombres.
La agente del Ministerio Público arrancó la primer hoja de la denuncia inicial y pidió que se cambiara, argumentando que no debe llevar los nombres de los responsables 'para que la averiguación no fuera intervenida'.
En las ocasiones que me he entrevistado con los altos funcionarios de la Procuraduría de Justicia, éstos toman el teléfono y supuestamente en voz alta gira instrucciones a la licenciada Aída Gómez Piñón, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, para que agilice la averiguación previa. Aparenta estar indignada por mi situación, pero he comprobado que es todo lo contrario. He comprobado que está encubriendo a los presuntos violadores de mi hijo.
Para Leticia Valdés Martell, en contradicción a las 'instrucciones' del Procurador de Justicia, la Fiscal Aída Gómez Piñon, me ha solicitado que yo llegue a un arreglo conciliatorio y de carácter económico con Yolanda León Ramírez, a quien llama 'Yola'.
Me expresa la Fiscal que está atada de manos, porque 'Yola' es muy influyente, tiene mucho dinero, se mueve en altas esferas del gobierno, que incluso controla al Sindicato de la Sección XXII, para que no salga del IEEPO la información requerida.
Respaldo de Barra Nacional de Abogados
Al quedar demostrado que la Procuraduría de Justicia no está cumpliendo su papel de proteger a la sociedad, acudí a la Barra Nacional de Abogados, delegación Oaxaca, y afortunadamente, su comité directivo que encabeza el licenciado Juan José Meixuero Orozco, me ha dado todo su respaldo, destaca la entrevistada.
Solicito, de ser posible, que la PGR atraiga el caso, ante el encubrimiento de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca a los presuntos violadores, y que incluso intervenga la Presidenta del DIF estatal, Lourdes Salinas, señala.
La desconsolada madre hace notar que los dueños del Instituto San Felipe, para borrar todo tipo de evidencias, remodelaron en vacaciones escolares todas las áreas de preescolar, a pesar de que no había necesidad de modificaciones, porque las instalaciones estaban impecables.

Leticia Valdés Martell, hace responsable a Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro Chava), y a Hugo Gabriel Constantino García, a la profesora Magdalena García Soto, y a Yolanda León Ramírez, y a sus abogados 'de cualquier atentado en mi persona, mi hijo, mis padres y demás familiares'.

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EDUCACION, HACIA LA PRIVATIZACION.

El plan educativo calderonista seguirá las políticas de gobiernos anteriores
Introducir de lleno a la iniciativa privada en acciones de enseñanza, entre los objetivos
Busca reorientar la formación profesional y técnica hacia la demanda del mercado
Hay grandes rezagos que atender en términos de “equidad y calidad”: Vázquez Mota

Karina Avilés
El Programa Nacional de Educación 2007-2012 promete una “transformación del sistema educativo mexicano” –una de sus ofertas es elevar la escolaridad promedio del mexicano de la secundaria inconclusa (8.4 años) al primer grado de bachillerato (9.7 años)–, basado en un enfoque que busca reorientar la formación profesional y técnica hacia las demandas del mercado, introducir de lleno a la iniciativa privada en las acciones de enseñanza.
De esta manera, el plan llama a una “urgente reforma”, pues aunque hace un reconocimiento implícito a los gobiernos anteriores que han construido el sistema educativo nacional (SEN), la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, admite, en la presentación del proyecto, que hay grandes rezagos que atender en términos de “equidad y calidad”.
Los tres ejes de dicha reforma plantean una continuidad y profundización de las políticas emprendidas por los llamados gobiernos de la tecnocracia y son las siguientes: calidad con equidad; educación para el desarrollo humano sustentable: productividad, competitividad y capacidades para la vida y el trabajo, así como gobernabilidad y gestión democráticas.
Sin embargo, el proyecto calderonista da un lugar central a la “sincronía” que debe existir entre el sistema educativo y las “necesidades productivas del país”, bajo una visión en la que lo que define el progreso de las naciones es su “competitividad” y su vinculación con “las tendencias de la economía y del comercio mundiales”. En razón de lo anterior, indica el programa, “uno de los objetivos de la reforma en la educación media superior y en la superior es ofrecer a sus egresados salidas hacia el mercado laboral, mediante una mayor vinculación del sistema educativo con el aparato productivo”.

