CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO

Emplaza Sección 22 a castigar a los responsables del crimen en Jicayán

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oax. 30 de agosto de 2009 (Quadratín).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emplazó este domingo a las autoridades encargadas a entregar de manera inmediata las 136 escuelas que están en poder de los integrantes de la Sección 59 y que han sido motivo de conflicto.
En conferencia de prensa, el secretario general de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, informó que la asamblea estatal acordó un plan de acción de aquí al 12 de septiembre, cuando se realice la siguiente asamblea para determinar las acciones que encaminen sus exigencias a una pronta respuesta.
Los delegados se pronunciaron por la renuncia inmediata de Abel Trejo González como director del IEEPO, así como de la responsable de Educación Básica y Superior, María Luisa Matus a quienes responsabilizaron de provocar hechos como el de la Costa, al no cumplir con los acuerdos.
Los más de 400 delegados que se reunieron desde la noche del sábado y concluyeron la madrugada de este domingo, llevarán a consulta la propuesta de que el magisterio ocupe el espacio del Zócalo para conmemorar el aniversario de la Independencia de México, el 15 de septiembre.
Esta actividad, de acuerdo con la propuesta será denominada actividad “popular”.
Entre los acuerdos que tuvieron, dijo, es que la salida de Ulises Ruiz de la gubernatura no es renunciable ni negociable; que la asamblea estatal responsabiliza a los gobiernos federal, estatal, a los priistas de Jicayán y a los espurios de la Sección 59 del asesinato ocurrido en San Pedro Jicayán.
Así también, de las lesiones en contra de la profesora Leonides Celio Mejía, y del agente municipal, Luis Castro, de los cuales también se exige la detención inmediata de los autores materiales e intelectuales.
La asamblea estatal acordó exigir a los funcionarios de gobierno que procedan a la cancelación de los módulos irregulares y la devolución de escuelas que están en poder de los integrantes de la Sección 59, ya que este había sido un compromiso para el inicio de este ciclo escolar.
PLAN DE ACCION
Azael Santiago Chepi informó que las siguientes actividades fueron acordadas como parte de su plan de acción:
1 de septiembre: Paro cívico de orden nacional en el que participará el 10 por ciento de la membresía de cada delegación en una marcha de contingentes en la ciudad de México; aquí en Oaxaca, se realizará la toma de edificios públicos y en las regiones, a partir de las consideraciones que hagan los mentores
2 de septiembre: Marchas masivas regionales o sectoriales
3 de septiembre: Bloqueo carretero regional o sectorial
4 de septiembre: Asamblea con el nivel primaria
5 de septiembre: Asamblea de balance del brigadeo estatal en el marco del comienzo de una ruta para arribar a un brigadeo nacional
11 de septiembre: Ronda de asambleas delegaciones de información y balance
12 de septiembre: Próxima asamblea estatal para hacer un balance y definir acciones, dependiendo de la respuesta de las autoridades sobre la petición de destitución del presidente de San Pedro Jicayán y la devolución de las 136 escuelas.

Miembros de la sección 22 exigen justicia tras asesinato de profesor
El gobierno de Oaxaca les ofrece desocupar escuelas y destituir a edil
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 29 de agosto. En medio de reclamos de justicia, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y habitantes de Santiago Pinotepa Nacional efectuaron las exequias del profesor Artemio Camacho Sarabia, muerto a balazos ayer, presuntamente por priístas y miembros de la sección 59 del gremio en San Pedro Jicayán.
Los hechos violentos, en el que otra profesora y un padre de familia resultaron gravemente heridos, permitió una negociación mediante la cual el gobierno estatal se comprometió ante la sección 22 del SNTE a gestionar la desocupación de todas las escuelas en poder de priístas y miembros de la sección 59 en el estado y a la destitución del munícipe de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, entre otros puntos.
Camacho Sarabia fue herido cuando, junto con sus compañeros, intentaba recuperar la escuela primaria bilingüe Libertad, en poder de integrantes de la sección 59 y priístas respaldados por el presidente municipal Leonardo Silva Palacios, quienes los recibieron a balazos y pedradas. Aunque fue subido a un taxi para su traslado a una clínica, el profesor falleció en el trayecto.
Sus restos fueron velados la madrugada de hoy en su domicilio del barrio La Planta, en Santiago Pinotepa Nacional. Por la tarde sus compañeros lo trasladaron a la primaria Norberto Aguirre Palancares, donde laboraba, para recibir un homenaje en el que participaron sus alumnos, padres de éstos y pobladores.
Luego fue llevado al templo de Santiago Apóstol para una misa de cuerpo presente y más tarde se le sepultó en el panteón de ese municipio de la Costa, a 397 kilómetros de la capital del estado, en ceremonia con cientos de personas. Los dolientes exigieron castigo a los culpables de la agresión.
Luis Castro Reyes, padre y agente municipal de Santiago, localidad de San Pedro Jicayán, quien resultó lesionado, fue trasladado vía aérea a la capital del estado para ser internado en el hospital de alta especialidad. Margarita, su hija, informó que fue intervenido quirúrgicamente en la pierna derecha, donde recibió el disparo, y que se recupera satisfactoriamente. Dijo que su padre no quiere hablar, dice que no vio a nadie.
Leonides Celia Mejía, profesora de prescolar de la vecina municipalidad de San Pedro Atoyac, sigue en el hospital general de Santiago Pinotepa Nacional.
A fin de evitar nuevos hechos violentos, agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Agencia Estatal de Investigación patrullan las calle, y resguardan las escuelas.
En la capital del estado, afiliados a la sección 22 del SNTE y seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca retiraron en la madrugada el bloqueo que la tarde del viernes instalaron en el crucero que forman las avenidas Periférico Eduardo Mata, Universidad y Ferrocarril, después de que la Comisión Política de la gremial suscribió una minuta con el secretario de Gobierno, Jorge Toledo Luis.
Toledo Luis dijo, no obstante, que la demanda de desaparición de poderes en San Pedro Jicayán deberá ser atendida por el Congreso del estado y observó que no existe algún señalamiento en particular contra el alcalde sobre alguna responsabilidad intelectual o material en los hechos.
En un desplegado, la Comisión Ejecutiva de la sección 59 del SNTE se deslindó de los hechos y exigió al gobierno estatal esclarecer pronto e imparcialmente los sucesos y fincar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales que han generado un permanente clima de violencia.
BOLETIN DE PRENSA DE LA SECCIÓN XXII.
Viernes 28 de agosto.
AL PUEBLO EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia.

