LA PATRIA NO SE VENDE ¡SE DEFIENDE!

Sindicato Mexicano de Electricistas

MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo.
1. Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.

2. La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.

3. Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.

4. Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.

5. La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.

6. La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.


7. La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.

8. La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo.
Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el “MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS”, será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.

Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.
Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:
1. Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.

2. Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.
3. Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.
4. Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
5. Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.

6. Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.
7. Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.
8. Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.
9. Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.
10. Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.
11. Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementación de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.
Los ejes fundamentales de nuestras acciones;
1. Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.
2. Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.
3. Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.
4. Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.
5. Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.
6. Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.
¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN
DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN!
¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO!
¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Fraternalmente
México, D. F., a 28 de enero de 2008

Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, “Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!”, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.

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HACIA LA MOVILIZACION DE LOS TRABAJADORES

¿Porqué los trabajadores podemos y debemos realizar un Paro Nacional en México?

José Luis Hernández Ayala
Rebelión

La decisión de la oligarquía mexicana y de sus amos imperialistas es inequívoca: consideran inaplazable y urgente la aprobación de las llamadas reformas “estructurales”, especialmente las que se refieren a la privatización del petróleo y la electricidad. Los vaivenes declarativos del gobierno espurio, que primero ratifica y luego recula, solo reflejan su cautela ante las crecientes muestras de rechazo por parte de la población y de la maduración de un proceso de reorganización y unidad de los diferentes movimientos sociales.

La reciente conformación del “Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas” es reflejo de la grave preocupación existente entre la clase trabajadora por la profundización del modelo neoliberal y de su determinación de unir fuerzas para enfrentar esta ofensiva. El amplio abanico de organizaciones campesinas, sindicales (entre las cuales se encuentran los trabajadores electricistas, telefonistas y maestros de primaria y secundaria) y sociales que lo conforman (1), constituye una excepcional demostración de la pérdida de consenso logrado por la clase política neoliberal y del potencial que pude adquirir este movimiento. Su manifiesto fundacional (http://www.sme.org.mx/construccion_frame/UntitledFrameset-3.htm), es un diagnóstico preciso y puntual de cómo la política neoliberal y la represión han afectado a todos los sectores explotados y oprimidos de nuestra sociedad y de la pérdida de soberanía y estafa que significaría la privatización del sector energético. El documento también recoge las demandas de cada una de estas expresiones sociales y presenta un calendario de movilizaciones para presionar a las diferentes instancias de gobierno para que las solucione.

Sin embargo, en la opinión de muchos compañeros, dicho documento adolece de una omisión fundamental: no incluye la propuesta de realizar un Paro Nacional para hacer efectivos dichos propósitos. En mi opinión las condiciones políticas actuales no solo demandan y hacen posible la realización de dicho paro, sino que lo hace la herramienta sin la cual es imposible alcanzarlos.

Las condiciones han madurado

La última Huelga General se realizó en México en 1936. Luego vino un prolongado proceso de cooptación y corrupción de dirigencias sindicales por parte del estado mexicano y derrotas de la insurgencia sindical democrática, combinadas con un largo periodo de crecimiento económico, que hicieron imposible su realización. Desde los inicios del periodo neoliberal (1982), hubo diversos intentos para realizar movimientos huelguísticos amplios o los llamados “Paros Cívicos”, pero en su totalidad han fracasaron o no han logrado plenamente sus objetivos, ya sea por la cobardía y sometimiento de las direcciones sindicales burocráticas como por la inmadurez y aislamiento de las organizaciones sindicales democráticas.

No obstante esas luchas no fueron en vano. El peso de la crisis económica y el desprestigio de la burocracia sindical han abierto amplias brechas por las cuales numerosos sectores de trabajadores han logrado recuperar sus organizaciones o presionar a sus direcciones para obligarlas a actuar de manera más consecuente. Entre los resultados más significativos de estas luchas han sido la ruptura del Congreso del Trabajo y el surgimiento de otras referencias sindicales, la ejemplar resistencia de los trabajadores electricistas a la privatización, la lucha de los trabajadores de las maquilas, el surgimiento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y las huelgas mineras.

Es cierto que el grueso de la clase trabajadora mexicana aún se encuentra desorganizada o controlada por direcciones sindicales gangsteriles. Pero también es cierto que sectores clave del proletariado mexicano, como los mencionados arriba, se encuentran vigorosos y en condiciones de emprender una prueba de fuerzas con sus enemigos de clase.

La sola composición de las organizaciones que signan el mencionado manifiesto da una idea de la fuerza cuantitativa y cualitativa de este movimiento. Ellas representan, por lo menos, a dos millones de trabajadores del campo y la ciudad. Cuentan con la posibilidad de paralizar las autopistas y los pasos fronterizos de casi todo el país, dejar sin actividades a la mitad de los centros docentes y la mayoría de las universidades, inmovilizar la casi totalidad de los centros mineros y metalúrgicos, dejar al país sin comunicaciones telefónicas, parar la distribución eléctrica en zonas neurálgicas del centro del país y contar con el entusiasta apoyo de millones de mexicanos agraviados tanto por los efectos de la política neoliberal como por el fraude electoral efectuado el año pasado.

Este es otro factor político que nos favorece y cuya importancia es altamente significativa. La existencia de un gobierno espurio y el surgimiento de un amplio movimiento a escala nacional (Convención Nacional Democrática), que lo resiste y que comparte la mayoría de nuestros cuestionamientos, representa un aliado, en potencia, fundamental.

Es cierto que para frenar este movimiento el gobierno recurrirá, y ya lo está haciendo, a una intensa campaña de medios para desprestigiarlo y también a la intimidación y la represión. Pero se trata de un gobierno en extremo agobiado por su ilegitimidad y debilidad. Felipe Calderón no puede moverse por el territorio nacional, a año y medio de su mandato, sin tener que recurrir a aparatosos desplazamientos de la Guardia Presidencial. Es de dudar la efectividad de sus campañas mediáticas, con ellas el gobierno de su antecesor, Vicente Fox, no logró el desafuero de López Obrador. Los medios de comunicación nacional se encuentran sumamente desprestigiados.

Con esto no quiero decir que enfrentar la política del gobierno sea un día de campo. Solo quiero decir que existen buenas condiciones para vencerlo. Todo depende de que actuemos con mucho cuidado, pero golpeando con puño de hierro. Por ejemplo, debemos cuidar que un paro nacional afecte lo menos posible a la población trabajadora y lo máximo al gobierno, la industria y los barrios de la aristocracia; realizar una intensa campaña propagandística en barrios obreros, fábricas y centros de trabajo, mercados, escuelas y otras concentraciones, para explicar los objetivos de nuestra lucha y organizar a los simpatizantes.

Enfrentar al gobierno con manifiestos y manifestaciones es ya del todo insuficiente. Llego hora de pasar a la ofensiva utilizando nuestra principal arma de lucha, la Huelga General, así sea en su forma más elemental. Las organizaciones que integran el Diálogo Nacional deben de ser la punta de lanza de esta propuesta. Ese debe ser el principal punto de acuerdo que adopte el “V Diálogo Nacional” que se realizará el próximo 4 y 5 de febrero.

México D. F. a 31 de enero de 2008




(1) Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, “Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!”, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.

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¿NO SERÁ QUE SABÍA DEMASIADO?

Asesinan en Oaxaca a jefe policiaco acusado de represor
Versiones difundidas en estaciones de radio locales culparon a la APPO y al EPR
El occiso participó en el conflicto social de 2006
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 30 de enero. Un comando armado asesinó hoy al director de la Policía Auxiliar, Industrial, Bancaria y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, y a su escolta Juan Eduardo Prado Pérez, en la pista de acondicionamiento físico de la unidad deportiva Bosque El Tequio, aledaña al aeropuerto Benito Juárez.
Barrita Ortiz y su guardaespaldas, quienes vestían ropa deportiva, recibieron varios impactos de Ak-47, R-15 y pistolas .9 milímetros. Quedaron boca abajo, sin vida, sobre la pista de acondicionamiento físico. El asesinato ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, mientras las víctimas trotaban frente a la estatua del héroe mixteco Tzauindanda. En la agresión participaron al menos cinco hombres parapetados en unos arcos de la barda perimetral de la unidad deportiva.
“Lo estaban esperando, fue una emboscada”, señaló el procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Durante el ataque también fueron alcanzados por las balas Rafael Alonso Muñoz, empleado del gobierno, quien murió en el lugar, y Virginia Galán Rodríguez, entrenadora de atletismo y ganadora del Premio Estatal del Deporte 2003; al parecer corría al lado de Barrita Ortiz. Ella fue recogida con vida, pero murió más tarde en el hospital. El ex presidente municipal de San Pablo Huitzo, región de Valles Centrales, Omar Ríos Flores, resultó lesionado y se encuentra hospitalizado.
Tres escoltas del jefe policiaco salieron ilesos y uno más está herido. El lugar fue acordonado por agentes de la policía local y elementos del Ejército Mexicano. Al sitio acudieron agentes del Ministerio Público y peritos de diferentes especialidades para iniciar las investigaciones.
El procurador dijo que Barrita recibió nueve disparos, cuatro de ellos en el cráneo. Además, sufrió la amputación del pulgar de la mano derecha. Fueron encontrados 25 casquillos percutidos de Ak-47, 30 de R-15 y 18 de 9 milímetros, así como seis cartuchos útiles de Ak-47 y .9 milímetros. En los parabrisas de algunos vehículos se descubrieron impactos de bala.
El procurador informó que el escolta muerto trató de repeler la agresión y desenfundó su pistola de cargo, una 38 súper, y al menos la accionó en una ocasión, pero se desconoce si alguno de los atacantes resultó lesionado. Dijo que los tres escoltas ilesos y el herido están rindiendo declaración. La dependencia a su cargo abrió la averiguación previa 135/CR/2008, y subrayó que “no se descartará ninguna línea de investigación”.
En el estacionamiento de El Tequio fue asegurado un vehículo Volkswagen Cross Fox rojo, abandonado supuestamente por los agresores. Según informes no confirmados, también fue incautado un Jaguar verde.
Inmediatamente después del atentado empezaron a circular versiones, algunas recogidas en los noticieros de la radio local, sobre la supuesta participación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Sobre lo anterior, el procurador de Justicia remarcó que no deseaba caer en especulaciones.
A su vez, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca rechazó las imputaciones hechas en algunas estaciones de radio. “Nuestro movimiento no usa armas, lo hemos dicho reiteradamente”, afirmó su vocero, Florentino López Martínez. Agregó que la pretendida vinculación de la APPO con los hechos “son rumores salidos del propio gobierno estatal para justificar la represión” y nuevas detenciones de sus compañeros. Ante ello, llamó a organismos civiles de defensa de los derechos humanos a estar atentos, porque “se puede dar cacería de brujas”.
Barrita Ortiz, ex militar con grado de teniente, originario de Ejutla de Crespo, fue denunciado en su momento por militantes de la APPO de participar en “detenciones, desapariciones forzadas y torturas” a su paso por las barricadas instaladas en diferentes lugares de la ciudad, entre agosto y noviembre de 2006, durante el conflicto que sostuvieron con el gobierno estatal.
Los casos fueron documentados por diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Civil de Observación Internacional por los Derechos Humanos.
Además, el hoy occiso fue acusado penalmente por una periodista por amenazas y hostigamiento. El jefe policiaco dirigió con mandos de otras corporaciones las ofensivas contra simpatizantes de la APPO, el 16 de julio de 2007, en las inmediaciones del auditorio Guelaguetza, donde fueron detenidas y golpeadas más de 40 personas.
También participó en las detenciones del 2 de noviembre del año pasado, en Ciudad Universitaria.
Barrita Ortiz se desempeñó como director de la Policía Preventiva del estado, en el sexenio de Heladio Ramírez López, en los años 80, y posteriormente estuvo encargado de las instalaciones del desaparecido Instituto de la Juventud Oaxaqueña. También fungió como jefe de seguridad del Congreso del estado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina. En 2003 fue postulado por el PRI candidato a presidente municipal de Ejutla, pero perdió la elección con el aspirante del PAN.
Según versiones, los autores del atentado dejaron un recado escrito en el lugar y llamaron al 066 para amenazar que matarían a otros dos jefes policiacos. Sin embargo, el procurador no confirmó el recado ni la llamada telefónica y dijo que la procuraduría estatal dará vista de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República, por el tipo de armas de uso exclusivo del Ejército empleadas en el ataque.