Solicita el gobierno de Chiapas investigar a fondo a la Opddic

Las pesquisas las deberán realizar la PGR y la CNDH, demanda Sabines Guerrero
La organización es acusada de ser un grupo paramilitar priísta ligada a intereses trasnacionales
Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsales)

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 de noviembre. El gobierno de Chiapas solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación exhaustiva a la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos (Opddic) por la serie de denuncias públicas sobre sus actividades, quiénes y cómo los financian, cuáles son los intereses y cuál es su razón en Chiapas, particularmente por las amenazas de muerte al Consejo Autónomo de San Andrés y las agresiones en los municipios de Chilón y Tumbalá.
Sobre el tema, el gobernador Juan Sabines Guerrero señaló que “es prioridad para este gobierno el respeto a los derechos humanos y el combate a todo tipo de injusticias, especialmente contra los que menos tienen”.
Apuntó que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que “inicie las averiguaciones para los casos de Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez, que son los afectados en el caso de Chilón; de igual forma, Manuel Jiménez Álvaro, Jerónimo Morales Álvaro, Manuel Méndez Silvano, Manuel Hernández y Miguel Pérez Álvaro, agredidos en el municipio de Tumbalá”, concluyó.
En un comunicado de prensa, el gobierno informó que la decisión fue tomada a raíz de las muchas denuncias contra la Opddic que se han publicado en los medios de comunicación, especialmente “con base en los trabajos de La Jornada”.
De acuerdo con la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoiris de la Esperanza, las más recientes “agresiones” de integrantes de la priísta Opddic en contra de bases de apoyo zapatistas ocurrieron el pasado sábado 24 en el municipio autónomo Olga Isabel (oficialmente se llama Tumbalá).
Precisó que ese día a las 11 de la mañana “un grupo de 80 personas, perteneciente a la Opddic, penetró con lujo de violencia” en el poblado Bolon Ajaw con armas de fuego, machetes y palos; “20 personas portaban pistolas calibres 22 y 38; seis más escopetas y el resto palos y machetes”, dijo.
Agregó que al llegar al poblado “encontraron a mujeres niños, niñas y a un compañero promotor de salud, de nombre Manuel Hernández”, a quien “agarraron y a pesar de estar enfermo lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo su cuerpo dejándolo inconsciente”.
Posteriormente “le dijeron que (los zapatistas) abandonen ese lugar inmediatamente con su grupo, porque si no van a morir todos, y luego abandonaron el lugar”. El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hectáreas y se formó con tierra “recuperada por bases de apoyo zapatistas en el año 2001. Actualmente lo habitan 41 familias que suman 200 personas, entre adultos y niños. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual están las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de esa agrupación.
La Opddic, según organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y bases de apoyo del EZLN, es un grupo paramilitar que desde el año 2000 se extendió hasta ocupar el territorio donde antes operaban el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), los Chinchulines y Paz y Justicia.
Actualmente la Opddic mantiene 68 juicios agrarios para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios, tanto en la zona de Las Cañadas como en los municipios de Chilón, Tumbalá, Sitalá, Tila, Sabanilla y Palenque.
El grupo fue creado por el ex diputado local y diputado federal suplente por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Chulín Jiménez, fundador también del grupo paramilitar denominado MIRA, y operador en la zona de Las Cañadas de los desmantelamientos de los municipios autónomos zapatistas, ocurridos entre 1997 y 1998.
A raíz del enfrentamiento por la disputa del poblado Viejo Velasco Suárez, ocurrida en noviembre de 2006 en la zona de Las Cañadas, la Opddic incrementó sus acciones para despojar a decenas de comunidades zapatistas de sus territorios.
Según documentó el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC, para llevar a cabo el despojo de los territorios zapatistas, la Opddic es apoyada por un notario público, un actuario del Tribunal Unitario Agrario, y un servidor público y líder sindical de la Secretaría de la Reforma Agraria, quienes también participaron en el desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.
En el contexto de estas acciones de despojo, en enero de este año la Opddic envió una carta pública al subcomandante Marcos, en la que le exigen ordene a las bases de apoyo del grupo insurgente abandonen 43 hectáreas del ejido San Antonio El Porvenir, de Ocosingo.
En la carta el grupo paramilitar advierte que de no hacerlo “personalmente nosotros lo haremos (despojar a los indígenas) por la fuerza”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización Maderas del Sureste acusan a la Opddic de ser utilizada para desocupar los territorios donde empresas trasnacionales tienen intereses.
Denuncian que la Opddic es un “actor vinculado a la política y acción paramilitar ocurrida en Chiapas y en la Selva entre 1995-1999 –mismos que no fueron castigados ni desarmados en el sexenio estatal y federal anterior– y actualmente se están posicionando geopolíticamente alrededor de la selva Lacandona”.

