LA PFP CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION

Desmantelan dos radiodifusoras comunitarias en Oaxaca.

29/08/2008 07:23:21 PM
Autor: Olga Rosario Avendaño


Oaxaca, México, 29 agosto- Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP)desmantelaron este viernes las radiodifusoras La Candente y La Rabiosa en el municipio mixteco de Huajuapan de León a unos 200 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca, informaron los afectados.

El director General de La Rabiosa y coordinador de la Red de Radios Caracol en la región Mixteca y Triqui, Fredy Landa explicó que los elementos policíacos “llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público”.

Explicó que este desmantelamiento se da en vísperas del Encuentro de radios comunitarias y libres que se realiza a partir de este sábado en Zaachila, un municipio que se localiza a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca.

Agregó que “afortunadamente no se dio violencia, sólo nos amenazaron para no poner resistencia”.

Dijo “se llevaron el transmisor, el equipo de cómputo, mezcladora, todo, nos dejaron en ceros”.

Esta radio pertenecía al Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y transmitía contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.

CACTUS es una organización que se ha dedicado a asesorar a comunidades indígenas de la mixteca, entre ellas a San Juan Copala en la región Triqui, de donde eran las dos locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez, asesinadas el 8 de abril pasado.

Ambas locutoras trabajaban en la radiodifusora La Voz que rompe el Silencio.


Libertad de expresión en prensa, radio y TV: decisión de gobierno y empresarios

Escrito por Pedro Echeverría V.
1. En el sistema capitalista quien tiene dinero manda y si posee muchos millones de dólares manda mucho más. Con el prepuesto público que el pueblo hace real, se han pagado (en estos últimos meses) miles de spots radiofónicos y televisivos para apoyar la reforma petrolera del presidente; con otros millones de pesos del mismo presupuesto se está pagando en los medios de información la transmisión de discursos de Felipe Calderón sobre el segundo informe de gobierno que no pudo dar en vivo.
Con dinero privado se ha hecho una extensa campaña, durante un mes (en 24 horas del día) para organizar la marcha empresarial del próximo sábado 30. Ni Marcos, ni AMLO, ni Bartlett, ni la APPO, ni ninguno que no tenga el suficiente dinero podrá aparecer en los medios si no hace concesiones ideológicas y no paga millones de pesos. ¿Cómo hablar de libertad de expresión si son los propietarios de la prensa, la radio, la televisión los que deciden a quien dan la palabra y determinan qué es lo que debe decirse?

2. La libertad de expresión en los medios de información (prensa escrita, radio y televisión) es un engaño, no ha existido jamás ni podrá registrarse nunca. Mientras los medios sean propiedad privada, o propiedad pública controlada por un grupo ideológico, un partido, una Iglesia o un Estado, la llamada “libertad de expresión” será sólo un discurso.
Si bien hay medios con posiciones ideológicas de derecha, de centro y de izquierda, en cada una de estas posiciones se imponen las ideas de los grupos económicos o políticos que los controlan. Si en algún medio aparece, como sucede de vez en cuando, una posición disidente, ésta tendrá que ser la menos agresiva posible y servirá a la empresa para poder hablar de pluralidad. No podrá ser de otra manera. Los personajes que ocupan los medios son, sin duda, (como los que reciben premios o condecoraciones) los personajes escogidos y aceptados por la clase dirigente. Por tanto no es un gran mérito, aunque sirve para que la opinión pública crea en ellos.

3. La libertad de expresión, falazmente, es igual para todas las personas en las llamadas sociedades democráticas; pero como en esas “democracias” siguen existiendo clases sociales y privilegios de clase (unos tienen dinero y poder y otros viven en la miseria) son los dueños de empresas y los más altos funcionarios de gobierno quienes deciden quien publica o no, quién habla o es entrevistado en la radio y en la televisión.
Es un problema de poder. Escogen con mucho cuidado a quien se parece más, o es más acorde, a la línea periodística de quienes mandan en la empresa. Puede un articulista o comentarista discrepar, incluso oponerse en apariencia a algunas posiciones de la empresa, pero no puede ser radicalmente diferente, debe estar dentro del cuadro soportable por quienes financian y mandan. Un articulista de izquierda, por ejemplo, con su presencia en un periódico de la ultraderecha hace ganar a la empresa muchos millones de pesos, pero no puede ser un columnista libre, antielectoral o proguerrillero.

4. Los personajes que participan en una organización o en cualquier medio, aunque se diga lo contrario, deben obedecer la línea trazada. Los que aceptan participar o solicitan trabajo en esos medios de información tienen que someterse a los reglamentos y saber autocensurarse (así: autocensurarse) si quieren conservar el espacio o el empleo. Y en ese proceso de no poder decir las cosas como uno quiere viene la transformación mental/ideológica o justificadora si no se decide renunciar.
Quien piense que en México o en alguna parte existe libertad de expresión puede estar fuera de quicio; otra cosa sería decir hay un poco más de apertura o menos represión. Para una persona honesta, con profundas convicciones, difícilmente podría haber libertad si no posee sus propios medios; incluso habiéndolos creado (como el caso de mi cartel semanal anarco/zapatista, que lleva casi 15 años en la plaza principal de Mérida) se enfrenta ante una sociedad formada por los medios dominantes, que piensa y actúa conforme ha sido “educada” socialmente.

5. ¿Puede entonces existir la llamada libertad en un país con clases sociales totalmente diferenciadas por su poder económico y político? ¿De qué libertad de expresión puede hablarse en una nación donde los permisionarios, los concesionarios de servicios públicos, son en realidad grandes propietarios privados de negocios multimillonarios? Desafortunadamente tampoco en la prensa escrita de izquierda, centro izquierda o crítica, no hay libertad de expresión porque también suelen convertirse en clubes de amigos. Bloquean a quienes no son del equipo antiguo de compañeros o los orillan a publicar cada mes o dos meses. Con raras excepciones, generalmente los medios de información están cerrados (como los partidos y demás instituciones) para individualidades libres o solitarias que se niegan a formar parte de mafias. Aunque en realidad, en el fondo de todo está la ideología, los intereses de clases sociales que buscan conservar su dominio.

6. Las personas individualmente, así como los anarquistas (que al parecer han sido y son las personas más libres del mundo) pueden mentarle la madre al poder y a toda organización jerarquizada, pueden tener la más amplia libertad de expresión; pero sólo se salvarán de la represión y los asesinatos si con sus acciones no ponen en peligro al gobierno y a ese mismo poder. Pero la organización en sí ya es un poder, responde siempre a un organigrama donde las jerarquías con centralismo son determinantes para garantizar el cumplimiento de tareas que fortalezcan a la misma organización. A mi como articulista me han corrido de Excélsior, Unomásuno, Diario de Yucatán, Diario Por Esto, El Financiero (Sureste), El Mundo al Día, La Revista Peninsular. En los que he colaborado durante varios meses hasta más de 11 (once) años escribiendo casi diariamente. La bronca fue siempre ideológica, indiscutiblemente; esto a pesar de que mis colaboraciones han sido gratuitas, pues sólo en 3 o 4 empresas (sin pedirlo) me han pagado por artículo.

7. ¿Cómo pensar que hay libertad de expresión en México, o en algún lugar del mundo, si sólo se dan espacios para escribir a los amigos que ideológicamente son inofensivos? ¿Cuántos millones de escritores y articulistas han estado vetados y, lo peor, han dejado de escribir, por no poder romper las mafias económicas, políticas y “culturales” que controlan periódicos, revistas y la publicación de libros?
Hay que dar la batalla contra esos funestos empresarios de la derecha, del centro y de la llamada izquierda en la prensa escrita, en la radio y la televisión que con sus conductas combaten y aniquilan la libertad de expresión. Pero también es necesario crear la mayor cantidad posible de medios independientes abiertos a todas aquellas posiciones ideológicas y políticas de quienes buscan la transformación social, sobre todo en estos tiempos del Internet, que denuncien con todas sus letras, a quienes se oponen a la libertad de expresión. De lo contrario, ¿qué caso tiene seguir escribiendo si todos los medios bloquean la difusión?

“¿Es una fantasía la libertad, que sólo llega hasta donde el poder quiere?”

Inicia Educa foro para proponer una Ley de Participación Ciudadana.
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ.

El elevar a rango constitucional el plebiscito y el referéndum en la entidad fue un logró que tiene que concretarse en una buena Ley de Participación Ciudadana y su reglamento respectivo, para lo cual es necesaria la aportación de las organizaciones no gubernamentales, coincidieron en señalar legisladores locales y federales al participar en el foro "Contenidos mínimo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca", organizado por Servicios para una Educación Alternativa A.C (EDUCA).

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Romero López, expresó la necesidad de transitar de una democracia representativa a una democracia participativa, con figuras jurídicas que regulen la misma.

"La elevación a rango constitucional del referéndum y el plebiscito es sólo una parte del trabajo que tenemos que hacer los diputados perredistas para avanzar en la verdadera democratización de la entidad; trabajo que con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales será más fructífero".

Afirmó que no va a ser fácil aprobar una Ley de Participación Ciudadana de tercera generación, "pero el PRD está dispuesto a dar la batalla en el Congreso local para aprobar una Ley lo más cercano a las necesidades de la gente, que contribuya al proceso de democratización de Oaxaca".

Romero López reconoció el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de iniciativas sobre participación ciudadana, que busca dotar a la población de las herramientas legales para ejercer sus derechos políticos.

Por su parte, el diputado federal Alberto Esteva Salinas subrayó que la participación ciudadana está modificando el esquema político del país. "Ya no solamente estamos gobernados por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; ahora hay otro poder, el poder ciudadano, que está modificando la forma de hacer política en México".

El presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados, aseveró que las grandes movilizaciones de la sociedad civil han transformado la realidad política del país, "ahora son los ciudadanos quienes desean ejercer el poder".

Comentó que para concretar la reforma constitucional local en materia de participación ciudadana, es necesario no sólo elaborar una Ley sino también el reglamento respectivo, porque es ahí donde se hacen operativos el referéndum y el plebiscito.

Los participantes coincidieron en que en la elaboración de la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana que se presente al Congreso local, deben participar las organizaciones no gubernamentales, expertos en el tema y la gente que así lo desee, a través de la organización de foros y mesas de trabajo.


¿Cuál es la situación jurídica actual del asesinato de las locutoras Teresa y Felícitas?

Escrito por Revolucionemos Oaxaca
Han pasado casi cinco meses desde el asesinato de las locutoras triquis, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, ante tales hechos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) asumió su defensa legal.
En entrevista, el abogado de la ANAD, David Peña, detalló la situación actual del proceso jurídico del caso de las jóvenes de la radio comunitaria, “La voz que Rompe el Silencio”.

¿Cuál es la situación actual legal sobre los asesinatos de las locutoras triquis Felícitas y Teresa?
El caso está en averiguación previa, en la Procuraduría General de la República (PGR), de la delegación del estado de Oaxaca, se está integrando esta averiguación, es decir, se están presentado pruebas, peritajes, se están recabando testimonios para juntar elementos probatorios y poder fincar responsabilidad sobre las personas que cometieron eso hechos.

¿Cómo ha sido el actuar de la PGR ante esta averiguación, le ha dado seguimiento o lo ha estancado?
Hasta el momento ha sido una actuación buena. Mostraron disposición para avanzar en las investigaciones y para realizar los peritajes que nosotros estábamos solicitando.

¿Qué peritajes?
Se han realizado peritajes en criminalística, peritaje sobre la posición de los posibles tiradores y las víctimas, se realizó una inspección ocular sobre el vehículo, una recalificación de lesiones sobre las víctimas para ubicar la trayectoria de los disparos, se hizo todo un paquete de acciones de peritajes.