Se deslinda APPO del atentado y pide que no haya "cacería de brujas"

PEDRO MATIAS
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CÉSAR MATEOS. Nada que ver la
APPO con el ataque armado.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se deslindó del atentado donde fue ejecutado el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, y ojalá que estos hechos violentos no sirvan de pretexto para desatar una cacería de brujas en contra del movimiento social y detengan a "chivos expiatorios".

El vocero de la APPO, César Mateos Benítez, pidió a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con esta violencia "a ver si ahora si voltean los ojos a Oaxaca".

Luego de lamentar esta ejecución, reiteró que "la APPO no está con la violencia, al contrario, hemos padecido la violencia", es por ello que, solicitó se realice una investigación imparcial, profesional, para que esto no sea un pretexto más para desatar una cacería de brujas o tratar de darle un sesgo político".

Por lo tanto, "nosotros exigimos la responsabilidad que le merece al gobierno federal y nos deslindamos de cualquier hecho de violencia".

Cabe recordar que este miércoles a las 7:45 horas, frente al monumento "El Flechador del Sol", ubicado en el parque deportivo El Tequio, se registró un atentado en el que murió el teniente Alejandro Barrita Ortiz, director de la PABIC; su escolta Jesús Eduardo Prado Pérez, y el ingeniero Rafael Dagoberto Alonso Muñoz, quienes cayeron sin vida en la pista de acondicionamiento.

Mientras que la promotora deportiva, Virginia Galán Rodríguez, murió cuando recibía las primeras atenciones médicas, en tanto que Omar Ríos Flores fue canalizado al Hospital del ISSSTE.

En respuesta a una serie de rumores que vincularon a la APPO con esta ejecución, el portavoz de ese movimiento, Florentino López Martínez, responsabilizó a Ulises Ruiz Ortiz, a Sergio Segreste y a los altos mandos de cualquier actitud de cacería de brujas en contra del movimientos social y que se ocupe como preacto para militarizar el estado de Oaxaca".

Y dejó en claro que "la APPO se deslinda de cualquier situación que se le pretenda vincular e insistió en que los métodos de lucha de la APPO son en el marco de las garantías que otorga la propia constitución".

Así mismo, negó "cualquier actitud que tenga que ver con acciones armadas y con grupos de esa naturaleza que reivindican esa lucha".

Reiteró que seguirán exigiendo el castigo a los responsables de todas las agresiones cometidas contra el movimiento social.

En ese mismo sentido se pronunció el otro integrante de la comisión de prensa de la APPO, Marcelino Coache Verano, quien agregó que "respetamos las luchas pero la lucha en sí de la APPO es pacífica y social y vamos a estar actuando conforme a derecho".

Respecto al caso de Flavio Sosa Villavicencio donde el juzgado mixto de primera instancia de Tlacolula dicto auto de formal prisión, los tres coincidieron en que esa resolución "se dio con un sesgo y consigna".

Su afirmación se sustenta porque la jueza de Tlacolula, María de los Ángeles Vásquez García, quien dicto auto de formal prisión, es esposa de Héctor Ruiz García, primo del gobernador Ulises Ruiz y cuñada del director de servicios periciales, Romero Ruiz García.

Es por ello que la APPO sostendrá nuevas reuniones para acordar un nuevo plan de acción y seguir alzando la voz para pedir justicia y que se imparta la ley.


La conexión APPO

Alejandro Barrita Ortiz fue acusado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca de ser uno de los que encabezaron los ataques de civiles, porros y delincuentes contra las barricadas durante el movimiento social y de la represión ejercida el 16 de julio del año 2007 contra el magisterio y sus simpatizantes.

Las denuncias fueron enviadas a organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales.

La APPO también lo señaló de haber sido parte, en marzo de 2006, de los "Escuadrones de la Muerte", que atacaron a balazos a sus integrantes. Asimismo, de haber secuestrado a su vocero Florentino López y Pedro García, miembros del Frente Popular Revolucionario.

Recientemente fue acusado por autoridades universitarias de proteger a un grupo de porros que contrataron para abortar la elección interna en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El 15 de junio participó en el operativo de rescate de cuatro autobuses urbano luego de que se enfrentarán a balazos dos grupos de porros, uno de ellos encabezado por Adrián Marmolejo, alias "El Dragón", quien no fue detenido en aquella ocasión. Fue hasta el viernes pasado cuando el vándalo universitario fue arrestado por policías municipales cuando intentaba alterar las elecciones en la Facultad de Derecho.

A Barrita López se le acusó de haber liberado al porro y el secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos, lo excuso diciendo que como no hubo denuncia penal alguna, el detenido fue puesto en libertad.


Liberación de porros prueba la intromisión del gobierno

CÉSAR MORALES NIÑO
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Dilataron más en detenerlo que soltarlo

La prueba de que el Gobierno del Estado tenía metidas las manos en la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca fue la liberación del porro conocido como "El Dragón", acusó el director de la Facultad de Derecho, Jesús Villavicencio Jiménez, quien además aseguró que las elecciones en esa facultad ya fueron calificadas como válidas por el Consejo Técnico y no hay posibilidades que se anulen.

"Dónde está la honestidad, donde están esos académicos, esos que tanto me han atacado y que deben de dar el ejemplo desde la posición en donde se encuentran, vieron como lo detuvieron (al Dragón) y que casualidad que lo dejaron en libertad, es lamentable", señaló Jesús Villavicencio Jiménez.

Y consideró que la liberación de esos porros, en la que estuvo involucrado el procurador de justicia, Evencio Martínez Ramírez, es muestra de que el Gobernador tiene intereses particulares en la UABJO, primero en la sucesión en la Facultad de Derecho y ahora en el relevo del rector
.
"Es lo más triste que alguien que es catedrático de nuestra facultad y procurador, que no sepa que sucedió cuando los elementos de la policía ministerial fueron quienes detuvieron al Dragón y ya ven anda en libertad para seguir azuzando y destruyendo el patrimonio universitario", acusó.

Agregó: "son protegidos (los porros) del Gobierno del Estado. Mientras el gobernador y el Procurador no pongan orden el Dragón va a seguir haciendo de las suyas en la Universidad".

Y es que precisó que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el secretario general de gobierno, Manuel García Corpus; y el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenían candidatos a esa institución en las personas de Roberto López Sánchez, Luis Martínez Solis y Alejandro Urbieta Wong, en ese orden.

Por otro lado, respecto del proceso de elección de director de la Facultad de Derecho, mencionó que en su momento los ex candidatos presentaron inconformidades, las mismas que se declararon desiertas, porque no reunían los requisitos de la convocatoria. "No tienen nada que hacer solamente quieren conseguir posiciones, alguna coordinación", acusó.

Precisó que quienes están exigiendo posiciones al interior de esa institución son "Roberto López Sánchez, Alejandro Urbieta Wong, Wilfrido Raymundo y Daniel Cervantes, todo lo que quieren es posicionarse pero será el director electo el que tome la última palabra".

Por lo que, aseguró que el cambio de dirección se realizará el 14 de febrero, cuando el nuevo director Alejandro Paz Pacheco tome protesta en el cargo. Y afirmó que actualmente la Facultad de Derecho se encuentra en total calma.

Explicó que el Colegio Electoral del Consejo Técnico ya validó la elección y no hay riesgo de que se anule, porque ya fue aprobada por el máximo órgano de la institución y tienen que acatar la resolución del Colegio Electoral, porque es la que manda en la Faculta ni siquiera el Consejo Universitario, y además el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos electorales.

Por otro lado, sostuvo que antes de dejar el cargo rendirá cuentas de su administración como director de la Facultad de Derecho e incluso asentó que no tiene ningún inconveniente en hacer pública su declaración patrimonial y que quien lo acusa de tener bienes de manera ilegal que lo demuestre.


Academia de Policía, un negociazo oficial

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
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Al amparo del ex gobernador José Nelson Murat Casab, su amigo y vocero oficial Carlos Javier Velasco Molina hizo el negocio de su vida al vender un predio que le costó aproximadamente 20 mil pesos en 4 millones 600 mil pesos al gobierno del estado, para la construcción de la Academia de Policía.

Al ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Velasco Molina, le bastaron 4 años para multiplicar su inversión infinitamente, gracias a su carácter de funcionario público y su subordinación al gobernador del estado en ese tiempo.

De acuerdo a documentos hechos llegar al reportero, el 16 de agosto de 1998 Velasco Molina adquirió junto con Vilma Ivette Rivera Abarca, cuatro predios en la población de San Sebastián, del municipio de San Pablo Etla, todos ellos por un valor total de 20 mil pesos.

El 9 de junio del 2001 vendió los predios al gobierno estatal, por un precio de 4 millones 600 mil pesos, para establecer en los mismos la Academia de Policía, cuando fungía como funcionario público del tristemente célebre José Nelson Murat Casab.

El contrato de compra-venta, registrado ante el notario público número 19, Rodolfo Morales Moreno, en el volumen 274, instrumento número 12,404, se establece que los señores Miguel Hernández Ramírez y Sofía Luis Cruz vendieron a Velasco Molina y Rivera Abarca el lote de terreno marcado con el número 3, de la manzana 5, de la zona "O", de la población de San Sebastián Tutla, a un precio de 5 mil pesos.