El monopolio mediático vulnera la libre expresión, advierte la ONU al Senado

Recomienda garantizar ese derecho al efectuar la reforma a la ley de radio y tv
Subraya la importancia de que la legislación garantice pluralidad en la información
Sería un fracaso la concentración de la propiedad en el sector, advierte Liliana Valina

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió a los senadores que elaboran la nueva legislación federal de radio y televisión que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica “vulnera el derecho a la libertad de expresión”, porque afecta el requisito de la pluralidad en la información.
Al asistir al Senado, donde se llevó a a cabo una reunión con el grupo plural para la revisión de la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, Liliana Valina, representante adjunta en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los senadores que así como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analicen las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) “que promueven la concentración de los medios de comunicación”.
Valina, quien asistió en representación de Amérigo Incalcaterra, titular de la OACNUDH en México, dijo a los senadores: “Ahora es el turno del Poder Legislativo, que tiene la posibilidad no sólo de remediar aquellos conceptos que la Corte declaró inválidos de la LFRT, sino además incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente en torno al derecho a la libertad de expresión”.
Subrayó que el Estado no sólo debe respetar la libertad de expresión, sino que tiene que garantizar que no se atente contra ese derecho y, al mismo tiempo, promover las acciones necesarias para que todas las personas puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias.
El Estado, sostuvo Valina, debe abstenerse de cometer cualquier acto que pueda derivar en una violación directa o indirecta a la libertad de expresión. Entre las primeras se encuentran la censura previa, la intimidación o amenaza a los profesionales de la comunicación, el secuestro o la prohibición de publicaciones, y en general todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental.
Entre las violaciones indirectas están el fracasar en impedir la concentración en la propiedad de los medios de comunicación o no garantizar la participación equitativa de todos los sectores de la población en los medios de comunicación.
Valina expuso ante los senadores del grupo plural que de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión saltan a la vista dos temas estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de expresión, que también fueron analizados por la SCJN: el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, y la pluralidad y libre competencia en ese sector.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 5, ha sostenido que “la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios”, apuntó Valina.
En el caso concreto de las radios comunitarias, esta disposición ha constituido una restricción a su reconocimiento jurídico como permisionarias, pues la naturaleza de su actividad de radiodifusión y sus objetivos no se ajustan de manera adecuada a los tipos de radiodifusión considerados en la LFRT.
Y abundó: “Otro elemento que puede considerarse es el financiamiento de las radios comunitarias. Actualmente el artículo 37 de la ley establece como causal de revocación del permiso que los permisionarios transmitan anuncios comerciales”, y esa situación implica que estos medios se vean en una situación realmente muy compleja para poder sobrevivir.
Aunque se entiende que las radios comunitarias no son organismos con fines de lucro, eso no implica que no puedan tener alternativas para autofinanciar las actividades que realizan y sugiere el reto de replantear las categorías, o bien las categorías que hoy existen en día, las cuales hacen una separación bipolar entre concesionarios y permisionarios, o bien buscar otras alternativas que recojan adecuadamente esta situación, detalló.
Advirtió que ambas categorías no necesariamente reflejan la especificidad de las radios comunitarias y las coloca ante retos y desafíos que limitan su capacidad, autosuficiencia y permanencia en el espectro radioeléctrico.
Exhortó a los senadores a que en lo relativo al tema de los derechos de las comunidades indias es importante que al legislar se tome en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre pasado, que en su artículo 16 establece el derecho de estos grupos a acceder a sus propios medios de comunicación.
También debe revisarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 3 señala que los pueblos y comunidades indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
Al abordar el tema de la pluralidad y la libre competencia de los medios de comunicación, Valina apuntó que uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público.
La pluralidad en los medios de comunicación permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista y contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad, concluyó.

