ANTE OBSTACULOS, MAYOR MOVILIZACION.

Entrampado, diálogo Sección 22-SNTE.

Iván Castellanos / Tiempo
El vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Rosas Romero, advirtió que las negociaciones con la dirigencia nacional se encuentran empantanadas, por lo que se corre el riesgo de que la jornada magisterial se extienda por más tiempo, al señalar que la cúpula del sindicato condiciona la entrega de la convocatoria para el relevo seccional.
Entrevistado luego de participar en la movilización que encabezaron los maestros de la región del Istmo de Tehuantepec, como parte de su jornada de protestas, advirtió que los avances son mínimos, por lo que deberán tomar una decisión respecto de su movimiento en la asamblea estatal de este sábado, en donde definirán un nuevo plan de acción.
Por esta razón, se decretó un receso en la reunión debido a que los acuerdos no se alcanzan; la dirigencia nacional continúa en su intento de condicionar la entrega de la convocatoria.
El vocero afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE pretende una reconciliación con la Sección 59 para emitir el documento; sin embargo, “no es posible aceptar la propuesta puesto que esa agrupación traicionó a la Sección 22 y no cuentan con reconocimiento legal”. Señaló que esa es la condición básica, lo que ha motivado que no se tenga ningún avance en el proceso de negociación.
Confirmó que en la asamblea estatal este 31 de mayo definirán un nuevo plan de acción para mantener las protestas y medidas de presión con el fin de lograr el cumplimiento de sus demandas.
“Esta situación puede provocar que la base trabajadora determine nuevas protestas, que se refuerce el plantón o que este se lleve a cabo por tiempo indefinido; el curso de este movimiento depende mayoritariamente de la entrega de la convocatoria”, afirmó Rosas Romero.
Ayer los maestros realizaron una movilización en la que participó la delegación del Istmo de Tehuantepec; esta partió del crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hacia el zócalo capitalino. Mientras, otro grupo de profesores oaxaqueños, participaron en una marcha masiva en la capital del país, para lograr el cumplimiento de sus demandas a la brevedad posible.

Segob miente; documentadas 7 desapariciones: Barca

Iván Castellanos / Tiempo de Oaxaca
[03:10] La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” (Barca), advirtieron que el Secretario de Gobernación (Segob), Juan Camilo Mouriño, miente al señalar que el gobierno federal no detiene arbitrariamente ni desaparece personas integrantes de organizaciones sociales como medida de represión.
Los representantes de estos organismos, Edgar Cortés y Minerva Nora Martínez Lázaro respectivamente, señalaron que tienen documentadas al menos siete desapariciones y muertes no justificadas de activistas en la entidad de 2007 a la fecha, por lo que pusieron en marcha la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, para denunciar este tipo de hechos y exigir que se aplique la justicia como es debido.
Las organizaciones exigen cesar la política de represión y criminalización de la protesta social, el respeto a los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de manifestación.
Los representantes sociales demandaron apertura al diálogo como un canal adecuado para tender y escuchar las demandas legítimas de la ciudadanía así como una investigación seria y pronta de los casos denunciados por violaciones a sus derechos humanos, sanción efectiva a los responsables para que no sea un hecho más que se quede en la impunidad.
Afirmaron que, en el marco de la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, han dado seguimiento de cerca de los casos que se han presentado, en donde se establece claramente una política de criminalización de la protesta social.
Como organizaciones de la sociedad civil indicaron que preocupa mucho que, de manera sistemática, se ha vulnerado el derecho a la protesta, “derecho legítimo al que tienen que recurrir los ciudadanos para evidenciar las condiciones de pobreza, marginación, discriminación y a la vez manifestar el descontento en el que se encuentran por injusticias profundas”.
Consideraron que ésta es la única vía que encuentran al no existir canales institucionales para resolver sus problemas.



México - Basta de represión en Oaxaca*

Adital -
En Oaxaca vivimos desde hace muchos años en un estado de excepción. Las mismas autoridades utilizan la ley a su antojo para reprimir a los pueblos que luchan, violando de manera abierta los derechos humanos de la población. En nuestro estado el gobierno de Ulises Ruiz se mantiene en el poder gracias al apoyo que le han dado Fox y de Felipe Calderón, pero también por las constantes represiones y agresiones en contra del pueblo de Oaxaca.
En el último año han sido encarcelados, desaparecidos y asesinados decenas de oaxaqueñas y oaxaqueños que luchan por sus derechos; mientras tanto se ha protegido a asesinos que trabajan para los caciques priistas.
La Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior sólo protegen a los criminales, mientras cientos de oaxaqueños se pudren en las cárceles sólo por defender su derecho. Esta situación no podrá cambiar si se siguen manteniendo en poder el grupo de asesinos corruptos e inútiles que mal gobiernan a Oaxaca. Nuestros compañeros y compañeras asesinadas, levantadas, encarceladas o perseguidas no tendrán justicia si no levantamos la voz. Es por ello que hemos decidido sumarnos al Plantón que tiene instalado la Sección 22 del SNTE en el Zócalo de la capital del estado para apoyar sus justas demandas y también reivindicando:
1. Libertad a los presos políticos y sociales Miguel Juan Hilaria (dirigente mixe) Pedro Castillo Aragón ( preso político) Abraham Ramírez Vázquez (Xanica) Adán Mejía López, Miguel Ramírez Paz, Roberto Cárdenas Rosas, Juliantino García Ramírez Reinaldo Martínez Álvarez Braulio García Castro Jesús Clemente Cruz López Castro entre otros. (SUMAR LOS QUE FALTEN)
2. Castigo a los asesinos de: Felicitas Martínez, Teresa Bautista y Placido López Castro.
3. Cese a la persecución en contra de Alejandro Cruz, Pedro Sánchez y campesinos de El Pipila Mazatlán, San Juan del Río, La Venta
Atentamente
Oaxaca, Oax. a 26 de Mayo del 2008
* Friman:
FORO OAXACA LIBRE. OIDHO, CODECI, Municipio Autonomo de San Juan Copala, CAMA, Comunidad de Yosotatu, UCIZONI, Cactus, Red de Radios y TV Comunitarias e Indigenas del Sureste de México, MAIZ, AMAP, CODEDI, Ejido El Pipila.


Declaración Política del Foro sobre la Reforma Energética.

Escrito por Foro Sobre la Reforma Energética
La privatización de empresas nacionales inició hace 25 años, PEMEX el siguiente paso
A iniciativa de organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña nos congregamos en la ciudad de Oaxaca –legisladores, académicos, intelectuales, medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales– con el propósito de analizar y debatir en torno a las limitaciones y alcances de una posible Reforma Energética, en especial en lo referente a las modificaciones al organismo público paraestatal Petróleos Mexicanos.
Este Foro, que se realiza en el marco del debate nacional sobre el tema del Petróleo y los Hidrocarburos, se propuso no sólo inaugurar en Oaxaca un espacio plural de reflexión, sino también abrir al interés de la ciudadanía la información que puede resultar importante para normar una posición política ante la opinión pública.
Un tema tan importante para el conjunto de la Nación, como son los recursos estratégicos, y en este caso, el Petróleo, requiere no solamente de que sea debatido entre los responsables de la toma de decisiones, sino que sea discutido, conocido y consensuado por todos los mexicanos y mexicanas a fin de que sea la propia ciudadanía quien ejerza responsablemente sus derechos y obligaciones.
En este sentido, las y los participantes en el “Foro Sobre la Reforma Energética” hacemos las siguientes
CONSIDERACIONES

1. Durante los últimos setenta años el Petróleo ha sido el recurso natural más importante y estratégico de nuestro país. En base a su explotación se ha logrado financiar gran parte del desarrollo de México. El tema del Petróleo tiene implicaciones de carácter histórico, técnico y jurídico para nuestro país.

1. Una clave para el impulso al desarrollo en base a la explotación de los hidrocarburos, ha consistido en que el Estado ha mantenido su rectoría y control sobre la empresa paraestatal de Petróleos Mexicanos.

1. No obstante, la industria petrolera nacional presenta hoy día enormes retos y desafíos a enfrentar, que hacen necesaria la instrumentación de una serie de cambios a nivel legal, institucional y político.

1. No escapa a nuestro análisis que el desempeño de Petróleos Mexicanos tiene serios déficit que es necesario revertir, empezando por la excesiva burocracia y las prácticas de corrupción que han sido permitidas en todos los niveles. Sin embargo es importante señalar que PEMEX no esta en crisis, ni en banca rota, esto se puede comprobar a través de los propios datos oficiales.

1. La iniciativa de reforma al organismos público Petróleos Mexicanos presentada por el Ejecutivo Federal el pasado mes de abril, constituyen un intento de privatización de PEMEX a través de modificaciones jurídicas a leyes secundarias. Existe un claro interés en esta iniciativa por desnacionalizar el Petróleo y compartir la renta petrolera con empresas privadas.

1. Es evidente que PEMEX necesita una reforma amplia, se requiere que PEMEX se transparente, que logre su autonomía financiera; pero además que se despetrolicen las finanzas públicas, que se revise el rubro de los excedentes petroleros en el presupuesto público, y por otro lado que se analice el régimen fiscal.

1. Para el impulso de estas y otras reformas, es necesaria la opinión y participación ciudadana. Por ello se hace importante el impulso de una amplia consulta popular, en la que se escuche la voz de todos los actores y sectores sociales de México.

Por todas estas consideraciones y análisis, las organizaciones y ciudadanía participante en este Foro, hacemos el siguiente LLAMAMIENTO…

• Las y los participantes en el Foro, nos pronunciamos por rechazar todo intento de privatización, ya sea clara o encubierta, del Petróleo en México. Toda iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional deberá someterse a un serio proceso de análisis, reflexión y consulta del pueblo mexicano.

• Exigimos al Congreso Federal, a los Congresos Estatales, al Ejecutivo Federal y a todas las instancias involucradas en esta Reforma Energética, a que coloquen por delante los intereses del pueblo y no solamente de instancias privadas que no piensan necesariamente en el beneficio de la Nación en su conjunto.

• Llamamos a la Cámara de Senadores y Diputados, asuman la enorme responsabilidad que tiene de pasar a la historia como hombres y mujeres que defendieron la autonomía de este país, o se queden con la ignominia de haber vendido al mejor postor nuestro capital.

• Exigimos a toda la ciudadanía para que no solamente se mantenga atenta, sino que exija su derecho de ser informada debidamente sobre tan trascendental decisión.