Ese mismo día, Velasco Molina y Rivera Abarca protocolizó ante el mismo notario, el contrato de compra-venta de la parcela número 81 Z-1 P1/5, en el volumen 274, instrumento 12 mil 402, de la población de San Sebastián, por la cantidad también de 5 mil pesos.

El mismo notario, registró el contrato de compra-venta, en el volumen 275, instrumento 12 mil 401, firmado por Velasco Molina y Rivera Abarca y los señores Orlando Carlos Carrasco Mendoza y Guadalupe Ortega Guzmán, para la compra-venta de las parcelas 84 Z1 P1/5 y 71 Z-1 P1/5 localizadas en la población de San Sebastián, del municipio de San Pablo Etla.

Predios que el 19 de junio del 2001, el entonces coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Velasco Molina, vendió al gobierno estatal para la edificación de la Academia de Policía, a un precio de 4 millones 600 mil pesos.

De acuerdo a la inscripción del contrato de compra-venta, hecho por la registradora Verónica López Saldaña, el entonces coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Velasco Molina, a través de Rivera Abarca, celebró la compra-venta ante la fe del notario público número 59, Amado Pérez Hernández.

El documento cita que el objeto de la venta es la poligonal que resulta del levantamiento topográfico de los predios que se ubica en la población de San Sebastián, del municipio de San Pablo Etla, inmueble que en su conjunto tiene una superficie total de 40 mil metros cuadrados e incluye los predios 81 Z1 P1/5, y 71 Z1 P1/5, que cuatro años antes adquirió Velasco Molina-Rivera Abarca por la cantidad de 10 mil pesos, entre otros.



Prohíbe Ayuntamiento a Tránsito Municipal retirar placas de autos

CÉSAR MORALES NIÑO
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La Dirección de Tránsito Municipal tiene prohibido retirar placas a los automóviles por cualquier infracción que cometan los conductores, luego de que un elemento de esa corporación le fue librada una orden de aprehensión por haber retirado una lámina, informó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.

"Estamos revisando si hay la facultad de los agentes de tránsito para retirar placas, en que condiciones y por supuesto lo primero que hemos acordado es que no se retiren placas en este momento para evitar caer en situaciones similares", expuso.

Y es que el primer concejal del municipio de la capital del estado refirió que este asunto se debe a que alguien por el retiro de una placa presentó una denuncia, se inició una averiguación y se libró una orden de aprehensión en contra del elemento de tránsito.

"No es una situación mal intencionada del propio agente de tránsito, es una situación en la que incurrió seguramente en el cumplimiento de alguna instrucción, fue en otro momento, antes de que nosotros estuviéramos en esta administración", indicó.

Expuso que el martes un grupo de efectivos se acercó a la Presidencia Municipal para solicitar el apoyo para uno de sus compañeros que había sido detenido por la policía ministerial. Ante esa situación, comentó, la Dirección de Tránsito acordó pagar la fianza de cuatro mil pesos que le impuso el juez y de esa manera obtuvo su liberación inmediata y se incorporó a sus actividades.

"Hay que revisar en que condiciones pueden ser aplicadas este tipo de sanciones en contra de los agentes de tránsito. Yo ofrezco mi respaldo total a los compañeros de tránsito, en este caso seguramente el elemento actuó en cumplimiento de lo que se le había ordenado", manifestó.

Asimismo, mencionó que también se realizará una revisión al departamento jurídico de la Dirección de Tránsito ante las quejas de los elementos por la falta de capacidad de los defensores de la dependencia en situaciones legales, que ya han llevado a varios de ellos a ser detenidos por el cumplimiento de su trabajo o accidentes derivados de su actividad sin nadie capaz de asumir su defensa legal por parte de la Dirección de Tránsito.


REGIDORA VA A EUROPA SIN AUTORIZACION DE CABILDO

Por otro lado, el presidente municipal informó que comisionó, mediante un oficio y sin autorización del cabildo, a la regidora de turismo, Catalina Cruz López, para asistir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con los gastos a cargo del erario municipal por espacio de cinco días, "en una agenda muy apretada".

Justificó que no hubo tiempo para que pedir la autorización del cuerpo edilicio para enviar a esta concejal del Partido Convergencia a ese encuentro para la promoción turística de la capital, debido a que es parte de las obligaciones que debe atender por el hermanamiento que existe con esa ciudad española y la Feria inició el martes.
Director de un periódico de Oaxaca denuncia secuestro
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Oaxaca, Oax. Gildardo Mota Figueroa, reportero y director del periódico quincenal Contra Poder, aseguró que presuntos policías ministeriales del estado levantaron a su esposa, Claudia Martínez Suárez, y la retuvieron casi cuatro horas en represalia por las críticas que ese medio hace al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al ex diputado priísta Bulmaro Rito Salinas y a otros funcionarios de la administración estatal. “Quienes retuvieron a mi esposa le dijeron que eso había pasado para que le bajara”, señaló. El 30 de octubre Mota Figueroa fue detenido y golpeado por agentes de la Policía Federal Preventiva, acusado de pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a pesar de haberse identificado como periodista.

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CONTRA EL NEOLIBERALISMO EN EL CAMPO.

Prevén protesta de 150 mil personas en el Zócalo
Llegan caravanas de campesinos de todo el país
Gabriel León, Carolina Gómez y corresponsales
Provenientes de todo el país, campesinos, productores y organizaciones sindicales protagonizarán hoy lo que consideran será la protesta más grande que se haya efectuado en el país en repudio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por la defensa de la soberanía alimentaria y los derechos de los trabajadores.
Se prevé que por la tarde en el Zócalo capitalino se concentren por lo menos 150 mil manifestantes, para exigir al gobierno federal la renegociación del acuerdo comercial y que emprenda un viraje en las políticas económico-social y agraria, pues las que se han mantenido han llevado a la “ruina” al sector.
Previamente, diversos frentes campesinos cerrarán la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuyas sedes estatales desde ayer empezaron a ser tomadas. En la jornada de hoy no participarán seis de las 12 organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP), las cuales simpatizan con la política de la Sagarpa.
La manifestación sellará el Pacto de solidaridad mutua –documento que firmarán por la mañana las organizaciones participantes–, con el que se pretende evitar que tras el alcance de acuerdos con el gobierno federal haya una desbandada de organizaciones, como ocurrió en 2003 luego de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo.
Desde anoche, el Gobierno del Distrito Federal estableció un operativo de vialidad, seguridad pública y protección civil para mitigar el impacto de la marcha convocada por organizaciones campesinas para las 16 horas de hoy, y garantizar la gobernabilidad y la integridad de quienes participen en ella y de los capitalinos.
La mañana de ayer arribó al Distrito Federal la caravana de tractores que encabeza el Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa –que será la que inicie la movilización de las 16 horas del Angel de la Independencia al Zócalo capitalino–, que se concentró en las inmediaciones del Museo de Antropología.
Horas antes, durante la madrugada comenzó la llegada de los primeros contingentes por la caseta de Tepotzotlán, en la carretera México-Querétaro. Procedentes de Guanajuato, mil 300 integrantes del Comité pro mejoramiento del agro nacional guanjuatense se instalaron en el Monumento a la Revolución.
Desde anoche y hasta el mediodía de hoy se espera la llegada cientos de miles de productores por los cuatro accesos al Distrito Federal, que estacionarán sus vehículos en torno al Monumento a la Revolución.
Procedente de Michoacán, 55 autobuses de 17 organizaciones de la Caravana General Lázaro Cárdenas del Río salieron desde anoche; un segundo contingente lo hará a las 8 de la mañana, y el tercero partirá en punto de las 10 horas.
Por el acceso sur de la capital llegará antes del mediodía el contingente Caudillo del Sur; el convoy de Veracruz arribará por la mañana por avenida Insurgentes Sur
La concentración en la Plaza de la Constitución durará 90 minutos y se dividirá en tres bloques, es decir serán 30 minutos para las agrupaciones campesinas, igual tiempo para el Frente Sindical Mexicano y un espacio similar para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Por el sector agrario hablarán, en nombre de las 300 organizaciones que integran el movimiento Sin Maíz no Hay País, el dirigente Gabino Gómez, de la marcha que recorrió 2 mil kilómetros desde El Chamizal, Chihuahua, al Distrito Federal; Miguel Luna, por el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, y Cruz López, por la Confederación Nacional Campesina.
Por el FSM hablarán Martín Esparza, del sindicato de electricistas, y Artemio Ortiz Hurtado, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por la UNT, Francisco Hernández Juárez, del sindicato de telefonistas; Agustín Rodríguez, del sindicato de la UNAM, y Valdemar Gutiérrez, líder de los trabajadores del Seguro Social.
De forma paralela, en el interior del país ayer iniciaron las protestas, que continuarán hoy.
Leopoldo Ramos, Sergio Ocampo, Angeles Mariscal, Silvia Chávez, Andrés Timoteo, Ernesto Martínez, Jesús Narváez, Saúl Maldonado, Carlos Camacho y Martín Sánchez

La marcha social
josé gil olmos
México, D.F., 30 de enero (apro).- La de este jueves será la primera marcha de protesta social que se realiza en el gobierno de Felipe Calderón. En su carácter radica su importancia, pues campesinos y obreros juntos, como hace mucho tiempo no lo hacían, se manifestarán en la capital del país, en demanda de dos aspectos claves y que son desdeñados por la clase política: la soberanía alimentaria y las libertades democráticas.

Las últimas grandes marchas que se han realizado en la ciudad de México, con más de un millón de asistentes, han sido en protesta por los altos índices de inseguridad y fraudes electorales. Ello demuestra que, en los últimos años, la agenda nacional ha sido ocupada por cuestiones políticas y de seguridad pública, mientras que los temas sociales, como el abandono al campo, el alza de precios a los alimentos, la reducción de servicios de salud y los cambios a los contratos colectivos de trabajo, no existen ni en la agenda del gobierno ni en la de los partidos políticos.

La manifestación de este jueves resulta importante precisamente porque se trata de obligar a voltear la atención de la clase política hacia los graves rezagos sociales que sufre el país, algunos de ellos la pobreza, la falta de empleos, la migración y el encarecimiento de la canasta básica.

Al margen de problemas graves como la inseguridad, el narcotráfico y los procesos electorales, el país sufre una crisis social que se expresa en el aumento de la migración hacia Estados Unidos y en la producción de drogas en las partes más recónditas de la geografía nacional.

Los más pobres de México, tanto del campo como de la ciudad, sólo tienen tres caminos para enfrentar su precaria situación: emigrar, trabajar para el narcotráfico o integrarse a la guerrilla.

La falta de empleos y los bajos salarios han obligado a millones de mexicanos a buscar un mejor futuro del otro lado de la frontera y también del otro lado de la ley.