Hoy a primeras horas de la mañana, en la comunidad de San Pedro Jicayán, del Distrito de Santiago Jamiltepec, fueron arteramente baleados las compañeras y compañeros maestros del Sector Pinotepa Nacional, de la Región de la Costa en el estado de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron cuando de manera pacífica un contingente de compañeras y compañeros iban a recuperar una Escuela de Educación Primaria Indígena que ha estado en poder de paramilitares, cecelistas–priistas apoyados por el gobierno del estado y caciques de la región, donde arteramente fueron acribillados con armas de alto poder; con el resultado de un compañero muerto el Profr. Artemio Norberto Camacho Sarabia; así como la compañera Profra. Leónides Celio Mejía Mejía y el Agente de Policía Municipal de la comunidad de Santiago Jicayán C. Jesús Castro Reyes quienes resultaron con graves lesiones y se encuentran internados en los nosocomios de la ciudad de Pinotepa Nacional.

Es importante resaltar que los paramilitares de la Sección 59, se encontraban esperándolos pertrechados al interior de la Institución Educativa, siendo comandados por el Subteniente del Ejército Mexicano, Julio Antonio Santiago. Es preocupante que en el plano nacional el Estado impulse y auspicie a grupos paramilitares para eliminar físicamente a luchadores sociales, de derechos Humanos y todo aquel que no se pliegue a sus criminales políticas antipopulares. La Sección XXII, rechaza totalmente el Terrorismo de Estado que en estos meses se ha agudizado en el plano nacional y específicamente en el estado de Oaxaca.

Condenamos de manera enérgica estos crímenes de Estado, ya que solo demuestran la incapacidad y desesperación del gobierno que solo por medio de la brutal represión colectiva y selectiva pretenden controlar, las ansias de justicia, libertad y democracia del pueblo.

Responsabilizamos primeramente al sátrapa y asesino priista de Ulises Ruiz Ortiz y al gobierno del espurio Felipe Calderón.

Exigimos el castigo inmediato a los autores intelectuales y materiales de esta masacre.

No descansaremos como Magisterio Democrático de Oaxaca, hasta lograr que se haga justicia.
¡NI PERDON NI OLVIDO ¡
¡CASTIGO A LOS CULPABLES¡
¡ANTE EL TERRORISMO DE ESTADO LA UNIDAD
Y LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO Y MAGISTERIO!

"POR LA EDUCACION AL SERVICIO DEL PUEBLO"
EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SECCION XXII

La Participación Ciudadana

Mario Mendoza Flores. Para la mayoría de los oaxaqueños, resulta impostergable un cambio en la forma de gobernar el estado. Por eso el interés de miles de ciudadanos por participar decidida y activamente en su transformación. Para rescatarlo de esos últimos lugares en los índices de desarrollo humano nacional y de pobreza; por cambiar esa realidad que a muchos lastima, indigna y conmueve, y que es resultado de un ejercicio de poder ausente, insensible y ajeno al sentir de la población.

De ahí que los ciudadanos se unan, se organicen y aporten ideas cuyo único propósito es fortalecer el contrato social que permita una mejor convivencia, que impulse el desarrollo económico, la democracia participativa, las oportunidades para todos y particularmente un buen gobierno. Estoy convencido que será con la participación ciudadana responsable, talentosa y plural, como se habrán de empujar los cambios que nuestro estado nos demanda. Seguramente alguien se preguntará ¿y qué es eso de la participación ciudadana? Pues es un derecho fundamental de los gobernados que sirve como apoyo a las actividades de gestión y administración de los órganos de gobierno para efecto de hacer eficiente su ejercicio.
Teóricamente es una prerrogativa que se tiene para poder elegir a los representantes de al menos dos órganos de gobierno: el poder ejecutivo y el poder legislativo; pero su alcance tiene que ver mucho más allá de un simple sufragio universal o con actividades electorales. Actualmente la participación ciudadana considera la construcción de mecanismos que modifiquen el accionar del gobierno, pero siempre pensando en su mejoría y sin que se tenga que ser parte de la administración pública o el pertenecer a un partido político.
Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de la constitución de las Organizaciones No Gubernamentales, mejor conocidas como las ONGs, la cuales tienen como propósito pugnar por ciertos temas sociales, sin buscar sustituir las funciones del gobierno, pero si evaluándolas, cuestionándolas e incluso apoyando aquéllas que son acordes a sus propósitos. Por eso, cuando hay gobiernos autoritarios --como el de Oaxaca-- la Participación Ciudadana les incomoda, les molesta y les estorba; pues precisamente entre sus objetivos está el de erradicar esas prácticas que sólo impiden un ejercicio democrático pleno y permanente.
De ahí su importancia y el reconocimiento que se han venido ganando a pulso durante los últimos años. Es por eso que deseo reconocer el trabajo intenso de ciudadanos oaxaqueños inquietos por ver un Oaxaca distinto al que los malos gobierno han hecho de nuestro estado; así como de varias ONGs, quienes el jueves pasado presentaron el anteproyecto "Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca", primero lo hicieron de frente a la sociedad civil, contando con la presencia de los diputados Benjamín Robles de Convergencia, Wilfrido Vásquez del PRD y Dagoberto Carreño del PAN, quienes se comprometieron a discutir y a defender su contenido en el Congreso local. Enseguida y para cubrir las formas, lo entregaron en la oficialía de partes de la LX legislatura estatal, que preside el priísta Herminio Cuevas, para ver si en ellos existe la voluntad para sumarse a este gran esfuerzo por rescatar a nuestro estado.
Entre los instrumentos propuestos de la participación ciudadana sobresalen algunos temas que en verdad resultan urgentes su análisis y su discusión, para su posterior aprobación. Entre los que sobresalen: La iniciativa popular legislativa; la iniciativa popular en materia administrativa; el plebiscito y la ratificación de mandato; el referéndum; la revocación de mandato; la petición de remoción administrativa; la observancia, monitoreo o Contraloría ciudadana de la gestión pública y de la prestación de servicios públicos; la consulta y la audiencia pública; el cabildo abierto; la gaceta de información a la ciudadanía; la asamblea comunitaria; tequio o trabajo colectivo y el presupuesto participativo. Muy completo como podemos observar, además de claro.
Enseguida intentaré resumir el objetivo de algunos de estos instrumentos. Plebiscito: Es una consulta a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del gobierno, que a su juicio sean trascendentes para la vida pública. Referéndum:
Es un instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia del poder legislativo. Iniciativa popular: Es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos presentan al poder legislativo proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos propios del ámbito de su competencia. Consulta ciudadana: Es el instrumento a través del cual las iniciativas del poder ejecutivo y poder legislativo, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de su competencia. Colaboración ciudadana: Es la facultad de los ciudadanos para colaborar con los organismos de gobierno en la ejecución de obras o prestación de servicios públicos. Rendición de cuentas: Es el derecho de la ciudadanía de recibir de las autoridades, informes generales y específicos acerca de la gestión y administración pública, y evaluar la actuación de los servidores públicos.
Difusión pública: Es el derecho que tienen los ciudadanos de exigir a las autoridades que presenten planes y programas, con difusión permanente y accesible acerca de las acciones y funciones a su cargo en términos de ley. Red de contralorías ciudadanas: Es el instrumento de participación ciudadana que asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración pública, para garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público. Audiencia pública: Es un instrumento de participación ciudadana por medio del cual los ciudadanos tienen la facultad de proponer la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos, recibir información de los órganos de la administración pública sobre sus actuaciones, presentar propuestas o quejas relacionadas con la administración pública, participar en la evaluación de los programas y actos de gobierno. Recorridos del titular de la entidad: Los titulares de la administración pública dentro de su competencia deben hacer recorridos periódicos, a fin de verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos, el estado en que se encuentran los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés. Asamblea ciudadana: Es el instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los planes programas y políticas públicas a desarrollarse en su ámbito de competencia.
Ojalá que muy pronto algunas de ellas se conviertan en leyes.

