ATAQUE A LA LIBRE EXPRESION

Desmantelan en NL radio comunitaria


David Carrizales (Corresponsal)
Monterrey, NL., 6 de junio. Unos 120 efectivos de la Policía Federal Preventiva, provistos de armas largas, irrumpieron esta noche en las instalaciones de radio comunitaria Tierra y Libertad, emisora de un vatio de potencia, con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases populares al poniente de la ciudad.
Así lo denunció Héctor Camero Haro, responsable de la estación, quien fue uno de los fundadores del Frente Popular Tierra y Libertad.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló en un boletín que la operación se dio debido a que la emisora operaba sin concesión legal en Monterrey, Nuevo León.
En el operativo, efectuado en la calle 18 de febrero 6945, detuvieron a una persona encargada de transmitir la señal, la cual fue presentada ante el agente del Ministerio Público federal.
La diligencia se efectuó luego de una denuncia presentada por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación, la cual consignó el uso ilegal de dicha señal sin concesión.
En el inmueble se incautaron dos equipos de cómputo, un transmisor, una consola, tres micrófonos y una antena.
Las autoridades señalaron que la radiodifusora no cumplió con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales que en sus artículos 149 y 150 establece sanciones que van de dos a 12 años de prisión, y multas de 300 a mil veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien de la nación, sin haber obtenido la concesión o permiso, o celebrado algún contrato con la autoridad competente.
Apenas este miércoles, la PGR, la PFP y la Cofetel desmantelaron otra estación de radio que operaba sin los permisos correspondientes y de forma irregular en Nuevo Laredo, Tamaulipas.





Plan Mérida, la ruta del fracaso

jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- Felipe Calderón creyó que el Plan Mérida estaba asegurado cuando acordó con su homólogo estadunidense, George Bush, el inicio de negociaciones, en las que detrás del paquete de ayuda, lo significativo era el entendimiento político entre las dos administraciones en el tema del narcotráfico.



En un declarado respaldo político de Bush a la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico, los dos Ejecutivos se sumaron, en marzo de 2007, a la iniciativa lanzada dos meses antes por el representante (diputado) demócrata por Texas, Henry Cuéllar.



La propuesta, que entonces empezó a identificarse como Plan México, fue respaldada y firmada por Silvestre Reyes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.



Con el claro respaldo político de Washington, la tarea del gobierno mexicano era la de buscar el respaldo de los grupos de presión que operan e influyen en los congresistas estadunidenses con el propósito de concretar una alianza política de los dos países en contra del narcotráfico.

El objetivo, desde luego, eran los propios legisladores y los centros de pensamiento que elaboran propuestas de políticas públicas para Estados Unidos, incluidas aquellas relacionadas con la política exterior.



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estaba llamada a hacer ese trabajo, tanto desde sus oficinas en México como en la embajada de México en Washington.



Al embajador José Sarukhán le correspondía ser el operador de las negociaciones. Por parte de México, en él descansaba el curso de las conversaciones no sólo respecto del contenido del paquete “de ayuda”, sino a que éste no se empantanara en el Congreso estadunidense, como ocurrió.



Desde el momento en que los legisladores estadunidenses decidieron “colear” la Iniciativa Mérida al presupuesto para las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, era claro que los recursos, así fueran mínimos, exigirían la supervisión del Capitolio.



Conocidos sus desacuerdos con la titular de la SRE, Patricia Espinosa, el embajador se encargó de hacer un trabajo según su entender. En el mejor de los casos, fue testigo de lujo de las disputas interburocráticas respecto de las peticiones que hacían las autoridades civiles y militares.



Peor aún, le ganó el protagonismo. En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Sarukhán, en octubre pasado, reveló que, como resultado de las negociaciones, México aportaría siete mil millones de dólares para financiar la Iniciativa en los próximos tres años.



La revelación, extraña en un diplomático que sabe que estaba siendo escuchado a nivel nacional, ocurrió luego de que Bush le pidiera al Congreso financiar la Iniciativa con mil 400 millones de dólares durante el mismo periodo.



Luego de que la Cámara de Representantes aprobara un paquete de 400 millones de dólares, en mayo pasado el Senado propuso que la ayuda para el primer año sólo fuera de 350 millones, condicionada a que las dependencias mexicanas receptoras de la ayuda rindieran informes a Estados Unidos sobre el uso del equipo y tecnología previsto en el paquete.



La condición afecta en especial al Ejército y a la Marina, cuyos mandos ahora tampoco pueden llamarse a engaños respecto de las excesivas pretensiones del Congreso estadunidense.



