EL MUNDO DE LOS INOCENTES.

En México los inocentes son creyentes, bondadosos e ilusos

Pedro Echeverría V.
Rebelión

1. En todo el mundo hay inocentes que parecen creer todo lo que les cuentan o dicen . No es malo ser así, tampoco es una virtud; es una forma de ser de alguien que no hace mal (aparentemente) a nadie y, por el contrario, puede ser muy solidario. No sé si el lado opuesto es ser “muy vivo” y muy hábil para moverse en los entretelones de la realidad, para luego aprovecharse de todo. Cada año, los días 28 de diciembre, se recuerda en México que ese día como el de los inocentes, por eso se propaga que “no hay que dar dinero prestado porque sólo te lo devolverán al año siguiente o nunca”; que “no hay que creer en las declaraciones de amor porque es seguro que te estarán mintiendo”; que “cuando te inviten a comer debes darte cuenta en lo que comes, porque puede ser un engaño”, en fin, se hacen muchas bromas o trampas ese día con “juegos” que parecen muy ofensivos que suelen provocar riñas y castigos. Pero el problema de la credulidad de los inocentes suele paralizarlos por vivir siempre esperanzados.

2. Un inocente cree en que el capitalismo puede ser bueno . Sin saber que el capitalismo nació como sistema para intensificar la explotación del trabajo para que un sector minoritario de la población establezca su dominación y acumule grandes riquezas y poder; sin saber que no es por maldad de los hombres, sino que el mismo sistema no puede mantenerse si no somete a su dominio a la población mediante la fuerza y la represión y, al mismo tiempo la convierte en productora de riquezas para la clase dominante, el inocente cree ilusamente que hay que tener fe, que no es necesario luchar y llegar a confrontaciones porque cree que algún día desaparecerá esa injusticia al darse cuenta los explotadores que son injustos. El inocente no entiende ni desea comprender; está convencido que sólo hay que tener esperanzas. Más que dominado por la televisión o la radio, parece totalmente supeditado al pensamiento de la Iglesia

3. Un inocente cree que EEUU es el país de la democracia y la justicia . Sin asumir pensamiento crítico y reflexivo alguno, el inocente acepta las imágenes y las palabras que le dan a leer al locutor de la radio y la televisión. Se convierte en un propagador de lo que escucha sin detenerse a pensar en que puede ser una tergiversación de la realidad. Dado que en EEUU se concentran las principales agencias noticiosas, bien controladas por los empresarios y el gobierno norteamericano en turno, las notas que le llegan a todos los países subordinados buscan convencer a radioescuchas y televidentes que los EEUU son el modelo de democracia y justicia en el mundo. El inocente no sabe que quienes gobiernan sirven directamente a las empresas imperialistas más poderosas del mundo, que la industria armamentista impulsa las guerras por necesidad y que esas guerras le han permitido a los EEUU ser el país más poderoso y mejor armado del mundo.

4. Un inocente cree en los gobiernos y los partidos . Los que ocupan cargos gubernamentales y dirigen los partidos políticos en México no son inocentes, al contrario, son los personajes más “vivos” y hábiles del país. Los inocentes son los que, sin aspirar a un cargo, creen que los de arriba están realmente preocupados por solucionar los problemas de la nación. Piensan que las luchas sociales no sirven porque provocan confrontaciones y que sólo mediante diálogos institucionales se pueden llegar a acuerdos. No sabe el inocente que las confrontaciones sólo aparecen después que los trabajadores se cansan de hacer sus peticiones y pedir diálogo; o porque los trabajadores entraron en “diálogo” con un gobierno o empresario sordo racista que no está dispuesto a escuchar. Y los inocentes siguen creyendo a pesar de que gobiernos y partidos parecen ser los mismos o se comportan como cómplices cuando se pone en peligro el poder.

5. Un inocente cree en la economía del país. La economía mexicana se desplomó durante el sexenio del panista Fox. El crecimiento promedio en su gobierno de fue 2 por ciento, mientras otras economías del mundo crecieron del 6 al 10 por ciento. Calderón, el presidente legítimo que hizo su campaña como “el candidato del empleo”, después de un año de gobierno se ha registrado mucho más desempleo que con Fox. Entretenido en “el combate al narcotráfico”, en la llamada “delincuencia organizada” y en el cuidado de la frontera de los EEUU, Calderón se ha entregado al ejército y lo ha hecho ocupar todo el país. Perece no preocuparle el rápido crecimiento de los precios y que el salario mínimo autorizado siga siendo de 50 pesos al mes (menos de 4 dólares y medio). Lo más grave es que al iniciarse enero artículos agrícolas como el maíz, el frijol, el azúcar, incluso la leche, entrarán a una competencia desleal (por falta de subsidios) para obedecer al TLC.

6. Un inocente cree que los medios de información le dicen la verdad . En México los medios de información son propiedad de poderosos monopolios: Televisa de Azcárraga, TV Azteca de Salinas Pliego y Radio Fórmula de otra familia Azcárraga. Estos tres monopolios de medios de información imponen la ideología a un alto porcentaje de la población y tergiversan de manera abierta las noticias. Durante su existencia, a cambio de “favores” económicos millonarios, esos medios se han subordinado al gobierno en turno. Sólo aparecen o se escuchan opiniones de personas o “intelectuales orgánicos” y se ha prohibido hacer entrevistas a personajes como López Obrador, Marcos, a opositores serios, incluso a exlegisladores como Bartlett, Corral y perredistas que votaron contra sus negocios en espots electorales. Pues los inocentes, incluso sabiendo que los medios son funestos, se atreven a escucharlos y a repetir lo que ellos propagan.

7. Un inocente cree en que el Papa y la Iglesia no tienen intereses particulares . Quizá la mayor parte de los inocentes del mundo pertenezca a alguna religión, en México, a la católica en particular. Convencidos en hacer el bien creen que todos los que tienen poder como el Papa, los Cardenales y demás altas autoridades de la Iglesia, de la misma manera sólo están preocupados en hacer el bien. No saben que el Papa y el alto clero se mueven en los altos círculos de la política mundial donde su juegan los más poderosos intereses económicos. El Papa, por ejemplo, maneja un doble discurso con el objetivo de mantener un gran control sobre la población católica mundial; en tanto cuida estar siempre bien con los presidentes de todas las naciones, en especial con los de EEUU, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia etcétera. Además la Iglesia es una de las instituciones con más poder económico del mundo. ¿Por qué no consultar los brillantes estudios de los críticos de Teología por la Liberación?

8. Los inocentes deben de dejar de ser muy inocentes . Si bien hay que tener miedo y desconfianza hacia los muy habilidosos y calculadores que se aprovechan de todas las circunstancias para “ganar”, debemos ayudar a los inocentes para que abran bien los ojos y reflexionen sobre esta terrible realidad que nos oprime y aprisiona. Hay que tener esperanzas, pero no se debe vivir permanente con ella a pesar de ver que seguimos siendo víctimas de los grandes poderes. Gobiernos, empresarios, imperio, medios de información, Iglesia, todos hacen trampas, engañan, para conservar su poder y sistema de dominación. Aunque el 28 de diciembre es un solo día al año, todos los años hay muchos inocentes que siguen confiando en el poder o que éste nunca podrá cambiar. Nuestra obligación es demostrarles que las cosas no siempre serán así y que todo depende de los seres libres.

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DE REPRESOR A "DIRIGENTE"

Lamenta Convergencia
que gobierno premie a
un represor con el PRI
PEDRO MATIAS
Luego de que el ex secretario de gobierno y principal responsable del conflicto que detonó en el 2006, Jorge Franco Vargas, fue ungido como presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fracción parlamentaria de Convergencia lamentó que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz premie a un “represor” como una forma de evitar que “salde la deuda que tiene con la Ley”.
El líder de la bancada, Benjamín Robles Montoya, manifestó que Franco Vargas es reconocido por todo el pueblo oaxaqueño como el autor intelectual de la represión ejercida contra el magisterio oaxaqueño la madrugada del 14 de junio de 2006, situación que desató la más grande crisis política y económica de la entidad en los últimos años.
Mientras que el diputado Zenén Bravo Castellanos, quien participó abiertamente en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, consideró que “esta decisión del PRI-Gobierno busca proteger a quien en estrecho contubernio con Ulises Ruiz Ortiz envió a policías para reprimir a los mentores de la entidad”.
Detalló que es raro que en medio de un proceso de investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para deslindar responsabilidades y violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños por lo acontecido en el 2006, el pri-gobierno trate de proteger a este “represor”.
En ese mismo tenor, el presidente del Consejo Estatal del Partido Convergencia, Benjamín Robles Monto, resaltó que Jorge Franco Vargas creó una atmósfera de amenaza y prepotencia desde que era secretario de gobierno.
Y es que “él mismo (Jorge Franco) reconoció al dejar el puesto, que lo hacía por graves errores, y para propiciar la gobernabilidad que URO (Ulises Ruiz Ortiz) necesitaba para mantenerse en el ejecutivo”.
Insistió en que el gobernador tuvo que exigir una serie de renuncias en el PRI estatal para que Franco Vargas dirija su rumbo político para evitar que sea castigado por ser el responsable de la violencia del 14 de junio, de que miles de oaxaqueños perdieran sus empleos, y que durante el movimiento social se hayan cometido 27 asesinatos.
Robles Montoya añadió que “mientras Franco Vargas sea protegido por URO y el PRI, los impulsores visibles del movimiento social gestado en el 2006 hayan y sigan siendo hostigados, como es el caso de Flavio Sosa que continúa recluido cuando es claro que es un preso político, el conflicto seguirá latente”.
Finalmente, el Partido Convergencia se pronunció porque el nuevo dirigente del PRI aún debe rendir cuentas de su actuar ante el pueblo oaxaqueño.


Asesinan a miembro del MULT y atacan a un edil
Muere en emboscada agente municipal de Yucundui
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 30 de diciembre. El ex candidato a la presidencia municipal de Tecomaxtalhuaca por el Partido Unidad Popular y miembro del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Ramiro Francisco Pérez Mendoza, fue asesinado esta mañana por sujetos desconocidos en Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca, a unos 220 kilómetros de esta capital.
Según la policía local, el ex aspirante fue tiroteado alrededor de las 6:40 horas por más de cinco hombres no identificados cuando salía de su domicilio, situado en la calle Benito Juárez, en el centro de ese poblado.
Pérez Mendoza fue llevado con vida por familiares y vecinos a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde murió minutos después.
En tanto, el presidente municipal electo de Tecomaxtlahuaca, Rigoberto Guadalupe Rivera sufrió un atentado en el que murió el agente municipal de Yucundui en la zona triqui, Hilario Benito Navarro Guzmán.
Según la policía local, a las 13:45 horas de este domingo Navarro Guzmán bajó de su camioneta para saludar al edil electo en el centro de Tecomaxtlahuaca cuando el presunto homicida disparó a Guadalupe Rivera, pero hirió de muerte al agente municipal.
Denuncian secuestro de manifestantes
Diego Irlanda y Lauro Juárez, indígenas chatinos de Santa María Temaxcaltepec, distrito de Juquila, quienes participaban en un bloqueo en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido para demandar que se valide la elección de sus autoridades municipales por el régimen de usos y costumbres, fueron “secuestrados” esta mañana por “paramilitares” del Partido Revolucionario Institucional cuando los primeros regresaban, en un retén camino a ese municipio.
“No se sabe nada de los compañeros desde que se los llevaron y tememos por su seguridad”, dijo Florentino López Martínez, presidente estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), una de las organizaciones incorporadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El dirigente recordó que los indígenas chatinos de Santa María Temaxcaltepec, así como de San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala, bloquearon hace varios días la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, en la comunidad Cerro del Vidrio, por oponerse “a la imposición de autoridades municipales priístas”, pero acordaron replegarse anoche luego que el gobierno estatal y el Congreso del estado les prometieron revisar la legalidad de los comicios, ante la “intromisión” del presidente municipal de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar, a quien se acusa de haber sido porro.
Sin embargo, señaló que cuando regresaban a Santa María Temaxcaltepec fueron interceptados por priístas afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC), en un retén ubicado en las inmediaciones del paraje El Zanate, cerca de Santos Reyes Nopala.
“Eran unos 70 hombres de la CNC armados. Bajaron de las camionetas de pasaje (servicio público) a los compañeros; a unos se los llevaron y a otros los golpearon”, afirmó.
Entre los “secuestrados”, dijo, están Diego Irlanda y Lauro Juárez. A otros dos, identificados como Natalio Cortés y Valeriano Ruiz los golpearon “salvajemente”.
López Martínez advirtió que los indígenas de los tres municipios podrían bloquear nuevamente la carretera Oaxaca-Puerto Escondido si no se presenta con vida a los desaparecidos.