¿En el asunto jurídico, se está manejando que las asesinadas eran locutoras?
Se está manejando como el asesinato de dos locutoras. La Fiscalía de Periodistas le solicitó a la PRG de la delegación estatal, que lo vea como una averiguación previa de periodistas. En esa parte nosotros presentamos grabaciones de ellas, probamos los cursos y talleres que llevaron.
No vamos a acreditar la personalidad de periodista, porque no hay legislación para acreditarla, pero sí queremos hacer hincapié en que las compañeras hacian un trabajo profesional desde la radio y que muy probablemente, lo que nosotros aseguramos, es que las asesinaron por el trabajo que realizaban en la radio, más allá del conflicto político que la región vive, el asesinato fue focalizado por ser locutoras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”.

¿Además del peritaje qué otras investigaciones se requieren para la averiguación previa?
Supongo que la PGR estará buscando o solicitando a más personas que puedan aportar datos, se estarán acercando a personas que han sido referidas por los propios sobrevivientes.
La intención no es armar una averiguación previa rápida, sino una sólida que tenga elementos fuertes jurídicamente sostenibles y que pueda determinar responsabilidad de una, dos, tres o las personas que hayan participado en los hechos.
Habrá que investigar otras posibles pruebas, testigos, víctimas y casos que podría haber, no sólo tener pruebas en la parte técnica pericial.

¿Cuánto tiempo llevará esta etapa y que seguirá?
No sabemos cuánto tiempo puede llevar, esperemos que no tarde más de tres o cuatro meses. Después de esto, el paso que sigue es, que si se encuentran probables responsables o si hay elementos suficientes para fincar responsabilidades a alguna-as personas, que la Procuraduría del estado pida las órdenes de aprehensiones correspondientes.


¿Qué fue lo que motivó a la ANAD para llevar el caso del asesinato de las locutoras Teresa y Felicitas?
La ANAD forma parte de la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano, soy el abogado de la Red, desde ahí nos incorporamos al proceso de la radio de Copala, “La Voz que Rompe el Silencio”, y cuando vienen los hechos de los asesinatos de Teresa y Felícitas, asumimos su defensa como las integrantes de la Red de Radios.


Eenfrenta Oaxaca déficit del 40% de agua
Citlalli López
[04:16] En Oaxaca, el déficit de agua potable alcanza ya el 40% de las necesidades de la población, reconoció el presidente del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca, Juan José Consejo Dueñas.
El especialista atribuyó la crisis al crecimiento poblacional, contaminación, desabasto y desperdicio del vital líquido.
“La carencia se debe al incremento de la población. Este aumento ocasionó un paulatino y más o menos permanente desabasto de agua. Los Valles Centrales es considerada una región de veda de extracción de líquido del subsuelo, lo que significa que se saca más de lo que se recarga”, señaló.
Consejo Dueñas afirmó que más de la mitad de todas las fuentes de valles centrales están contaminadas.
Esta afirmación se desprende de la inspección realizada a las diversas vertientes hidrológicas de esta región; la contaminación en los ríos y pozos ha afectado todo el ciclo del agua.
Insistió que la crisis se debe al incremento de la población. Este aumento ocasionó un déficit más o menos permanente de abasto de agua. Consejo Dueñas manifestó que se dota a la red entre un 20 y un 50 por ciento menos del agua que se requiere para la temporada en todo el estado.
Los Valles Centrales dijo, es considerada una región de veda de extracción de agua del subsuelo lo que significa que se saca más de lo que se recarga.
Las cuencas presentan impacto negativo, agregó, las ‘ollas’ como Etla y Zaachila afrontan severos problemas de deforestación y han perdido agua, luego han sido sujetas a proceso de cambio de suelo para destinarlas a uso habitacional.
Los datos de uso del líquido en cada uno de los habitantes en Valles Centrales varía dependiendo de las actividades diarias y el grado de opulencia; los rangos de uso van de los 40 litros a los 100 por persona y se duplica en donde están asentadas viviendas lujosas.
Destaco que, en el esquema actual de empleo, desabasto y contaminación, es necesario y urgente la entrada en operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues sólo son el mínimo de los municipios que cuentan con una.
El presidente del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca señaló que las grandes plantas de tratamiento como la asentada en el bosque El Tequio, que aún afina detalles para trabajar, tienen problemas de mantenimiento.
Enlistó el desperdicio de agua como otro problema serio. Entre el agua que se pierde en el sistema potable y el uso irracional diariamente se desperdicia la mitad de agua que se libera
Por desgracia en menos de 10 años se tendrán problemas serios si el despilfarro de agua se mantiene, indicó.

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EN EL MES DE LA PATRIA

En septiembre, “nueva etapa” de la lucha en defensa de Pemex: AMLO

■ Se equivocan si creen que vamos a actuar después de que el Congreso apruebe la reforma
■ Este domingo nos reuniremos en todas las plazas para organizarnos; si permitimos que entreguen el petróleo habrá más violencia y desempleo, advierte
■ El lunes empieza el verdadero mes de la patria
Ciro Pérez y David Carrizales (Enviado y corresponsal)
Villa García, NL, 29 de agosto. Si el pasado abril fue importante para el movimiento de resistencia civil pacífica, ya que se logró detener una iniciativa “privatizadora y entreguista” que pretendía dar el petróleo a los extranjeros, septiembre va a ser el auténtico mes de la patria. “No permitimos antes y no vamos a permitir ahora que quieran venir a imponer reformas que sólo perjudicarán más al pueblo de México”, advirtió aquí Andrés Manuel López Obrador.
“En septiembre se inicia una nueva etapa de la resistencia civil pacífica. Si alguna lección nos dejó la elección de 2006 es que para enfrentar a la mafia que detenta el poder se requiere no sólo voluntad, sino organización, y eso es lo que hemos venido haciendo. Este domingo vamos a reunirnos en todas las plazas públicas del país para organizarnos bien, porque en caso de que el PAN y el PRI quieran imponer una reforma anticonstitucional a como dé lugar, llamaremos a la movilización de todo el pueblo de México, porque no vamos a permitir que se roben lo que es de todos los mexicanos”, advirtió.
“Nos ha ido bien en la resistencia”
Al continuar este viernes una gira de tres días por esta entidad, el ex candidato presidencial destacó: “a nosotros nos ha ido bien en esta lucha, si vemos lo que han sufrido y padecido en otras épocas los mexicanos que lucharon por la independencia y la justicia”, y enumeró algunos episodios de la historia nacional.
“Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron reprimidos y asesinados; en el movimiento de Reforma hubo mucho sacrificio de la gente. En ese entonces, Benito Juárez supo actuar con firmeza y perseverancia; en la Revolución tuvieron que morir un millón de mexicanos para que se acabara con la dictadura porfirista y para que se cumpliera, aunque sigue siendo una asignatura pendiente, la sentencia de sufragio efectivo.
“Todo ha tomado mucho sufrimiento y sacrificio de los mexicanos, porque no es fácil enfrentar los intereses creados, a la mafia de los poderes económico y político”, señaló, para luego enfatizar que ahora corresponde a esta generación de mexicanos cambiar el país.
“A nosotros nos tocó llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México; lo vamos a hacer sin violencia, pero con mucha organización, esa es la clave de todo. Si llegamos a tener 10 millones de ciudadanos organizados, nada detiene el cambio. Ya llevamos 2 millones 400 mil mexicanos registrados y esperamos este año llegar a 3 millones, y le vamos a seguir”, agregó el tabasqueño en referencia a los registros de apoyo que ha recogido en su recorrido por más de mil 400 municipios.
Destacó que tras 25 años de política neoliberal, el país está siendo “azotado” por la corrupción y la violencia; cada vez hay más pobres, menos empleo y carestía. “Este régimen caduco se está cayendo a pedazos y ya es evidente que no ha funcionado el sistema de privilegios que ha llevado al país a la crisis. Antes, cuando decíamos esto a lo mejor nos veían de reojo algunos ciudadanos, ahora ya están tomando conciencia, están más informados y decididos a luchar con nosotros por un cambio”, dijo.
Condenó que a pesar de todas estas evidencias, el gobierno de Felipe Calderón insista no sólo en sostener un esquema que ha evidenciado su fracaso, sino que ahora pretenda “entregar el único medio que puede servir como palanca para el desarrollo, que es la industria petrolera. Si permitimos que lo haga, tendríamos más violencia, más desempleo, más pobreza”, advirtió.
López Obrador adelantó que durante las asambleas informativas que tendrán lugar este domingo se establecerán las medidas que habrá de tomar la resistencia civil pacífica, a efecto de impedir que el dictamen sobre la reforma energética llegue al pleno del Senado si se trata de un documento que atente contra la soberanía nacional.
“Ellos, el PRI y el PAN, creen que vamos a actuar después de que aprueben una reforma entreguista, pero se equivocan, porque nos vamos a preparar para actuar desde el próximo lunes”, adelantó el tabasqueño, quien enfatizó que sin importar que los llamen “alborotadores” habrán de detener “un nuevo atraco a la nación”.



No abrir Pemex a IP: universitarios
Laura Poy Solano
De los 27 mil 442 estudiantes, académicos y trabajadores que participaron en la primera consulta universitaria sobre la reforma energética y la educación pública, 84.4 por ciento se manifestó contra la participación de la inversión privada nacional y extranjera en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que 97.2 por ciento demandó que una parte de los excedentes petroleros se destinen al fortalecimiento de ciencia, la educación y la cultura.
En conferencia de prensa, integrantes de las llamadas Redes Universitarias informaron que la semana próxima entregarán los resultados de la consulta a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, autoridades del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México y a legisladores federales y locales.
También, 97.6 por ciento de los votantes se pronunciaron porque la Cámara de Diputados dé mayores recursos a las instituciones de educación superior públicas, mientras que 97.5 por ciento votó por mantener una “universidad de puertas abiertas” para debatir los grandes temas nacionales.
Integrantes de la comisión organizadora calificaron de exitosa la consulta, aunque reconocieron que no se alcanzó la meta de que votaran 80 mil personas, e insistieron en que “lo más importante es que por primera vez en más de ocho años logramos convocar a la participación de la comunidad en un esfuerzo conjunto, sin violencia y en un ejercicio ciudadano”.
De acuerdo con los resultados definitivos, se confirmó la participación mayoritaria en los colegios de Ciencias y Humanidades, donde los planteles Oriente y Vallejo sumaron 3 mil 452 y 3 mil 413 sufragios, respectivamente, mientras que en la Universidad Autónoma Chapingo se emitieron 2 mil 708 votos, y mil 244 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En el IPN
La comunidad académica, estudiantil y de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) rechaza la propuesta de que se privatice Pemex, anunciaron Rosario Trejo, Elena Góngora y Miguel Ángel Gutiérrez, integrantes de esa casa de estudios.
En la Cámara de Diputados dieron a conocer que en la consulta sobre el tema petrolero se emitieron 13 mil 17 opiniones, cuyo resultado fue que 79.67 por ciento opinó que el tema es de suma relevancia para los mexicanos y 72 por ciento dijo no a la participación privada en Pemex.
Con información de Roberto Garduño


Segundo informe

■ El sello son los cambios cuantitativos, no de fondo, indica experto
La educación se mantiene como “factor de canjes políticos”
■ Este año retrocedieron 40 mil escuelas en la prueba Enlace
Karina Avilés

