ULISES RUIZ, CINICO PINOCHO.

Policías de Oaxaca sí detuvieron a los eperristas desaparecidos.


Nunca los presentaron ante el Ministerio Público, declara el testigo protegido federal Dos agentes de la Ministerial intentaron extorsionarlos, revela funcionario de la PGJE. Asegura que los policías están involucrados en diversos secuestros.

El comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca, Pedro Hernández Hernández, y el policía de esa corporación Ángel Cruz Reyes, El Chicharrón, sí detuvieron a los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, pero nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público, según se desprende de las declaraciones de un funcionario de la procuraduría de justicia de esa entidad.

Autoridades del Poder Judicial de la Federación informaron que lo anterior consta en la orden de arraigo 12/2008 que solicitó el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), como parte de la indagatoria que se sigue por la desaparición de las mencionadas personas.

El testigo de la Procuraduría General de la República, de quien por razones de seguridad se omitió su nombre, pero de quien se específica que labora en la procuraduría estatal, manifestó tener conocimiento de que sí existió una orden para detener a los eperristas tras haberse iniciado una averiguación previa en su contra, derivado del conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

Sin embargo, ni Alberto Cruz ni Reyes Amaya fueron puestos a disposición del Ministerio Público pues, según el testigo, el comandante y Cruz Reyes intentaron extorsionarlos, y después ya no se supo nada del paradero de los subversivos.

Indicaron que de acuerdo con la orden de arraigo, en ella también se hace referencia a que el informante aseguró ante el agente del Ministerio Público Federal, que los citados policías estaban involucrados en diversos secuestros en Oaxaca.

Eso fue el motivo por el cual la SIEDO pidió la orden de arraigo, para indagar a fondo qué fue lo que pasó con los eperristas y otras víctimas de plagio, ilícitos de los cuales se les acusa a los uniformados, quienes son presuntos responsables de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

Las autoridades consultadas señalaron que hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha solicitado alguna nueva orden de arraigo o de aprehensión contra otras autoridades de Oaxaca.

Cabe mencionar que los indicados fueron detenidos y presentados el pasado 26 de abril, por militares y policías federales, quienes los trasladaron a la Ciudad de México junto a siete personas más que posteriormente se dejó en libertad bajo las reservas de ley.

Oyó funcionario de la procuraduría de Oaxaca del secuestro de los dos eperristas

■ Fue quien mencionó al comandante Hernández y a El Chicharrón
Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
Un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca fue quien aseguró a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR) que Pedro Hernández Hernández, comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de esa entidad, y el agente de la misma corporación Ángel Reyes Cruz, El Chicharrón, detuvieron el año pasado sin orden judicial a los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, presuntamente con la intención de extorsionarlos.
Según consta en la orden de arraigo 12/2008, que concedió por 90 días el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en contra de Hernández y Reyes Cruz, el funcionario estatal y testigo de la PGR –cuyo nombre se omite para proteger su identidad–, también declaró que oyó decir al comandante Hernández que a Reyes Amaya y Alberto Cruz se los había “cargado la chingada”.
Añade que Hernández “se ha dedicado en reiteradas ocasiones a extorsionar a indiciados para obtener provecho económico; se tiene registro de al menos cinco secuestros en los que lo han denunciado algunos inculpados”.
De acuerdo con las pesquisas que lleva a cabo la PGR en torno a la desaparición de los dos eperristas ocurrida el 25 de mayo de 2007, también hay información que involucra a Romeo Ruiz, primo del gobernador Ulises Ruiz, el comandante Hernández y el agente Reyes Cruz en delincuencia organizada y secuestro.
Esta información fue obtenida a partir de la detención, el pasado 21 de abril en Oaxaca, de 18 integrantes de Los Zetas en esa entidad, ya que algunos de los sicarios del cártel del Golfo aseguraron tener nexos delictivos con Romeo Ruiz, quien les habría comentado del secuestro de los dos eperristas.
Romeo Ruiz sólo compareció ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) para “aclarar” algunos señalamientos. En tanto, Hernández y el agente Reyes Cruz quedaron bajo custodia de la PGR durante 90 días, tiempo en el que se buscará acreditar su responsabilidad en la desaparición de los dos eperristas.
En el expediente de este caso, la PGR sostiene la hipótesis de que Reyes Amaya y Alberto Cruz fueron levantados –al menos– por dos policías ministeriales que iban al mando de Hernández Hernández. Sin embargo, nunca fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de Oaxaca.
Romeo Ruiz y sus presuntos cómplices fueron detenidos el pasado 26 de abril por elementos militares y agentes federales en las oficinas de la Policía Ministerial, en el municipio de San Antonio de la Cal, y luego trasladados a la UEITA para rendir su declaración.
La indagatoria de la Procuraduría General de la República, que consta en la averiguación previa SIEDO/UEITA/047-08, revela que hace 13 meses se dio inicio a una indagatoria en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca contra Reyes Amaya y Alberto Cruz por presuntos vínculos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual estaba involucrada en el conflicto magisterial y social iniciado en esa entidad desde 2006.



Niños, el desamparo
Citlalli López / Tiempo
En Oaxaca, 47 mil infantes en edad escolar no acuden a la escuela por falta de recursos económicos. En la capital existen más de tres mil niños económicamente activos explotados en el comercio callejero, labores en fábricas o domésticas, en el campo e incluso trabajo sexual.
La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), María Guadalupe González Ruiz, indicó que la cifra aumenta ante la falta de aplicación a la ley y el nulo respeto que existe hacia los derechos de los niños; muchas veces los mismos padres utilizan la fuerza de trabajo de los menores para sobrevivir, situación que calificó de alarmante.
Arrojado de Huixtla, Chiapas por la situación de pobreza más extrema, hace dos años “Rogelio”, de 13 años, llegó a Oaxaca para trabajar en la vendimia de dulces.
Con un español atropellado por una lengua indígena, Rogelio refiere que diariamente tiene que entregar cuotas de no menos de trescientos pesos, de lo contrario se vería envuelto en “problemas”.
De voz tímida relata que muchas veces debe dormir en la terminal de autobuses de segunda clase, situada junto a la Central de Abasto.
***
De acuerdo a datos de la Dirección General de Población (Digepo), en la capital de Oaxaca existen 21 mil 751 niñas y 22 mil 321 niños; un total de 44 mil 072 infantes, lo significa que el 6.9 por ciento de los niños están inmersos en alguna actividad laboral ganando menos de cuarenta pesos al día, al considerar que son alrededor de 3 mil niños los que viven esta problemática.
En cualquier momento podrían abusar sexualmente de ellos, situación que se agrava al ser la ciudad un destino con gran afluencia turística.
En algunas familias los infantes son parte importante del sostén económico del hogar, por lo que en lugar de ir a la escuela deben laborar en el campo, fábricas o las calles.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalan que los municipios con mayor población infantil en edad escolar que no asisten a la escuela está San Simón Zahuitlan ubicado en Huajuapan en donde el 24.9 por ciento no asisten a la escuela. Seguido está Coicoyán de las Flores en donde dos mil 196 niños (24.95 por ciento de la población infantil en edad escolar), no reciben formación académica. Así mismo se encuentra San Martín Peras en donde 4 mil 40 niños no van a la escuela, es decir el 20.89 por ciento.
A nivel nacional la estadística refiere que Chiapas ocupa el primer lugar con más niños que no asisten a la escuela, seguido de Michoacán, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Oaxaca.
En Oaxaca de Juárez la población infantil de 6 a 14 años es de 39 mil 779 de los cuales mil 411 no asisten a la escuela. A estos niños se les puede ver en las calles vendiendo dulces, limpiando parabrisas o pidiendo limosna.
La mayoría de ello labora en el Centro Histórico y la Central de Abasto. Muchos de ellos alguna vez cursaron algún grado escolar y tuvieron que cambiar el lápiz y el cuaderno por una canasta de dulces.
De acuerdo con datos del Centro de Atención de Niños de la Calle (Canica), en la entidad el 60 por ciento de los niños que trabajan viven en las calles.
Gerardo es uno de esos pequeños que diariamente labora más de ocho horas limpiando zapatos. A sus 10 años se vio en la necesidad de ayudar a su familia. Hoy Juan Pablo se inició en la labor del boleado, pues al igual que Gerardo, proviene de una familia de escasos recursos de la colonia Monte Albán.
La directora operativa de Canica, Mónica Espinoña, refiere que en las familias de escasos recursos y en donde los niños laboran, los infantes aportan el 50 por ciento de los ingresos diarios, por lo cual ha ido en aumento la incursión de los niños en el trabajo.
Actualmente en el centro de atención a los niños de la calle, se atienden a una población de 170 infantes que trabajan; de ellos, 80 viven en las calles y 90 viven con sus familiares. De estos menores, el 39 por ciento proviene de colonias diferentes de la ciudad y de 10 comunidades del estado por lo que hablan principalmente el zapoteco, mixe, triqui y mixteco.
“Muñe”, como cariñosamente llaman a la directora de Canica, refirió que uno de los factores determinantes para que los niños se vuelquen a las calles a trabajar es el alto grado de hacinamiento en los hogares.
En Oaxaca las familias se caracterizan por ser numerosas, el 62 por ciento cuenta con más de seis miembros, por lo que la atención a los menores se distribuye entre los adultos y los propios hermanos.

Los niños del progreso mal llevado, luchan por sobrevivir
Juan Carlos Zavala
[03:04] Impulsada por el sacerdote José Miguel Pérez García, hace 50 años se constituyó una de las empresas más nobles de Oaxaca: la Ciudad de los Niños.
Hoy, la institución alberga a 150 infantes huérfanos y desamparados en condiciones de pobreza extrema, resultado de una sociedad cada vez más materialista y un “progreso mal llevado”, como lo califica el jerarca católico.
“Es un asunto muy difícil, porque los niños desamparados corresponden a un conjunto de situaciones diversas, desde el mismo engranaje de la sociedad, y no estrictamente por la culpabilidad de los seres humanos”, dijo el presbítero.
“El problema adquiere características distintas en relación a hace 50 años, cuando estos infantes eran producto de una pobreza física, material, terrena, y de una incomunicación profunda. Hoy son la consecuencia de una civilización en transformación continua, fruto de una comunicación gigantesca, que se mueve hacia un progreso material, importándoles (los niños) poco a las personas”, indicó.
Pérez García refirió que en décadas pasadas, aún siendo pobres, había una relación humana y muy íntima, que en este siglo XXI se diluye en grandes ansias y angustias, que tienen relación directa con la cuestión económica -en su caso, pagar colegiaturas, el teléfono, la luz, etcétera-.
“Ese es el niño desamparado de ahora, el hijo del progreso mal llevado, el hijo del sistema mal aplicado, el niño de las ciudades insensibles al ser humano, el hijo de familias que se desintegran con mucha facilidad, el hijo, generalmente, de personas solas: madres solteras, abuelas”, precisó.
Y el panorama no es alentador. El fundador y director de la Ciudad de los Niños, expuso que estos infantes huérfanos están inmersos en diferentes contextos: guerrilleros, violentos, sujetos a grandes vejaciones, víctimas de desprecios, golpes y miserias, pobreza oculta en propaganda.
En este último aspecto, profundizó que no están desnudos porque portan vestimentas que les fueron adaptadas, “ahora el niño está aparentemente vestido, pero es la máscara de una sociedad donde se quiere ocultar toda la miseria y la pobreza bajo sedantes completamente impropios, inadaptados para el niño”.
Indicó que la solución a está problemática requiere de más profundidad, de llegar a la sinceridad de la pobreza que antes era vergonzante pero se exhibía, y que ahora existe en un ocultismo y relampagueos sociales, económicos y políticos para acallar la situación con la apariencia de que no lo es.
En el marco de la celebración del Día del Niño y la organización de un desayuno para recabar fondos para el mantenimiento y reconstrucción de la Ciudad que fundó, Pérez García dijo que la primera satisfacción es no perder el objetivo: 50 años de vivir con niños y luchar por su bien, y la esperanza de alcanzar otro medio siglo, así como tener la misma alegría, gozo y entusiasmo por lo que inició el 24 de febrero de 1958.
“Sin muchas exigencias, queremos que sea un fruto que prospere en el rubro de los niños desamparados, profundamente desamparados, y encontrar una solución para ellos”, dijo.
De acuerdo con estadísticas del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a finales del 2003 había alrededor de 143 millones de huérfanos menores de 18 años en 93 países en desarrollo. Sólo en ese año 16 millones de infantes quedaron en esa circunstancia.
Estas cifras -según la UNICEF- aumentan a medida que crece la población mundial y la urbanización avanza: se espera que seis de cada diez habitantes de zonas urbanas tengan menos de 18 años, en referencia de infantes callejeros y huérfanos. Además prevé que para el 2010 se alcance una tasa del seis por ciento en los países de América Latina y el Caribe.
En México, según la UNICEF, las condiciones más deficientes para los niños de 0 a 5 años se presentan en las entidades con una alta proporción de población indígena; es decir, Oaxaca, Guerrero, Chiapas.