Hoy es necesario conformar una fuerza política que sea capaz de impulsar una agenda pública e imponer lo que decide la sociedad. Hoy es necesario que la sociedad civil retome la lucha en la defensa del Petróleo.
Casa de la Ciudad.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 26 de mayo de 2008.
Organizaciones, Partidos Políticos, Legisladores, Académicos, Intelectuales, Ciudadanos y Ciudadanas Participantes en el Foro sobre la Reforma Energética.
Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. CAMPO, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. IDEMO,
Sinergia para el Desarrollo Sustentable A.C. SINERGIA,
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA.



De 500 mil asalariados en Oaxaca, sólo 145 mil tienen derecho al IMSS

Por Delia Ortiz
viernes, 30 de mayo de 2008
Sólo 29 por ciento de los asalariados oaxaqueños cuenta con derecho a atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el resto tiene que trabajar sin la garantía de que su patrón responda por él en caso de accidente.
Así lo reconoce la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Guadalupe González Ruiz, quien precisa que de los 500 mil asalariados únicamente 145 mil son derechohabientes del IMSS.
"La cifra de 145 mil es reducida en materia de seguridad social", admite la funcionaria federal y afirma que "desafortunadamente no existen quejas de esta situación" ante la dependencia del Gobierno federal.
Esta prestación laboral debe ser otorgada por ley. González Ruiz explica que la principal causa de que las empresas no otorguen Seguro Social a sus trabajadores es porque al iniciar un negocio comienza como taller familiar, al paso del tiempo, si prospera, se va requiriendo de mayor gente, pero no se cumple con la prestación de ley.
En otros casos, los patrones deciden no pagar el IMSS bajo el consentimiento de los propios empleados, que no pueden protestar con tal de conservar su fuente de empleo.
González Ruiz dice que al realizar las inspecciones de ley a las empresas se descubre que incluso no se tienen medidas de seguridad y esto vulnera aún más al trabajador, pues en cualquier momento podría sufrir algún accidente que lo dejara inhabilitado temporal o definitivamente y, en el peor de los casos, llegar a fallecer dejando en el desamparo a su familia, puesto que al no contar con seguro social no se brinda la indemnización correspondiente.
De acuerdo con los datos del propio IMSS, es en la rama de la construcción y en los repartidores en motocicleta donde se registra el mayor número de accidentes.
La mayoría sin consecuencia, aunque el número es significativo, lo que implica que se tiene que poner énfasis en la salvaguarda de la persona y de su familia.
Los priístas cuestionan al IMSS porque, aseguran, mantiene la política de manejar siempre un mayor número de empleos generados a los que realmente existen, y si ello no podría asumirse como una intención política de manipular y engañar a la ciudadanía de acuerdo con el interés del Gobierno en turno.

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"La Jornada" CERCADA.

La Jornada, rodeada de medios electrónicos e impresos al servicio de gobierno y capital

Pedro Echeverría V.
Rebelión



1. La directora general del diario La Jornada, Carmen Lira, denunció que la distribución de los recursos de la publicidad gubernamental aún es manejada de forma patrimonialista, antidemocrática y poco transparente. Dijo: “Se entrega la mayor parte de recursos a los medios electrónicos, y lo que queda para los impresos es distribuido de manera discrecional, no necesariamente en función de tirajes, penetración e impacto, sino para premiar afinidades, servilismos y sumisiones, y para castigar discordancias y posturas independientes”. Después resaltó que “el reparto faccioso y arbitrario de la publicidad oficial es particularmente inaceptable, por cuanto involucra recursos públicos que debieran estar sujetos a una estricta rendición de cuentas”. Y advirtió que el mundo político no se acostumbra a que los periódicos actúen como un contrapoder ejerciendo sus tareas de crítica, estímulo y control. Persisten las embestidas del México oficial que buscan imponer verdades a medias o abiertas falsedades.
2. El diario La Jornada cumplirá 28 años en septiembre. Durante ese tiempo casi todas las izquierdas, desde la “ultra” hasta la socialdemócrata y la del PRI, la han consultado de manera permanente. Sus reportajes, análisis e informaciones (junto con las aportadas por el semanario Proceso) han conformado una manera de pensar y han ayudado mucho al desarrollo del pensamiento de izquierda. Aunque se pudiera haber discrepado de alguno de sus textos, los enfoques ideológicos de su política editorial, dirigidos hacia la búsqueda de la objetividad, han obligado a sus reporteros a observar de manera directa los movimientos sociales, políticos y culturales, así como a investigar y reflexionar acerca de otros acontecimientos. La línea de La Jornada ha permanecido incólume frente al poder que ha buscado corromperla, silenciarla, incluso destruirla. Por eso los sectores de izquierda, que en el país luchan por los derechos de la población mayoritaria, junto con los suyos, deben apoyar y defender esta publicación.
3. El presidente López Portillo (acostumbrado a las lisonjas y aplausos de los medios de información siempre a su servicio) señaló en alguna ocasión criticando a Proceso y a La Jornada: “no pago para que me peguen”. Seguramente pensó que el dinero que destinan los gobiernos para pagar su publicidad es de ellos, es dinero privado y pueden entregarlo a quien los alaba y les silencia sus acciones negativas. Parecen olvidar, queriéndonos ver la cara de tontos, que es dinero del presupuesto público que paga todo el pueblo con su trabajo y tienen la obligación de administrarlo con honradez y distribuirlo adecuadamente. Son recursos económicos multimillonarios que deben ser manejados con transparencia y de manera democrática. Pero en México, hasta hoy, los miles de millones de pesos en publicidad gubernamental son entregados a Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y a todos aquellos medios que se encargan de ensalzar los programas de gobierno y personajes a su servicio.
4. La Jornada, por su posición crítica y por su orientación hacia los movimientos sociales, siendo un periódico tamaño tabloide, con alrededor de 50 páginas, apenas cuenta con un 20 por ciento, aproximadamente, de publicidad gubernamental y privada; otros periódico de tamaño clásico, con más de 100 páginas, llenan el 60 o 70 por ciento de su enorme espacio con publicidad. Al parecer La Jornada vive, esencialmente, del dinero de la venta de alrededor de 200 mil ejemplares diarios; otros periódicos, que apenas distribuyen 50 mil, viven de los miles de millones de pesos que obtienen de publicidad, aunado a los privilegios que les otorga el poder por estar sometidos a él. Es el precio que debe pagarse en un sistema capitalista cuyo poder entiende perfectamente que para mantener su dominación es indispensable que la oposición, cualquier real oposición debe ser controlada y cercada mientras se apoya a los leales al sistema para gozar los cantos de las sirenas.
5. En La Jornada (contrario a las noticias y opiniones falsas y tergiversadas de los medios electrónicos (Radio y TV) y de la prensa escrita, ampliamente difundidas para tratar de convencer o confundir a la población) hemos podido leer juicios críticos, análisis objetivos y justas denuncias acerca de sucesos nacionales de enorme presencia, tales como: las explosiones de San Juanico, el terremoto de la Ciudad de México, la huelga de la UNAM, el fraude electoral de 1988, los negocios en Fobaproa, la firma del TLC, el levantamiento zapatista, la huelga de 1999 de la UNAM, las elecciones de 2000, el fortalecimiento del narcotráfico, las batallas de la APPO en Oaxaca, las manifestaciones contra el desafuero y las elecciones de 2006, las lucha contra las reformas electorales y la privatización del petróleo, etcétera, etcétera. La interpretación que le dio La Jornada a esos acontecimientos contribuyó de manera definitiva a la organización política de muchos sectores de la población.
6. En Venezuela, como en México, los más poderosos medios de información son propiedad de las familias más ricas de ese país en estrecha alianza con grandes millonarios norteamericanos. Pero en ese país, con el fuerte apoyo del gobierno de Hugo Chávez, se han construido redes de comunicación comunitarias donde circulan periódicos de masas que han tenido la capacidad de brindar información alternativa y crítica con el fin de que la población no pueda ser engañada por la prensa comercial o burguesa. Esa estrategia es la que deberíamos comenzar a practicar en México con el apoyo de organizaciones de izquierda con el fin de que la población pudiera comprender globalmente el mundo en que vive. En ello ha contribuido La Jornada y Proceso, así como varios cientos de pequeños periódicos que han venido publicando grupos de izquierda. Para la construcción de esa red La Jornada y Proceso cuentan con algunos periódicos regionales que pueden jugar un importante papel.
7. La Jornada y Proceso son también publicaciones comerciales que han abierto largos caminos en medio de contradicciones y confrontaciones. En su interior hay fuerzas que empujan hacia la izquierda y hacia el centro, pero no debe olvidarse que sólo son publicaciones que quieren la mayor objetividad y ser lo más críticas posible. Nada más. Quizá directora de La Jornada sólo busque ubicarse en un “mundo político acostumbrado a que los periódicos actúen como un contrapoder ejerciendo sus tareas de crítica, estímulo y control”. Sin embargo, persiste el México derechista o centrista que sólo busca imponer “verdades a medias o abiertas falsedades”. Mientras hacemos un reconocimiento a esas dos publicaciones por lo mucho que han ayudado a entender, con una visión crítica y reflexiva la realidad, busquemos construir publicaciones que sean alternativa a la gran prensa vendida. Quizá en estos momentos sea la tarea más consecuente de quienes están en la lucha social.

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CONSULTA POPULAR SOBRE PEMEX

Habrá consulta sobre Pemex en el DF; pide Ebrard rechazar plan calderonista.