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¿AHORA "ALDEAS ESTRATÉGICAS"?

Alertan académicos sobre plan de ciudades rurales en Chiapas.
Es parte de un proyecto regional basado en mano de obra barata, explotación de recursos naturales y turismo de lujo, señalan.
Se pretende concentrar a la población en aldeas y enajenar tierras para cultivos industriales
ÁNGELES MARISCAL
Corresponsal
Ostuacán, Chis., 31 de agosto. El gobernador Juan Sabines Guerrero planteó el proyecto de ciudades rurales (la primera en Nuevo Juan de Grijalva y otras dos a mediano plazo en los municipios de Ixhuatán y Ángel Albino Corzo) como parte de una estrategia estatal y federal para combatir la dispersión geográfica y la marginación en más 19 mil localidades de Chiapas y promover el desarrollo regional.
Sin embargo, investigadores advierten que la finalidad es ordenar el uso de los recursos del campo, concentrar a la población en aldeas pequeñas, enajenar sus tierras y ponerlas a disposición de grandes empresas.
Japhy Wilson, de la Universidad de Manchester, Inglaterra, sostiene que esta iniciativa es parte del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá, PPP) y sus fines son eminentemente económicos: una eficiente organización territorial basada en la propiedad privada, mano de obra barata, plantaciones agroindustriales, extracción de recursos naturales y promoción del gran turismo.
La ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva, ubicada a una hora de la presa hidroeléctrica Peñitas, es un poblado de unas 50 hectáreas formado por 410 pequeñas viviendas de tabique marrón.
En un extremo hay ocho invernaderos, donde desde hace algunos meses se produce jitomate. En otra sección hay una planta tratadora de leche, una procesadora de cacao y una granja apícola. Al centro de la comunidad se hallan lo que serán un centro de educación básica para futuros alumnos de jardín de niños, primaria y secundaria, y lo que las autoridades llaman centro de salud con servicios ampliados.
Según el proyecto del Instituto de Población y Ciudades Rurales de Chiapas, la obra albergará a los habitantes de cinco ejidos, tres comunidades y tres rancherías que se encuentran dispersos en zonas de riesgo de derrumbes, deslaves e inundaciones, y sin servicios básicos.
El desbordamiento del Grijalva aceleró los planes
El proyecto de ciudades rurales está incluido en el Plan Estatal de Desarrollo 2006-2012. Las obras se aceleraron debido al derrumbe de un cerro (el 4 de noviembre de 2007) que bloqueó el río Grijalva, destruyó el poblado Juan de Grijalva e inundó miles de hectáreas en perjuicio de 33 poblados, cuyos habitantes fueron desalojados y la mayoría vive desde hace casi dos años en albergues.
Tres días después del derrumbe, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evaluaron los costos económicos y sociales de rencausar el río y evitar que colapsara el sistema hidrológico del Grijalva, que abastece a cuatro presas hidroeléctricas, Sabines Guerrero presentó al presidente Felipe Calderón Hinojosa la propuesta de construir una ciudad rural para reubicar comunidades afectadas.
El proyecto se planteó dentro del marco de las Metas del Milenio de la Organización de Naciones Unidas para combatir la pobreza y marginación. Fue aceptado y se acordó gestionar para él mil millones de pesos de recursos públicos y privados.
Durante los 21 meses recientes, según cifras del Instituto de Población y Ciudades Rurales de Chiapas, se recaudaron e invirtieron en la construcción de Nuevo Juan de Grijalva 487 millones 714 mil 419 pesos con 29 centavos. El 60 por ciento son recursos federales del ramo 23; 25 por ciento son recursos estatales, y el 15 por ciento restante proviene de diversas empresas y corporaciones privadas.
Aunque las obras están inconclusas, unas 50 familias cansadas de vivir en albergues se instalaron sin permiso en la ciudad rural.
Mariela Zunino y Miguel Pickard, integrantes del organismo civil Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, quienes han desarrollado en Chiapas proyectos de análisis e investigación político-económica, consideran que las ciudades rurales obedecen a las reglas del mercado internacional.
A finales de junio de 2008, cuando los mandatarios de México, Centroamérica y Colombia rebautizaron el PPP con el nombre de Proyecto Mesoamérica, acordaron seguir con la integración de todo el territorio, desde el sur de México hasta Colombia, para que sirva al gran capital, lo que implica erigir ciudades rurales, sostuvieron.
Los especialistas explicaron que el Banco Mundial publicó en noviembre de 2008 el Informe sobre desarrollo mundial 2009, subtitulado Una nueva geografía económica, en el cual se plantea que la integración económica implica acercar las zonas rurales a las urbanas.
El objetivo es lograr una densidad poblacional adecuada para encauzar las fuerzas de mercado y promover la convergencia de niveles de vida entre aldeas, ciudades y grandes urbes. En este contexto se inserta el programa de ciudades rurales del gobierno de Chiapas, con los mismos elementos rectores: ordenamiento de espacios rurales, concentración demográfica y producción del campo según las reglas del mercado. La lógica del proyecto es principalmente económica, no social, advirtieron.
A su vez, Japhy Wilson publicó en la revista América Latina en Movimiento el estudio La nueva fase del Plan Puebla-Panamá en Chiapas. Sostiene que la finalidad de las ciudades es lograr organización territorial eficiente y atractiva para los inversionistas.
El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester, Inglaterra, recuerda que Chiapas tiene una ubicación estratégica, ya que es el centro geográfico de la región Puebla-Panamá.
El PRI: regreso al poder
J. CERVANTES Y J. VILLAMIL
Los diputados Javier Corral, del PAN, y Porfirio Muñoz Ledo, del PT, prevén que en la recién instalada legislatura el PRI y sus aliados controlarán la asignación de recursos a los estados y obtendrán ventajas para la elección presidencial de 2012. Muñoz Ledo agrega que, dado el peso del salinismo en la fracción priista, seguramente se renovarán los pactos con ese partido y el PAN…