El campo mexicano, de por si castigado, con la llegada del Tratado de Libre Comercio, sintió los efectos aun cuando hasta este año se abrió el capítulo agropecuario. Según agrupaciones campesinas, como La Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, se han perdido dos millones de empleos a raíz de la llegada del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El lema de campaña de Felipe Calderón “el presidente del empleo”, ha quedado en mera anécdota en apenas un año de gobierno. Casi millón y medio de mexicanos no tienen trabajo, y tanto el Programa de Primer Empleo como el Sistema Nacional de Empleo, han fracasado. El primero sólo registró 11 mil 213 nuevas plazas. El segundo únicamente pudo colocar a 364 mil de los cerca de un millón 400 mil que llenaron una solicitud.



Según el gobierno calderonista, en octubre de 2007 se tenían registrados casi 800 mil empleos generados, pero sus cifras alegres chocaron con las del INEGI, que estimó un aumento del desempleo de 3.9 por ciento, cinco décimas más que en 2006.

Además, el incremento de 795 mil 954 asegurados en el IMSS, entre el 15 de noviembre de 2006 y la misma fecha de 2007, no significó necesariamente que el empleo aumentó, pues sólo una parte corresponde a nuevos empleos; otra, a empleos que ya existían pero que tenían un carácter informal y se volvieron formales, y una más a empleos que el IMSS regularizó producto de su capacidad fiscalizadora.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que en nueve países de América Latina disminuyó la desocupación, en México aumentó, y mientras que en 18 países el poder adquisitivo del salario mínimo subió, en nuestro país decreció.

La inconformidad social puede crecer ante la incapacidad del gobierno y de los partidos políticos de salirse de la agenda político-electoral, para atender las necesidades crecientes de la población.

Es obligado voltear la mirada a los brotes de inconformidad social que han empezado a mostrarse en diversas regiones del país. La agenda de gobierno no debe centrarse únicamente a combatir el narcotráfico y a negociar las reformas estratégicas como la privatización de PEMEX.

La pobreza y las necesidades de la población no se combaten con el uso de la fuerza pública ni militar. Sería un error de terribles consecuencias que Calderón intente aplicar la mano dura como lo hizo Vicente Fox al final de su administración con los conflictos en Atenco y Oaxaca.

Sin embargo, existen visos de que Calderón tiene esa intención, pues apenas la semana pasada lanzó un decreto en el que autoriza al Ejército a salir a las calles para realizar labores de seguridad pública.





López Obrador exige al FAP firmeza en la defensa de la industria petrolera
Desde el poder, Calderón y Mouriño se comportan como empresarios, afirma
PRI y PAN se alinean porque “hay mucho dinero de por medio”, sostiene
Reitera llamado a iniciar una huelga legislativa cuando se presente la iniciativa privatizadora
Alma E. Muñoz

En la defensa de la industria petrolera, “se es mexicano o se es traidor”, advirtió ayer Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a las cúpulas de PRI y PAN –promotores de la privatización del sector– de actuar de manera irresponsable. Todos se alinean, dijo, porque “hay mucho dinero de por medio”, pues este tipo de negocios “son jugosísimos”, subrayó.
Afirmó que Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño –secretario de Gobernación—se comportan desde el poder como empresarios, pues así como otorgaron concesiones –a su paso por la Secretaría de Energía– a empresas extranjeras, principalmente españolas, para que éstas continúen vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad más de 30 por ciento de la energía que se consume en el país, por encima de la Constitución, pretenden entregar el petróleo a manos extranjeras. “Son unos viles ladrones”, sostuvo.
Al reunirse con legisladores e integrantes de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) –PRD, PT y Convergencia–, así como con miembros del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el político tabasqueño reiteró que en la lucha contra esas pretensiones no debe haber “medias tintas, no hay para donde hacerse”, y reiteró a diputados y senadores que inicien una huelga legislativa en el Congreso de la Unión cuando se presente la iniciativa para privatizar el petróleo.
El ex candidato presidencial ha manifestado que la intención de entregar la industria petrolera a empresas privadas, sobre todo extranjeras, la respaldan, además de Calderón y Mouriño, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, y los legisladores Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel Miranda, Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida Ochoa.
López Obrador dejó en claro, en la reunión celebrada en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que dicha acción debe ir de la mano de movilizaciones en la calle. Aclaró que en la huelga legislativa “no se obliga a nadie a participar”, y propuso que dicha acción vaya más allá de la toma de tribunas o de votar en contra, porque eso, apuntó, “no sirve”.
El dirigente perredista insistió que es necesario formar por lo menos cien comités de defensa del petróleo a escala nacional e instalar comisiones entre los seis coordinadores parlamentarios de los tres partidos, más los siete integrantes de la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo –Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez, Layda Sansores, Jesusa Rodríguez, Berta Maldonado, Alfredo Jalife y Rosalinda López–, además de Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del FAP.
Dijo que en la defensa de la soberanía nacional no se puede actuar con sigilo y pidió a los presentes que estén preparados y en constante comunicación para iniciar las acciones correspondientes en el momento en que se presente la iniciativa. Durante su discurso, López Obrador aludió a la idea de paralizar el país.
Al encuentro acudieron, entre otros, Claudia Sheinbaum, los legisladores Layda Sansores, Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alberto Anaya –dirigente del PT–, Alejandro Chanona –de Convergencia–, Arturo Núñez y Muñoz Ledo.
El acuerdo, clarísimo: González Garza
González Garza, coordinador de los diputados perredistas, aclaró que hay acuerdo entre estos últimos y los senadores de su partido para participar en la huelga legislativa. “Está clarísimo, (es) una decisión absolutamente unánime de enfrentar una situación de la entrega del petróleo”, pero rechazó anticipar las acciones a emprender.
Muñoz Ledo, en tanto, definió que se trata del “conjunto de acciones legislativas y sociales tendientes a impedir la aprobación de cualquier ley o modificación a la regulación existente que permita la privatización del petróleo”. No obstante, se negó a hablar sobre las medidas que esto incluye.
El coordinador del FAP dejó en claro que estas acciones se realizarán en el contexto de la no violencia, y destacó que López Obrador solicitó que la “toma de decisiones respecto de lo que vamos a hacer sea pronto, porque estas gentes son muy irresponsables”.

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MUERE JEFE POLICIACO

LA "EJECUCION" DE UN POLICÍA REPRESOR.

De la redacción del blog.

Para las víctimas de la persecución, detención ilegal, tortura, por los asesinados a mansalva por francotiradores o muertos y lesionados en acciones represivas de las fuerzas policíacas y parapoliciacas de Oaxaca, la ejecución de Alejandro Barrita Ortiz pudiera interpretarse por algún ingenuo como una forma extra legal de la justicia ante la complicidad de las instituciones de procuración y administración de la misma, con un gobierno autoritario y represor.
Pero el asunto no tiene una interpretación tan simple, sin más elementos de juicio, la hipótesis anterior es la más débil. El movimiento social magisterial encabezado por la Sección XXII del SNTE y la APPO jamás ha contemplado la vía violenta como parte de su estrategia de lucha, no ha tenido ni la intención mucho menos ha creado en su seno una organización de corte militar y más aún carece de la infraestructura. No se trata entonces de un acto de “ajusticiamiento”.
Por lo menos no son de descartarse otras dos hipótesis. La primera, eventualmente una consecuencia del conflicto y pugna por el control de la misma Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) en la que no hace mucho se hizo público este conflicto de intereses fundamentalmente de carácter económico, pugna de la cual no es ajena Aristeo Martínez, otro represor que se desempeño como coordinador de seguridad pública municipal en la ciudad de Oaxaca. Abunda el hecho de que los ejecutores sabían de los movimientos del represor, sabían que se entrenaba en el parque “El Tequio”. El asunto bien podría inscribirse como parte de esta pugna y el mensaje dejado de que “faltan dos más” tiene dedicatoria, para quienes están involucrados en el conflicto. Si fuera ajusticiamiento, no faltarían dos, sería una larga lista.
La última hipótesis se construye a través de los usos y costumbres del poder caciquil oaxaqueño, quien ha utilizado el recurso de la provocación para justificar sus acciones represivas. No hay que soslayar el hecho de la presencia de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos. Atribuirle actos delictivos a la oposición política es una conducta permanente del poder en Oaxaca y en el mundo.
El movimiento social sindical exige que los criminales autores intelectuales y materiales de la represión con sus 26 víctimas fatales, sus desaparecidos y prisioneros políticos, sean juzgados y no que su muerte signifique glorificarlos como héroes de nada.

Ejecutan a mando policiaco en Oaxaca

Alejandro Barrita fue señalado por la APPO como el responsable de los 'levantones' durante el conflicto político social en la entidad.
Octavio Vélez, corresponsal
Publicado: 30/01/2008 09:05

Oaxaca, Oax. Un comando armado asesinó hoy miércoles al director de la policía auxiliar, industrial, bancaria y comercial, Alejandro Barrita Ortiz, y a dos de sus escoltas en la pista de acondicionamiento físico de la unidad deportiva y recreativa El Bosque El Tequio, ubicada a un lado del aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca, a unos cinco kilómetros de esta capital.
El jefe policiaco y sus escoltas fueron atacados alrededor de las siete horas de hoy miércoles cuando se ejercitaban en ese lugar, en inmediaciones de la estatua conocida como El Flechador del Sol, por al menos cinco personas. En el sitio fueron hallados múltiples casquillos de pistolas 380 y calibre .9 mm.
En los hechos también resultó lesionada una instructora de atletismo de nombre Virginia Galán Rodríguez. Según versiones, los asesinos dejaron un mensaje donde informan a los demás jefes policiacos que aún faltan dos.
El lugar fue acordonado por agentes de la policía ministerial del estado y por elementos del Ejército Mexicano. También se encuentran agentes del Ministerio Público y peritos de diferentes especialidades.
El ex militar Barrita Ortiz fue acusado de realizar los levantones (secuestro sin intención de pedir rescate) y detenciones ilegales. En varias averiguaciones previas, Barrita Ortiz es acusado de delitos de privación ilegal de la libertad y de tortura.
El lugar fue acordonado por agentes de la policía ministerial del estado y por elementos del Ejército Mexicano.


Formal prisión, a líder de la APPO.
de la redacción

México, D.F., 29 de enero (apro).- María de los Ángeles Vásquez García, juez mixta del Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó el auto de formal prisión a Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por los delitos de sedición, secuestro y daños por incendio.

Sosa Villavicencio permanece recluido en el penal regional de Cuicatlán, donde se le siguen cuatro expedientes por los delitos de secuestro, lesiones, robo con violencia, sedición, daños por incendio y otros daños.

Aparte, un juez del décimo tercer distrito del Poder Judicial Federal, ubicado en la ciudad de Oaxaca, le negó el amparo contra la formal prisión derivada del expediente 136/2006 radicado en Tlacolula, en el cual se le acusa de “despojo agravado” del canal 9 de televisión, de propiedad oficial.