Godoy se opone a la propuesta de gobernadores priístas de crear empresas mixtas
■ El funcionario capitalino solicitará al Congreso y mandatarios estatales que hagan lo mismo
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Ampliar la imagen Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el foro de debate celebrado ayer en la Cámara de Senadores Foto: Marco Peláez
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que el próximo 27 de julio se llevará a cabo una consulta popular en la ciudad de México con el propósito de que los ciudadanos de la capital del país decidan si están de acuerdo con la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se propone en las seis iniciativas de Felipe Calderón.
Al participar en el foro denominado Importancia del sector energético en el desarrollo nacional y regional, propuso que la consulta sea nacional y pidió desechar la reforma de Calderón. “Es una grave deshonestidad”, resaltó, querer rebasar la Constitución mediante leyes secundarias.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, también calificó de inconstitucionales las iniciativas de Calderón y se manifestó en contra de la creación de empresas mixtas con las que se pretende que los gobiernos estatales participen, junto con Pemex, en la refinación de petróleo y en la explotación de pozos abandonados, como plantearon en el mismo foro mandatarios locales de PRI y PAN.
Excedentes contra Carta Magna
Ebrard recalcó, de entrada, que la discusión no es sobre cómo se van a distribuir los recursos provenientes de los excedentes petroleros a los estados, sino lo que se pretende hacer con el artículo 27 constitucional.
El jefe de Gobierno recalcó que mediante subterfugios y con la modificación a la ley reglamentaria, en las iniciativas de Calderón se plantea sustituir el dominio exclusivo de la nación sobre los recursos petroleros para dejar en manos de particulares la refinación del petróleo, su distribución y almacenamiento.
Agregó que para justificar esa acción se presenta un diagnóstico “terrible” de Pemex, pero nada se dice de que la situación por la que atraviesa la paraestatal se debe a los últimos ocho años de administraciones panistas, que han encabezado la peor gestión de la empresa en toda su historia.
A su juicio, lo que primero tendría que hacerse es exigir cuentas a esos gobiernos que de 2000 a la fecha lograron que Pemex pasara de ser la quinta empresa petrolera más importante del mundo a la número 14, después de aplicar una política basada en incrementar la producción sin buscar más reservas.
“En los años de los precios más altos en la historia del petróleo, nunca México había tenido tantos recursos y nunca se había manejado tan mal Pemex.”
Ebrard explicó que nadie plantea que Pemex se quede como está, ya que requiere de cambios urgentes, pero ninguno de ellos tiene que ver con privatizar la empresa. También se refirió a la campaña mediática “que nos dice que para ir por el tesorito hay que permitir que lo hagan otros, porque nosotros no podemos”. Ese argumento, agregó, es insostenible, y expuso que es el mismo que se manejó después de la expropiación petrolera, cuando se aseguró que no había capacidad para desarrollar la industria y había que recurrir a empresas extranjeras.
Aludió a la privatización de la banca y a las ideas que se usaron para decir que México no podía con el sistema bancario, y preguntó: “¿Cuál es el resultado hoy? Que el sistema de pagos está en manos extranjeras y que estemos pagando 280 mil millones de pesos por intereses que no deberíamos erogar para el pago a las instituciones financieras y crediticias”.
Después anunció que el próximo 27 de julio se llevará a cabo una consulta popular en la ciudad de México; señaló que invitará al Instituto Electoral del Distrito Federal para que la conduzca y que propondrá al Congreso de la Unión y a los gobernadores que hagan lo mismo en sus respectivas entidades, con la finalidad de que todos los mexicanos puedan dar su opinión sobre una decisión “de la envergadura” de que la que debe tomarse en relación con Pemex.
Insistió en que no hay ningún argumento para eludir una consulta pública, salvo que se tenga el temor de que la mayoría de la población no esté de acuerdo con lo que se está planteando.
Ebrard insistió en que la situación actual de Pemex se puede corregir, “pero no tratando de cambiar el artículo 27 constitucional por la puerta de atrás”.
Si quieren discutir el 27, indicó, “hagámoslo de frente, hagamos un debate nacional sobre eso y si hay argumentos que se presenten, pero intentarlo con una ley secundaria es una grave deshonestidad”.
Por su parte, el también perredista y gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, se pronunció en contra de las iniciativas que presentó Calderón y de la propuesta que en voz de Fidel Herrera enarbolan gobernadores de PRI y PAN para participar en la privatización mediante alianzas estratégicas con Pemex, que permitan a los gobiernos de los estados refinar petróleo o explotar pozos petroleros.
“Como gobernadores debemos dejar en claro que a nadie conviene aprobar normas que contravengan principios constitucionales. Los gobiernos estatales somos garantes del pacto federal y de la soberanía nacional, por lo que reafirmamos que la defensa de la soberanía empieza por la defensa de sus recursos naturales.”
Godoy destacó que el gobierno federal ha utilizado los ingresos excedentes derivados del alto precio del petróleo en el mercado internacional para subsanar sus deficiencias de planeación y administración presupuestal, para realizar pagos de gasto corriente, intereses mal calculados y compromisos derivados del salvamento financiero.
No obstante, reconoció que el esquema de asignación de excedentes petroleros ha sido benéfico para los estados, aunque lo sería más si el reparto se diera con reglas claras y no con decisiones discrecionales.



EPR a Mouriño: Sí hay desaparecidos y presos políticos.

isaín mandujano
* El gobierno apuesta “al desgaste y olvido”, acusa

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 29 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reviró hoy al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño: el grupo rebelde aseguró que en México si hay presos y desaparecidos políticos, lo que no existe, dijo, es voluntad política del gobierno, que “le apuesta al desgaste y al olvido”.

En el editorial de su órgano de difusión, El Insurgente 106, el EPR denuncó que, a un año de la detención y desaparición de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz insisten en negar su responsabilidad, “con la pretensión de mantener a toda costa la impunidad en estos crímenes de lesa humanidad”.

En esta edición, en que compiló sus más recientes comunicados, el EPR indicó que “ante este crimen, la respuesta del gobierno de Calderón ha sido dilatoria, producto de su nula voluntad política para encarar la magnitud de ese delito, pretendiendo se diluya con el paso del tiempo y, con argucias legaloides, apostar al desgaste y al olvido”.

Las fotografías de los dos eperristas desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, ilustran la portada del número que está en circulación.

En el editorial, el EPR advirtió que “para el pueblo organizado y consciente, así como para nosotros los revolucionarios, no fructificará esta intentona del gobierno, porque aquí hay voluntad y disposición de seguir luchando por su presentación con vida de nuestros compañeros”.

Criticó, además, el actual debate sobre la reforma energética que se lleva a cabo martes y jueves en el Senado de la República.

Sostuvo que esos foros “sólo han servido para que los hombres de la ultraderecha lleguen a exhibirse tal cual son, agrediendo a quienes sostienen posiciones progresistas y nacionalistas”.

Así mismo, consideró que la soberanía nacional sigue estando en riesgo ante la insistente pretensión de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), en beneficio del capital oligárquico y trasnacional:

Señaló que la privatización de Pemex sólo se evitará con la combinación de diferentes formas de lucha, entre ellas la parlamentaria, la jurídica, así como la “resistencia popular”.

Y advirtió que si todo ello fracasa, el pueblo tiene el derecho de “hacer valer el artículo 39 constitucional”. Con este argumento, el EPR en anteriores ocasiones ha justificado la vía armada para cambiar la forma de gobierno en México.

Remachó: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y esto no es un mito ni tiene que ver con cargas y creencias ideológicas, solamente un ignorante y un retrógrada puede sostener semejante estupidez”.


Exige CNTE a la Corte resolución de amparos contra la Ley del ISSSTE

■ Ningún acuerdo, tras reunión con integrantes del máximo tribunal
Laura Poy Solano
Ampliar la imagen Aspecto de la manifestación que aglutinó este jueves a profesores disidentes y sindicatos Foto: Francisco Olvera
Con música de banda, pancartas y consignas, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon nuevamente en la capital del país para exigir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una resolución definitiva a los amparos interpuestos desde hace más de un año contra la Ley del ISSSTE, y advirtieron al gobierno federal que “mantener una política de oídos sordos a las demandas de miles de trabajadores del Estado profundizará la crisis social en México”.
Por ello, dirigentes magisteriales advirtieron que mantendrán sus movilizaciones en las próximas dos semanas, y de no obtener una respuesta satisfactoria, “convocaremos a una segunda marcha nacional el próximo 13 de junio, la cual concluirá con el traslado, frente a la sede del máximo tribunal, del plantón indefinido que mantenemos desde hace más de un año en la capital del país”.
La marcha, en la que participaron contingentes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Distrito Federal, Valle de México, entre otros, convocó a miles de profesores de zonas rurales y urbanas, en un acto de “repudio” a lo que llamaron una ley “criminal y perversa”.
Al grito de ¡Calderón entiende, el ISSSTE no se vende!, ¡Va a caer, va a caer, la tramposa de Elba Esther! y ¡ni un paso atrás, contra la reforma a la seguridad social! integrantes de la CNTE marcharon por avenida Juárez, hasta las inmediaciones de la SCJN, donde exigieron la abrogación inmediata de la ley y la salida de Elba Esther Gordillo Morales del gremio magisterial.
En un clima festivo, y a los acordes de Caminos de Michoacán, los profesores corearon consignas en contra de la aplicación de la nueva norma al afirmar que “nos condena no a un estado de indefensión en nuestra vejez y cancela el derecho de las nuevas generaciones a disfrutar de una vida digna, porque no sólo reduce las pensiones e incrementa la edad laboral para acceder a la jubilación, en los hechos, elimina de un tajo derechos sociales que llevó más de un siglo alcanzar”.
En el mitin frente a la sede de la SCJN, que permaneció resguardada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, exhortó a los docentes a mantener la “unidad en la lucha, porque sólo en un frente único que aglutine al magisterio, pero también a obreros, campesinos, estudiantes y sociedad en general, podremos derrotar no sólo la imposición de reformas a la seguridad social, sino a un sector prioritario, como el energético, y cuya defensa requiere la participación de todos los mexicanos”.
Con la presencia de Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y de contingentes representativo de los sindicatos Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, y diversas organizaciones sociales, los disidentes fueron recibidos por funcionarios de la Corte, sin que se alcanzara un acuerdo definitivo.


Rechaza Alta Comisionada de la ONU en México lo dicho por Soberanes
josé gil olmos
* Incalcaterra no quería irse para “disfrutar” de un mdd que le daría EU como parte de la Iniciativa Mérida, declaró el titular de la CNDH

México, D.F., 29 de mayo (apro).- La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechazó las aseveraciones de José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien aseguró que Amerigo Incalcaterra no quería irse del país porque quería “disfrutar” de un millón de dólares que le daría el gobierno de Estados Unidos como parte de la Iniciativa Mérida.



“Frente a afirmaciones recogidas por la prensa sobre la posible recepción y distribución de fondos relacionados con dicho plan por parte de ésta institución, la Oficina desmiente categóricamente tales versiones y desea informar a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento”, señaló en un comunicado la oficina de la ONU.

Incalcaterra, responsable de la oficina para derechos humanos de la ONU en México, dejó su puesto el viernes pasado en medio de versiones sobre presuntas presiones del gobierno de Felipe Calderón y del doctor Soberanes.