Normalistas desconocen comisión del IEEPO


"A 5 meses de haberse formado una comisión investigadora para los casos de acoso sexual contra compañeras y venta de matriculas, la comisión no ha informado nada, por lo que el comité estudiantil de esta normal rural desconoce a la citada comisión" así lo dio a conocer en entrevista Ana López, integrante del comité estudiantil de la Escuela Normal de esta población.


JUAN PABLO MONTES JIMÉNEZ/CORRESPONSAL
TAMAZULAPAN DEL PROGRESO


Dijo que esta comisión se formó por unas supuestas denuncias, las cuales la dirigente estudiantil considera como calumnias que sólo pretenden desprestigiar este centro educativo, ya que hasta el momento no se ha podido comprobar absolutamente nada.

La líder estudiantil mencionó que esta comisión formada por el IEEPO, ha sido desconocida, porque a varios meses de integrarse no ha podido comprobar nada, pero si genera conflictos internos, por lo que hacen un llamado a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca para que tome cartas en el asunto y deje de buscar algo que no existe.

La joven estudiante dio a conocer a Noticias de Oaxaca que la venta de matriculas y el acoso sexual en contra de sus compañeras nunca se ha dado, porque existe un gran respeto entre los maestros y la comunidad estudiantil, haciendo un llamado a todas las alumnas y padres de familias a no creer en estas acusaciones de personas que solo buscan dañar a la institución que ha luchado por el beneficio de jóvenes estudiantes campesinos.

Por otro lado la integrante del comité estudiantil dijo dio a conocer que como parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y como jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan estarán participando en la movilización masiva este primero de mayo en la ciudad de Oaxaca donde darán a conocer sus propias demandas ante los diferentes niveles de gobierno.

Señaló que entre sus demandas se encuentra el rechazo al aumento a la canasta básica que el gobierno del estado pretende implementar, ya que les afectaría a ellas como estudiantes del internado, porque "si de por sí el presupuesto que le otorgan a la institución es poco para darles alimento, con este aumento a la canasta básica este disminuiría a gran escala".

Por ultimo explico la líder estudiantil que es urgente que todos los niveles de gobierno vean el gran daño que se puede causar con el aumento de los básicos, por lo que en esta movilización exigirán tanto al gobierno del estado como al gobierno federal la no disminución del presupuesto de la Normal Rural de Tamazulapan.

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PROTECCION A LA INFANCIA, LA DEMANDA.

Obligación federal, garantizar derechos de los niños en operativos militares: Unicef

■ La presencia masiva del Ejército afecta la vida cotidiana de éstos y sus comunidades
■ Llama a cerrar brechas de desigualdad; viven en la pobreza 20.9 millones de menores mexicanos
Emir Olivares Alonso
Si bien es cierto que en México hay “avances aceptables” en las acciones para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, aún existen rezagos, por lo que es necesario “cerrar las brechas de desigualdad y exclusión”, advirtió Susana Sottoli, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país.
En el contexto del Día del Niño, Sottoli aseguró que el gobierno federal está obligado a garantizar la protección y derechos de los menores durante los operativos militares contra la delincuencia organizada. “En cualquier contexto, la presencia masiva del Ejército influye en la vida cotidiana, lo que afecta no sólo a los niños, sino a toda la comunidad. No es una situación ideal en la que éstos puedan desarrollarse libremente y sin temores, por tanto, es muy importante monitorear la situación y ver en qué caso les está afectando”.
En conferencia de prensa, presentó algunos datos oficiales respecto a la situación a que se enfrentan los infantes mexicanos. Indicó que en aún viven en pobreza 20.9 millones (53.2 por ciento) de los 37.9 millones de niños y adolescentes.
Dijo que de 1999 a 2006, México ha logrado disminuir la desnutrición en 5 por ciento, aunque advirtió que los retos aún existen, pues alrededor de 7.5 millones de menores padecen pobreza alimentaria y 12.7 por ciento del total de dicho sector poblacional sufre desnutrición crónica.
El Unicef alertó que 1.2 millones de infantes no acuden a la escuela a pesar de que se ha logrado alcanzar coberturas de 67 por ciento en prescolar, 99.7 en primaria y 74.4 en secundaria. Agregó que existen disparidades en el acceso y la calidad educativa, “no sólo es que vayan a la escuela, sino que en verdad aprendan”.
En términos de salud, alertó que es “inaceptable” que aún mueran en el país 74 mil menores al año por enfermedades prevenibles, sobre todo en comunidades pobres e indígenas.
Sottoli destacó que en México hay avances en cuanto al marco legal para prevenir el trabajo infantil, aunque se estima que 3.3 millones de entre seis y 14 años desarrollan alguna actividad laboral. Además de que menos de 10 por ciento de los hijos de jornaleros migrantes agrícolas asiste a la escuela.
Agregó que 28 por ciento de niños entre seis y nueve años reporta haber sido víctima de violencia en el hogar, y 32 por ciento en la escuela, por lo que es necesario que todas las instancias gubernamentales y la sociedad en su conjunto mejoren los sistemas de prevención, denuncia y penalización.
Migración y VIH-sida
Sobre el tema de migración, el organismo de la ONU subrayó la problemática que atraviesan los menores al intentar cruzar hacia Estados Unidos, por lo que propuso mejorar los mecanismos de protección en ambas fronteras y al darse la repatriación se asegure el retorno de los menores hasta sus hogares.
En el caso del sida, Sottoli resaltó que hay 2 mil 786 casos de mexicanos de cero a 18 años que padecen esa enfermedad, los cuales representan 2.4 por ciento del total. Dijo que hay carencia de datos desagregados, además de que debido a la limitada cobertura de servicios de prevención para evitar el contagio “vertical”, es decir, de la madre al feto durante el parto, en 2007 nacieron 42 con VIH.
Ante esa problemática, el Unicef consideró que es necesario que el Estado establezca mejores mecanismos para garantizar los derechos infantiles.

Presentó el FAP en la Cámara de Diputados iniciativa de ley de amnistía

■ Posibilitaría la distensión de conflictos sociales, considera la legisladora Aleida Alavez
■ Persiste persecución por el movimiento de 1968, el halconazo de 1971, Atenco y Oaxaca
Enrique Méndez y Roberto Garduño
El Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aprobar una ley de amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su vinculación, real o supuesta, con movimientos armados.
La diputada perredista Aleida Alavez explicó que, de aprobarse la iniciativa, ello posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad del país, y constituiría un punto de partida para continuar la transformación de México en un régimen en el que impere un verdadero estado de derecho.
En la exposición de motivos señaló que hasta el momento la persecución, encarcelamiento y asesinato de mexicanos que participaron en los movimientos de 1968 y 1971, así como quienes fueron reprimidos por el gobierno de Vicente Fox, y de Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco, así como en Oaxaca por las administraciones de Felipe Calderón y Ulises Ruiz, no han recibido justicia y en cambio se mantienen el silencio y la impunidad.
“La guerra (sucia) que padecimos en las décadas de los 60, 70 y 80 en México simplemente han merecido olvido y simulación. De la matanza de la noche de Tlatelolco de 1968, y del halconazo de 1971, ni un culpable, pero sí centenares de desaparecidos, como el caso de Jesús Piedra Ibarra, quien el pasado 18 de abril cumplió 33 años de haber sido secuestrado por las brigadas de Luis Echeverría.”
En el cuerpo de la iniciativa se señala que la amnistía se extendería a todos los indiciados, procesados y sentenciados, cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos de carácter político o de su presunta participación en grupos armados; se argumenta que la ley tiene como objetivo obligar a la presentación de desaparecidos a causa de su participación en movilizaciones políticas, así como garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas detenidas por esas actividades.
También detalla que la amnistía extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se imputen, incluyendo la responsabilidad civil derivada de éstos, así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.
El proyecto incluye un capítulo específico sobre la presentación de desaparecidos políticos, en el cual se considera que el gobierno federal ordenaría al Ejercito, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y corporaciones de seguridad del país, así como a los elementos bajo sus órdenes, la inmediata libertad de desaparecidos que se encuentran en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.
La responsable de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos sería una comisión especial permanente, integrada por ocho miembros del Frente Nacional contra la Represión, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno más por el ombudsman capitalino, así como por los presidentes de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras del Congreso y un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La iniciativa fue suscrita por los coordinadores del FAP, Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona, de Convergencia, y Ricardo Cantú Garza, del PT, así como por los perredistas José Antonio Almazán, Juan Guerra y Aleida Alavez.