Ante el amplio rechazo en la opinión pública mexicana a la actitud del Capitolio, fue hasta dos semanas después que el gobierno de Calderón recurrió a un falso nacionalismo –inverosímil en su gobierno– para rechazar el condicionamiento.



Calderón no podía esperar otra posición de los legisladores estadunidenses, pero en un intento de convertir en virtud el fracaso de la operación política y diplomática de su gobierno, se lanzó en contra de quienes tarde o temprano tendrá que buscar si es que en verdad quiere el respaldo estadunidense.



Además, lo hizo con su peor carta: su carente de credibilidad secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuyos reclamos sencillamente fueron desoídos por los estadunidenses, quienes sólo respondieron luego de que la desdibujada secretaria de Relaciones Exteriores abrió la boca.

Aún ahora, el gobierno estadunidense mantiene su apuesta política con Calderón, pero no puede hacer nada ante la falta de oficio del gobierno mexicano. (6 de junio de 2008)


Débiles y hasta falsos los argumentos de Gobernación contra la consulta: Ebrard■ En temas trascendentales se requiere menos hígado, responde el GDF a Cabeza de Vaca
■ Su carta evidencia que no hay voluntad para preguntar a mexicanos sobre la reforma energética
Ángel Bolaños Sánchez
Como débiles, insostenibles y falsos consideró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, los argumentos de la Secretaría de Gobernación para impugnar la consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética, que prevé realizar el próximo 27 de julio.
Advirtió que cuando se trata de una decisión que incide en el futuro del país, “se necesita que haya prudencia, sensatez, sangre fría y menos hígado; se consulta al pueblo y se acabó el asunto; nos atenemos a lo que nos diga la población”.
En respuesta a la carta del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, en la que advierte que realizar dicha consulta significará una intromisión en facultades exclusivas del Congreso de la Unión, el mandatario capitalino dijo que el escrito evidencia “de manera muy clara” que no hay voluntad política en el gobierno federal para preguntar a los mexicanos sobre la reforma energética.
En entrevista, luego de inaugurar un centro de atención del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ebrard no sólo consideró débiles los argumentos expresados por Cabeza de Vaca en dicha carta –como los que han señalado otros funcionarios federales, legisladores y dirigentes del PAN–, sino que resultan hasta insostenibles y falsos, como el de que la consulta es contraria a la Constitución o que podría generar caos y violencia social, precisó.
“A mí me llama la atención que se diriman argumentos tan débiles como los que nos enviaron, en el sentido de que la ley no prevé dicha figura, o inclusive, como dijo el propio titular de la Secretaría de Gobernación, que podría ser contrario a la Constitución.
“Ese argumento es insostenible, es falso, y ellos lo saben perfectamente bien, puesto que está previsto en la Constitución –que es el espíritu de la propia norma máxima que tenemos– que nuestro sistema es democrático, y tratándose de un tema que a todos nos interesa, que tiene que ver con nuestro patrimonio, no hay ningún impedimento para realizar una consulta de esa naturaleza”.
Por ello, el gobernante capitalino dejó en claro que en la ciudad de México y conforme a la legislación local, la consulta se realizará el próximo 27 de julio, porque “no hay ningún razonamiento lógico o legítimo para impedirlo”.
Advirtió que en la oposición a la consulta se está incurriendo incluso en viejos argumentos muy conservadores, como el de que el pueblo no puede opinar porque se trata de temas demasiado complejos.
“A mí me extraña, porque el Partido Acción Nacional, hasta ahora, y muchos de los que hoy se oponen a que se haga la consulta, habían sustentado una línea totalmente opuesta, es decir, en favor del plebiscito, del referendo, de la participación ciudadana, y ahora han dado un giro muy sobresaliente en su postura; están sustentando lo contrario a lo que promovían”, resaltó.
Es falso –insistió– el argumento de que no se puede hacer una consulta a escala nacional porque no está prevista en la ley; “si hubiese voluntad se podría hacer sin ningún problema”.
–Entonces, ¿por qué tanto miedo? –se le preguntó.
–No quieren que la gente se entere, no quieren que se informe, ¿qué otra razón puede haber? –cuestionó.
“Una consulta obliga a informar a los ciudadanos sobre lo que se está consultando, cuál es la decisión principal que se busca que se tome en el país. Cuando se trata del futuro de México, lo que se necesita es que haya prudencia, sensatez, sangre fría y menos hígado; se consulta al pueblo y se acabó el asunto, nos atenemos a lo que nos diga la población”.