El gobierno federal y Soberanes se inconformaron por las declaraciones del diplomático italiano quien, desde su llegada al país, denunció la crisis de derechos humanos en el país, criticó el uso del Ejército para labores policiales y consideró “valioso” un informe de Human Rights Watch, en el que hizo una evaluación critica de la actuación de la CNDH.

Sergio Aguayo, defensor de derechos humanos, corroboró estas presiones oficiales, al publicar ayer una carta de Soberanes dirigida a la Alta Comisionada de la ONU, Louise Arbour, con fecha del 24 de marzo pasado, en la cual le pide tomar cartas en el asunto ante lo “inadecuado” del proceder de Incalcaterra.

En respuesta, en una gira por Durango el martes pasado, Soberanes dijo que el funcionario de la ONU se iba por otras razones: "Eso explica el coraje de Incalcaterra cuando le dijeron que se fuera: ya no iba a disfrutar de ese millón de dólares, y por eso se agarraba de uñas y dientes", acusó.

Soberanes argumentó que, entre las propuestas de la Iniciativa Mérida, “se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos por el equivalente a un millón de dólares, a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”.

Y cuestionó: “¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino además ilegal?".

Añadió que diversos grupos de presión, en México y en Estados Unidos, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. En este sentido, afirmó que, al igual que ocurrió con el Plan Colombia, “los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no".

Ante estas acusaciones, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió hoy un comunicado, en el que informa que, en relación con las propuestas en discusión en el Congreso de Estados Unidos en torno a la Iniciativa Mérida, “no ha tenido y no tiene ningún tipo de vinculación”.

Además, desmintió categóricamente las acusaciones del presidente de la CNDH, al afirmar que son “incorrectas y sin fundamento

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MEXICO, REPROBADO EN DERECHOS HUMANOS

El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI

■ Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma
■ Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”.
Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.
En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.
“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.
Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.
El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.
En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.
“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.
Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.
Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.
En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.
Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.
Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.
Con información de Fabiola Martínez

Reprobado
josé gil olmos
México, D.F., 28 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón ha sido puesto en el banquillo de los acusados por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. No hay una sola que le dé su aprobación. Al contrario, critican su falta de política en la materia y su desinterés porque se aplique la justicia, principalmente contra los militares que han incurrido en abusos contra la ciudadanía en su función de persecutores de la delincuencia organizada.

La comparación que se está haciendo del gobierno de Calderón no es nada agradable, pues se asemeja a las peores administraciones que tuvo el PRI, en las cuales la constante era la tortura, la violación a las garantías individuales, casos de desapariciones forzadas, la persecución por cuestiones políticas y la esquizofrenia de defender los derechos humanos en los foros internacionales, mientras que a nivel nacional es todo lo contrario.

A principios de año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos puso el dedo en la llaga al criticar la utilización de tropas militares para la persecución de los narcotraficantes. Louis Arbour, titular de ésta representación de las Naciones Unidas, consideró “inapropiado” darle esta función policiaca al Ejército y alertó del peligro para la población civil de abusos de los militares.

La muerte de civiles en los retenes militares de Sinaloa y Tamaulipas, así como los casos de violaciones a mujeres en Michoacán por soldados en un operativo contra el narcotráfico, dieron la razón a los representantes de la ONU.

Pero, en lugar de corregir, el gobierno de Calderón y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, criticaron y presionaron para que Amerigo Incalcaterra, representante en México de dicha oficina de las Naciones Unidas, saliera del país.

Este hecho, jamás desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, deja un antecedente muy preocupante para el gobierno mexicano, pues confirma la insensibilidad y la intolerancia de Calderón para con el tema de los derechos humanos.

Amnistía Internacional, por su parte, en su Informe Anual 2008 recriminó al gobierno de Calderón su indolencia para detener la práctica de la tortura, la corrupción, la impunidad, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en México y, aún más, el regreso de delitos considerados de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, como es el caso de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La respuesta del gobierno calderonista ahora fue descalificar las observaciones de la agrupación internacional, con sede en Londres. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño dijo que en México no hay “desaparecidos políticos” y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora puso en duda la veracidad de las observaciones hechas por Amnistía Internacional.

Human Rights Watch también ha hecho observaciones muy críticas sobre la situación de los derechos humanos en México, pero sobre todo a la actuación limitada y “decepcionante” de la CNDH que no ha ejercido todo su peso ni sus facultades para mejorar las condiciones.

Los juicios que a nivel internacional se han hecho a Felipe Calderón en materia de derechos humanos, no se habían formulado a los últimos presidentes.

Las organizaciones mexicanas de derechos humanos, como el Centro Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) advierten que esta deficiencia del gobierno federal se debe a la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos y la polarización social que provocó en su campaña electoral, en que utilizó la llamada “guerra sucia” de spots

Explican que, ante esta deficiencia, Calderón echó mano del Ejército para ganar legitimidad y, al mismo tiempo, combatir el narcotráfico. Pero que ante los nulos resultados obtenidos ha salido contraproducente el ejercicio de la fuerza militar, porque ni ha conseguido el reconocimiento social, ni tampoco ha logrado abatir al crimen organizado.

De ahí una de las causas de la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos en el país. Pero también está la ausencia de una política clara en la materia y el desinterés por aplicar la justicia en los casos en que soldados y policías han cometido graves faltas contra la población.

Por la actitud que ha mostrado el gobierno calderonista ante las críticas de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, es previsible que no veamos cambios en las políticas oficiales ni en la forma en que las autoridades vienen desempeñándose.

La intolerancia y la soberbia del gobierno de Calderón quedarán así demostradas. Mientras tanto, no se descarta que se sigan presentando casos de impunidad, tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de parte de policías, soldados y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Exige la Permanente a Carstens informe detallado sobre excedentes petroleros

■ Existen más de $56 mil millones, pero desconocemos cómo se administran: Pablo Gómez
■ Aprueba punto de acuerdo
■ También solicitan reporte sobre el destino de las erogaciones
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Ante una propuesta del PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, que remita a la brevedad a ese órgano legislativo un informe detallado sobre el total de recursos petroleros excedentes generados en el país a partir de 2000 y el destino que se ha dado a esos ingresos millonarios.
El senador perredista Pablo Gómez argumentó en favor del punto de acuerdo, porque, dijo, “es hora de que el Congreso conozca todo sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, creado a partir de 1999, ya que tiene informes de que contiene más de 56 mil millones de pesos, pero no se cuenta con un informe completo de su administración”.
El debate se dio en el contexto de la información difundida tanto por Hacienda como por Petróleos Mexicanos (Pemex) acerca de que no existen excedentes petroleros, porque la tercera parte se destinó al pago del subsidio a la gasolina.
“La danza de las cifras”
En la sesión, Gómez Álvarez se enfrascó en una discusión con el panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, sobre “la danza de las cifras”, ya que el perredista puso en duda la afirmación de que el subsidio a la gasolina es de 200 mil millones de pesos.
Preguntó: ¿cómo es que le subieron 50 mil millones de pesos a ese subsidio, que hasta hace poco el propio gobierno federal ubicó en 150 mil millones?, y acusó a los panistas de quererle “dorar la píldora”. Madero respondió que eran 200 mil millones, aunque luego rectificó.
Sostuvo que cada día se importan más de 400 mil barriles de gasolina, con un costo de 110 mil millones de pesos al año. A esto, agregó, hay que sumarle “el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) del costo de la extracción del petróleo en México contra lo que se vende y ahí se llega a los 150 mil millones de pesos en subsidio y déficit que tenemos en el tema de las gasolinas”.
Después Gómez Álvarez propuso el punto de acuerdo que fue aprobado por todas las fuerzas políticas, para solicitar al secretario de Hacienda que, a la brevedad, remita a la Comisión Permanente “un informe detallado respecto de los ingresos y egresos” del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros desde su conformación, para el ejercicio fiscal de 2000, hasta la fecha.
Se pide a Carstens que especifique el destino que han recibido las erogaciones con cargo a ese fondo, particularmente las relativas a la compra de coberturas financieras. Se trata de “dineros del pueblo”, por lo que el Congreso debe enterarse cómo se han administrado.
Ayer la Comisión Permanente recibió un informe de Pemex sobre sus “ingresos netos” durante el periodo enero-abril, en el que precisa que la paraestatal recibió 50 mil millones de pesos menos de lo programado debido al incremento en la importación de combustibles y el pago de derechos.
Madero detalló que, de acuerdo con ese informe, Pemex debía recibir en los primeros cuatro meses del año ganancias por 77 mil 888 millones de pesos, pero sólo obtuvo 27 mil 366 millones. Aseguró que eso no significa que la paraestatal tenga pérdidas, ya que sí recibió recursos adicionales.
Hubo un aumento en el pago de derechos, reconoció, toda vez que la contribución fiscal de Pemex al gobierno federal se elevó de 250 mil millones de pesos a 385 mil millones, debido a que el barril de petróleo se vendió por arriba de los 49 dólares estimados en el presupuesto.
El informe de Pemex fue turnado a la comisiones de Hacienda y Energía del Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con Madero, ese documento revela “que la reforma energética es impostergable, a fin de parar las importaciones de gasolina”.

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CONTINUA PLANTON

Oaxaca: Mantienen maestros por tercer día consecutivo los bloqueos.
pedro matías
Oaxaca, Oax., 28 de mayo (apro).- Mientras que representantes de la “Comisión negociadora ampliada” de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, viajaron a la ciudad de México para reunirse con una delegación del Comité Ejecutivo del SNTE, en Oaxaca, por tercer día consecutivo, los maestros bloquearon centros comerciales, instituciones bancarias y oficinas gubernamentales.

Ahora, los maestros bloquearon Plaza Oaxaca.

Con ello, resultaron afectados cerca de 120 comercios de las plazas del Valle y Oaxaca, cuyos dueños afirmaron que no tienen que ver nada con las demandas magisteriales, por lo que no deberían resultar afectados.

Sin embargo, los comerciantes de Plaza del Valle se enfrentaron verbalmente con maestros de la Sección 22, quienes los obligaron a cerrar sus negocios, debido a que los profesores llegaron alrededor de las 11 de mañana.

Los maestros reclaman la emisión de la convocatoria para el relevo de la dirigencia de la Sección 22; la libertad de los presos políticos; la cancelación de las órdenes de aprehensión y de los procesos jurídicos iniciados en contra de los maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); la segunda parte de la rezonificiación, además de desayunos, becas y calzado para escolares.