A dos años del gobierno de Felipe Calderón, la política educativa se ha distinguido por la adopción de criterios de la llamada “nueva gerencia pública” que incorpora las formas de organización de la iniciativa privada bajo una supuesta idea de “modernidad”, aunque detrás de la “fachada” continúan las viejas prácticas clientelares y caciquiles, problemática que se ha incrementado al colocar una vez más a la educación como un “factor de canjes políticos”, de acuerdo con expertos.
Bajo la misma retórica de hacer, ahora sí, una “revolución educativa”, en 21 meses de gobierno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha asumido una serie de acciones más que nada de corte cuantitativo y efectista, que de transformación real de la enseñanza.
Con el membrete de la Alianza por la Calidad de la Educación, lejos de asumirse como un pacto en favor del sector, la comunidad educativa lo ha recibido como el “pago de favores” de Calderón a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, indica Hugo Casanova Cardiel, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la máxima casa de estudios.
Así, dicen los especialistas, por “cambios cuantitativos” o “espectaculares” nadie se puede quejar: llevar la Reforma Integral de la Educación Básica a 5 mil primarias; establecer el Programa Escuela Siempre Abierta en 6 mil 500 planteles; crear mil escuelas de tiempo completo; aplicar el Programa Escuela Segura en 13 mil instalaciones; rehabilitar y equipar 10 mil escuelas; apoyar a 5 mil centros educativos de bajo rendimiento; implementar en otras 90 mil del nivel básico el Programa de Educación Económica y Cultura Financiera, son algunos de los objetivos que, según la dependencia, deberán cumplirse en el ciclo 2008-2009.
Sin embargo, las acciones proyectadas por esta administración no han cambiado el rumbo del rezago ni tampoco apuntan hacia una transformación que de verdad mejore la enseñanza. Incluso las evaluaciones de la dependencia –otro de los sellos del proyecto actual– lo demuestran: en tiempos de este gobierno, casi 40 mil escuelas de educación primaria y secundaria retrocedieron en los puntajes obtenidos en relación con 2007 en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) que midió el desempeño escolar en matemáticas, español y ciencias naturales y más de 7 millones 850 mil niños de los cerca de 9 millones 900 mil que fueron evaluados en dicha prueba se ubicaron en los niveles “insuficiente” y “elemental” este año.
La aplicación de dichas pruebas a gran escala y medidas como la factorización del trabajo, que son parte de la llamada “nueva gerencia pública” –por la cual se incorporan las formas de organización empresarial al sector público– no han producido la pretendida “eficiencia”, observa Casanova Cardiel. Sólo es una “fachada”, detrás de la cual hay un “inframundo que sigue existiendo con los defectos históricos de las negociaciones oscuras entre Gordillo y el gobierno federal, las viejas prácticas caciquiles y clientelares. Junto a la idea de lo eficientista y lo tecnocrático coexiste lo viejo y si abres la puerta las momias siguen allí”, advierte.
La educación, lamenta, “sigue siendo un factor más de los canjes y favores políticos. Este gobierno ha colocado ahí el debate” del ámbito educativo, a pesar de que “todos saben quién es la dirigente del sindicato y, pese a ello, hace lo que sea y no pasa nada, por lo que otro rasgo es la impunidad”.
Y otra ha sido la participación del sector privado en la educación pública, como nunca se había dado. Incluso en la elaboración de los programas y de las propias reformas que atañen a los contenidos curriculares. Esto, a invitación de la propia SEP bajo la idea de ser “socios”.

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OAXACA, ESPLENDOR DE LA IMPUNIDAD.

Formal prisión a denunciantes de abuso sexual

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 28 de agosto. El juzgado mixto de primera instancia con sede en el municipio de Ocotlán de Morelos –a 32 kilómetros de esta capital– dictó auto de formal prisión por robo a tres de los padres de familia del colegio católico Guadalupe que acusaron a un fotógrafo de usar a 13 niños para pornografía infantil.
“Es una injusticia. Son inocentes. Después de ser parte ofendida ahora son acusados por defender el derecho de sus hijos”, afirmó Alfredo Peralta Orozco, abogado de las víctimas.
De acuerdo con la averiguación previa 182(DS)/2008, iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Mujer, los padres de familia acusaron al fotógrafo Norberto Dionisio Martínez Luis de haber tomado el 29 de mayo imágenes de niños y niñas parcialmente desnudos en un salón del colegio administrado por las monjas mercedarias del Santísimo Sacramento.
Días después, el fotógrafo, esposo de Gema Olivia Díaz Maldonado, regidora de hacienda del ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, interpuso una querella penal ante la agencia del Ministerio Público de ese municipio contra los padres de familia por el robo de una computadora portátil, un reloj digital, una impresora y una cámara fotográfica.
Tres de los señalados (José David Hernández Álvarez, Guillermina Escobar Godínez y Verónica Martínez Torres) fueron encarcelados en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel y cada uno debió pagar una fianza de 128 mil 769.75 pesos.
El abogado sostuvo que la secretaria Maricruz Pérez Pérez, quien dictó el auto de formal prisión en ausencia del juez, que está de vacaciones, “no dio la importancia ni el tiempo suficiente” a las pruebas aportadas para demostrar la inexistencia del robo del equipo fotográfico, el cual está en poder de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Mujer, señaló.
Consideró que Benito Julián Caballero, agente del Ministerio Público de Ocotlán, “debe ser sancionado con severidad” por la Procuraduría del estado por negarse a tomar declaración a los padres cuando pretendían denunciar el delito de pornografía infantil.
Mencionó que la fiscalía tampoco ha consignado la averiguación previa porque el fotógrafo interpuso un amparo en demanda de que un perito psicólogo examine a los niños.

Sube Oaxaca en la escala de peligrosidad.

En los últimos tres años Oaxaca ha subido en la escala de peligrosidad a nivel nacional, reveló el diputado federal del PRD por Oaxaca, Othón Cuevas Córdova.
Es uno de los lugares donde se cometen más delitos del fuero común

SILVIA CHAVELA RIVAS

Con base en datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), Oaxaca forma parte de la lista de las 13 ciudades del país con mayores índices de inseguridad a la par con Cancún, Juárez, Distrito Federal, Mexicali, Acapulco, Guadalajara y Tijuana.

De tal forma Oaxaca aparece en esa lista como uno de los lugares donde se cometen más delitos del fuero común como son asaltos, robos, lesiones y despojos.

Según lo anterior, la percepción ciudadana acerca de la inseguridad en Oaxaca es alarmante.

De acuerdo con estos datos, el robo a transeúnte constituye más de la mitad del total de la delincuencia. En Oaxaca, sólo seis de cada cien víctimas denuncia el delito. En Oaxaca siete de cada 10 personas se sienten inseguras en su ciudad.

El transporte público y la calle son percibidos como los ámbitos más inseguros. La mitad de la población siente que la criminalidad ha afectado su calidad de vida.

Por temor a la delincuencia, una de cada dos personas dejó de usar joyas, salir de noche o llevar consigo dinero en efectivo.

De acuerdo con la encuesta, las corporaciones policíacas locales inspiran bajo nivel de confianza. La desconfianza es todavía mayor en el Ministerio Público que en cualquiera de las policías y la ciudadanía confía más en las policías federales que en las locales.

Las encuestas realizadas por el ICESI -asociación civil de índole académica, auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Fundación Este País- se apegan a los más estrictos estándares internacionales y a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

Marchan cientos de normalistas contra la alianza por la educación

Estudiantes la Normal de Teposcolula, en la región Mixteca, de la Escuela Normal de Educación Preescolar y del Centro Regional de Educación Normal (CRENO), rechazaron que con la aplicación de un examen de oposición se pueda evaluar el trabajo de cuatro años de estudios. "Con eso no nos pueden decir quién puede ser un buen maestro y quien no".


ELIZABETH RUIZ JAIMES


Con una marcha que partió de las instalaciones del CRENO hacia el Zócalo de la capital, unos 750 alumnos rechazaron la aplicación de pruebas de oposición para otorgar plazas docentes definitivas e interinas en todo el país. "Nuestro movimiento lleva el nombre de Misael Núñez Acosta y logramos unificar un frente de alumnos normalistas en repudio total a esta medida".

Los inconformes declararon que es indispensable reencausar la lucha del pueblo y para el pueblo, reivindicar que la educación es pública y gratuita, porque el Gobierno Federal quiere privatizar la educación, "para los exámenes están dejando participar a escuelas particulares, con lo cual el Gobierno está abandonando su obligación de proporcionar educación laica y gratuita a todos los ciudadanos".

Los manifestantes también rechazaron el programa federal "Alianza por la Calidad Educativa", que tiene el objetivo de asignarán 4 mil plazas definitivas de nueva creación y 11 mil interinas por medio de un examen de oposición en el que podrán participar egresados de las normales, así como docentes que deseen obtener una plaza definitiva en cualquier punto de la República Mexicana.

Los normalistas señalaron que la aplicación de este tipo de exámenes obedece a intereses del sindicalismo charril de Elba Esther Gordillo, "quiere mantener el poder y control, es un golpe al sindicalismo, y Felipe Calderón quiere aprovechar la coyuntura del Sindicato a nivel nacional para privatizar la educación".

"Estamos creando los canales para tener el apoyo de la Sección 22, este movimiento no pretende ser aislado, vamos a empezar a convocar a todos los sectores que han quedado del movimiento del 2006". Cabe señalar que del CRENO egresan 120 maestros cada año, pero en el estado son mil o mil 500 alumnos que necesitan empleo.

"Las estadísticas nacionales indican que nueve de cada diez normalistas son rechazados para una plaza". El control de las plazas a nivel nacional no va a ser posible, y si el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), continúa amenazando con que se aplicará el examen a los normalistas en diciembre, este movimiento va a crecer.

Los juicios orales favorecen al delincuente
Escrito por Verónica Villalvazo
Esther Mendoza Ramírez denunció ayer, en conferencia de prensa, el intento de abuso sexual, amenazas de muerte, privación de la libertad y robo en Tehuantepec Oaxaca, por dos taxistas.

Los hechos se dieron el pasado 16 de agosto de 2006, a las seis treinta de la mañana cuando se dirigía a comprar pan para el desayuno de sus hijos, narró que el taxi del sitio de Tehuantepec placas de circulación 2963-SJD con número 1269, modelo Chevy, propiedad de Leticia Santiago Mateos, Alexis Piñón López, quien es identificado por la mujer como su agresor, junto a un individuo que se encuentra prófugo Sandy Rodríguez Sosa.
Narró con dolor que al dirigirse al pan, estos dos individuos la subieron al taxi y ahí empezó, "me pidieron el celular, "te vamos a violar" "te vamos a matar", me contuve y pensaba que hacer, ellos iban por la autopista hacía la Mixtequilla, me abrían las piernas, él decía que le valía madre que me iba a violar, en esos momentos pensé que no quería morir, esperaba un momento para aventarme, me golpearon con puño cerrado, es aterrante lo que podemos vivir en una ciudad donde dicen que hay justicia.
Les decía que pensaran en su mamá, ellos parecían drogados, "aquí tengo sus ojos, no puedo ni dormir", ni puedo vivir en paz, pasaron como 40 minutos, me manoseaban, me siento avergonzada, espero que esto sirva para detenerlos.
En el km 37 yo me aviento del taxi, y entonces empiezo a correr, me quité los zapatos, al llegar a 200 mts venía un auto y no se detuvo cuando le solicité ayuda, cuando pasó eso corrí dos kilómetros, me picaron avispas, entré al monte, sólo pensé en que tenía que protegerme, después de un rato salí hacía la carretera, a la altura del km 35, se acercó un trailer y me ayudaron. Narró dolorosamente Esther Mendoza.
Dijo que llegaron a Mixtequilla y solicitó auxilio y entonces puso una denuncia, el presunto atacante fue detenido para ser juzgado, el otro escapó, en cuanto llegó al lugar Alexis Piñón esposado" me dijo, me la vas a pagar".
Comentó que los juzgados de garantías no sirven para nada, el juez encargado fue Alejandro Magno Gonzáles Antonio, quien le din la libertad, pagando quince mil pesos. Estoy aterrada, esto es una burla, los juicios orales en efecto son de rapidez y eficacia para los delincuentes.
Hizo un llamado a los diputados para que la justicia llegue, "las mujeres estamos disponibles para que cualquier asesino nos lastime y no reciben castigos", invitó a las autoridades a que muestren que hay capacidad para procurar la justicia en Oaxaca.

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PARO CIVICO.

