A MI ME CONSTA
31 mar 2009
En valles centrales igual que en la Cañada, la Costa, la Mixteca, el Istmo, Papaloapam, Sierra Norte y Sierra Sur. El caciquismo priísta hace lo mismo, demagogia, opresión y saqueo.
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IMPUNIDAD DESTRUCTIVA.
Rechazan rediseños en centro Histórico.
Misael Sánchez / Tiempo
[02:19] La capital del estado corre el riesgo hasta de perder la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que le otorgó la UNESCO en 1987 de autorizarse sin respeto a la normatividad, la remodelación de inmuebles y edificios públicos en el Centro Histórico, dijo ayer Enrique Fernández Dávila, director del Centro-INAH de Oaxaca.
Asimismo indicó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura mantiene bajo observancia tanto al Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez como a la zona arqueológica de Monte Albán con el propósito de que no se destruya.
Para el servidor público federal, a partir de la normatividad municipal, estatal y federal, así como la declaratoria de patrimonio cultural, es como los particulares y las instancias de gobierno deben ceñirse a los estatutos para el manejo del Centro.
Refiere que en muchos casos los mismos dueños de inmuebles prefieren que los edificios se caigan a restaurarlos y que cuando el particular no tiene recursos para hacer remodelaciones o restauraciones tampoco puede ser obligado.
Tras destacar la importancia de conservar el patrimonio universal, dijo que tras el sismo de 1999, en la capital existen casas que parecen antiguas pero ya no lo son y que en éstas no es tan grave hacer algún tipo de modificación.
Fernández Dávila reconoció que existen argumentos de particulares que cuestionan la labor del INAH sin embargo dijo que es precisamente por el cuidado que se hace del Centro Histórico que se ha podido defender una gran parte del Patrimonio edificado.
“Nosotros defendemos el Patrimonio histórico y por ello ostentamos la declaratoria original de Patrimonio Cultural de la Humanidad”, dijo.
RECHAZAN ALTOS COSTOS COMO PRETEXTO
Indicó que en varios casos se han realizado restauraciones pequeñas, medianas y grandes, como las que hacen en el municipio de Mitla, sin embargo, aclaró que no se puede poner como pretexto un incremento en los precios de restauración para abandonar los inmuebles.
Explicó que por lo general el INAH cuando interviene en inmuebles de la entidad los proyectos se regalan a los pueblos y después se supervisan los trabajos con las personas que contraten las autoridades de acuerdo a sus posibilidades.
Luego de informar que en breve se realizará el mantenimiento de muebles históricos en el Istmo de Tehuantepec declaró que para cada autorización la dependencia a su cargo cuenta con el dictamen de peritos especialistas.
También señaló que en cada obra autorizada debe haber personal con experiencia, un proyecto viable y que se trabaje a favor del centro histórico.
Informó que además del Reglamento del Centro Histórico, validado por el municipio, los dueños de bienes inmuebles en la zona deben cumplir con la Ley de Monumentos históricos, así como los convenios entre autoridades.
Por último dijo que mensualmente alrededor de 80 proyectos son autorizados o rechazados en el Centro-INAH y que el INAH mantendrá sus facultades para aprobar o rechazar cualquier proyecto en inmuebles históricos del Centro Histórico.
DE VIVA VOZ:
“Nosotros defendemos el Patrimonio histórico y por ello ostentamos la declaratoria original de Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
Enrique Fernández Dávila, director del Centro-INAH de Oaxaca.
Llama Gabino A Apoyar A La Oposición, Y No A Quienes Pretenden “Reelegirse” Como Diputados.
Cámara de senadores 30/03/09.
En momentos en que prácticamente se inicia la competencia electoral rumbo al 5 de julio, el senador Gabino Cué Monteagudo pidió a la ciudadanía a reflexionar muy bien su preferencia por los distintos candidatos que ofrecen los partidos políticos, para hacer productiva la voluntad popular.
En tal sentido, hizo notar que en general la oposición al PRI de Ulises Ruiz ofrece rostros nuevos. En cambio, en el tricolor, las ofertas se centran a nivel estatal, en más de lo mismo, porque muchos candidatos de éste partido ya fungieron como legisladores y durante su ejercicio no hicieron nada por mejorar las condiciones de la población.
Por tanto, sugirió a los futuros electores a revisar bien el trabajo legislativo de quienes ya han sido diputados – como es el caso de varios aspirantes del PRI- porque sería un gran error -dijo- que se otorgara nuevamente la confianza a quienes no actuaron de manera eficiente en el encargo que se les otorgó mediante el voto popular.
En entrevista - se preguntó- ¿de qué nos va a servir tener representantes populares que sólo van a “calentar” una curul y no van a representar dignamente al pueblo de Oaxaca?
El también secretario de la Mesa Directica de la Cámara Alta invitó también a los medios de comunicación a que analicen la trayectoria de quienes hoy son candidatos nuevamente, para saber qué prometieron cuando fueron aspirantes y lo que hicieron cuando fungieron como diputados.
De salir electos nuevamente quienes hace poco fueron diputados, sería como una reelección indirecta, y esto no se debe permitir, refirió el legislador oaxaqueño.
Para Cué Monteagudo, su “elección” como aspirantes nuevamente está en función de las complicidades y compromisos que tiene el PRI de Oaxaca, el PRI de Ulises Ruiz, con un grupo muy cercano, que son quienes nuevamente intentan ocupar una curul sin merecerlo.
Finalmente Gabino Cué llamó a la ciudadanía a no abstenerse a salir a votar en los próximos comicios y a participar, de preferencia que lo haga por la oposición, pues la disidencia política se ha ganado un lugar digno y ha demostrado su interés por trabajar e impulsar los cambios que Oaxaca requiere.
La Corrupción No Es Asunto Político; Es Un Mal Social Que Debe Erradicarse
Convergencia 30/03/09.
Convergencia lamenta profundamente que el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas esté más preocupado en encubrir los actos de corrupción de su antecesor que en cumplir con las obligaciones que la ley le mandata, sostiene su dirigente estatal Mario Arturo Mendoza Flores.
Es obvio que en su desesperación por defender a los candidatos de su partido político, el PRI; el Primer Concejal se olvida de su investidura y se convierte en el principal defensor de la irregularidades no sólo señaladas por Convergencia, sino también por la Procuraduría General de la República y recientemente por la Auditoría Superior de la Federación en relación a obras pagadas y no ejecutadas en la administración anterior. Mejor que responda cómo justificará el faltante por más de45 millones de pesos no comprobados y que no corresponden a “obras fantasmas”, sino a un claro y evidente desvió de recursos, afirma Mendoza Flores.
Son ellos los que pretenden politizar un asunto que se debe ventilar antes las instancias legales penales y administrativas correspondientes; tal y como lo ha hecho nuestra regidora Margarita García, y no a través de declaraciones cuyo único objetivo es demostrarle al dueño de su partido que si tiene la capacidad para tapar todas las porquerías realizadas, todo por su ilusión desmedida y desbordada por ser considerado en el próximo proceso electoral estatal, concluye, Mario Mendoza.
SCJN, sin imparcialidad ni independencia.
Sergio Nieto Arréz. La Jornada Michoacán.
Tomado de “Todo el Poder al Pueblo”.
Ya no nos queda ninguna duda, para que este país se componga tenemos que organizarlo de abajo hacia arriba, los señores ministros de la SCJN se volvieron a cubrir con su manto de impunidad al aprobarse el dictamen en la Cámara de Diputados para poner tope salarial a funcionarios ¡momento! Las percepciones de los ministros de la Suprema Corte no se tocan, al contrario seguirán los incrementos en sus raquíticos sueldos mensuales de 480 mil pesos para garantizar su parcialidad, que bien merecido se lo tienen.
La Suprema Corte de injusticia, los políticos y los poderosos empresarios la han utilizado solamente para limpiar sus zapatos ensangrentados e incrementar sus capitales y seguir obstruyendo la transición de la verdadera justicia, la han convertido en la cueva de Ali-Baba y sus treinta familias saqueadoras de la nación, no se necesita pensarle mucho el porqué los diputados protegieron los descarados y ofensivos salarios de los ministros, hoy son legisladores y posiblemente mañana se enquisten en alguna gobernatura, lo que indica que aunque violenten el marco legal de la Constitución tendrán el respaldo, la complacencia y la exoneración de los señores ministros, por las porquerías que hayan hecho como gobernadores, ya que contarán con muy buenas recomendaciones por el dictamen que acaban de aprobar.
No nos vamos tan lejos en los ejemplos, ahí tenemos la exoneración que le brindaron al góber precioso Mario Marín por haber torcido el estado de derecho y haber pisoteado las garantías individuales de una ciudadana mexicana, quedando totalmente absuelto por los señores ministros de la Corte para que siga cometiendo sus bajezas.
Del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, podemos mencionar infinidad de violaciones que cometió contra la sociedad civil, pero sólo recordaremos algunas: represión generalizada por los cuerpos policiacos, allanamiento de viviendas sin orden de aprehensión, tortura, desaparición con levantones nocturnos a luchadores sociales, vejaciones a los detenidos, asesinatos, etcétera. De igual forma que el góber precioso, quedó impune todo este atropello y represión al pueblo de Oaxaca. Los señores ministros limpios de conciencia y actuación, le brindaron al gobernador Ulises Ruiz el manto de impunidad, exo-nerándolo de las represiones que cometió contra la sociedad civil.
Se vistieron de gloria impúdica los señores ministros con el caso del gobernador Enrique Peña Nieto, quien de igual forma que el oaxaqueño arremetió con toda la fuerza policiaca y militar sobre una sociedad humilde, indefensa y desprotegida, comenzando el problema por unos comerciantes que no tenían permiso para vender sus flores fuera del mercado, llegó a tal grado la represión en el poblado de San Salvador Atenco que detuvieron a 300 personas en las cuales se encontraban 30 mujeres donde 19 de ellas y dos extranjeras fueron violadas sexualmente por policías.
¿Cuál fue el veredicto de los señores impartidores de la injusticia? Absolución total para el gobernador Peña Nieto, altos mandos de la policía estatal y federal, también exo-neraron al actual procurador de la República, Eduardo Media Mora, no hubo culpables en esta represión; volvieron a tender su manto protector los señores ministros para que siga imperando en este país la impunidad.
Del genocidio cometido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario en ese entonces Luis Echeverría Alvarez, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco donde asesinaron a sangre fría a cientos de estudiantes, maestros, amas de casa, ancianos y niños hace 40 años, da asco, nos llena de impotencia y coraje la forma como se tuerce la ley en este país, porque la justicia es letra muerta donde impera la maldita corrupción, abriéndole paso a la reina de reinas llamada impunidad, el Quinto Tribunal en Materia Penal exoneró de toda culpa el pasado jueves al ex presidente Luis Echeverría del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre del 1968 y hasta hoy día no hay culpables; la maldita impunidad hermana de la corrupción son las que tiene de cabeza a este país.
Creo que quedó muy claro por qué los legisladores en la pasada aprobación de disminuir los sueldos a funcionarios protegieron las percepciones de los impartidores de la injusticia.
¡Hoy lo hacemos por ustedes señores ministros y mañana por nosotros como futuros gobernadores! Por eso no se tocarán los salarios de los ministros de la Corte, con estas decisiones de los diputados y la sumisión de los ministros al aplicar la ley, ofenden la inteligencia de los ciudadanos y nos escupen la cara como sociedad pensante, porque en la SCJN ni hay imparcialidad ni existe independencia, de lo que sí estamos seguros es que en esa cueva se cocinan a buen sazón los mezquinos intereses de altos políticos, prominentes empresarios y clérigos pede-rastas al amparo de los jugosos sueldos de los señores ministros.
Mario Mendoza. ¿Dónde Coinciden Las Moscas?
Ante la urgencia de calmar a su jefe ante el crecimiento de la auténtica y real oposición, el presidente del partido tricolor, ha tenido que recurrir a comprar “cuentos” que sólo él se los cree. El costo por adquirir esas historias de ficción no es nada barato, con frecuencia – andan comentando los propios beneficiarios-- les pagan con una lujosa camioneta del año; o incluso, a quienes mejor le va, le puede tocar una casa, sin faltar una cantidad en efectivo que también puede variar en monto.
Lo malo es que ese pago se hace con recursos del pueblo y no con los del dirigente o de ese partido; adicional a que como ya lo he dicho, ni siquiera tiene el cuidado de solicitarles una credencial que los acredite como militantes o simpatizantes del Instituto Político del que dicen emigrar, para así al menos verificar que el cuento que les ofrecen cuenta con un sustento.
Ya hecha la transacción, se monta todo un teatro, para que acorde a la forma de actuar de quien ordena la escena, se diga ante los diversos medios que tal o cual líder del partido Convergencia se ha “sumado” a las filas del partido tricolor y en el deliro de éste, hasta le alza la mano como reconociendo que está en los de afuera y no en los adentro, la verdadera fuerza democrática en el estado. Ahí mismo, y como obligación al pago que acaba de recibir, se le obliga al Pseudo militante a manifestarse en contra del partido en el que supuestamente militaba, claro que para ello y de acuerdo al guión ya se habrá memorizado lo que tiene que decir. Generalmente el “script” es el mismo: que se sale del otro partido porque ahí no encontró “los apoyos” que ahora le ofrece el partido oficial. Sólo que ni por equivocación se refieren a esos “apoyos”, pues de inmediato revelarían el porqué de su indigna actitud.
Esos “apoyos”, que en realidad son la verdadera atracción de quienes se prestan a esos teatros, son entre otras cosas las siguientes: asignación de obra pública sin mayores trámites y sin una supervisión real. Posiciones en la estructura gubernamental cobrando un sueldo que generalmente no devengan, cancelación de órdenes de aprensión o archivo de averiguaciones previas recién iniciadas, ofrecimientos para ocupar puestos de elección popular, sin faltar la ya mencionada lujosa camioneta del año o la casa, así como el dinero en efectivo; que por cierto, según dicen los beneficiarios, les es entregado en un bonito portafolios de piel, el cual viene incluido dentro del paquete. En medio de esta crisis, que el gobierno de Ulises Ruiz se niega a enfrentar, tal dispendio de recursos, termina por ser una afrenta para la población trabajadora y productiva que exige para ellos ese apoyo y no para quienes se exhiben como mercenarios de la política.
Es por actitudes como esta, que los partidos carecen de credibilidad, pues la sociedad, a veces poco informada, no es capaz de darse cuenta lo que está detrás de todo esto y al igual que el dirigente de ese partido, termina por “tragarse” el cuento de que la supuesta emigración de esos ficticios emigrantes corresponde a la falta de apoyos –que no de oportunidades— dentro de su partido político y no a su falta de convicciones y de principios. ¿Dónde se paran las moscas?...¡claro!...donde está lo que les gusta.
En su desesperación, el dirigente del tricolor no se da cuenta que al festejar la obtención de un solo voto, --porque en realidad eso es lo que representa quien vende su dignidad-- manda el mensaje de que cada día le resulta más complicado y más caro convencer a la ciudadanía sobre las ventajas de afiliarse a su partido. A quienes militamos en la verdadera y real oposición no nos alcanzaría el tiempo, ni el dinero, para festejar el número de afiliaciones que todos los días registramos: jóvenes, amas de casa, profesionales, gente de la tercera edad, líderes sociales, profesores, obreros, mujeres y muchos más a quienes no les ofrecemos “apoyos”, sino la garantía de conducirnos con honestidad, de compromiso con las causas ciudadanas más nobles, de respetar nuestros principios ideológicos y nuestro programa de acción, y principalmente el de darle la oportunidad de participar libre y responsablemente en la construcción democrática nacional y estatal.
En su evidente contradicción, un día él y su jefe dice no conocernos, y al otro nos menciona con nombres y apellidos. Como dice la canción, odio quiero más que indiferencia. Si no les preocupara la oposición, entonces para que tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿o no, amable lector? La verdadera nota, la que nos diría que algo está fallando en quienes aspiramos a dignificar la política, resultaría evidente cuando algún ciudadano objeto de los agravios de Ulises Ruiz, o un profesor reprimido, o un empresario que haya bajado sus cortinas a consecuencia de la crisis, o alguna viuda o huérfano de algunos de los asesinados del 2006, o algún automovilista harto de tantos impuestos, o un habitante víctima de la inseguridad, o un obrero preocupado por el desempleo, se acercara a ese partido y solicitara aparecer en la foto libremente y no a cambio de la camioneta y de una buena cantidad de billetes. Eso sí que sería preocupante, pero sabemos que eso no sucederá mientras exista una oposición convencida de que resulta urgente cambiar un sistema basado en la corrupción, en la complicidad, en la compra de conciencias, en el autoritarismo, en el pago de favores y en la simulación.
Mientras exista un solo ciudadano con la esperanza de que las cosas cambien, prevalecerá la esperanza de ver un Oaxaca más justo, en desarrollo y en paz. Mientras haya una oposición de verdad; no sometida, ni entregada a los brazos del poder, poco nos importa que las moscas se sigan concentrando en el lugar que tanto les gusta.