Limitan el diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR, dicen mediadores

■ Preocupa a Montemayor y López y Rivas la figura de “testigos sociales”
■ “Cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación no está proponiendo capitulación”
Blanche Petrich
El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el gobierno federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”.
Extrañados por la formulación que se hizo en Bucareli en respuesta al segundo comunicado del EPR, proponiendo un “diálogo directo”, sin intermediarios y relegando a los mediadores propuestos por el grupo armado al papel de “testigos sociales”, Montemayor y López y Rivas consideraron, en entrevistas por separado, que el tema “será analizado”.
Este jueves el grupo de mediadores –que incluye al obispo emérito Samuel Ruiz, a la senadora Rosario Ibarra, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR)– sostendrá su primera reunión formal para analizar el escenario planteado.
“Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”, indicó López y Rivas, quien participó en el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Pese a que el proceso es incipiente y está cargado de dificultades, para Montemayor –uno de los investigadores más acuciosos de los movimientos armados– el momento representa “una oportunidad de poder vivir la experiencia de un diálogo entre un sector inconforme y el Estado”. En principio, “celebra” los comunicados del EPR y de Gobernación, porque revelan que, en los dos frentes, “los más duros fueron convencidos de la necesidad de una salida política”.
En el caso del EPR, que con los sucesivos alzamientos de sus organizaciones de origen (Partido de los Pobres, Procup y otras fuerzas) suma una historia de más de 40 años de lucha armada, es la primera vez que habla de una negociación con el Estado.
Pero no deja de apuntar que esta oportunidad está preñada de riesgos. “En la historia moderna hay dos ejemplos de negociación entre fuerzas insurgentes y el Estado. La primera, entre el gobierno de Adolfo López Mateos y el morelense Rubén Jaramillo, que culminó, después de la capitulación de los jaramillistas, con la traición y el asesinato del líder, su esposa embarazada y sus tres hijos, en Xochicalco, en 1962. La segunda fue la del EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo. Los zapatistas fueron reconocidos como fuerza beligerante y luego perseguidos. Se formó la Cocopa como un acuerdo parlamentario ejemplar, pero que no llevó los acuerdos de San Andrés Larráinzar a su materialización.
“Esta es la tercera oportunidad. No sabemos si el Estado mexicano quiera continuar en la tradición de las dos experiencias anteriores o abrir un capítulo nuevo. Habrá que esperar para saber si en el gobierno de Felipe Calderón hay una contrapartida que no confunda el diálogo con la capitulación ni la mediación con un invitado de piedra. Este paso que ha dado el EPR es la demostración contundente de que el recurrir de manera extrema a medidas policiales no soluciona ni erradica la inconformidad social que se alza en armas.”
Para López y Rivas, la respuesta de Gobernación a la iniciativa del EPR es contradictoria. “Percibo que se pudo resolver la oposición de los sectores más duros del calderonismo, contrarios a cualquier acercamiento; el presidente del PAN, Germán Martínez, por ejemplo. Pero también observo que ha impuesto condiciones que complican el acercamiento”.
Sin querer adelantar vísperas, expresa su preocupación por varias de las condiciones planteadas por Bucareli. Entre otras, la propuesta gubernamental de un “diálogo directo”, sin la mediación que propuso el EPR –a la que Segob adjudica un papel de testigos sociales. “No digo que no se pueda negociar sin intermediación. Lo hizo Estados Unidos con el vietcong, y el Ejército Republicano Irlandés con Londres. Pero es un esquema que puede fracasar, como ocurrió en el caso vasco-español. ETA y Madrid realizaron diálogos directos que concluyeron con el arresto de los interlocutores. Una negociación directa no ofrece ninguna garantía”.
López y Rivas consideró que el tema propuesto por el Ejército Popular Revolucionario como punto único de la negociación –la aparición con vida de sus dos compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz– es sustancial.
“Creo que lo es para todos los que aceptamos participar. No existe una razón de Estado suficiente que justifique una desaparición forzada. Es preocupante que, de inicio, la Secretaría de Gobernación diga que no tienen nada que ver con el caso” referido, concluyó.


“Electorero”, el plan de Calderón contra la pobreza: Moreira
arturo rodríguez garcía
Saltillo, Coah., 29 de abril (apro).- El plan contra la pobreza extrema esbozado ayer por el presidente Felipe Calderón no fue del agrado del gobernador Humberto Moreira, pues hoy lo calificó de “electorero” y excluyente de las entidades federativas.

Por eso, a pregunta expresa de reporteros sobre el proyecto social del mandatario federal, expresó: “Es puro pedo”.

El lunes anterior, Calderón Hinojosa presentó su plan contra la pobreza y anunció que se convertiría en el eje rector de su política social.

Sin embargo, para Humberto Moreira se trata sólo de un programa “populista” con fines electorales de cara a los comicios generales del próximo año.

El gobernador priista recordó que los panistas siempre criticaron la política social del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador durante su gestión al frente del Gobierno del Distrito Federal (GDF), pero ahora los mismos panistas anuncian la aplicación de recursos muy superiores en programas “populistas” que no contribuyen a abatir la marginación social ni la pobreza extrema.

“¿No les da vergüenza?, tanto que criticaron al Peje y ahora están gastando. Están como el borracho que tiene dinero y es un señor divertido y alegre; pero si es un borracho pobre, le dicen corriente, cochino, lépero pelado”, comparó.

La queja principal de Moreira Valdés consiste en que de los programas sociales anunciados, sólo tres podrán ser operados en conjunto con las entidades federativas, mientras que el resto serán ejecutados en su totalidad por el gobierno de Calderón.

“No se pueden olvidar de banderas políticas y por eso no aceptaron la participación, con recursos, de los estados. Eso es perversidad y manipulación político-electoral de los programas”, acusó.

“Lo que están construyendo es un plataforma para el 2009, es un plan electorero”.
Moreira refirió que en Estados Unidos existe una política federal que permite una aplicación directa de recursos en las órbitas municipales, e insistió en la falta de sentido federalista del gobierno de Felipe Calderón.

Dijo que el esquema ideal radica en hacer acciones conjuntas en los tres órdenes de gobierno, principalmente permitir la operación de programas a los municipios, pues son los que están más cerca de la gente.

“No quisieron trabajar juntos y eso es entrar en una dinámica de construcción de programas electorales para seguir siendo el país de las despensas y los apoyos electoreros”, expresó.

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GENOCIDIO Y EXPLOTACION, EN TODAS PARTES.

Cómo los blancos ricos han causado la muerte de cinco millones de negros

Glen Ford
Black Agenda Report

¿Cuántos millones de congoleses deben morir para ilustrar un juego de ordenador? Nadie lo sabe, pero ya han sido masacrados cinco millones en la mayor explotación minera de la historia de este planeta. Las empresas mineras más conocidas y los mayores magnates del mundo son cómplices directos de este genocidio que dura ya diez años en África Central, donde el caos es deliberadamente impuesto como una cortina de humo para encubrir la salida de contrabando fuera del país de miles de millones de dólares en minerales.
Los funcionarios del gobierno local, pequeños pero avariciosos jugadores en este sistemático saqueo de su propio país, no tienen ni idea sobre qué compañías tienen en la actualidad contratos para hacer negocios en el Congo. Cuando miles de millones pueden ser extraídos batiendo la tierra por medio de mano de obra esclava, las leyes dejan de existir.
Cinco millones de congoleses han muerto alrededor de los últimos diez años con el fin de hacer a los multimillonarios más ricos aún. Sí existiera algo parecido a una justicia internacional, este holocausto en la República Democrática del Congo habría producido el ahorcamiento público de cientos de los hombre más ricos del mundo, y hubiera sido merecidamente. Si las leyes de Nuremberg que enviaron a la horca a diez nazis, por crímenes contra la humanidad y la paz, hubieran sido aplicadas en el Congo, podríamos encontrar fácilmente los nombres de los acusados en las columnas de la prensa financiera internacional, los hombres más ricos del planeta. Estos hombres han conspirado para asesinar a millones de personas, de tal modo que hubiera guerra constante en África Central, pero ninguna ley para evitar el robo de las grandes industrias parece concebible.
El llamado gobierno del Congo está sólo ahora encontrando tiempo para empezar un estudio sobre qué compañías están extrayendo qué minerales y dónde a lo largo del país. Desde que las múltiples invasiones del Congo empezaron hace una década, grandes corporaciones como De Beers, BHP Billiton, Anglogold, y el gigante estadounidense Freeport-McMoran han causado cinco millones de muertos, de forma que pudieran usar el caos para encubrir el saqueo de miles de millones de dólares en metales preciosos. Estas compañías mineras tienen todas ellas sus propios ejércitos privados para defender los bienes que roban, o para unirse con los ejércitos de los países aliados de EEUU como Ruanda y Uganda, con el fin de crear zonas sin ley y de “roba todo lo que puedas llevarte”. Es acertado decir que el holocausto en el Congo en un crimen colectivo de las compañías mineras europeas y americanas y de los gobiernos que las sirven. Hacer justicia en el Congo requeriría el encarcelamiento o ejecución de muchas decenas de miles de personas, la mayoría hombre blancos.
Los africanos implicados, incluyendo los funcionarios congoleses, son peces pequeños, pero ellos prosperan recogiendo las migajas de la mesa puesta con el canibalismo sobre el pueblo del Congo. De acuerdo con la comisión creada para el estudio de la minería en el Congo, varias facciones del gobierno evitan que algunas compañías paguen ninguna clase de impuestos sobre beneficios que alcanzan el seiscientos por ciento. No está claro ni siquiera quién tiene un contrato para hacer negocios en el Congo. Ninguna de las quimeras del oro de la historia moderna guarda alguna similitud con la violencia del capitalismo industrial batiendo la tierra en busca de coltan, diamantes o casiterita. El número de muertos en el Congo supera ya el de los asesinados en los campos de trabajos forzados de los nazis – pero ningún hombre blanco rico y bien trajeado ha sido castigado por ello.
El Congo es una prueba de que las naciones que dicen ser los países civilizados del mundo son, en realidad, lo contrario, ellos son los guardianes y cajeros del infierno. Mientras que estos hombres vivan, que nadie se atreva a hablar de moralidad como algo que no sea una hipotética ilusión. Desde luego, no existe en ningún lugar en el Congo.

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LA RESPONSABILIDAD DE DESAPARICIONES

Los gobiernos federal y de Oaxaca, culpables de la desaparición: Comité “Hasta Encontrarlos”

pedro matías
Oaxaca, Oax., 28 de abril (apro).- El Comité “Hasta Encontrarlos” agradeció al escritor Carlos Montemayor; al obispo Samuel Ruiz; al periodista Miguel Ángel Granados Chapa; al antropólogo Gilberto López y Rivas, y al Frente Nacional Contra la Represión, haber aceptado ser intermediarios del Ejército Popular Revolucionario (EPR), para realizar las gestiones tendientes a lograr la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en esta entidad.

Nadin Reyes Maldonado, representante de ese comité e hija de Edmundo Reyes Amaya, afirmó que los culpables de la desaparición de su padre y de Cruz Sánchez son los gobiernos federal y estatal.

Luego de que las fuerzas federales detuvieron, el pasado 25 de abril, a elementos de la policía ministerial, a los que se pretende responsabilizar de la desaparición de los presuntos miembros del EPR, Reyes Maldonado señaló que “el gobierno del estado quiere nuevamente cambiar y desvirtuar todo para confundir a la población y hacer creer que ellos no tuvieron nada que ver en este delito”.

Además, calificó como “cínica” y “descarada” la posición del gobierno del estado, al publicar desplegados y hacer declaraciones, en los que se “solidariza” en la búsqueda de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes son reclamados por el EPR.

“Esa no es más que una vil burla”, dijo, y preguntó: “¿Acaso cree, señor gobernador, que los familiares somos tontos?”.

Añadió: “Nosotros nunca hemos confiado en usted (Ulises Ruiz Ortiz) y nunca lo haremos. Sabemos la responsabilidad directa que tiene usted en todo esto, y su actitud sólo demuestra falsedad e incongruencia”.

Dijo: “Desde luego, la responsabilidad en esto no es toda suya, lo que debe hacerlo sentir un poco más tranquilo, pues también el gobierno federal tiene mucha responsabilidad en este delito.