Convocan sindicatos independientes a "paro cívico" el 1 de septiembre
la redacción
MEXICO, D.F., 28 de agosto (apro).- Dirigentes sindicales y de organizaciones sociales convocaron el próximo 1 de septiembre a un "paro cívico", en protesta por la política "entreguista" del gobierno federal, la aprobación de la Ley del ISSSTE, la reforma penal y en contra de la reforma energética.

En conferencia de prensa, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sindicato de Tranviarios, Frente Nacional contra la Represión y Organización Nacional de Poder Popular señalaron que el paro implicará el cierre de carreteras, puertos y fronteras, así como la toma de dependencias federales en varias ciudades del país, además de una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino.

Además, dijeron que bloquearán autopistas de acceso al Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Puebla de las 10:00 a las 16:00 horas, y los accesos a los puertos marítimos, de carga y turísticos, de Veracruz, Tampico, Salina Cruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco y Guaymas, así como los aeropuertos del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

Los dirigentes de sindicatos independientes añadieron que el "paro cívico" es sólo un ensayo para una huelga nacional a la que pretenden convocar en los próximos meses.

Respecto de la marcha contra la inseguridad de este sábado, afirmaron que es una expresión de las “demandas genuinas de la sociedad, de paz y tranquilidad”.

Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, dijo:

“Esta marcha, más que buscar la seguridad del pueblo, es un pretexto para entregar más presupuesto al Ejército y a las policías con el fin de reprimir a los líderes sindicales y campesinos",

Añadió que si el gobierno federal quiere realmente acabar con la inseguridad, debe erradicar la impunidad y la corrupción en sus mismas filas, y encarcelar al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, y a los líderes sindicales Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.


Sin empleo no habrá paz en el país: AMLO

Ciro Pérez y david Carrizales (Enviado y corresponsal)
Hualahuises, NL, 28 de agosto. “El pretendido nuevo modelo policiaco que propuso el pelele de Felipe Calderón como medida para frenar al crimen organizado, no resuelve el problema, porque si queremos que haya paz en el país lo que tiene que haber son mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo y espacios educativos para los jóvenes”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, luego de señalar que comparte las preocupaciones de los ciudadanos que llevarán a cabo una marcha el próximo sábado en demanda de mayor seguridad en el país.
“Calderón le dio un balazo al avispero y dejó colgados a todos los mexicanos; pensó que era cualquier cosa enfrentar al crimen organizado, y por eso ahora estamos como estamos”, dijo el ex candidato presidencial.
El político tabasqueño sostuvo que desde que “usurpó la Presidencia, Felipe Calderón actuó de manera irresponsable, se puso el uniforme militar, que hasta le quedaba grande, y dijo que le declaraba la guerra al crimen organizado, sin tener conocimiento de lo que se trataba, porque esto no se resuelve sólo con más policías o penas más largas; la mejor forma es cambiar la política económica que garantice empleo, escuela para los jóvenes y mejores condiciones de vida”.
Destacó que inclusive ahora los propios empresarios, “quienes impusieron a Calderón en la Presidencia, están asustados y con razón, por el clima de inseguridad y violencia; ahora al pelele de Calderón le dicen Lipe, porque ya le perdieron la fe”.
Insistió finalmente en que Felipe Calderón es, por definición, incapaz de resolver el problema de la inseguridad en el país: “¿Cómo va a enfrentar este problema si se robó la Presidencia de la República y tiene como secretario de Gobernación a un delincuente confeso? Así no es posible atender este reclamo social”.

Editorial de “La Jornada”:

Violencia, información, escándalo.
Para este diario convertir en su nota principal la información sobre el hallazgo, en Mérida, de más de una decena de decapitados constituye una decisión editorial difícil, que obliga a un examen minucioso de la frontera entre información socialmente útil y escándalo mercantilista. La consideración concluyente para hacerlo así es que la masacre y la manera particularmente atroz de presentar sus vestigios constituyen un mensaje inequívoco para las autoridades federales, estatales y municipales: los mutilados de Yucatán, sumados al ataque perpetrado antier en Guanajuato contra una instalación militar, por no hablar de las imparables y ya habituales ejecuciones diarias en diversos puntos del territorio nacional, subrayan la irrealidad del publicitado cónclave de alto nivel efectuado hace unos días en Palacio Nacional con el propósito de acordar medidas para frenar a la criminalidad y restablecer la seguridad pública en el país.
Esta violencia alarmante, mal definida como “guerra” en el discurso gubernamental, no es sólo una disputa de poder, sino también un intercambio de gestos de fuerza entre las autoridades formales y las organizaciones delictivas, por más que las fronteras entre unas y otras se han difuminado por efecto de la descomposición que experimentan las instituciones de procuración e impartición de justicia y las corporaciones de seguridad, por los viejos lazos entre policías y secuestradores, así como por la infiltración del narcotráfico en las esferas política, empresarial y mediática.
Aunque los mensajes bárbaros de los delincuentes resulten crípticos para el común de los ciudadanos y de los informadores, es claro que son, en muchos casos, algo más que ajustes de cuentas, venganzas o advertencias: buscan, además, crear impactos en la opinión pública; van cargados, por así decirlo, con una intención mediática.
En este contexto, el desempeño del oficio periodístico exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos de infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de víctimas de la delincuencia y sus familiares. Las respuestas a estos difíciles equilibrios pueden encontrarse en el tratamiento editorial que se da a la información, en la prudencia para no divulgar datos que pudieran poner en peligro o someter a escarnio a inocentes, y en el discernimiento requerido para no ser caja de resonancia de los criminales.
Por desgracia, las dificultades para informar en forma equilibrada se multiplican por la irresponsabilidad de funcionarios y políticos que, en afán de notoriedad o por mera insensatez, agitan a la opinión pública con declaraciones desmesuradas, indiscretas o falsas. Tal es el caso del procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien hace unos días aseguró que la joven secuestrada Silvia Vargas “podría estar en el norte del país” y que su plagio “tiene que ver con la trata de blancas”; si eso fuera cierto, el empleado público pone en riesgo la investigación correspondiente; si es falso, constituye un deplorable manoseo del sufrimiento de la familia. En otro contexto, la diputada Ruth Zavaleta declaró ayer que sus compañeros de bancada habían introducido bombas molotov al recinto legislativo de San Lázaro en ocasión de la conflictiva y cuestionada toma de posesión del actual titular del Ejecutivo federal. Aunque horas después la legisladora se retractó y pidió disculpas por el disparate, el daño ya estaba hecho y sus palabras iniciales eran citadas en cadenas de correo electrónico como “prueba” del “salvajismo perredista”.
En la circunstancia presente, debiera ser tarea de los medios consignar los hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y de elementos de contexto. La Jornada optó por destacar la información de la más reciente masacre criminal porque, a su juicio, constituye, además de un reflejo de la barbarie desatada en el país, una señal espeluznante de la descomposición que impera en los aparatos estatales, reducidos a la impotencia por la falta de claridad y de previsión de quienes los encabezan e insisten, para encubrir su ineptitud o con un propósito peor, en que los hechos de violencia que padece el país son una “guerra”. No la hay. No está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar. Se padece, sí, una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública, pero no se trata de un conflicto bélico sino de descomposición de las instituciones nacionales.


Toman maestros casetas de las principales carreteras morelenses

■ Exigen que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación
■ Protestan normalistas de Oaxaca y Veracruz en demanda de plazas
De la redacción
En el noveno día de paro de actividades, aproximadamente 400 profesores ocuparon ayer durante tres horas las casetas de peaje de las autopistas de Morelos en demanda de que se cancele la Alianza por la Calidad de la Educación, por considerar que viola los artículos 1, 2, 3, 5 y 123 de la Constitución.
En la Autopista del Sol, los manifestantes bloquearon las casetas de cobro de Puente de Ixtla, Alpuyeca y Tepetzingo, donde dejaron pasar gratuitamente a los conductores. “Los maestros ya pagamos por ustedes”, señalaban.
Minutos antes de concluir la protesta llegaron unos 40 granaderos de la policía federal, quienes les dieron un plazo de 15 minutos para que se retiraran del lugar. Javier González Zamora, segundo comandante del 22 agrupamiento de la base Morelos, mencionó que “no hubo necesidad de nada; al contrario (los maestros) son una gente muy educada. Me atendieron muy bien y espero que yo también haya sido de su agrado”.
El profesor Jesús Reyes López refirió: “estamos en contra de la política neoliberal de Felipe Calderón, que pretende privatizar la educación”.
Añadió que el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, “no hace caso de la voz de los maestros”, por lo que anunció que lo que viene es un “paro nacional”, el primero de septiembre.
José Trinidad Regino Nájera, vocero del movimiento, pidió a los padres de familia comprensión y les prometió que recuperarán las clases perdidas. “No estamos jugando a la huelga, a la lucha, somos 20 mil trabajadores de la educación que coincidimos en esta idea”, concluyó.
En Oaxaca, un centenar de estudiantes de las escuelas normales de San Pedro Teposcolula y Tamazulapan, así como del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), marcharon ayer por la capital del estado, también en protesta por la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación y el eventual cierre de esas instituciones “formadoras de profesores”.
Los inconformes caminaron de las instalaciones del CRENO, ubicadas al norte de la capital oaxaqueña, hacia el zócalo, donde realizaron un mitin. El vocero del movimiento normalista Misael Núñez Acosta, dijo que la voracidad del sistema neoliberal ha llegado al sector educativo con el acuerdo firmado “por el espurio Felipe Calderón y la cacique sindical Elba Esther Gordillo.
“Es el inicio del despojo de uno de los mayores logros de nuestra Revolución: el artículo tercero constitucional, inscrito a sangre y fuego, que consagra la educación pública laica y gratuita a todo ciudadano mexicano”, señaló.
En Jalapa, estudiantes y egresados de la Escuela Normal Superior Veracruzana volvieron a manifestarse para exigir las plazas que fueron negadas a casi un centenar de egresados normalistas tras el examen de oposición.

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OAXACA, CRIMINALIDAD IMPUNE

Ni transparencia, ni seguridad: MCO

91.11% de 698 personas, piensa que el gobierno no cumple con brindar justicia, paz y seguridad

Gobierno estatal no utiliza transparentemente los recursos públicos, señala encuesta: MCO

ELIZABETH RUIZ JAIMES

Las autoridades estatales no han cumplido con su función de ejecutar políticas públicas que aseguren justicia, paz y seguridad, y mucho menos han utilizado de manera transparente los recursos públicos, asegura más del 90% de las personas encuestadas por el Movimiento Ciudadano por Oaxaca (MCO).

En la encuesta, realizada los primeros cuatro domingos de agosto, participaron 698 personas, quienes se tomaron de siete a diez minutos para contestar las preguntas solicitadas, lo que equivale a 556 días de participación.

Francisco Reyes Cervantes, coordinador del Movimiento, señaló que estos datos duros sirven para validar que "si pasa algo en Oaxaca, la gente no encuentra confianza ni resultados en las autoridades".

Ante este panorama social, lo más seguro es que habrá una creciente organización ciudadana para sustituir a las políticas públicas. "Si la autoridad no puede proporcionar paz, seguridad y justicia, la organización civil tendrá que buscar esquemas bajo los marcos legales".

Para no caer en la anarquía, Reyes Cervantes sugirió que las organizaciones sociales tendrán que tener un orden regido por las leyes estatales y federales. "Estamos concientes que la violencia genera más violencia, pero no podemos imaginar un escenario similar al del 2006, porque aún estamos viviendo las repercusiones de una sociedad violentada".

De acuerdo con los resultados preliminares porque sólo se esquematizaron dos preguntas del total de la encuesta, 91.11% de las 698 personas, piensan que el gobierno no ha cumplido con su función de brindar políticas públicas que aseguren justicia, paz y seguridad, mientras que un 93.98% de los encuestados considera que los recursos públicos que usa el gobierno no se usas con transparencia y mucho menos para los fines que deberían.