CINISMO PRIISTA, DESMEMORIA SOCIAL.
Hijos y parientes de dirigentes priistas saturan lista plurinominal
ARMANDO GUZMáN
MÉXICO, DF, 30 de marzo (apro).- En el listado de los 200 candidatos a diputados plurinominales, avalado hoy por la Comisión Política Permanente, se repite la añeja práctica priista de catapultar a hijos y parientes de los principales políticos del PRI.
Entre los aspirantes aparecen el hijo del excandidato presidencial Roberto Madrazo, Federico Madrazo; el hijo del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el hijo del expresidente de la Comisión de Procesos Internos del partido, Oscar Rodríguez; la sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, así como el sobrino del líder nacional de los burócratas, Marco Antonio García Ayala.
Aparecen también los nombres de los polémicos líderes obreros Víctor Flores, dirigente del sindicato ferrocarrilero, y el cetemista mexiquense Armando Leyra.
Las cabezas de las listas son ocupadas por Rafael Yerena, en la primera circunscripción, seguido de María Esther Sherman. La segundo circunscripción es encabezada por el líder cenecista Cruz López y Margarita Gallegos. La tercera circunscripción la encabeza Juan Manuel Gallegos y la tabasqueña Georgina Trujillo. En la cuarta circunscripción se presentan Marco Antonia García Ayala y la líder nacional priista Beatriz Paredes. En la quinta, Humberto Benitez Treviño y Paola Hernández.
Además, serán incluidos los todos los dirigentes que encabezan las estructuras internas del PRI: los sectores obrero, campesino y popular, así como el Movimiento Territorial, el Frente Juvenil Revolucionario y hasta los militares, ya que el PRI incluyó al teniente Miguel Ángel Álvarez.
Acusan al gobierno federal de jinetear fondos para el campo.
Labriegos de la UNTA toman oficinas de Sagarpa en Cuernavaca
RUBICELA MORELOS CRUZ
Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 30 de marzo. Centenares de campesinos e integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se apoderaron de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en esta capital para exigir la entrega de proyectos a la producción pendientes desde 2008 y que se renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Venimos a exigir que la Sagarpa erogue los 10 millones de pesos para el campo correspondientes a 2008. No vamos a permitir que los partidos políticos ocupen ese dinero para sus campañas. Venimos a exigir que de inmediato se pongan en marcha las inversiones para el campo, obras públicas y programas de vivienda rural. Creemos que están jineteando los recursos”, afirmó el dirigente de la UNTA en Morelos, Julio Padilla Trujano.
Aseguró que las autoridades federales han detenido los fondos para que partidos y candidatos los ocupen en sus campañas con miras a las elecciones del 5 de julio, que, además de diputaciones federales, renovarán ayuntamientos y el Congreso de Morelos, pero no lo vamos a permitir. Estaremos pendientes para que ningún funcionario o político vaya a nuestros pueblos a querer comprar nuestro voto.
En 2009, según Padilla Trujano, la Sagarpa debería invertir 40 millones de pesos en las comunidades más pobres de Morelos.
Al realizar un mitin antes de que los atendieran autoridades de la Sagarpa –con quienes instalaron una mesa de negociación para determinar la fecha de liberación de los recursos exigidos–, afirmaron que si el gobierno federal sigue jineteando los recursos del campo y no acepta renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN, los campesinos de Morelos anularán sus boletas electorales el 5 de julio.
Los labriegos dejaron las instalaciones de la Sagarpa a las cuatro de la tarde.
Recomienda la OIT privilegiar rescate de los mineros en Pasta de Conchos
LA REDACCIóN. Proceso.
MÉXICO, D.F., 30 de marzo (apro).- Un comité tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) "privilegiar hasta donde sea técnica y humanamente posible" el rescate de los cadáveres de los mineros que aún están sepultados bajo los escombros en la mina Pasta de Conchos.
A través de un comunicado, la STPS informó que el comité tripartita cerró el procedimiento por la reclamación del accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, y dio a conocer las recomendación que hizo al gobierno federal.
El gobierno federal y Grupo México, concesionario de la mina ubica en Sabinas, Coahuila, se han negado a continuar las labores de rescate con el argumento de que no existen condiciones para ello por la acumulación de gas pesado que provocaría mayores explosiones.
LA OIT recomendó también atender las "legítimas demandas de los familiares de las víctimas, comunicar las causas del accidente, sancionar las responsabilidades de empresas, particulares y servidores públicos involucrados, y revisar la normatividad en materia minera y de inspección para evitar accidentes".
La dependencia federal dio a conocer que, de acuerdo con el Comité Tripartita creado la OIT, no es posible establecer la causa definitiva del accidente, como lo señaló el Servicio Geológico Mexicano.
"En el informe se destacó que las obligaciones impuestas conforme a los artículos 8 y 9 del Convenio Número 155, no hacen responsable al Gobierno mexicano de todos o cualesquiera de los accidentes o enfermedades relacionados con la seguridad y salud en el trabajo", señaló la STPS.
La OIT informó que el análisis se limitó a considerar si al momento del accidente el gobierno federal había hecho todo lo posible, en el marco de las obligaciones asumidas por convenios sobre administración del trabajo, seguridad y salud de los trabajadores y productos químicos.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, en su informe la OIT señaló que la inspección del trabajo en Sabinas, Coahuila, donde se asienta la mina Pasta de Conchos, no hizo todo lo que razonablemente podía haber hecho para reducir al mínimo los efectos del accidente, lo que ya ha sido sancionado por la Secretaría de la Función Pública con inhabilitaciones por un año a seis extrabajadores de la STPS.
Memorias del olvido
MARCO RASCÓN
En México el olvido es una fuerza nacional que nos hace posible regresar felizmente al pasado, como si hubiésemos cambiado. La gran fuerza emergente gracias al olvido es el PRI, que en nueve años logró que se olvidaran 70 años de régimen autoritario.
El olvido ha servido para restaurar el clientelismo priísta como política revolucionaria contra el neoliberalismo. Practicar la corrupción para combatir la corrupción, extorsionar y sobornar para la causa suprema de alcanzar el poder presidencial.
Gracias al olvido el fin justifica los medios y se puede hacer todo lo que hacía el PRI para decir que se combate a la derecha. El olvido es necesario para ser reaccionarios diciendo que somos revolucionarios.
Se olvida por interés, por conveniencia, por recomposición, por creer en otra cosa, por oportunismo, por engañarnos a nosotros mismos, por necesidad de cambiar, por sobrevivencia, por concluir y también por empezar.
Olvidar nos ayuda a justificar lo perdido, lo que no podemos cargar por nuestras debilidades, lo que queremos construir sin cimientos o crecer sin raíces. El olvido justifica la falta de historia y hace radicales desde el gobierno a quienes nunca lucharon por ganarlo.
La historia es la gran enemiga del olvido, por eso hay quienes combaten la memoria y los hechos del pasado para inventarse un presente crítico y luminoso. El olvido es el cemento de los advenedizos, los que nunca arriesgaron nada ni lucharon por nada y quieren destruir lo que jamás construyeron.
Los autoritarios de hoy, gracias a su inexistencia histórica, proponen acabar con lo que no controlan y dirigen desde lo que nunca han sido.
La memoria genera caos, desestructura a los sectarios, desenmascara a los agentes, revela a los enemigos del cambio. La memoria histórica, como antídoto del olvido, dibuja trayectorias políticas personales, desnuda a los provocadores y reventadores, a los que liquidan las fuerzas, porque éstas no se someten a sus designios.
La memoria sirve para descubrir alianzas añejas, coyunturales y actuales, donde los aliados se califican y se salpican unos a otros con la misma ética, aunque aparezcan en distintos teatros.
El olvido inmediato sirve para acusar falta de estatura y demandar decoro, mientras se instruye el fraude. La falta de memoria sirve para aquellos que, luego de construir el ejido, pidieron destruirlo por no ser viable.
Gracias al olvido hay los que exigen abandonar el barco, cuando nunca se han subido, y avientan anclas como salvavidas.
Gracias al olvido se puede cambiar de ruta y los que eran en todo caso compañeros de viaje, ahora son los que deciden los objetivos y el rumbo.
Los que ahora dirigen, no desde la tribuna, sino desde el púlpito; los que ofrecen la catástrofe como escalera se sustentan gracias a la fuerza del olvido y luego de ganar batallas se avergüenzan de sus soldados.
El olvido es una forma de ignorancia adquirida, a veces por omisión, otras por comisión.
El olvido sirve para inventarnos y decir que fuimos o somos distintos a los actuales. Olvidando el pasado se puede hoy, gracias al poder, construir estatuas de arena y creer a los que nos combatieron (porque desde nuestras filas ahora nos arengan) irnos al precipicio.
La política sin memoria, como diría Marx, es tragedia y es comedia, porque se repite. En México, gracias al olvido, el pasado se imita y, como en escenilla de gala, actores y público se sueñan en un hecho histórico haciendo teatro. La política sin memoria es historicidio, esfuerzo inútil, motivo de burla.
Gracias al olvido se presenta como inédito lo ya existente. Gracias al olvido se construyen ídolos a modo para cada ocasión. Gracias al olvido no hay que preguntar, porque toda respuesta puede destruir las estatuas de sal y las éticas más relumbrantes. No hay que olvidar que el olvido tiene su devoción y fantasía del poder, ya sea para que permanezca eterno, para que regrese o para que caiga, según sea desde abajo o desde arriba que se mire.
El olvido es la ideología del fariseo, del oportunista, del agorero, del quinta columna. Hay cosas inusitadas que hace el olvido: convierte al demagogo en puro y sincero.
Hay dos tipos de políticos: el que hace política con su ego, resentimiento y olvido y el que la hace con la memoria, la propuesta y el interés de todos. No se puede construir una nueva sociedad sólo con proyectos organizativos que van destruyendo y olvidando los anteriores, sin memoria ni propuesta para construir el futuro.
Hoy, gracias al olvido, al mismo tiempo que regresa el PRI paternal, bondadoso, represor, que es centro y derecha al mismo tiempo, patriarcal, idiosincrático, tricolor, único, inmortal, absoluto, generacional, raíz y cultura nacional, homenaje, fábrica de verdades, a la izquierda electoral se la lleva el carajo por haber querido ser como el PRI y haber terminado como su caricatura.
Por eso son necesarias las memorias del olvido, para no hacer de lo nuevo la repetición de lo que hicimos.
Los embajadores de EEUU sirven al terrorismo de Estado.
Pedro Echeverría V.
1. Ayer se anunció que un personaje, al parecer hijo de enemigos de la Revolución cubana, los llamados “gusanos”, Carlos Pascual, ha sido nombrado por el presidente Obama como embajador en México. Sustituye a Tony Garza quien representó a Bush y se casó con la mujer más multimillonaria de México (Aramburozavala); Garza a la vez suplió a Jef Davidow que durante cuatro años fue embajador motivo de acusaciones por la llamada “guerra del agua”. La prensa dice que el embajador Pascual es un especialista en “Estados fallidos” como México y que ha abogado por “cambiar el tejido social de las naciones”, a fin de crear estados “democráticos y orientarlos hacia el mercado” y, según su propia biografía, “ayudó a desmantelar la Unión Soviética”. EEUU escoge muy bien a sus embajadores porque los usa con efectividad.
2. ¿Puede acaso ser de otra manera? Uno de los embajadores yanquis más destacados como fascista de las últimas décadas se llama John Negroponte. El papel de este personaje de la CIA ha sido criminal porque apoyó las acciones encubiertas en la guerra civil en El Salvador y a la “Contra” de Nicaragua, incluyendo las misiones de minado de puertos, recolección de información aérea electrónica, actos de sabotaje contra instalaciones y establecimientos civiles, y apoyo militar general a los “Contras” ha sido fundamental. El mismo Aguilar Zínser, alto funcionario foxista con cierta capacidad, cuando fue presidente interino del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, describió a John Negroponte como un "oficial de combate, fundador de los contras" nicaragüenses y "célebre procónsul de EEUU en Honduras".
3. Negroponte afirmó cínicamente, que hubo menos sufrimiento en Centroamérica como resultado de la intervención estadounidense. ¿Se olvida acaso que la acción conjunta de los militares nacionales y estadounidense costó más de 200.000 civiles muertos o desaparecidos en Guatemala, país al que Clinton, ajeno al gobierno estadounidense en la década de 1980, pidió excusas públicas en 1998 por la política estadounidense en tales años? ¿O El Salvador, donde los muertos durante el conflicto armado se cuentan por decenas de miles, con episodios como el asesinato de los jesuitas en la UCA en 1989 donde actuó personal entrenado por militares de EEUU? ¿O en Nicaragua, donde por su financiación a la contra, la Corte Internacional de Justicia condenó en 1986 a EEUU a pagar una multa de 16 millones de dólares, deuda nunca saldada?
4. Las embajadas, consulados, agencias consulares, que se establecen en todos los países, son instituciones que defienden los intereses de los gobiernos y empresarios de la nación extranjera representada. Los embajadores y cónsules aparentemente respetan las leyes del país donde se establecen; sin embargo la historia de la diplomacia mundial enseña que esas instituciones, sobre todo las de los países poderosos como EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, intervienen en la política interna de manera abierta siempre protegidos por altos funcionarios y magnates del capital. Dado que hay mil y un ejemplos conocidos en América Latina y en el mundo, había que asegurar que lo raro es que no intervengan en política. Las embajadas, sobre todo la yanqui, es un bunker lleno de agentes del FBI y de la CIA.
5. En México hay un episodio conocido en su historia que se llamó “El Pacto de la Embajada de EEUU”. Sucedió en 1913 en los sótanos de la empajada yanqui bajo la dirección del embajador estadounidense Henry Lane Wilson y concluyó con un golpe de Estado, la prisión y el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, así como el nombramiento de los militares que los sustituirían. No fue el primer golpe de Estado ni mucho menos el último en los que las embajadas norteamericanas han sido los centros de subversión a regímenes de gobierno con los que los EEUU no están cómodos. ¿Se puede olvidar Guatemala, Panamá, Granada, Chile, etcétera, etcétera? La realidad es que las embajadas están siempre llenas de agentes.
6. Este nuevo embajador, Carlos Pascual, según publicaciones, es un personaje que buscará profundizar el control yanqui sobre México y de allí extenderse hacia Centroamérica. Trabajó de 1995 a 2000 en el Comité de Seguridad Interna de la Casa Blanca y terminó siendo director en jefe de Asuntos para Rusia, Ucrania y Eurasia, donde “ayudó a desmantelar la Unión Soviética y a facilitar el surgimiento de la llamada democracia occidental en Rusia, así como asegurar su arsenal y material nuclear. Se publica que Pascual está muy bien preparado para asumir esta tarea, ya que fue un miembro clave del equipo de la diplomacia estadunidense que llevó a Sudáfrica y Mozambique a ponerse al servicio del mercado yanqui. Sin duda está bien preparado para cuidar la frontera yanqui.
7. Carlos Pascual, el embajador de Obama, sabe que su misión esencial es combatir el llamado “terrorismo” político de izquierda. Sabe que el narcotráfico, en última instancia, es un aliado del capitalismo y del imperialismo; por eso plantea que: “Dejados en la calamidad, sujetos a la depredación, y negado el acceso a los servicios básicos, la gente llega a ser susceptible a exhortaciones de demagogos y traficantes de odio (izquierdista)”. Pone el ejemplo de que “Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, estaba en esas circunstancias en 2001; éste se convirtió en la base para el ataque más mortífero contra Estados Unidos”. Después justificó la invasión del gobierno de George W. Bush a las naciones asiáticas en represalia por el refugio brindado a Osama Bin Laden.
8. A partir de los acuerdos militares conocidos como “Iniciativa Mérida” o Plan México, así como los acuerdos sobre, venta de armas, migración y seguridad que tanto han hablado Janet Napolitano, Hillary Clinton y el presidente Obama, la embajada yanqui en México jugará en los próximos meses y años un papel fundamental. Como sucedió con el Plan Colombia que se firmó para combatir el narcotráfico y que muy pronto se convirtió en un Plan asesino para reprimir a los movimientos izquierdistas y de trabajadores de oposición, lo mismo se busca en México: someter al movimiento de López Obrador, a las guerrillas del EPR, al movimiento zapatista que lucha en las calles y a todos los grupos y corrientes que se oponen al parlamentarismo y la socialdemocracia. Pero el pretexto seguirá siendo el narcotráfico.
9. Además de las muchas tareas que tendrá que cumplir el embajador Pascual en México (“combate” contra el narcotráfico, el terrorismo, la migración, vigilar el muro fronterizo, alentar al ejército que se desplegará en la frontera, asegurar el cumplimiento de la Iniciativa Mérida, etcétera; Pascual tendrá que desplegar a miles de agentes de inteligencia política yanqui para penetrar a los grupos de oposición que desconocen al gobierno de Calderón. Este es el papel, no otro, que cumplirán los funcionarios de la embajada para asegurar el control del país, mismo que el gobierno panista no ha podido hacer. La situación se ha agravado en este período en que la crisis económica se agudiza y el neoliberalismo está en retirada hacia otro paradigma.
