LA DEMAGOGIA DE LOS PRECIOS.

■ Muchos insumos ya han sido retiquetados: líderes sindicales
Es insuficiente y tardío congelar precios de alimentos: legisladores
■ Organizaciones campesinas alertan contra posible acaparamiento
(Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Carolina Gómez, Patricia Muñoz y Matilde Pérez)
Legisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, aunque tiene un buen propósito es insuficiente, pero sobre todo es tardío, pues la mayoría de los insumos ya han sido retiquetados en diversas ocasiones desde que comenzaron las alzas, por tanto, lo que se hará será mantenerlos en el actual precio elevado; incluso algunos opinaron que la medida tiene más “tintes electoreros” que intenciones de apoyar la economía familiar.
Senadores del PRI y del PRD lo consideraron tardío y llamaron al titular del Ejecutivo a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y otros artículos de primera necesidad.
El coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno está obligado a reflexionar que no es suficiente con buscar cómo controlar los precios de la canasta básica, sino “pensar y rápidamente en cómo utilizar los excedentes petroleros para impulsar con ellos el crecimiento del país”.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, señaló por su parte que ojalá las cúpulas empresariales realmente se sumen a esa especie de congelamiento de algunos alimentos, aunque la solución a la crisis está en respaldar a los productores para que incrementen la cosecha de granos, café y otros básicos.
A su vez, el también perredista Graco Ramírez consideró que se trata de una medida “populista de alguien como Calderón, con miras electorales para 2009”.
Asimismo, diputados del sol azteca y del Partido del Trabajo dijeron que lo anunciado es insuficiente, pues sólo beneficiará a las empresas trasnacionales que controlan las tiendas de autoservicio, y no a los consumidores ni a los productores mexicanos.
El diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el Presidente, en un acto de desesperación, firma acuerdos de buena fe con grupos empresariales con objeto de evitar un desplome electoral del PAN en 2009. El legislador y su compañero de bancada Humberto Zazueta denunciaron que desde ayer las tiendas Wal-Mart comenzaron una acelerada retiquetación de todos sus artículos para anticiparse a la medida.
Por su parte, el diputado petista Silvano Garay lamentó que el Ejecutivo no tome medidas enérgicas para detener la escalada de precios, debido a que, afirmó, “no puede ir en contra de los intereses de las grandes empresas que lo apoyaron en su campaña presidencial”.
Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la medida “se tomó demasiado tarde”, puesto que muchos de los productos ya han sido “retiquetados en más de una ocasión”, e insistió en su demanda de recuperación salarial.
Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de dicha organización, señaló que este acuerdo “va en la dirección correcta”, y apuntó que el anuncio los tomó por sorpresa, puesto que en diversas ocasiones la UNT, junto con organizaciones campesinas y sociales, expusieron al gobierno la necesidad de congelar precios, pero la respuesta siempre fue que esa no era un táctica posible.
Aparte, el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el diputado Patricio Flores, señaló que esta central obrera considera oportuna la decisión de congelar los precios de productos básicos; sin embargo, llamó a que el gobierno federal lleve a cabo un control especial y un seguimiento riguroso al respecto, porque se pueden dar casos en los que las empresas no abastezcan aquellos alimentos que tengan precio fijo o bien que los oculten, con lo que podría darse acaparamiento.
A su vez, dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-Barzón y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo calificaron la propuesta como “relativamente positiva”, pero destacaron que eso no resuelve la crisis alimentaria, ni responde a la discusión en torno a la producción, el control de las importaciones y de los precios de los productos de la canasta básica, que sirven como parámetro para establecer el salario mínimo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la ANPAP-Barzón, y Víctor Suárez Carrera, de la ANEC, apuntaron por separado que la determinación es demagógica, porque “en el fondo no hay un control sino legitima los precios elevados con el anuncio de que se quedarán hasta fin de año en el nivel al que llegaron ayer”.