El abogado del activista, Gilberto Jiménez, informó que la tarde del lunes, tres horas después que se venciera el plazo, la juez notificó a su cliente la formal prisión.

“Todo esto demuestra que Flavio es un preso político”, consideró Jiménez.

Vásquez García falló contra el appista luego que se realizara una reposición del proceso que se le sigue a Sosa por los hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2006, cuando la APPO repelió a la Policía Federal Preventiva (PFP) en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

La defensa del líder de la APPO observó que “la juez toma como prueba fundamental un informe de la Policía Ministerial, en el que se establece que elementos de esta corporación se entrevistaron con seis personas en sus domicilios, pero nunca mencionan cómo dan con estas personas”.

Incluso la defensa cuestionó la celeridad con que la Procuraduría local trabajó esta averiguación previa, pues en menos de 24 horas recabó la información, integró el expediente y finalmente le otorgaron la orden de aprehensión.

Sobre el caso del canal de televisión, que mujeres de la APPO tomaron el 1 de agosto de 2006, Jiménez manifestó que Sosa no participó.

Incluso Gilberto Jiménez recordó que por ese mismo delito a la activista Aline Castellanos el mismo juez le otorgó un amparo contra la formal prisión.
Se moviliza STEUABJO

Sindicalistas toman Rectoría,
toman 7 unidades del transporte urbano y bloquea crucero de 5 señores

Yadira SOSA CRUZ
29/01/2008, 18:01:59 PM
El secuestro de siete unidades de transporte urbano, la toma de la rectoría y un bloqueo en el crucero de Cinco Señores, fue lo que realizó ayer el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO a unos días de terminar su emplazamiento a huelga.

Encabezados por su dirigente, Gustavo Avendaño Trujillo, los sindicalizados se posesionaron de las instalaciones de la rectoría a temprana hora, para después dirigirse en marcha hasta el crucero de Cinco Señores, donde mantuvieron un bloqueo por más de tres horas.

Esta situación que provocó un severo caos vial, se realizó como medida de presión a las autoridades universitarias y al Gobierno del Estado, al que piden más de 100 millones de pesos para solucionar su pliego petitorio de demandas.

Y aunque sostuvieron ayer su sexta mesa de diálogo y negociación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), los sindicalizados aseguraron que “los pocos avances” podrían dejar sin clases a partir del primero de febrero, a más de 34 mil estudiantes.

De acuerdo al STEUABJO, las demandas que aún no se han atendido son: el reconocimiento de antigüedad, el recurso para tabulador y nivelación salarial, la destitución del personal contratado a espaldas del sindicato, entre otros.

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CONOCIENDO AL BATURRO

LOS MOURIÑO NEGOCIOS Y GOBIERNO

EL miércoles 16 de enero, día del nombramiento de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación en sustitución de Francisco Ramírez Acuña, la periodista Carmen Aristegui, en su programa diario de CNN en Español, entrevistó a Alfonso Zárate, analista político del diario El Universal, y a Daniel Lizárraga, reportero de la revista Proceso, que una semana antes había publicado un perfil del panista nacido en España, quien es ahora el responsable de la política interior de México. Enseguida, con permiso de su autora, El Chamuco presenta una síntesis de esa entrevista de Aristegui.
CARMEN ARISTEGUI : El presidente Felipe Calderón ha decidido que Juan Camilo Mouriño sea secretario de Gobernación de nuestro país. Ha habido cambios en el gabinete, pero éste en par ticular, por obvias razones, atrapa la atención. Daniel, destacamos tu tarea como periodista. En Proceso le dedicaron precisamente esta portada…