HAY QUE CONOCER EL SAQUEO.
30 mar 2009
Saqueo de madera
Iván Castellanos / Tiempo
Santa Catarina Lachatao.- Autoridades y pobladores de esta municipio del distrito de Ixtlán, buscan poner fin al saneamiento de sus bosques, tras una plaga de gusano descortezador, con la finalidad de evitar el saqueo de madera que está generando la sequía de los mantos freáticos.
La problemática se agudizó el pasado 5 de marzo, cuando un grupo de habitantes encabezados por Delfino Hernández Hernández, quien se ostenta como Comisionado de Bienes Comunales de los llamados, Pueblos Mancomunados, en compañía de 150 personas los golpearon, amarraron a árboles y los humillaron, para evitar la protección de los bosques.
Las autoridades encabezadas por el presidente municipal Juan Santiago Hernández, el regidor de Hacienda, José Juan Hernández, su suplente Alfonso Marcos Ramírez y el representante Comunal Librado Santiago Hernández, afirmaron que la tala inmoderada y el saqueo de madera, está derivando en la disminución del nivel de los mantos freáticos.
En este sentido, señalaron que se han percatado que alrededor del 80 por ciento del nivel de las fuentes de abastecimiento de agua, se ha reducido, lo que provoca problemas de suministro.
Esta situación afecta a otros poblados como San Juan Chicomesuchitl, que depende del líquido que le proporcione Santa Catarina Lachatao, por lo que se han sumado a las propuestas para la preservación de los bosques y las acciones de reforestación.
TODO EMPEZÓ CON UNA PLAGA
Las autoridades explicaron que desde hace cuatro años, una plaga de gusano descortezador afectó árboles de los bosques de la comunidad, lo que propició que se iniciará una campaña para depurar la zona.
Sin embargo, el grupo que encabeza Delfino Hernández Hernández, se aprovecho de esta situación, cortando los árboles que estaban enfermos, pero también sacando madera en buen estado para expenderla en diversos mercados, obteniendo así beneficios para unas cuantas personas.
INICIA CONFLICTO
Esto generó que los pobladores de Santa Catarina Lachatao, determinarán con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instalar casetas de vigilancia para evitar el saqueo de los bosques.
La depredación generó molestias a quienes viven de esta práctica, por lo que el pasado 5 de marzo, este grupo atacó a quienes se encontraban en las casetas, las destruyó pero también causó lesiones a los pobladores.
Señalaron que esta persona ordenó destruir las casetas de vigilancia instaladas en el bosque, con la finalidad de preservar el medio ambiente, toda vez que pretenden beneficiarse al igual que su grupo de seguidores con los recursos naturales de la zona.
Afirmaron que los puestos de vigilancia fueron instalados en puntos estratégicos para evitar la casa furtiva, la tala ilegal y la contaminación de los manantiales, “pero destruyeron todo, saquearon las pertenencias de los comuneros, tanto personales como para la prevención de incendios”.
Incluso, el día de la agresión, cuando el presidente municipal de Lachatao llegó para calmar la situación, fue recibido a golpes y barretazos, lo que provocó que fuera internado en el Hospital Civil de esta capital.
Destacaron que con la destrucción de las cabañas, el supuesto representante de los bienes de los Pueblos Mancomunados permitirá de forma ilegal el saqueo de madera y demás productos naturales de la región para comercializarlos y satisfacer intereses personales, además de generar la violencia entre los pueblos hermanos.
Por lo cual, están buscando que se auditen a las empresas forestales, mineras, el aserradero, la fábrica de muebles, la comercializadora de agua y ecoturismo, las cuales fueron creadas para brindar fuentes de empleo a los pobladores de las ocho comunidades que integran los pueblos mancomunados.
ALIANZA
Para lograr mejores resultados, los pueblos de Santa Catarina Lachatao, Santa María Yavesía y San Miguel Amatlán, se han unido para buscar el apoyo de las autoridades y terminar con la problemática.
Señalaron que de esta forma, sólo esperan que las dependencias estatales y federales, cumplan con su trabajo para evitar el saqueo y que se garanticen las condiciones para los pobladores.
Sin embargo, son las agencias de estos municipios los que se encuentran inmersos en esta situación como La Nevería, Benito Juárez, Cuajimoloyas y Llano Grande, entre otras.
Por ello, tras los hechos violentos, interpusieron las denuncias penales correspondientes, a la espera que de las autoridades procuradoras de justicia lleven a cabo las investigaciones y se aplique la ley como corresponde.
Lachatao, con almacén propio
Para garantizar contar con agua potable, en este municipio se cuenta con un almacén de un millón de litros cúbicos, el cual se emplea para uso humano y para el riego de los cultivos.
El recorrido del líquido es de 14 kilómetros para poder llegar a la estación de abastecimiento y de este lugar, poder distribuirlo para la población y el pueblo vecino.
Es por ello que el interés de la población en general es el preservar los bosques, para garantizar las lluvias que recarguen los mantos freáticos y de esta forma se pueda contar con el líquido.
Para lograr un mayor número de recursos económicos que permitan implementar programas de preservación de los bosques, reforestación y sistemas para garantizar el suministro de agua, la comunidad se organiza para implementar un proyecto ecoturístico y cultural, dada la riqueza del pueblo en este sentido. 80 % del nivel de fuentes de abastecimiento de agua se ha reducido.
La Iglesia no apoyará de ningún Partido político: Chávez Botello
Iván Castellanos / Tiempo
[23:56] El Arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, afirmó que a través de la política se debe buscar la promoción del bien común, por lo que es deber de la Iglesia católica fortalecer este valor entre los feligreses, sin que se esté inmiscuyendo en la vida de los partidos como lo han denunciando en su contra.
Afirmó que la Iglesia nunca se va a pronunciar por ningún partido, sin embargo, si buscará que la sociedad en general adopte una actitud responsable para la elección de candidatos, para que racionalicen su voto y opten por lo que consideren una mejor propuesta.
Dijo que la política se debe entender como la búsqueda del bien común, “ver que toda persona humana promueva y apoye este bien común, desde el Papa, los obispos sacerdotes, maestros empresarios, pero a veces se reduce este terminó a quienes buscan un espacio de poder”.
En esté último término, la Iglesia nunca se meterá, es tarea de todos los ciudadanos, no de los sacerdotes, pero si tiene el deber de cuidar y fortalecer el bien común.
Pero en política en donde los grupos se organizan para guiar a la sociedad como los gobernantes, no es deber de la Iglesia inmiscuirse, para ello están los partidos políticos.
Así también, dijo, los graves problemas y desafíos de la sociedad llaman a todos los ciudadanos a una mayor participación responsable, pero quienes han recibido más, en justicia deben aportar más tanto para solucionar los grandes problemas como para impulsar de manera efectiva el bien común.
Pretender encerrar la vida cristiana en los templos y en los hogares sin relación a la sociedad, es como pretender que el trabajo humano, la educación, la política o la familia no tengan relación alguna con la vida social.
“La proyección social, es irrenunciable en la vida cristiana, mutilar la dimensión social de la fe es infidelidad, es ignorancia o situarse abiertamente como enemigos de la vida cristiana por ideología o porque afecta intereses personales o de grupo”, afirmó Chávez Botello.
Por otra parte, afirmó este lunes, con el párroco de San Pedro Apóstol, Octavio García Cruz, acusado de guiar a la población en contra de la explotación de la minera Cuzcatlán.
Y para evitar cualquier tipo de confusión para obras de cualquier tipo, es necesario que se de información verídica a la sociedad y a las comunidades para que se den cuenta de cuales son las acciones que están fomentando el desarrollo.
Conmemorarán aniversario luctuoso de locutoras indígenas en esta capital. indígenas en esta capital
Erika Lucero
Huajuapan de León, Oax.- Para recordar el primer aniversario de la muerte de las locutoras triquis Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, el 7 de abril se llevará a cabo en la capital de estado un evento a partir de las 10 de la mañana, así lo dio a conocer, Omar Esparza Zárate, coordinador de la red de radios indígenas del sureste mexicano, Centro de Atención Comunitaria Trabajando Unidos (CACTUS) y periodistas de Oaxaca.
Participarán más de 50 personas entre autoridades del municipio autónomo de San Juan Cópala, la radio comunitaria "La Voz que Rompe el Silencio” y organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otros, en donde se expondrá la violencia que existe en las comunidades indígenas y exigirán al gobierno el esclarecimiento total de este doble asesinato.
Mencionó que la noticia de estas muertes ha dejado puente para varios temas, entre los que destacan: la violencia que existe en las comunidades indígenas debido a la política de estado que se vive en el país, la cual aseguró, es paramilitar en las regiones indígenas sobre todo en donde hay recursos naturales.
Aseveró que se analizará el tema de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1995; el cual trata de la libertad de expresión, es decir, que los pueblos indígenas manejen sus propios medios de comunicación, remarcó que este asesinato tiene que ver con la política de estado que no respeta los derechos de los pueblos indígenas.
Señaló que el gobierno no cumple con el trabajo que le toca, como detener y castigar a los responsables de este doble crimen, sólo se ha lavado las manos ante este hecho que a nivel internacional ha sido pronunciado por cientos de organizaciones conjuntamente con la violencia en contra de los medios de comunicación.
Por último, pidió cese al hostigamiento a las personas que hacen su labor comunitaria.
La SCJN debe ofrecer respuesta a violación de garantías de los oaxaqueños, considera Gabino Cué.
Luego que magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieran a conocer el desglose del Informe preliminar sobre hechos ocurridos en Oaxaca durante los años 2006 y 2007, Gabino Cué Monteagudo consideró que el Máximo Tribunal tiene en sus manos la responsabilidad para ofrecer una satisfacción al pueblo de Oaxaca por la violación a sus garantías y derechos constitucionales.
El dictamen no debe estar limitado, como sucedió en Atenco, advierte el legislador
El dictamen futuro no debe estar limitado, como sucedió con los casos de Lydia Cacho y San Salvador Atenco en los cuales los responsables quedaron sin castigo, estimó el legislador oaxaqueño, sobre todo porque en Oaxaca hubo violaciones a los más elementales derechos de los ciudadanos, y por el contrario, se sigue protegiendo la impunidad de quienes los cometieron.
Hay una enorme lista de abusos de autoridad, crímenes sin resolver, detenciones arbitrarias, desapariciones, encarcelamientos y persecución, además de daños físicos a personas, así como afectaciones en la estructura económica del estado, que tienen como origen el actuar irresponsable y autoritario del gobierno de Ulises Ruiz, lo cual debe castigarse, exigió el también Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. La Corte tiene la oportunidad, consideró Cué Monteagudo, de hacer eco de las demandas de justicia de la sociedad oaxaqueña, y debe sentar el precedente de que nunca más se deben cometer estos atropellos, ni mucho menos utilizar a cuerpos policiacos y a la misma ley para castigar a quienes en el conflicto no hallaron otra forma de hacer escuchar sus demandas.
Cabe señalar que este jueves al dar a conocer los 39 tomos del Informe preliminar para que el Ministro Mariano Azuela Guitrón realice el dictamen correspondiente, los magistrados Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández advirtieron que aunque hubo graves violaciones en Oaxaca, su trabajo no consistió en cuestionar la legalidad de los actos, ni señalar responsables, faltas graves, nombres y circunstancias, ni tampoco en actuaciones de naturaleza penal, sino en la protección de garantías y derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto.
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Iván Castellanos / Tiempo
Santa Catarina Lachatao.- Autoridades y pobladores de esta municipio del distrito de Ixtlán, buscan poner fin al saneamiento de sus bosques, tras una plaga de gusano descortezador, con la finalidad de evitar el saqueo de madera que está generando la sequía de los mantos freáticos.
La problemática se agudizó el pasado 5 de marzo, cuando un grupo de habitantes encabezados por Delfino Hernández Hernández, quien se ostenta como Comisionado de Bienes Comunales de los llamados, Pueblos Mancomunados, en compañía de 150 personas los golpearon, amarraron a árboles y los humillaron, para evitar la protección de los bosques.
Las autoridades encabezadas por el presidente municipal Juan Santiago Hernández, el regidor de Hacienda, José Juan Hernández, su suplente Alfonso Marcos Ramírez y el representante Comunal Librado Santiago Hernández, afirmaron que la tala inmoderada y el saqueo de madera, está derivando en la disminución del nivel de los mantos freáticos.
En este sentido, señalaron que se han percatado que alrededor del 80 por ciento del nivel de las fuentes de abastecimiento de agua, se ha reducido, lo que provoca problemas de suministro.
Esta situación afecta a otros poblados como San Juan Chicomesuchitl, que depende del líquido que le proporcione Santa Catarina Lachatao, por lo que se han sumado a las propuestas para la preservación de los bosques y las acciones de reforestación.
TODO EMPEZÓ CON UNA PLAGA
Las autoridades explicaron que desde hace cuatro años, una plaga de gusano descortezador afectó árboles de los bosques de la comunidad, lo que propició que se iniciará una campaña para depurar la zona.
Sin embargo, el grupo que encabeza Delfino Hernández Hernández, se aprovecho de esta situación, cortando los árboles que estaban enfermos, pero también sacando madera en buen estado para expenderla en diversos mercados, obteniendo así beneficios para unas cuantas personas.
INICIA CONFLICTO
Esto generó que los pobladores de Santa Catarina Lachatao, determinarán con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instalar casetas de vigilancia para evitar el saqueo de los bosques.
La depredación generó molestias a quienes viven de esta práctica, por lo que el pasado 5 de marzo, este grupo atacó a quienes se encontraban en las casetas, las destruyó pero también causó lesiones a los pobladores.
Señalaron que esta persona ordenó destruir las casetas de vigilancia instaladas en el bosque, con la finalidad de preservar el medio ambiente, toda vez que pretenden beneficiarse al igual que su grupo de seguidores con los recursos naturales de la zona.
Afirmaron que los puestos de vigilancia fueron instalados en puntos estratégicos para evitar la casa furtiva, la tala ilegal y la contaminación de los manantiales, “pero destruyeron todo, saquearon las pertenencias de los comuneros, tanto personales como para la prevención de incendios”.
Incluso, el día de la agresión, cuando el presidente municipal de Lachatao llegó para calmar la situación, fue recibido a golpes y barretazos, lo que provocó que fuera internado en el Hospital Civil de esta capital.
Destacaron que con la destrucción de las cabañas, el supuesto representante de los bienes de los Pueblos Mancomunados permitirá de forma ilegal el saqueo de madera y demás productos naturales de la región para comercializarlos y satisfacer intereses personales, además de generar la violencia entre los pueblos hermanos.
Por lo cual, están buscando que se auditen a las empresas forestales, mineras, el aserradero, la fábrica de muebles, la comercializadora de agua y ecoturismo, las cuales fueron creadas para brindar fuentes de empleo a los pobladores de las ocho comunidades que integran los pueblos mancomunados.
ALIANZA
Para lograr mejores resultados, los pueblos de Santa Catarina Lachatao, Santa María Yavesía y San Miguel Amatlán, se han unido para buscar el apoyo de las autoridades y terminar con la problemática.
Señalaron que de esta forma, sólo esperan que las dependencias estatales y federales, cumplan con su trabajo para evitar el saqueo y que se garanticen las condiciones para los pobladores.
Sin embargo, son las agencias de estos municipios los que se encuentran inmersos en esta situación como La Nevería, Benito Juárez, Cuajimoloyas y Llano Grande, entre otras.
Por ello, tras los hechos violentos, interpusieron las denuncias penales correspondientes, a la espera que de las autoridades procuradoras de justicia lleven a cabo las investigaciones y se aplique la ley como corresponde.
Lachatao, con almacén propio
Para garantizar contar con agua potable, en este municipio se cuenta con un almacén de un millón de litros cúbicos, el cual se emplea para uso humano y para el riego de los cultivos.
El recorrido del líquido es de 14 kilómetros para poder llegar a la estación de abastecimiento y de este lugar, poder distribuirlo para la población y el pueblo vecino.
Es por ello que el interés de la población en general es el preservar los bosques, para garantizar las lluvias que recarguen los mantos freáticos y de esta forma se pueda contar con el líquido.
Para lograr un mayor número de recursos económicos que permitan implementar programas de preservación de los bosques, reforestación y sistemas para garantizar el suministro de agua, la comunidad se organiza para implementar un proyecto ecoturístico y cultural, dada la riqueza del pueblo en este sentido. 80 % del nivel de fuentes de abastecimiento de agua se ha reducido.
La Iglesia no apoyará de ningún Partido político: Chávez Botello
Iván Castellanos / Tiempo
[23:56] El Arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, afirmó que a través de la política se debe buscar la promoción del bien común, por lo que es deber de la Iglesia católica fortalecer este valor entre los feligreses, sin que se esté inmiscuyendo en la vida de los partidos como lo han denunciando en su contra.
Afirmó que la Iglesia nunca se va a pronunciar por ningún partido, sin embargo, si buscará que la sociedad en general adopte una actitud responsable para la elección de candidatos, para que racionalicen su voto y opten por lo que consideren una mejor propuesta.