“Lamentablemente, una vez más, hoy nos queda claro que este gobierno, como todos los anteriores, continúa la práctica de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad, que nunca ha terminado y no cesará de no hacerle frente en estos momentos”, agregó.

Los familiares exigieron al Estado mexicano la presentación con vida de los presuntos miembros del EPR, además de que se les informe sobre las investigaciones que realizan al respecto los gobiernos federal y estatal.

Finalmente, hizo un llamado a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a otras organizaciones a sumarse a la demanda de que se presente con vida a los desaparecidos.


Denuncia amenazas hija de desaparecido del EPR
Fuente: W Radio
04/28/2008 -
Por Ernesto Reyes, corresponsal

Oaxaca, abril 28, 2008.- La hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario, Nadin Reyes Maldonado, denunció que a partir de la convocatoria del grupo armado para establecer un diálogo con el gobierno federal, a través de un Comité de Intermediación, y luego de indicios de que la Procuraduría General de la República indaga el paradero de su padre, han reiniciado las amenazas en contra de ella y de los miembros del Comité de Liberación hasta encontrarlos.

En entrevista, la activista recordó que si bien siempre han existido presiones desde que iniciaron la búsqueda de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desde el 25 de mayo del 2007, en las últimas horas, personas sin identificar las amenazan a través de mensajes anónimos por medio del correo electrónico.

Con este método, aseguró, las tratan de presionar y que se les baje la moral al decirles que sus familiares están muertos y que nunca van a aparecer.

Aunque Nadin asegura que no han recibido información oficial sobre las detenciones que realiza en Oaxaca la Agencia Federal de Investigaciones, el hecho de que dos miembros de la Policía Ministerial estén arraigados, y se analicen los archivos de servicios periciales de la procuraduría oaxaqueña, son indicios de que pudiera existir algo respecto de la situación de Edmundo y Gabriel.

Esto a pesar, dijo, que tanto el gobierno estatal como el federal sigan negando alguna relación 11 meses después de que sus familiares fueron desaparecidos.

Para Nadin Reyes Maldonado, es positivo que a través de un Comité de Intermediación constituido por intelectuales y la sociedad civil, el EPR intente un acercamiento con el gobierno federal, pero condicionado al cese de hostigamiento y presiones contra sus militantes y de los familiares de eperristas presos o desaparecidos.

Sin embargo, opinó: ahorita está todo sobre la mesa, pero el gobierno no ha dado ninguna respuesta.

La hija de Edmundo Reyes Amaya abriga esperanzas de que el intento de diálogo fructifique, pero falta que los gobiernos federal y estatal acepten que tienen responsabilidad en la desaparición de los guerrilleros.





Emprende UCO marcha-caravana hacia la ciudad de Oaxaca

Integrantes de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) iniciaron este lunes, una marcha-caravana de esta ciudad hacia la capital del estado, demandando al gobierno estatal y municipal la regularización de sus unidades y la devolución de tres mototaxis que fueron detenidos el pasado 18 de Febrero.

Se plantarán con mototaxis por tiempo indefinido en la Cotran
EDWIN MENESES/CORRESPONSAL
TEHUANTEPEC



La caravana donde participaron los municipios de Unión Hidalgo, Chahuites, Ixtepec y Jalapa del Marqués, encabezados por el dirigente de la UCO en esta ciudad, Sergio Martínez Ramírez, se concentró en las oficinas de esta organización localizada en la colonia Benito Juárez.

Desde ese punto partieron a bordo de sus mototaxis y camiones hacia el centro de la ciudad, donde realizaron un mitin frente al palacio municipal, el cual había sido abandonado por las autoridades municipales.

El mitin duró aproximadamente una hora, para luego seguir su camino hacia Jalapa del Marqués donde pernoctaron para esta mañana de martes seguir su marcha a la ciudad de Oaxaca donde se plantarán por tiempo indefinido en las oficinas de la Coordinadora de Transporte (Cotran).

"Decidimos realizar esta marcha hacia la ciudad de Oaxaca porque nuestros gobiernos estatal y municipal nos han olvidado y no nos escuchan", aclaró Martínez Ramírez.

Es posible -dijo- que en su trayecto en la ciudad de Oaxaca se sumen organizaciones de otros municipios a esta marcha-caravana, y estando allá tomen otras oficinas gubernamentales.

Insistió en que exigirán al gobierno estatal la entrega de los tres mototaxis que fueron detenidos el pasado 18 de febrero cuando se registró un enfrentamiento entre concesionarios de taxis y lideres de mototaxis en la colonia Benito Juárez, además del pago de la reparación de daños que sufrieron otros dos mototaxis que fueron quemados ese mismo día.


Bloquean perredistas instalaciones de Pemex en Oaxaca

pedro matías
Oaxaca, Oax., 28 de abril (apro).- Un centenar de perredistas clausuraron hoy de manera simbólica las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas en el municipio de San Francisco Lachigoló, como parte de las jornadas de protesta contra la eventual privatización del sector energético.

Además, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Luis Montero Garnica, comentó que las acciones de resistencia civil continuarán este martes en Tuxtepec, Juchitán y Pinotepa Nacional.

Durante la movilización, los perredistas se pronunciaron por la defensa de Pemex y en contra de la privatización de la paraestatal.

En respuesta, la paraestatal dijo que la distribución de productos petrolíferos vía terrestre por auto-tanques se vio suspendida durante dos horas, situación que pudiera afectar el abasto de los productos a la parte central de los estados de Oaxaca y Puebla.

El vocero de la paraestatal en Oaxaca, Federico González Valdivieso, destacó que el bloqueo a las instalaciones alteró la tranquilidad con que viene operando el centro de almacenamiento y reparto.

Además, dijo, ese tipo de acciones pone en riesgo a los trabajadores e instalaciones, habitantes y a los mismos manifestantes en caso de suscitarse alguna emergencia.

Insistió en que no existe ninguna propuesta para privatizar a Pemex y que la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón sólo busca el fortalecimiento de la paraestatal.


Recuperan maestros de Sección 22 escuela en Jalapa del Marqués
Tuesday, 29 de April de 2008

Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pertenecientes a la Sección 22, desalojaron este lunes a mentores de la Sección 59 que estaban dando clases en la escuela primaria José María Pino Suárez de esta ciudad.


EDWIN MENESES/CORRESPONSAL
JALAPA DEL MARQUÉS

En medio del desalojo se registró un conato de bronca entre maestros de la Sección 22 y de la Sección 59 que apoyados por un grupo de padres de familia mantenían en su poder este plantel educativo desde que se dio el conflicto magisterial.

Los maestros de la Sección 22 irrumpieron en las instalaciones alrededor de las nueve de la mañana cuando apenas tenía horas de haber iniciado las clases y en presencia de niños y padres de familia, los profesores de la Sección 59 fueron retirados de sus aulas.

Cabe recordar que desde el año pasado, esta escuela primaria ubicada en la colonia Aguascalientes de esta comunidad vive en conflicto por las diferencias que existen entre 10 maestros de la Sección 59 y cinco de la 22 que pelean por la dirección de este plantel educativo.

Luego del desalojo, los maestros de la Sección 59 acudieron a presentar una queja en la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por estos hechos.

En tanto que la escuela primaria "José María Pino Suárez" quedó en poder de los profesores de la Sección 22.

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EPR, SUSPENSION DE ACCIONES ARMADAS.

Acepta el EPR suspender acciones armadas, a propuesta de la comisión de intermediación

■ Reconoce la pronta respuesta y la autoridad moral de los convocados para formarla
■ Exige al gobierno federal que cese el hostigamiento contra sus familiares, simpatizantes y ONG
De la Redacción
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) aceptó todas las condiciones de la comisión de intermediación –entre ellas el compromiso de que se suspenderá de inmediato cualquier acción armada–, creada a propuesta del propio grupo armado con el propósito de entablar un diálogo con el gobierno calderonista que contribuya a la aparición con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
A cambio, el EPR exigió a las autoridades federales y de Oaxaca que, entre otras cosas, “su Ejército y policías dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las organizaciones no gubernamentales que se han solidarizado” con el caso de ambos desaparecidos.
La semana pasada el grupo rebelde solicitó, a través de una carta, la participación del arzobispo emérito Samuel Ruiz, del escritor Carlos Montemayor, del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, del antropólogo Gilberto López y Rivas y del Frente Nacional contra la Represión –encabezado por la senadora Rosario Ibarra– en la formación de dicha comisión.
Todos aceptaron la propuesta del EPR, aunque exigieron que el grupo subversivo cese cualquier intento de realizar acciones armadas contra instalaciones estratégicas del gobierno federal, como ha ocurrido en meses anteriores en plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que han sido atacadas con explosivos.
“Les hacemos saber (a la comisión de intermediación) que aceptamos sus condiciones: a) que su intermediación tiene un carácter puntual referido a las gestiones necesarias para lograr la presentación y libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y c) que mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte. Respecto al inciso b), corresponde al gobierno federal dar su posición pública frente esta iniciativa”, indicó el EPR mediante un comunicado.
En el boletín informativo difundido ayer el grupo armado también puso sus propias condiciones: además de que exigió al gobierno federal que se suspenda el hostigamiento contra los familiares de eperristas, solicitó “que deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra; que suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido; ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos del país”.
Asimismo, en el comunicado el EPR reconoció la pronta respuesta de las personalidades convocadas a conformar la comisión de intermediación, así como su labor profesional y/o intelectual.
“Al leer su respuesta constatamos que no nos equivocamos en la autoridad moral que ostentan por su trayectoria de lucha honesta por la justicia; recordamos su trayectoria al lado de otras personas que en algunos momentos históricos se han identificado con las causas justas.
“Todos tienen una trayectoria de lucha de muchos años denunciando a los regímenes pasados y actuales de las injusticias que han cometido, poniendo en peligro su vida y, sin embargo, continúan sosteniendo esa autoridad moral que es reconocida por nuestro pueblo”, puntualizó el EPR.


PAN: El partido de la impunidad.

Álvaro delgado
México, D.F., 28 de abril (apro).- Al tomar posesión del cargo que completará casi dos décadas de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, el 1 de marzo del año pasado, Emilio González Márquez proclamó: “No venimos a robar ni a descansar, ni venimos por glorias humanas ni tampoco para abusar del poder.”

Pronto ese conjunto de compromisos quedó quebrantado, igual que su juramento, como alcalde de Guadalajara, de terminar el trienio, a pesar de sus recurrentes actos de falsa congruencia y su grosera ostentación de religiosidad.

“Soy católico. Por eso no robo, por eso no engaño… No soy ladrón, no soy narco, no soy maricón. De otras cosa podré tener un poquito, pero de eso no”, decía Emilio en julio del 2005, después de usar el presupuesto municipal para editar nada menos que 120 mil ejemplares de un libro apologético de la religión de su preferencia.

González Márquez, quien junto con sus cofrades Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, se declaró esbirro del ultraderechista Álvaro Uribe --como Felipe Calderón--, es protagonista de uno más de los escándalos que lo han acompañado en su carrera política, sobre todo después de dar el brinco del Partido Demócrata Mexicano (PDM) al PAN y de ocupar cargos mediante insanas prácticas políticas, incluyendo --como es el caso-- la manipulación de la fe.