José Luis González Aguilera, coordinador en turno del CAP, dijo que “la medida es buena porque beneficia a los consumidores, pero nosotros no hemos pugnado porque se congelen los precios, sino por su regulación”.
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la CIOAC, recordó que desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en 2003, la propuesta campesina fue controlar los precios de 34 productos de la canasta básica.

El acuerdo anunciado beneficia sólo a procesadoras y tiendas de autoservicio
■ Llaman a abatir la inflación y garantizar el abasto popular de alimentos nutritivos y baratos
Susana González G.y Julio Reyna

En lugar de abatir la inflación y garantizar a la población el consumo de alimentos básicos nutritivos y baratos, principalmente granos, el acuerdo anunciado ayer por el titular del Ejecutivo federal y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de congelar el precio de 140 productos industrializados, apunta a garantizar hasta fin de año las ganancias de ciertas empresas procesadoras de alimentos y tiendas de autoservicio, advirtieron la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la organización El poder del consumidor y la consultoría financiera Vanguardia Investment.
El citado acuerdo incluye únicamente alimentos secundarios, es decir, industrializados; consideraron que llama la atención que el programa se ponga en marcha casi un mes después de que la Presidencia de la República anunció las acciones de apoyo a la economía familiar, y cuando no han cesado los aumentos en todo el año, por lo que éstos pueden estarse oficializando, como ocurrió en 2007 con el precio de la tortilla.
“Se trata de una medida demagógica y desesperada de las autoridades, con simple impacto mediático y que ningún efecto tendrá sobre los precios de los alimentos, ya que no se ataca el origen del problema, como es garantizar el abasto de materias primas con una política agroalimentaria integral. Además, es tardía, porque congelan precios cuando en todos estos meses se han incrementado e incluyen productos como fruta en almíbar o salsa catsup, ¡por favor!, en lugar de productos de consumo básico”, señaló Víctor Suárez, director de la ANEC.
Para Roberto Galván, presidente de la consultoría Vanguardia Investment, lo anunciado por los industriales y el gobierno federal puede resumirse en el dicho popular: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, pues consideró que aunque se trata de un “pacto disfrazado” en nada contribuirá a detener la escalada inflacionaria.
Agregó que las grandes empresas que procesan alimentos de consumo generalizado, o popular, serán las beneficiadas, lo mismo que las tiendas de autoservicio, y ello podría resultar contraproducente para la economía del país, porque las pequeñas y medianas empresas y tiendas no tienen la misma capacidad de compra y distribución de esos productos que ahora se anuncian con precio congelado, por lo que podrían multiplicarse las quiebras o cierres de dichos negocios con la consecuente pérdida de empleos.
En tanto, Juan Pedro Treviño, vicepresidente del Instituto Mexicano de Estudios Económicos (IMEE), manifestó que el éxito del acuerdo dependerá de que los participantes lo mantengan, pero siempre y cuando no se deteriore aún más el entorno y crezca la presión inflacionaria. Esas medidas, dijo, podrían revisarse antes de fin de año si continúan las presiones inflacionarias, pues recordó que éstas se deben a una situación internacional y el acuerdo tiene como fin, precisamente, evitar un “contagio más amplio”.
A su vez, Alejandro Calvillo, director de la organización denominada El poder del consumidor, lamentó que el gobierno no diseñe una política de precios de alimentos básicos y nutritivos para la población, como son frutas, verduras y cereales, ya que los productos promocionados son industrializados y con alto contenido de azúcares u otros ingredientes que van en detrimento de la salud, tales como jugos, mermeladas o frutas en almíbar.
Eso, dijo, no contribuye a abatir el problema de obesidad que existe en México, cuando se requiere un enfoque integral que incluya campañas públicas de orientación para los consumidores, tanto en alimentación como en precios de los productos básicos. En otros países, refirió como ejemplo, las autoridades crean fondos especiales para hacer accesible el consumo de frutas y verduras en las escuelas y en zonas donde es difícil su distribución, en lugar de comercializar productos industrializados.