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LA FUERZA POLICIACA, AL SERVICIO DE INFLUYENTES.

Mujer encarcelada por no ceder estacionamiento a familiar de funcionaria.


Escrito por Libertad.
miércoles, 28 de noviembre de 2007

Virgilio Sánchez (Agencia Reforma)Oaxaca, México (28 de noviembre de 2007).- No ceder un cajón de estacionamiento a una familiar de una funcionaria del Gobierno estatal, le costó a Ivette Suárez Reina ser detenida y vejada por un numeroso grupo de policías municipales.
No sólo eso, la mujer fue trasladada a los separos de la policía municipal, pasó la noche en la cárcel, la llevaron a las instalaciones de la Procuraduría estatal, donde fue acusada de golpear a 15 agentes, y obligada a pagar una fianza de 58 mil pesos. La señora reveló que el lunes, cuando estacionaba su camioneta en la calle Abasolo; se encaró con Norma Fernández, cuando ésta pretendía ganarle el espacio.
Fernández se identificó como familiar de la directora de concertación institucional del Instituto Estatal de Ecología, Socorro León Monterrubio."Me dijo que era influyente en el gobierno del estado y que vería con quien me había enfrentado", recordó Suárez.Treinta minutos después del incidente, asegura, unos 40 policías municipales la detuvieron en el exterior de la preparatoria de su hija, que se ubica en la misma calle del incidente.Los agentes argumentaron que era una instrucción directa del Coordinador de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca, Aristeo López Martínez.La víctima manifestó que pidió se le explicara cuál era su delito. En respuesta, los policías la golpearon y le echaron gas lacrimógeno en el rostro."Cuando estábamos adentro de la patrulla, a través del radio, les informaron a los policías que la instrucción de Aristeo López era que me dieran una 'calentadita para que se me quitara lo machita", expresó.La aprehensión fue videograbada por las personas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observa a Ivette tirada en el piso, en posición fetal, con las manos atrás, y entorno a ella un grupo de cuatro policías que la someten."Suéltenme, se me safó la mano", gritó la señora a los agentes, según se escucha en la grabación.Los policías tratan de tapar la escena a las personas que graban desde un teléfono celular, al mismo tiempo que los familiares de Ivette intentan frenar -sin éxito- el paso de los policías.Suárez denunció que fue traslada a los separos del cuartel de la policía municipal, al llegar, reveló, la desnudaron, la golpearon y la manosearon."Aquí no viniste de vacaciones, hija de puta madre, tampoco existen tus derechos", le gritaron los uniformados, según el relato que hizo la víctima.Por la noche del lunes, Ivette fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), hasta entonces no había recibido atención médica y tampoco la asistencia del Ministerio Público.Horas más tarde, la dependencia estatal le fijó una fianza de 58 mil pesos, ya que fue acusada de golpear a 15 policías y fracturarle la nariz a uno de ellos."Yo soy la ofendida, ellos me golpearon y ahora resulta que... ¿cómo les voy a pegar si ni siquiera podía moverme?", afirmó.Esta es la manera que se comporta la policía en Oaxaca, como brazo armado de una facción que ilegalmente detenta el poder.