Ofrecen 6 mdp a cambio del perdón a pederastas

REYNALDO BRACAMONTES
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La directora y dueña del Instituto San Felipe, Yolanda León, ofrece seis millones de pesos a la familia del niño ultrajado sexualmente en el plantel, a cambio de que otorgue el "perdón" a los presuntos pederastas y con ello se archive el expediente penal en contra de estos últimos.

Ello fue confirmado por Leticia Valdés Martell y el médico Isaías Valdés Zaragoza, madre y abuelo del menor, y expresaron que lo que exigen es el encarcelamiento de los presuntos violadores. No descasaremos hasta que se nos haga justicia, subrayaron.

En tanto la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, con la ayuda de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y asociaciones de padres de familia de Oaxaca y del Distrito Federal, colocó un segundo espectacular en conocida avenida de esta ciudad, con los nombres y fotografías de los presuntos violadores del niño, además de una gratificación a quien aporte información para capturtarlos.

Valdés Martell, explicó que Yolanda León y su consuegro Rafael Aragón Kuri, a través de intermediarios, intentan convencernos para que aceptemos la cantidad de seis millones de pesos, a cambio de olvidarnos de Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, prófugos de la justicia.

En tanto, agregó, el llamado "cuerpo jurídico" del Instituto San Felipe, a través de sus representantes, amenaza con actuar penalmente en mi contra por la colocación de dos espectaculares-uno en el aeropuerto y otro en esta ciudad-con nombres y fotografías de los dos pederastas, añadió.

Precisó que Yolanda León y Aragón Kuri, se han encargado, además, de visitar a personas "claves" que me están respaldando en esta lucha, con la finalidad de crear confusión y me retiren su apoyo.

Han divulgado dolosamente que mi familia se ha fragmentado y que mi padre me ha retirado su apoyo, que me he quedado completamente sola y que esta lucha la tengo perdida porque todo es un invento.

El médico Isaías Valdés se mostró dolido de Rafael Aragón Kuri. En realidad no esperaba esto de Aragón Kuri, quien fuera mi alumno en la Facultad de Medicina. El especialista recuerda que Rafael, recién iniciado en su profesión se vio involucrado en un caso muy delicado por el que estuvo a punto de ser juzgado penalmente, y fui el unico que le tendió la mano para apoyarlo. No voy ampliar, porque soy una persona respetuosa, no tengo sangre para dañar a mis semejantes, aclaró.

Indignado por el enorme daño causado a su nieto, el médico Valdés Zaragoza, expresó: Ni mi hija ni yo nos prestaríamos a una negociación económica con los pederastas y tampoco con políticos que han hecho enormes fortunas del dinero del pueblo. Ni muertos aceptaríamos dinero proveniente de manos socias, añadió.

En tanto, José Bonilla Sada, abogado coadyuvante de la familia Valdés, expresó que ojalá que la defensa de los presuntos pederastas presenten denuncia por el supuesto daño que les causan los espectaculares que contienen sus nombres y fotografías, porque necesariamente tendría que presentarlos ante el Ministerio Público, y ello sería una opotunidad muy valiosa para detener a los hasta ahora prófugos de la justicia.




Hora de actuar
Gustavo Esteva
La amenaza es real e inmediata. Necesitamos actuar. Quizás es demasiado tarde. No queda mucho tiempo ni hay mayor margen de maniobra. Pero no podemos ponernos a especular sobre la efectividad potencial de lo que necesitamos hacer. Tenemos que hacerlo.
Bajo ninguna circunstancia los zapatistas cederán sus tierras, terrenos, territorios, terruños (como diría don Andrés). Para ellos, como para todos los pueblos indios y campesinos, tierra y territorio son más que trabajo y alimento; son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre, como recordó la comandanta Nelly el 25 de abril de 2007.
Ésa es la magnitud de la provocación actual: el intento de entregar la tierra zapatista a otros, mediante trucos legales e ilegales y acción paramilitar y policiaca, no será tolerado. Tendrá la debida respuesta. Y eso es lo que tenemos ante nosotros: acciones cuyas consecuencias son apenas concebibles. Necesitamos hacer saber a todo mundo cuál será la magnitud de este incendio y cuál el alcance de la reacción nacional e internacional que provocará la agresión a los zapatistas. Aunque no podamos abrigar muchas esperanzas, por la irresponsabilidad y cinismo de quienes siguen jugando con fuego ante la pradera seca, debemos desatar la movilización pertinente: si no logra detenerlos, será anticipo y ensayo de la que tendremos que organizar si se atreven a convocar el desastre.
La ceguera actual de quienes están organizando el desaguisado parece deberse a un cálculo equivocado: el aislamiento de los zapatistas, el rechazo hacia ellos que han estado manifestando sectores que por muchos años los apoyaron o al menos les manifestaron simpatía, la indiferencia que en parte resulta de su continua descalificación y marginación en los medios…
Hace un par de años, a raíz de que se lanzó la Sexta y se propuso la otra campaña, me ocupé extensamente de los riesgos que implicaba. Escribí que no era exageración de los zapatistas plantear que podrían perder cuanto han conseguido hasta ahora y advertí sobre algunos de esos riesgos:
* “Los partidos políticos y sus socios, simpatizantes o aliados pueden resentir hasta el exceso la iniciativa de los zapatistas y emplear sus recursos financieros, mediáticos y sociales para intentar aislarlos o marginarlos, debilitando el apoyo que hasta ahora han tenido. O sea: intensificarán las acciones que han realizado sin éxito a lo largo de una década.”
* “Muchos simpatizantes, que acaso se reducían a apoyar un zapatismo que percibían como la expresión de grupos indígenas marginados en lucha contra un mal gobierno, podrán hacerse a un lado, desconcertados, al despejarse, sin lugar a confusión, el sentido anticapitalista de la lucha.”
* “En el seno de la llamada izquierda, entre cuyos militantes abundan los obsesionados con la conquista del poder, podrá procederse al habitual encarnizamiento contra los del propio bando. Algunos convertirán a los zapatistas en el enemigo principal. Empieza a verse ya esa propensión en algunas reacciones a la Sexta, primero en la clase de los ‘desilusionados’, que intentan racionalizar su abandono de las filas de lo que ellos vieron como zapatismo, y después entre quienes estuvieron siempre ‘afuera’, con ciertas reservas, y ahora pueden expresarse más cómodamente ‘en contra’.”
* “El riesgo, en suma, es que los zapatistas se queden solos, aislados, y por ende expuestos al exterminio. Tienen plena conciencia de esa posibilidad. Pienso que a pesar de ello toman la iniciativa porque confían en la fortaleza de lo que han tejido en su propio lugar, por ser consecuentes consigo mismos y quizá porque no hay otro remedio. La circunstancia actual exige actuar.”
Incluyo esta larga cita para subrayar que los riesgos asumidos por los zapatistas eran necesarios. Nada tienen que ver con actitudes reales o supuestas del sup o con los demás pretextos que se han estado empleando contra los zapatistas.
Los poderes constituidos podrían estar haciendo cálculos y especularían sobre la oportunidad. No puedo evitar una analogía, aunque resulte desproporcionada. Ulises Ruiz calculó que los maestros de la sección 22 estaban aislados, que encontraban la indiferencia o el rechazo de la población, y que podría reprimirlos sin mayores consecuencias. Se conocen bien las consecuencias: la manera en que esa provocación incendió Oaxaca. Pero se conoce también, infortunadamente, que ha quedado impune. No falta algún loco que quiera intentar algo semejante en Chiapas.
Lo que puede producir este cálculo irresponsable es casi impensable. Es hora de despertar y de actuar en consecuencia. Es hora de luchar por todos los medios al alcance de cada quien para impedirlo.
En la selva huele a guerra y el olor se extiende por todo el país. Generada desde arriba, sólo desde abajo puede mojarse esa pólvora apocalíptica.

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INEQUIDAD EN EDUCACION BASICA

Reporta INEE disparidad de recursos en enseñanza básica
Cursos comunitarios del CONAFE en las condiciones más precarias. Contrastan espacios físicos y bibliotecas, entre otros

Karina Avilés
Mientras 52 por ciento de las escuelas primarias privadas se clasifica en niveles muy altos de espacios físicos para apoyar la enseñanza, las públicas más vulnerables –rurales e indígenas– no llegan ni a uno por ciento; sin embargo, en el caso de los cursos comunitarios la situación es aún más grave, ya que ninguno cuenta con esos espacios. En cambio, en lo que se refiere al acervo bibliográfico, las particulares tienen el índice más bajo, en comparación con el resto de las modalidades.
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) existe una profunda desigualdad en las condiciones con que operan los planteles escolares, por lo que “no es sorprendente que las limitaciones o las fortalezas combinadas del entorno familiar y de la escuela produzcan resultados claramente inferiores o superiores”.
En el estudio La calidad de la educación básica ayer, hoy y mañana, el INEE establece que los servicios educativos que atienden a alumnos en condiciones de marginación –primarias multigrado y telesecundarias– suelen tener claras deficiencias en comparación con las escuelas públicas de medios menos desfavorables y, sobre todo, respecto de las privadas que, en general, “cuentan con alumnos de medios privilegiados y también con más y mejores recursos”.
A escala nacional, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), existen 43 mil 650 primarias multigrado, que representan cerca de 50 por ciento de los 98 mil 178 planteles de ese nivel. Y de las 31 mil 208 secundarias en el país, 16 mil 800 son telesecundarias; de éstas últimas, 4 mil 15 (23.9 por ciento) son multigrado, lo que significa que operan en las condiciones más precarias.
En este contexto, 88.8 por ciento de las primarias públicas rurales, 95 por ciento de las indígenas y 96.9 por ciento de los cursos comunitarios se ubican en un nivel “muy bajo” en el índice de espacios físicos de apoyo a la enseñanza, de acuerdo con el reporte del INEE. En contraste, sólo 13.5 por ciento de las privadas tiene esas desventajas.
En relación con el equipamiento –en una escala donde 6 es la máxima puntuación– las privadas alcanzan 5; las públicas urbanas, 3.4; las públicas rurales, 2, en tanto que las indígenas descienden a 1.4. Pero en el acervo bibliográfico, las que tienen mejores condiciones –en una escala donde 4 es la puntuación más alta– son las públicas urbanas, con 2.5; seguidas de las rurales, con 2.3, y de las indígenas, con 1.7, mientras que las particulares apenas llegan a uno.
Al respecto, el INEE señala que estos datos también reflejan el “escaso interés hacia los libros por parte de las escuelas privadas, las cuales, al parecer, prefieren invertir en la adquisición de computadoras u otros recursos tecnológicos”.
Por otra parte, el instituto apunta que 93.2 por ciento de los maestros de cursos comunitarios sólo tiene estudios de secundaria o bachillerato; en tanto, en las particulares, las públicas rurales y urbanas cerca de 90 por ciento de los docentes tiene estudios de normal básica o licenciatura, y alrededor de 10 por ciento cuenta con algún posgrado.
La desigualdad en la enseñanza secundaria es similar, donde el factor más importante, de acuerdo con el instituto, es el docente. Pese a que las telesecundarias representan cerca de 60 por ciento de los planteles de ese nivel, se caracterizan por contar con un solo maestro por grupo, en lugar de uno para cada materia, aunque hay planteles que cuentan con un solo profesor para los tres grados.