Dijo que la política se debe entender como la búsqueda del bien común, “ver que toda persona humana promueva y apoye este bien común, desde el Papa, los obispos sacerdotes, maestros empresarios, pero a veces se reduce este terminó a quienes buscan un espacio de poder”.
En esté último término, la Iglesia nunca se meterá, es tarea de todos los ciudadanos, no de los sacerdotes, pero si tiene el deber de cuidar y fortalecer el bien común.
Pero en política en donde los grupos se organizan para guiar a la sociedad como los gobernantes, no es deber de la Iglesia inmiscuirse, para ello están los partidos políticos.
Así también, dijo, los graves problemas y desafíos de la sociedad llaman a todos los ciudadanos a una mayor participación responsable, pero quienes han recibido más, en justicia deben aportar más tanto para solucionar los grandes problemas como para impulsar de manera efectiva el bien común.
Pretender encerrar la vida cristiana en los templos y en los hogares sin relación a la sociedad, es como pretender que el trabajo humano, la educación, la política o la familia no tengan relación alguna con la vida social.
“La proyección social, es irrenunciable en la vida cristiana, mutilar la dimensión social de la fe es infidelidad, es ignorancia o situarse abiertamente como enemigos de la vida cristiana por ideología o porque afecta intereses personales o de grupo”, afirmó Chávez Botello.
Por otra parte, afirmó este lunes, con el párroco de San Pedro Apóstol, Octavio García Cruz, acusado de guiar a la población en contra de la explotación de la minera Cuzcatlán.
Y para evitar cualquier tipo de confusión para obras de cualquier tipo, es necesario que se de información verídica a la sociedad y a las comunidades para que se den cuenta de cuales son las acciones que están fomentando el desarrollo.
Conmemorarán aniversario luctuoso de locutoras indígenas en esta capital. indígenas en esta capital
Erika Lucero
Huajuapan de León, Oax.- Para recordar el primer aniversario de la muerte de las locutoras triquis Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, el 7 de abril se llevará a cabo en la capital de estado un evento a partir de las 10 de la mañana, así lo dio a conocer, Omar Esparza Zárate, coordinador de la red de radios indígenas del sureste mexicano, Centro de Atención Comunitaria Trabajando Unidos (CACTUS) y periodistas de Oaxaca.
Participarán más de 50 personas entre autoridades del municipio autónomo de San Juan Cópala, la radio comunitaria "La Voz que Rompe el Silencio” y organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otros, en donde se expondrá la violencia que existe en las comunidades indígenas y exigirán al gobierno el esclarecimiento total de este doble asesinato.
Mencionó que la noticia de estas muertes ha dejado puente para varios temas, entre los que destacan: la violencia que existe en las comunidades indígenas debido a la política de estado que se vive en el país, la cual aseguró, es paramilitar en las regiones indígenas sobre todo en donde hay recursos naturales.
Aseveró que se analizará el tema de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1995; el cual trata de la libertad de expresión, es decir, que los pueblos indígenas manejen sus propios medios de comunicación, remarcó que este asesinato tiene que ver con la política de estado que no respeta los derechos de los pueblos indígenas.
Señaló que el gobierno no cumple con el trabajo que le toca, como detener y castigar a los responsables de este doble crimen, sólo se ha lavado las manos ante este hecho que a nivel internacional ha sido pronunciado por cientos de organizaciones conjuntamente con la violencia en contra de los medios de comunicación.
Por último, pidió cese al hostigamiento a las personas que hacen su labor comunitaria.
La SCJN debe ofrecer respuesta a violación de garantías de los oaxaqueños, considera Gabino Cué.
Luego que magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieran a conocer el desglose del Informe preliminar sobre hechos ocurridos en Oaxaca durante los años 2006 y 2007, Gabino Cué Monteagudo consideró que el Máximo Tribunal tiene en sus manos la responsabilidad para ofrecer una satisfacción al pueblo de Oaxaca por la violación a sus garantías y derechos constitucionales.
El dictamen no debe estar limitado, como sucedió en Atenco, advierte el legislador
El dictamen futuro no debe estar limitado, como sucedió con los casos de Lydia Cacho y San Salvador Atenco en los cuales los responsables quedaron sin castigo, estimó el legislador oaxaqueño, sobre todo porque en Oaxaca hubo violaciones a los más elementales derechos de los ciudadanos, y por el contrario, se sigue protegiendo la impunidad de quienes los cometieron.
Hay una enorme lista de abusos de autoridad, crímenes sin resolver, detenciones arbitrarias, desapariciones, encarcelamientos y persecución, además de daños físicos a personas, así como afectaciones en la estructura económica del estado, que tienen como origen el actuar irresponsable y autoritario del gobierno de Ulises Ruiz, lo cual debe castigarse, exigió el también Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. La Corte tiene la oportunidad, consideró Cué Monteagudo, de hacer eco de las demandas de justicia de la sociedad oaxaqueña, y debe sentar el precedente de que nunca más se deben cometer estos atropellos, ni mucho menos utilizar a cuerpos policiacos y a la misma ley para castigar a quienes en el conflicto no hallaron otra forma de hacer escuchar sus demandas.
Cabe señalar que este jueves al dar a conocer los 39 tomos del Informe preliminar para que el Ministro Mariano Azuela Guitrón realice el dictamen correspondiente, los magistrados Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández advirtieron que aunque hubo graves violaciones en Oaxaca, su trabajo no consistió en cuestionar la legalidad de los actos, ni señalar responsables, faltas graves, nombres y circunstancias, ni tampoco en actuaciones de naturaleza penal, sino en la protección de garantías y derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto.
PARAISO NEOLIBERAL EN CRISIS.
Insiste Obama en que el narco es una seria amenaza para EU.
AFP. (LA JORNADA).
Washington, 29 de marzo. El presidente Barack Obama aseguró que la violencia del narcotráfico en México está fuera de control y que plantea una seria amenaza a las comunidades de la frontera con Estados Unidos.
En una entrevista con la cadena de televisión CBS, Obama dijo que su gobierno esperaría para evaluar el impacto de la intensificación de las tareas policiales antes de desplegar la Guardia Nacional en la frontera.
No creo que eso sea lo que podría llamarse una amenaza existencial. Pero es una seria amenaza a las comunidades de la frontera, y se ha salido de las manos, afirmó. Haciéndose eco de los comentarios de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien estuvo en México la semana pasada, Obama calificó a la crisis de la droga en el sur de Estados Unidos de calle de doble sentido, alimentada por la demanda de droga en su país y la disponibilidad de armas.
Debemos reducir la demanda de droga. Debemos hacer nuestro esfuerzo por reducir también el flujo de dinero y de armas en el sur, dijo.
Funcionarios del gobierno anunciaron la semana pasada planes de enviar 360 agentes federales más y funcionarios a la frontera para concentrarse en el movimiento de droga y armas, oara así fortalecer la seguridad e inteligencia. Incluso, Obama dijo que el gobierno consideraba llamar a la Guardia Nacional.
Pero antes queremos evaluar si algunos de los pasos que dimos pueden ayudar a disipar la violencia, dijo. Queremos asegurarnos de que estamos consultando lo más efectivamente posible al gobierno mexicano para avanzar con esta estrategia, agregó.
Clinton dio este mismo mensaje la semana pasada en México, prometiendo colaborar con el gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos cárteles de la droga. Asimismo se comprometió a proveer a México de 80 millones de dólares para adquirir helicópteros BlackHawk con el objetivo de perseguir a estos grupos.
Obama habló sobre México durante una entrevista difundida este domingo por la televisora CBS –una de las de mayor auditorio en Estados Unidos–, conducida por el jefe de la corresponsalía de la cadena en Washington, Bob Schieffer, quien comenzó con el tema de la guerra en Afganistán, su ampliación hacia Pakistán y su relación con el conflicto en Irak. Casi a la mitad del programa, realizado el viernes pasado, el periodista introdujo las preguntas sobre México.
–Déjeme preguntarle sobre algo más próximo a nuestra casa y eso es México. Usted habló de enviar más ayuda al gobierno mexicano. Pero las cosas allá son de verdad serias, como usted bien debe saberlo. Entiendo que 90 por ciento de las armas que se consiguen allá provienen de Estados Unidos. No parece que estemos haciendo un muy buen trabajo para cortar ese flujo. ¿Necesita algún tipo de ayuda legislativa es ese frente? ¿Ha pensado, por ejemplo, en pedir al Congreso que restablezca la prohibición del armamento de asalto?
–Pienso que lo que más necesitamos es una mejor aplicación de la fuerza pública. Y por eso esta semana pusimos en marcha una amplia iniciativa para apoyar a aquellas regiones fronterizas que están siendo amenazadas por estos cárteles de las drogas para dar respaldo al gobierno mexicano, a fin de asegurar que de nuestro lado de la frontera tengamos más personal y más equipo de vigilancia.
México incumplirá objetivos mundiales en materia de salud.
Redujo fondos y mantiene bajo nivel de acciones para disminuir la mortalidad materna. Recorte presupuestal, para atender un mayor número de casos de sida: Elena Zúñiga. Hoy, la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas evalúa avances
FABIOLA MARTÍNEZ.
México ha reducido el financiamiento para salud reproductiva y mantiene un bajo nivel de recursos y acciones para disminuir el índice de mortalidad materna. Ello lo deja lejos de alcanzar las metas globales en la materia, advirtió Elena Zúñiga, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas.
En 1994, en El Cairo, 190 países se comprometieron a hacer esfuerzos por reducir 75 por ciento –en 20 años– la mortalidad materna. Falta un lustro para que venza el plazo para alcanzar ese objetivo, y México tenía apenas un avance cercano a 38 por ciento en el periodo 1990-2007. También con un rezago similar se encuentran la mayoría de las naciones firmantes.
A escala global, hace 15 años alrededor de 40 por ciento de los recursos de cooperación internacional dedicados a salud reproductiva estaban dirigidos a la planificación familiar, y actualmente el indicador cayó a 4 por ciento. Para 2015, México difícilmente logrará la reducción de 75 por ciento. A escala global también se presenta un desplome, y ello lleva a retrocesos en diversos ámbitos respecto de embarazos no planeados, aseveró Zúñiga en entrevista.
La reunión
Hoy, la comisión mencionada empieza en Nueva York, Estados Unidos, la evaluación. Elena Zúñiga, mexicana y ex titular del Consejo Nacional de Población, advierte que la mayoría de los países, incluido el nuestro, han dedicado buena parte de los fondos que correspondían a combatir ese déficit a la atención de afectados por VIH-sida.
También en México, explicó, hay indicios de ese fenómeno. En el presupuesto destinado a salud reproductiva el porcentaje para planificación familiar se ha reducido, lo cual afecta otros ámbitos, como la difusión de información y la atención de los adolescentes.
–¿En qué magnitud?
–Es una estimación difícil, pero lo que ha generado el sistema de salud indica que también la nación se ha visto afectada por ese aspecto (atención a VIH) y ha reducido el presupuesto para el rubro.
Ahí está lo que ocurre en México con las jóvenes respecto del aumento de la demanda insatisfecha de uso de anticonceptivos. Advirtió que hay focos rojos en el ámbito internacional, particularmente estancamientos en lo que se refiere a mortalidad materna. Se estima que, en el mundo, pocas naciones van a alcanzar la meta establecida en 1994 de reducir 75 por ciento los niveles de mortalidad materna.
La Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas es el órgano que tiene a su cargo dar seguimiento a los acuerdos globales en la materia. El plan mundial más reciente en el rubro, consensuado por más de 190 países, es el Programa de Acción Internacional sobre Población (El Cairo, 1994).
Esa conferencia marcó un cambio radical en las políticas de población en todo el planeta. Antes de esa cumbre predominaban las que tenían enfoque meramente demográfico, es decir, de reducción del crecimiento. Hoy la persona es puesta en el centro de las políticas públicas y se le reconoce como sujeto de garantías. En ese sentido, lo que importa es garantizar el derecho de las personas a decidir básicamente cuántos hijos desean tener y a las mujeres a llevar un embarazo sin riesgo de muerte, así como tener hijos deseados, planeados y sanos.
Eso es lo que deben promover las políticas públicas, de acuerdo con los acuerdos de El Cairo. También en esa reunión se reconoció que algunos factores que inciden en el ejercicio de esos derechos tienen que ver con la pobreza y la desigualdad social y de género, lo cual impide a las mujeres decidir de manera autónoma sobre su reproducción y sexualidad. Otro elemento que se reconoce es la desigualdad intergeneracional, que limita sobre todo a las personas jóvenes ejercer de manera plena sus garantías sexuales y reproductivas. Cada año la comisión se reúne para evaluar las problemáticas más apremiantes, pero cada lustro se hace una revisión integral de los logros.
Este año se celebran los 15 años de ese programa y, por tanto, se efectúa la tercera revisión. En el encuentro se darán a conocer las conclusiones, con el fin de que en los cinco años que restan al programa se puedan alcanzar más objetivos fundamentales para el desarrollo: que las mujeres tengan mejor situación para la salud reproductiva, acceso a la planificación familiar y reducir la mortalidad materna e infantil.
Determinan 70 ONG programa en favor de la liberación de los presos de Atenco
Exigen que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo sean cambiados a un Cereso
Ángeles Cruz Martínez
Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.
De manera particular, los asistentes resaltaron la urgencia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa sean trasladados a un centro de readaptación social (Cereso) y dejen el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Rechazaron que a los líderes sociales se les equipare con delincuentes peligrosos, como secuestradores o narcotraficantes. Rosa Nelly, quien crió a Galindo Gochicoa, denunció que desde octubre pasado las autoridades del penal decidieron cancelar al abogado el permiso de visita.
Además, denunció que los presos padecen hostigamiento, pues en varias ocasiones, durante la noche, se realizan inspecciones a las celdas. Los policías entran con perros y tiran al suelo sus pertenencias, acusó.
La represión se agudizó el pasado 16 de marzo, cuando los obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera y el sacerdote Miguel Concha intentaron visitarlos. No les dieron de comer ni los dejaron salir de sus celdas, señaló Rosa Nelly.
En el transcurso de la reunión, Rodolfo Inés Cuéllar, detenido en el reclusorio Molino de las Flores, se comunicó telefónicamente para enviar, en representación de todos los detenidos, un saludo y un agradecimiento a la asamblea, en lo que fue un emotivo mensaje.
Al encuentro asistieron, además, Adolfo Gilly, el general Francisco Gallardo, los hermanos Cerezo y Dolores González, de Serapaz, entre otros. Los abogados de las 12 personas que continúan privadas de su libertad en la prisión Molino de las Flores y el Altiplano dieron cuenta de los procesos a que fueron sometidos los campesinos y las sentencias dictadas. Todos son presos políticos, afirmaron los litigantes.
Como parte de los acuerdos, la asamblea emitió un pronunciamiento de solidaridad con el cantante Manu Chao, a quien también reconocieron el papel que ha desempeñado al denunciar en todos los lugares a que llega las violaciones a los derechos humanos.
A su vez, los representantes de organizaciones civiles ofrecieron realizar actos de difusión en sus respectivas localidades y con ello promover la campaña con que se busca relanzar la exigencia por la liberación de los detenidos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión todavía pendientes y la revocación y anulación de las sentencias.
La campaña, de la que forman parte académicos, intelectuales, actores, obispos y organizaciones civiles, también exige que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de los perseguidos y detenidos, y se castigue a los responsables de las violaciones a esas garantías básicas. De igual forma, demandan que se detenga la criminalización de los movimientos sociales en el país.
Entre las próximas actividades del plan de acción destaca, del 28 de marzo al 28 de abril, la realización de la campaña nacional de difusión. El 18 de abril se llevará a cabo una caravana motorizada hacia el penal Molino de las Flores para visitar a los nueve presos políticos. La movilización saldrá del Monumento a la Revolución.
El 19 de abril se efectuará una segunda asamblea de organización de la campaña, y el 3 de mayo un acto político cultural en San Salvador Atenco, justo cuando se cumplen tres años del operativo policiaco ordenado por el gobierno contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Echeverría: la historia no lo deja impune
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La historia no ha absuelto a Luis Echeverría y, sin duda, no lo absolverá. En cambio, el expresidente ya cuenta con la exoneración de las autoridades judiciales que han creado para él, según lo dijo el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, un "nicho de impunidad" al liberarlo de toda responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. En ello coincide la subdirectora de Amnistía Internacional para las Américas, Kerrie Howard, quien critica al Estado mexicano porque, arguye, no sólo incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que garantiza la impunidad de aquellos que los violan.
Exonerado la semana pasada por la justicia mexicana, el expresidente Luis Echeverría Álvarez quedó juzgado para la historia apenas ocurrida la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, ratificó el jueves 26 el argumento con el que la justicia federal llevó las acusaciones contra Echeverría: hubo genocidio aquella noche de Tlatelolco, pero él no fue responsable. El Colegiado confirmó el amparo obtenido por el exmandatario desde el 12 de julio de 2007, cuando el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, aseguró que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró "ni una sola prueba" sobre su responsabilidad, pese a sostener que en la plaza de las Tres Culturas sí ocurrió ese delito de lesa humanidad y que éste aún no había prescrito.