■ Desvía al SNTE millones de pesos en cuotas y niega reconocimiento al sindicato local
Baja California viola la ley para favorecer a Elba Esther Gordillo
■ El pago de favores políticos de Osuna Millán a la lideresa magisterial incluye entre 800 y mil aviadurías, señala dirigente
■ Les preocupa que surjan organizaciones independientes, asegura
Antonio Heras (Corresponsal)
Mexicali, BC, 18 de junio. En abierto desacato a dos laudos de los tribunales estatal y federal de Conciliación y Arbitraje, el gobierno de Baja California se niega a reconocer al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y ha desviado millones de pesos en cuotas al gremio nacional que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, denunció Héctor Lara Moreno, dirigente de la agrupación local.
El SETE, explicó, agrupa a aproximadamente 9 mil de los 13 mil 500 trabajadores que hasta hace dos años formaban parte de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los cuales están al servicio de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) de Baja California.
Desde 2006, cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal reconoció al SETE, “(las autoridades de la SEBS) se están robando nuestras cuotas; las están entregando directamente al SNTE”, con la anuencia del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, aliado político de Gordillo y del partido que ésta fundó: Nueva Alianza, afirmó Lara Moreno.
Persecución y violación de derechos
El dirigente agregó que su gremio enfrenta represión. Él mismo tiene pendientes denuncias por despojo de un inmueble del magisterio y por daño patrimonial de un fondo mutualista. Además, dijo, se violan los derechos de los maestros a obtener ascensos, cambios de adscripción, créditos de vivienda, jubilación y a ocupar vacantes.
A ocho integrantes del comité ejecutivo del SETE dejaron de pagarles salarios desde el ciclo 2006-2007, y más de 2 mil trabajadores no han recibido pago alguno a pesar de haber cubierto interinatos frente a grupos o en actividades de apoyo.
Los adeudos, correspondientes a dos ciclos escolares, suman más de 87 millones de pesos. Sin embargo, el sistema educativo estatal ya entregó este dinero a maestros y trabajadores de apoyo de la sección 37 del SNTE.
“Son aviadores. Hemos detectado entre 800 y mil personas que cobran lo que nuestros maestros trabajan”, afirma, y explica que en este conflicto entre organizaciones sindicales las autoridades estatales han favorecido a los agremiados de Gordillo, a costa del erario estatal.
Explicó que los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza formaron la Alianza por Baja California, que en 2007 consiguió dos diputaciones locales y cinco regidurías. El PAN se quedó con la gubernatura y cuatro de cinco ayuntamientos.
Todo empezó con Salinas
El Acuerdo Nacional de Descentralización Educativa de 1992 deslindó de responsabilidades patronales y financieras a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transferirlas a los gobiernos estatales.
La decisión del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, aplicada por el entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo, y Elba Esther Gordillo, hizo que los gobiernos estatales se convirtieran en los patrones de miles de maestros.
Por tanto, en ningún estado del país el SNTE tiene personalidad jurídica para representar a maestros y personal de apoyo de sistemas educativos estatales, ya que sus alcances son federales; además, carece de contratos colectivos de trabajo y de tomas de nota de sus dirigencias seccionales.
“Esta situación permitió la creación del SETE, una organización independiente de la sección 37 del SNTE, de carácter estatal, ya que dependemos de la SEBS”, explicó Lara Moreno.
Un año después del reconocimiento del CETE por autoridades laborales locales, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje confirmó los derechos del SETE, según el expediente 2655/07, del 4 de septiembre de 2007.
“Confiamos que van a terminar por reconocernos porque así lo marca la ley”, dice Lara, y señala que la dirigencia del SNTE está preocupada por lo que sucede en esta entidad, pues podría abrir las puertas para la creación de sindicatos independientes y a una eventual confederación de organismos estatales.