Pero Emilio es, también, el prototipo de la clase política panista de la que tanto se ufana el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien exhibe con sus actos por qué Calderón lo colocó --mediante el ilegal e inmoral uso del aparato del gobierno-- en ese cargo.

Martínez Cázares ha exonerado a Emilio con celeridad, pero no por la transferencia de recursos del presupuesto de Jalisco a la Iglesia católica ni por el desprecio y la ofensa hacia ciudadanos que le exigen decoro, sino por el lenguaje que el funcionario utilizó para ufanarse de que en ese estado hace lo que le viene en gana, porque para eso fue electo y tiene asegurada la absolución del cardenal Juan Sandoval.

A Martínez le parece suficiente que Emilio haya ofrecido disculpas por su léxico, una patraña que oculta el patrimonialismo en el uso del erario --millones y millones no sólo a la Iglesia, sino a Televisa, a Televisión Azteca, al Teletón--, la insolencia hacia sus mandantes, hayan votado o no por él, y el atentado a una condición de paz en una democracia: el laicismo.

Más que las palabras utilizadas y aun si recurrió a ellas por el influjo de drogas o alcohol, esos son los ejes del debate sobre el comportamiento de González Márquez: el uso patrimonialista del erario, la rendición de cuentas, el respeto a los gobernados porque él es --hay que recordárselo-- un servidor público y la vigencia del laicismo, que garantiza el respeto por igual a todas las religiones y a la ausencia de credo.

Y esos son los temas que Germán Martínez, desde su cargo de presidente del PAN, soslaya en la expedición de un nuevo certificado de impunidad, el sello ya del partido de la derecha.

Como secretario de la Función Pública impartió la línea de Calderón Hinojosa para absolver a Vicente Fox de cualquier sospecha de corrupción --“meto las manos al fuego” por él, proclamó--, y hace poco emitió un fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal.

Martínez Cázares, quien integró el gabinete de Calderón durante una anodina gestión de nueve meses --apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma--, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal, que después ratificó a quien lo quisiera escuchar.

“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”, exclamó Martínez sobre Mouriño, a quien identificó como “orgullo” del PAN.

Con el reciente escándalo de Emilio --uno más en su larga lista de compra de popularidad con recursos públicos-- y su inmediata exoneración por Martínez, el PAN muestra su auténtica estatura moral y política, que es la que siempre ha tenido la derecha.


Declara la JFCA la existencia legal de la huelga en la mina de Cananea

La empresa, obligada a detener en definitiva las operaciones: STPS
Patricia Muñoz Ríos
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró legalmente existente la huelga en la mina de Cananea, Sonora –una de las de mayor producción de cobre en el país–, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que esa resolución obliga a Minera México a retirar todo el personal que tenía laborando dentro de la unidad y a detener en definitiva las operaciones.
La huelga en Cananea, iniciada el 30 de julio de 2007, fue declarada inexistente en primera instancia por la JFCA; sin embargo, el sindicato apeló de esa decisión. Posteriormente se emitieron dos resoluciones en las que los jueces señalaron que el paro era legal, pero que la empresa podía reiniciar operaciones con los sindicalizados que quisieran retornar a trabajar.
Incluso la empresa ofreció a los obreros un estímulo económico para que aceptaran reincorporarse a las labores, pero el objetivo no prosperó.
La JFCA emitió ayer su resolución final, en cumplimiento de lo ordenado por el primer tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito, el cual recientemente confirmó el amparo concedido por el juez sexto de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien señaló que la huelga debía ser declarada legalmente existente.
La STPS recordó que en Cananea se realizaban labores “de manera parcial” por obreros que regresaron a la mina, lo cual permitía un amparo interpuesto por la firma, el cual estaba en curso.
Sin embargo, detalló que, “a partir de la notificación de esta nueva resolución de la JFCA, no habrá labores en la referida unidad minera, en virtud de la huelga legalmente existente, hasta en tanto las partes arriben a un convenio que pueda dar por terminada la suspensión de labores”.
Agregó que la postura de la empresa acerca de que podría liquidar legalmente a los trabajadores que voluntariamente lo acepten sí se puede llevar a cabo.
“Esa medida unilateral daría por terminadas las relaciones individuales de trabajo con quienes así lo decidieran, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, no así la relación colectiva de trabajo, la cual se mantendría con el sindicato minero, por ser el titular del contrato colectivo de trabajo que rige en la unidad minera de Cananea.”
La secretaría reiteró su llamado tanto al sindicato como a Minera México a “continuar las negociaciones con un alto sentido de responsabilidad mutua, tendientes a resolver el conflicto laboral existente, habida cuenta de que con ello resultarán beneficiados los trabajadores, sus familias y también la actividad productiva en una industria de gran relevancia nacional e internacional”.
En Hermosillo, Sonora, integrantes de la sección 65 de dicho sindicato anunciaron que pedirán en el próximo Congreso Nacional Minero que se analice solicitar formalmente al gobierno federal y al Congreso de la Unión que sea retirada a Grupo México la concesión de Cananea.
En conferencia de prensa, Antonio Navarrete Aguirre, integrante del comité de difusión del sindicato en Cananea, negó que ya se estén entregando liquidaciones a personal de confianza y esquiroles, ya que al momento sólo se han realizado notificaciones al respecto, sin que se pague un solo peso.
“Si Grupo México ya se cansó de trabajar el más rico mineral de cobre del continente, pues entonces que le deje el paso libre a otros empresarios; hay muchos que sí van a respetar al obrero y a ver por su seguridad laboral.”

“No queremos otro Slim petrolero”, advierten alumnos del Tec a Kessel

■ Durante una conferencia rechazan que Pemex se convierta en monopolio privado
■ Aquí no se está hablando en ningún momento de privatización, replica la funcionaria federal
■ Tratamos de dar a la paraestatal las herramientas que le permitan ser más eficiente, sostiene
David Carrizales (Corresponsal)
Monterrey, NL, 28 de abril. Pese a la consistente negativa del gobierno federal a considerar que su proyecto de reforma energética sea un plan privatizador de Petróleos Mexicanos (Pemex), la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel Martínez, debió nuevamente rechazar la cuestión ante estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una de las principales instituciones privadas del país, quienes le dijeron: “No queremos que Pemex se convierta en un monopolio privado, no queremos otro Carlos Slim del petróleo”.
La funcionaria federal expuso que es muy importante dar autonomía a Petróleos Mexicanos, pero también, junto con esa mayor autonomía, “es importantísimo contar con pesos y contrapesos”.

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ABUNDANDO EN EL DEBATE.

Reforma de ley o un proyecto nacional
Cristina Barros

Desde que el Ejecutivo envió las cinco iniciativas para reformar distintos aspectos que involucran a Pemex, organismo público descentralizado fundamental, se ha hecho evidente que no hay lógica atrás del empecinamiento por aprobarlas. Cualquiera se pregunta cómo es posible que se hable de bancarrota respecto de una entidad que aporta la tercera parte del presupuesto nacional. Se señala, en cambio, el abandono deliberado en que han tenido a Pemex los cuatro últimos gobiernos. El Instituto Mexicano del Petróleo, que tanto aportó en materia de investigación, ha sido arrinconado, se dejaron de construir refinerías y plantas de petroquímica, se abandonó la exploración y se privilegió la importación en vez de la producción que pudo bajar los costos, favorecer la creación de empleos, conservar el capital en casa y elevar la calidad de la industria petrolera en general.
Llama la atención, sin embargo, que estos temas, o no aparecen en la iniciativa a la modificación de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional o, si están presentes, se atribuyen a que no ha habido modificaciones al marco legal. No se necesita ser un experto para preguntarse cómo es que antes, con la ley actual, sí hubo investigación, exploración, construcción de refinerías y plantas petroquímicas, además de producción propia.
Podría pensarse que el gobierno ignora esto, lo que de suyo sería grave, pero no es así. Gracias a Miriam Ortega, estudiante de Ciencias Políticas, conocí completa la iniciativa de ley para la contribución empresarial a tasa única (CETU). En la exposición de motivos, el Ejecutivo hace un recuento de la situación de la Secretaría de Hacienda y en especial del estado que guarda la recaudación en México.
Ahí se explica que la recaudación tributaria no petrolera ha sido muy baja por décadas, aun cuando durante algunos años se establecieron elevadas tasas impositivas. De acuerdo con los datos que se presentan, la recaudación promedio en los últimos 18 años ha sido apenas equivalente a 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), la más baja comparando con países con ritmo de crecimiento similar.
En el texto hay párrafos aún más reveladores, pues se afirma que el “problema de la baja recaudación tributaria ha sido compensado en años pasados con ingresos petroleros elevados. En promedio, durante el periodo de 2000 a 2005, la Federación obtuvo 70.3 por ciento de los ingresos petroleros totales, los cuales representaron 33.2 por ciento del total de ingresos del sector público”.
En el mismo tono autocrítico señalan, no sin razón, que “no es benéfico para el país sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros. Ello, por un lado, hace que cerca de la tercera parte del gasto público gravite alrededor del petróleo, cuyos precios son por naturaleza volátiles y, por otra parte, ha impedido la adecuada capitalización de la industria petrolera mexicana influyendo en su rezago en términos de competitividad y productividad”.
Finalmente enfatizan que “resulta insensato desde cualquier perspectiva económica sufragar un porcentaje tan alto de gasto gubernamental con recursos no renovables, que son patrimonio no sólo de todos los mexicanos de hoy, sino también de las futuras generaciones. En este sentido, la relativa abundancia de recursos petroleros en México ha tenido el efecto de posponer una reforma integral del régimen tributario”. Recuerdo a los lectores que esta iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados en junio de 2007; está firmada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A confesión de parte…
Se puede concluir que la iniciativa para la reforma de la ley reglamentaria del artículo 27 es innecesaria tal como está planteada (además de anticonstitucional); lo que hace falta de manera urgente es una verdadera reforma fiscal.
Pero, más allá de reformas a modo, que dejarían sin margen de maniobra al Estado mexicano y parten de argumentos dolosos para pasar la renta petrolera, indispensable para el desarrollo del país, a manos de particulares mexicanos, pero sobre todo extranjeros, lo que urge es un verdadero proyecto nacional, pues reformas como éstas evidencian desprecio y desconocimiento de los logros alcanzados por el pueblo mexicano, parcialidad en favor de un sector cada vez más favorecido y, en última instancia, una irresponsabilidad que puede llevar a México a un camino sin retorno.


Orgía de odio
raciel garrido
México, D.F., (apro).- Como dicen los clásicos, “difama, que algo queda”. Esa es la divisa nazi de quienes, paradójicamente, han suscrito el reciente spot en contra del Frente Amplio Progresista (FAP), pero sobre todo buscando denostar a Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de nacionalsocialista. Qué ilógico escenario. Pero, primeramente, echemos un vistazo al marco jurídico que condena ese tipo de acciones.

El artículo 41, fracción tercera, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

El apartado C del mismo artículo, establece: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

Más adelante, el mismo precepto constitucional, en su apartado D, precisa: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.”

Ahora bien, el artículo 38, párrafo primero, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), indica: “Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.”, es decir, aquí ya se reglamenta lo contenido en la Constitución.