El criterio predominante en la justicia mexicana fue que no pudo procesar a ningún responsable de aquel hecho sangriento porque los acusados estaban muertos –empezando por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz– o la acción penal había prescrito. Más aún, que Echeverría, ahora de 87 años y en ese entonces secretario de Gobernación, "no tuvo nada que ver" en la masacre.
Con esta determinación no sólo concluye la prisión domiciliaria a la que Echeverría estuvo sometido desde el 28 de noviembre de 2006, por su probable responsabilidad en esos hechos, sino que prácticamente se terminan las acciones judiciales en su contra. En junio de 2005, la justicia federal también exoneró al exmandatario en definitiva de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada en San Cosme por el grupo paramilitar Los Halcones cuando él era presidente.
Con el juicio de la historia a cuestas –ante la que Echeverría pasó como responsable de ambas masacres–, la ratificación del amparo fue criticada por la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, que hizo ver al gobierno de Felipe Calderón que la impunidad por los delitos del pasado se agrava con el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país. Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1691 que empezó a circular este domingo 29 de marzo.
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AFP. (LA JORNADA).
Washington, 29 de marzo. El presidente Barack Obama aseguró que la violencia del narcotráfico en México está fuera de control y que plantea una seria amenaza a las comunidades de la frontera con Estados Unidos.
En una entrevista con la cadena de televisión CBS, Obama dijo que su gobierno esperaría para evaluar el impacto de la intensificación de las tareas policiales antes de desplegar la Guardia Nacional en la frontera.
No creo que eso sea lo que podría llamarse una amenaza existencial. Pero es una seria amenaza a las comunidades de la frontera, y se ha salido de las manos, afirmó. Haciéndose eco de los comentarios de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien estuvo en México la semana pasada, Obama calificó a la crisis de la droga en el sur de Estados Unidos de calle de doble sentido, alimentada por la demanda de droga en su país y la disponibilidad de armas.
Debemos reducir la demanda de droga. Debemos hacer nuestro esfuerzo por reducir también el flujo de dinero y de armas en el sur, dijo.
Funcionarios del gobierno anunciaron la semana pasada planes de enviar 360 agentes federales más y funcionarios a la frontera para concentrarse en el movimiento de droga y armas, oara así fortalecer la seguridad e inteligencia. Incluso, Obama dijo que el gobierno consideraba llamar a la Guardia Nacional.
Pero antes queremos evaluar si algunos de los pasos que dimos pueden ayudar a disipar la violencia, dijo. Queremos asegurarnos de que estamos consultando lo más efectivamente posible al gobierno mexicano para avanzar con esta estrategia, agregó.
Clinton dio este mismo mensaje la semana pasada en México, prometiendo colaborar con el gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos cárteles de la droga. Asimismo se comprometió a proveer a México de 80 millones de dólares para adquirir helicópteros BlackHawk con el objetivo de perseguir a estos grupos.
Obama habló sobre México durante una entrevista difundida este domingo por la televisora CBS –una de las de mayor auditorio en Estados Unidos–, conducida por el jefe de la corresponsalía de la cadena en Washington, Bob Schieffer, quien comenzó con el tema de la guerra en Afganistán, su ampliación hacia Pakistán y su relación con el conflicto en Irak. Casi a la mitad del programa, realizado el viernes pasado, el periodista introdujo las preguntas sobre México.
–Déjeme preguntarle sobre algo más próximo a nuestra casa y eso es México. Usted habló de enviar más ayuda al gobierno mexicano. Pero las cosas allá son de verdad serias, como usted bien debe saberlo. Entiendo que 90 por ciento de las armas que se consiguen allá provienen de Estados Unidos. No parece que estemos haciendo un muy buen trabajo para cortar ese flujo. ¿Necesita algún tipo de ayuda legislativa es ese frente? ¿Ha pensado, por ejemplo, en pedir al Congreso que restablezca la prohibición del armamento de asalto?
–Pienso que lo que más necesitamos es una mejor aplicación de la fuerza pública. Y por eso esta semana pusimos en marcha una amplia iniciativa para apoyar a aquellas regiones fronterizas que están siendo amenazadas por estos cárteles de las drogas para dar respaldo al gobierno mexicano, a fin de asegurar que de nuestro lado de la frontera tengamos más personal y más equipo de vigilancia.
México incumplirá objetivos mundiales en materia de salud.
Redujo fondos y mantiene bajo nivel de acciones para disminuir la mortalidad materna. Recorte presupuestal, para atender un mayor número de casos de sida: Elena Zúñiga. Hoy, la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas evalúa avances
FABIOLA MARTÍNEZ.
México ha reducido el financiamiento para salud reproductiva y mantiene un bajo nivel de recursos y acciones para disminuir el índice de mortalidad materna. Ello lo deja lejos de alcanzar las metas globales en la materia, advirtió Elena Zúñiga, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas.
En 1994, en El Cairo, 190 países se comprometieron a hacer esfuerzos por reducir 75 por ciento –en 20 años– la mortalidad materna. Falta un lustro para que venza el plazo para alcanzar ese objetivo, y México tenía apenas un avance cercano a 38 por ciento en el periodo 1990-2007. También con un rezago similar se encuentran la mayoría de las naciones firmantes.
A escala global, hace 15 años alrededor de 40 por ciento de los recursos de cooperación internacional dedicados a salud reproductiva estaban dirigidos a la planificación familiar, y actualmente el indicador cayó a 4 por ciento. Para 2015, México difícilmente logrará la reducción de 75 por ciento. A escala global también se presenta un desplome, y ello lleva a retrocesos en diversos ámbitos respecto de embarazos no planeados, aseveró Zúñiga en entrevista.
La reunión
Hoy, la comisión mencionada empieza en Nueva York, Estados Unidos, la evaluación. Elena Zúñiga, mexicana y ex titular del Consejo Nacional de Población, advierte que la mayoría de los países, incluido el nuestro, han dedicado buena parte de los fondos que correspondían a combatir ese déficit a la atención de afectados por VIH-sida.
También en México, explicó, hay indicios de ese fenómeno. En el presupuesto destinado a salud reproductiva el porcentaje para planificación familiar se ha reducido, lo cual afecta otros ámbitos, como la difusión de información y la atención de los adolescentes.
–¿En qué magnitud?
–Es una estimación difícil, pero lo que ha generado el sistema de salud indica que también la nación se ha visto afectada por ese aspecto (atención a VIH) y ha reducido el presupuesto para el rubro.
Ahí está lo que ocurre en México con las jóvenes respecto del aumento de la demanda insatisfecha de uso de anticonceptivos. Advirtió que hay focos rojos en el ámbito internacional, particularmente estancamientos en lo que se refiere a mortalidad materna. Se estima que, en el mundo, pocas naciones van a alcanzar la meta establecida en 1994 de reducir 75 por ciento los niveles de mortalidad materna.
La Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas es el órgano que tiene a su cargo dar seguimiento a los acuerdos globales en la materia. El plan mundial más reciente en el rubro, consensuado por más de 190 países, es el Programa de Acción Internacional sobre Población (El Cairo, 1994).
Esa conferencia marcó un cambio radical en las políticas de población en todo el planeta. Antes de esa cumbre predominaban las que tenían enfoque meramente demográfico, es decir, de reducción del crecimiento. Hoy la persona es puesta en el centro de las políticas públicas y se le reconoce como sujeto de garantías. En ese sentido, lo que importa es garantizar el derecho de las personas a decidir básicamente cuántos hijos desean tener y a las mujeres a llevar un embarazo sin riesgo de muerte, así como tener hijos deseados, planeados y sanos.
Eso es lo que deben promover las políticas públicas, de acuerdo con los acuerdos de El Cairo. También en esa reunión se reconoció que algunos factores que inciden en el ejercicio de esos derechos tienen que ver con la pobreza y la desigualdad social y de género, lo cual impide a las mujeres decidir de manera autónoma sobre su reproducción y sexualidad. Otro elemento que se reconoce es la desigualdad intergeneracional, que limita sobre todo a las personas jóvenes ejercer de manera plena sus garantías sexuales y reproductivas. Cada año la comisión se reúne para evaluar las problemáticas más apremiantes, pero cada lustro se hace una revisión integral de los logros.
Este año se celebran los 15 años de ese programa y, por tanto, se efectúa la tercera revisión. En el encuentro se darán a conocer las conclusiones, con el fin de que en los cinco años que restan al programa se puedan alcanzar más objetivos fundamentales para el desarrollo: que las mujeres tengan mejor situación para la salud reproductiva, acceso a la planificación familiar y reducir la mortalidad materna e infantil.
Determinan 70 ONG programa en favor de la liberación de los presos de Atenco
Exigen que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo sean cambiados a un Cereso
Ángeles Cruz Martínez
Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.
De manera particular, los asistentes resaltaron la urgencia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa sean trasladados a un centro de readaptación social (Cereso) y dejen el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Rechazaron que a los líderes sociales se les equipare con delincuentes peligrosos, como secuestradores o narcotraficantes. Rosa Nelly, quien crió a Galindo Gochicoa, denunció que desde octubre pasado las autoridades del penal decidieron cancelar al abogado el permiso de visita.
Además, denunció que los presos padecen hostigamiento, pues en varias ocasiones, durante la noche, se realizan inspecciones a las celdas. Los policías entran con perros y tiran al suelo sus pertenencias, acusó.
La represión se agudizó el pasado 16 de marzo, cuando los obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera y el sacerdote Miguel Concha intentaron visitarlos. No les dieron de comer ni los dejaron salir de sus celdas, señaló Rosa Nelly.
En el transcurso de la reunión, Rodolfo Inés Cuéllar, detenido en el reclusorio Molino de las Flores, se comunicó telefónicamente para enviar, en representación de todos los detenidos, un saludo y un agradecimiento a la asamblea, en lo que fue un emotivo mensaje.
Al encuentro asistieron, además, Adolfo Gilly, el general Francisco Gallardo, los hermanos Cerezo y Dolores González, de Serapaz, entre otros. Los abogados de las 12 personas que continúan privadas de su libertad en la prisión Molino de las Flores y el Altiplano dieron cuenta de los procesos a que fueron sometidos los campesinos y las sentencias dictadas. Todos son presos políticos, afirmaron los litigantes.
Como parte de los acuerdos, la asamblea emitió un pronunciamiento de solidaridad con el cantante Manu Chao, a quien también reconocieron el papel que ha desempeñado al denunciar en todos los lugares a que llega las violaciones a los derechos humanos.
A su vez, los representantes de organizaciones civiles ofrecieron realizar actos de difusión en sus respectivas localidades y con ello promover la campaña con que se busca relanzar la exigencia por la liberación de los detenidos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión todavía pendientes y la revocación y anulación de las sentencias.
La campaña, de la que forman parte académicos, intelectuales, actores, obispos y organizaciones civiles, también exige que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de los perseguidos y detenidos, y se castigue a los responsables de las violaciones a esas garantías básicas. De igual forma, demandan que se detenga la criminalización de los movimientos sociales en el país.
Entre las próximas actividades del plan de acción destaca, del 28 de marzo al 28 de abril, la realización de la campaña nacional de difusión. El 18 de abril se llevará a cabo una caravana motorizada hacia el penal Molino de las Flores para visitar a los nueve presos políticos. La movilización saldrá del Monumento a la Revolución.
El 19 de abril se efectuará una segunda asamblea de organización de la campaña, y el 3 de mayo un acto político cultural en San Salvador Atenco, justo cuando se cumplen tres años del operativo policiaco ordenado por el gobierno contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Echeverría: la historia no lo deja impune
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La historia no ha absuelto a Luis Echeverría y, sin duda, no lo absolverá. En cambio, el expresidente ya cuenta con la exoneración de las autoridades judiciales que han creado para él, según lo dijo el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, un "nicho de impunidad" al liberarlo de toda responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. En ello coincide la subdirectora de Amnistía Internacional para las Américas, Kerrie Howard, quien critica al Estado mexicano porque, arguye, no sólo incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que garantiza la impunidad de aquellos que los violan.
Exonerado la semana pasada por la justicia mexicana, el expresidente Luis Echeverría Álvarez quedó juzgado para la historia apenas ocurrida la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, ratificó el jueves 26 el argumento con el que la justicia federal llevó las acusaciones contra Echeverría: hubo genocidio aquella noche de Tlatelolco, pero él no fue responsable. El Colegiado confirmó el amparo obtenido por el exmandatario desde el 12 de julio de 2007, cuando el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, aseguró que en las casi 59 mil fojas del expediente no encontró "ni una sola prueba" sobre su responsabilidad, pese a sostener que en la plaza de las Tres Culturas sí ocurrió ese delito de lesa humanidad y que éste aún no había prescrito.
El criterio predominante en la justicia mexicana fue que no pudo procesar a ningún responsable de aquel hecho sangriento porque los acusados estaban muertos –empezando por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz– o la acción penal había prescrito. Más aún, que Echeverría, ahora de 87 años y en ese entonces secretario de Gobernación, "no tuvo nada que ver" en la masacre.
Con esta determinación no sólo concluye la prisión domiciliaria a la que Echeverría estuvo sometido desde el 28 de noviembre de 2006, por su probable responsabilidad en esos hechos, sino que prácticamente se terminan las acciones judiciales en su contra. En junio de 2005, la justicia federal también exoneró al exmandatario en definitiva de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, perpetrada en San Cosme por el grupo paramilitar Los Halcones cuando él era presidente.
Con el juicio de la historia a cuestas –ante la que Echeverría pasó como responsable de ambas masacres–, la ratificación del amparo fue criticada por la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, que hizo ver al gobierno de Felipe Calderón que la impunidad por los delitos del pasado se agrava con el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país. Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1691 que empezó a circular este domingo 29 de marzo.
¿FANTASIAS Y TRES PATINES OTRA VEZ?
27 mar 2009
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Advierte magistrados violación a garantías en 2006.
Tiempo en línea.
[02:33] México, (SUN).- La Comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, dejó entrever que se cometieron violaciones graves a las garantías de la población, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de la investigación que realizaron en torno a este caso.
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino aclararon que en su reporte no "se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Pero salvo este punto, los magistrados no dieron a conocer más datos del contenido del informe que le entregaron al presidente del máximo tribunal del país, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Los encargados de investigar la actuación de las administraciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del ex presidente Vicente Fox, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, se limitaron a leer ante los ministros del máximo tribunal una síntesis de sus indagatorias en la que indicaron que el informe que entregaron consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas.
En cambio, lo que sí hicieron fue explicar qué datos son los que no contiene su informe, porque sus actuaciones, aclararon, "no tuvieron el propósito de recabar la información y la documentación pertinente como si se tratara de actuaciones de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos".
"Tampoco -aclararon- se trató de reproducir las actividades que en su momento llevaron a cabo instituciones protectoras de los derechos humanos y órganos públicos encargados de la procuración y administración de justicia, aun cuando se obtuvo su colaboración y se analizó la información y documentación que proporcionaron”.
Después de presentar su informe, el presidente de la Corte dio por concluidas las actividades de la comisión investigadora -que se creó desde junio de 2007 a petición de la Cámara de Diputados- y, por turno, se le asignó el análisis del informe al ministro Mariano Azuela Güitrón, quien deberá elaborar un dictamen en el que le proponga al Pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías en el caso Oaxaca.
Acción Urgente: Despliegue Militar en Ocotlán, Oaxaca; Riesgo De Represión
CENCOS. 26/03/09.
Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
Difusión Cencos México D.F., 25 de marzo de 2009
ACCIÓN URGENTE.
Antecedentes
La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.
Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.
Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.
Hechos.
Según la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.
En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.
Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.
El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.
1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.
Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.
Exigencias:
- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.
- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.
- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.
Violaciones a derechos humanos:
- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,
- Derecho a la información,
- Derecho a la consulta,
- Derecho a la participación,
- Derecho a la integridad física,
- Derecho al desarrollo,
- Derecho a la organización y a la protesta social.
Marco jurídico relevante.
El Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.
En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques
Oaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009
Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.
Por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Sin portazo, regreso de maestros de Secc. 59: Chepi
Iván Castellanos / Tiempo
[03:04] La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abrió las puertas para que los maestros de la Sección 59 puedan regresar sin mayor problema, tras un proceso denominado “Reincorporación sindical y reubicación laboral”, al considerar que la mayoría de los profesores que los abandonaron, se fueron engañados por grupos afines a los gobiernos estatal y federal.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la Secc. 22 afirmó que a partir de esta fecha y hasta el próximo 30 de abril, estará abierta la convocatoria, y el próximo 4 de mayo se estará dando a conocer los resultados del proceso.
Reiteró la existencia de sólo una sección en la entidad, y que no permitirán que se den más agresiones en su contra por parte del nuevo “charrismo” sindical.
Para lo cual, los interesados deberán cubrir una serie de requisitos como tener una relación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ser personal auto ubicado de los ciclos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, así como la documentación que los acredite como maestros.
Acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, afirmó que ya se han acercado una serie de personas para solicitarles su regreso, “y de forma benévola, esta sección los recibirá porque fueron engañados por personajes como Erica Rapp Soto, Miguel Silva Selvas, Humberto Alcalá Betanzos, Joaquín Echeverría, entre otros, quienes serán los únicos que no podrán regresar”.
TOMA DE NOTA, INCONSISTENTE
Por otra parte, el encargado del Departamento Jurídico de la Sección 22, indicó que interpusieron una demanda y amparo ante la Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje, en contra de la toma de nota que recibió la dirigente de la Sección 59, Erica Rapp Soto, ya que estuvo llena de inconsistencias.
Principalmente, afirmó que no contó con la membresía requerida de las dos terceras partes de inconformes, y sólo obtuvieron el aval por las componendas con la dirigente nacional, Elba Esther Gordillo.
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Tiempo en línea.
[02:33] México, (SUN).- La Comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, dejó entrever que se cometieron violaciones graves a las garantías de la población, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de la investigación que realizaron en torno a este caso.
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino aclararon que en su reporte no "se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Pero salvo este punto, los magistrados no dieron a conocer más datos del contenido del informe que le entregaron al presidente del máximo tribunal del país, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Los encargados de investigar la actuación de las administraciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del ex presidente Vicente Fox, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, se limitaron a leer ante los ministros del máximo tribunal una síntesis de sus indagatorias en la que indicaron que el informe que entregaron consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas.
En cambio, lo que sí hicieron fue explicar qué datos son los que no contiene su informe, porque sus actuaciones, aclararon, "no tuvieron el propósito de recabar la información y la documentación pertinente como si se tratara de actuaciones de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos".
"Tampoco -aclararon- se trató de reproducir las actividades que en su momento llevaron a cabo instituciones protectoras de los derechos humanos y órganos públicos encargados de la procuración y administración de justicia, aun cuando se obtuvo su colaboración y se analizó la información y documentación que proporcionaron”.
Después de presentar su informe, el presidente de la Corte dio por concluidas las actividades de la comisión investigadora -que se creó desde junio de 2007 a petición de la Cámara de Diputados- y, por turno, se le asignó el análisis del informe al ministro Mariano Azuela Güitrón, quien deberá elaborar un dictamen en el que le proponga al Pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías en el caso Oaxaca.
Acción Urgente: Despliegue Militar en Ocotlán, Oaxaca; Riesgo De Represión
CENCOS. 26/03/09.
Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
Difusión Cencos México D.F., 25 de marzo de 2009
ACCIÓN URGENTE.
Antecedentes
La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.
Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.
Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.
Hechos.
Según la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.
En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.
Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.
El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.
1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.
Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.
Exigencias:
- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.
- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.
- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.
Violaciones a derechos humanos:
- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,
- Derecho a la información,
- Derecho a la consulta,
- Derecho a la participación,
- Derecho a la integridad física,
- Derecho al desarrollo,
- Derecho a la organización y a la protesta social.
Marco jurídico relevante.
El Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.
En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques
Oaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009
Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.
Por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Sin portazo, regreso de maestros de Secc. 59: Chepi
Iván Castellanos / Tiempo
[03:04] La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abrió las puertas para que los maestros de la Sección 59 puedan regresar sin mayor problema, tras un proceso denominado “Reincorporación sindical y reubicación laboral”, al considerar que la mayoría de los profesores que los abandonaron, se fueron engañados por grupos afines a los gobiernos estatal y federal.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la Secc. 22 afirmó que a partir de esta fecha y hasta el próximo 30 de abril, estará abierta la convocatoria, y el próximo 4 de mayo se estará dando a conocer los resultados del proceso.
Reiteró la existencia de sólo una sección en la entidad, y que no permitirán que se den más agresiones en su contra por parte del nuevo “charrismo” sindical.
Para lo cual, los interesados deberán cubrir una serie de requisitos como tener una relación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ser personal auto ubicado de los ciclos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, así como la documentación que los acredite como maestros.
Acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, afirmó que ya se han acercado una serie de personas para solicitarles su regreso, “y de forma benévola, esta sección los recibirá porque fueron engañados por personajes como Erica Rapp Soto, Miguel Silva Selvas, Humberto Alcalá Betanzos, Joaquín Echeverría, entre otros, quienes serán los únicos que no podrán regresar”.
TOMA DE NOTA, INCONSISTENTE
Por otra parte, el encargado del Departamento Jurídico de la Sección 22, indicó que interpusieron una demanda y amparo ante la Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje, en contra de la toma de nota que recibió la dirigente de la Sección 59, Erica Rapp Soto, ya que estuvo llena de inconsistencias.
Principalmente, afirmó que no contó con la membresía requerida de las dos terceras partes de inconformes, y sólo obtuvieron el aval por las componendas con la dirigente nacional, Elba Esther Gordillo.
¿ESTADO DE DERECHO?
Viola la ley que el gobierno de EU tenga más de 30% de acciones
Exige el Senado a Calderón que aclare su postura sobre Banamex
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS
El Senado aprobó ayer por unanimidad demandar al gobierno de Felipe Calderón que haga oficial su postura en torno a la situación legal de Banamex y aclare si corresponde a la expresada por la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que no se viola la ley aunque parte de sus acciones pertenezcan al gobierno de Estados Unidos.
Los legisladores de todas las fuerzas políticas votaron el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política que quedó pendiente en la sesión del martes pasado –cuando no hubo quórum. Al final, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que esperan una pronta respuesta del gobierno federal en torno al caso Banamex-Citigroup, ya que de ello depende la presentación de varios recursos legales en contra, entre ellos una controversia constitucional.
En el documento aprobado ayer, el Senado advierte que Citigroup fue rescatado por el gobierno de Estados Unidos, que le aportó recursos financieros y a cambio se quedó con más de 30 por ciento de sus acciones, lo que contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se establece que no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
Se contraviene además lo dispuesto en el párrafo último del artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que señala: no podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
En ese acuerdo, impulsado por el priísta Manlio Fabio Beltrones, se advierte asimismo que la Ley de Instituciones de Crédito obliga al Estado mexicano a regular el servicio de la banca.
Por ello, se estima urgente y necesario que el titular del Poder Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, informe si la interpretación hecha por esa dependencia y contenida en su comunicado de prensa 012/2009, corresponde a la interpretación oficial del gobierno federal.
En una intervención posterior ante el pleno, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que casi 50 por ciento de Citigroup pertenece a dos gobiernos extranjeros, que son Estados Unidos y Singapur –este último adquirió recientemente 11 por ciento de títulos– y, en consecuencia, tienen mayoría accionaria en Banamex.
Se viola la legislación mexicana –agregó–, pero la Secretaría de Hacienda se ha erigido en una especie de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta las disposiciones jurídicas, por lo que es necesario interponer una controversia constitucional.
Monreal sostuvo que, en el fondo, quienes están en disputa son los barones del dinero, unos apoyados por el gobierno y por el PAN, y otros por el PRI. Se habla –dijo– de la guerra de los Robertos, entre ellos el dueño de Banamex.
Agregó que del resultado de la controversia constitucional se fijará un precedente, ya que hay otras instituciones en situación similar a Banamex.
Otorgan al SNTE 4.9% de alza salarial y 1.5% en prestaciones
Agradece Elba Esther Gordillo a Hacienda y Gobernación por los avances conseguidos
Asegura lideresa que el aumento fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional
La negociación fue a modo para que el sindicato desvíe recursos para los próximos comicios: CNTE
KARINA AVILÉS Y FABIOLA MARTÍNEZ
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo un aumento salarial de 4.9 por ciento, 1.5 por ciento en prestaciones y 0.4 por ciento en el fortalecimiento al ingreso de cerca de un millón de docentes de educación básica, para lo cual la lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo, acudió a la Secretaría de Gobernación (SG) para informar a su titular, Fernando Gómez Mont, la aceptación del incremento que, dijo, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de la organización sindical.
Así, 50 días antes del Día del Maestro –fecha en la que todavía en los primeros años de la administración foxista se acostumbraba dar a conocer el aumento–, la maestra reconoció la satisfactoria respuesta del gobierno de Felipe Calderón ya que, en medio de la crisis económica y de la situación en la que se encuentra el país, hay una “demostración del gobierno del presidente Calderón porque realmente las condiciones de vida de los trabajadores de la educación mejoren…Quisiéramos más, pero no es sólo querer”.
En contraste, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró que esta negociación a modo se adelantó para darle margen al SNTE de utilizar y desviar los recursos con el objetivo de promoverse electoralmente con miras a los comicios del próximo 5 de julio, señaló Artemio Ortiz, de la dirigencia nacional.
Al salir minutos después de las 10 de mañana por la calle de Atenas, luego del encuentro con Gómez Mont, al que también asistió la responsable de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, Gordillo, vestida de blanco, bajó de un Audi plata para informar a los tres medios ahí presentes –entre ellos La Jornada– el resultado del acuerdo salarial por el que el sindicato logró en total 2 mil 416. 8 millones de pesos en distintos programas y hasta 4 mil 484.7 millones más para la infraestructura y el mantenimiento de los planteles.
Pidió al secretario general, Rafael Ochoa, desglosar el incremento. De los 2 mil 416.8 millones de pesos, 800 millones serán para la creación de plazas; 650 millones para la carrera magisterial; 588.8 millones para el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica; 200 millones para vivienda, 100 millones para el programa de tecnologías y otros 78 millones de pesos para el de Desarrollo Profesional de Carrera.
Los maestros de educación básica recibirán el incremento, retroactivo al primero de marzo. Los homologados –trabajadores de educación media superior y superior, cuyo número, según miembros de la dirigencia del SNTE, es de 300 mil– obtuvieron un aumento al salario de 4.25 por ciento y 2.5 por ciento en prestaciones, retroactivo al primero de febrero, mientras que el personal de apoyo –cerca de 200 mil– recibirá 4.25 por ciento de incremento salarial retroactivo al primero de enero, uno por ciento en fortalecimiento al salario, retroactivo al primero de marzo, y 1.5 por ciento en prestaciones.
Este último porcentaje no fue incluido en el comunicado que envió la SG. Los docentes lograron también 12 por ciento para la Compensación Provisional Compactable.
A su vez, la diputada del Partido Nueva Alianza, Silvia Luna, refirió que habrá un bono para los trabajadores de telesecundaria, así como para los docentes y el personal no docente de la capital del país, porque ellos no tienen ninguna otra prestación adicional a lo que se genera nacionalmente.
Luego de que el pasado miércoles diera inicio el 28 Consejo Nacional del SNTE, en el que los maestros disciplinados –como ellos se denominan– recibieron un informe de la buena negociación del sindicato, aunque a su propio decir, no se les dijo el porcentaje del incremento, Elba Esther Gordillo aseguró que al concluir dicho consejo los profesores aprobaron unánimemente la oferta salarial del gobierno.
Así, dio el crédito de dichos avances a la Secretaría de Hacienda, a la importante participación de Gómez Mont, a la comisión negociadora y, cuando se le preguntó por la SEP, respondió: no, no, todo lo que les puedo decir es que estamos satisfechos de la respuesta. Por otro lado, expresó que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) no está sujeta a voluntades de uno u otro, es una definición de un congreso nacional, del consejo y ha sido ratificada. ¡Adelante la alianza por la calidad educativa!, exclamó. En relación a lo político-electoral, se negó a tocar el punto.
De Reforma a Bucareli
La jornada de la cúpula sindical se inició ayer a temprana hora. Junto con Rafael Ochoa, los líderes ingresaron a las 7.30 de la mañana al salón Jalisco de un hotel ubicado en Reforma. Ahí, mientras ascendía al décimo piso para llegar a una suite, el secretario general fue escueto en sus declaraciones: no acostumbramos cabildear los incrementos en los medios de comunicación y sólo indicó que la maestra fue quien concertó la cita en Gobernación.
Casi una hora después, la elite del sindicato se trasladó a la SG, a donde a las 9:10 de la mañana arribó en una camioneta Expedition Josefina Vázquez Mota. Cuarenta minutos más tarde, la titular de la SEP abandonó la casona de Bucareli y, minutos después, salió la presidenta del SNTE.
De ahí, los maestros se fueron a un hotel de Polanco para encontrarse con Gordillo y, por la tarde, un grupo de maestros acudió a la Secretaría de Seguridad Pública para firmar un acuerdo en relación al programa Escuela Segura.
Por la noche, la SG envió un comunicado en donde dijo que los resultados de este cierre de negociaciones se alinean al propósito de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
Denuncian incursión de militares en Cuernavaca
Acude la comunidad de Ocotepec a la CNDH
RUBICELA MORELOS CRUZ
Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 26 de marzo. La representación del poblado de Ocotepec (ubicado en el noreste del municipio de Cuernacava) denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a soldados de la 24 Zona Militar que la medianoche del domingo irrumpieron con tanquetas, detuvieron a dos policías comunitarios, a quienes torturaron física y sicológicamente, y rescataron a dos personas detenidas, una de ellas un elemento castrense.
Miguel Rosales Hernández, titular de la ayudantía municipal, aseguró que no se pueden quedar cruzados de brazos ante la violación de la autonomía del poblado y la privación ilegal de la libertad del comandante de la policía comunitaria, Guillermo Estrada Rosas, y del policía auxiliar Francisco Javier Rangel.
La comunidad, dijo, se siente agredida porque los dos policías reportaron ante la ayudantía y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que fueron golpeados y llevados a un cuartel, donde los torturaron sicológicamente y los amenazaron con matarlos si volvían a meterse con un militar. Asimismo, los obligaron a entregarles toda la información sobre sus familias.
Los soldados entregaron a los dos agentes comunitarios a la PGJE a las tres de la mañana del lunes. Según el ayudante municipal, la orden de los soldados fue que no se supiera que habían irrumpido en el poblado.
Aprueba Congreso de Jalisco ley antiaborto
JULIO ALEJANDRO RíOS
GUADALAJARA, Jal., 26 de marzo (apro).- Con 28 votos a favor y tres abstenciones a pesar de que los legisladores tenían previsto discutir el punto hasta agosto próximo, el Congreso local aprobó hoy el dictamen que blinda a Jalisco contra el aborto.
La aprobación estuvo precedida de una negociación entre el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; el presidente estatal del PRI, Javier Guízar Macías, y diputados de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.
Durante la sesión, uniformados sacaron del pleno a dos mujeres que protestaron su rechazo a la iniciativa.
Frente a tal hecho, Adela Juárez García, integrante del Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, señaló:
"Es vergonzoso que sólo estén dejando entrar al Palacio Legislativo a las mujeres que apoyan la iniciativa antiaborto. A todas nuestras compañeras las dejaron afuera y sólo permitieron el ingreso a las que están vestidas de blanco. Y ahora resulta que, no conformes con no escuchar nuestra voz al elaborar los dictámenes, tampoco podemos estar aquí".
Las mujeres de blanco llevaban pancartas con la leyenda: "Sí a la vida", razón suficiente para que les fuera permitido su ingreso al recinto.
De las otras mujeres, las que están en favor de la despenalización del aborto, sólo dos lograron "colarse" con sus pancartas y porras al Congreso. Ahí, el presidente de la Mesa Directiva, Samuel Romero Valle, las reprendió y tres veces les pidió que se callaran.
Y cuando lanzaron: "La vida de las mujeres no está a discusión", policías municipales las sacaron del lugar, mientras las otras, las que iban vestidas de blanco, gritaban sus consignas sin que nadie dijera nada.
"Se vieron muy parciales al callarnos sólo a nosotras. ¿Cómo es posible que un Congreso, donde la mayoría son hombres, se ponga a decidir por las mujeres? Ya traían todo planchadito y sólo vinieron a votarlo, pero jamás nos preguntaron ni nos invitaron a mesas de trabajo para armar la propuesta legislativa.
"Eso hubiera sido lo correcto, porque las firmas de 53 mil personas no representan el sentir de todo Jalisco", expresó Juárez García.
A nosotras, mexicanas, no nos permitieron entrar, dijo, pero sí al consejal del ayuntamiento de Madrid, España, y secretario de Relaciones de Iberoamérica del conservador Partido Popular de España, Jacobo Pombo, "a quien se dieron el lujo de anunciar en el sonido para que los presentes le brindaran un aplauso".
La sesión en el Congreso inició con dos horas de retraso, debido a que no concluían las negociaciones entre Pérez Peláez, Guízar Macías y diputados del PRI y el PAN, quienes se reunieron en la oficina del coordinador panista Jorge Salinas Osornio.
Cuando comenzaron los debates, luego del receso, el diputado perredista Carlos Orozco Santillán subió a la tribuna y criticó a los panistas, pero en especial a los priistas, por "traicionar su propia historia" al votar contra el aborto.
Orozco pidió discutir en otro momento el tema, pues "primero debemos escuchar las voces de toda la sociedad".
Abundó: "No se vale que ahora, ante la cercanía de las elecciones, se metan a votar en contra de una Constitución que costó la muerte de miles de personas. Por 70 años ya lucraron con los héroes, pero ahora ya no les sirven y aprueban con fines electoreros".
Y remató: "Nosotros nunca hemos lucrado con los caídos y por eso nos retiramos con la frente en alto. No votaremos este dictamen". Acto seguido, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática abandonaron la sala.