Los gobernadores, por revisar el TLCAN agrario: Cárdenas Batel
Prevé el mandatario ola de inestabilidad similar a la del tortillazo
Aún es tiempo, advierte
La Jornada Michoacán
Tangancícuaro, Mich., 30 de diciembre. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, aseguró que hay consenso entre sus homólogos de distintos partidos para que se revise el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Previó que ante la inminente liberalización del comercio de granos en un contexto de incertidumbre del mercado, podría producirse una ola de protestas e inestabilidad social, derivado de la obvia desventaja competitiva del campesinado mexicano frente a los agricultores subsidiados de Estados Unidos y Canadá.
Advirtió de algo “igual o peor” a esa competencia asimétrica, cuando empresas estadunidenses importen maíz mexicano sin control, ya sea para producir etanol, uso pecuario u otros, en detrimento de la soberanía alimentaria.
Dijo que comparte la preocupación de “casi todas las organizaciones campesinas”, que han coincidido en oponerse al tratado, porque “no se trata de algunos productos más; no son calzado o textiles chinos, sino los granos, que constituyen la base alimentaria del pueblo de México”.
Se trata, dijo, de maíz y frijol, de profunda raíz histórica y cultural, por lo que consideró que es urgente tomar medidas de protección que impidan una crisis social mayor.
De esta forma, señaló, las perspectivas no serían sólo de competencia desigual ante el “subsidio muy grande (que da) Estados Unidos para su agricultura, sino que podría repetirse la pequeña prueba de inestabilidad que se vivió con el alza a la tortilla a principios de año, ahora ante la probable especulación o franca escasez del grano que pudiera reorientarse a satisfacer el abasto de materia prima en producción de biocombustibles”.
Se trata, dijo, de una “preocupación cualitativamente diferente y mayor”, por lo que no dudó en calificar la apertura agropecuaria de “riesgo muy, muy grande en términos de soberanía alimentaria; un riesgo enorme para el país, muy delicado si no se regulan las importaciones y las exportaciones. Sería algo muy grave”, asentó.
Si bien el mercado de granos ha mostrado crecimiento en los últimos meses –pero con perspectiva incierta– que podría no dejar tan abandonados a los productores en una primera etapa, “como país quedaríamos desvalidos, amarrados, por un producto que se estaría moviendo por intereses distintos al interés de México”, explicó.
Por lo que, dijo, “aún es tiempo de tomar las medidas que debieron emprenderse años atrás, desde que sabíamos que se iba a dar esta apertura (...) para evitar problemas más graves”.
E insistió: “hay que tomar acciones, por eso los distintos gobernadores estamos en contacto, y hay una coincidencia generalizada para revisar el capítulo agropecuario o como país estaríamos en una clara desventaja”, concluyó.


2008 y el EPR
jorge carrasco araizaga
MÉXICO, DF, 28 de diciembre (apro).- Como en años recientes, la agenda del 2008 para el país estará dominada por la inseguridad y la violencia, pero con un peligroso componente adicional impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con la versión propalada por las autoridades federales, el año que termina el Ejército Popular Revolucionario (EPR) pasó de una organización de propaganda armada a una con capacidad para atacar las instalaciones estratégicas del país.

Sin más demostraciones que su discurso a partir de los atentados a los gasoductos de Pemex, el gobierno calderonista le dijo al mundo que la guerrilla en México salió de sus bastiones tradicionales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para actuar en regiones conservadoras como El Bajío, por donde cruza el gas que se surte a la importante zona industrial allí instalada.

En esa lógica, se trató de ataques no sólo bien ejecutados, sino muy bien planeados a partir de información sensible del país en poder de esa guerrilla, a la que también en gobiernos anteriores la han vinculado con el narcotráfico.

Si ya fue Pemex, de acuerdo con esa versión oficial, lo que puede seguir entonces son ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o cualquier otra dependencia o industria, como la de telecomunicaciones, a través de las cuales se puede provocar un colapso en la actividad económica del país.

Aun cuando no haya sido el autor de los ataques, el EPR tiene ahora una imagen de un poderoso grupo con capacidad para desafiar al Estado mexicano.

Pero si no lo fue, entonces estaríamos ante un sabotaje promovido desde otros ámbitos.

Uno podría ser el de aquellos interesados en demostrar que el Estado mexicano padece una verdadera vulnerabilidad en sus instalaciones estratégicas. La motivación podría ser meramente económica.

Otro podría encontrarse en el mismo gobierno, en particular en aquellos responsables de la seguridad nacional. No es raro, ni México sería el único país donde ocurriera, que haya autoridades interesadas en propiciar acciones para que el principal responsable de la seguridad de un país –el jefe de Estado– sea más resuelto en sus políticas.

Al hacer de la seguridad una de sus principales apuestas políticas, Calderón Hinojosa puede ser vulnerable a estos escenarios.

Y si en verdad estamos ante una poderosa guerrilla, entonces el escenario para 2008 es aún más complicado, pues las Fuerzas Armadas del país tendrían que multiplicar sus esfuerzos con todo y sus limitaciones de presupuesto.

Sometidos por Calderón a una mayor presión y creciente desgaste social en su “guerra contra el narcotráfico”, los militares tendrían que ampliar sus acciones a combatir la guerrilla. Sobre todo porque después de esos atribuidos éxitos no habría razón para que el EPR se replegara.

No sería raro, tampoco, que alineado al discurso estadunidense, el gobierno mexicano imponga en la sociedad el tema del terrorismo asociado a la guerrilla.

Si bien el Ejército está organizado para cumplir con ambas tareas, su capacidad estaría más que limitada, aunque en esa perspectiva debe entenderse la creación del nuevo Cuerpo Especial del Ejército creado este año por Calderón.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal tiene la misión de “restaurar el orden y la paz públicas”, ya sea en el caso del narcotráfico o la guerrilla.

Pero si para la lucha contra el narcotráfico el gobierno de Calderón se sometió al Plan México concebido en el Congreso de Estados Unidos –aún pendiente de aprobación–, en el caso de una guerrilla con la capacidad de ataque que ahora se le atribuye tendría que buscar el reforzamiento de las habilidades y entrenamiento militares, pues el nuevo cuerpo especial del Ejército está integrado por elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas.

Calderón apuesta también a que en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso se apruebe su iniciativa de reforma judicial, encaminada a vulnerar los derechos humanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y su nuevo enemigo: la potente guerrilla del EPR.

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APARENTEMENTE HAY AVANCES EN INVESTIGACIÓN.

Hay avance en la integración del expediente de la investigación sobre los hechos de Oaxaca

SILVIA CHAVELA RIVAS
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"La integración del expediente de la investigación sobre los hechos de Oaxaca avanza y, a diferencia de la lamentable resolución del caso de Lydia Cacho, la investigación de la Corte atiende en el fuero nacional lo que en el internacional ha sido denunciado permanentemente por organismos de defensa de los derechos humanos, por lo que con las pruebas que aportaremos y que entregaremos el próximo mes, confiamos en acreditar la gravedad de las violaciones a las garantías individuales de la población oaxaqueña", informó la diputada federal del PRD, Aleida Alavez Ruiz.

En entrevista vía telefónica con NOTICIAS, la coordinadora Jurídica del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados opinó que las investigaciones que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las graves violaciones a las garantías individuales sobre los hechos de Oaxaca, implican una responsabilidad del Estado Mexicano para dar a conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables de la trasgresión del orden constitucional.

Refirió que, sin embargo, las investigaciones que realizan los comisionados no deben limitarse sólo al aspecto formal de las violaciones a los derechos fundamentales en Oaxaca: "Estas comisiones tienen un valor muy especial pues en ambos casos la indebida actuación de los gobiernos locales y federal rompieron con el pacto social de bienestar y justicia para los gobernados".

Señaló que es preciso que dichas comisiones realicen una valoración amplia sobre las afectaciones jurídicas, políticas y sociales en la vida de la población oaxaqueña.

"Esta valoración tiene que ver con los hechos que durante más de año y medio han sucedido en la entidad, donde a lo largo de dicho lapso se perpetraron más de 20 homicidios, incluyendo el del camarógrafo Brad Hill; se ha lesionado a una cantidad innumerable de ciudadanos oaxaqueños y de representantes de los medios de comunicación; se detuvieron a cerca de 700 personas, de las cuales quedan recluidas sólo seis. Los demás han salido por no existir elementos en su contra, se produjeron pérdidas por más de 400 millones de pesos para hoteleros y restauranteros, se privó de la enseñanza a por lo menos un millón de niños, pero sobre todo se trastocó por completo la vida de la entidad oaxaqueña", declaró.

"Por ello pedimos un análisis amplio en el cual se acredita la responsabilidad de los gobiernos de Ulises Ruiz, Vicente Fox así como del de Felipe Calderón", agregó.


Llama el Obispo Raúl Vera a “articular una sociedad diferente”

soledad jarquín edgar
OAXACA, Oax., 26 de diciembre (apro-cimac).- El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, llamó a “articular una sociedad diferente”, luegod e reconocer que el sistema económico neoliberal excluye a amplios sectores sociales y plantea beneficios “por goteo a las grandes masas”.

En entrevista telefónica, Vera López consideró que es necesario “perseverar en la lucha por el restablecimiento del Estado de derecho”, pese a las amenazas y hostigamiento de las que ha sido víctima junto con sus colaboradores en la Diócesis de Saltillo.

Después de acompañar a Mariana Villarreal Contreras, colaboradora del área jurídica de la Diócesis de Saltillo, a interponer una denuncia por agresión y por el allanamiento a las oficinas donde trabaja, ocurridas el pasado 20 de diciembre, el obispo afirmó que la agresión que sufrió su colaboradora forma parte de una estrategia para controlar el descontento que provocan las políticas neoliberales.

Eso está medido y calculado” en el neoliberalismo, que planteaba beneficios “por goteo a las grandes masas, pero esos objetivos están lejísimos de la realidad y se convirtieron en un cuento”.