Es un buen precedente para Oaxaca, el fallo SCJN

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZLa Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) aseveró que el resultado de la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista Lydia Cacho, en la que se confirmaron graves violaciones a sus derechos humanos, "es un buen precedente para la investigación que la misma Corte realiza sobre el movimiento social en Oaxaca"."Fue importante esta resolución de la SCJN porque ante las pruebas que les presentaron, los ministros tuvieron que resolver en el sentido de que sí fueron violadas las garantías individuales de Lydia Cacho; me parece que este es un buen paso"."A pesar de esto, resulta preocupante que no existan sanciones al Gober Precioso, Mario Marín, por sus responsabilidad en los hechos; el caso Oaxaca tiene que ir más allá, de entrada el Congreso de la Unión tiene que retomar la situación para fincar responsabilidades a los culpables de las violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos oaxaqueños", dijo uno de sus voceros.Y aunque calificó como un paso importante es todavía insuficiente porque quedarán sin investigar graves violaciones a las garantías constitucionales.Y aunque el vocero appista calificó como un paso importante que la Corte haya incluido en su investigación los hechos suscitados los días 16 y 17 de julio del 2007, "en el que se registraron actos de agresión en contra del movimiento popular y son violatorios a las garantías constitucionales", lo calificó de insuficiente porque quedarán sin investigar graves violaciones a las garantías constitucionales."Para nosotros es insuficiente porque la violación a las garantías constitucionales en Oaxaca han sido de manera sistemática, en el primer semestre de este año hubo hechos graves de violaciones a la garantías establecidas en la Constitución; hubo compañeros detenidos, torturados e, incluso desaparecidos, que no van a ser investigados por la Corte".En conferencia de prensa, uno de los voceros de la APPO, acompañado de Marcelino Coache Verano, solicitó a la SCJN que admita las pruebas de todas las violaciones a las garantías constitucionales suscitadas en Oaxaca y "se declare responsables a Ulises Ruiz Ortiz y todos sus cómplices".Por su parte, el dirigente del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores del Municipio de Oaxaca de Juárez y consejero de la APPO, Coache Verano, expresó que es necesario que la Corte investigue las agresiones a los participantes en el movimiento social oaxaqueño."Estamos dispuestos a proporcionar las pruebas documentales y de video a los ministros, toda vez que esto forma parte importante de la agresión al pueblo de Oaxaca y la violación a las garantías individuales de los ciudadanos".


Integran Frente Común en Apoyo de Niños Abusados

REYNALDO BRACAMONTESCon el respaldo del Colectivo Huaxyacac, familiares de niños presuntamente abusados en los Institutos San Felipe (en la ciudad capital) y Miguel de Cervantes (en la Villa de Etla), se integraron ayer en un frente común y pidieron a los padres de muchos otros menores violados sexualmente, a levantar la voz, para que caiga todo el peso de la ley en contra de los pederastas.Al estar plenamente acreditado en autos que un niño de preescolar fue abusado en el Instituto San Felipe, su madre Leticia Valdés Martell, y sus abogados coadyuvantes José Bonilla Sada y Víctor Amado López Hernández, expresaron su plena confianza en que el Juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, negará el amparo a favor de Magdalena García Soto. La madre del niño de preescolar abusado en el Instituto San Felipe y sus abogados coadyuvantes, expresaron su plena confianza en que el Juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, negará el amparo a favor de Magdalena García Soto, profesora del Instituto San Felipe, solicitado por Jorge Franco Vargas, abogado de los pederastas. La profesora García Soto, se encuentra presa y a disposición del Juez Tercero Penal. La madre del niño agraviado y sus asesores, resaltaron lo anterior, luego de que Franco Jiménez ha vociferado que el Juez Tercero de Distrito, es su compadre y que por ser amigo personal del ex gobernador José Murat, concederá el amparo solicitado a favor de Magdalena García Soto, profesora del niño abusado en el Instituto San Felipe, y quien presuntamente entregaba al menor a los violadores del niño. El menor señala como sus presuntos violadores a su catedrático de Computación, Adán Salvador Pérez Ramírez (maestro Chava), y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la dueña del plantel, apoyados por su maestra de Grupo Magdalena García Soto (maestra Malena), quienes según Valdés Martell, entral y salen del Instituto San Felipe, porque cuentan con el apoyo de la Procuraduría de Justicia del Estado.En la conferencia de prensa, el abogado José Bonilla Sada, explicó que un profesor del Jardín de Niños del Colegio Oxford del Distrito Federal, dependiente de Legionarios de Cristo, violó a su menor hijo, "por ello entiendo y comparto el dolor de la señora Valdés Martell".