Con la figura del expresidente Carlos Salinas de Gortari como operador de la nueva mayoría priista desde la sombra, la nueva Cámara de Diputados ejercerá el poder en el país durante los próximos tres años, y tanto su agenda como las alianzas se orientarán a tomar ventajas en la sucesión presidencial de 2012.

La nueva mayoría, consolidada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la llamada telebancada –los diputados impuestos por el duopolio televisivo–, se prepara para la "toma gradual del poder".

Del otro lado estará una fracción del Partido Acción Nacional (PAN) liderada por el presidente Felipe Calderón, y la oposición, encabezada por el Partido del Trabajo (PT) en acuerdo nuevamente con diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Convergencia, además de algunos panistas cuya prioridad no es "cubrirle la espalda a Felipe Calderón".

Este escenario se desprende del análisis que hacen el diputado por el PT, Porfirio Muñoz Ledo, y el legislador panista Javier Corral Jurado, en entrevistas por separado.

El primero prevé que Salinas de Gortari y el PAN renovarán su viejo pacto para que los priistas contribuyan a "tapar los hoyos económicos de Felpe Calderón". "Van a dar respiración artificial a Calderón para que no se hunda el país, pero no tanta como para resucitar al PAN", dice Muñoz Ledo.

Por su parte, Javier Corral advierte: "Lo importante es que el gobierno sepa hasta dónde y qué negociar con el PRI. Porque este PRI puede ser muy negociador, pero siempre lo hará sobre la base de su regreso a la Presidencia de la República".

Por esto, sostiene, la tarea obligada del PAN es "plantear lo que queremos para México, y eso no implica ser guardaespaldas del presidente. En estos tres años tendremos que revertir la omisión en que caímos durante los nueve que han transcurrido al no haber desmantelado el régimen autoritario y faccioso que usa el PRI en el manejo de los recursos como control político. No tenemos de otra: o planteamos lo que queremos o a lo mejor hasta nos vamos sin que se sepa lo que queríamos.

"Esta cámara, con la muy importante y vigorosa presencia del salinismo (que además es un Salinas renovado y reconstituido en sus relaciones, sobre todo con el poder de la televisión), no creo que vaya a ser transformadora del país. Sería lo mejor, pero la realidad desmiente que así será. Los intereses son muy claros hacia la elección presidencial."

El PAN, sin embargo, tendrá que negociar con los diversos grupos del PRI, que tienen intereses propios: el de Francisco Rojas, coordinador de la fracción de diputados; el de Beatriz Paredes, dirigente nacional del partido; el de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores; así como la gente de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y la de Emilio Chuayffet Chemor, quien pretende impulsar a su propio candidato a la gubernatura de esta entidad; pero también se debe tomar en cuenta a los gobernadores de Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Todos ellos buscaran ubicar a sus operadores en las principales comisiones.