El resto de oradores, sobre todo priistas y panistas, se pronunciaron "a favor de la vida".
Todos recibieron aplausos y enseguida se votó y aprobó el dictamen con 28 votos a favor y tres abstenciones, suficientes para que ahora el Código penal de Jalisco no permita el aborto por ningún motivo, incluidas malformación y violación.
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Exige el Senado a Calderón que aclare su postura sobre Banamex
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS
El Senado aprobó ayer por unanimidad demandar al gobierno de Felipe Calderón que haga oficial su postura en torno a la situación legal de Banamex y aclare si corresponde a la expresada por la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que no se viola la ley aunque parte de sus acciones pertenezcan al gobierno de Estados Unidos.
Los legisladores de todas las fuerzas políticas votaron el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política que quedó pendiente en la sesión del martes pasado –cuando no hubo quórum. Al final, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que esperan una pronta respuesta del gobierno federal en torno al caso Banamex-Citigroup, ya que de ello depende la presentación de varios recursos legales en contra, entre ellos una controversia constitucional.
En el documento aprobado ayer, el Senado advierte que Citigroup fue rescatado por el gobierno de Estados Unidos, que le aportó recursos financieros y a cambio se quedó con más de 30 por ciento de sus acciones, lo que contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se establece que no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
Se contraviene además lo dispuesto en el párrafo último del artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que señala: no podrán participar en forma alguna en el capital social de la controladora, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
En ese acuerdo, impulsado por el priísta Manlio Fabio Beltrones, se advierte asimismo que la Ley de Instituciones de Crédito obliga al Estado mexicano a regular el servicio de la banca.
Por ello, se estima urgente y necesario que el titular del Poder Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, informe si la interpretación hecha por esa dependencia y contenida en su comunicado de prensa 012/2009, corresponde a la interpretación oficial del gobierno federal.
En una intervención posterior ante el pleno, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que casi 50 por ciento de Citigroup pertenece a dos gobiernos extranjeros, que son Estados Unidos y Singapur –este último adquirió recientemente 11 por ciento de títulos– y, en consecuencia, tienen mayoría accionaria en Banamex.
Se viola la legislación mexicana –agregó–, pero la Secretaría de Hacienda se ha erigido en una especie de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta las disposiciones jurídicas, por lo que es necesario interponer una controversia constitucional.
Monreal sostuvo que, en el fondo, quienes están en disputa son los barones del dinero, unos apoyados por el gobierno y por el PAN, y otros por el PRI. Se habla –dijo– de la guerra de los Robertos, entre ellos el dueño de Banamex.
Agregó que del resultado de la controversia constitucional se fijará un precedente, ya que hay otras instituciones en situación similar a Banamex.
Otorgan al SNTE 4.9% de alza salarial y 1.5% en prestaciones
Agradece Elba Esther Gordillo a Hacienda y Gobernación por los avances conseguidos
Asegura lideresa que el aumento fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional
La negociación fue a modo para que el sindicato desvíe recursos para los próximos comicios: CNTE
KARINA AVILÉS Y FABIOLA MARTÍNEZ
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo un aumento salarial de 4.9 por ciento, 1.5 por ciento en prestaciones y 0.4 por ciento en el fortalecimiento al ingreso de cerca de un millón de docentes de educación básica, para lo cual la lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo, acudió a la Secretaría de Gobernación (SG) para informar a su titular, Fernando Gómez Mont, la aceptación del incremento que, dijo, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de la organización sindical.
Así, 50 días antes del Día del Maestro –fecha en la que todavía en los primeros años de la administración foxista se acostumbraba dar a conocer el aumento–, la maestra reconoció la satisfactoria respuesta del gobierno de Felipe Calderón ya que, en medio de la crisis económica y de la situación en la que se encuentra el país, hay una “demostración del gobierno del presidente Calderón porque realmente las condiciones de vida de los trabajadores de la educación mejoren…Quisiéramos más, pero no es sólo querer”.
En contraste, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró que esta negociación a modo se adelantó para darle margen al SNTE de utilizar y desviar los recursos con el objetivo de promoverse electoralmente con miras a los comicios del próximo 5 de julio, señaló Artemio Ortiz, de la dirigencia nacional.
Al salir minutos después de las 10 de mañana por la calle de Atenas, luego del encuentro con Gómez Mont, al que también asistió la responsable de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, Gordillo, vestida de blanco, bajó de un Audi plata para informar a los tres medios ahí presentes –entre ellos La Jornada– el resultado del acuerdo salarial por el que el sindicato logró en total 2 mil 416. 8 millones de pesos en distintos programas y hasta 4 mil 484.7 millones más para la infraestructura y el mantenimiento de los planteles.
Pidió al secretario general, Rafael Ochoa, desglosar el incremento. De los 2 mil 416.8 millones de pesos, 800 millones serán para la creación de plazas; 650 millones para la carrera magisterial; 588.8 millones para el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica; 200 millones para vivienda, 100 millones para el programa de tecnologías y otros 78 millones de pesos para el de Desarrollo Profesional de Carrera.
Los maestros de educación básica recibirán el incremento, retroactivo al primero de marzo. Los homologados –trabajadores de educación media superior y superior, cuyo número, según miembros de la dirigencia del SNTE, es de 300 mil– obtuvieron un aumento al salario de 4.25 por ciento y 2.5 por ciento en prestaciones, retroactivo al primero de febrero, mientras que el personal de apoyo –cerca de 200 mil– recibirá 4.25 por ciento de incremento salarial retroactivo al primero de enero, uno por ciento en fortalecimiento al salario, retroactivo al primero de marzo, y 1.5 por ciento en prestaciones.
Este último porcentaje no fue incluido en el comunicado que envió la SG. Los docentes lograron también 12 por ciento para la Compensación Provisional Compactable.
A su vez, la diputada del Partido Nueva Alianza, Silvia Luna, refirió que habrá un bono para los trabajadores de telesecundaria, así como para los docentes y el personal no docente de la capital del país, porque ellos no tienen ninguna otra prestación adicional a lo que se genera nacionalmente.
Luego de que el pasado miércoles diera inicio el 28 Consejo Nacional del SNTE, en el que los maestros disciplinados –como ellos se denominan– recibieron un informe de la buena negociación del sindicato, aunque a su propio decir, no se les dijo el porcentaje del incremento, Elba Esther Gordillo aseguró que al concluir dicho consejo los profesores aprobaron unánimemente la oferta salarial del gobierno.
Así, dio el crédito de dichos avances a la Secretaría de Hacienda, a la importante participación de Gómez Mont, a la comisión negociadora y, cuando se le preguntó por la SEP, respondió: no, no, todo lo que les puedo decir es que estamos satisfechos de la respuesta. Por otro lado, expresó que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) no está sujeta a voluntades de uno u otro, es una definición de un congreso nacional, del consejo y ha sido ratificada. ¡Adelante la alianza por la calidad educativa!, exclamó. En relación a lo político-electoral, se negó a tocar el punto.
De Reforma a Bucareli
La jornada de la cúpula sindical se inició ayer a temprana hora. Junto con Rafael Ochoa, los líderes ingresaron a las 7.30 de la mañana al salón Jalisco de un hotel ubicado en Reforma. Ahí, mientras ascendía al décimo piso para llegar a una suite, el secretario general fue escueto en sus declaraciones: no acostumbramos cabildear los incrementos en los medios de comunicación y sólo indicó que la maestra fue quien concertó la cita en Gobernación.
Casi una hora después, la elite del sindicato se trasladó a la SG, a donde a las 9:10 de la mañana arribó en una camioneta Expedition Josefina Vázquez Mota. Cuarenta minutos más tarde, la titular de la SEP abandonó la casona de Bucareli y, minutos después, salió la presidenta del SNTE.
De ahí, los maestros se fueron a un hotel de Polanco para encontrarse con Gordillo y, por la tarde, un grupo de maestros acudió a la Secretaría de Seguridad Pública para firmar un acuerdo en relación al programa Escuela Segura.
Por la noche, la SG envió un comunicado en donde dijo que los resultados de este cierre de negociaciones se alinean al propósito de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
Denuncian incursión de militares en Cuernavaca
Acude la comunidad de Ocotepec a la CNDH
RUBICELA MORELOS CRUZ
Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 26 de marzo. La representación del poblado de Ocotepec (ubicado en el noreste del municipio de Cuernacava) denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a soldados de la 24 Zona Militar que la medianoche del domingo irrumpieron con tanquetas, detuvieron a dos policías comunitarios, a quienes torturaron física y sicológicamente, y rescataron a dos personas detenidas, una de ellas un elemento castrense.
Miguel Rosales Hernández, titular de la ayudantía municipal, aseguró que no se pueden quedar cruzados de brazos ante la violación de la autonomía del poblado y la privación ilegal de la libertad del comandante de la policía comunitaria, Guillermo Estrada Rosas, y del policía auxiliar Francisco Javier Rangel.
La comunidad, dijo, se siente agredida porque los dos policías reportaron ante la ayudantía y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que fueron golpeados y llevados a un cuartel, donde los torturaron sicológicamente y los amenazaron con matarlos si volvían a meterse con un militar. Asimismo, los obligaron a entregarles toda la información sobre sus familias.
Los soldados entregaron a los dos agentes comunitarios a la PGJE a las tres de la mañana del lunes. Según el ayudante municipal, la orden de los soldados fue que no se supiera que habían irrumpido en el poblado.
Aprueba Congreso de Jalisco ley antiaborto
JULIO ALEJANDRO RíOS
GUADALAJARA, Jal., 26 de marzo (apro).- Con 28 votos a favor y tres abstenciones a pesar de que los legisladores tenían previsto discutir el punto hasta agosto próximo, el Congreso local aprobó hoy el dictamen que blinda a Jalisco contra el aborto.
La aprobación estuvo precedida de una negociación entre el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; el presidente estatal del PRI, Javier Guízar Macías, y diputados de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.
Durante la sesión, uniformados sacaron del pleno a dos mujeres que protestaron su rechazo a la iniciativa.
Frente a tal hecho, Adela Juárez García, integrante del Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, señaló:
"Es vergonzoso que sólo estén dejando entrar al Palacio Legislativo a las mujeres que apoyan la iniciativa antiaborto. A todas nuestras compañeras las dejaron afuera y sólo permitieron el ingreso a las que están vestidas de blanco. Y ahora resulta que, no conformes con no escuchar nuestra voz al elaborar los dictámenes, tampoco podemos estar aquí".
Las mujeres de blanco llevaban pancartas con la leyenda: "Sí a la vida", razón suficiente para que les fuera permitido su ingreso al recinto.
De las otras mujeres, las que están en favor de la despenalización del aborto, sólo dos lograron "colarse" con sus pancartas y porras al Congreso. Ahí, el presidente de la Mesa Directiva, Samuel Romero Valle, las reprendió y tres veces les pidió que se callaran.
Y cuando lanzaron: "La vida de las mujeres no está a discusión", policías municipales las sacaron del lugar, mientras las otras, las que iban vestidas de blanco, gritaban sus consignas sin que nadie dijera nada.
"Se vieron muy parciales al callarnos sólo a nosotras. ¿Cómo es posible que un Congreso, donde la mayoría son hombres, se ponga a decidir por las mujeres? Ya traían todo planchadito y sólo vinieron a votarlo, pero jamás nos preguntaron ni nos invitaron a mesas de trabajo para armar la propuesta legislativa.
"Eso hubiera sido lo correcto, porque las firmas de 53 mil personas no representan el sentir de todo Jalisco", expresó Juárez García.
A nosotras, mexicanas, no nos permitieron entrar, dijo, pero sí al consejal del ayuntamiento de Madrid, España, y secretario de Relaciones de Iberoamérica del conservador Partido Popular de España, Jacobo Pombo, "a quien se dieron el lujo de anunciar en el sonido para que los presentes le brindaran un aplauso".
La sesión en el Congreso inició con dos horas de retraso, debido a que no concluían las negociaciones entre Pérez Peláez, Guízar Macías y diputados del PRI y el PAN, quienes se reunieron en la oficina del coordinador panista Jorge Salinas Osornio.
Cuando comenzaron los debates, luego del receso, el diputado perredista Carlos Orozco Santillán subió a la tribuna y criticó a los panistas, pero en especial a los priistas, por "traicionar su propia historia" al votar contra el aborto.
Orozco pidió discutir en otro momento el tema, pues "primero debemos escuchar las voces de toda la sociedad".
Abundó: "No se vale que ahora, ante la cercanía de las elecciones, se metan a votar en contra de una Constitución que costó la muerte de miles de personas. Por 70 años ya lucraron con los héroes, pero ahora ya no les sirven y aprueban con fines electoreros".
Y remató: "Nosotros nunca hemos lucrado con los caídos y por eso nos retiramos con la frente en alto. No votaremos este dictamen". Acto seguido, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática abandonaron la sala.
El resto de oradores, sobre todo priistas y panistas, se pronunciaron "a favor de la vida".
Todos recibieron aplausos y enseguida se votó y aprobó el dictamen con 28 votos a favor y tres abstenciones, suficientes para que ahora el Código penal de Jalisco no permita el aborto por ningún motivo, incluidas malformación y violación.
VIOLACION A DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
26 mar 2009
Demandarán al gobierno federal por concesionar 56 mil hectáreas a minera canadiense.
PEDRO MATíAS. Proceso.
OAXACA, Oax., 25 de marzo (apro).- Autoridades de unas 15 comunidades de la Sierra Juárez anunciaron que interpondrán un amparo contra la Presidencia de la República y la Secretaría de Economía, por haber dado en concesión 56 mil hectáreas a la empresa minera canadiense Continnum Resources. Así lo afirmó el secretario del comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Francisco García López, quien dijo que recurrirán al Convenio de la OIT y a la resolución de la asamblea general de la ONU, en la que se aprueba la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, debido a que el gobierno federal concesionó su territorio sin su conocimiento y consentimiento.Añadió: "Ya está demostrado que estos proyectos mineros van a afectar a las comunidades".García López dijo que el caso de la minera "La Natividad" está en suspenso, debido a que la demanda que se interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa en proceso, ya que la dependencia encontró diversas anomalías respecto de la contaminación y le impuso sanciones. Señaló que, sin embargo, la empresa minera se amparó ante los tribunales federales, aunque la Profepa ratifico la sanción de clausura temporal --expediente PFPA/OAX/54/0325.06--, donde se afirma que, desde el 18 de octubre de 2006, se encuentran clausurados los trabajos de explotación de minerales.Dijo que la Profepa multó y sancionó a esa empresa trasnacional debido a un problema de residuos peligrosos que contenían los transformadores, los cuales se encontraban tirados. Añadió que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados federal presentó, por su parte, una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que esos delitos son de orden federal.García López dijo que la demanda sigue en curso, por lo que PGR enviará próximamente a un grupo de peritos "para verificar si la empresa minera ha cumplido con el buen manejo de esos materiales".Añadió que "en México no hay ninguna empresa capaz de manejar ese tipo de materiales por lo peligroso que son", y señaló que "Capulalpam de Méndez sigue en lucha para proteger el área donde esta empresa pretende trabajar".Según García López, la dirección general de Minas de la Secretaria de Economía, les confirmó que alrededor de 56 mil hectáreas están concesionadas a esa minera canadiense. Dijo que "Capulalpam de Méndez empezó su lucha contra las empresas mineras canadienses en 2000", y afirmó que el gobierno entrega los territorios indígenas apoyado en las reformas al artículo 27 constitucional. De acuerdo con estudios realizados por la propia comunidad indígena, la mina de "La Natividad" fue descubierta después de la llegada de los españoles a México en terrenos de la comunidad de Capulalpam de Méndez. Sin embargo, fue a finales del siglo XVII y a principios del siglo XIX cuando inició su explotación de manera formal. En 2004, la empresa Continnum Resources se convirtió en la principal inversionista para la explotación de los recursos mineros en Oaxaca, entre otros, de los proyectos Natividad, San José, Talea de Castro, Tres Hermanas y Lachiguiri.
Pronunciamiento De Consejeros Electorales De Oaxaca, En el D.F.
Pronunciamiento de Consejeros distritales del Distrito 8 con sede en la Ciudad de Oaxaca realizado en ocasión de la reunión Nacional de Consejeros Distritales del IFE llevada a cabo los días 21 y 22 de marzo en la Ciudad México
México, Distrito Federal, 21 de marzo de 2009.
Señoras y señores Consejeros Generales, señoras y señores Consejeros Distritales.
Consejeros electorales Distrito 8, Ciudad de Oaxaca. 25/03/09. Se ha iniciado el proceso electoral 2008 – 2009 en el que el electorado elegirá, a los ciudadanos que integrarán la Cámara de Diputados para el período legislativo 2009 – 2011.
Este ejercicio democrático reviste trascendencia para la vida nacional en virtud de que la ciudadanía espera la promulgación de leyes que favorezcan los grandes intereses de la nación y logren la disminución de los problemas que actualmente aquejan al pueblo de México.
