OTRA MÁS DEL "HEROICO".

El Ejército tortura a una familia.

Soldados allanan domicilio en Morelos, destruyen muebles y amenazan con volver
Lucía Gómez y su hijo narran ante organismos de derechos humanos horas de maltrato
“Los militares me pegaban en la cabeza y me preguntaban por la banda de Los Pelones”
RUBICELA MORELOS CRUZ
Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 25 de julio. Lucía Gómez Adame, de 57 años, y su hijo Andrés Zamora Gómez, de 27, dieron a conocer a organismos defensores de los derechos humanos del país e internacionales que elementos del Ejército Mexicano allanaron su casa, torturaron y amenazaron a su familia con el pretexto de que buscaban armas y drogas, además que les exigieron información sobre el paradero de una banda criminal denominada Los Pelones.
En declaración ante la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, señalaron que los soldados rompieron el portón de su vivienda, en la calle Obradores número 45, colonia Ampliación Vicente Guerrero, del municipio de Jiutepec, Morelos, e irrumpieron a las 00:30 horas del sábado y se retiraron hora y media después.
Gómez Adame narró que los militares se abalanzaron contra sus hijos Andrés y José Natividad Zamora Gómez , y su yerno Jorge Hernández Jardón; los ataron de manos y pies, les taparon la cabeza con fundas color verde olivo y les lanzaron agua con una jarra para que confesaran dónde vendían o dónde estaba la droga y las armas, las que no hay en el lugar. También les exigieron que les dieran información sobre Los Pelones.
Entraron unos 15 soldados, todos estaban cubiertos de la cara, de negro, y llevaban armas largas que yo no conozco de qué calibre. No tocaron la puerta, sino que la tiraron a patadas y encontraron a mis hijos cuando estaban cenando y viendo la televisión, luego de regresar de sus trabajos, afirmó.
Agregó que un uniformado le dijo a uno de sus hijos que ya se lo había cargado la fregada. Yo espantada les decía que no los golpearan, que no habían hecho nada. Uno de los soldados encapuchados me gritó que no me metiera y que mejor les dijera dónde estaban las armas y la droga.
Enseguida, dijo, a ella la empujaron dentro un cuarto donde se encontraban sus nueras y sus nietos, a quienes les hacían las mismas preguntas. En la misma habitación estaban llorando y espantadas mis nietas Diana Michel, de ocho años, y Andrea Margarita, de dos. También estaban mis otros nietos, Diego de dos años y medio, y Eduardo de cuatro.
Además, se quejó de que los militares abrieron sus muebles, de los cuales sacaron toda su ropa y pertenencias.
Por su parte, Andrés Zamora señaló: “me estaban ahogando con una funda con la que me taparon la cabeza y me echaban agua con una jarra, no podía respirar y estaba amarrado de las manos, sentado. Los militares me pegaban en la cabeza y me preguntaban por la banda de Los Pelones, que ellos sabían que de mi casa habían visto salir una camioneta blanca de esa banda, pero yo sólo tengo un coche Datsun 1982, blanco. Les dije que no sabía nada. Que por qué me golpeaban. Que me dedico a trabajar. Pero no paraban de preguntar por la droga y las armas”.
También escuchó que patearon a su hermano José, a quien sacaron de la casa y lo tiraron en la calle, atado de manos, con una funda de trapo en la cara.
Acotó que uno de los militares dijo que ellos sólo hacían su trabajo, y yo les pregunté que si así era su trabajo, torturarme sin deber nada. No respondió, pero dijo que iban a volver”, recordó Andrés.
Los soldados llegaron al domicilio en un camión que dejaron a unos metros de la entrada al domicilio, dijo Lucía Gómez; después se dispersaron por calles y azoteas. Mientras estuvieron en casa de la familia Zamora Gómez, otros soldados detuvieron a varios vehículos que pasaron por el lugar y los dejaron ir luego de revisarlos.
Denuncia de activista
La activista Juliana Quintanilla García dijo a nombre de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos que el incidente implicó allanamiento de morada, violación a la garantías de seguridad, tortura física y sicológica, daños, robo y violaciones a los derechos de los menores que habitan ese domicilio.