Además, los maestros bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa, donde impidieron que laboraran cinco mil burócratas, y tomaron la caseta de cobro de Huitzo para dar paso libre a los automovilistas que transitaban por la supercarretera Oaxaca-México.

Medina descarta al Ejército en las desapariciones

Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habló ayer de los avances sobre la desaparición de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Ya se descartó por completo, dijo, la hipótesis que apuntaba al Ejército mexicano como probable responsable de esas desapariciones, y sin querer entrar en más detalles, sólo indicó que “es un hecho que todo aconteció en ese estado (Oaxaca)”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario aseguró que la PGR aún no tiene certeza sobre si ambos eperristas están vivos o muertos.
–¿Hacia dónde apunta la investigación que lleva la PGR sobre esas dos desapariciones?
–No tenemos aún una determinación concluyente que nos explique el asunto. Sí podemos afirmar que hemos ya descartado muchas de las hipótesis que se manejaron inicialmente.
–¿Está descartado el Ejército?
–Absolutamente, está descartado; no tenemos ningún indicio, ningún indicador de participación de alguna institución federal.


Improvisación en la procuración de Justicia
Citlalli López
[03:14] El sistema de procuración de justicia del estado enfrenta serios problemas ocasionados por la falta de profesionalización, la burocracia y el régimen de usos y costumbres que son usados a conveniencia.
Así lo señaló la jefa académica del Colegio Libre de Estudios Universitarios CLEU), Edith Reffreger Ramos, quien señaló que la falta de peritos capacitados al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha ocasionado una pésima aplicación de la justicia.
La falta de preparación académica deriva en una mala integración de averiguaciones previas, lo que permite lagunas legales y que se deje en libertad a delincuentes. “Por un solo elemento puede echarse abajo un caso”, enfatizó.
La también perito y jurista egresada de la Barra Nacional de Abogados, aseguró que ninguno de los peritos en Oaxaca tiene una especialidad, ya que se hicieron en la práctica. De ahí que los peritos en el estado “sean peritos en todo y especialistas en nada”.
Reffreger Ramos, quien se desempeñó como perito en el Distrito Federal durante 8 años, indicó que en Oaxaca una misma persona hace los peritajes en dactiloscopía, balística, grafoscopía y en todo lo que se requiera, lo cual no da una certeza de sus investigaciones. “La falta de profesionalización ocasiona que no haya una buena integración de averiguación previa”, manifestó.
Por otro lado los peritos no se interesan en tener la formación académica y son pocos los que se actualizan.
Y es que hasta hace algunos años no existía la carrera para profesionalizar a los que se encargan de auxiliar al Ministerio Público y reunir las pruebas para integrar una averiguación previa con elementos sólidos y garantizar que un delincuente pague por el delito cometido.
Si el Ministerio Público no aporta elementos suficientes, el juez puede determinar inocencia, aún en caso de culpabilidad.
La también abogada indicó que la procuración de justicia en el estado es muy burocrática, pues incluso para sacar unas copias certificadas se tiene que notificar, “cuando son trámites que podrían agilizarse”.
A su juicio la justicia no es expedita “porque la carga de trabajo no lo requiere, aunque sí es una demanda ciudadana”.
Recalcó que faltan peritos especializados en la Procuraduría estatal.
Agregó que los sistemas de usos y costumbres son un freno para el sistema judicial porque los ciudadanos, al cometer un delito, se amparan en el sistema de usos y costumbres y se les permiten muchas violaciones a otras leyes; en este sentido la administración de la justicia se da a criterio del juez.
Insistió que la falta de profesionalización ocasiona que no haya una buena integración de averiguación previa”. Los peritos no se interesan en tener la formación académica y son pocos los que se actualizan, concluyó la especialista.


Flavio Sosa entregó a magistrados pruebas de la represión en Oaxaca

■ Durante dos horas rindió su testimonio como víctima de los hechos
Alfredo Méndez
La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga si hubo violaciones a los derechos humanos en el conflicto de 2006 en Oaxaca posee información certificada que documenta que autoridades federales, estatales y municipales afectaron las garantías de cientos de personas de esa entidad, informaron ayer integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Flavio Sosa y César Mateos, quienes durante dos horas dieron sus testimonios como víctimas de esos hechos ante los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, indicaron que los juzgadores cuentan con pruebas que supuestamente comprueban actos de tortura, violación a los derechos humanos y al debido proceso de quienes –como le ocurrió a Sosa– pasaron varios meses en prisión sin que se les pudiera comprobar responsabilidad penal alguna.
A su vez, la diputada federal Aleida Alavez, quien acompañó a Sosa y Mateos en su encuentro, reveló que a más tardar en septiembre próximo los magistrados emitirán un informe sobre la investigación del caso.
Al referirse al conflicto magisterial y social que inició en Oaxaca en 2006 por diferencias con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y que a la fecha continúa vigente, la legisladora perredista indicó que los magistrados deben abrir su espectro de investigación para que no queden impunes las autoridades que resulten responsables de esos hechos.
“Nosotros pedimos que toda esta información quede bien documentada, certificada, que haya de parte de la SCJN y de los magistrados que llevan la investigación esta solicitud a las autoridades para saber quién habilitó las órdenes para esta represión en Oaxaca; para que llegara la Marina, la Policía Federal Preventiva (PFP); para que se diera el traslado de los compañeros a penales de alta seguridad, cuando sus presuntos delitos son del fuero común, y para dar con los responsables de la violación constante de garantías de los presos, porque no se les hizo valer el debido proceso”, agregó la diputada.
Flavio Sosa reveló que durante la entrevista con los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar les entregó diversos expedientes “mediante los cuales pruebo que durante más de un año y medio estuve preso injustamente y se violaron mis garantías individuales y constitucionales, así como la de muchos oaxaqueños”.
Añadió que también presentó “una reseña general de cómo se desarrollo el movimiento de 2006 y 2007 en Oaxaca; documenté lo que considero que son las violaciones de casos individuales por tortura de decenas de compañeros y asesinatos de otros más; reseñé también las violaciones de la PFP; la complicidad de la clase política a escala nacional con el poder en Oaxaca, y les dije cómo el gobierno del estado ha usado los dineros para reprimir y contener un movimiento social en el cual se expresaron cerca de millón y medio de personas”.
Finalmente, César Mateos, de la comisión de prensa de la APPO, refirió que él fue reprimido severamente por agentes federales durante el conflicto de 2006, y refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le “practicó” el Protocolo de Estambul, en el que “se demostró que fue sometido a actos de tortura”.
La comisión especial para el caso Oaxaca tiene cómo limite el próximo mes de septiembre para ofrecer un resultado de la indagatoria prevista.

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EL PLANTON CONTINUA

Oaxaca: Sigue bloqueo de maestros al aeropuerto
pedro matías
* Mantienen tomada la caseta de la supercarretera a México y paralizan también las labores del gobierno estatal

Oaxaca, Oax., 27 de mayo (apro).- Por segundo día consecutivo, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon los accesos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, tomaron la caseta de cobro de la supercarretera Oaxaca-México, boicotearon las actividades comerciales en Plaza del Valle y paralizaron las labores del gobierno estatal, al acordonar la Ciudad Administrativa.

Al detallar lo anterior, el secretario de Organización de la Sección 22, Ezequiel Rosales Carreño, lamentó que, a nueve días de haberse instalado el plantón en el zócalo de esta ciudad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenga una actitud pasiva frente a sus demandas.

Por tal razón, Rosales Carreño llamó a los gobiernos federal y estatal a resolver las demandas del magisterio, y al SNTE, a emitir la convocatoria para el relevo de la dirigencia sindical sin condiciones. De lo contrario, advirtió que “el magisterio oaxaqueño emprenderá actividades cada vez más contundentes hasta lograr el cumplimiento total de nuestras demandas”.

Por lo pronto, Rosales Carreño adelantó que la “comisión negociadora ampliada” de la Sección 22 sostendrá mañana, en la ciudad de México, una reunión con una delegación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, para dar respuesta a su demanda central: la emisión de la convocatoria para el relevo seccional, lo que, dijo, podría ayudar a destrabar el conflicto magisterial.

En cuanto a la reunión con la Secretaría de Gobernación, dijo que todavía no hay fecha. Añadió que la asamblea estatal, que sesionará el próximo 31 de mayo, analizará las respuestas gubernamentales y determinará si se aprueban o se rechazan.

Sobre el llamado que hizo el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, para levantar el plantón, el dirigente sindical dijo que “sus declaraciones son respetables. Sin embargo, para hacer escuchar la voz de los trabajadores y del pueblo en general, es necesario recurrir a lo que marca la Constitución”.

Rosales Carreño dijo que las movilizaciones de hoy se iniciaron a las ocho de la mañana y culminaron a las tres de la tarde, y consistieron en el bloqueo al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y la carretera Oaxaca-Puerto Ángel y la toma de la caseta de cobro de Huitzo, donde se dio paso libre a los conductores en la supercarretera Oaxaca-México.

Además, se plantaron en el centro comercial Plaza del Valle y acordonaron la Ciudad Administrativa, por lo que unos cinco mil trabajadores suspendieron sus labores.

Por su parte, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitó al gobierno federal la reinstalación de una mesa de diálogo para resolver sus demandas, entre las que sobresalen: libertad de los presos políticos; la reparación del daño a los deudos de los asesinatos durante el conflicto en la entidad; la cancelación de las órdenes de aprehensión; la libertad absoluta de los procesados, y brindar garantías para el retorno de los exiliados.

Más: que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realice con estricto apego a derecho y no se politice; se castigue a los responsables de las desapariciones, asesinatos y violaciones a los derechos humanos en el estado y se realice juicio político a Ulises Ruiz.