El régimen de sanciones que determina el Cofipe en su Libro Séptimo, artículo 342, párrafo primero, inciso i), establece que a los partidos políticos nacionales se les sancionará por:

“La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”, y el inciso j) del mismo artículo precisa la sanción por “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.”

En su catálogo de sujetos susceptibles de ser sancionados por las violaciones a la Constitución y su ley electoral, el Cofipe determina, en su artículo 345, párrafo primero, inciso b), que los ciudadanos o cualquier persona física o moral son sujetos de sanciones por:

Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Pero los permisionarios y concesionarios de radio y televisión también pueden y deberían ser sancionados, ya que el artículo 350, párrafo primero, inciso b) del Cofipe, determina que es una infracción “la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”.

Pero ¿cómo se sancionará a partidos políticos, ciudadanos o personas físicas y/o morales y concesionarias y permisionarias de radio y televisión por estas violaciones a la ley electoral?

La sanción a los partidos políticos por la contratación de los spots calumniosos la regula el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción v, del Cofipe, pues señala que a estos institutos, por “la violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará con multa”.

Es demasiado tibia la sanción que impone el código de referencia, debido a que los partidos representados en las cámaras legislativas optaron por protegerse de castigos más severos, previendo que ese escenario, en el que echarían mano de ese tipo de propaganda negra, se repetiría recurrentemente.

Los ciudadanos o cualquier persona física o moral están estipulados en el régimen de sanciones, en el mismo artículo 354. El inciso d) señala que éstos serán multados con el doble del costo comercial de los spots que hayan contratado.

Ahora bien, los permisionarios y concesionarios de radio y televisión son, en el Cofipe, sancionados por la transmisión de propaganda difamatoria y que, además en el caso que nos ocupa, fue contratada de manera ilegal por personas diferentes al IFE. El inciso f), fracción iv, del mismo artículo 354, determina:

En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas.

En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.

En el 2006 las autoridades electorales no quisieron hacer valer las facultades de investigación que la ley les otorgaba para conocer la verdad legal e histórica de la cuestionada elección presidencial, y actuaron torpemente con la llamada “propaganda negra” en contra del candidato de la otrora coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, alegando que él había hecho lo mismo, destruyendo la objetividad e imparcialidad del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales deben ser sus principios rectores.

Así mismo, argüían que la Constitución y la ley electoral respectiva “no les daba dientes” para actuar contra esas iniquidades. Ahora, en el 2008, ya tiene el régimen sancionador muy claro.

El espíritu del Constituyente Permanente y de los legisladores buscaba que se acabasen estas acciones tan inmorales en la disputa política.

¿Qué van a pretextar hoy?, ¿que no saben cómo usar los dientes o que éstos no tienen filo? La Constitución y el Cofipe son muy específicos y el Consejo General del IFE debe actuar en consecuencia: aplicar las sanciones establecidas en nuestro marco constitucional y legal.

¿O sólo serán buenos en el arte de invocar pretextos y sacar a relucir las leyes para amenazar a los que la derecha considera “peligrosos”, y a ésta tratarla como agraviada de la campaña de odio que ella misma ha prolongado desde el 2006?

La campaña de calumnias contra el FAP, en la cual se les acusa (y de una manera no tan subliminal a López Obrador) de ser un parangón de Adolfo Hitler, o del fascista Benito Mussolini, o de su admirado dictador español (para el PAN) Francisco Franco (y hasta Victoriano Huerta, antiguo guardaespaldas de Porfirio Díaz), o del carnicero sudamericano Augusto Pinochet, peca de contradictoria.

Todos fueron dictadores de ultraderecha. Todos sin ningún respeto por los derechos humanos, todos causantes de un gran dolor a sus países y a la humanidad.

Es decir, al FAP y a López Obrador se les acusa de ser como los acusadores. “Te acuso de parecerte a mí y la población debe odiarte por ser una mala copia mía”.

¿Cómo “garantizaron” la protesta de ley que Felipe Calderón debía llevar a cabo ante el Congreso de la Unión para ser “presidente constitucional”? Tomando la tribuna: es bueno si lo hace la derecha, pero malo, malísimo, si la izquierda lo hace para defender el patrimonio nacional, que no gubernamental.

Ante la protesta, el odio. Ante la propuesta de debate, el ataque. Ante la exhibición de la derecha en toda su mentira, la obscenidad de la calumnia. Si la izquierda institucional propone un mínimo de congruencia con sus documentos básicos, la derecha saca a relucir toda su hipocresía e inmoralidad. Incluso Calderón, la semana pasada, declaró que “cuando se siembra odio y cizaña, se recoge división y encono”.

Al parecer está asesorado por personas que siguen al pie de la letra los principios de propaganda nazi de Joseph Goebbels, ya que lo dijo con toda comodidad y con absoluta falta de memoria.

Principio de la transposición: achacar al adversario los errores propios o defectos, respondiendo al ataque con el ataque: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan” (Marco Rascón, La Jornada, 22 de abril de 2008, p.22.)

El IFE ya ordenó retirar esa propaganda y la contratada por el PAN (aunque el presidente nacional de Acción Nacional acusa tácitamente al IFE de haber aprobado lo que ahora ya desaprobó. Germán Martínez dijo en declaraciones recogidas por La Jornada del 22 de abril: “Ésos sí los suscribimos, porque el partido no tiene nada que revisar en ellos, los sostenemos, nos hacemos cargo de sus contenidos, los entregamos previamente al IFE y éste los entregó a los canales de televisión”).

El golpe ya está dado. Lo interesante es que, por lo menos, los magistrados del anterior TEPJF sentaron precedente en la medición del impacto de la propaganda negra con su sentencia, en la cual validaron el desaseado proceso electoral de 2006.

Las circunstancias deben ser consideradas a rajatabla como en esa sentencia histórica (negativamente hablando), y aplicar, ahora sí, una ejemplar sanción al PAN y a los que hayan contratado y difundido esos anuncios tan lóbregos. Y si no lo hacen, los actuales consejeros ya pueden ir empacando sus cosas.

El razonamiento de la derecha mexicana es muy sencillo, y esta simpleza es directamente proporcional a su ilógica proposición: sin la izquierda, habrá “Mejor Sociedad Mejor Gobierno”. Ojalá y las instituciones ahora sí funcionen imparcialmente. (25 de abril de 2008)


El poder como negocio

Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo, expone la edición 1643 de Proceso.

Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país.

Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.

La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.

Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.

Pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Atrapados por la ambición
Juan José Rodríguez Prats, a quien Carlos Castillo Peraza acogió tras una militancia priista de tres décadas, es escéptico de la reforma a los estatutos del PAN, cuyos promotores la presentan como la panacea ante las cruentas pugnas intestinas, destaca el número 1643 de Proceso.

“El PAN tiene fuertes resistencias internas a aceptar candidatos externos y a ser competitivo. Es más un problema de cultura política que normativo y eso no se modifica con estatutos”, diagnostica el legislador y advierte que la reforma –cuya aprobación estaba prevista para este sábado 26, en la Asamblea Nacional Extraordinaria de ese partido– “ayuda, pero no es la solución”.

Y puntualiza, para dar la “exacta dimensión” a los cambios estatutarios propuestos desde la gestión de Manuel Espino: “Las leyes son ensayos, experimentos. Hasta que se aplican demuestran si sirven. Y eso está por verse. Depende de muchos factores: de los hombres, de las instituciones, de los momentos históricos, de las circunstancias.”

Hundido en continuos conflictos por la disputa de posiciones por cargos directivos y por candidaturas a puestos de elección popular, que lo ha convertido en el partido con más litigios promovidos por sus militantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PAN apuesta a que la reforma estatutaria ponga fin a las riñas intestinas y, además, lo acerque a las ciudadanos.

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¿SERA? O LA PURA FARSA.

Un primo de Ulises Ruiz, funcionarios judiciales y policías, entre los aprehendidos ayer
Detienen a personal del gobierno de Oaxaca relacionado con los desaparecidos del EPR

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Ampliar la imagen Formación de efectivos del EPR Formación de efectivos del EPR Foto: La Jornada

Oaxaca, Oax., 26 de abril. Funcionarios y peritos de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, incluido Romeo Ruiz –primo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz–, y tres agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) fueron aprehendidos el mediodía de este sábado por soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Federal Preventiva acantonados en esta ciudad.

En total son siete detenidos y están presuntamente relacionados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quienes el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reclama como militantes suyos desde su desaparición, el 25 de mayo de 2007.

Por esa misma acusación fueron implicados el subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, y su ex chofer, el agente Ángel Reyes Cruz, aprehendidos la mañana del viernes por las mismas fuerzas federales, informó en entrevista telefónica Gerardo Francisco López Thomas, abogado defensor de Hernández, quien dijo que su cliente con su ex chofer fueron trasladados vía aérea a la ciudad de México.

Allí, agregó, rendirán su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

Ambos, subrayó, son señalados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 de tener alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas.

Destacó que los siete detenidos del sábado, entre ellos Romeo Ruiz, director de Servicios Periciales, y Ricardo Canseco, subdirector técnico administrativo de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como dos peritos y tres agentes de la PME, uno identificado como Édgar Toledo El Chiapas, fueron también trasladados al Distrito Federal para rendir igualmente su declaración.

“El agente del Ministerio Público me confirmó que ya habían llegado (al Distrito Federal)”, señaló López Thomas, y anunció que analizará la averiguación previa para conocer debidamente las acusaciones contra su defendido y presentar pruebas de descargo para lograr su libertad, aunque reconoció que el Ministerio Público Federal puede consignar o decretar el arraigo por determinado periodo a Hernández Hernández mientras continúa con las investigaciones.

Apenas el jueves, Ruiz Ortiz deslindó a su gobierno de la desaparición de los miembros del grupo armado, y se sumó a la demanda de familiares y de organismos civiles para que sean presentados con vida.

El EPR ha responsabilizado a los gobiernos federal y estatal de la desaparición de sus militantes y ha detonado explosivos en instalaciones de Petróleos Mexicanos en Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala, además del de un centro comercial de esta capital, para demandar su presentación con vida.

Horas antes, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca inició una queja por la detención del subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández, y solicitó medidas cautelares para que sea respetada su integridad física y sicológica.

Heriberto Antonio García, el ombudsman estatal, dijo que la queja fue presentada por la hermana del detenido, Guadalupe Hernández Hernández, y ante esto se abrió el expediente CDDH/445/(01)/OAX/2008.

Dijo que la queja fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por estar señalados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

A causa de esto, dijo, los visitadores adjuntos de la CNDH Rosa María Coraza, Ramón Vásquez Díaz y Pedro Rey Armendáriz se encuentran ya en Oaxaca para dar seguimiento al caso.