Alternancia, años perdidos
BERNARDO BÁTIZ V.
Estamos sufriendo un fracaso histórico; los gobiernos panistas (como lo veíamos venir) han desperdiciado la gran oportunidad de rencauzar al país por el camino del orden, de la paz y de la justicia, especialmente de la justicia distributiva, que con el lema de Cambio Democrático de las Estructuras, el partido hoy en el Ejecutivo federal, mas no en el poder, anunciaba su proyecto en tiempos pasados y mejores.
Los datos objetivos se imponen con rudeza: hay una crisis económica como no se había visto en 100 años; la violencia descontrolada se extiende y se generaliza, está ya tocando con insistencia las puertas de la política; la educación pública, en manos de una dirigencia sindical descalificada, expoliadora de su propio gremio, difícilmente podría estar en una situación peor, pero la privada, que se imparte ya en buena medida en inglés, no está mucho mejor y prepara a las nuevas generaciones, por regla general, muy superficialmente, sin hondura moral y sin valores nacionalistas.
El campo y la industria están desmantelados e improductivos y la banca, que absorbe a través del Fobaproa buena parte de la renta nacional, es casi en su totalidad propiedad de extranjeros.
Sólo medran unos cuantos: por un lado, los que se han colado con o sin méritos a la burocracia de alto nivel y, salvo pocas excepciones, en el mundo empresarial prevalecen voraces especuladores que ganan fortunas inmensas sin prestar un servicio socialmente útil a la comunidad de la que forman parte.
La alternancia que se inauguró en el año 2000, después de 75 años de gobierno monopartidista y presidencia lista, ya hace una década, abrió la esperanza de cambios profundos; sin embargo, el tiempo corrió sin que veamos aún resultados positivos. Fue en aquel año el momento en que se debió demostrar que la larga y plural lucha por la democracia y por el cambio de las estructuras no fue estéril; lamentablemente, no pudieron los panistas y la ocasión quedó en el recuerdo.
Varias razones pueden explicarnos el porqué de esta oportunidad perdida: una, sin duda, fue la injerencia de los llamados poderes fácticos, que si bien eran aliados del gobierno del antiguo régimen, éste podía más o menos sofrenarlos. Quien llegó en 2000 a Los Pinos, más por el apoyo de sus amigos que por el trabajo de su partido no podía hacer lo mismo, no estaba formado ni en la doctrina ni en la disciplina de la oposición panista y, sin principios en que sostener las acciones de gobierno, sin solidez alguna personal o de equipo, como se ha dicho tantas veces, desperdició su capital político, que se desgastó demasiado pronto.
Otro factor que sin duda hay que considerar es que, salvo en la ciudad de México y en algunos localizados lugares de provincia, los que con motivo de la alternancia llegaron al poder, en lugar de aportar a la política mexicana nuevas y más sanas fórmulas de participar en esta ciencia y arte de la dirección pública, imitaron y muy frecuentemente superaron a aquellos a quienes desplazaron. Las prácticas de usar los bienes del erario con un criterio patrimonialista no fueron desterradas para el futuro ni sancionadas las del pasado; los nuevos políticos, en muchas ocasiones, resultaron peores que los anteriores.
En las filas de la oposición panista se decía, y no sin razón, que la mejor escuela de gobierno era la oposición; señalando las fallas y las corruptelas de quienes están en el poder, los aspirantes a tenerlo se curan en salud para cuando lleguen a él no cometer los mismos errores que en su tiempo señalaron con dedo flamígero.
Lamentablemente esta creencia no resultó cierta en muchos casos y a lo largo y a lo ancho del país estamos viviendo el desastre económico, social y moral que nadie puede negar, que deriva en buena medida de que más de uno de los ciudadanos recién llegados a los cargos públicos olvidó sus principios e imitó a sus predecesores. Lo peor que nos pudiera pasar es que perdiéramos la esperanza de un cambio y que nos conformáramos con el fatalismo de que estamos condenados a vivir bajo la égida de gobernantes irresponsables; la sociedad es perfectible, al igual que sus integrantes.
No es fácil, ciertamente; por ello, es necesario que la ciudadanía se organice desde abajo, que se prepare para asumir el poder, porque no es posible que sigan las cosas sin cambiar, con injusticias y arbitrariedades durante mucho más tiempo. En 2000 no todo fue inútil: el gobierno de la capital del país demostró que sí es posible gobernar con austeridad, con honradez y con eficacia. Si en este lugar y en ese momento pudimos vivir un cambio real en la política y en los políticos, no es imposible que en unos años más se pueda repetir la experiencia.

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EN EL PARAISO CACIQUIL

Crecerán finanzas de la entidad en tan sólo 1%
J. Carlos Medrano / Tiempo
Contrario a lo programado a principios de año por la Secretaría de Economía (SE) estatal en cuanto a que la entidad registraría un crecimiento en sus finanzas del dos al tres por ciento, el titular de la dependencia, Héctor Gómez Núñez, admitió que apenas si llegará al uno por ciento.
El funcionario responsabilizó de estos resultados a la política económica implementada por el gobierno federal, la cual “no fue acertada, lo que obligó a hacer algunas adecuaciones y reorientar el paquete económico, lo que sin duda impactó negativamente en la entidad”.
Recordó que con la última caída del trimestre pasado del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional que fue superior al diez por ciento, Oaxaca sufrió también una caída financiera, lo que imposibilitó aun más el desarrollo de las finanzas locales.
Rechazó que al interior de la administración estatal se hayan hecho pronósticos halagadores en cuanto al crecimiento de las finanzas, por el contrario “éstos fueron muy objetivos pues desde inicios de año la Secretaría de Economía avizorando el panorama mundial que no era halagador, y con la contingencia sanitaria, que también influyó grandemente, estimaba un desarrollo no mayor al que se tenía que era de dos a tres por ciento”.
Aseguró que de acuerdo con reportes de las cámaras empresariales las demandas fueron totalmente cumplidas y sólo queda una “franja que hay que atender”.
Comentó que la aportación que hace el estado de Oaxaca al PIB nacional, refleja el bajo nivel de desarrollo que tiene la entidad oaxaqueña.

Buscan concretar Ley de Participación Ciudadana en Oaxaca
Sayra Cruz
[06:33] Unas 21 organizaciones presentaron ayer a la LX Legislatura local el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana para la ciudad de Oaxaca en cuyas propuestas destaca la instauración del referéndum y el plebiscito.
El documento, integrado por 13 instrumentos de participación ciudadana, pretende lograr las bases para que la sociedad tenga posibilidades de participación efectiva, en las cuestiones públicas que le atañen.
El líder de la organización por una Educación Alternativa (Educa), Marco Leyva Madrid, mencionó que este trabajo se constituyó después de un año de diversos eventos como foros en donde se discutieron y se reflexionaron varias expresiones, así como talleres que culminaron con la elaboración del anteproyecto.
“Este fue un proceso participativo”, dijo Leyva Madrid.
Abundó que son 13 instrumentos y apartados con los que cuenta este documento, así como un apartado para la creación del Consejo Ciudadano, “desde este documento se derivan varios apartados y se desglosa el procedimiento”, mencionó.
En ella también participaron académicos, organizaciones comunitarias y comunidades, por eso consideró que esta iniciativa recoge los anhelos y demandas de participación ciudadana que se ha expresado de tiempo atrás.
“Pretende generar las condiciones necesarias para que la sociedad tenga posibilidades de participación efectiva en las cuestiones públicas, en las cuestiones que le atañen”, dijo.
Los instrumentos de participación y figuras propuestas en este ante proyecto se encuentra la implementación del referéndum, plebiscito, el de la revocación del mandato, la remoción administrativa y contempla un órgano que garantizar la aplicación de la Ley.