Convocatoria por plantón: S-22; llega la delegación del Istmo
Iván Castellanos / Tiempo
[03:19] El secretario de Organización de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ezequiel Rosales Carreño, advirtió que si su dirigencia nacional entrega la convocatoria para el relevo seccional en la reunión que mantendrán hoy en la capital del país, el magisterio oaxaqueño analizaría levantar el plantón del Centro Histórico.
En tanto, maestros de la delegación de la Costa bloquearon de nuevo la Ciudad Administrativa, el crucero del aeropuerto, Plaza del Valle y permitieron el paso libre en la caseta de cobro de Huitzo, de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan; a las movilizaciones, sumaron el sitio a la Plaza Oaxaca.
Rosales Carreño indicó que han mostrado voluntad para llegar a acuerdos que terminen con el conflicto magisterial, pero hasta el momento no han obtenido las respuestas que requieren para levantar los plantones.
“Hemos tenido atención por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero no las respuestas esperadas, como la entrega de la convocatoria para la elección de su dirigencia estatal, lo que podría incrementar el tiempo del plantón y la jornada de movilizaciones”, afirmó el dirigente sindical.
El líder magisterial reconoció errores por parte de las autoridades, pero también los aciertos, como la atención para tratar de solucionar el conflicto; las respuestas oficiales han sido rechazadas por la asamblea ante los marginales avances.
En este sentido, advirtió que antes de que concluyan los 21 días de plantón programado analizarán los avances a su pliego petitorio por lo que podrían levantarlo.
Mientras, arribarán a la capital oaxaqueña los mentores de la región del Istmo de Tehuantepec, quienes continuarán con las protestas para presionar a las autoridades y a su dirigencia nacional en busca de respuestas que se requieren y que terminen el conflicto de este año.

Tiroteo en la colonia Alemán
Esteban Marcial
[03:19] Dos agentes de la Policía Federal Preventiva, (PFP), presuntamente adscritos al Área de Inteligencia, se enfrentaron ayer a balazos con policías de la Agencia Estatal de Investigación (Policía Ministerial) encuadrados en el grupo de robos.
El choque entre los uniformados dejó el saldo de un agente de la PFP herido y otro más detenido, así como también fue asegurado el auto marca Volkswagen tipo Bora, color vino en el que se desplazaban.
De acuerdo con datos extraoficiales, todo se originó ayer después de las 15:00 horas cuando los agentes investigadores Javier Felipe Rodríguez Cuevas, placa 253 y Benito Cruz González, placa 125, circulaban sobre el Periférico y al llegar frente al taller “Villanueva”, observaron que dos sujetos salían del establecimiento portando armas.
Debido a que los sujetos no llevaban el uniforme de alguna corporación, los agentes comenzaron a seguirlos al ver que abordaron un vehículo color vino, marca Volkswagen, tipo Bora, sin placas de circulación.
La persecución se dio por todo el Periférico y la avenida Símbolos Patrios, ya que los ocupantes del auto de lujo se negaban a detener su marcha.
Al verse topados por los policías estatales, esto en la calle de Vicente Guerrero de la colonia Alemán, los dos ocupantes del auto Bora descendieron de manera violenta y comenzaron a disparar contra los agentes estatales, que se parapetaron en su auto marca Nissan, tipo Tsuru, de color blanco.
Los disparos de arma de fuego alertaron a empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, quienes solicitaron apoyo de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, así como al lugar se presentaron compañeros de los agentes estatales de investigación.
En el intercambio de balas, uno de los agentes de la PFP, que se identificó como Hansel Alberto Noriega Zapata, de 26 años, resultó herido de un rozón de bala en el brazo derecho, en tanto su compañero Heladio Magaña Chablé, fue sometido por los agentes estatales.
El detenido y el auto en el que se desplazaban fue trasladado a la comandancia de la Agencia Estatal de Investigación ubicada en “Los Pinos”, mientras que el lesionado fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado al hospital general “Aurelio Valdivieso”.
Tras los hechos, un impresionante convoy de patrullas de la PFP se presentaron al hospital general para conocer de los hechos, así como también se presentó al nosocomio el procurador General de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien se negó a dar la versión de los hechos.

Una confusión: PGJE
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del estado detalló que el enfrentamiento entre los agentes estatales y federales fue producto de una confusión, “debido a la naturaleza de las investigaciones que realizaban las distintas policías, aunado a la situación de peligro que viven los policías y a los hechos delictuosos que últimamente se han vivido en territorio oaxaqueño”.
Y continúa: “Debido a la naturaleza de las investigaciones que las corporaciones policíacas realizan y la secrecía que debe guardarse, no obstante que existe coordinación entre las policías estatales y federales, no es posible que se conozca entre sí todo el personal operativo”.

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LA CARESTIA SIGUE.

Califica AMLO de “demagogia” el plan contra la carestía anunciado por Calderón

■ “A él lo impusieron y está atado de pies y manos”, señala durante una gira por Sinaloa
Alma E. Muñoz (Enviada)
Los Mochis, Sin., 27 de mayo. Cuando se le preguntó si las medidas contra la carestía anunciadas por Felipe Calderón son palos de ciego, Andrés Manuel López Obrador respondió: “Calderón ha demostrado ser incapaz y no puede hacer otra cosa, porque a él lo impusieron (en la Presidencia de la República) y está atado de pies y manos”.
Así que el anuncio que realizó el lunes pasado, afirmó, es “pura demagogia” y no va a frenar la carestía. Al contrario, sostuvo, “va a perjudicar más a México el querer abrir las fronteras para comprar alimentos en el extranjero, en lugar de echar a andar un plan para impulsar las actividades productivas y lograr la autosuficiencia alimentaria”.
El ex candidato presidencial continuó este martes su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. En esta entidad manifestó que el abandono de las actividades productivas y el empleo nacionales le preocupa mucho, lo mismo que Calderón insista en entregar los bienes de la nación a extranjeros.
Y ahora, primero ante seguidores de Los Mochis, después de Guasave y posteriormente de Culiacán, dijo que “el pelele”, junto con su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, “cínicamente” dicen que no hay excedentes petroleros. “Esto no es cierto, sí hay dinero recaudado por esa vía y nosotros vamos a exigir que se transparenten esos recursos”, porque desde que Vicente Fox estaba en el gobierno “no se sabe a dónde fueron a parar”.
“¡Rateros, rateros!”, gritaron algunos de los asistentes al mitin, pendientes del discurso de López Obrador.
“Ahora más que nunca, el gobierno está recibiendo dinero por la venta del petróleo; la utilidad que nosotros estimamos es de más de 100 dólares por barril y México está extrayendo tres millones de esos barriles diariamente; por extraer cada uno gasta cuatro dólares”.
Si la Cámara de Diputados fijó para este año el precio de cada barril en 49 dólares, y el costo supera los 100 significa que los excedentes petroleros son de alrededor de 20 mil millones de dólares”, añadió el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Con la privatización que del sector pretenden llevar a cabo, continuó, “nos van a conducir a que haya más inseguridad y violencia que no podemos permitir”, y si esto se consuma, agregó, “sería muy difícil sacar adelante a nuestro país de la pobreza y la marginación”.
Por eso, el dirigente pidió a los brigadistas de Sinaloa “no confundirse” y “no caer en el juego” que pretenden imponer las cúpulas del PRI y el PAN a partir de las sesiones de debate que se llevan a cabo en el Senado de la República donde, indicó, llevamos “5-0 a pesar de que hoy (jueves) nos quisieron hacer trampa y de ocho expositores nos dejaron dos”.
Esa mafia, indicó, “puede pensar que nosotros podemos ganar el debate y ellos la votación, como hicieron con el Fobaproa”, pero además –indicó– “yo no les tengo confianza a los políticos del PRI, porque ese partido y el PAN son lo mismo”.
Además, alertó sobre la posibilidad de que los del tricolor aparenten situarse entre Acción Nacional y los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por PRD, PT y Convergencia–, “cuando lo que hacen es negociar con la cúpula panista”.



Critican técnicos y científicos carencia de una reforma energética integral■ Debe eliminarse la corrupción y evitar efectos contaminantes de hidrocarburos: Mario Molina
Víctor Ballinas y Andrea Becerril


Mario Molina Henríquez, premio Nobel de Química, y los investigadores Gerardo Gil Valdivia y Odón de Buen Rodríguez, durante el foro de debate sobre las iniciativas en materia petrolera enviadas por el jefe del Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores Foto: Marco Peláez
Técnicos y científicos que ayer participaron en el quinto foro de debate sobre las iniciativas del presidente Felipe Calderón para modernizar Petróleos Mexicanos (Pemex) resaltaron que no se trata de una reforma integral energética ni se incluyen mecanismos para impulsar fuentes alternas de energía.
El premio Nobel de Química Mario Molina rechazó que las reservas de crudo estén por acabarse; “la atmósfera se nos acabará antes que el petróleo”, afirmó, y señaló, al igual que los investigadores Gerardo Gil Valdivia, Odón de Buen Rodríguez y Pablo Mulás, la necesidad de restructurar y modernizar Pemex para eliminar la corrupción y reducir los efectos contaminantes de los hidrocarburos en el medio ambiente.
Resaltó, sin embargo, que las iniciativas de Calderón “no representan la reforma energética integral de largo plazo como la que realmente se requiere para enfrentar con éxito los desafíos económicos y ambientales que hoy se nos presentan”.
Es un paso, falta otro
Aunque la expectativa del gobierno y los legisladores panistas era que Molina defendiera las iniciativas de Calderón, el premio Nobel sólo dijo que la propuesta “es un paso importantísimo” para mejorar el desempeño de Pemex, pero falta otro para enfrentar con éxito los desafíos económicos y ambientales. Incluso no respondió una pregunta sobre la necesidad de invertir capital extranjero en la paraestatal.
En la Cámara de Senadores, donde se realizan los foros de debate, Molina destacó que tienen una visión equivocada quienes aseveran que “es inminente el agotamiento del petróleo y que el calentamiento global es un problema que se puede atender después”.
El científico sostuvo ante los legisladores que “existen grandes reservas de energéticos fósiles en el mundo, no sólo petróleo y gas natural, sino también el carbón y las arenas bituminosas. Antes de que se acaben estas reservas se agotará la capacidad de la atmósfera para almacenar los gases de efecto invernadero sin responder con cambios climáticos externos. Con otras palabras: la atmósfera se nos agotará antes que el petróleo”, sostuvo.
Planteó la necesidad de que la paraestatal “sea más eficiente, productiva y competitiva en el ámbito internacional, esto es, que pueda competir al tú por tú con las empresas más eficientes y rentables del mundo”, y señaló que con los altos precios del petróleo, “que probablemente persistirán por mucho tiempo, deben destinarse ingresos adicionales a Pemex para fortalecerla y modernizarla; debemos dotar por fin a la paraestatal de los recursos y los instrumentos requeridos para cumplir bien con su labor, y que esté libre de corrupción, para así poder exigirle que mejore su desempeño”.
Insistió en que el factor más importante que explica el calentamiento global es el cambio en la composición química de la atmósfera ocasionado por el consumo de combustibles fósiles –carbón, petróleo, gas natural–, como consecuencia de la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, principalmente bióxido de carbono.
En tanto, Gerardo Gil Valdivia, quien ha sido académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, funcionario de Nacional Financiera y director general de Mexpetrol y de Time Kit, destacó que el sector energético debe ser analizado como un todo unitario y directamente vinculado con el ambiente.
También presidente de la sección mexicana del Club de Roma, sostuvo que la solución de la problemática petrolera de México pasa por la clara ratificación de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, como indica el artículo 25 constitucional, así como el dominio directo de la nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, el cual es inalienable e imprescriptible, así como de llevar a cabo la explotación de estos productos en los términos establecidos por la Constitución en los artículos 26, 27, 28 y 134.
Recordó a senadores y diputados que la tendencia internacional contemporánea es que las reservas petroleras sean manejadas por empresas públicas de los países que las poseen o que salen a buscarlas a terceras naciones.
Un aspecto básico de la reforma, indicó, es el de una profunda transformación de Pemex en auténtica empresa pública, y debe lucharse contra la corrupción “para rescatarla de los intereses particulares, en función de lograr un bien mayor, el interés general de la nación”.
Por su parte, el investigador Odón de Buen hizo una solicitud al Congreso y a los poderes del Estado mexicano para que, como se hace ahora con el petróleo, se inicie la construcción de las alternativas para el México pospetrolero.
Explicó que para reducir la dependencia petrolera se han ido encontrando alternativas. Así, por el lado de la oferta, además del gas natural, las energías renovables como la eólica, la solar, la bioenergía, la hidroeléctrica y la geotermia pueden contribuir, en altísimo porcentaje y a costos competitivos, a la sustitución del petróleo.
Mientras, el académico del Instituto de Investigaciones Eléctricas, Pablo Mulás del Pozo refirió que Abdallah Jumah, presidente y director general de Aramco –la empresa de Arabia Saudita que más petróleo produce en el mundo, con más de 10 millones de barriles diarios– en el Congreso Mundial de Energía afirmó que por cada punto porcentual de aumento en la recuperación promedio mundial, las reservas probadas globales se incrementan en aproximadamente 80 mil millones de barriles.
“Esto es equivalente aproximadamente a todo el recurso potencial de petróleo en México”, subrayó.
Considerando esas cifras, agregó, “tarde o temprano reduciremos el uso de combustibles fósiles antes de que éstos desaparezcan de la naturaleza, con base en nuevas formas de generar el mismo resultado, forzados también por el entorno”.