Las personas que participaron en la encuesta tenían entre 15 y 80 años de edad, pero la participación más asidua fue por parte del grupo de edad entre 26 y 36 años. En la entrega de resultados, se dio a conocer el IV Foro Juvenil del MCO, que está orientado a la juventud indígena de Oaxaca, evento que se realizará en el próximo mes de septiembre.

Impunidad hace inútiles penas elevadas al crimen
Iván Castellanos / Tiempo de Oaxaca
[04:58] Pesimista, el coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Oscar Javier Jarquín Rodríguez, lamentó que los índices delictivos no disminuirán si las leyes no se aplican.
Sentenció que, a pesar de la aprobación de penas más severas para secuestradores, será difícil desterrar la criminalidad.
No se ven resultados en cuanto al combate a la delincuencia, por lo que las leyes no están cumpliendo con la finalidad para la que fueron dictadas, “porque no se combate el delito eficazmente, ni se previene eficientemente, y cuando se detiene a los delincuentes, tampoco se cuenta con un programa de readaptación social”.
En el país hay demasiadas leyes, a diferencia de otras naciones; México cuenta con mayores leyes desde los ámbitos municipal, estatal y federal, pero la mayoría no se aplican y los delincuentes continúan realizando actos fuera de la ley, sin que sean castigados.
“Desde el momento en que se elabora una ley, más tarda en ponerse en vigencia que en buscarse los mecanismos para atacarla, se hace vigente el dicho que dice ‘la ley se hizo para violarse’”.
Sobre todo,porque la ciudadanía espera que las autoridades cumplan con los reglamentos, pero estos comenten actos de impunidad, corrupción, por lo que los ciudadanos directamente los secundan, “se requiere una limpia completa para poder cambiar la situación”.
Advirtió que se estableció, en el Artículo 18 del Código Penal del Estado, el aumento de la penalidad de 3 días a 70 años, cuando anteriormente la condena más larga era de 40 años, “ahora se incrementa y se puede acumular cuando se tengan en proceso más delitos”.
Se habla de cadena perpetua y pena de muerte; anteriormente estaban en la ley, pero se derogó por considerarse que no correspondía a la situación que se vivía en el país.
“Hoy se revive a la pena de muerte para delitos graves, lo que provoca inquietud, análisis, investigación, para determinar qué es lo que más conviene hacer”
Pero esto no se lleva a cabo en el Congreso del Estado, porque cuando ya se tienen lineamientos a seguir, se realiza para “cubrir las apariencias”, y los legisladores prácticamente realizan las adecuaciones sin que se persiga el bien común, fin de toda ley.


¿Dónde está el frente?

Escrito por Gustavo Esteva
¿Seguridad? ¿Protegernos de qué o de quién? Aumenta continuamente la preocupación general por la seguridad y al mismo tiempo se diluyen sus contornos.
La situación de los zapatistas es buena parábola de la cuestión. No tienen problemas de “seguridad interior”. Hay una relación convivial entre vecinos y las comunidades saben cómo procesar justa y serenamente conflictos y violaciones a las normas sociales. Pero la gente vive bajo continua amenaza “externa”: el acoso militar y policiaco y la agresión de los paramilitares. Las autoridades gubernamentales son el problema de seguridad de los pueblos zapatistas.

En el resto del país, el “crimen organizado” se concentra también en el gobierno. El desorden e incompetencia que lo caracterizan disimula el empeño concertado, de tipo delictuoso, presente en los tres niveles de gobierno. Combina el afán desorbitado de apropiarse de bienes ajenos, bajo todas las formas de la corrupción, con el ejercicio sistemático de la violencia, para imponer su voluntad y someter a control a la población. En el caldo de cultivo de la impunidad galopante proliferan mafias en que es cada vez más difícil distinguir a delincuentes de policías, jueces o funcionarios.
Narcotraficantes y secuestradores se usan como pretexto y cortina de humo de esa asociación delictuosa. Pero la “guerra contra las drogas” produce lo contrario: hace evidente la naturaleza del régimen dominante y la función de la seguridad como justificación de un ejercicio ilegítimo de dominación y control.
Esa “guerra” se pierde día tras día: aumentan inconteniblemente la producción y consumo de drogas y la violencia, impunidad y corrupción que las acompañan, lo que lleva a intensificar el fallido esfuerzo. Se alimenta así el fuego, en vez de apagarlo. Nadie ha llegado al punto de tirar la toalla, pues el horror penetra por todos los poros de la sociedad, corrompiendo a su paso cuanto encuentra. Pero un número creciente de personas y grupos descubre el carácter del predicamento y plantea cómo salir de él.
Desde hace décadas estudios rigurosos han mostrado que de cada dólar pagado por un consumidor estadunidense de drogas, tocan de tres a cinco centavos a su productor en Guerrero o Colombia; los traficantes se llevan de 12 a 15 centavos; el resto va a parar a manos de quienes combaten uso y tráfico de drogas. Las policías y los ejércitos, los funcionarios gubernamentales, los bancos, el poder constituido (gobernadores incluidos), se reparten la tajada del león. Las proporciones no cambian, aunque las cifras del negocio se multipliquen geométricamente. Intensificar la “guerra” aumenta el precio del producto para el consumidor y las ganancias de cuantos participan en la operación, pero no modifica la naturaleza del negocio ni altera la composición del reparto.
La razón que se aduce para mantener la criminalización de las drogas es muy simple: el Estado debe proteger a los ciudadanos... de sí mismos. Según esto, no somos capaces de usar sensatamente nuestra libertad. Sin la protección del gobierno caeríamos inevitablemente en la drogadicción y nos entregaríamos al vicio, como ya lo hacemos con el alcohol o el tabaco.
Es cierto que en la sociedad de consumo la propaganda hace comprar productos dañinos o inútiles y en ella quien no es prisionero de la adicción a comprar lo es de la envidia (por falta de poder de compra). Pero el argumento es frágil. Muchos productos que circulan libremente son más dañinos que las drogas; no hay razón para tratarlas como excepción. La protección que supuestamente ofrece el Estado con la criminalización es cada vez más contraproductiva: estimula el consumo de drogas, en vez de evitarlo; desampara, en vez de proteger; causa más males que los que pretende resolver, corroyendo las bases mismas de nuestra convivencia.
Las campañas que en todas partes se realizan para despenalizar las drogas no abogan por la libertad seudoanarquista del mercado, sino por la creación de un orden social auténticamente democrático, que no delegue en el poder constituido, en nombre de la protección a los ciudadanos, la facultad de someterlos a su arbitrio y control. Es el orden por el que siguen luchando los zapatistas.
En cuestiones de seguridad, como en todas las demás, ha llegado la hora de decir serenamente a los guerreros instalados en el poder constituido: no, gracias, no queremos su protección. Preferimos el riesgo y las dificultades de una despenalización sensata de las drogas, a seguir padeciendo su guerra, en la que perdemos todos para que ustedes se enriquezcan. Asumir la responsabilidad en este ámbito nos permitiría hacerlo en muchos otros, para romper la cárcel de la sociedad de consumo, operada por la república autoritaria.

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LA DECISION DE CADA QUIEN.

La Corte echa abajo recursos de PGR y CNDH contra el aborto.

■ Declara constitucionales las reformas a ordenamientos capitalinos para despenalizarlo
■ El argumento: “no existe en la Carta Magna ni en tratados internacionales el llamado derecho a la vida desde el momento de la concepción”
■ Reconoce atribuciones de los congresos locales para dejar de tipificarlo como delito
■ El fallo, por 8 votos contra 3 de Ortiz, Azuela y Aguirre
Jesús Aranda
En una decisión histórica e inesperada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por ocho votos contra tres la constitucionalidad de las reformas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal que despenalizan el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, que obligan a las autoridades capitalinas a garantizar que la interrupción legal del embarazo se realice de forma gratuita y en condiciones médicas y sanitarias adecuadas.
Ayer, 10 ministros fijaron su postura con relación al proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de los cuales ocho (José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel y Margarita Luna Ramos) señalaron –cada quien con sus matices– que no existe en la Constitución, ni en los tratados internacionales suscritos por México, el llamado “derecho a la vida desde el momento de la concepción”, como tampoco la obligación en la Carta Manga de sancionar penalmente el aborto. Además de que es atribución de los congresos locales despenalizar o no los tipos de delitos, como es el caso.
Sólo el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela hablaron a favor del proyecto, que proponía no sólo invalidar la reforma capitalina, sino también castigar con prisión de tres a seis meses a la mujer que aborte de manera voluntaria.
Sánchez Cordero cuestionó: ¿por qué penalizar? Y respondió: este es un problema que nos rebasa como sociedad. Una manera eficaz de ayudar a las mujeres es despenalizarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y remediarlo, para evitar la muerte de mujeres que no abortan por maldad, ni por delincuencia, sino por necesidad.
Y subrayó: “la ley civil debe ser compatible con el Estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”.
Al término de la sesión vespertina, a la que asistieron representantes de diversas organizaciones sociales que apoyan o rechazan el aborto, Ortiz Mayagoitia sostuvo que la concepción protege al producto desde la concepción y que por encima de los derechos reproductivos, sexuales y de proyecto de vida de la mujer “está la protección a la vida y la salud del concebido”.
Tras rechazar que su argumento fuera “sexista”, dijo que la libertad sexual de la mujer radica en que puede tener relaciones voluntarias con quien desee, “en donde pueden resultar embarazadas”, y que no hay “imposición del embarazo (al criminalizar el aborto)”, porque “cuando tiene relaciones en el ejercicio de su sexualidad tiene que ser también responsable”.
Justificó que en la Escuela de Enfermería Militar se prohíba que las estudiantes se embaracen durante el curso, “¡eso es plan de vida!”, dijo, tras señalar que existen métodos anticonceptivos abundantes, publicitados, “ofrecidos gratuitamente” a la población abierta de mujeres. Abundó que la sanción de prisión prevista antes de la reforma penal era “leve” y debe prevalecer el derecho del concebido.
Cossío subrayó que el legislador cuenta con la potestad suficiente para despenalizar las conductas que han dejado de tener un reproche social. “Si esta es la elección que toma el legislador democrático, con qué herramientas constitucionales nosotros podemos impedir que el legislador despenalice las conductas que ha decidido despenalizar”.
Silva Meza aseveró que el Estado mexicano “ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad , reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres”, y que tampoco ha cumplido con su obligación constitucional de educar en materia sexual y reproductiva, como lo marca el artículo cuarto constitucional, además de que no ha garantizado el acceso pleno a los métodos anticonceptivos.
“No puede reprocharse a la sociedad un ejercicio irresponsable de la libertad reproductiva, mediante la penalización absoluta” de la interrupción del embarazo, indicó.
Fernando Franco destacó que las instituciones de salud capitalinas tengan por ley la obligación de proporcionar información oportuna y veraz de las opciones que tiene la mujer y las consecuencias para su salud en caso de que decidan abortar.
Luna Ramos se limitó a explicar que para ella no se trata de un tema de constitucionalidad.
En apoyo del proyecto, Azuela indicó que sólo se afectaban “ligeramente” los derechos de las mujeres. Y para evitar conflictos entre la madre y el producto, que los gobiernos y los particulares “encuentren fórmulas idóneas”, como la adopción o dar apoyos económicos pertinentes “con relación a esas molestias que tendría que soportar” la mujer durante la gestación.
Una vez que los ministros fijaron su postura, en la sesión de este jueves, Aguirre Anguiano tendrá la palabra para responder a los que no comparten su proyecto y, acto seguido, se pasará a la votación definitiva del asunto.