OAXACA, ESTADO CON MUCHA IMPUNIDAD

"Conozco igualmente los escandalosos casos de Joaquín Aguilar, hablando del cardenal Norberto Rivera, así como de Jesús Romero Coltn, con relación al sacerdote pederasta Carlos López Valdéz (fotógrafo pornográfico infantil). He recorrido todos los estados del país, pero jamás había estado en una entidad con tanta impunidad como el caso de Oaxaca, donde el gobierno estatal encubre abiertamente a pederastas.Porque debe quedar claro que estamos ante una red de pederastas con nexos nacionales e inclusos internacionales, y no me queda duda que están protegidos por altos jerarcas de la Iglesia Católica", añadió el abogado Bonilla Sada.A lo expresado por el abogado del Distrito Federal, se sumó su similar en el estado, Víctor Amado López Hernández, quien anunció que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, por el trato arbitrario que la señora Leticia Valdés Martel, madre del niño violado en el Instituto San Felipe, recibió del juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, quien textualmente le advirtió a la agraviada: " Si me equivoco en mi veredicto, puede corregirlo el Colegiado", anunciado con ello su predisposición de ayudar a Franco Jiménez.Hay que precisar, que si el Juez federal otorga el beneficio del amparo a Magdalena García Soto, será un hecho de lo más vergonzoso y perverso, y constituirá un escándalo internacional, porque con ello, el juzgador estará ignorando la jurisprudencia de la Corte, que dice que basta el indicio de la víctima para detener a los responsables y dictarles auto de formal prisión.Si el juez falla a favor de los pederastas, ya nos estaremos viendo las caras en instancias internacionales, precisó el abogado Víctor Amado López Hernández.


En dibujos, alumnos del Instituto Miguel de Cervantes describen ultraje

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIOEn dibujos, los niños atacados sexualmente en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en Etla, describen cómo eran agredidos presuntamente por Domingo Ramírez Ramírez, propietario del Instituto Miguel de Cervantes, un colegio privado ubicado en el municipio de la Villa de Etla. En uno de ellos, aparece un maestro malo, a su lado un niño con los ojos vendados, al fondo un calentador y unas regaderas. "Los niños no se inventan las cosas de la nada porque si bien son fantasiosos, toman las cosas de la realidad para explicar la agresión sexual", dijo la psicóloga Rosario Sánchez, integrante del Centro de Atención Integral del Valle. El presunto pederasta, detenido en julio pasado por la orden de aprehensión 121/2007 girada por el juez penal de la Villa de Etla, fue acusado de violación equiparada en agravio de los tres niños, ocurrida el "Día del Niño", pero ahora en uno de ellos solamente es procesado por abuso sexual ante la apelación presentada a través de sus abogados. El propietario de la institución, había sido detenido en mayo pasado en cumplimiento al mandato de arresto 64/2007 por el delito de abuso sexual cometido en agravio de otro menor de edad, pero salió libre bajo fianza. Durante las terapias privadas pagadas por las familias, los menores evidencian a su agresor y el estado de indefensión en que estuvieron sometidos en el baño de la escuela. "El niño evidencia que el agresor fue un adulto, señala sus genitales y muestra que no podría contra él", señaló.De esta forma, los menores explicaron a sus madres y terapeuta que con el pretexto de estar sucios, eran llevados después del recreo al baño para ser aseados y ahí eran atacados sexualmente. "Los dibujos deben de ser tomados en cuenta, porque son la prueba que fortalecen el testimonio verbal", señaló.

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DE LA SECCION XXII DEL SNTE

DECLARACION POLITICA DE LA SECCION XXII DEL SNTE.