REPROBADO EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO, NO LOS MAESTROS NI LOS ALUMNOS.
Pedro Echeverría V.
1. El 24 de agosto se publicó que hubo un 70 por ciento de profesores de primaria y secundaria reprobados en pruebas realizadas por el gobierno y el sector privado; con ello la clase dominante busca lavar su profunda incapacidad y corrupción y, al mismo tiempo, busca culpar a los profesores y estudiantes de la pésima educación en México, que por cierto el país ocupa los últimos lugares en el mundo. Esos mismos profesores, laborando en escuelas privadas o en los EEUU, son muy cumplidos y eficientes. ¿Cuál entonces es la causa? Una gran corrupción gubernamental y sindical (SNTE) cuyo único objetivo es obtener simpatizantes y votantes entre el millón y medio de profesores, organizar grupos entre ellos repartiendo dinero, cargos, licencias, préstamos y permitiendo todo.

2. Que hay alumnos y maestros muy irresponsables, nadie puede negarlo; muchos alumnos que no les gusta estudiar, que son obligados por sus padres, y muchos profesores que recibieron un título sin tener vocación y laboran por necesidad de ingresos. Pero tampoco puede negarse que los exámenes o pruebas –además de los miles de recomendados- sólo miden lo que desean los que la aplican, es decir, se construyen para conseguir lo que se quiere. La pregunta inicial del que elabora la prueba es: ¿Cuántos quieres que aprueben y cuántos deben quedar rechazados? ¿Qué tipo de personal necesitas y cómo quieres que piensen? Una prueba es como un colador y un embudo, sólo pasan los que los propietarios o autoridades necesitan o autorizan.


3. Hasta los años setenta en México ingresaban sin examen de admisión todos los estudiantes que entregaran sus antecedentes de escolaridad y hasta 1960 hubo una gran necesidad de profesores en el país y recibían plazas hasta quienes no habían terminado la carrera de normalista. Se hablaba de deficiente preparación pero nadie era rechazado por falta de cupo o por falta de plazas de maestro. Pero en las siguientes décadas creció la población y en lugar de aplicar mayor presupuesto educativo, ampliar las escuelas y contratar profesores para que el país supere sus deficiencias, el gobierno tomó el camino de los recortes, así como lo hizo en servicios de salud, hospitales, médicos y medicinas. Mientras en México se necesitan cientos de miles de maestros y médicos, se cierran las carreras y se rechazan a estudiantes.


4. La educación estuvo siempre muy mal, pero a partir de 1982, con la crisis económica producto del desplome de los precios del petróleo, la introducción abierta del neoliberalismo y la privatización, la educación empeoró. Los secretarios de Educación, totalmente ignorantes de los problemas educativos, sólo pudieron actuar subordinados a los dirigentes nacionales del SNTE. Tanto en las oficinas centrales de la SEP, como en las delegaciones de los estados, el SNTE impuso a las autoridades con nombramientos firmados por la SEP. El sistema educativo: presupuestos, planes, programas, asignaturas, contratación de personal, cursos de nivelación, calendarios escolares, horarios, todo, bajo el control de las autoridades corruptas de la SEP/SNTE.


5. La dirigente del SNTE, Esther Gordillo, con más de 20 años como cacique sindical, es quien ha determinado (de acuerdo a sus intereses) sobre las políticas educativas durante esas dos décadas. Con la representación legal de millón y medio de afiliados, fue secretaria general del PRI, al mismo tiempo coordinadora de los diputados de ese partido, al mismo tiempo dirigente del FSTSE y aliada fundamental del presidente de la República. Hoy se da el caso que los más recientes exsecretarios de Educación Pública –que demostraron una ignorancia total en su desempeño- son los coordinadores de diputados del PAN (Josefina Vázquez) y de Nueva Alianza (Reyes Tamez). Fueron los personajes de los gobiernos panistas que más desgraciaron la educación mexicana.


6. La educación mexicana se ha desplomado porque la economía y el mismo sistema de explotación capitalista se están hundiendo. ¿Cómo tener en México una buena educación si el 70 por ciento de los estudiantes no tienen una alimentación adecuada, si los ingresos de los padres son miserables y los estudios de éstos son de alrededor de cinco años? A pesar de esta base estructural determinante algo se podría salvar si los gobiernos se preocuparan realmente por la educación y comprendieran la vital importancia de ésta. ¿Cómo hablar de preocupación del gobierno si en vez de aprobarse mayor presupuesto (para manejarse con equidad y honradez) y para hacer más grande el sistema educativo, año tras años se recorta o no se ejerce? El cinismo es brutal.


7. ¿Cómo puede construirse una buena educación en México si existe un proceso de privatización que destruye todo lo avanzado en educación pública? ¿Cómo pueden los gobiernos del país defender la educación pública si casi todos ellos (los principales gobernantes) estudiaron en colegios privados de alto nivel o en los EEUU? Necesitamos realizar profundas transformaciones para poner de pie la educación dado que todo está de cabeza. Los profesores que trabajan real y honradamente no son reconocidos, porque son los políticos y los militantes del sindicalismo corrupto los que dominan. ¿Cómo gozar de una buena educación en nuestro país si los valores y conductas que se expanden tienen que ver con la subordinación a las altas autoridades?


8. La educación en México sólo podrá rescatarse con una revolución total desde abajo. Desde los maestros con alto nivel de conciencia y de lucha, hasta los estudiantes y sus padres que se manifiesten para reclamar la educación popular, pública y gratuita. Los ejemplos de Oaxaca y Michoacán –donde los profesores luchadores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) han tenido mucha presencia- pueden ser ejemplos para lograr una educación crítica y participativa en el país. Desafortunadamente las experiencias iniciales del Colegio de Ciencia y Humanidades, en donde los planteamientos de Freire dominaron en sus primeros ocho años de vida (1971-78), se vinieron abajo. Lo mismo debería decirse del desplome del movimiento estudiantil universitario anticapitalista.