Todo esto, sostiene Vera López con un dejo de tristeza, está inscrito en toda la articulación de agresión a las y los defensores de derechos humanos, porque es una característica del sistema económico neoliberal, que tiene cooptados a los políticos.

Afirma que incluso la Iglesia ha señalado que el sistema neoliberal es excluyente, pues deja de manera deliberada a grandes sectores de la población. “Ellos, incluso, preveían cómo iban a controlar la violencia que provocaría esa exclusión y una de las maneras de controlar la reacción social es su pretensión de anular a los defensores de los derechos humanos.”

En esa estrategia, agregó, se incluye la denuncia del juez Hiradier Huerta, quien lo habría acusado en el Vaticano de interferir en la vida judicial de la entidad, luego de la sentencia a tres de ocho soldados por la violación a trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños.

Consideró que quienes “viven de la injusticia, del desequilibrio social y los que se benefician de la desigualdad social no van a tolerar nunca que en este país existan personas que pidan el restablecimiento del Estado de derecho”. Por ello, insistió, es necesario articular una sociedad diferente.

A lo largo de sus casi 20 años como obispo –el próximo mes de enero cumplirá dos décadas—, Vera López ha sido víctima de varios atentados. Recordó que en Chiapas sufrió una emboscada y tres catequistas resultaron heridos. Les dispararon “paramilitares que estaban apostados en la maleza”; en otra ocasión una camioneta de su propiedad fue quemada; ha recibido amenazas durante las madrugadas; cerca de Cuatro Ciénegas, Coahuila, fue perseguido en la carretera por varios desconocidos; y la publicación de un “panfleto” para desprestigiar su trabajo.


Crece la prostitución clandestina en las calles: Miriam Mathus

ELIZA RUIZ JAIMES
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"La prostitución clandestina está creciendo, de tal forma que el municipio tenía registrado a 400 personas entre hombres y mujeres dedicadas a la prostitución, se está incrementado a mas de 600", informó --a cinco días de terminar la administración--, la regidora de salud por el Partido Acción Nacional (PAN), quien dice que se va contenta, más no satisfecha, pues desgraciadamente el presupuesto para la salud es mínimo, cuando es un tema básico en el núcleo social.

Es tan amplio el tema de la salud y tiene que ver en todo el ámbito social, pero es esta extensión su propia limitación. Explicó que hay muchos programas federales y estatales que se repiten a nivel municipal por falta de comunicación entre las autoridades, por lo que es necesario tener más organización entre las instituciones para hacer más eficiente el recurso que se aprueba en cabildo.

La regidora relató que en un año se designaron alrededor de dos millones de pesos, dinero insuficiente para atender a las agencias y colonias del Municipio. "Aún no hay una cultura de inversión en la salud, principalmente para la prevención".

Y es que de acuerdo con la funcionaria, el estado gasta millones de pesos en enfermedades que se pueden prevenir, principalmente las crónicas degenerativas, habló sobre la diabetes mellitas, la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades que se incrementan día a día por los malos hábitos.

EL FOCO ROJO

Habló sobre los focos rojos, prioridades que tiene que atender la nueva administración, como la prostitución clandestina, pues al menos unas 200 personas dedicadas al comercio sexual, ejercen esa actividad sin con mínimo control sanitario, existiendo el riesgo de que enfermedades venéreas así como el Sida, puedan expandirse, con el consabido riesgo de que el VIH se contagie a amas de casa.

Dijo Miriam Mathus que desde bares, hoteles y aparentes centros de masaje y hasta estéticas sirven como escondites para los y las trabajadoras sexuales que sin control sanitario alguno comercializan sus cuerpos.

Reconociendo la funcionaria municipal que el problema de la prostitución "se ha salido de las manos", aceptando que este es número provisorio, puesto que no tiene un listado exacto de 600 o más personas dedicadas al comercio sexual, sobre todo en mujeres, las edades de estas fluctúan entre los 15 y 40 años, llegando hasta personas de la tercera edad.

En cuanto a la prostitución de menores de edad, explicó que esto no se ha podido comprobar porque es muy difícil comprobar estas situaciones, y es que no acusaciones "sólo rumores". De lo que puedo estar contenta, es del archivo que se queda en todos estos cajones, "la próxima persona en este cargo, sí tendrá bases, no como yo".


¡Me quedé corta!

ROSARIO IBARRA
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Hace poco, durante la última sesión del Senado, al referirme a esa odiosa ley que se pretende aprobar. Sí, esa monstruosidad que llevaría al marco constitucional toda la ilegalidad que por años hemos sufrido; expresé con vehemencia lo que esas formas de actuar de policías y soldados ("por órdenes superiores") han hecho al pueblo mexicano.

Hablé también de la anticonstitucional Dirección Federal de Seguridad, la fatídica DFS, y de quienes eran sus sádicos jefes. Torturaban allá por la Circular de Morelia 8 o en "ranchitos" (como decía Nazar Haro.) También en los campos militares, el Número Uno, el de Torreón, al que llamaban La Joya, el de Monterrey, y en todos los lugares en donde detenían "subversivos", como solían calificar a quienes secuestraban.

¡Y qué decir de las instalaciones militares y de la Armada en Guerrero! Recuerdo los testimonios de lo que solían hacerles en la temida Base Naval de Icacos, en Acapulco, en las cárceles improvisadas en los antiguos talleres de la SAHOP, donde no pocos murieron. Algunos hablaban de la sevicia de Acosta Chaparro y muchos mencionaban la aquiescencia de los "jefes de zona", que eran "señores generales de alto rango".

En el Senado no mencioné algunos nombres de jóvenes que murieron an la tortura, como Ignacio Olivares Torres y Salvador Corral García, cuyos cuerpos destrozados fueron tirados como fardos inservibles, el primero en Guadalajara y el segundo en Monterrey, de los que hay fotografías en periódicos de la época, que horrorizaron a quienes los vieron.

En la DFS murió Sofonías González Cabrera, por estallamiento de vísceras, porque lo golpearon hasta que se le fue la vida. Fue testigo, compañero de celda, Domingo Estrada Ramírez, que fue liberado y más tarde emboscado en un pueblo de Guanajuato; lo asesinaron y jamás entregaron el cadáver a su familia, y una hermana de éste está desaparecida desde hace años... alguien la vio en la Base Naval de Icacos, también hace mucho tiempo.

Podría seguir en esta descripción de terror, pero me duele la memoria al hacerlo y, además, a cualquiera se le encrespa la ira al darse cuenta de que el mal gobierno quiere acomodar la ilegalidad en la Constitución para no tener reclamo alguno de lo que han hecho (como los del pasado "tricolor").

¿Qué enmienda se ha hecho en Atenco? ¿Cuándo pondrán atención en el sufrido pueblo de Oaxaca? ¿Qué va a pasar con las escuelas normales rurales, todos los alumnos serán tratados como los de Ayotzinapa?

¿Y La Parota? ¿Como la Normal, también en Guerrero... y San Luis Potosí, con la amenaza de la tristemente célebre Minera de San Javier? ¿Y Madera, Chihuahua, con otra minera haciendo estragos? ¿Y la ofensa y el daño terrible a la gente de Zimapán con el horrible "basurero tóxico" que ha instalado una empresa española con la anuencia del actual gobierno?

¿Y qué castigo tendrán quienes golpearon a muchas personas, entre ellos menores de edad? ¿Quién dará respuesta a los familiares de los trabajadores de Pemex desaparecidos? ¿Quién investigará la razón por la que Vicente Fox, siendo aún presidente, viajó hasta Cadereyta Jiménez, NL, para "hablar" con uno de los hoy desaparecidos? Y... ¿quién detendrá a quienes amenazan, allanan el domicilio y roban pertenencias del Obispo Raúl Vera?... ¡Y se dicen católicos los del "gobierno"!

¿Y lo que nos deben a quienes lloramos la ausencia de nuestros hijos y familiares secuestrados por los matones de los malos gobiernos? Ojalá nunca les toque a ellos, porque entonces sabrán de "el rechinar de dientes y el crujir de huesos".

Todo lo aquí escrito es apenas una débil muestra de la horrible realidad que este noble pueblo sufrió y sigue sufriendo: aún me he quedado corta...

Dirigente del comité ¡Eureka

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2007, AÑO NEGRO PARA D. H.

Año negro para defensores de derechos humanos
Aumentaron agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio y difamación
Víctor Ballinas.

En México es larga la lista de agravios en contra de defensores de derechos humanos registrada a lo largo de 2007, y van desde agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, difamación y atentados, hasta ejecuciones. Por esta situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, señaló en abril pasado que “en el país, como en el resto de América Latina, hay un alarmante índice de impunidad en las agresiones contra los defensores”.
Durante su visita de trabajo al país, en abril pasado, el titular de la CIDH presentó en la cancillería el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, y llamó al gobierno “a adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de estos actores sociales”.
No obstante, la situación de los defensores no cambió, al contrario, se recrudecieron las agresiones en su contra, tanto que incluso se perpetró un asesinato, persecuciones y encarcelamientos. Las organizaciones civiles y sociales denunciaron estos hechos; en promedio se dio a conocer un ataque al mes.
A continuación, se enlistan algunos casos:
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el 26 de febrero que entre las 9:20 y 9:30 de la mañana fue arrojada una nota al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el siguiente mensaje: “Disfruta tu último día. Te mataremos; estoy buscándote y ya te encontramos”.
El 9 de abril, en Monterrey, Nuevo León, fue torturado y asesinado en sus oficinas Santiago Rafael Cruz, de 29 años de edad, quien era organizador de asalariados migrantes y trabajaba para la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino.
Cruz tenía apenas mes y medio en esa oficina y antes había estado cuatro años en Ohio, Estados Unidos, ya que su labor consistía en ayudar a los trabajadores agrícolas que cada año viajan desde México hacia Carolina del Norte como trabajadores huéspedes.
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundió el 11 de julio una alerta relacionada con el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado, quien además es promotor de derechos humanos, que “fue acusado de secuestro por defender los recursos naturales de los pueblos indios y campesinos en el estado de México”. La detención de Pérez Alvarado ocurrió el 4 de julio y fue remitido a la prisión de Temascaltepec, donde un juez le dictó auto de formal prisión acusándolo de secuestro.
El siguiente caso se registró el 19 de junio, y tiene que ver con Cristina Auerbach Benavides, quien asesora a familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos.
Auerbach Benavides es integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y fue amagada por dos hombres armados en el estacionamiento de su casa, de donde se llevaron su camioneta, documentos importantes sobre el mencionado caso y una memoria USB con copia del expediente de la mina.
El 23 de agosto, Amnistía Internacional difundió una alerta por el acoso y agresiones en contra de Fair Pineda, abogado del Frente Amplio Opositor, y Armando Mendoza Ponce, quienes se oponen al proyecto minero en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. “El organismo indicó que consideraba que la vida de Pineda y Mendoza estaba en peligro, ya que fueron perseguidos la madrugada del 5 de agosto y desde entonces se intensificaron los acosos contra ellos”.
El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.
Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.
El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.
La más reciente agresión ocurrió el 20 de diciembre pasado y fue dirigida contra el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, Coahuila, donde dos hombres sometieron a Mariana Villarreal Contreras, del área jurídica de la agrupación, a quien encerraron en el baño; los individuos, quienes llevaban guantes y el rostro cubierto, revisaron los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos seguidos por el obispo Raúl Vera.