DANIEL LIZÁRRAGA : Sí, una semana antes…

CARMEN ARISTEGUI : Es una portada que muestra la
figura de Mouriño. Algo sabían seguramente del asunto. Hemos
tomado este título de “Más que un alfil”, que es como Proceso se
refiere a Juan Camilo Mouriño, ¿quién es Mouriño? ¿Quién es el hoy secretario de Gobernación?
DANIEL LIZÁRRAGA : Esa es la pregunta que nos hicimos cuando empezamos a planear este texto. Debo decirte que tiene una planeación de por lo menos seis meses atrás. Cuando te asomabas al reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, se veía que sus facultades eran amplísimas, que prácticamente lo podía todo, que todo pasa por sus manos… Uno se pregunta, bueno, y quién es este señor que tiene tanta responsabilidad gubernamental. A partir de esa pregunta empezamos a desarrollar todo un perfil, a tratar de hacer un perfil de él, toda una investigación. Nos fuimos encontrando sorpresas en el sentido periodístico de decir, bueno, es una persona que en el papel se veía muy joven, con diez años de experiencia partidista, de trayectoria par tidista en el PAN, siendo ahora el número dos, y no solamente eso, sino que tampoco tenía una experiencia política muy amplia. De hecho, su experiencia política como servidor público antes de llegar a Los Pinos, dentro de una instancia gubernamental, era prácticamente de ocho meses: cuando estuvo como subsecretario con Felipe Calderón. Entonces, si juntabas todos esos elementos… Tampoco tenía una currícula académica demasiado amplia, no se había destacado como analista. En fin, entonces decías: cómo es posible que una persona así esté ocupando el número dos en la presidencia, ¿no? A partir de ahí empezamos a hacer muchísimas entrevistas, hablé con varios panistas, tanto de la corriente de Calderón como de otras corrientes panistas. No querían hablar sobre Juan Camilo, era muy chistoso. Los que no son de la corriente calderonista tenían miedo de hablar mal de él o decir algo que le pudiera incomodar al, digamos, vicepresidente en funciones. Y los amigos te decían: “Sí te hablo de él, pero mejor no pongas mi nombre”. Empezamos un poco a perfilarlo. Quienes lo conocen, como decimos en el texto, dicen que es una persona muy habilidosa políticamente, que tiene un gran olfato político, y que es muy buen administrador. Pero quienes le temen o lo prefieren por lo menos de lejecitos, dicen que es una persona muy autoritaria y maquiavélica, vengativo, así me lo describieron. Así lo presentamos…
CARMEN ARISTEGUI : El hombre fuerte de Los Pinos, el brazo derecho. Algo más que un alfil, ¿no?
DANIEL LIZÁRRAGA : Exacto. A través de estas entrevistas me fui encontrando historias de cómo él, desde de la Oficina de la Presidencia, se encargó de hacer algunos trabajos, no sé si llamarles sucios, algunas negociaciones difíciles que tenían que pasar por la Presidencia de la República. Él era el que salía un poco a dar la cara, a atender esas negociaciones sin necesidad de que se tocara la figura presidencial.
CARMEN ARISTEGUI : ¿Tenemos, Alfonso Zárate, en automático un precandidato a la presidencia de la República?
"La familia Mouriño tiene un gran olfato empresarial para saber dónde va a disparar el gobierno de México”
ALFONSO ZÁRATE : Sí. El proceso sucesorio desde siempre empieza con mucha antelación. Don Daniel Cossío Villegas decía que una vez que se instalaba el gabinete empezaba la lucha sucesoria. Yo diría que desde antes. En este caso, hacia el 2012, lo que yo percibo es que el PRI tiene en este momento, cuando menos, a dos personajes perfectamente alineados hacia la candidatura presidencial, que son Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Me parece que los dos están jugando muy abiertamente y que están trabajando su candidatura, y desde luego en algún momento se van a enfrentar o van a acordar, pero ahí está muy clara la presencia de dos personajes. En el caso del PRD, yo diría que además de Andrés Manuel López Obrador está Marcelo Ebrard, que como jefe de gobierno del Distrito Federal va a tener condiciones para construir capital político, y lo está haciendo. Pero el PAN no parecía tener ninguna figura. Lo dramático para el partido en el poder es que no tenía ninguna figura susceptible de enfrentar a las personalidades que otras fuerzas políticas están delineando. Entonces, yo creo que este nombramiento, pero no solamente este nombramiento, sino en mi opinión, los tres nombramientos importantes del último mes, es decir, el de diciembre con Germán Martínez en la dirección del PAN; el de Sedesol, con la llegada de Cordero que es un hombre de la parte económica, de todas las confianzas del presidente, que llegó ya a una secretaría como es Sedesol, que tiene una naturaleza eminentemente político electoral, más allá de lo que la ley le ordena que es la política social, es la secretaría que Carlos Salinas construyó prácticamente para Luis Donaldo Colosio, para que Colosio de ahí saltara a la presidencia. Y naturalmente la designación de Juan Camilo Mouriño. De repente, en sólo 30 días el Partido Acción Nacional presenta ya tres cartas con las cuales va a tratar de construir en los próximos cuatro años opciones viables para su candidato presidencial.
CARMEN ARISTEGUI : Está el tema del origen de Mouriño. Un hombre nacido en Madrid, nacionalizado mexicano, que maneja a partir de ahora los asuntos internos de México.
ALFONSO ZÁRATE : Nació en Madrid…
CARMEN ARISTEGUI : Nacionalizado…
ALFONSO ZÁRATE : Y, sin embargo, es mexicano por nacimiento…
CARMEN ARISTEGUI : Y de inmediato se circuló la información desde Los Pinos para decir: ¡es elegible!
ALFONSO ZÁRATE : Aquí hay un punto que es muy interesante porque, cuando alguien nace en Madrid y se dice que es mexicano por nacimiento parecería que es una contradicción de términos, pero no lo es en términos constitucionales. Hay que recordar que la Constitución, en el artículo 82, establece cuáles son los requisitos para ser presidente de la república, y uno de esos requisitos es ser mexicano por nacimiento. Pero hay otro artículo constitucional, que es el artículo 30, en el cual se dice quién es mexicano por nacimiento, y a la hora de revisar los apartados se dice que es mexicano por nacimiento quien haya nacido en el país independientemente de la nacionalidad de sus padres, primer supuesto; segundo supuesto, el que no haya nacido en el territorio mexicano pero sea hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento. Una tercera hipótesis es el que no haya nacido en el país pero su padre, o su madre, o ambos sean mexicanos, de tal forma que de acuerdo al término del 30 constitucional, aun habiendo nacido en Madrid Mouriño es mexicano por nacimiento.
CARMEN ARISTEGUI : Y por lo tanto elegible, que ese es el tema, ¿no?
DANIEL LIZÁRAGA : Es curioso ver cómo en 24 horas pasó de un rumor a un precandidato. Si pudiéramos ver la página de internet de los periódicos nacionales importantes, El Universal o Reforma… empezó a la misma hora a manejarse como un rumor. Se dice: “Habría, se podría dar el cambio de Mouriño”, “Mouriño puede ser candidato a la presidencia”. Pareciera como si esto fuera algo muy improvisado, pero hay algo de fondo. Durante todo este año, esta forma tan sigilosa de operar de Juan Camilo, tan discreta como le llaman los calderonistas, le permitió tejer una red de contactos nada desdeñable. Estoy seguro que tiene en su agenda el teléfono de Carlos Slim, de los empresarios más poderosos en este país. Tuvo reuniones a propósito de la ley de medios de comunicación, de la llamada Ley Televisa. Se reunió con los principales dueños de las televisoras, pasaron por ahí los principales líderes políticos, pasaron por su oficina los gobernadores, pasaron por su oficina alcaldes, es decir, tiene toda una red de contactos que no se quedó en la oficina, sino se la llevó a Gobernación. Y ahora el hecho de que se ponga como precandidato, pues no es nada desdeñable todo ese trabajo que fue tejiendo.
CARMEN ARISTEGUI : Le llaman “Iván”…
DANIEL LIZÁRRAGA : Así le llaman en Campeche. No está muy claro el asunto del apodo, pero si eso lo relacionas con los negocios de la familia, que es otra historia, resulta que hay una empresa de su familia que se llama Ivancar. Curiosidades de la vida, Ivancar que se dedica a la transportación de productos de Pemex y es una empresa muy fuerte que distribuye prácticamente a todo el sureste. Es interesante toda esta asociación.
CARMEN ARISTEGUI : Hay una declaración que hace Javier González Garza, que es el coordinador de los diputados del PRD, sobre el tema del petróleo, sobre vínculos de la familia con el tema petrolero y lo que algunos piensan podría ser esta nueva posición de Mouriño en función de lo que viene sobre el debate del petróleo, el debate de la reforma energética. ¿Qué papel podría jugar Mouriño en eso que está colocado como uno de los grandes temas de la agenda inmediata y mediata para este país? ALFONSO ZÁRATE : En mi opinión, el cambio en Gobernación, pero igualmente el cambio en Sedesol y el cambio en el partido Acción Nacional, tiene como propósito fortalecer la conducción de Calderón. Es decir, Calderón llega a la presidencia en condiciones difíciles, en condiciones precarias y eso favorece la entrada dentro del equipo de gobierno de gente propuesta por grupos de poder dentro del PAN, fuera del PAN, compromisos, pago de facturas. Después de 13 meses llega el momento en el cual Calderón empieza a revisar el compor tamiento, hay que decir que a diferencia de Fox, advirtió que él no contrataba por seis años sino que estarían sujetos a un escrutinio permanentemente, y entonces estos movimientos, en mi opinión, afinan la conducción de Calderón, van a dinamizar también al gabinete que parecía dormido e inercial y le van a dar varias responsabilidades. Mi hipótesis es que no podemos explicarnos lo de Mouriño sin lo de Germán Martínez y sin lo de Cordero, y entonces yo estaría pensando en que están planteando un trípode de poder, en el cual no solamente va a haber un refuncionamiento del gabinete, sino también la posibilidad de que este triunvirato maneje una política electoral con las potencialidades que ofrece la política social, el partido Acción Nacional y conducidos por Mouriño en Gobernación. Lo que estoy pensando es que para Calderón es imprescindible que el año que entra el Partido Acción Nacional no sufra un retroceso, que es clarísimamente la tendencia, sino que se reposicione, y para eso necesita una muy buena operación política en esas tres áreas. Yo ubicaría esa como una prioridad muy importante y, desde luego, la otra son las reformas estructurales y también corresponde al secretario de Gobernación un nivel de interlocución con las cámaras, con los partidos políticos, que faciliten que esa reforma se apruebe.
CARMEN ARISTEGUI : En esto de los perfiles de los precandidatos, hay varios personajes que tienen cierta similitud física, ¿no? Personajes jóvenes, bien parecidos. Peña Nieto, Mouriño.
ALFONSO ZÁRATE : Estamos ante la metrosexualización de la política.
CARMEN ARISTEGUI : Los metrosexuales al poder… Pero regresemos al tema sobre si se puede plantear la relación de Mouriño y su familia con asuntos petroleros, con negocios de ese tipo y la reforma que viene, como es la preocupación de algunos.
DANIEL LIZÁRRAGA : De acuerdo a la información que pudimos rastrear, en la familia de Mouriño en general domina el negocio de las gasolineras en el sureste, así de sencillo, de la distribución de los productos de Pemex prácticamente en todo el sureste, que no es poca cosa. Aunado a esto hay un dato muy curioso: la familia de Mouriño está haciendo una sociedad con una empresa española, la cual no recuerdo ahorita el nombre, para crear torres eólicas y producir energía, es decir, es un nuevo negocio, una nueva veta de la familia que ahora se va a meter al negocio de la electricidad, según un comunicado de prensa, porque esto se supo ampliamente allá en Campeche. Un comunicado que se vio forzada a sacar la familia para responder a lo que ya estaba manejando la prensa local. Decían que sí era cierto, pero que lo iban a hacer únicamente para atender al mercado de Estados Unidos, hasta ahí el comunicado. Pero si esa información la cruzábamos con la agenda del presidente, te das cuenta que unos meses antes de esa situación en Campeche, Calderón había hecho una gira por Oaxaca y había inaugurado una obra con torres eólicas. Nada dijo de inversión privada ni mucho menos, pero era interesante cómo van coincidiendo un poco las agendas ahí. Por lo menos hablaría de que la familia de Mouriño, en este caso, tiene un gran olfato empresarial para saber exactamente dónde iba a disparar el gobierno de México.
CARMEN ARISTEGUI : Ramírez Acuña se va porque era un pato cojo, como se dice en la política, porque no funcionaba en su tarea. ¿Qué balance se hace del que se fue?
ALFONSO ZÁRATE : La llegada de Ramírez Acuña estuvo cuestionada por su gestión en el gobierno del estado de Jalisco donde parecía un hombre de mano dura que no reconocía las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
CARMEN ARISTEGUI : Recomendaciones muy serias de represión…
ALFONSO ZÁRATE : Había esa preocupación, sin embargo creo que lo que ocurrió fue prácticamente un desdibujamiento. Parecía un hombre que no entendía la responsabilidad del secretario de Gobernación. Sabemos que tanto por ley como por tradición le correspondía una figura de jefe del gabinete. Y también por ley es el responsable de las relaciones con los otros poderes, con los gobernadores, medios de comunicación, etcétera. Su bajísimo perfil implicó que todo esto se decidiera en Los Pinos, pero además momentos cruciales como el sabotaje del EPR que lo encuentran vacacionando en Roma. La incapacidad para asumir esta tarea de conductor de la política interior lo desgastó muy rápidamente y termina en una mala relación con el presidente. El hecho de que a diferencia de Beatriz Zavala, que llega a una posición del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, él diga simplemente que terminó su ciclo y que se va a la actividad privada, creo que es una evidencia de que la terminación de esa antigua relación con Calderón fue muy dificultosa.
CARMEN ARISTEGUI : Sobre las maneras de esta titularidad en Gobernación de Ramírez Acuña comparadas con Mouriño, ¿qué podríamos esperar sobre una responsabilidad de ese tipo en los tiempos que vienen de debate de muchos temas muy importantes: la reforma de medios, la reforma energética, la reforma judicial?
DANIEL LIZÁRRAGA : En Los Pinos son pragmáticos y tienen una especial tendencia a medir todo, a pulsar todo, a hacer encuestas, a fijarse metas muy concretas que se tienen que alcanzar, y yo te diría que en diciembre hubo una información por ahí de que se hizo un examen al gabinete. No descartaría de ninguna manera que algunos de estos movimientos en el gabinete estén relacionados con alguna baja calificación de estos secretarios.

El V Diálogo Nacional ante la izquierda, la militarización y la consolidación de Calderón

Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y demás organizaciones que han convocado el V Diálogo Nacional (DN), se han constituido en uno de los pilares básicos del gran frente para la defensa de los recursos patrimoniales del pueblo de México, así como para la transformación profunda de la sociedad mexicana. A fines de noviembre de 2004 se constituyó el DN como una organización de masas y después de sus cuatro reuniones anuales en la Ciudad de México y Querétaro (en las que se discutieron con profundidad los problemas del país, se aprobaron principios y programas de lucha, así como el impulso de grandes manifestaciones en las calles) el DN es tan importante como el EZLN, el lópezobradorismo, la APPO oaxaqueña, la CNTE o el sindicato minero en lucha. El 2 de octubre surgió el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) presidida por Rosario Ibarra que quizá le corresponda amalgamar un frente unitario.

2. Frente a estas fuerzas sindicales y de centroizquierda, que cuentan con una gran fuerza de millones de trabajadores y miembros de la llamada sociedad civil, está el gobierno ilegítimo del derechista Felipe Calderón que, al parecer, avanza hacia su consolidación respaldado por el ejército, los empresarios, el clero y los consorcios que dominan los medios de información. Calderón cuenta además con el fuerte apoyo del gobierno norteamericano, sobre todo después de la firma del Plan México el año pasado. La diferencia entre estas dos fuerzas está en que Calderón recibe un gran apoyo unitario de toda la clase dominante que, como es obvio, cuenta con el gran poder económico, ideológico y militar, contrario a las fuerzas sindicales y de izquierda muy dividas que no han logrado (ni tampoco hacen esfuerzos) ponerse de acuerdo para batallar unitariamente. Mientras éstos se pelean, Calderón recibe fuerte apoyo.

3. Calderón está a punto de cumplir un año y dos meses en el gobierno, y a pesar de que la economía del país empeora, el desempleo aumenta, el narcotráfico y el ejército combaten en campos y calles, Calderón parece estar consolidando su gobierno mediante acuerdos y alianzas con la dirigencia del PRI. Mientras tanto la llamada oposición al calderonismo se divide cada vez más en el interior del PRD, del FAP y entre las dirigencias de las distintas luchas sociales. Los medios de información, los empresarios y el panismo (contra lo que millones de gentes creyeron hace poco más de un año) mediante una permanente campaña de calumnias contra López Obrador, grupos progresistas y luchadores sociales, han logrado hacer más débil a la oposición política. Aunque estemos deseando que no sea así y que voluntariamente hagamos todo para evitarlo, la realidad es que los arreglos PAN/PRI son cada día más fuertes.

4. Se pensó (como muchos sectores de izquierda) que este mes de enero “se incendiaría” el país contra el gobierno de Calderón por el enorme descontento de la población mexicana contra el aumento de la tortilla de maíz y otros artículos de primera necesidad, así como contra la privatización de PEMEX y la electricidad, el alza de la gasolina y la puesta en marcha del capítulo agropecuarios del TLC. Pero no pasó nada y sólo falta saber de la gran manifestación del 31 de enero, que se espera no termine como siempre: mandando a la gente descontenta y enojada a descansar a su casa. ¿Es realmente difícil realizar acciones determinantes, como el cierre de carreteras, de bancos y embajadas, que obliguen al gobierno a liberar a los presos políticos, a desconocer al asesino Ulises Ruiz, a frenar la privatización o a revisar el TLC? Esas acciones serían pacíficas de parte del pueblo y quien las haría violentas sería el gobierno, su ejército y policía.