Oaxaca, a la baja en poder adquisitivo, y más impuestos
Misael Sánchez / Tiempo
[05:38] Oaxaca es una de las entidades con mayor deterioro del poder adquisitivo y a las causas que aumentaron la inflación se suman cargas fiscales locales como los impuestos cedular, al hospedaje, a la alfabetización y a las nóminas, advirtió ayer el economista Francisco Álvarez Figueroa.
“No es justo que en una sociedad pobre como la nuestra conviva un pueblo que se debate en el nivel de la subsistencia y algunos servidores públicos inmensamente ricos”, dijo.
El también director de la consultoría Soluciones Integrales y Técnicas Empresariales (Sitem) señaló que los acuerdos firmados recientemente entre la Secretaría de Economía federal y los grandes almacenes no sirvieron para controlar los precios.
“Y no sirvieron porque una es la ‘inflación oficial’ -por cierto sospechosamente baja- y otra es la “inflación” que padecen cada día millones de amas de casa y jefes de familia que hacen milagros para estirar el salario y proveer de lo indispensable en el hogar”, abundó.
Indicó que algunos estudios indican que Oaxaca de Juárez es una de las seis ciudades del país que de enero a marzo de este año han rebasado la cifra de 5 por ciento de inflación, con 5.8 por ciento; precedida por Puebla, con 5.49; Querétaro, con 5.38; Culiacán, Sinaloa, con 5.37; Tulancingo, Hidalgo, con 5.27; y Durango, con 5.10 por ciento, lo que indica que en ellas el poder adquisitivo se deteriora con mucha mayor velocidad que en el resto del país.
indicó que la inflación alta en la ciudad de Oaxaca se debe a los aumentos en los precios internacionales de los alimentos y de las materias primas, el ‘gasolinazo’ y el IETU, a lo que suma el efecto rezagado del aumento en el precio del transporte urbano, pero sobre todo las cargas fiscales locales, que se van trasladando al consumidor.
“Es un estado donde se combinan la carestía y la falta de crecimiento, circunstancias que debiera preocupar a sus gobernantes”, dijo.

Revela el abogado: Testigo acusa a jefe policíaco de desaparecer a guerrilleros
Monday, 28 de April de 2008
Un "testigo protegido" por la Procuraduría General de la República (PGR) fue quien acusó al subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado, Pedro Hernández Hernández, así como a su ex chofer Ángel Reyes Cruz, de haber detenido y desaparecido a dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Sánchez Cruz, en mayo del 2007.


Suspende Gobierno despensas a ancianos
Monday, 28 de April de 2008

Debido a que este año no habrá elecciones locales ni federales, el Gobierno del Estado suspendió la entrega de despensas para adultos mayores, "hasta nuevo aviso", lo que ha afectado en miles de ancianos ahora que los precios de los productos básicos se han disparado.


Emplaza Sección 22 al gobierno: movilizaciones y paro desde el 15 de mayo
Monday, 28 de April de 2008
La Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emplazó ayer en la madrugada a los gobiernos federal y estatal a otorgar respuestas satisfactorias a su pliego petitorio antes del 15 de mayo próximo o de lo contrario, se reservará el derecho de accionar.

Investiga PGR a otros ocho ministeriales de Oaxaca•

El procurador de Justicia estatal, Evencio Martínez Ramírez, dijo que los funcionarios fueron requeridos para ampliar la información de la averiguación que se realiza, ‘posiblemente’ por la presunta desaparición de personas en mayo de 2007.
Oaxaca.- El procurador de Justicia estatal, Evencio Martínez Ramírez, dijo que otros ocho funcionarios de la dependencia fueron requeridos este fin de semana, para ampliar la información de la averiguación que realiza la PGR, ‘posiblemente’ por la presunta desaparición de personas en mayo de 2007.
En conferencia de prensa esta noche, precisó que en razón de dicha averiguación y ‘en vías de colaboración’ con la Procuraduría General de la República, dichos funcionarios, dependientes de la Policía Ministerial del Estado se trasladaron a las oficinas de este organismo federal en la capital del país.
El motivo, aseguró, fue principalmente para detallar la forma en que integran los dictámenes periciales, cómo se recibe a una persona, cómo se examina médicamente al detenido, dónde se captura esa información, archivos y registros.
Puntualizó que luego de realizar las diligencias correspondientes, siete de los ocho funcionarios regresaron a la ciudad de Oaxaca, en tanto Edgar Toledo Herrera, placa 647, adscrito al área de Justicia Restaurativa de la PME, se encuentra aún en la PGR en calidad de presentado.
Sobre los detalles de dicha averiguación, negó tener conocimiento formal del contenido, debido a la secrecía de las investigaciones que realizan las instancias federales.
Pero a una pregunta si las investigaciones estarían dirigidas a la desaparición de los eperristas, expresó que ‘posiblemente’.
‘No tengo conocimiento formal del contenido de las averiguaciones, solamente del periodo de tiempo que están investigando y que corresponde ciertamente a los meses de abril, mayo y junio, pero no puedo yo decir si se refiere a eso’, indicó.
En relación con la situación legal del subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, detenido por fuerzas federales el viernes pasado en esta capital, apuntó que continúa en calidad de presentado ante la PGR por lo que dan seguimiento al caso.
Asimismo, negó la falta de comunicación con los familiares del mando, así como presuntas irregularidades en las diligencias.

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RESISTENCIA CIVIL, NO BAJAR LA GUARDIA.

Llegar a 10 millones de familias, meta de AMLO■ Anuncia en el Zócalo la segunda etapa de la resistencia civil
■ Pide actuar de manera precavida para movilizarse si buscan imponer la reforma a Pemex
■ Amor, la mejor forma de hacer política, postula
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador anunció ayer el inicio de la segunda etapa de la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo, que consiste en ganar el debate, ampliar a 200 mil el número de brigadistas para junio, así como emprender la tarea de informar casa por casa –con una meta de 10 millones de familias visitadas para agosto– las razones del rechazo a las iniciativas de Felipe Calderón y las consecuencias de permitir la privatización de la industria petrolera.
Luego de encabezar una marcha que partió del Angel de la Independencia, el ex candidato presidencial dijo en el Zócalo que si bien con las acciones de resistencia civil PAN y PRI no aprobaron el paquete de iniciativas con un albazo legislativo, se debe actuar de manera precavida para volver a movilizarse en caso de que quieran imponer por sorpresa su reforma.
“Estoy seguro que ante la insistencia de violar la Constitución, de privatizar la industria petrolera y de agravar la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) reanudarán la resistencia civil pacífica en ambas cámaras, y estas acciones serán respaldadas por millones de mexicanos que no permitiremos semejante agravio.”
Anunció también que, con el propósito de continuar la resistencia civil, él reanudará sus giras por el interior del país para informar sobre “el atropello constitucional con el que pretenden entregar a particulares, tanto nacionales como extranjeros”, todas las áreas de Pemex.
Dijo que mientras los legisladores analizarán la posibilidad de llevar a cabo un referendo, plebiscito o una consulta popular, el grupo de intelectuales en defensa del petróleo organizará debates en centros de trabajo y universidades de todo el país.
Ayer, ante miles de personas que llenaron la Plaza de la Constitución y calles como Madero, López Obrador expresó su satisfacción por el resultado de la primera etapa de la resistencia civil que, dijo, permitió detener el madruguete y la andanada en radio y televisión, cuyos conductores, cuestionó, “se dedicaron a gritar y repetir una y mil veces la palabra secuestro”. En este punto preguntó a los asistentes: “¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo espot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP, lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?” La respuesta unánime fue: “¡noooooo!”
Agregó: “Todavía no podemos cantar victoria, porque es mucha la codicia de quienes quieren convertir a la industria petrolera nacional en negocio privado; es indudable que por ahora hemos podido pararlos... Es un hecho que los potentados no podrán, en los próximos tres meses, consumar como lo tenían planeado el gran pillaje de la privatización del petróleo”.
Lo importante, sostuvo, es que se frenó una reforma que Calderón, de Mouriño y sus socios nacionales y extranjeros, quienes querían cometer “el oprobio de prisa, en sigilo y de puntitas, sin que se diera cuenta el pueblo de México”.
En el templete lo acompañó un grupo de senadores y diputados que tomaron las tribunas, así como coordinadoras de las brigadas de mujeres en defensa del petróleo, a quienes hizo un amplio reconocimiento por contribuir a frenar el albazo. “Y esto fue posible –resaltó– sin haber roto un solo vidrio, sin una pedrada, sin enfrentamientos en la calle; este movimiento es pacífico”. Porque, exaltó, la toma de las tribunas permitió frenar el intento de violar 12 artículos de la Constitución, con lo que el gobierno federal, el PAN y el PRI quieren “apropiarse de la industria petrolera a espaldas del pueblo. Calderón, Mouriño y sus socios están queriendo construir un andamiaje legal que los blinde y les permita atracar todo el sector energético”.
El ex candidato presidencial citó un discurso del dirigente de Convergencia, Luis Maldonado Venegas, donde asegura que “por encima de la rentabilidad electoral de las futuras elecciones están el porvenir de todos los mexicanos y la defensa irrestricta de la nación”, para anunciar que, bajo esas consideraciones y con la fuerza de las ideas, se iniciará una nueva etapa de resistencia civil pacífica.
El plan, dijo, es sencillo: seguir en la organización de las brigadas y que, si en éstas ya hay 100 mil personas, los grupos se fortalezcan y amplíen hasta llegar a 200 mil para finales de junio. “La tarea es ir casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera”, expuso.
Refirió que el objetivo es que cada uno de los 100 mil brigadistas visite 10 domicilios a la semana, dialogue con la gente y entregue los paquetes informativos para que, al terminar junio, se haya informado a 5 millones de hogares, mientras que entre julio y agosto, cuando los brigadistas sean ya 200 mil, se entre en comunicación permanente con 10 millones de familias. Sugirió que también se lleven a cabo, con los videos que ya circulan, círculos de estudio y reflexión sobre el petróleo.
Afirmó que si bien sus adversarios cuentan con dinero y los medios de comunicación, el movimiento en defensa de los hidrocarburos es respaldado por hombres y mujeres comprometidos y con convicciones. Porque, resaltó, el movimiento “desató la furia de nuestros adversarios que, como es comprensible, defienden con obsesión la rapiña y los privilegios”.
Pidió finalmente actuar con alegría, sin odios ni rencores, ya que no hay enemigos, sino adversarios a vencer. “Aceptemos la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política. No deben caber en nosotros el odio ni la amargura. Seamos el amor que todo lo da. Amar es perdonar en todo instante. Que nos mueva el amor a la patria y la vocación humanista del amor al prójimo. Luchar por los pobres, los humillados y los ofendidos, es nuestro propósito esencial. Tengamos la confianza de que la fuerza del amor se impondrá sobre la codicia y la manipulación. Lo que se obtiene con amor se conserva para siempre.”