Preparan diputados del FAP movilizaciones contra eventual privatización de PEMEX

de la redacción
MÉXICO, D.F., 26 de diciembre (apro).- Diputados de los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) anunciaron hoy que a partir del 1 de enero de 2008 realizarán una serie de movilizaciones en contra de la eventual privatización de Petróleos Mexicanos.

Según la diputada de Convergencia, Layda Sansores, los legisladores del FAP están listos para marchar. "Estamos apostando fundamentalmente a la movilización popular para defender lo del petróleo, y los diputados estaremos también en la Cámara de Diputados listos para impedir que esto no solamente no se vote, sino que no se discuta", dijo.

Sansores anticipó incluso que las movilizaciones serán encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. El excandidato presidencial "es quien lidera este movimiento y él incluso se ha comprometido a ir al frente de las movilizaciones si esto fuera necesario", sostuvo.

En declaraciones al noticiero De una a tres, la legisladora añadió:

“Nosotros entendemos que de aprobarse una iniciativa que lastima la vida del país hoy y para siempre, el único camino, lo que sigue mañana sería la violencia, porque para recuperarlo tendríamos que pensar ya no en protestas, sino en movimientos mucho más enérgicos, pero queremos evitarlo."

Dijo que están dispuestos a tomar la tribuna en San Lázaro para evitar el debate que ya cocinan panistas y priistas.

El coordinador del PT, Ricardo Cantú, afirmó, a su vez, que el margen de utilidades de Pemex es muy amplio, por lo que debe utilizarse en beneficio del país y no para enriquecer a una sola persona, como sucedió con Teléfonos de México.

Explicó que los diputados del FAP tienen como prioridad frenar cualquier intento por privatizar el sector energético "y entregar esos jugosos negocios a particulares".

Por su parte, el priista Emilio Gamboa dijo que la reforma energética será prioridad para el periodo de sesiones que iniciará en febrero.

Admitió que el gran debate se centrará en definir si es capital privado nacional o extranjero el que participe en la modernización de Pemex, la paraestatal más importante del país.

El Legislativo daría albazo a la reforma laboral, afirma la UNT
Podrían desaparecer prestaciones y dar más ventajas a empresarios respecto a la contratación de personal, señalan dirigentes. Rechaza la iniciativa porque no fue consultada con gremios y perjudica a empleados

Es un símil de la llamada ley Abascal
Patricia Muñoz Ríos

Contratos de trabajo “a prueba, de capacitación o por temporada, y banco de horas” –para que los empleados acumulen tiempo extra y lo intercambien por días de descanso en lugar de su pago–, además de la posibilidad de cancelar el registro a sindicatos que no actualicen su padrón de agremiados cada seis meses, son algunos de lineamientos de la iniciativa de reforma laboral que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según líderes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Ante esto, los dirigentes gremiales mostraron preocupación debido a que la iniciativa es una de las primeras que se discutirá en el Legislativo en enero próximo, por lo que temen un albazo. Asimismo, rechazan esa propuesta de la secretaría, porque no la han discutido aún.
Sostuvieron que este proyecto, al que la STPS bautizó como “iniciativa de los sectores”, en realidad no ha sido consultado con todas las organizaciones, sino básicamente con las corporativas; que es una copia de la llamada reforma Abascal, pero reforzada, y que algunos puntos contravienen derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Francisco Hernández Juárez, del gremio de telefonistas; y Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, plantearon que conocen de manera extraoficial esta iniciativa, porque no se les ha consultado directamente.
El líder de los telefonistas dijo que el año 2008 inicia con un panorama laboral adverso, por la política económica y el desempleo, y en este contexto vienen varias reformas como la laboral. Lo grave es que no hay voluntad de los sindicatos para conjuntar esfuerzos y dar la pelea por una iniciativa que ayude a los trabajadores.
Comentó que al parecer la propuesta no va en dirección de impulsar mejoras para los trabajadores del país, sino de “darle mayores ventajas a los empresarios, para que la contratación de empleados sea flexible, se establezcan contratos por hora; no es de ninguna manera una reforma en favor de la mayoría, sino proempresarial”.
En este sentido, la diputada federal del PRD e integrante del sindicato de telefonistas, Rosario Ortiz Magallón, advirtió que en el próximo periodo de sesiones se pretende impulsar la reforma y se teme un “madruguete”.
Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, planteó que está lantente el peligro de que desaparezcan prestaciones con la reforma laboral, y señaló que, como en otras modificaciones que pasan por el Legislativo, podría darse el “mayoriteo” del PRI y el PAN para imponer una iniciativa que atente contra los derechos de los trabajadores.
Dijo que la propuesta de la STPS es un símil de la llamada ley Abascal y marca, por ejemplo, la flexibilización de horarios y nuevas formas de contratación como por “capacitación inicial” que pueden durar hasta de tres y de seis meses cuando se trate de trabajadores de puestos gerenciales y de dirección; movilidad de los puestos de los trabajadores cuando lo requiera la empresa; eliminación del registro para sindicatos que olviden actualizar sus padrones ante la dependencia y otros.
Agustín Rodríguez, del STUNAM, planteó que estas organizaciones “no avalan” la propuesta de la STPS ya que no la han discutido. Agregó que la inconformidad de la UNT es que la dependencia quiera presentar una iniciativa “ya digerida para que la acepten”.


Escuelas privada frenan el país al no impulsar la investigación

Siete entidades del país concentran 50 por ciento de los estudiantes universitarios
La actual administración pretende “consolidar” un sistema que responda a las demandas del mercado
Karina Avilés

En los años recientes ha ocurrido un notable incremento en la cantidad de instituciones que ofrecen educación superior privada, y hoy día, casi un tercio de la matrícula pertenece a la enseñanza de paga, lo que significa que de un total de 2 millones 709 mil alumnos, más de 900 mil está inscrito en el sistema particular.
Además, la concentración regional de la matrícula es tal que 50 por ciento de los alumnos de dicho nivel se localiza en siete entidades. Pero la concentración no sólo es geográfica sino también preferencial, ya que 40 por ciento de los estudiantes se agrupa en sólo 10 instituciones educativas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Educación 2007-2012, el crecimiento del sistema particular en el nivel superior no sólo es significativo a escala licenciatura sino también en el posgrado. Actualmente, 44 por ciento del alumnado a ese nivel estudia en un centro privado.
En total hay mil 892 instituciones de educación superior, de las cuales mil 179 son particulares “de diversos tipos”. Y aunque el plan señala que “muchas” de ellas ofrecen una buena formación académica, contradictoriamente indica que “existe, sin embargo, una importante carencia, puesto que sólo unas cuantas realizan investigación, lo cual restringe su capacidad de formar mejores profesionistas, así como de impulsar el desarrollo regional y nacional”.
Una de las problemáticas que enfatiza el proyecto es la existencia de una distribución desigual de la matrícula por subsistema en razón de que el mayor porcentaje (30.8) se concentra en las universidades públicas estatales, mientras que 16 por ciento en los tecnológicos, universidades e institutos; el 13.8 por ciento en las universidades públicas federales; 5.4 por ciento en las normales públicas y menos de uno por ciento en las universidades politécnicas e interculturales. Estas últimas fueron uno de los proyectos de la administración foxista que no han tenido la respuesta esperada.
Lo anterior significa que los jóvenes mexicanos siguen prefiriendo –pese al impulso que las administraciones de corte neoliberal han querido dar a la educación tecnológica– una carrera universitaria.
Hoy día, tres de cada cuatro alumnos cursan una licenciatura universitaria y, en contraste, menos de uno de cada ocho opta por una licenciatura tecnológica.
Y aún más lejos de las preferencias de los estudiantes de educación superior se encuentra la enseñanza de las normales y la de técnico superior universitario o profesional asociado, ya que uno de cada 20 estudia la licenciatura en la normal y menos de cuatro por ciento opta por matricularse en el nivel técnico antes citado.
Ante ello, la nueva administración pretende “consolidar” un sistema de educación superior que sea “pertinente” –es decir, que responda a las demandas del mercado– y que su ampliación de cobertura se dé en función de mejores niveles de eficiencia, retención y distribución.
En relación con esto último, destaca que en la capital del país, el estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz estudia la mitad de los alumnos del nivel profesional, concentración que aumenta en posgrado, ya que en las primeras cuatro entidades cursan sus estudios 50 por ciento de los alumnos.

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PROTESTA MUNICIPIO

San Juan Mixtepec protesta

No les importan las fiestas navideñas y prefieren inconformarse contra el gobierno para exigir elecciones a su manera

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
Fotos: MARIO JIMÉNEZ LEYVA/HUGO VELASCO
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Un conato de bronca se registró ayer entre elementos de la Policía Preventiva y habitantes de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, que bloquearon tanto la carretera libre como la supercarretera de cuota a México, a la altura de las oficinas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para exigir la entrega de la constancia de mayoría como presidente municipal a Alberto Hernández Chávez.

Inclusive los uniformados cortaron cartucho a sus armas y se mantuvieron a la expectativa, hasta que se presentó al lugar el subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios.

A las 9:00 horas los inconformes tomaron ambas carreteras, en sus carriles de ida y vuelta, para manifestar su inconformidad por el supuesto reconocimiento oficial del candidato de la Red Internacional Indígena Oaxaqueño (RIIO), Adolfo Gómez Hernández.

Sin embargo, a las 12:00 horas estuvo a punto de suscitarse un enfrentamiento entre los manifestantes y los policías preventivos que llegaron al lugar para intentar desalojar a los inconformes. En el zafarrancho los uniformados prepararon sus armas antimotines.

A esa hora, por acuerdo con Rodríguez Palacios los manifestantes se trasladaron en seis camionetas y un autobús del servicio urbano a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno para instalar una mesa de diálogo.

En la puerta de la oficina gubernamental, donde colocaron dos mantas con las leyendas: "constancias de mayoría al presidente electo Alberto Hernández Chávez" y "alto a la imposición de Leonel Martínez, es corrupto, holgazan, fuera de Mixtepec", el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Eusebio López Gómez, señaló que el 16 de diciembre no se llevó a cabo la asamblea comunitaria del municipio, "como pretende hacer creer el presidente municipal Hilario Ramos Salazar".

"Ese día el munícipe mañosamente se metió al palacio municipal para levantar un acta falsa, con la que no estamos de acuerdo y nosotros no vamos a permitir que se atropellen los derechos de todos los ciudadanos; ellos nombraron su presidente municipal en el Ayuntamiento y no en el atrio de la Iglesia como se establece en los usos y costumbres".

Rodeado de sus paisanos, aseveró que los votos no fueron contabilizados ya que el grupo RIIO optó por abandonar la asamblea cuando se dio cuenta que iba a perder la elección.

Pidió al gobierno del estado que no se deje sorprender por este grupo de corruptos, "ya que están utilizando las siglas de RIIO para sostener que tienen relaciones internacionales, pero solo son un fantasma".

Por su parte, Alberto Hernández Chávez, manifestó que en diversas ocasiones la asamblea se suspendió porque el grupo RIIO no respetaba los acuerdos que se tomaban entre los tres candidatos, "además, a nosotros nunca nos notificó que iba a hacer una asamblea".

En tanto, Bernardino López Gómez dijo que el pueblo de Mixtepec pide la validación del triunfo de Hernández Chávez.

Con una computadora portátil en las manos, afirmó que ellos tienen las pruebas de cómo se eligió al supuesto presidente municipal.