Fuerzas federales en Michoacán: la élite y los de abajo
J. CARRASCO Y F. CASTELLANOS
En su primera semana, el nuevo despliegue militar en Michoacán sólo tuvo efectos propagandísticos, igual que las bravuconerías del secretario de Gobernación. En un recorrido por varios municipios, este semanario comprobó que las fuerzas federales no han retomado el control del estado. Son notorias las fallas de coordinación entre el Ejército, la Marina y la Policía Federal y, sobre todo, la diferencia de cómo viven los miembros de cada corporación en "el frente de batalla". También ahí existen los de arriba y los de abajo…

El despliegue fue espectacular: mil soldados en formación, pertrechados con fusiles y bazucas, en el patio de base de la XXI Zona Militar en Morelia, para enmarcar el reto que horas después lanzó en la Ciudad de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a La Familia Michoacana: "Los estamos esperando".

La madrugada del lunes 20, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó a la prensa de la capital del país a Morelia para que diera cuenta del arribo, esa mañana, de los últimos mil de un total de 2 mil 500 efectivos que envió a Michoacán como respuesta a los ataques de la organización delictiva, que entre el sábado 11 y el miércoles 15 mató a 20 policías federales e hirió a 18.

Pero la exhibición de armas, vehículos artillados y efectivos de Infantería, Artillería y Operaciones Especiales, el discurso sobre el respeto a los derechos humanos y los sobrevuelos de helicópteros con periodistas en la capital michoacana, se quedaron en actos de propaganda, al menos en la primera semana del operativo reforzado.

En un recorrido de más de mil kilómetros, realizado por Proceso entre el lunes 20 y el viernes 24 por Tierra Caliente y la Costa –zonas bajo control de La Familia– no se encontró ni un retén o convoy militar.

Al día siguiente del escenográfico despliegue militar, Gómez Mont se reunió con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en la Secretaría de Gobernación. Después salió a retar a los narcos:

"En su lógica primaria no estaba enfrentar al Estado, lo están haciendo directamente: señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Los estamos esperando, esa es una invitación que les hacemos".

Y cuatro días después del despliegue, la Sedena admitió la falta de coordinación. El viernes 24 el periódico Reforma informó que los mandos territoriales de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública federal definieron horas antes sus áreas de vigilancia:

el Ejército, la sierra, pueblos y ciudades; la Marina, costas y montañas cercanas al mar; y la Policía Federal zonas urbanas cercanas a la carreteras y autopistas.

Proceso comprobó que sólo en Morelia estas fuerzas realizan vigilancia conjunta, pues cada una llegó a Michoacán con su propia estrategia.

Operativos, propaganda armada
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MEXICO, D.F., 24 de julio (apro).- La fórmula del despliegue militar está agotada. Después de dos años y medio del envío masivo de tropas federales, como mera reacción a la violencia de los cárteles del narcotráfico, no hay pruebas palpables de que el Estado mexicano haya recuperado el terreno perdido.

Por el contrario, quienes han demostrado una evolución son los grupos de la delincuencia organizada. Hace casi un año que traspasaron una barrera importante al atacar a la población civil que celebraba la noche del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán.

La PGR atribuyó la acción a Los Zetas, el brazo armado del cartel del Golfo.

Meses después, entre diciembre de 2008 y enero de este año, sicarios del mismo grupo torturaron, decapitaron y acuchillaron a una veintena de militares en Nuevo León, Guerrero y Quintana Roo, incluido un general en retiro, en abierto desafío al Ejército y a su comandante en jefe, el presidente de la República.

A principios de año, sicarios rompieron otra barrera importante: dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Monterrey. Aun cuando no haya sido dirigido por alguna organización, sino resultado de alguna acción individual descontrolada, el hecho representó que están desapareciendo los límites.

La delincuencia organizada también elevó el nivel de los enfrentamientos, como el ocurrido a principios de junio en Playa Caleta, en Acapulco, entre miembros del clan Beltrán Leyva y el Ejército, y con la Policía Federal, en las afueras del puerto. Fue una acción que los vecinos que padecieron la refriega vivieron como una auténtica batalla.

En esa escalada, no sería extraña una agresión mayor, incluido contra algún alto funcionario o un gobernador. Además de las autoridades de seguridad, los gobernadores también pueden estar en la mira.

Ya hay un antecedente con el ataque, en febrero pasado, a la escolta del gobernador José Reyes Baeza, de Chihuahua, asiento del cártel de los Carrillo Fuentes, que está en abierta disputa con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.

En Michoacán, el gobernador Leonel Godoy ha extremado sus medidas de seguridad ante la confrontación con La Familia, que ha demostrado una gran capacidad de penetración en distintos niveles de gobierno.

Chihuahua y Michoacán han sido, precisamente, los dos estados donde el gobierno de Felipe Calderón ha ordenado aparatosos despliegues policiaco-militares que le han servido para la propaganda, pero no para controlar a los grupos delictivos.