Pemex debe ser menos vulnerable, más eficaz y menos corrupto”: Mario Molina
jenaro villamil
* Quinto debate sobre la reforma energética en el Senado

* Francisco Rojas insiste: No se debe abrir a la inversión privada áreas estratégicas como la refinación.

México, D.F., 27 de mayo (apro).- La realidad de la crisis ambiental que enfrenta México apareció en el Senado de la República, cuando el Premio Nóbel de Química, Mario Molina, advirtió que “la atmósfera se nos agotará antes que el petróleo”.

Al participar en el quinto debate sobre la reforma energética, Molina insistió en la necesidad de buscar fuentes alternas de energía, ausentes en las iniciativas presidenciales.

Experto en el tema del calentamiento global, Molina afirmó que hace falta una visión integral que incluya las fuentes alternas de energía. Dijo que el problema ambiental es un “asunto prioritario” y, aunque no se pronunció explícitamente en favor de las iniciativas, subrayó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede ser una empresa vulnerable, dominada por la burocracia, la corrupción y sin recursos.

Durante la quinta sesión del debate petrolero, denominada “Transición y Seguridad Energética”, el exdirector de Pemex, Francisco Rojas, insistió en que no se debe abrir la inversión privada en áreas estratégicas, como la refinación. Afirmó que es necesario “despetrolizar paulatinamente” las finanzas públicas y señaló que no se debe caer en “falsos debates” sobre los contratos que violan el artículo 27 constitucional.

Añadió: “Hemos hecho de Pemex la crónica de una muerte anunciada”.

El también presidente de la Fundación Colosio prosiguió: “Efectivamente, hay contratos que violan el artículo 27, pero eso no quiere decir que continuemos impulsándolos”.

Rojas debatió con el exrector de la UNAM, Francisco Barnés, quien defendió la apertura a la inversión privada. “México, tarde o temprano, tendrá que abrir el negocio de la refinación al capital privado, pero antes debemos saber hacia dónde queremos llegar”, dijo Barnés.



En la misma sesión participó el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien expresó su oposición a las iniciativas calderonistas debido a los malos antecedentes en la apertura eléctrica. Fue el único en criticar “el desdén” hacia los dirigentes petroleros que no han sido invitados a participar en el debate.

El embajador Jorge Navarrete fue el más crítico con las cinco iniciativas enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón. Dijo: “Se postula, sin demostrarlo, que Pemex no tiene la capacidad para garantizar la seguridad energética del país”. Navarrete fue el único de los ponentes en referirse a la necesidad de llamar a una consulta popular para acordar la reforma.

“A mi juicio, no existe un mandato popular que dé sustento a una iniciativa de reforma por el enorme déficit de legitimidad” del gobierno federal, advirtió.

El cambio climático

El debate de hoy tuvo dos ejes fundamentales: la viabilidad de Pemex bajo las reformas planteadas por Calderón, y los riesgos del cambio climático, originados por el uso y abuso de los hidrocarburos fósiles.

Mario Molina, Francisco Barnés y Jorge Eduardo Navarrete abundaron sobre este tema, aunque desde ángulos distintos. Demandaron cambiar “el paradigma” dominante del consumo intensivo del petróleo.

Molina indicó que actualmente existe 30% más de bióxido de carbono en la atmósfera que lo existente durante 600 mil millones de años, debido a la combustión de hidrocarburos fósiles. Insistió que se debe lograr una disminución de al menos 50% en el consumo de petróleo. Molina abundó en “medidas simultáneas” al fortalecimiento de Pemex, incluyendo otras fuentes alternativas, como la eólica, la nuclear y el etanol. Y dijo que es equivocada la versión del “inminente agotamiento de las reservas del petróleo”.

“Todos debemos estar de acuerdo que nuestra industria petrolera dependerá de que Pemex sea menos vulnerable, más eficaz y menos corrupto”, insistió.

Navarrete, propuesto por el Frente Amplio Progresista (FAP), abundó sobre el concepto de “seguridad energética”. Señaló: “Se ha puesto de moda un falso concepto de seguridad energética que depende de la satisfacción inmediata en el consumo de gasolinas y de electricidad”.

Consideró que el “paradigma depredador” es el que depende de los requerimientos energéticos de Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del mundo. “Las reformas garantizan las demandas de Estados Unidos, no la seguridad energética mexicana”, subrayó el diplomático.

La defensa de Rojas

En la primera parte del debate, Carlos Rojas confrontó posiciones con Francisco Barnés, pero en la ronda de preguntas de los legisladores, los panistas le “cobraron” al funcionario que estuvo al frente de la paraestatal durante ocho años sus críticas a la reforma energética calderonista.

Rojas, contador público de profesión, hizo sus propias cuentas para indicar que, contra la afirmación de Barnés, existen suficientes recursos para construir dos nuevas refinerías. Calculó que Pemex tendrá un superávit primario de 160 mil millones de pesos, y si se eliminara el subsidio de 50 mil millones de pesos a las gasolinas, erogados en el primer trimestre, darían un total de 360 mil millones de recursos disponibles en un año.

“Las refinerías costarían 200 mil millones de pesos y todavía nos quedarían 150 mil millones de pesos”, indicó Rojas.

Rojas reviró que es factible destinar recursos para construir las refinerías, siempre y cuando se reduzca la carga fiscal de Pemex. “El problema de la falta de recursos financieros no es tal”, insistió.

Sobre el caso de Deek Park, Rojas se remitió a 1991 cuando se cerraron las refinerías de Azcapotzalco y Poza Rica. Explicó que se trató de un esquema de inversión que sirvió para enfrentar la crisis del crudo Maya. “Era evidente que, para su momento, fue una buena inversión, fue rentable y fue bien hecha”, sentenció. El exfuncionario en la administración salinista afirmó que Pemex es una empresa de clase mundial y que también tuvo inversiones en Repsol. Reveló que la paraestatal estuvo en posibilidad de quedarse con la mayoría de las acciones de Repsol, entonces empresa mayoritariamente estatal.

Duramente cuestionado por legisladores del PAN que criticaron su posición confrontándola con su paso por Pemex, Rojas afirmó que durante su administración se realizaron “muchas privatizaciones”. “La única diferencia es que todas estas áreas no tenían qué ver con las áreas estratégicas, protegidas por el artículo 27 constitucional”, dijo Rojas.

El debate fue la primera ocasión en la que Francisco Rojas y Francisco Labastida, ambos priistas, pero con posiciones contrarias en materia de reforma energética, protagonizaron un sutil intercambio público de recriminaciones.