"Nosotros responsabilizamos al presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), José Luis Echeverría Morales, de cualquier acto de confrontación de aquí al primero de enero, por haber validado de forma dolosa un acta de asamblea".



Denuncian injerencia política en 20 municipios de Oaxaca
pedro matías
OAXACA, Oax., 24 de diciembre (apro).- La injerencia de partidos y operadores políticos en 20 municipios provoca conflictos en comunidades que se rigen por el sistema de “usos y costumbres”, advirtió Marcos Leyva Madrid, representante de Servicios para una Educación Alternativa.

Pronosticó desórdenes en varias alcaldías en respuesta a esa intromisión, presuntamente solapada por la dirección del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Destacó el caso de Santos Reyes Nopala en donde se reeligió el priista Fredy Gil Gopar. Sin embargo, la imposición fue desconocida por la población y con ello se rectificó esa irregularidad.

No obstante, hay otros casos, como el de Santa María Quiegolani, donde se desconoció el triunfo de una mujer por una cuestión de género, o el de San Juan Lalana, en que no se aprendió la lección de hace tres años y que derivó en graves conflictos.

Da la impresión, consideró, que “hay una estrategia oficial para trastocar el sistema tradicional indígena, cuando su normatividad ancestral sigue siendo un sistema mucho más democrático o justo que el sistema de partidos”.

Aclaró que el propio presidente del IEE, José Luis Echeverría, declaró recientemente que “las elecciones de usos y costumbres eran un atraso democrático”.

Detalló una serie de municipios que padecen esa situación:

En San Pedro Guegorexe la asamblea destituyó al agente municipal por abuso de autoridad y mal manejo de recursos; en San Andrés Huajuapam se acusó al subsecretario de Gobierno de ordenar trabajos topográficos en una zona de disputa agraria.

Mientras en Santiago Jocotepec los habitantes acusan al alcalde de tratar de imponer a su sucesor, y en San Lucas Zoquiapan los operadores políticos exigen recursos del ramo 28 y 33.

En Pluma Hidalgo algunas corporaciones policiales se hicieron presentes en medio de la asamblea para renovar concejales.

En tanto en San Pedro y San Pablo Ayutla, después de la asamblea sobre uso de recursos del 2006, la población detuvo e intentó linchar al exalcalde y a tres integrantes de su cabildo por un supuesto desvío de 3 millones de pesos.

De igual forma en Santa María Temaxcaltepec se registraron siete heridos durante la elección por usos y costumbres.

En San Mateo Yoloxochitlan se impugnaron los comicios luego que se impidió el voto a seguidores del candidato a edil, y en Santa María Atzompa se alertó sobre el riesgo de enfrentamientos por la invasión de terrenos ejidales por parte de seguidores del actual alcalde, que busca imponer a su primo.

Incumplen con el tequio

A esos casos se suma San Antonio de la Cal, donde persiste una disputa por el incumplimiento del tequio (trabajo colectivo); en San Lorenzo Cacaotepec también se buscó impedir la imposición del munícipe, y en Quetzaltepec se denunció que el diputado electo genera el divisionismo entre la ciudadanía.

Además, en Santa María Quiegolani, en la asamblea del 4 de noviembre, el presidente de la mesa de debates anuló la candidatura de la ganadora, sólo “porque eres mujer, profesionista y no vives aquí”.

También en Santa María Colotepec se registró una reñida elección; en San Agustín de las Juntas, la asamblea se suspendió por el rechazo a la participación de Miguel Tereso Torres Elorza, que busca imponerse.

En San Mateo Tunuchi exigen nulidad de una supuesta asamblea realizada en San Sebastián Tecomaxtlahuaca por un conflicto agrario que ha generado más de 40 muertos y dos desaparecidos.

En Santa María Temaxcaltepec el Ejército Mexicano detuvo a las autoridades municipales y comunales por presunta portación de armas. Los funcionarios locales fueron liberados al día siguiente después de pagar una fianza de 20 mil pesos.

Y en San Mateo Yoloxochitlán los inconformes realizaron una marcha de protesta y advirtieron de que no habrá toma de posesión si el IEE valida “el fraude”.

En tanto en Santo Reyes Nopala, en la elección bajo los usos y costumbres, contendieron candidatos de PRI y PRD; aquí el tricolor alega su triunfo.

Finalmente en San Lucas Zoquiapam los agentes municipales advirtieron que, sin un acuerdo previo con el IEE, no habría comicios.

Otros casos son el de San Mateo Piñas, La Venta, Juchitán y Santiago Amoltepec; en esta última fue asesinado un agente municipal en una emboscada.

En Santa Cruz Zenzontepec y San Juan de los Cués los habitantes exigen a la Cámara de Diputados no se califique la elección, pues supuestamente se violentó el derecho de los habitantes a participar. Y en San Miguel Peras se exige se repitan los comicios.

En San Miguel Chimalapa los inconformes irrumpieron en la Cámara de Diputados para también exigir no se califique la elección municipal. Advirtieron que “se podría dar un baño de sangre si se decide avalar al candidato ganador, Antonio Cruz Ordaz, del PRI”.

Frente de la Cordillera Norte se une a protesta contra alza del pasaje

PASCUAL SALANUEVA CAMARGO
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Al considerar el Frente de la Cordillera Norte Mixteca que el aumento del 30 por ciento al transporte urbano es un alza desmedida que vendrá a empobrecer aún más a los trabajadores y campesinos, se manifestó a favor de sumar esfuerzos con otras organizaciones fraternas "en defensa de los intereses de la sociedad y por un medio ambiente urbano sano".

A decir del FCNM "esta alza provocará un efecto en cascada, porque es un hecho que también se incrementará el costo de los taxis colectivos y citadinos, que se sumará a los incrementos previstos para el próximo año con el gasolinazo, lo que contrasta con el incremento otorgado al salario mínimo que apenas representa un cuatro por ciento".

Añade el comunicado que es de todos conocido las condiciones precarias del país y en particular de Oaxaca, producto de los efectos de la rebelión popular del año pasado, sin que el gobierno federal haya cumplido con el compromiso de destinar fondos emergentes, como son los mil millones de pesos prometidos por la administración de Fox, para supuestamente reactivar la economía estatal y de esa manera buscar modificar las condiciones de pobreza en que viven los oaxaqueños, que han sido elementos esenciales para generar las condiciones del profundo malestar de los habitantes de esta entidad.

"El transporte urbano y suburbano son servicios esenciales para la sociedad en su conjunto. Es necesario recordar que este sector emplea y utilizan la infraestructura pública, construida con la participación de los sectores productivos de la sociedad, por lo que es esencial que el gobierno vele por los intereses populares y no sólo de los transportistas, que jamás han ofrecido un servicio eficiente y de calidad de los usuarios".

De acuerdo a la posición del FCNM, los transportistas destruyen la infraestructura urbana por el uso de pesadas unidades que rompe las banquetas, la tubería subterránea, así como el pavimento, además de que niegan sus derechos laborales a sus trabajadores.

"Los transportistas ni tan siquiera respetan los reglamentos de tránsito, ni las leyes laborales y menos las leyes ambientales a los que están obligados, por lo que a su paso dejan una estela de muerte y contaminación, ya que son constantes los accidentes, muchas veces mortales, enlutando los hogares de los oaxaqueños".

Agrega el documento que los vehículos provocan grandes emisiones de humos, gases venenosos y ruidos , pero también destruyen los bosques ya que estos contaminantes están llegando al arbolado de las montañas que circunda la zona urbana, por lo que al existir el desequilibrio ecológico los bosques que dan vida a la ciudad están siendo atacadas por plagas que antes no existían.

"Por lo que se el problema del transporte urbano no se resolverá solamente otorgando, sin condiciones, incrementos significativos al costo del pasaje. Por ello el FCNM manifiesta su rechazo a este incremento y llama a la sociedad en su conjunto para que instancias de interlocución se analice la problemática del transporte urbano en todos sus aspectos, a fin de contar con un transporte urbano eficiente que respete los derechos laborales de sus trabajadores, de calidad, económico y socialmente corresponsable".


Falta transparencia en la recaudación

El gobierno del estado recaudará este año 239 millones 976 mil 463 pesos, sólo por concepto de impuestos estatales

SILVIA CHAVELA RIVAS
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"La falta de transparencia rodea la recaudación y destino de los impuestos estatales: es el caso de la Tenencia Vehicular y los impuestos para los Programas de Fomento a la Alfabetización y Cedular", consideró el abogado Armando Figueroa Colmenares.

El presidente del Movimiento Vial Ciudadano señaló que "Oaxaca ha sido muy lastimado por este gobierno en lo que se refiere a la creación de impuestos".

Puso como ejemplo que en lo que se refiere al Impuesto Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles, para 2007 el gobierno pretende ingresar a las arcas 18 millones 393 mil 378 pesos.

"Es decir, es un impuesto por el solo hecho de ser propietario de un local comercial, usted está obligado a enterar un pago porcentual al estado, aparte es el IVA, aparte el ISR. Este es un nuevo impuesto que mañosamente el estado ha creado para tener más ingresos, y se está calculando al 2 por ciento dependiendo de cada local", expuso.

Añadió que el otro impuesto es para los programas de Fomento a la Alfabetización, por el cual el gobierno estatal recibirá este año ingresos por 67 millones 760 mil 088 pesos.

"Este impuesto es sólo por sacar un acta de nacimiento, pero ¿a dónde va ese dinero? ¿Quién lo aprovecha? Va a los bolsillos de los grandes funcionarios y eso no se vale, y es que cada documento que emite el gobierno se va a ese programa y no hay una transparencia para saber a donde se destina ese recurso", señaló.

Figueroa Colmenares reconoció que jurídicamente es muy difícil echarlos abajo porque son hechos consumados, consentidos, ya han sido pagados.

En el capitulo VII de la Ley de Ingresos, que se refiere al Impuesto para los Programas de Fomento a la Alfabetización, el artículo 17 señala que los sujetos obligados del impuesto para los programas de fomento a la alfabetización, pagarán conforme a la tasa del 12 por ciento calculada sobre la base gravable señalada en la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca.

En el capítulo VIII, sobre el Impuesto Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, el artículo 18 destaca que los sujetos obligados del impuesto cedular a los ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, pagarán conforme a la tasa del 5 por ciento calculada sobre la base gravable señalada en la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca.

Armando Figueroa Colmenares opinó que "es incongruente que en un estado pobre como Oaxaca se apliquen más impuestos que en estados más desarrollados como Baja California y Nuevo León".

Por ello, dijo que reiniciará una campaña para lograr la derogación de al menos dos de estos gravámenes: el que se refiere al pago de Programas de Fomento a la Alfabetización y Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del uso o goce Temporal de Bienes Inmuebles.

Dio a conocer la existencia de un análisis denominado "Impuestos vigentes contemplados en las leyes de ingresos de las entidades federativas", del que se desprende que en Oaxaca se cobran ocho tipos de impuestos: Sobre Enajenación de Automóviles, Camiones y demás Vehículos de Motor Usados que se realice entre particulares; Sobre Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos ; Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos; Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje; Sobre Nóminas; Para los Programas de Fomento a la Alfabetización, y Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del uso o goce Temporal de Bienes Inmuebles.