A Ciudad Juárez, en mayo del año pasado, envió una fuerza federal superior a los 10 mil elementos, de los cuales más de ocho mil eran del Ejército. Después de un año, esa fuerza se retiró con más pena que gloria, en medio de acusaciones de violaciones a los derechos humanos y sin haber acabado con la extrema violencia de los narcotraficantes, ocurrida incluso en las barbas de la fuerza federal.

La semana pasada, Calderón envío a Michoacán una fuerza de 5 mil 500 elementos, más de la mitad de ellos militares. Muchos, incluso, como varios agrupamientos de la Policía Federal, llegaron de Ciudad de Juárez.

A sabiendas de que esa estrategia no llega a ningún lado más que al desgaste institucional, Calderón ni puede dar marcha atrás ni tiene más opción que usarlos como propaganda de guerra.

La agresión gubernamental es retórica, como lo exhibió el martes 21 el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando retó a La Familia Michoacana: "Los estamos esperando".

Muy lejos está la ofensiva contra las estructuras de protección política y de ganancia económica del narcotráfico.

No sólo en Michoacán, en cualquier entidad del país Calderón tiene espacio para actuar si es que en verdad decide combatir a los cárteles, más allá de sacar en montón, sin coordinación y aún enfrentadas entre sí, las fuerzas del gobierno federal.


La situación indígena mejorará cuando se transforme el sistema político: Samuel Ruiz
La deuda histórica con los pueblos originarios continuará mientras no termine su marginación, advierte
CAROLINA GÓMEZ MENA

De no haber una transformación radical del sistema político, la situación de los pueblos indígenas no mejorará, advirtió el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, quien consideró que la deuda histórica con esos pueblos persiste, y ésta continuará mientras no se concreten los cambios necesarios que terminen con su marginación y no se reconozcan sus aportes a la nación.
Durante la conmemoración de los 50 años de su consagración episcopal, celebrada con un homenaje realizado por diversas organizaciones civiles en el Centro Cultural Universitario (CCU), Ruiz García, quien fue obispo de San Cristóbal de las Casas durante 40 años y tuvo un importante papel de mediador al surgir el movimiento zapatista, precisó que el hecho de que aún no se respeten cabalmente los derechos de los pueblos originarios radica en una situación estructural.
Cuando hablamos de indígenas, no sólo en Chiapas, sino en México y en América Latina, hablamos de una situación estructural en donde no hay una automarginación ni la deliberada decisión de estar marginados, sino la consecuencia de un sistema. Para que eso cambie se necesita que haya un cambio de sistema, consideró.
No obstante, destacó que han sido los propios indígenas los que han hecho valer sus derechos. Cuando se conmemoraron los 500 años del inicio de la conquista, los indígenas en América del Sur dijeron que no eran objetos, sino sujetos de su historia y eso tuvo una repercusión muy importante.
Acompañado por la senadora Rosario Ibarra, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Gonzalo Ituarte, provincial de los Dominicos, entre diversos defensores de los derechos humanos, resaltó que ha habido una evolución en los propios indígenas respecto a valorar en mayor medida su origen. Antes era para ellos vergonzante decir soy indígena, ahora lo dicen con orgullo.
En cuanto a la militarización de Chiapas, el obispo, reconocido en diversas ocasiones por su defensa de los derechos de los indígenas, refirió que esa no es una cosa debida. En cuanto a la utilización del Ejército en la lucha contra el narco, sólo señaló: que viva la lucha contra el narcotráfico; los propios narcotraficantes tienen que tomar conciencia de que tienen que dar un aporte positivo y (entender) que estar en ese gremio deteriora la sociedad.
En entrevista aparte, Miguel Concha resaltó que el homenaje a Ruiz García es muy merecido, ya que ha tenido un episcopado fecundo, de fidelidad con los evangelios y con independencia frente a los poderes civiles y políticos, lo que le permitió predicarlo sin compromisos.
Según Concha Malo, en la Iglesia suele darse la tentación de ejercer la misión mirando a ver qué dicen los poderes, y no tanto qué es lo que exige el Evangelio, y don Samuel es de los pocos obispos que ha sabido ejercer su ministerio sin andar mirando qué dicen esos poderes.
En lo que respecta a la garantía de respeto a los derechos de los indígenas, consideró que la reforma de 2002 quedó muy corta; hay un reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, pero sólo en la parte de principios de la Constitución; en la política no están las estructuras políticas para que realmente los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer su autonomía.