5. ¿Qué hacer ante tan negro panorama para los trabajadores, parte de los 70 millones de pobres y miserables de México? ¿Cómo responder a la política militarista, represiva y privatizadora de Felipe Calderón? Han surgido muchas respuestas teóricas y prácticas de: a) el PRD, el FAP, los lópezobradoristas, parecen estar de acuerdo que el único camino es el electoral y el fortalecimiento en el poder legislativo; b) el EZLN parece apostarle al apoyo internacional que recibe por los medios y a enseñar las experiencias de gobiernos comunitarios por las experiencias de los “Caracoles”; c) la APPO y la CNTE, partidarias de la lucha popular y de masas, por la represión gubernamental no han podido rebasar (la primera) las fronteras de Oaxaca y la CNTE los débiles límites del gremialismo; d) el Diálogo Nacional no ha podido evitar importantes diferencias con las dirigencias de los telefonistas y demás líderes de trabajadores de otras empresas.

6. Al nacer el FNCR el pasado octubre, creció entre la izquierda la esperanza en que ese Frente, encabezado por Rosario Ibarra y un buen núcleo de organizaciones y de activistas, podría ser un centro donde confluyeran todas las corrientes batalladoras con el objetivo de discutir diversas posiciones y encontrar algunos puntos de unidad y lucha. Doña Rosario es amiga de Marcos y del EZLN, también es muy bien querida por López Obrador. Las otras organizaciones le tienen un enorme respeto por su posición combativa e independiente. Sin embargo parece que las cosas no apuntan por el rumbo porque aún las organizaciones y sus líderes no encuentran atractiva la unidad, ni el Frente parece estar trabajando por ella. Y no se trata de un planteo de unidad a toda costa, sino de una búsqueda urgente para enfrentar a un gobierno derechista que acude cada vez más a implantar un Plan México con características cada vez más represivas.

7. El pasado Foro Social Mundial, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México del 22 al 26 de enero, fue contundente en reflexiones y análisis de los problemas de México y del mundo, pero (al parecer) casi en nada contribuyó para unificar fuerzas que pudieran unificarse en la lucha contra el capitalismo salvaje, la derecha y el imperio. Ponencias brillantes como las de Enrique Dussel (Filósofo), Juan José Bautista (Bolivia), Andrés Barreda (SME), despertaron (sin duda) interesantes reflexiones, pero pronto se convertirán en asuntos de simple teoría política o filosófica. El FSM (versión México) con unos tres mil asistentes, pudo dar mucho más, pero al parecer también se reflejó la división en la izquierda y el sectarismo. Pudo ser un gran espacio para debates más amplios y abiertos sobre estrategias y prácticas que pudieron haber contribuido a aclarar el panorama nacional, pero también para encontrar puntos de unidad y lucha.

8. ¿Por qué los más conocidos “intelectuales” mexicanos no expusieron ponencias en el FSM? Se sabe que un grupo numeroso de ellos se han convertido en voceros estrellas de la empresa Televisa, otros, se han ligado a las revistas Nexos y al gobierno panista y que quizá muchos más prefirieron encerrase en sus cubículos universitarios. O, ¿tuvo que ver acaso “un sectarismo” de la comisión organizadora del FSM (México)? Lo que haya pasado, la realidad es que el Foro pudo contar con muchos más expositores y mayor cantidad de asistentes. Incluso las obras de teatro, los conciertos y demás espectáculos, pudieron ser más concurridos si las actuaciones se hubieran intercalado en horarios de mañana, medio día y noche. En el FSM de Brasil de 2002, por ejemplo, después de cada tema, se registraba alguna actuación artística de media hora para todos los asistentes de la Mesa. Ello permitía reflexionar y gozar las cinco horas continuas de trabajo.

9. De todas maneras la participación en el V Diálogo Nacional del 4 y 5 de febrero en el local sindical del SME será muy importante Este V DIÁLOGO NACIONAL se desarrollará bajo los siguientes ejes de discusión: 1. Situación política actual y perspectivas; 2. Balance de los movimientos y resistencias contra el neoliberalismo y estrategias unitarias; 3. Ejes programáticos, formas de organización y Plan de Acción; y
4. Asuntos Generales. Tengo confianza en que en algunos de estos encuentros los dirigentes de estos organismos logren arribar a acuerdos que permitan fortalecer las batallas de los trabajadores contra el sistema de explotación capitalista. Y no será por una casualidad o un milagro, sino porque las circunstancias de mayor agravamiento de los problemas del país obligan a tomar medidas unitarias para defender los derechos de los trabajadores, así como para reivindicar sus luchas por un mundo más justo e igualitario.

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LOS PRIVATIZADORES EN ACCION

Maniobran Mouriño y AN para abrir Pemex al capital privado
Fija con senadores de su partido la estrategia para avanzar en la reforma energética
Rechaza debatir sobre el tema con Andrés Manuel López Obrador y llama al PRD a que no se retire de la discusión
Andrea Becerril (Enviada)


Cozumel, QR, 29 de enero. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, definió aquí con los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) la estrategia para avanzar en una reforma energética que incluye de manera prioritaria al petróleo y luego a las empresas eléctricas. Rechazó debatir con Andrés Manuel López Obrador.

Durante una reunión a puerta cerrada, el funcionario federal pidió a la bancada senatorial, que coordina Santiago Creel Miranda, colaborar en la elaboración de un “amplio diagnóstico” de la grave situación actual de Pemex que justifique su apertura al capital privado, a fin de encontrar consensos con los otros partidos, en especial con el del sol azteca.

El efecto Zavaleta
Luego, en conferencia de prensa, el titular de Gobernación evadió responder a las críticas que le ha formulado López Obrador por buscar el apoyo de los perredistas a la reforma energética. Sólo aclaró que el encuentro que un día antes sostuvo con la diputada Ruth Zavaleta Salgado es parte “del diálogo entre poderes”, ya que se trata de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Interrogado sobre la decisión de los senadores del PRD de no participar en las discusiones en torno a la reforma energética mientras Felipe Calderón no presente la iniciativa, Mouriño Terrazo respondió que “lo ideal” es que ninguna fuerza política se retire de la discusión de los grandes temas del país, como es el futuro de Petróleos Mexicanos.
Durante las tres horas que estuvo reunido con los senadores “del partido en el poder”, como él mismo lo definió, Mouriño cerró la pinza de la lucha conjunta que darán el gobierno federal, el PAN y sus grupos parlamentarios para lograr la aprobación de la reforma energética.


Lo que sigue, dijo, es elaborar un diagnóstico, “estar seguros de que hablamos del mismo problema”, compartirlo con otros actores de la vida política para enriquecerlo y después de ello plantearse si es necesario enviar una nueva iniciativa de reforma o si con las ya existentes se puede abordar la discusión”.

Cuando se le preguntó sobre el reto que le lanzó López Obrador para debatir, Mouriño Terrazo insistió en que la discusión sobre cualquier tema relevante se debe dar en el Congreso.

El sector eléctrico, en lista de espera.

En la encerrona con los senadores panistas, el secretario de Gobernación les dijo que la prioridad del gobierno de Calderón Hinojosa es la apertura a la inversión privada en Pemex, pero luego deberá seguir el sector eléctrico.
Por separado, el coordinador de la bancada panista, Santiago Creel Miranda, se manifestó sorprendido por el anuncio del perredista Graco Ramírez de que los senadores perredistas salen de la discusión en materia energética, y advirtió que va a tratar de que reconsideren esa postura, toda vez que es importante acordar una reforma que permita fortalecer a Pemex.
Creel dio a conocer la agenda de diez puntos que acordaron ayer impulsar para el periodo de sesiones que inicia el viernes. El primero es la reforma enegética, seguida por la reforma en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, la reforma estructural del campo, las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral y de seguridad pública, y de educación y cultura. En la agenda panista figura también la modificación al régimen de Estado y forma de gobierno e iniciativas sobre relección legislativa y la reducción de integrantes del Congreso. La propuesta es eliminar 100 diputados y 32 senadores.


Pemex tiene recursos económicos, pero le faltan proyectos,
dice Reyes Heroles
Llama a ingenieros mexicanos a que participen en tareas de refinación y petroquímica
Miriam Posada García
Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene recursos económicos y hay la intención de fortalecerla, pero no tiene proyectos ni capacidad para desarrollarlos, aseguró el director de la empresa paraestatal, Jesús Reyes Heroles, al hacer un llamado a los ingenieros mexicanos a que participen en las tareas de refinación y petroquímica.
Durante su participación en la edición 24 del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, señaló que de los 20 mil millones de dólares que Pemex tendrá para inversión, Pemex Exploración y Producción se llevará la mayor parte, y anunció que se licitará un proyecto de etanol para que particulares produzcan etileno.
Reyes Heroles aseguró que Petróleos Mexicanos tiene 15 estrategias para hacer una mejor administración de proyectos, salir de forma responsable a licitar y evitar riesgos de incumplimiento.
Contrario a lo que un día antes señaló en este mismo foro el presidente Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles aseguró que la empresa tiene recursos, y sobre todo existe la intención de fortalecerla; sin embargo, puntualizó que hay rezagos porque sólo en las áreas de refinación y petroquímica se dejaron de generar proyectos al ritmo que demandaban las necesidades del país y del mercado, por lo que ahora se requiere la participación de los especialistas mexicanos para salir adelante.
Detalló que cifras preliminares permiten prever que los ingresos totales de la empresa durante 2007 serían de 303 mil millones de pesos, sin embargo, la plataforma de producción será de sólo 3.1 millones de barriles al día, ya que la declinación en la producción de Cantarell ascenderá a 200 mil barriles diarios, aunque los trabajos en otros yacimientos están avanzando.
El director de la paraestatal señaló que entre los retos por afrontar figuran mantener esa producción de 3.1 millones de barriles de crudo al día; alcanzar una tasa de recuperación de reservas de cuando menos ciento por ciento para el periodo 2012-2013; restablecer las tasas de reservas en relación con la producción a 10 años; que la producción de gas sea superior a la demanda; reducir las importaciones de gasolina; eliminar pérdidas en refinación y petroquímica, así como reducir el apalancamiento de la inversión.
Asimismo detalló que la paraestatal tiene 15 iniciativas estratégicas para mejorar su desempeño, entre las que destacan establecer un sistema homogéneo para la administración integral de proyectos de inversión, mejorar la productividad y eficiencia, optimizar recursos humanos, medidas para combatir la corrupción y continuar alianzas estratégicas con empresas extranjeras para mejorar la tecnología.
Programa de infraestructura
Detalló que los principales proyectos de inversión considerados en el Programa Nacional de Infraestructura se relacionan con la transformación industrial de hidrocarburos, expansión, modernización y mantenimiento de la infraestructura.
Estos proyectos se concentran en la producción de petrolíferos de mayor calidad, así como su distribución, almacenamiento, transporte y almacenamiento de gas natural y en el incremento de la capacidad productiva de petroquímicos.
Reyes Heroles advirtió que para garantizar la seguridad energética del país la industria petrolera requiere realizar proyectos de alta complejidad y riesgo en las actividades de transformación industrial; sin embargo, “existe una baja capacidad de desarrollo y ejecución de proyectos en México, al tiempo que el número actual de firmas de ingeniería es 30 por ciento menor a las que había hace dos décadas”.
Esto, alertó, requiere de acciones urgentes para fortalecer a las firmas de ingeniería y empresas constructoras mexicanas con capacidad para desarrollar proyectos, diseñar contratos con panoramas de mediano y largo plazos y reducir las restricciones de carácter regulatorio que inciden en el desempeño y la capacidad de ejecución de proyectos.