LOS OPACOS Y VENTAJOSOS DIPUTADOS
El País.

El cambio ocurre en medio de múltiples cuestionamientos a la opacidad con la que operan.
La Cámara de Diputados mexicana está a punto de renovarse. El 1 de septiembre tomarán posesión 500 nuevos legisladores. El recambio ocurre cuando hay múltiples cuestionamientos a la opacidad con que opera ese cuerpo legislativo. Botón de muestra de esa conducta fue el bono que los integrantes salientes de la llamada Cámara Baja se autoasignaron en diciembre pasado, como compensación para subsanar el pago de impuestos por un bono de fin de año correspondiente a 2008.
En México, en el pasado acudimos frecuentemente a dispensar a las autoridades asumiendo que "cada pueblo tiene el Gobierno que se merece". Pero esta premisa que sólo reforzaba la resignación ante el abuso de autoridad, empieza a ser puesta en jaque por la ciudadanía
Para tratar de contribuir a romper esta cultura de abuso impune de las autoridades e indiferencia de la sociedad, y haciendo uso de mecanismos legales de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Movimiento Dejemos de Hacernos Pendejos DHP* presentó a la Cámara de Diputados una petición ciudadana exigiendo que se les explicara de manera formal el por qué los diputados se habían compensado ese impuesto por concepto del aguinaldo (paga navideña extra), cuando es obvio que el resto de la ciudadanía sí pagó al erario público.
La petición se presentó con 4.000 firmas ciudadanas y cumplió con todos los requisitos legales, pero los diputados no respondieron en el plazo constitucional. Ante el silencio de los legisladores, la prensa increpó al presidente de la Cámara, el diputado priista César Duarte, quien sin entrar en materia, en un gesto más de opacidad, argumentó que no atendería la petición debido a que el nombre del movimiento les parecía altisonante.
La rendición de cuentas es un motor de democracia inservible si no es asumida como una obligación irrenunciable de los representantes y si al esquivarla no corren riesgos políticos, ni afrontan consecuencia alguna. Con la intención de que un abuso de autoridad como éste tenga consecuencias, el 20 de julio pasado el DHP* promovió un amparo por violación a la garantía individual de recibir respuesta frente al derecho de petición (Art. 8 Constitucional), con el objetivo de que el Poder Judicial obligara a los diputados a responder.
Además, ante el hecho de que los diputados atienden con oportunidad y diligencia a sus cúpulas partidistas, el DHP* envió una carta a la presidencia nacional de los partidos mayoritarios PRI, PAN y PRD para que intercedieran a fin de que los coordinadores de cada bancada contestaran la petición.
Finalmente, el lunes 10 de agosto, en un acto de irresponsabilidad alevosa, la Cámara de Diputados entregó una "respuesta" sin atender la petición ciudadana como tal. La resolvió como si fuera una solicitud de información, de modo que la instancia que responde es la Unidad de Transparencia de la Cámara.
En su respuesta aceptan que sí se compensaron el impuesto al aguinaldo. Dicen que dicha compensación se aprobó el 6 de noviembre del 2008, por acuerdo de la Comisión de Administración y en concurrencia con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
En efecto, los diputados están facultados legalmente para tomar acuerdos, pero la Ley los obliga a que los fundamenten jurídicamente y establezcan el espíritu de su decisión. Sin embargo, el acuerdo con el que decidieron regresarse el impuesto de su aguinaldo, no está justificado. Así que podemos suponer que realizaron una asignación ilegal de recursos públicos para engordar sus bolsillos.
El DHP* pudo haber solicitado la información a través de la Unidad de Transparencia de la Cámara, pero optó por la petición ciudadana bajo el supuesto de que obligaría a los diputados a discutir en sesión plenaria la respuesta y que permitiría, en caso de no ser resuelta en tiempo y forma, recurrir al Poder Judicial para que interviniera.
Existe una premeditada opacidad que encubre al Poder Legislativo y a los "otros sujetos obligados" en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esto desmotiva a cualquiera a requerir información pública que comprometa a las autoridades. Las lagunas que presenta la normatividad se deben a una pendiente regulación que los legisladores siguen postergando. En el ámbito federal, existen básicamente tres condiciones que entorpecen la rendición de cuentas.
Primero, está la distinción entre el Poder Ejecutivo y los "otros sujetos obligados" que hace la LTAIPG y cuyo incumplimiento supone consecuencias distintas. La rendición de cuentas y el acceso a la información del Poder Ejecutivo están garantizados en mayor medida, debido a que tiene que asumir los dictámenes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en caso de que la negación o el estado de la entrega de la información no hayan sido plenamente justificados.
En contraste, para los otros sujetos obligados como el Poder Legislativo, el Judicial, el Instituto Federal Electoral o el Banco de México, entre otros, la entrega o negación de información está supeditada al dictamen de unidades de transparencia integradas por funcionarios de los mismos órganos. De modo que si un ciudadano se inconforma ante la negación o la entrega incompleta de información, debe recurrir al Comité de Información, instancia igualmente integrada por funcionarios de las propias instituciones, para que le resuelva la controversia. Entonces, por absurdo que parezca, al ser juez y parte en las resoluciones de las inconformidades, los otros sujetos obligados no incumplen la ley cuando dejan al ciudadano desprotegido.
En segundo lugar, enfrentamos la poca disposición de nuestros representantes para hacer accesible la información pública. Una de las innovaciones de la LFTAIPG es el reconocimiento del Internet como herramienta para la rendición de cuentas. Y aunque los diputados están obligados a hacer público el ejercicio de su gasto, no es posible encontrar en la página de internet de la Cámara información sobre el monto, justificación y origen de los recursos con los que se compensaron el impuesto mencionado.
La tercera limitante es la ausencia de elementos coercitivos que obliguen a las autoridades a dejar de simular su apego al principio de máxima publicidad. Mientras no asignen responsabilidades administrativas en razón de la opacidad, la transparencia responderá sólo a las astutas simulaciones.
En el caso de la compensación del bono navideño aquí descrito, el Poder Legislativo hizo gala de una opacidad indignante. Se otorgaron privilegios fiscales frente al resto de la sociedad, no atendieron la petición ciudadana en los tiempos que establece la Constitución y le dieron trato de solicitud de información, en un proceso con el que pretenden ser juez y parte.
Afortunadamente, ante su incompleta y tardía respuesta, los ciudadanos podrán demandar penalmente a los diputados, señalando la ilegalidad con que decidieron entregarse recursos públicos. Llegó el momento de poner un alto a los abusos de poder. Los ciudadanos en México han decidido que el gobierno que tienen no es el que merecen y que para cambiarlo hay que ejercer acciones valientes e inteligentes que lleguen hasta las últimas consecuencias.