México, con el crecimiento más bajo de AL, dice Cepal

■ Estrecha relación con EU, escasa inversión física y “enorme evasión fiscal”, los factores
■ La región avanzará 4.7% este año, con Perú a la cabeza de las naciones con mejor desempeño
Juan Antonio Zúñiga y Enrique Gutiérrez (Reportero y corresponsal)
El crecimiento económico de América Latina será de 4.7 por ciento este año, enmarcado por extremos en los que sobresale un incremento de 8.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Perú, a la cabeza de los países con mejor desempeño, y una expansión de 2.5 por ciento en el caso de México, a la retaguardia de las economías de la región latinoamericana por segundo año consecutivo, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Al dar a conocer el Estudio económico de América Latina y el Caribe 2007-2008, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, hizo notar que “la región sigue creciendo” pero a una tasa menor a la de 5.7 por ciento registrada el año pasado, y adelantó que la expansión económica “seguirá desacelerándose en 2009” a 4 por ciento.
A través de una videoconferencia de prensa desde Santiago, Chile, sede de la Cepal, Alicia Bárcena subrayó que un incremento de 23 por ciento en la inversión bruta interna y una aceleración de la demanda agregada, fueron los dos factores que propiciaron en mayor medida el crecimiento de la economía peruana.
Escasa tributación
En tanto, atribuyó el bajo crecimiento del PIB en México a la muy estrecha relación de su economía con la de Estados Unidos, a la insuficiente inversión física y al bajo nivel de tributación fiscal.
“México tributa poco y tiene una enorme evasión fiscal”, comentó la secretaria ejecutiva de la Cepal. Su recaudación tributaria representa alrededor de 12 por ciento de su producto interno bruto, en contraste con 18 por ciento del PIB que se tiene como promedio en América Latina, apuntó.
La tasa de crecimiento económico de 2.5 por ciento para México, estimada por el organismo de Naciones Unidas, es menor a la meta oficial de 2.8 por ciento para este año, la cual fue ajustada en abril desde 3.7 por el gobierno federal; pero también es mayor a la de 2.3 por ciento en que la proyectan los escenarios básicos de los principales centros de análisis y consultoría del sector privado.
Los cinco países de la región latinoamericana con mayor crecimiento económico en 2008 serán: Perú, con 8.3 por ciento; Panamá, 8; Uruguay, 7.5; Argentina, 7 por ciento, igual al de Cuba, y la República Bolivariana de Venezuela con una tasa de expansión de 6 por ciento.
Abajo del promedio de 4.7 por ciento de incremento del PIB de la región figurarán: Honduras, con 4.5; Guatemala, 4.3, igual al de Costa Rica; Chile, 4; El Salvador, 3.7; Nicaragua, 3, similar al de Haití y Ecuador, y México, con un crecimiento económico de 2.5 por ciento.
Iniciado en 1948 por el economista Raul Prebish, el Estudio económico de América Latina y el Caribe es el informe más antiguo de la Cepal.
En el centro de las preocupaciones económicas actuales y por venir, Alicia Bárcena mencionó el acelerado crecimiento de los precios observado durante este año. “La inflación importa mucho por su efecto retroactivo en el crecimiento de las economías a través de la reducción de la demanda”, y “agudiza los dilemas de la política monetaria y cambiaria”, subrayó.
Inflación contra pobreza
Pero sobre todo preocupa el impacto regresivo que la aceleración inflacionaria de los alimentos puede tener en la lucha contra la pobreza. “Un incremento de 15 por ciento de los precios de los alimentos provocaría un aumento de la pobreza equivalente a 2.8 puntos porcentuales, con lo cual se elevaría de 35.1 a 37.9 por ciento de la población, y se perdería un tercio de la reducción de la pobreza que se registra en la región desde 2002”, dijo.
En términos absolutos, el alza de los alimentos puede incorporar 15.7 millones de nuevos pobres en América Latina, con lo cual el universo de habitantes en esta situación llegaría a 204.5 millones. Pero Bárcena precisó que será en diciembre cuando la Cepal presente un estudio completo sobre la afectación del alza de los alimentos en los niveles de pobreza en la región y país por país.
Entre tanto, advierte, “la inflación aumenta de manera generalizada, impulsada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos”.
A la cabeza de este fenómeno figuran la República Bolivariana de Venezuela, con un incremento de 32 por ciento de la inflación general de junio de 2007 al mismo mes de 2008, pero una elevación de 51 por ciento en los precios de los alimentos. Le sigue Nicaragua, con una carestía de 23 por ciento y alza de 33 por ciento en la comida; Bolivia, con una inflación general de 17 y una particular de alimentos de 32 por ciento.
En este aspecto México es el país de la región con menor inflación general, 5.3 por ciento, y de alimentos, 9.
La perspectiva económica de la región para 2009 no prevé estancamientos y menos aún resultados negativos. El próximo “será el séptimo año consecutivo de crecimiento, aunque se profundizará la desaceleración”, pronostica la Cepal.
La economía regional crecerá 4 por ciento en 2009. A la cabeza nuevamente figurarán Perú y Panamá, con 7 por ciento; Uruguay y Cuba, con 6, y República Dominicana, Chile y Argentina, con 5. México estaría a la zaga de todos por tercer año consecutivo, con un incremento de 2.5 ciento en su PIB, similar al de Nicaragua; pero menor al 3 por ciento proyectado para Haití y Ecuador.



Sociedad narca.

josé gil olmos
MEXICO, D.F., 27 de agosto (apro).- La “sociedad narca” es un término que pocas veces se ha escuchado pero con mucho tino define una situación y una condición que se vive en todo el país: la integración del poder del narcotráfico como forma de vida en la sociedad y, aún más, como parte del Estado y del sector político.

En su último libro, La Reina del Pacífico, el periodista Julio Scherer García descubre este término en su larga entrevista con Sandra Ávila Beltrán, bautizada así por el gobierno de Felipe Calderón en un intento por justificar su lucha contra el narcotráfico pretendiendo vestir a esta mujer, nacida en Tijuana, como “el enlace más peligroso” que hay entre los cárteles de México y Colombia, algo que, en realidad, está muy lejos de ser cierto.

A lo largo del libro, el lector puede ir descubriendo el significado profundo de este término que retrata muy bien el enorme poder que el narcotráfico ha alcanzado entre la sociedad civil y política en nuestro país.

“En la sociedad narca la riqueza como que brota –describe Sandra Ávila-- un día eres pobre y al siguiente millonario. Pero cómo se hace el dinero sólo lo saben los que lo hacen. Tú no los escuchas a propósito ni averiguas qué tan serias podrían ser las relaciones entre ellos. Pero si adviertes que de pronto lucen brillantes y piedras preciosas, mujeres de alto vuelo, que compran residencias que habitan y abandonan casi al mismo día, que se hacen dueños de edificios u hospitales, como en Guadalajara, o un hotel, como en Mazatlán, lleno de flores. Yo no sé cómo se arreglan con las autoridades, pero se arreglan. Un día cambian de estilo y se vuelven echadores. Te enteras de reuniones discretas, cerca del misterio, pero no más. Vas sabiendo sin saber que vas sabiendo. Y un día sabes. ¿Cómo es eso? No sé. Pero sé que es así”.

Añade: “La sociedad narca es dura, cruel y en su propio espacio es una sociedad en sí misma. No hay código que valga la pena en la disputa por el poder. Tampoco hay leyes que resuelvan las disputas y no se ve autoridad que pudiera imponerse al caos que va y viene, siempre presente y haciéndose sentir”.

En tanto, Scherer señala: “Escuchando a la señora me he ido haciendo una idea acerca de la sociedad narca: es expansiva y su dinero está por todos lados”.

Visto así, la “sociedad narca” es aquella que está impregnada por el poder de los carteles de la droga, por el dinero de los barones de los estupefacientes, que se hacen presentes en todos los sectores y en todos los niveles de gobierno, sin que nadie los detenga.

La “sociedad narca” está formada por las familias de los capos de la doga, pero también por sus amigos, por los políticos con los que se asocian, por los gobernantes que los protege o que, incluso, se dedican al mismo negocio; por los militares que los solapan detrás de las montañas de dinero que son capaces de amasar en poco tiempo; por los banqueros que cierran los ojos para no ver la entrada de millones de dólares a sus sistemas financieros; por los ediles que compran desde que son candidatos; por algunos periodistas que se emplean como voceros; por algunos empresarios a los que sólo les importan sus negocios, y por los policías y jueces que juegan a la justicia cuando en realidad sirven para legalizar la impunidad.

El narcotráfico se ha hecho cultura en nuestro país. La “sociedad narca” tiene a sus santos --Malverde y la Santa Muerte--, su propia música, sus ídolos y héroes y su moneda establecida por el precio del kilo de estupefaciente. Tiene su territorio y sus propias reglas de autogobierno. Tiene a su ejército –Los Zetas--, y a sus propias autoridades. En fin, en medio del Estado mexicano se ha erigido en un pequeño y poderoso estado que controla muchos de los hilos del poder a nivel nacional.

La falta de entendimiento de los alcances del problema por parte del gobierno de Felipe Calderón es lo que lo ha hecho caer derrotado ante el enorme poder del narco y hacer notar el error cometido de utilizar la fuerza militar cuando la propia Constitución lo impide.

Ya lo hemos dicho: para empezar una verdadera lucha contra este metapoder es necesario tomar acciones que les duela, no deteniendo algunos cabecillas que luego escapan como fue el “Chapo”, sino decomisando el dinero que ganan y que lo meten a lavar en el sistema financiero y bancario.

Al mismo tiempo, actuando contra los policías y sus jefes que se emplean a los diferentes narcos, a los gobernadores y presidentes municipales que se hacen socios, a los policías y jueces cómplices, a los militares que juegan doble juego.

Calderón se engaña a si mismo, no a la sociedad, cuando dice que “ahora si” va con todo para acabar con el crimen organizado –narco, secuestradores, etcétera-- pues al hacerlo a través de los mismos mecanismos policiacos, legales y militares, está repitiendo el mismo error de antes.

Sólo con la caída de un gobernador o presidente municipal, que los hay, involucrados en el crimen organizado, sólo con la detención de algunos militares o banqueros que solapan, o con la caída de un alto funcionario al servicio de los jefes del narcotráfico, es como la sociedad podrá ver que el combate va en serio.

Mientras tanto, si no se actúa de fondo, la “sociedad narca” se seguirá reproduciendo y extendiendo cada vez más y con ella su poder será imbatible para cualquier gobierno. Este es el verdadero interés de la sociedad, no la reforma de Pemex. Así lo veremos con claridad el próximo fin de semana cuando se realicen las dos marchas programadas precisamente bajo estos dos temas.

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UNA ELECCION CERCADA

Asunto de estado y de seguridad nacional, relevo en Sección 22

El dirigente magisterial de Oaxaca, Ezequiel Rosales Carreño, declaró que, sin exagerar, el relevo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a realizarse el próximo 25 y 26 de septiembre, "es un asunto de Estado, incluso de seguridad nacional porque somos la columna vertebral del movimiento sindical y social en el país".


PEDRO MATIAS

Por lo tanto, dijo, "estamos en la mira del gobierno federal, del CEN del SNTE y del gobierno estatal porque somos la piedrita en el zapato de los gobiernos neoliberales, y de alguna manera los que impiden que pasen sus reformas".

Adelantó que "el magisterio de Oaxaca cerró filas para blindar al movimiento en contra de una posible maniobra que intente el CEN del SNTE o el gobierno".

Insistió en que "la única garantía de que nuestro relevo seccional sea exitoso, es la unidad, disciplina y fortaleza de nuestras bases porque el CEN del SNTE o el gobierno van hacer todo lo posible por socavar la unidad y tratar de enrarecer el clima y, si es posible, sabotear nuestros eventos sindicales".

Por lo pronto, informó que en esta semana arrancaron formalmente todos los trabajos preparativos, organizativos y logísticos para llegar a su IX pre-congreso y congreso sindical para el cambio de la dirigencia de la Sección 22.