Reiteró que según esto, en Oaxaca se pagan más gravámenes que en Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Puebla, Veracruz y Nuevo León, que sólo aplican cuatro o cinco.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca 2007, el gobierno pretende recaudar, por concepto de estos impuestos, 239 millones 976 mil 463 pesos.


Emite CNDH recomendación a Oaxaca por muerte de recién nacido•


En un comunicado, señaló que esta violación al derecho a la salud se debió porque no se le practicó a la madre una cesárea oportuna.
México, D.F.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por el caso de un recién nacido que murió de asfixia debido a una deficiente atención médica durante el parto.
En un comunicado, señaló que esta violación al derecho a la salud se debió también porque no se le practicó a la madre una cesárea oportuna, ya que el anestesiólogo no llegó, debido a que asistía a una asamblea sindical.
En la recomendación 68/2007 la CNDH solicita al gobernador de Oaxaca indemnizar a los afectados por la responsabilidad institucional derivada de la inadecuada atención médica, así como proporcionar a la procuraduría estatal el aporte documental para la debida integración de la averiguación previa iniciada.
También pide se dé vista al órgano Interno de Control de los hechos referidos y se investigue a los servidores públicos adscritos al citado nosocomio que atendieron a la agraviada.
Se solicitó además que se capacite al personal sobre el contenido de la Norma Oficial Mexicana relativa a la elaboración del expediente clínico y la atención de la mujer y del recién nacido, y se apliquen medidas que garanticen la presencia de especialistas pediatras en ese hospital.
De acuerdo con la investigación que realizó la CNDH se determinó que la atención médica fue inoportuna e inadecuada, pues los médicos tratantes no verificaron ni registraron la contractilidad uterina ni el latido fetal antes, durante y después de la contracción uterina al menos cada 30 minutos.
“En el expediente clínico no se encontró el partograma, sino como único documento una hoja blanca, sin membrete ni nombre o firma de quién lo realizó, y tampoco se verificó la posición ni la altura del producto en el canal de parto, de modo que no hay evidencia de que los médicos se hayan percatado de la dificultad de posición que presentaba el producto”, señaló.
El producto presentó asfixia severa por la ruptura de la placenta y por falta de riego sanguíneo para mantenerlo oxigenado.
El recién nacido no fue atendido por un pediatra porque ese hospital carece de esos especialistas y la atención fue proporcionada por un interno de pregrado (estudiante de medicina en formación que aún no concluye los estudios para ser reconocido como médico), agregó.

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OBISPO DE SALTILLO, LA VOZ QUE NO CALLA.

Advierte el obispo Raúl Vera que continuará con sus acciones en contra de la injusticia
arturo rodríguez garcía
SALTILLO, Coah., 24 de diciembre (apro).- El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, advierte que la campaña de hostigamiento en su contra lo “dinamita para lanzar más acciones en contra de las injusticias que se realizan cada día en este país”.

Entrevistado en su domicilio particular, el obispo asegura que la campaña de hostigamiento no ha logrado amedrentarlo, sino que ha fortalecido su espíritu y sus convicciones personales.

“Nuestras voces serán silenciadas sólo cuando encontremos una estructura social que nos hermane a todos y a todas, y el mundo se ordene en base a la justicia y al derecho”, advierte.

“Esta situación nos lleva a concluir que debemos tomar más precauciones personales y laborales. Pero, lo más importantes es que fortalece nuestra fe, que no es conformista ni pasiva, sino que nos despierta a la realidad”, explica.

El pasado viernes 21, las oficinas del Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” fueron asaltadas por dos sujetos encapuchados que, aparentemente, se llevaron documentos personales del obispo Vera López, quien ese día, se encontraba en el estado de Chiapas. Los agresores se introdujeron en el edificio de la Diócesis de Saltillo, donde golpearon y sometieron a la activista, Mariana Villarreal Contreras, cuando se disponía a cerrar la oficina.

Este nuevo incidente, asegura el obispo, se inscribe dentro de la campaña nacional de descrédito y agresiones contra defensores de derechos humanos en el país. Cita, por ejemplo, los casos ocurridos contra activistas de Oaxaca, San Salvador Atenco y Chiapas.

A mediados de noviembre, Raúl Vera denunció que dos sujetos amenazaron de muerte al personal de servicio de su domicilio. “Los vamos a matar”, les dijeron a través del altavoz de la entrada a su casa.

En la entrevista, Vera López habla también sobre la detención de Antonio Santiz, a quien diversos testigos identifican como el autor intelectual de la masacre de Acteal. Duda que sea el único y recuerda que existen recursos pendientes de resolver, pues la actividad de grupos paramilitares fue promovida por el gobierno federal y las fuerzas armadas, por lo que existen otros autores intelectuales.

Subraya, así mismo, que lo que sucedió en Acteal fue un genocidio y que, por ende, el expresidente Ernesto Zedillo, como comandante supremo de las fuerzas armadas, es responsable, igual que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, entre otras autoridades federales y estatales.

“Entre los cargos que se han fincado a los detenidos por la masacre, ni siquiera se ha considerado el delito de asociación delictuosa, porque eso sería un reconocimiento de la existencia de grupos paramilitares, que al Estado mexicano no le conviene reconocer.

Alejandro Nadal
Festejos del bicentenario: la reforma judicialLa reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados y retocada por el Senado pretende combatir la delincuencia organizada. Para ello establece varios procedimientos que otorgan flexibilidad en materia de detenciones, arraigo y acceso a información confidencial o privada. La idea central es establecer reglas claras que faciliten la investigación y persecución en materia de delincuencia organizada.
Desde luego, los cateos sin orden judicial o la posibilidad de detener a un indiciado hasta por 80 días, manteniéndolo incomunicado mientras dura la investigación, son cambios graves. Pero la reforma judicial los justifica diciendo que sólo se aplicará en el caso de la delincuencia organizada.
Pero, ¿qué se debe entender por delincuencia organizada? En nuestra legislación penal ya existe la figura de asociación delictuosa, pero eso es distinto de la delincuencia organizada. La primera consiste en una sociedad para cometer delitos en general, mientras que la delincuencia organizada se tipifica en la legislación penal alrededor de delitos específicos.
Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.
La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.
Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.
La Convención de Palermo define (artículo 2) como “grupo delictivo organizado” a un grupo estructurado de tres o más personas que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico. Esa referencia al tipo de beneficio que un grupo delictivo pretende obtener es una salvaguarda importante que está ausente de la definición de la reforma judicial. Esto entraña un grave riesgo porque el carácter persecutorio de una reforma constitucional sobre delincuencia organizada podría ser extendido así a muchos otros fenómenos sociales, incluso a movimientos cívicos y de protesta social.
Por si fuera poco, la reforma judicial desliza en la lista de delitos graves, junto con los de la delincuencia organizada, los que atentan contra la seguridad nacional. ¿De dónde viene eso? De la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 con Fox. En un alarde de mala técnica jurídica, esa ley dice que por seguridad nacional “se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Ahora sí estamos en el terreno de lo político y las referencias técnicas a la delincuencia organizada stricto sensu quedan muy lejos. Luz verde a la persecución política con ágiles trámites y procesos inquisitoriales.
Sobre delincuencia organizada tenemos en México una interesante lista de episodios. Comienza con el Fobaproa y llega hasta el caso de la conspiración en contra de Lydia Cacho. Pero no son esos casos lo que preocupa a los promotores de esta reforma judicial. Lo que interesa es penalizar los movimientos sociales de protesta y tener carta blanca para cometer crímenes tipo Acteal, Atenco y los realizados contra la APPO.
Todas las instancias de gobierno cuentan con comisiones organizadoras de festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. Pero, ¿qué es lo que se va a festejar? ¿La existencia de un Estado democrático en el que predomina la garantía de legalidad para todos? ¿Un nivel de desarrollo económico con bienestar para la población? ¿La reducción de la pobreza a su mínima expresión?
No está muy claro el motivo del festejo, pero un indicio de la fiesta que prepara el gobierno se encuentra en la reforma judicial. ¿Qué mejor que un retroceso de 150 años? De una vez, ¿por qué no eliminamos el juicio de amparo? Digamos adiós a Manuel Crescencio Rejón. ¿Por qué no festejar las leyes centralistas de 1836 y su Supremo Poder Conservador? Después de todo, ahí están los verdaderos precursores de la reforma judicial.



Millones de productores serán avasallados debido a omisiones de Calderón, advierten diputados
Vaticinan “muerte económica” del campo por apatía ante el TLCAN
La política del gobierno federal es “inocente” para afrontar efectos a partir del 1º de enero
Hay parálisis para hacer frente a la disparidad de subsidios en el marco del tratado, subrayan
Roberto Garduño
La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) significará la “muerte económica” para millones de campesinos mexicanos, que serán avasallados por las omisiones del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la desproporción de los subsidios otorgados a productores de Estados Unidos y Canadá.
Diputados del PRD responsabilizaron de tal situación al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “por no haber aplicado normas y prácticas que dieran oportunidad comparativa a los campesinos mexicanos frente a la adversidad que enfrentarán a partir del primero de enero. La política agraria del régimen panista inocentemente apuesta al libre mercado y olvida que la economía nacional difiere sustancialmente de las acciones que en Estados Unidos benefician a los productores de aquel país”, expuso Juan Guerra Ochoa.
Con dureza, el diputado del partido del sol azteca advirtió que el juicio de la historia se enfocará en la responsabilidad de Felipe Calderón y de Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, por sus omisiones.
“En pocos días comenzaremos a observar que no sólo los productores resultarán afectados por la errática política agraria de la actual administración. Lo más grave es que además el consumidor final recibirá el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos y, sobre todo, de la escasez, porque la entrada libre y sin control de los productos de Canadá y Estados Unidos a suelo mexicano propiciará con el tiempo la especulación”, añadió.
A tal postura se sumó su compañero de bancada Emilio Ulloa Pérez, quien criticó “la absurda actitud política de Felipe Calderón, quien se ha dedicado a apostar su legitimidad a las fuerzas armadas. Es una paradoja que, en lugar de atacar los problemas de fondo, trate, por medio de la fuerza del Estado, de responder a un problema que se ha generado no por el narcotráfico en sí, sino por la pobreza rampante que se vive en la mayoría de las comunidades campesinas del país”.
José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia, indicó que “la abierta y clara ausencia de políticas de las autoridades nacionales para enfrentar los retos que conlleva el libre comercio en el campo deberá significar un argumento principal para acusar y posteriormente juzgar a las autoridades federales por la miopía con que se han conducido no sólo en los últimos meses, sino desde el gobierno de Vicente Fox, quien obtuvo 700 mil millones de pesos, producto de los excedente petroleros, y ni un pozo extra mandó perforar en ninguna parte de México”.
También Silvano Garay, diputado por el Partido del Trabajo, refirió que además de la “justificación” que habrán de dar las autoridades por su inmovilidad, estarán obligadas a responder “al fenómeno de escasez de alimentos que se avecina”.