La pobreza, las grandes asimetrías sociales, la desigualdad, la inobservancia del estado de derecho, los privilegios ilegales que obstaculizan el desarrollo del país, la corrupción, la inseguridad pública son problemas nacionales que reclaman la decidida acción de nuestros gobernantes.
En el contexto anterior, la elección de quienes por mandato constitucional asumirían la representación popular genera a los partidos políticos, la grave responsabilidad de urgir a sus afiliados que resulten electos como diputados, a que en el trabajo legislativo tengan presentes los intereses de toda la nación principalmente los de las clases económicamente débiles y en segundo lugar la administración democrática de México que se logrará en gran parte, con la regulación exacta de las actividades del poder público, a fin de que éste, efectivamente, sujete su actuación al imperio de la ley y a un suficiente control jurisdiccional.
Es un hecho notable que en la actualidad, el ejercicio del poder se ha pulverizado, tiende a ceder ante los intereses y el poder de quienes comandan corporaciones de información y comunicación, de partidos políticos, organizaciones sindicales.
Con ello, queda sin efecto la propuesta constitucional de que el gobierno se ejerza en exclusividad por los órganos de autoridad reconocidos constitucionalmente. Hemos sido testigos de cómo los tribunales e incluso los árbitros electorales han sido influenciados ante esos poderes de facto.
Un hecho trascendente para el progreso de la democracia en México, en lo relativo a los procesos electorales, fue el logro por el que el poder administrativo dejó de organizar las contiendas electorales y éstas fueron asumidas por un organismo diverso que actualmente y a través de varias reformas se constituyó como Instituto Federal Electoral. Una institución que en esencia y por mandato constitucional, adquirió la categoría de organismo autónomo para que basándose en los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, actuara como árbitro técnicamente especializado en los procedimientos electorales.
Si por una parte, la eficacia procedimental del IFE está garantizada por la ley secundaria que regula su actuación y por todos los reglamentos que puntualmente describen modos, tiempos y condiciones de realizar los actos electorales, por otra parte, queda sin regular la esencia del voto libre que se debería traducir en la elección de diputados que con un alto sentido de responsabilidad nacional legislarían en bien de la nación.
En contra del modelo deseable de participación ciudadana y del libre sufragio; tenemos que en la realidad existe un descontento y desconfianza generalizada en el electorado y en la opinión pública.
Todo esto generado en parte, por noticias recientes que muestran la división interna de los partidos, algunas actuaciones irregulares de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral e inclusive, decisiones del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se consideran pronunciadas en atención a intereses de grupos de poder económico y no a una administración objetiva del derecho.
Efecto propiciado por las irregularidades mencionadas, lo tuvimos en el caso de la elección presidencial del año 2006, Importantes cuestionamientos evidenciaron la necesidad de una reforma electoral que llegó a aceptar la posibilidad del recuento de todos los votos emitidos.
Opinamos que la esencia del Consejero Electoral Distrital según el artículo 152 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la de vigilar la observancia de las leyes electorales y de las resoluciones de las autoridades de la materia, que según lo antes expresado, comprende las materias procedimental y sustantiva, en cuanto que esta última se refiere a la emisión del voto libre y secreto.
Y es precisamente en este punto, en que con frecuencia las autoridades en los tres niveles, federal, local y municipal y los mismos partidos políticos violan flagrantemente esa libertad y constriñen mediante la compra y coacción del voto la voluntad de los electores con lo que se sigue un proceso de deslegitimación de la elección y el consecuente descontento post electoral.
De ahí que, los consejeros distritales, asumiendo su calidad de ciudadanos libres y autónomos ejerzan su función de vigilantes, y sin miedo ni temor alguno, se pronuncien expresamente cuando tengan conocimiento de las violaciones a su libre sufragio y, en su caso, ejerzan la facultad sancionadora que ahora la ley les otorga en los casos de propaganda electoral; instrumento que por mandato de la ley debe ser usado para que los partidos políticos difundan su plataforma electoral, pero que en la realidad, es utilizada para la manipulación del electorado mediante promesas que están fuera de competencia.
Finalmente, nos pronunciamos a favor de que el IFE en sus diferentes órganos, realmente asuma la autoridad que la ley le otorga tanto en el aspecto procedimental como en el ejercicio de la facultad sancionadora y que mediante la austeridad salarial de su órgano máximo dé muestra de su voluntad de servicio a la nación.
Sin educación básica, 60 por ciento de oaxaqueños.
Misael Sánchez / Tiempo
Seis de cada 10 oaxaqueños no tienen educación básica, dijo ayer Cipriano Flores Cruz, director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, al culpar al magisterio de no cumplir con su responsabilidad y contribuir a incrementar el rezago educativo en Oaxaca. Al calificar de “criminal” y “preocupante” el incremento del rezago educativo cada año detalló que en la entidad 437 mil oaxaqueños no saben leer y escribir y que a éstos se suman 418 mil ciudadanos que no terminaron la primaria y 490 mil que no concluyeron la educación secundaria. “Un total de 1 millón 362 mil oaxaqueños no han concluido la educación básica”, dijo para luego destacar la necesidad de cerrar la llave del rezago. Flores Cruz dijo que el rezago educativo no es más que una muestra de las fallas del sistema educativo y que por ello es necesario hacer un solo frente para reducirlo y no sumarle un mayor rezago desde las mismas escuelas de educación básica.
No se crearán empleos durante 2009: Canacintra.
Misael Sánchez / Tiempo
Ante la crisis económica, la falta de créditos y la inflación, las empresas oaxaqueñas no crearán nuevos empleos en 2009, dijo ayer Jesús Martín Fernández, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Informó que las 507 empresas afiliadas al organismo conservarán los 20 mil empleos existentes y detalló que el sector sigue esperando los recursos anunciados por el gobierno federal en el plan anticrisis. Acompañado de Alhelí Torres, presidenta del Grupo Vértice-Anáhuac y Daniel González Montes, presidente de Fundeco, dio a conocer la realización del Foro Jóvenes Emprendedores, que se realizará los días 26 y 27 de marzo en el teatro Álvaro Carrillo, con los expositores Francisco Bustillo de Clear Defense México, así como el oaxaqueño Ernesto Delgado de Dorian Grey y Bernardo Reyes Guerra, director de Extensión y Vinculación de la Escuela de Graduados e Innovación Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, además de Octavio Peñalosa del Grupo Turín. Indicó que las tasas de interés del 8 al 9 por ciento, junto con la inflación y la devaluación del peso frente al dólar, han incrementado los costos de operación en más de un 40 por ciento, por lo que actualmente no hay crédito que les alcance. Concluyó que pese a existir un plan anticrisis y haberse anunciado 275 mil millones de pesos de apoyo para el sector, ni siquiera ha sido creado el Fondo Oaxaca para beneficiar a la micro y pequeña empresa.
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PEDRO MATíAS. Proceso.
OAXACA, Oax., 25 de marzo (apro).- Autoridades de unas 15 comunidades de la Sierra Juárez anunciaron que interpondrán un amparo contra la Presidencia de la República y la Secretaría de Economía, por haber dado en concesión 56 mil hectáreas a la empresa minera canadiense Continnum Resources. Así lo afirmó el secretario del comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Francisco García López, quien dijo que recurrirán al Convenio de la OIT y a la resolución de la asamblea general de la ONU, en la que se aprueba la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, debido a que el gobierno federal concesionó su territorio sin su conocimiento y consentimiento.Añadió: "Ya está demostrado que estos proyectos mineros van a afectar a las comunidades".García López dijo que el caso de la minera "La Natividad" está en suspenso, debido a que la demanda que se interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa en proceso, ya que la dependencia encontró diversas anomalías respecto de la contaminación y le impuso sanciones. Señaló que, sin embargo, la empresa minera se amparó ante los tribunales federales, aunque la Profepa ratifico la sanción de clausura temporal --expediente PFPA/OAX/54/0325.06--, donde se afirma que, desde el 18 de octubre de 2006, se encuentran clausurados los trabajos de explotación de minerales.Dijo que la Profepa multó y sancionó a esa empresa trasnacional debido a un problema de residuos peligrosos que contenían los transformadores, los cuales se encontraban tirados. Añadió que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados federal presentó, por su parte, una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que esos delitos son de orden federal.García López dijo que la demanda sigue en curso, por lo que PGR enviará próximamente a un grupo de peritos "para verificar si la empresa minera ha cumplido con el buen manejo de esos materiales".Añadió que "en México no hay ninguna empresa capaz de manejar ese tipo de materiales por lo peligroso que son", y señaló que "Capulalpam de Méndez sigue en lucha para proteger el área donde esta empresa pretende trabajar".Según García López, la dirección general de Minas de la Secretaria de Economía, les confirmó que alrededor de 56 mil hectáreas están concesionadas a esa minera canadiense. Dijo que "Capulalpam de Méndez empezó su lucha contra las empresas mineras canadienses en 2000", y afirmó que el gobierno entrega los territorios indígenas apoyado en las reformas al artículo 27 constitucional. De acuerdo con estudios realizados por la propia comunidad indígena, la mina de "La Natividad" fue descubierta después de la llegada de los españoles a México en terrenos de la comunidad de Capulalpam de Méndez. Sin embargo, fue a finales del siglo XVII y a principios del siglo XIX cuando inició su explotación de manera formal. En 2004, la empresa Continnum Resources se convirtió en la principal inversionista para la explotación de los recursos mineros en Oaxaca, entre otros, de los proyectos Natividad, San José, Talea de Castro, Tres Hermanas y Lachiguiri.
Pronunciamiento De Consejeros Electorales De Oaxaca, En el D.F.
Pronunciamiento de Consejeros distritales del Distrito 8 con sede en la Ciudad de Oaxaca realizado en ocasión de la reunión Nacional de Consejeros Distritales del IFE llevada a cabo los días 21 y 22 de marzo en la Ciudad México
México, Distrito Federal, 21 de marzo de 2009.
Señoras y señores Consejeros Generales, señoras y señores Consejeros Distritales.
Consejeros electorales Distrito 8, Ciudad de Oaxaca. 25/03/09. Se ha iniciado el proceso electoral 2008 – 2009 en el que el electorado elegirá, a los ciudadanos que integrarán la Cámara de Diputados para el período legislativo 2009 – 2011.
Este ejercicio democrático reviste trascendencia para la vida nacional en virtud de que la ciudadanía espera la promulgación de leyes que favorezcan los grandes intereses de la nación y logren la disminución de los problemas que actualmente aquejan al pueblo de México.
La pobreza, las grandes asimetrías sociales, la desigualdad, la inobservancia del estado de derecho, los privilegios ilegales que obstaculizan el desarrollo del país, la corrupción, la inseguridad pública son problemas nacionales que reclaman la decidida acción de nuestros gobernantes.
En el contexto anterior, la elección de quienes por mandato constitucional asumirían la representación popular genera a los partidos políticos, la grave responsabilidad de urgir a sus afiliados que resulten electos como diputados, a que en el trabajo legislativo tengan presentes los intereses de toda la nación principalmente los de las clases económicamente débiles y en segundo lugar la administración democrática de México que se logrará en gran parte, con la regulación exacta de las actividades del poder público, a fin de que éste, efectivamente, sujete su actuación al imperio de la ley y a un suficiente control jurisdiccional.
Es un hecho notable que en la actualidad, el ejercicio del poder se ha pulverizado, tiende a ceder ante los intereses y el poder de quienes comandan corporaciones de información y comunicación, de partidos políticos, organizaciones sindicales.
Con ello, queda sin efecto la propuesta constitucional de que el gobierno se ejerza en exclusividad por los órganos de autoridad reconocidos constitucionalmente. Hemos sido testigos de cómo los tribunales e incluso los árbitros electorales han sido influenciados ante esos poderes de facto.
Un hecho trascendente para el progreso de la democracia en México, en lo relativo a los procesos electorales, fue el logro por el que el poder administrativo dejó de organizar las contiendas electorales y éstas fueron asumidas por un organismo diverso que actualmente y a través de varias reformas se constituyó como Instituto Federal Electoral. Una institución que en esencia y por mandato constitucional, adquirió la categoría de organismo autónomo para que basándose en los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, actuara como árbitro técnicamente especializado en los procedimientos electorales.
Si por una parte, la eficacia procedimental del IFE está garantizada por la ley secundaria que regula su actuación y por todos los reglamentos que puntualmente describen modos, tiempos y condiciones de realizar los actos electorales, por otra parte, queda sin regular la esencia del voto libre que se debería traducir en la elección de diputados que con un alto sentido de responsabilidad nacional legislarían en bien de la nación.
En contra del modelo deseable de participación ciudadana y del libre sufragio; tenemos que en la realidad existe un descontento y desconfianza generalizada en el electorado y en la opinión pública.
Todo esto generado en parte, por noticias recientes que muestran la división interna de los partidos, algunas actuaciones irregulares de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral e inclusive, decisiones del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se consideran pronunciadas en atención a intereses de grupos de poder económico y no a una administración objetiva del derecho.
Efecto propiciado por las irregularidades mencionadas, lo tuvimos en el caso de la elección presidencial del año 2006, Importantes cuestionamientos evidenciaron la necesidad de una reforma electoral que llegó a aceptar la posibilidad del recuento de todos los votos emitidos.
Opinamos que la esencia del Consejero Electoral Distrital según el artículo 152 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la de vigilar la observancia de las leyes electorales y de las resoluciones de las autoridades de la materia, que según lo antes expresado, comprende las materias procedimental y sustantiva, en cuanto que esta última se refiere a la emisión del voto libre y secreto.
Y es precisamente en este punto, en que con frecuencia las autoridades en los tres niveles, federal, local y municipal y los mismos partidos políticos violan flagrantemente esa libertad y constriñen mediante la compra y coacción del voto la voluntad de los electores con lo que se sigue un proceso de deslegitimación de la elección y el consecuente descontento post electoral.
De ahí que, los consejeros distritales, asumiendo su calidad de ciudadanos libres y autónomos ejerzan su función de vigilantes, y sin miedo ni temor alguno, se pronuncien expresamente cuando tengan conocimiento de las violaciones a su libre sufragio y, en su caso, ejerzan la facultad sancionadora que ahora la ley les otorga en los casos de propaganda electoral; instrumento que por mandato de la ley debe ser usado para que los partidos políticos difundan su plataforma electoral, pero que en la realidad, es utilizada para la manipulación del electorado mediante promesas que están fuera de competencia.
Finalmente, nos pronunciamos a favor de que el IFE en sus diferentes órganos, realmente asuma la autoridad que la ley le otorga tanto en el aspecto procedimental como en el ejercicio de la facultad sancionadora y que mediante la austeridad salarial de su órgano máximo dé muestra de su voluntad de servicio a la nación.
Sin educación básica, 60 por ciento de oaxaqueños.
Misael Sánchez / Tiempo
Seis de cada 10 oaxaqueños no tienen educación básica, dijo ayer Cipriano Flores Cruz, director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, al culpar al magisterio de no cumplir con su responsabilidad y contribuir a incrementar el rezago educativo en Oaxaca. Al calificar de “criminal” y “preocupante” el incremento del rezago educativo cada año detalló que en la entidad 437 mil oaxaqueños no saben leer y escribir y que a éstos se suman 418 mil ciudadanos que no terminaron la primaria y 490 mil que no concluyeron la educación secundaria. “Un total de 1 millón 362 mil oaxaqueños no han concluido la educación básica”, dijo para luego destacar la necesidad de cerrar la llave del rezago. Flores Cruz dijo que el rezago educativo no es más que una muestra de las fallas del sistema educativo y que por ello es necesario hacer un solo frente para reducirlo y no sumarle un mayor rezago desde las mismas escuelas de educación básica.
No se crearán empleos durante 2009: Canacintra.
Misael Sánchez / Tiempo
Ante la crisis económica, la falta de créditos y la inflación, las empresas oaxaqueñas no crearán nuevos empleos en 2009, dijo ayer Jesús Martín Fernández, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Informó que las 507 empresas afiliadas al organismo conservarán los 20 mil empleos existentes y detalló que el sector sigue esperando los recursos anunciados por el gobierno federal en el plan anticrisis. Acompañado de Alhelí Torres, presidenta del Grupo Vértice-Anáhuac y Daniel González Montes, presidente de Fundeco, dio a conocer la realización del Foro Jóvenes Emprendedores, que se realizará los días 26 y 27 de marzo en el teatro Álvaro Carrillo, con los expositores Francisco Bustillo de Clear Defense México, así como el oaxaqueño Ernesto Delgado de Dorian Grey y Bernardo Reyes Guerra, director de Extensión y Vinculación de la Escuela de Graduados e Innovación Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, además de Octavio Peñalosa del Grupo Turín. Indicó que las tasas de interés del 8 al 9 por ciento, junto con la inflación y la devaluación del peso frente al dólar, han incrementado los costos de operación en más de un 40 por ciento, por lo que actualmente no hay crédito que les alcance. Concluyó que pese a existir un plan anticrisis y haberse anunciado 275 mil millones de pesos de apoyo para el sector, ni siquiera ha sido creado el Fondo Oaxaca para beneficiar a la micro y pequeña empresa.
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