Corral Jurado critica a Gobernación por omisiones respecto del espot contra AMLO■ La ley le otorga atribuciones para detener la propaganda negra, afirma el panista
■ Señala el constante desafío de Televisa y Televisión Azteca al gobierno de Felipe Calderón
Andrea Becerril
La Secretaría de Gobernación dejó de cumplir con su responsabilidad al no haber intervenido para sancionar a quien contrató y a quien difundió el anuncio publicitario en que se difama a Andrés Manuel López Obrador y se le compara con dictadores como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral Jurado.
El ex senador panista resaltó que la dependencia que encabeza Juan Camilo Mouriño “ni siquiera le quiso entrar al tema”, a pesar de que la actual Ley Federal de Radio y Televisión le da atribuciones para intervenir en casos como el de ese anuncio, con el que se reditaron la “propaganda negra y la guerra sucia” de 2006.
En entrevista, consideró un error haber transferido al Instituto Federal Electoral (IFE) la decisión de sacar del aire esa propaganda contra López Obrador, mensaje que es muestra clara de “la intolerancia con que actúan los grupos radicales de ultraderecha para descalificar a cualquier adversario político”.
Resaltó que Televisa y Tv Azteca están en “franca provocación” contra el gobierno de Felipe Calderón y lo desafían constantemente. Dejar en la impunidad la transmisión del anuncio aludido permitirá a las televisoras “seguir en el mismo camino de sembrar el odio y polarizar a los mexicanos, en lugar de promover el amplio diálogo social al que las obliga la ley”.
Corral Jurado explicó que las recientes reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos E-lectorales prohíben a partidos políticos y a terceros contratar anuncios en radio y televisión en época de elecciones, pero en forma alguna señalan que sea función del IFE revisar toda la propaganda en medios electrónicos que tenga connotación política. “El IFE ha asumido una atribución que no le toca. López Obrador no es candidato a nada y no hay fines electorales en razón de la toma de tribunas.”
En cambio, expuso, la Ley Federal de Radio y Televisión confiere a la Secretaría de Gobernación atribuciones para realizar el análisis del contenido de toda la programación televisiva. Aclaró que, a su juicio, no es correcto que la dependencia siga teniendo esa facultad, ya que debería ser exclusiva de un órgano regulador, pero “así está en la actual legislación de medios que no se ha logrado modificar”. Experto en medios de comunicación e impulsor de la acción de inconstitucionalidad contra la llamada ley Televisa, hizo notar que, “estemos o no de acuerdo” con la actuación de López Obrador, el espot que se transmitió hasta la semana pasada le provoca daño moral, al imputarles hechos falsos, difamantes.
“Por más que no avalemos la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados, ese hecho nunca puede ser equiparado con lo que Hitler, Mussolini y Huerta hicieron al disolver el Congreso y cancelar el debate parlamentario.”
Lo que llama la atención, insistió, es que Gobernación no intervenga cuando se han violado los artículos 5 y 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El primero define la función social de los medios electrónicos y la obligación de los concesionarios de radio y televisión de respetar la vida privada y el buen nombre de todos los ciudadanos. El artículo 10 define la competencia de la Secretaría de Gobernación sobre los contenidos de la programación que incitan y promueven la comisión de un delito. “Hay materia para aplicar la ley y debieran hacerlo independientemente de la actuación del IFE”, añadió.
Este caso, recalcó, muestra cómo las televisoras “están calando y midiendo al gobierno federal ante una eventual reforma a los medios electrónicos”. Con esas actitudes de transmitir “propaganda negra” y de negarse al mismo tiempo a pasar al aire los espots de los partidos políticos en tiempos oficiales, le están enviando mensajes a Calderón y al Congreso.

La resistencia civil, obligación de conciencia, dice Sheinbaum
Alma E. Muñoz y Enrique Méndez
■ Critica Suárez del Real a los medios, “púlpitos del siglo XXI”
La coordinadora nacional de las Brigadas en Defensa del Petróleo, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que la resistencia civil pacífica continuará, porque, si bien se detuvo la aprobación de las iniciativas que pretenden privatizar los hidrocarburos, persiste la intención de las cúpulas de PAN y PRI por “violar la Constitución” y entregar estos recursos a particulares.
En sentido similar, los legisladores Rosalinda López y Alfonso Suárez del Real, en nombre del Frente Amplio Progresista (FAP), señalaron que continuarán con la lucha y se comprometieron a realizar asambleas en las principales ciudades y plazas públicas del país, para difundir la “inconstitucionalidad” de la contrarreforma calderonista y sus efectos.
Al intervenir como primera oradora en la asamblea informativa que ayer encabezó en la plancha del Zócalo capitalino Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum recordó que existe una clara intención de Felipe Calderón de entregar el patrimonio de la nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras, y las iniciativas que envió al Senado dan muestra de ello, además de que, afirmó, “pretende ampliar y legalizar la corrupción” en Pemex.
La secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo” sostuvo que frente a esas intenciones “no renunciamos ni renunciaremos a la resistencia civil pacífica en la defensa del petróleo, de la Constitución y de la patria”. No sólo es nuestro derecho, indicó, sino una obligación legal y de conciencia.
Sheinbaum se refirió al contenido de las iniciativas de Felipe Calderón que, aseguró, tienen un corte privatizador. En el cuarto párrafo de la contrarreforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, sostuvo, se establece que el gobierno del panista y sus aliados pretenden dejar en manos privadas la nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos, además de advertir que las nuevas refinerías quedarán bajo su control.
Criticó que el gobierno calderonista pretenda engañar al pueblo con la supuesta emisión de bonos ciudadanos, cuando los titulares de esos papeles, en caso de aprobarse la reforma, sólo podrán ser las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones, las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros, mientras que la Secretaría de Hacienda determinará los límites de su adquisición, montos y características.
Es decir, explicó, parte de la riqueza petrolera será “para los banqueros y la bolsa, y el señor (Agustín) Carstens dirá de a cómo les toca. Eso es privatización y eso es corrupción”. Por si fuera poco, resaltó, se busca permitir que los contratos de obra y servicios se hagan por medio de asignaciones directas.
“La verdad es que al gobierno usurpador y sus aliados no les interesa la reactivación y modernización de Pemex. Lo que les urge es cumplir con los compromisos establecidos en campaña para entregar el patrimonio de la nación”, afirmó.
Mientras, la senadora Rosalinda López resaltó que la resistencia civil evitó que el “gobierno espurio” de Felipe Calderón y sus aliados aprobaran la reforma para convertir a Pemex “en un negocio para beneficio de una minoría rapaz que aún se frota las manos, pero que se topará con mexicanos comprometidos con la defensa del patrimonio nacional”.
A su vez, el diputado Suárez del Real dijo que los legisladores del FAP impedirán cualquier reforma que viole la Constitución, privatice la industria petrolera, agrave la corrupción de la paraestatal o trunque el debate”, y alertó que si se quiere aplicar otro madruguete legislativo volverán a desplegarse acciones de resistencia civil, porque “al pueblo le tiene sin cuidado que desde los púlpitos del siglo XXI, es decir diarios, estaciones de radio y canales de televisión, se nos acuse y condene de ser un peligro para el país y de haber secuestrado al Congreso de la Unión”.




El debate de fondo
Bernardo Bátiz V.

El debate propuesto por el Frente Amplio Progresista y su dirigente Andrés Manuel López Obrador es indispensable para que la opinión pública conozca, primero, en qué consisten las propuestas presentadas al Congreso en materia de industria petrolera y, segundo, para que no sean unos pocos, sino el número mayor posible de mexicanos quienes participen en la discusión sobre el futuro de esta industria, que de muchas maneras es también el futuro de nuestra nación.
Pero, siendo importante el debate en sus aspectos técnicos, lo más trascendente es determinar si las propuestas están de acuerdo o no con los preceptos constitucionales vigentes, especialmente con los que forman parte del llamado capítulo económico de la Constitución; en este capítulo, integrado por los artículos 25, 26, 27 y 28, el constituyente delinea el sistema económico del Estado mexicano e incluye este programa precisamente en el capítulo de garantías individuales, para destacar que las normas en esta materia son consideradas derechos fundamentales de todos los mexicanos.
En este diseño constitucional se adopta el equilibrado sistema de economía mixta, en el cual concurren para la producción y distribución de los bienes, que no es otra cosa la economía, los sectores público, social y privado, todos reconocidos y protegidos por la ley y los tres sujetos a las reglas fundamentales de la Carta Magna.
A este tema, el constitucional, pareciera que no se quiere entrar, que se pretende evadir y nos tratan de llevar los interesados en la reforma, y sus corifeos de la radio y la televisión, a sesudas, pedantes y complicadas discusiones técnicas, con disquisiciones insondables que sólo ellos pretenden entender, de las aguas profundas y de las cifras estratosféricas.
Es importante sin duda lograr que Pemex sea una empresa eficiente y productiva: para ello se debió incluir en el diagnóstico que abrió el actual debate el tema de las causas de las inconsistencias de la paraestatal, el papel destructivo de los gobiernos neoliberales de los últimos años y el corrosivo de los líderes sindicales salvados del juicio de responsabilidad por acuerdos con el gobierno. (Impunidad a cambio de apoyo y silencio.) No se hizo así, y ahora postergan el problema principal de la constitucionalidad de las reformas y pretenden centrar la discusión en terrenos que parecieran más propicios para envolver y aturdir.
Un debate honrado se dirige a la inteligencia de los participantes y del pueblo interesado; no se debieran emplear, por tanto, espots reiterativos y simplones, dirigidos tan sólo a los ojos y los oídos, para aturdir e irracionalmente inducir, pero no para convencer.
Prevalece del lado de quienes esperaban sorprender con un albazo legislativo la técnica de los grandes empresarios y sus publicistas “geniales”, maestros de la mentira, que “venden” sus “productos”, como si las ideas fueran refrescos embotellados o alimentos chatarra; afortunadamente, la discusión ya está generalizada y gran parte del pueblo está alerta y no se deja engañar.
Por ello, el intento de linchamiento mediático a los y en especial a las brigadistas, las ya famosas adelitas, sólo ha tenido un efecto parcial en sectores poco informados y peor formados de la sociedad, y cada vez más mexicanos se han percatado de la trascendencia de lo que está en juego y del valor de la acción oportuna de los opositores al atraco.
Quienes parecen no estar totalmente al tanto son, lamentablemente, los legisladores que estaban dispuestos a votar sin leer, sin entender y sin discutir; ya se vio cómo en una sola breve sesión aprobaron más de 30 proyectos legislativos, sin el mínimo análisis y sólo formalizando con su dedo levantado su confianza ciega a lo que les mandan sus coordinadores.
Entre estas reformas aprobadas al vapor está la de la ley de adquisiciones, que privilegia a los empresarios extranjeros y posterga a los mexicanos; la senadora Yeidckol Polevnsky alcanzó apenas a denunciarlos, pero ya sabemos cómo actúan y cómo lo hubieran hecho con el petróleo de haber podido.
De nada servirá el debate ante legisladores acostumbrados, como en el PRI se ha estado haciendo desde hace muchos años, y como el PAN lo ha aprendido rápidamente, a callar y a obedecer, sin asumir realmente su responsabilidad.
De ahí que la acción rápida que frenó a tiempo las prisas de quienes ya veían aprobado el proyecto anticonstitucional y antinacional debe ser valorada en lo que ha significado, detener el atropello que parecía inminente y poner en el centro de la discusión pública, no el tiempo de duración del debate, ni si es algo gravísimo o no la llamada toma de tribuna, sino lo ciertamente importante, lo de fondo: si México va a continuar siendo el dueño de sus áreas estratégicas y por tanto de su destino, o si éstas van a quedar en manos de los ambiciosos empresarios trasnacionales.
En una democracia participativa el pueblo suple a un Congreso incapaz de sacudirse sus compromisos partidistas y actuar verdaderamente en representación de la nación, desde luego con las honrosas excepciones de los legisladores del Frente Amplio Progresista y algunos priístas que están rescatándose de su pasado nebuloso y poniéndose de lado de las causas populares y patrióticas.
Faltaría saber si a algunos otros, les queda algo de sus viejos principios, de sus ideales de la juventud, y también asumen su responsabilidad y se ponen del lado de la causa patriótica.

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