Aunque dijo que por el momento no tienen conocimiento de algún trabajo que este realizando el CEN del SNTE, se blindaran con sus bases, con sus asambleas desde las escuelas, las delegaciones, los sectores, las regiones hasta la estatal.

Consideró que "con la organización de todos cerrarán toda posibilidad a los charros para que no puedan asomarse a nuestro relevo y no puedan encontrar alguna rendija por donde logren colarse".

Destacó que aún con sus diferencias y contradicciones internas, han ponderado la unidad del movimiento por encima de los intereses personales y de grupo, y esto equivale a cerrar filas, blindar al movimiento en contra de una posible maniobra que intente el CEN del SNTE".

En cuanto a la recuperación de escuelas, reconoció que aún quedan pendientes de entregar a la Sección 22 alrededor de 80 espacios educativos.


¿Dónde están los 113.7 mdp para "seguridad"?

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Perla Marisela Woolrich Fernández, exigió al gobierno del estado informe a la ciudadanía qué ha hecho con los 113.7 millones de pesos que la Federación le entrega año con año para equipar y modernizar los cuerpos policiacos en la entidad.


LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ


Nosotros, de manera extraoficial y por comentarios de personas vinculadas con esas áreas, sabemos que rara vez se aplican esos recursos en el equipamiento de los cuerpos policiacos y que la mayor parte se desvían para fines completamente ajenos a brindar seguridad a la ciudadanía", dijo Woorlich Fernández.

Expresó que los problemas de inseguridad pública no tienen que ver nada más con la corrupción en los cuerpos policiacos, "sino también con la corrupción de otros niveles de gobierno que no aplican los recursos federales que se destinan para el combate del crimen común y organizado. Por ellos se debe informar a los ciudadanos qué se hacen con esos recursos".

En entrevista, la legisladora blanquiazul dijo que es urgente que en Oaxaca se aplique la premisa que Alejandro Martín planteó en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional: si no pueden, renuncien.

"Es urgente que analicemos el fondo de estas palabras, porque resultan ciertas y debemos exigir su aplicación, para que ya no se siga medrando con los recursos del pueblo; ni se sigan utilizando los elementos de seguridad pública para fungir como guardaespaldas de funcionarios públicos".

Agregó que en Oaxaca ni siquiera se conocen los resultados del Plan Estratégico de Seguridad, que se planteó en el Plan Estatal de Desarrollo, como el instrumento que abatiría la inseguridad en la entidad, pero nunca se llevó a cabo.

La presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y Género de la LX Legislatura, recordó que el propio secretario de Protección Ciudadana, Javier Rueda Velásquez, en su comparecencia en el Congreso reconoció que un tercio de los elementos policiacos cumplen funciones de seguridad de funcionarios públicos o en sus domicilios particulares.

"Por confesión propia se supo que el personal se destina, casi en una tercera parte, para que sirvan como guardaespaldas y vigilantes de funcionarios; incluyendo otra ilegalidad más como es la de prodigar atención y cuidados policiacos al presidente estatal del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Jiménez".

Agregó que incluso vecinos de la agencia municipal de San Felipe del Agua, donde se ubica la residencia del dirigente estatal priísta, han denunciado ante los diputados de Acción Nacional la prepotencia y arrogancia de los funcionarios públicos que cierras las calles cuando se les antoja o causan desmanes en la vía pública sin que nadie les diga o haga algo.

Woolrich Fernández subrayó que el proyecto del titular de la Seproci, Rueda Velásquez, es inoperante, "toda vez que no contempla el aspecto laboral, ni mucho menos el salarial, que es lo que genera la corrupción de los elementos de las corporaciones policiacas".

Agentes de tránsito, los más corruptos
Citlalli López
[05:46] Un referéndum negativo para los agentes de tránsito municipal y del estado resultó el sondeo aplicado a conductores del transporte urbano quienes calificaron de corruptos e inoperantes a elementos de ambas corporaciones.
Los conductores afirmaron que las mordidas resultan mucho más onerosas que los asaltos de que son objeto.
La encuesta se aplicó a 100 choferes urbaneros durante el último día de revisión físico mecánica al transporte público.
El cuestionamiento reveló que los agentes piden entre 40 y 100 pesos para dejar trabajar a los urbaneros en ciertas rutas.
La evaluación, aplicada por la presidenta de la Comisión de Protección ciudadana del Congreso del estado, Guadalupe Rodríguez Ortiz, reveló que 40 por ciento de los conductores tiene más de 4 años y hasta 37 años de servicio, también desnudó cuáles son las rutas críticas por inseguridad.
Las zonas más peligrosas para urbaneros son aquellas que se acercan al CRIT, por Xoxocotlán, o las colonias Monte Albán, Pueblo Nuevo y La joya; todas ellas por situarse en zonas alejadas, en donde la capacidad de respuesta de los elementos policíacos son más retardados.
Las rutas hacia Ciudad Universitaria son también de las más difíciles, denunciaron los conductores. De acuerdo a lo declarado, en este punto diariamente los urbaneros se ven despojados de sus ganancias por seudo estudiantes.
Los encargados del transporte público acordaron, con la presidenta de la comisión de Protección Ciudadana, la realización de un atlas de riesgos y a partir de ahí establecer acciones de vigilancia.
Sobre el tema de corrupción de los agentes de tránsito, la legisladora abundó que para los urbaneros éste es el principal problema por encima de los daños causados por los asaltos.
Uno de los lugares con mayor incidencia, señalaron, es la zona de la Central de Abasto, ahí es prácticamente obligatoria la mordida.
Tanto taxistas como urbaneros ‘se reportan’ con sus cuotas, de esta manera se les permite realizar paradas y base hasta en doble fila, sobre la llamada explanada. Incluso a los ruleteros cuentan con anuencia para bajar y subir pasaje, aún cuando los señalamientos lo prohíban.
Bajo ese esquema de corrupción, es una actividad muy redituable el ser agente de tránsito en ese punto de la capital, tomando en cuenta que sobre esa vía transitan todas las rutas de autobuses urbanos y suburbanos así como taxistas foráneos y capitalinos.
De acuerdo al programa capitalino “Mano a Mano contra la corrupción”, los agentes de tránsito municipal son los más señalados por exigir dinero.
Debido a ello, la Contraloría municipal ha iniciado la investigación sobre el actuar de algunos agentes de tránsito.
Las quejas son principalmente porque los policias piden la clásica mordida y comportamiento arbitrario.
Las denuncias han sido depositadas principalmente en los buzones de la Central de Abasto en donde, a decir de los ruleteros foráneos, diariamente se tienen que “poner a mano” con 20 pesos para poder cargar pasaje en doble y hasta triple fila.



Disminuye casi 8% número de hablantes de lengua indígena
Citlalli López
[05:45] En un lapso de 15 años el número de hablantes de lengua indígena cayó en un 7.9 por ciento, señaló la directora de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Elizabeth Hernández Reyes.
En todo el estado de Oaxaca existen 1 millón 91 mil 502 hablantes de lengua indígena, lo que significa que el 31.1 por ciento de los 3 millones 506 mil 821 habitantes en la entidad conservan una de las 15 lenguas reconocidas en el territorio. Esta cantidad representan el 18.2 por ciento de hablantes de lengua indígena en el país, mencionó Hernández Reyes.
Refirió que en 1990, el 39 por ciento de la población del estado era hablante de lengua indígena, en el año 2000; ese porcentaje disminuyó, y en el conteo rápido del 2005 esa cifra se redujo al 31.1 por ciento.
Lo anterior fue calificado por Hernández Reyes como una deplorable situación y agregó que actualmente se observa un alto deterioro de las lenguas y valores culturales e identitarios.
La titular de la dependencia mencionó que a las posibles pérdidas y deformaciones que han sufrido las expresiones culturales indígenas, se suma la marginación y pobreza que padecen las comunidades indígenas en las convulsiones sociales.
Subrayó que la vulnerabilidad en lo educativo y lo económico las hacen presa fácil del engaño, manipulación, extorsión y corrupción. “En el pasado como ahora los grupos de poder o partidos políticos han encontrado en las poblaciones indígenas filones de oro para sus intereses, ahí se engendran delitos contra la salud, narcotráfico, grupos armados, asesinatos colectivos, conflictos agrarios, conflictos religiosos y sociales, delitos contra la mujer encubiertos en usos y costumbres, por mencionar algunos males”, apuntó.
Detalló que más del 90 por ciento de los municipios de la población indígena se consideran de alta y muy alta marginación, tras presentar rezagos en educación. En este sentido precisó que el promedio de escolaridad apenas alcanza el cuarto grado en contraste con el 6.4 grados alcanzados en el promedio escolar estatal. Mencionó que en muchas regiones el índice de inasistencias a clases rebasa el 40 por ciento.
Por otro lado destacó que las tasas de fecundidad y mortalidad infantil en el 90 por ciento de las poblaciones indígenas se consideran de alta y muy alta, en algunas regiones la población monolingüe llega al 99 por ciento como es el caso de la población Mixe, en donde el promedio de analfabetismo también es muy alto.

Lenguas al borde de la desaparición
Por otro lado, a pesar de que la lengua mixteca se sigue conservando en la región mixteca, para el Jefe de la Unidad Regional Huajuapan de Culturas Populares, Guillermo Círigo Villagómez, es preocupante la situación en Santa María Ixcatlán y en comunidades como San Juan Bautista Coixtlahuaca, en donde su lengua madre está apunto de desaparecer.
“El chocholteco y el ixcateco son lenguas que están en peligro de desparecer, debido a que en las comunidades sólo lo hablan las personas mayores de edad y el ixcateco sólo una comunidad lo sigue conservando, Santa María Ixcatlán” comentó.
Asimismo, en la región de la Mixteca la lengua indígena más hablada es el mixteco, seguido del triqui, chocholteco, el ixcateco, nahua y tacuate.
Cabe resaltar que la lengua mixteca es la que más se habla y se estima que aproximadamente existen un millón y medio de hablantes de mixteco entre los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y los que están radicando en Estados Unidos de América.
“El mixteco es una lengua viva hablada por niños, jóvenes y adultos y lo que ha faltado es que se reconozca y se respete la diversidad de lenguas, para no caer en una discriminación e intolerancia hacía estos grupos indígenas” concluyó.