México tardará 55 años en llegar al bienestar de los desarrollados■ La desigualdad aumentó en el mundo, y parte de la responsabilidad es de la globalización, afirma un informe elaborado por diversos expertos y auspiciado por el Banco Mundial
Roberto González Amador
Ubicado a la zaga del crecimiento económico entre los principales países en desarrollo, México tardará por lo menos 55 años, el lapso que cubren dos generaciones, para asomarse a los niveles de bienestar que gozan hoy los países industrializados. Esta es una de las conclusiones más contundentes de un informe internacional sobre el crecimiento y la inclusión social, auspiciado, entre otras instancias, por el Banco Mundial. Además del largo plazo considerado por el reporte para que el país logre colarse a las grandes ligas del desarrollo, existe una condición para que la previsión se cumpla en el tiempo señalado: que la economía mexicana crezca al menos 4 por ciento en promedio anual, una tasa que no han logrado los últimos tres gobiernos, incluidos los años que ha gobernado el Partido Acción Nacional.
El Informe sobre el crecimiento: estrategias de desarrollo sostenido y crecimiento inclusivo, llega a la conclusión de que la desigualdad aumentó en el mundo y parte de la responsabilidad de que ello ocurriera radica en la globalización de la economía.
“Gran parte del aumento en la desigualdad se atribuye a la globalización. El resultado es un creciente escepticismo acerca de los beneficios de la globalización, tanto en los países en desarrollo como desarrollados”, indica el informe, elaborado durante dos años por una comisión de expertos, ex dirigentes y académicos, sobre todo de países en desarrollo. La Comisión de Crecimiento y Desarrollo fue auspiciada por el Banco Mundial, la Fundación Hewlett, y los gobiernos de Australia, Holanda y Reino Unido.
En el informe, publicado la semana pasada, se menciona que México, con un ingreso promedio por habitante de 9 mil 967 dólares en 2006, ha logrado una modesta tasa de crecimiento económico de 2.4 por ciento en promedio anual durante los últimos 10 años. Si el país lograra sostener un incremento de al menos 4 por ciento cada año de su producto interno bruto (PIB) serían necesarios 55 años, dice, “para que alcanzara el nivel de ingreso que tienen los países industrializados”.
La larga espera para acceder al bienestar puede parecer más larga a la luz del desempeño reciente de la economía, precisamente en el periodo en que la estrategia oficial se ha enfocado más a insertar a México en la “globalización”, como se asienta en los planes gubernamentales desde la administración del presidente Ernesto Zedillo –uno de los participantes en la comisión redactora del informe– hasta la actual de Felipe Calderón.
Entre 1995 y 2000, periodo que comprende la gestión de Ernesto Zedillo, el PIB tuvo un crecimiento de 3.2 por ciento en promedio anual; en los años que gobernó Vicente Fox, de diciembre de 2000 a noviembre de 2006, la economía repuntó a una tasa promedio anual de 2.38 por ciento, y en el primer año de Calderón el avance fue de 3.8, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Para 2008, segundo año de la actual gestión, los pronósticos más optimistas ubican el crecimiento del PIB en 3 por ciento.
A China le llevará 23 años y a Argentina 17
Con el caso de México contrasta el de China, que desoyó las recetas económicas de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial. En la última década, indica el informe, el país asiático creció a una tasa promedio anual de 8.3 por ciento. Si logra mantener al menos un crecimiento de 4.7 por ciento en promedio anual requerirá de 23 años, menos de la mitad de México, para “alcanzar el nivel de ingreso que tienen los países industrializados”, añade el documento.
También es de destacar el caso de Argentina, país que en 2001 cayó en bancarrota y que, según el documento, necesitará sólo 17 años de crecer a un ritmo promedio de 3.5 por ciento anual, para alcanzar un nivel de ingreso similar al de países industrializados. Esa nación sudamericana tiene hoy un ingreso por habitante de 13 mil 652 dólares.
En cambio, Brasil, el país con la mayor economía de Latinoamérica, seguirá lastrado por la desigualdad social. El informe plantea que requerirá 119 años, si logra crecer a una tasa promedio anual de 4.4 por ciento, para lograr un ingreso por habitante similar al de los países avanzados.
En todos los casos el reporte calcula los años que requerirá un país en desarrollo para que sus habitantes alcancen un ingreso de nación avanzada a partir de la tasa máxima de crecimiento anual que ha logrado en la última década.
Corea del Sur fue uno de los países más pobres de Asia. Hoy es uno de los más ricos y tiene un nivel de vida similar al de Eslovenia, Israel o Arabia Saudita y superior al de República Checa, Omán o Portugal.
El informe añade que Corea del Sur es uno de los sólo 13 países que lograron llevar a cabo una especie de milagro económico en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, con un crecimiento de 7 por ciento o más durante al menos 25 años consecutivos. En ese grupo no está México. Aparecen: Botswana, Brasil, China, Hong Kong (antes de pasar a soberanía de Beijing), Indonesia, Japón, Malasia, Malta, Omán, Singapur, Taiwán y Tailandia.
“Si los gobiernos y organizaciones internacionales hicieran los esfuerzos necesarios, los beneficios de la economía mundial podrían distribuirse de manera generalizada entre las naciones y al interior de ellas”, dice. “Las ganancias netas en materia de bienestar generadas por la apertura proporcionan gran cantidad de recursos para compensar a las víctimas de la globalización, siempre y cuando los gobiernos tengan la voluntad política de manejar el problema. Hasta este momento, la retórica concuerda con esta prioridad, pero no las acciones”.
Es probable que los gobiernos deban cambiar sus políticas internas para apoyar de manera más decidida una economía mundial abierta, agrega el informe. Ello podría significar la adaptación de las medidas de protección social, los sistemas de seguro social y los sistemas tributarios del país.
“El enfoque alternativo es claramente peor: consistiría en conservar los sistemas nacionales como en naftalina y huir de la economía mundial”.

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PLAN MILITAR DEL IMPERIALISMO.

Plan México, como el Plan Colombia, es para fortalecer a los militares, no para acabar el narcotráfico.

Pedro Echeverría V.
Rebelión

1. El Senado de EEUU aprobó la Iniciativa Mérida (mejor conocida como Plan México) pero condicionándola. Por eso el senador Patrick Leahy afirmó que “es fundamental” que tales medidas sean condicionadas, dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas y policíacas de México y países centroamericanos. Otorgó 350 millones de dólares a México, como la primera de tres entregas de fondos a esa nación. “Durante años hemos capacitado fuerzas policíacas mexicanas y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar”. Fuerzas militares y policíacas mexicanas tienen una larga historia de violaciones de derechos humanos –incluidas detenciones arbitrarias, tortura, violaciones sexuales y asesinatos extrajudiciales– por las cuales casi nunca han sido responsabilizadas
2. O sea, EEUU firmó el Plan México de “ayuda militar” conociendo con profundidad la enorme corrupción existente entre el gobierno y el ejército mexicanos; por ese motivo condicionó su puesta en práctica. La realidad es que EEUU le juega (como México) al combate contra el narcotráfico, pero su objetivo principal es el combate contra lo que llama “terrorismo” y toda política radical de oposición. Tanto el gobierno de Bush, como el de Calderón, saben que es imposible acabar con el narcotráfico porque siempre ha representado una gran fuente de ingresos y de riquezas para los mismos gobiernos y empresarios ligados a él. Con el Plan México los EEUU aseguran, supeditan, atan más al gobierno y ejército mexicanos para ser incondicionales a sus políticas. Los asesores militares norteamericanos conocen la enorme importancia que tiene que el ejército, apoyado por el gobierno, esté ocupando decenas de estados de la República y miles de poblados. Esta iniciativa calderoniana, según EEUU, merece todo el apoyo del Plan.
3. ¿No se recuerda acaso que el secretario de Estado Foster Dulles hace medio siglo afirmaba: “los Estados Unidos no tienen amigos sino sólo intereses”? Pues hace algunos años otro alto funcionario (esta vez de la administración de Bush) señaló: “sabemos que en varios países nuestro gobierno apoya a dictadores, pero son nuestros dictadores”. Es decir, para asegurar el dominio del imperio en política se vale de todo. Si EEUU invade países, los bombardea y luego saquea sus riquezas, cualquier dictador es menos asesino que él. Con esos principios ideológicos se ha manejado la política estadounidense: “lo que conviene a los EEUU es lo que conviene al mundo”. El imperio yanqui, que lleva un siglo dominando al mundo, a pesar de que ahora comienza a declinar, no puede perder oportunidad alguna para crear bases militares propias o países totalmente a su servicio. En 1947 clavó a Israel en una gran zona árabe para utilizarlo como base de sus maniobras y en la última década ha usado a Colombia como punta de lanza en América.
4. En Yucatán no olvidaremos la firma de la llamada Iniciativa Mérida porque ese día, martes 13 de marzo de 2007, el ejército, que disfrazado de policía (custodiaba la ciudad porque Bush y Calderón estaban reunidos en la hacienda Temozón Sur firmando ese Plan México de ayuda militar) reprimió y encarceló, con gran brutalidad, a 48 jóvenes y adultos que protestábamos contra su visita. Así que el Plan México, en el momento de su firma, fue ejemplarmente festejado por Calderón con una salvaje represión contra jóvenes trabajadores y estudiantes universitarios. Mérida es la ciudad capital del estado de Yucatán. Cuenta con 900 mil habitantes de los cuales el 70 por ciento vive en la pobreza y la miseria; es una de las ciudades más conservadoras de la República en las que las protestas políticas son escasas y de muy poca participación. Por eso Calderón escogió a esta ciudad, a mil 500 kilómetros de la Ciudad de México, para recibir a Bush.
5. Para combatir el narcotráfico, pero también a la oposición, el Gobierno mexicano tiene como principal herramienta a los militares. El Plan México puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar a la sociedad civil frente al sector militar. El plan de “cooperación” se basa en entregar el primer año 400 millones de dólares, 350 millones a México y 50 millones a Centroamérica. El Plan se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción.
6. La secretaria de Relaciones, por su parte, declaró que México puso como condición a Estados Unidos que los equipos recibidos sean operados por mexicanos, ya sea del Ejército, de la Marina o la policía; pero reconoció que los mexicanos sí recibirán capacitación en EU. Se identificaron tecnologías de punta, entrenamiento y equipos que en el marco de un programa de cooperación contribuirán a los esfuerzos de México en tres áreas: lucha antinarcóticos, combate al terrorismo y administración de fronteras; seguridad pública y procuración de justicia, y el fortalecimiento institucional y aplicación de la ley. Se enlistó a ocho helicópteros de transporte, equipo logístico, partes y paquete de entrenamiento; 87 scanner de ion manuales para el ejército y la fuerza aérea; y dos aviones de reconocimiento cada uno equipado con el equipo de la guardia costera) para la Armada, así como millones de dólares para modernizar su base de datos y de verificación de información, formas digitalizadas de migración para ser usados en la frontera sur de México.
7. Sin embargo, estudiosos de El Plan Colombia han demostrado que estos planes disfrazados de ayuda son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico. El plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Sin embargo, señalan los especialistas, ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza. Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos directos del ejército en México durante más de 18 meses, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.
8. Eso espera el presidente ilegítimo Calderón con el Plan México. Hay que reconocer que sí hay combate contra el narcotráfico pero buscando la espectacularidad y la publicidad; sin embargo la realidad dice otra cosa: encarcelamiento de cientos de humildes indígenas que por desempleo, hambre y miseria se ven obligados a colaborar como asalariados; pero, por otro lado, protección militar y policíaca abierta a los más altos jefes del narcotráfico. Mientras tanto se construye, como en Colombia, la teoría de la unión del narcotráfico con la guerrilla o con las luchas campesinas y ciudadanas de masas como las de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán. Calderón, los empresarios y la clase política, usando a los medios de información a su servicio, no han dejado de hacer llamados de unidad por el gran interés de la patria o de la nación. Pero ya nadie cree en esos cantos de sirena que sólo buscan fortalecer el aparato militar.

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