Al pueblo de Oaxaca
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los Trabajadores de la Educación:
DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 25 DE NOVIEMBRE
A un año de la brutal represión del Estado Mexicano a través de las fuerzas federales y las estatales en contra del pueblo de Oaxaca, los trabajadores de la educación de la Sección XXII del SNTE-CNTE
DECLARAMOS:
La represión en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, que dio origen al enfrentamiento más cruento y de mayores daños para la sociedad oaxaqueña, es equiparable a la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, México, D.F. y el 10 de Junio en San Cosme, México, D.F. Ante una megamarcha pacífica, convocada por la APPO para exigir la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca y que pretendía cercar a las fuerzas federales durante 48 horas, el rostro represivo y violento del gobierno fue la culminación de la estrategia de guerra contrainsurgente y terrorismo de estado aplicado contra el Movimiento Magisterial-Popular, por lo que se constituyó en una acción represiva perfectamente instrumentada y planeada por el Estado Mexicano, en la que la PFP actuó conjuntamente con las policías ministeriales, preventiva y municipales, quienes de manera abierta y concertada protegieron a los provocadores e infiltrados, desde las azoteas y al interior de la movilización, lo que se constituyó en una trampa para el movimiento popular- magisterial y con ello, justificar detenciones masivas arbitrarias, levantones, torturas físicas psicológicas e incomunicación, generando el miedo y zozobra entre la gente y logrando que el movimiento se dispersara y en los días siguientes, continuaran las detenciones contra luchadores sociales, dirigentes de colonias populares, maestros, representantes indígenas, activistas e integrantes de grupos de mujeres, algunos de los cuales al ser perseguidos y hostigados debieron huir de la ciudad, lo que explica el crecimiento del número de presos y perseguidos políticos, inmediatamente después de la represión del 25 de noviembre.
El saldo de la represión fue de 203 detenidos (50 mujeres y 153 hombres); 142 de ellos, fueron trasladados al penal de Nayarit y otros al de Matamoros, Tamaulipas, llevándoselos esposados y golpeados; argumentando la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el gobierno de Oaxaca que todos lo detenidos eran de "alta peligrosidad" sin comprobarlo. Se reportaron también 31 desaparecidos (11 mujeres y 20 hombres) y mas de 40 lesionados. El patrón de conducta de la represión fue el mismo en todos los casos: Detener a las personas sin orden de aprehensión, incomunicarlos, ponerlos a disposición de una ilegal agencia móvil del ministerio público, torturar a los detenidos física y psicológicamente de lo cual existen infinidad de testimonios en manos de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, además la falta de atención y defensa jurídica. Al no encontrárseles pruebas ni testimonios que justificarán los supuestos delitos y gracias a la movilización social, la mayoría de ellos, fueron liberados, pero aún están sujetos a procesos jurídicos viciados de origen.
La violencia política la impuso el poder, el gobierno federal y estatal, por lo tanto, son responsables directos el muy corrupto gobierno panista de Vicente Fox, Carlos María Abascal Carranza quien fue su Secretario de Gobernación y en el “nombre de dios” mandó a las fuerzas federales a reprimir al pueblo de Oaxaca. Pero también Felipe Calderón, presidente usurpador impuesto por Fox, los empresarios y los medios e información, por haber autorizado la llegada de las fuerzas federales, estableciendo una alianza política perversa con el PRI para sostener al tirano Ulises Ruiz, quien con el apoyo de la pasada Legislatura Local, de las organizaciones empresariales, de los presidentes municipales y de algunos medios de comunicación locales y nacionales, solicitaron la llegada de las fuerzas federales a Oaxaca.