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PENALIZACION Y DESPENALIZACION DEL ABORTO

Rechazan 10 ministros parte del proyecto antiaborto de Aguirre

■ La acción fue considerada preámbulo de que la Corte validará las reformas capitalinas
■ La despenalización no infringe la Constitución, aseguran Gudiño y Góngora
■ Opositores al dictamen consideran que la Asamblea sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud
Jesús Aranda
La despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación “no infringe ninguna regla ni valor de la Constitución”, por lo que me pronuncio por la validez de la reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, aseveró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien precisó que la Carta Magna no considera “valores absolutos” y que el régimen constitucional exige “conciliar valores que no necesariamente son compatibles”.
Al igual que Genaro Góngora Pimentel, Gudiño rechazó el proyecto que pretende penalizar la interrupción del embarazo, además puso como ejemplo el conflicto entre la libertad de la mujer sobre su cuerpo y el valor de la vida del concebido. En el caso del Distrito Federal, dijo, la Asamblea Legislativa (ALDF) se inclinó porque la mujer decida hasta las 12 semanas de gestación y, a partir de ahí, la ley protege al producto de la concepción.
Por la mañana, el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano ya había sufrido su primer derrota, cuando 10 de sus compañeros rechazaron parte de su proyecto y consideraron que la Asamblea Legislativa sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud.
Hubo consenso en que las autoridades capitalinas no violaron la Constitución al despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones –quedó para después la discusión respecto a si dicha despenalización se apegó o no a la Carta Magna– y que fueron legales las medidas adoptadas por el gobierno local para garantizar el acceso a los servicios públicos de salud a las mujeres que deseen abortar.
Esta decisión mayoritaria, que para muchos presentes fue el anticipo de que el pleno validará la reforma capitalina con al menos seis votos, molestó a Aguirre, quien lamentó que el documento en el que sustentaba que la ALDF había invadido la competencia del Congreso de la Unión hubiera sido “zarandeado” por el pleno.
En su intento por descalificar las argumentaciones de sus compañeros, dijo alzando la voz: “la señora ministra Góngora Pimentel, ¡perdón!, la señora Olga Sánchez Cordero nos dice…”, y remató diciendo que retiraba su documento para que no fuera incluido en el dictamen, a lo que se opuso tajante el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien después tomó la votación, que fue unánime en contra del texto de Aguirre.
“Finalmente logré la unanimidad”, dijo irónico el ministro instructor, a quien le fue negada la posibilidad de que en el resto de las sesiones conteste a cada uno de los ministros que hablen en contra de su proyecto. El ministro presidente determinó que hablará, pero hasta que termine la primera ronda de ministros.
En la sesión vespertina del pleno de la Corte se inició la discusión del tema de fondo de la acción de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en donde Góngora y Gudiño reivindicaron también el pleno derecho de la mujer sobre su cuerpo y rechazaron abiertamente la pretensión de que el Estado imponga por ley la maternidad, como lo plantea el proyecto de dictamen que está a discusión.
“No encuentro en la Constitución nada que garantice el derecho a la vida y mucho menos que tenga que defenderse por la vía penal”, subrayó Góngora.
Ambos rechazaron el planteamiento del proyecto respecto a que la Constitución consagra el derecho a la vida y que exista una protección constitucional al producto desde la concepción sin restricciones ni limitaciones.
Góngora abundó que la penalización del aborto voluntario atenta contra los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de la mujer y que “culminar el embarazo bajo amenaza de pena criminal” es discriminatorio, porque “la mujer que decida no ser madre es delincuente”, además de que no respeta “el momento biológico y físico cuando se sienta lista para disfrutar del ejercicio de la maternidad”.
El embarazo forzado “implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad”; se discrimina a la mujer en razón de su condición social, porque los problemas de salud que generan los abortos inseguros tienen más impacto en las mujeres pobres.
Subrayó que el proyecto de Aguirre es “sesgado”, porque no incluyó una perspectiva de género en donde se tomen en cuenta los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En este contexto, puso como ejemplo la violación de derechos humanos en el caso la niña Paulina, a quien el gobierno de Baja California le impidió abortar, pese a que el embarazo fue producto de una violación.
Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el asunto y recomendó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo cuando esté permitido.

En duda, resultados más altos de Enlace; sospecha la SEP que fueron de copiones
■ En un plantel de Coahuila hicieron la prueba 20 jóvenes, y todos los resultados deben verificarse
Karina Avilés
Según la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), entre las “mejores” escuelas de educación básica en el país se encuentran las que registraron un mínimo número de alumnos evaluados, así como altos porcentajes de estudiantes cuyos exámenes serán revisados ante la posibilidad de que hayan copiado.
Por ejemplo, en la secundaria particular Guadalupe Victoria, en el estado de Coahuila, presentaron la prueba 20 alumnos, los mismos que tendrán que ser examinados de nuevo para comprobar que no hicieron trampa.
De acuerdo con la base de datos de la página web creada ex profeso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se verifica que en el listado de las 10 escuelas con los mayores puntajes a escala nacional no sólo se encuentran los planteles privados. En primaria, cinco de los mejor evaluados son públicos y, de manera particular, destaca que escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que son las de más escasos apoyos y las que atienden a los niños con mayor vulnerabilidad, se colocaron entre los primeros lugares. En el nivel secundaria, seis son de carácter privado y cuatro públicas.
Así, de acuerdo con Enlace, las “mejores primarias” del país son las siguientes: en primer lugar, la escuela Inglés de Cuernavaca, en Morelos, con un puntaje de 801.20000, seguida de las escuelas comunitarias del Conafe en Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán y Acapulco, en el estado de Guerrero, con 787.10000, 773.53800 y 767.33300, respectivamente. En quinto lugar se encuentra la primaria particular Vasco de Quiroga, en Veracruz, con 764.53800.
A éstas le siguen la primaria comunitaria del Conafe en Tecpan de Galeana, con 763.00000 puntos; la escuela particular Buckingham, en el Distrito Federal, con 761.813000, aunque en este plantel hay 15 exámenes a revisión, de un total de 67; la escuela pública Jaime Sabines Gutiérrez, en Chiapas, con 761.65400 puntos, y las particulares Liceo Americano Francés y Colegio Amigos de México, en la capital del país, con 758.28100 y 753.93800 puntos, respectivamente. En esta decena de instituciones el mayor número de evaluados fue de 67, y el menor, de tres.
En el caso del nivel medio básico, los planteles con los más altos puntajes fueron el colegio particular Mario Moreno, en el estado de México, con 11 evaluados y un puntaje de 805.36400, seguido del Instituto Loyola, de carácter privado, en San Luis Potosí, con tres estudiantes examinados y un puntaje de 803.66700; el colegio particular Montessori Tepeyac, en Puebla, con cuatro evaluados y un puntaje de 799.25000; la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Guerrero, con 39 evaluados y 777.551 puntos.
En ese orden siguen la Telesecundaria Comunitaria, en Guerrero, con sólo un alumno que presentó el examen y un puntaje de 769.00000; la escuela particular Instituto Bassols, en el Distrito Federal, con 26 evaluados y un puntaje de 765.54000; el colegio particular Guadalupe Victoria, en Coahuila, con 20 evaluados e igual número de exámenes por verificar, y un puntaje de 764.75000; la telesecundaria 6127, en Chihuahua, con ocho evaluados y un puntaje de 762.75000; el colegio particular Centro de Desarrollo Integral Arboledas, en Jalisco, con 87 evaluados y un puntaje de 762.22400; la escuela pública Profesor Jesús M. Campos, en Nuevo León, donde 86 estudiantes realizaron el examen y 14 casos serán puestos a revisión. Su puntaje fue de 761.59300.
En el listado también se pueden observar los planteles donde se registró mayor número de pruebas a revisar, y cuyos alumnos pudieron haber copiado. En primaria son las siguientes: la escuela indígena Fray Matías de Córdova, en Chiapas, donde serán verificadas 315 pruebas, de un total de 762; la escuela José María Martínez Ortega, en Guanajuato, donde se analizarán 295 de 489 exámenes, y el plantel Aquiles Serdán, en Guerrero, donde se revisarán 270 de 379 exámenes. En secundaria, la Técnica 1, en Sinaloa, con 357 de 476 pruebas por verificar, y la Técnica 50, en el mismo estado, con 314 de 369 exámenes que se someterán al análisis.
Los planteles con los más bajos puntajes en primaria fueron la escuela Adolfo López Mateos, en Tabasco, y los planteles del Conafe en el municipio de Chilón y Quexil, en Chiapas; mientras que en secundaria fueron la Comunitaria Conafe en Pantelho, Chiapas; la telesecundaria 613, en Hidalgo, y la Comunitaria en la localidad de El Garbanzo, en Guanajuato.

El gobierno, paralizado y sumiso ante las televisoras, dice Bartlett.

■ Con el poder que ejercen actúan sin ningún control y manipulan el voto de los mexicanos
■ En foro sobre transparencia electoral se discuten los “fraudes” de 1988 y 2006
■ Hace 20 años funcionaron sistemas de información con datos manipulados, señala Cuauhtémoc Cárdenas
Agustín Salgado
Uno de los principales problemas con la democracia en México es el poder que ejercen las televisoras, que actúan sin ningún control por parte del Estado, manipulan el voto de millones de mexicanos y son capaces de convertir a Vicente Fox, que ha sido el presidente “más inútil, inculto e ignorante”, en un mandatario “respetado por la opinión pública”, advirtió Manuel Bartlett.
En el marco de la mesa de análisis Transparencia electoral e historia 1988-2008. Avances y retrocesos, que organizó el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), el ex secretario de Gobernación aseguró que el gobierno federal está sometido a las dos principales empresas televisivas y “se preocupa más por garantizar las ganancias” económicas a Televisa y TvAzteca, que por defender “a quienes tiene que defender, que es el auditorio”.
El seminario se realizó ayer en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Constó de dos mesas de análisis y en la primera, además del ex gobernador de Puebla, participaron el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Arturo Núñez; el director de la revista Voz y Voto, Jorge Alcocer; el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal Gustavo Anzaldo, y el ex consejero del Instituto Federal Electoral, Rodrigo Morales Manzanares. En la segunda mesa participó, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El primero en hablar fue Arturo Núñez. El legislador del sol azteca calificó de “regresión” el proceso electoral de 2006, y criticó la falta de transparencia en el resultado.
El segundo en hacer uso de la palabra fue Bartlett Díaz. El ex secretario de Educación Pública se refirió a la jornada electoral de 1988, y si bien reconoció algunas deficiencias durante dicho proceso, aseguró que no se puede comparar con lo que sucedió hace dos años: “Hay que señalar que los procesos son difícilmente comparables desde el punto de vista de la información y de los resultados, porque la evolución y la técnica electrónica es totalmente diferente. Hace 20 años no se tenían ni las computadoras que se tienen ahora”.
Luego de que le informaran que su tiempo había finalizado, Manuel Bartlett dijo: “Ya se acabó mi tiempo, fíjese usted, tengo 20 años en tratar de explicar (qué sucedió en el 88) y ahora me dan 15 minutos”.
Por su parte, Jorge Alcocer dijo que si bien en 1988 hubo un fraude orquestado por las autoridades, en 2006 “sí existió la certeza” en el resultado. El ex integrante del Partido Mexicano Socialista dijo que él, Bartlett Díaz y Núñez son “tres sobrevivientes del deshielo”. Para ese entonces aún no arribaba Cuauhtémoc Cárdenas al Colegio de San Ildefonso.
Antes de que se iniciara la segunda mesa, en la que además de Cárdenas participaron José Antonio Crespo, José Woldenberg y Manuel Aguilera Gómez, hubo un breve saludo entre el entonces candidato presidencial por el Frente Democrático Nacional y Bartlett, quien en ese año fungió como secretario técnico de la Comisión Federal Electoral.
En el vestíbulo del anfiteatro, Manuel Bartlett abundó sobre los emporios televisivos: “El gobierno está paralizado frente a las televisoras porque todos quieren congraciarse para ver si ganan un poco de publicidad para sus ‘carreritas’ políticas”.
Recordó que la ley que regula a la radio y la televisión data de 1960, y que la televisión de ser un servicio público se ha convertido en medio para “inducir” a millones de mexicanos.
“Tenemos que esperar que el Congreso de la Unión saque la nueva ley de radiodifusión, porque la pararon descaradamente. La pararon porque no les gustó a los patrones, no le gustó a quienes se sienten dueños de la televisión en México. Estas dos familias no quieren que haya una nueva ley, y faltando algunos minutos para que se cerrara el proceso legislativo, no hubo reunión. La bloquearon y entonces Gobernación y otras autoridades, en lugar de servir a los intereses del público sirven a los intereses de este par de personajes que dominan la política en este país”.
Opacidad absoluta en 88
Durante la segunda mesa, Cárdenas Solórzano afirmó que en 1988 se cometió un fraude electoral y que la “opacidad fue absoluta”. El tres veces candidato presidencial dijo que con conocimiento del entonces presidente de la República (Miguel de la Madrid) y de quien fuera su secretario de Gobernación (Manuel Bartlett, ahí presente), funcionaron dos sistemas de información: uno con datos manipulados, que era el que se hacía público, y otro con datos reales, que se entregaban a unas cuantas personas del gobierno.
“En mi caso tampoco se olvida, yo no me muevo por rencores, estoy tranquilo con mi conciencia y me parece que lo que tenemos que hacer es mantenernos en el esfuerzo por nuestra democracia”, indicó Cárdenas.

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