Largos cacicazgos marcan a los grupos campesinos
Disputas internas multiplican el número de entidades
Matilde Pérez U. /II y última
Historias de divergencias se tejen en torno a la permanencia de los liderazgos en las organizaciones campesinas de mayor arraigo social, pero predomina el dicho: “El mejor momento para retirarse es cuando nadie quiere que te vayas, y quedarse cuando los otros se oponen”.
Sin embargo, no parece ser el caso de Humberto Serrano Pérez, quien lleva 37 años como dirigente de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM), fundada el 13 de septiembre de 1970, producto de una de las tres escisiones de la Central Campesina Independiente, y que incluso ha enfrentado a sus vástagos para continuar controlando la dirección de la organización, aunque dice abjurar del charrismo y se muestra orgulloso porque suma casi 800 “recuperaciones de tierra” en 17 estados. Sostiene que los gobiernos del PAN privilegian a las organizaciones no gubernamentales y rechazan a las agrupaciones identificadas con las luchas agrarias.
Central Campesina Cardenista: Nace el 10 de abril de 1988, a raíz de la convocatoria del Frente Democrático Nacional (FDN) y como parte del auge de un movimiento nacional independiente. También influye en su desarrollo posterior una ruptura con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). A los pocos meses de que Jorge Amador Amador asumiera el liderazgo de la organización, es invitado por el PFCRN a asumir la dirección del partido. Después de algunos meses llega Teódulo Martínez Vergara, quien firma el acuerdo de reforma al artículo 27 constitucional y acepta que la agrupación campesina sea un “contingente de masas del PFCRN”. Entre 1992 y 1993 se disuelve la dirigencia ligada con dicho partido por la renuncia de Amador Amador, se tambalea la existencia de la CCC y, finalmente, el 26 de octubre de 1994, acuerda deslindarse definitivamente del PFCRN. Max Agustín Correa Hernández queda entonces al frente de la organización campesina.
Los cambios incluyen reformas a los estatutos, en los que se rechaza la relección de las dirigencias nacional y estatales, y se afirma que será independiente de los partidos políticos; pero en 1996, fecha de vencimiento de la dirigencia en turno, los congresistas argumentan que la organización está en una etapa de fortalecimiento y se pronuncian en contra del relevo. Una vez concluido un nuevo periodo, en el marco del triunfo de Vicente Fox y del PAN en las elecciones federales, los delegados campesinos otorgan “un voto de confianza” a Correa Hernández para que continúe al frente.
“La permanencia del comité nacional fue, en un primer momento, para rescatar la identidad de la organización y recuperar los cuadros dispersos de la CCC. En un segundo momento, por el factor de unidad y ante la inquietud de formar un partido político en las elecciones de 2000 y las intermedias de 2003”, comenta Max Correa.
Al cumplir tres periodos continuos como líder de la CCC, afirma que la relección se ha convertido en “una camisa de fuerza”, y aunque en los estatutos quedó aceptada, dice estar trabajando en sentar las bases para la transición de la dirigencia. “No descarto que empiece a cuestionarse la continuidad. Por eso hay que preparar el relevo en marzo de 2008”, añade.
Unión Campesina Democrática (UCD): También surge en el marco de la candidatura presidencial del FDN, aunque su nacimiento se formaliza el 10 de abril de 1990. Desde entonces José Durán Vera se mantiene al frente de la organización, que participa en la lucha por la tierra, la justicia agraria, la comercialización y la producción, y abandera la regularización de vehículos extranjeros, asunto que se vuelve prioritario y que origina la ruptura con varios de los fundadores, entre ellos Alejandro Cruz, cuyos seguidores conforman la organización llamada Maíz.
Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM): El 21 de junio de 1949 surge como un instrumento de defensa y lucha de los intereses económicos y sociales de los obreros y campesinos. Enarbolaba la libertad de asociación y la reforma agraria. Sus primeros dirigentes fueron Vicente Lombardo Toledano, Jacinto López y Jesús Orta Guerrero, quienes permanecieron largos periodos al frente de la organización. Actualmente Valentín González Bautista sigue los mismos pasos.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Jacinto López –mayo de 1971– se suscita la disputa por la dirigencia. Juan Rodríguez se autonombra como dirigente de la UGOCM, a la que le agrega el nombre de Jacinto López, y desde finales de la década de los años setenta está bajo el mando de José Luis González Aguilera, quien recientemente se sumó al PAN. En ambos casos no se vislumbran cambios.
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA): El 28 de agosto de 1988 nace la organización, encabezada por Álvaro López Ríos, quien peleó por las siglas de la agrupación, pues también las ostentaba Jorge Amador Amador. Además tuvo que aceptar una escisión que posteriormente daría paso a la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. Identificada como una organización de izquierda en la que confluyen militantes del PRD, del PT e incluso del PRI, en sus documentos plantea que su objetivo es la emancipación de los campesinos y la revaloración del sector agropecuario en el desarrollo nacional.
No elude que en torno a los liderazgos de las organizaciones hay señalamientos de que se manejan por intereses políticos y económicos, además de que hay sospechas de que no corresponden a las demandas y necesidades de los campesinos. La más reciente escisión fue la encabezada por Isidro Pedraza Chávez, cuya salida se debió a la negativa de López Ríos a convocar a un relevo en la dirigencia. Pedraza Chávez encabeza ahora la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC).
Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc): El 18 de marzo de 1988, en el marco de la conformación de la comisión organizadora de la Unidad Campesina, surge con una dirigencia colegiada encabezada por Álvaro López Ríos, Francisco Martínez Rojo, Ignacio Irys Salomón y Rogel del Rosal. En el contexto de la lucha politico-electoral del FDN se da nombre y apellido a la organización. El 17 de marzo de 1992, en el primer congreso, se elige a Irys Salomón secretario general, quien permanece en el cargo hasta 2004, luego de que se confirmara que usó los recursos para acrecentar su patrimonio familiar y su intención de utilizar la fuerza de la organización para conformar un partido político.
“Sus 12 años de permanencia como dirigente no estaban impugnados por los estatutos, ya que los periodos eran de tres años, con posibilidad de relección; se admitió ese tiempo porque la organización no tenía fondos”, dice Marco Antonio Ortiz.
Miguel Luna fue electo sustituto de Irys Salomón, pero ambos siguen disputando la titularidad de la representación.
Alianza Campesina del Noroeste (Alcano): Se constituye en 1985, producto de las protestas de los campesinos de Sonora y Sinaloa por la caída de los precios de garantía en los granos básicos, lucha en la que participó Juan Leyva Mendívil, misma que lo empuja a la dirección de la organización, en la que continúa.
Coordinadora Nacional Plan de Ayala: Con la pretensión de constituirse en una red de organizaciones regionales y algunas nacionales, el 8 de octubre de 1979 nace la organización, en cuya dirigencia participaron Rosalía Peredo y el dirigente de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), Efrén Capiz; entre 1986 y 1987 se crea una dirección colectiva en la que participan la organizaciones campesinas de Jalisco y Veracruz, y el Comité de Defensa de Lucha Indígena de Palenque. Esta última abandona el esfuerzo colectivo y se suma a la UCD.
En 1990, en un congreso se constituye la nueva comisión ejecutiva, pero se elimina la figura de presidente y se nombra un consejo consultivo en el que participan Emilio García, Carlos Ramos y Pedro García; se acuerda que nuevos integrantes se sumen cada tres años y que sea ese el periodo de relevo.
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas: El 28 de marzo de 1985 nace como resultado de la unión de varias organizaciones locales y regionales. Sus dirigentes son electos cada cuatro años. En 1998 dos grupos pequeños abandonan la agrupación, uno encabezado por Hugo Andrés Araujo, quien se integró a la CNC, y el otro, formado por asesores, entre quienes sobresalió Gustavo Gordillo, ambos ligados fuertemente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Sus agremiados participan en el relevo de la comisión ejecutiva cada cuatro años.
En 1989 se constituye El Barzón. Su bandera: evitar embargos por la incapacidad de pago de los campesinos. Al frente de la dirigencia quedan Alfonso Ramírez Cuéllar y Juan José Quirino. Una vez resuelto parcialmente el problema de la cartera vencida en el campo, la organización se divide y se establece El Barzón Popular, encabezado por Crescencio Morales.
Al inicio de la administración foxista, Ramírez Cuéllar anuncia el cambio de nombre de El Barzón por el de Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, con una estructura de direcciones estatales colectivas.

En los últimos años, la matrícula de esas primarias se redujo en 350 mil, según el INEE
Miles de niños dejan escuelas rurales aisladas a consecuencia de la migración
El sistema educativo nacional está perdiendo a los alumnos “más pobres y vulnerables”
Karina Avilés
Ampliar la imagen Niñas indígenas estudian en la escuela primaria bilingüe Benito Juárez, en San Luis Potosí Foto: Cristina Rodríguez
Más de 7 millones 69 mil 420 niños del sistema educativo nacional –que representan la tercera parte del total– estudian en escuelas en condiciones de aislamiento, aunque en años recientes ha disminuido el número de alumnos de primaria en localidades rurales.
La posible causa de esta reducción de cerca de 350 mil menores que asistían a planteles alejados de los polos urbanos es la migración rural que se orienta hacia Estados Unidos o centros más poblados, alerta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Señala que en 10 de los 24 estados donde destaca la población indígena hay disminución de matrícula, y en seis un decremento del número de planteles.
Frente a ello, hay dos consecuencias que impactan el sistema educativo: una, anticipar la presencia creciente de migrantes rurales en las ciudades, y la otra tiene que ver con que la población campesina que deberá recibir educación básica será menor, “lo cual puede favorecer el aumento de la cobertura de prescolar y secundaria en esas zonas”.
En su más reciente informe sobre la calidad de la educación básica en México, el INEE apunta que en el nivel de prescolar hay 1 millón 337 mil 141 niños que asisten a escuelas con algún grado de aislamiento, mientras que en primaria esa cifra asciende a 4 millones 338 mil 23, y en secundaria, a 1 millón 394 mil 256.
Sin embargo, advierte sobre una tendencia que apunta hacia un sistema de enseñanza que está perdiendo a los alumnos más pobres y vulnerables que asisten a cursos comunitarios, para indígenas y para la población en general, en estos planteles en condición de aislamiento.
Así, por ejemplo, la primaria es el nivel donde se observan los mayores decrementos. De 2000 a 2005, en la modalidad general dejaron de estudiar 306 mil 315 niños, 8 por ciento menos de la matrícula que se tenía al inicio de la década. Pero en los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la baja fue de 22.8 por ciento, aunque en términos absolutos llega casi a 25.
Además, la matrícula de las primarias indígenas de localidades ubicadas a tres kilómetros o menos de una carretera, también se redujo de 305 mil 921 estudiantes en 2000, a 299 mil 790 en 2005. En total, la disminución en ese periodo fue de 336 mil 763 escolares que viven en poblados de difícil acceso.
“La reducción, tanto en el número de escuelas como en la matrícula de las primarias generales y cursos comunitarios en las localidades rurales, aporta elementos que evidencian un decremento de la población escolar en la educación básica, que no es totalmente explicado por la disminución de grupos de escolares a partir de la baja que presenta la fecundidad.
“Es altamente probable que la migración rural, presumiblemente orientada hacia centros más poblados o al extranjero, sea la responsable de esta baja en la matrícula”, alerta el instituto.
De acuerdo con el Nuevo Atlas Nacional de México, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, a principios del siglo pasado los migrantes internos eran 887 mil, que equivalían a 6.5 por ciento del total; para 2000, la población que habitaba en un estado diferente al de su nacimiento rebasó los 17.7 millones, lo cual representó 18.2 por ciento del conjunto, lo que significa que dos de cada 10 personas en México modificaron su lugar de residencia.
Una constante es que las personas prefieren emigrar hacia zonas urbanas, sobre todo a poblaciones de mayor tamaño

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