Con la represión masiva, criminalizando y atemorizando al movimiento magisterial-popular creyeron el gobierno federal y estatal que solucionaban la crisis política de Oaxaca. El conflicto sin embargo, no se ha resuelto, porque las causas que le dieron origen están aun vigentes. La violación a los derechos humanos han tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos , dejando severos daños a las personas, a las familias y a la comunidad, así lo constatan todos los informes de los organismos no gubernamentales de los Derechos Humanos, señalando que los “hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policíaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es el control y amedrentamiento de la población civil, en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista”. La polarización de la sociedad oaxaqueña es una realidad dramática, porque Ulises Ruiz, ha continuado usando su maquinaria represiva legal e ilegal contra el movimiento y por la infiltración, la provocación y la división al interior del mismo y la impunidad que campea en su gobierno. En Oaxaca se sigue viviendo un estado de excepción, donde el estado de derecho es obligatorio para los ciudadanos pero no para las autoridades y los intereses económicos y políticos que protege. Para lograr la paz social, superar la polarización social, reconstituir el tejido social, en primer lugar se tiene que hacer justicia y luego realizar los cambios democráticos que el pueblo de Oaxaca demanda, sin la presencia de Ulises Ruiz en el Estado.
La represión al pueblo de Oaxaca, es un asunto que ya es del conocimiento no sólo del pueblo de México, sino de todo el mundo. En Oaxaca se ha derramado sangre, se ha detenido arbitrariamente, se ha torturado y esto no puede quedar impune. Siguen abiertos los procesos jurídicos y las órdenes de aprehensión, así como la persecución y hostigamiento contra de los luchadores sociales, se siguen manteniendo en prisión a Flavio Sosa Villavicencio, David Venegas Reyes, Wilbert Aquino Aragón, Adán Mejía López, Víctor H. Martínez, Miguel A. García, sumados a decenas de presos más de luchas anteriores al estallido de 2006, por delitos que jamás cometieron, solo por el hecho de haber alzado la voz contra las injusticias en Oaxaca, por lo tanto el espíritu de justicia y de lucha está vivo en nosotros.
El movimiento magisterial-popular que todavía es vigente, solo se defendió, realizó una resistencia pacífica y continuará haciéndolo, porque no hay respuestas satisfactorias a sus demandas.
Por lo anterior, DEMANDAMOS:
A la Secretaría de Gobernación instalar de inmediato una mesa de diálogo para tratar el conflicto. La instalación de la mesa es prioritaria, de lo contrario, los conflictos se agudizarán.
El cumplimiento pleno de todos los compromisos firmados con el Gobierno Federal.
La salida y el castigo de Ulises Ruiz Ortiz, como represor del pueblo oaxaqueño, así como de los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinatos y agresiones contra el pueblo de Oaxaca.
La libertad de todos los presos políticos y de conciencia, como resultado de la violencia gubernamental.
La cancelación de todas las órdenes de aprehensión y procesos jurídicos que aún quedan pendientes.
Alto inmediato a la represión orquestada por los gobiernos federal y estatal sobre el movimiento popular-magisterial encabezado la sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
El irrestricto respeto a las libertades políticas y democráticas y a los derechos humanos y el cese a la criminalización de la protesta social.
Cese al hostigamiento de los perseguidos y exiliados políticos.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera satisfactoria y en lo inmediato a partir de la pruebas que hemos presentado en contra del gobernador Ulises Ruiz por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto en la entidad y además que amplié el plazo de la investigación hasta el mes de octubre de 2007.
Saludamos a todos los contingentes que hoy se están solidarizando con nuestra lucha y movilizaciones, dado que el movimiento magisterial-popular ha generado desde sus orígenes una amplia solidaridad nacional e internacional y que ha acompañado políticamente a nuestro movimiento por la justeza de sus demandas, en particular, saludamos a los participantes en la segunda asamblea nacional del Frente Nacional Contra la Represión que se realiza en nuestra ciudad, manifestándoles que la lucha contra la represión y por el respeto a los derechos humanos, hoy representa una prioridad en la lucha nacional.
Asimismo CONVOCAMOS a las fuerzas y organizaciones de la APPO a mantener nuestra unidad en la lucha, a mantenernos organizados, a seguir resistiendo hasta derrocar al tirano. A mantener todos juntos un solo frente común para potenciar la lucha de masas y elevar el grado de unidad y acumulación de fuerzas de nuestro pueblo de Oaxaca.
¡FUERA ULISES RUIZ DEL ESTADO!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS!
¡EL FASCISMO EN MEXICO Y OAXACA NO PASARA!
¡POR UN OAXACA CON JUSTICIA Y DIGNIDAD!
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia a 25 de Noviembre de 2007
FRATERNALMENTE
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL

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