El caos y la reforma energética
Luis Linares Zapata
El sector energético nacional se ha convertido en una inmensa maraña de aberraciones estratégicas, conceptuales, organizativas, políticas y financieras. Las causas de tal mazacote apuntan a arraigadas pretensiones privatizadoras, tráfico masivo de influencias, cálculos errados, políticas públicas defectuosas o mal intencionadas, torpezas de sus directivos y sendos negocios particulares. Haciendo caso omiso del caos, se piensa, por exigencias de la derecha, nacional y foránea, lanzar una ofensiva de reforma (la misma de siempre) dirigida desde Gobernación. El resultado se anticipa dañino para los intereses y el futuro de los mexicanos.
Un primer punto a destacar es el falaz asunto de la carencia de recursos de inversión para Pemex. Transparente sinrazón con la que se quiere promover el auxilio del capital privado y que ha sido argüida a pesar de la innegable bonanza de los ingresos petroleros (con la concomitante utilidad de operación y flujo de efectivo disponible) durante los últimos siete o 10 años. Otro punto recuerda la inexplicable decisión de priorizar extracciones masivas de crudo para la venta externa. Con ello se han secado reservas y beneficiado a los transformadores externos que regresan gasolina a costo creciente. Al principio la compra de carburantes no era eslabón sustantivo, pero el incremento en las importaciones deviene ahora punto crucial en la balanza comercial, ya de por sí deficitaria. Lo importante de este modo operandi ha sido la posposición, hasta estos aciagos días, de refinerías propias (recuérdese el proyecto Fénix tan cacareado).
La injerencia desmedida del sindicato tiene sustento en el cínico empleo de sus líderes para apoyar financieramente las campañas del PRI. Trafiques descarados que se arrumban en la trastienda de las componendas y las presiones aliancistas del PRIAN. En esos trastupijes encuentra duro basamento el ya santificado cuan rampante contratismo que, ahora, ha sido elevado un escalón adicional e introducido al seno mismo de las administraciones de Pemex y CFE. Sensible nudo de la casi incomprensible madeja actual lo apunta el abandono presupuestal y de funciones relegadas a que se sometió durante ya más de dos décadas al Instituto Mexicano del Petróleo. De ahí el alegato de incapacidad tecnológica para la exploración en aguas profundas, sustento de las propuestas alianzas estratégicas con empresas trasnacionales. Y qué decir del uso inmisericorde de los ingresos de Pemex para financiar la hacienda pública y eludir con ello el castigo a los privilegios fiscales, piedra angular de todo el tinglado de malos manejos en el campo energético. La dependencia de la renta petrolera es monumental (40 por ciento del total del presupuesto) e inmoviliza las decisiones para invertir las sumas que la energía demanda y que se relegan año con año. Hay que señalar las feroces presiones de los gobernadores para apropiarse de los llamados excedentes petroleros. De tales recursos dependen sus ambiciones personales y el consiguiente manipuleo electoral. Así, el Ejecutivo se convierte en tierra de nadie, se truncan las inversiones en el propio sector e imposibilita una adecuada planeación de la industria.
Antes de legislar sobre este fantasmagórico mazacote hay que repensarlo todo desde sus bases mismas. Volver a plantear, por íntima sanidad, con datos verificables, el futuro de un sector, el más importante para la viabilidad de esta asediada República. Reconocer que la deuda con que se ha lastrado a Pemex no es más que deuda gubernamental trasladada a esa empresa. De similar manera como a la CFE y a LFC se les sobrecarga la política de subsidios para la industria y los consumidores individuales para luego proclamar con alevosía el déficit y aun la quiebra de ambas organizaciones que son muy rentables.
El proceso de enredos se inició con las susodichas modernizaciones planteadas en el ilegítimo sexenio de Carlos Salinas y su proclamada apertura (cogeneraciones) del sector eléctrico (Ley reglamentaria del 92). Siguieron los intentos de remate que pretendió llevar a cabo el más entreguista de los presidentes neoliberales: Ernesto Zedillo. Sus fracasadas negociaciones, llevadas a mal término por su amanuense (Luis Téllez), afortunadamente para la nación, terminaron en un aquelarre entre priístas y sus manoteos por la caja electoral. Sin embargo, dejaron señalada la ruta para que el vendedor de Coca-colas renovara la tendencia marcada por sus antecesores y patrones. Fox hizo cuanto ofrecimiento se le ocurrió ante propios y extraños para que le entraran al estratégico sector de la energía para hacer negocios. Sus esfuerzos de remate concluyeron en los famosos contratos de servicios múltiples para permitir la injerencia trasnacional en el ramo gasífero (Burgos), contratos que han resultado sumamente onerosos e inefectivos y que, sin embargo, se tratan de extender a la exploración y otros campos adicionales con previsibles malos resultados.
La parte más trascendente de las contrahechuras de Fox, ese ranchero rencoroso, se concretó en el ramo eléctrico, donde se dio cauce a una ruidosa privatización bajo distintas formas de cogeneración. Con ello se posibilitó que hoy más de 30 por ciento de la electricidad que se consume en México sea producida por empresas extranjeras, principalmente españolas. El resultado ha sido una energía más cara, enormes pasivos lastrados con altos intereses, intercambio indebido entre los titulares de las concesiones (dentro y fuera del ámbito y control nacionales), venta ilegal del fluido y derivadas criminales como las inundaciones de Tabasco que permanecen en la más profunda de las opacidades. Este cúmulo de innobles tareas, impulsadas por Fox y concretadas por Calderón, cuando era su secretario de Energía (apoyado por el interesado negociante de concesiones Mouriño) desembocaron en sendas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron combatidas, ante la Suprema Corte de las impunidades declaradas, por la presidencia de los gerentes.
La ASF ha quedado por acuerdo de la Corte incapacitada para aclarar la pertinencia y legalidad de los contratos eléctricos que apuntan, a juicio de los auditores, a serias irregularidades. Los negocios que se han incubado y que se desarrollan aquí son enormes sin que se les pueda airear ante la sociedad y menos hincarle el diente de la justicia. Lo hasta aquí explorado es una pequeña parte del diagnóstico pendiente. No al mañoso que Calderón se refirió en días pasados ante sus correligionarios, sino al que todos deben contribuir para defender lo propio.

El Ejército seguirá en las calles
Jorge Carrillo Olea.

El Ejército seguirá en las calles, decreta Calderón, y con ese decreto viola la Constitución, que dispone, artículo 129: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” De la misma manera se violó cuando en Tijuana la comandancia de la segunda región militar quiso atribuirse funciones de Ministerio Público, y se ha violado siempre.
Para mí no es un problema que el Ejército participe en estas acciones. En 1968 experimenté personalmente su presencia en las calles de Washington para reprimir brutalmente los motines que efectuaban negros en demanda de derechos civiles. Lo hemos visto también en países de alta civilidad, como Francia. El auténtico e insoslayable problema es que en México, a diferencia de aquellos países, se hace violando la Constitución y leyes secundarias. Nuestros gobernantes no han querido, por temor a la crítica, adecuar las leyes a los tiempos, muy particularmente las leyes militares que datan de los años 30 y aquéllas fueron inspiradas en las porfiristas. El Programa Sectorial 2007-2012, de la Secretaría de la Defensa Nacional, no contempla nada al respecto.
Los ejércitos tienen la función de coadyuvar al sostenimiento de las instituciones y, por tanto, del Estado, pero lo deben hacer en el marco de la legalidad y sufrir las sanciones en los casos en que se acrediten responsabilidades. Antes de su toma de posesión, el hoy Presidente confesó a quien iba a ser su secretaria de Gobernación, que no sabía nada del Ejército.
Esto no es un pecado. Se convierte en un grave error u omisión política, actuar sin consultar a quien tiene la obligación de saber, para eso existen los asesores y para eso es la función del refrendo de leyes y decretos. De esta manera hoy estamos viendo el “sí, señor presidente” de otros tiempos.
Adecuar la legislación castrense a la demanda de los tiempos es imperativo. No hacerlo coloca al militar y a la sociedad en una situación de verdadera indefensión jurídica que finalmente daña al propio Ejército y a la sociedad.
La situación descrita mucho tiene que ver con el pasmoso número de deserciones anuales. Es un problema añejo que ahora se ha hipertrofiado, porque cada día las leyes son más obsoletas y, por tanto, la discrecionalidad cada día es mayor, conduciendo a la más libre e impune arbitrariedad y abusos de autoridad.
La vida militar transcurre tras de cortinas. Nadie sabe su verdadero desarrollo y su impacto en la dignidad del individuo. Tómese de ejemplo lo siguiente: la ley previene que a un general no se le puede arrestar por más de 24 horas. Hace algún tiempo a un general, director del Hospital Central Militar, se le arrestó 15 días por mandar cortar unas ramas, dicha sanción corresponde exclusivamente a la tropa. El autollamado general Gallardo se equivoca en cuanto a su planteamiento del ombudsman militar, pero lamentablemente las violaciones a la dignidad y entereza del hombre se dan en todas partes todos los días, sin que haya recursos de apelación.
En estos tiempos en que se presume el cambio está la oportunidad para transparentar la vida militar y hacer las correcciones necesarias a leyes y procedimientos. De ello, además de los militares, será beneficiaria la sociedad.
Lamentablemente la ruta por la que se ha enviado al país es promotora de mayores conflictos: desempleo, pobreza, miseria en los servicios públicos –esencialmente salud–, huelgas, inseguridad y violencia; e ineficiencia en otros: energía, correos, etcétera. Esta situación obliga al gobierno a echar mano de todos sus recursos para mantener la estabilidad, pena es también que se olvide del recurso de primera mano que es la persuasión, la comunicación y el diálogo.
No, el gobierno transita con la mirada puesta en el cielo sin advertir lo escabroso que puede ser el camino. Gobierna a reacción, no a prevención o evitación de problemas, pero parece ser que así le gusta al Presidente. Se sintió valiente cuando declaró: “me gusta gobernar en la adversidad”.

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