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GORILETTI, DOS MESES.

A dos meses del zarpazo en Honduras
Ángel Guerra Cabrera

Washington pudo haber desmontado por anticipado la aventura golpista en Hondura, pues el Departamento de Estado –no se digan el Pentágono y la CIA- conocía al dedillo los aprestos, en el país centroamericano y en Estados Unidos, para derrocar al presidente Zelaya. O podía haberlo hecho con posterioridad a la reunión de la OEA, cuando se manifestó el clamoroso rechazo latinoamericano a la asonada.

Bastaba que hubiese congelado las cuentas bancarias en Estados Unidos y prohibido el ingreso a ese país de los jerarcas del gobierno gorila si es que le parecía excesivo el retiro temporal de los 600 militares que mantiene en la base de Soto Cano. Nadie puede discutir que al vecino del norte no le tiembla el pulso en materia de sanciones cuando son de su interés; y si no, allí están intactas las medidas que intentan matar de hambre y enfermedades al pueblo de Cuba hace casi medio siglo. En este caso se trataba de un simple tirón de orejas a los cabecillas oligárquicos del golpe que los hubiera rendido al instante puesto que –como a sus pares de América Latina- la vida les resulta insoportable sin casa en Miami y cuenta bancaria en Estados Unidos.

La cuestión central es que la oligarquía y el ejército hondureños han sido criaturas e instrumentos orgánicos de la potencia estadunidense desde fines del siglo XIX y de eso depende toda su fuerza militar y política, delegada por aquella. Por consiguiente, sobre Washington recae, cuando menos, la responsabilidad moral del golpe. Recuérdese que Honduras fue sede del virreinato de John Negroponte en los ochentas: centro de actividad de escuadrones de la muerte, rampa de lanzamiento de la guerra contra la revolución Sandinista y las insurgencias en El Salvador y Guatemala, epicentro del escándalo Irán-contras y de las operaciones de la CIA en América Central, entre cuyas piezas fundamentales están el architerrorista Luis Posada Carriles y Félix García, quien ordenó el asesinato de Che Guevara. El torturador Billy Joya, asesor de seguridad de Micheletti, pertenece a esa camada y es fundador de aquellos escuadrones de Negroponte.

En el mejor de los casos los gorilas fueron estimulados y empujados al golpe por poderosas fuerzas políticas del establishment estadunidense sabiendo de antemano que Obama no podría oponérsele enérgicamente ni siquiera por salvar la cara luego de sus rutilantes promesas en la Cumbre de las Américas. ¿Quién toma en serio hoy aquella cumbre con las bases en Colombia y su sombría amenaza?

En resumen, a dos meses del golpe de Estado queda claro que, en términos de acciones políticas, Washington no pasará del apoyo al “Acuerdo de San José”, concebido por el Departamento de Estado para que el régimen gorila se consolide dando tiempo a que expire el mandato de Zelaya o, tal vez, entregar a este por unos días u horas, vísperas de elecciones amañadas, una presidencia “atada de pies y manos”, como la ha calificado su esposa Xiomara Castro. De allí la importancia de que se mantenga viva la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos progresistas con la resistencia antigolpista pues será más difícil mantener el aislamiento diplomático de los gorilas una vez que se bañen en el Jordán de las elecciones.

En todo caso, el Frente Popular de Resistencia contra el Golpe de Estado ha dado una batalla ejemplar, mucho más consistente y prolongada que la imaginada inicialmente por sus dirigentes más optimistas pero insuficiente para derrocar a corto plazo a una dictadura militar apoyada bajo cuerdas por Estados Unidos. No hay la menor señal de que podamos esperar en lo inmediato la restitución del orden institucional en Honduras, aun en el improbable caso de una fugaz reinstalación de Zelaya. De la OEA no vendrá la solución.

De modo que las fuerzas populares están abocadas a una lucha prolongada y ya no limitada a la meta inmediata del retorno de Zelaya sino a lo que resalta como aspiración mayoritaria del movimiento popular hondureño: la instauración de un régimen surgido de un gran proceso de consulta al electorado y de una asamblea constituyente de raíz y carácter popular, antioligárquico y por la justicia social. Tal lucha sólo podrá triunfar si está asentada en la más estrecha unidad de las fuerzas populares puesto que su victoria no sólo implicaría un desafío a la oligarquía y al ejército hondureño sino al orden geopolítico decidido por Estados Unidos en nuestra región.

Golpe de Estado ni dios lo quita”; en Chile duró 17 años, ¿Cuántos en Honduras?
Pedro Echeverría V.

1. La diferencia entre un Golpe de Estado y una Revolución es radical. El primero es la toma violenta del poder por militares generalmente guiados por un sector de la clase política, es decir por elementos internos del propio gobierno (Honduras) o bien cuando los militares se hacen directamente cargo (Huerta en México, Pinochet en Chile); en los tres casos con apoyo de los EEUU. Pero también puede haber golpes de Estado ejecutados por las fuerzas económicas del mercado, cuando un oligopolio internacional desplaza del poder a otro. Algunos hablan de influencia excesiva del poder militar en el gobierno civil que en muchos de los casos lo llevan a cabo mediante los golpes de estado o pronunciamientos. La Revolución, por el contrario, es un profundo movimiento social de abajo, de los explotados, contra el sistema de explotación y opresión.

2. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza señaló el miércoles que retornó de Honduras sin acuerdo alguno. Indicó en el Consejo de la OEA que ''la amnistía para lo propiamente político no debería ser una dificultad'', pues está contemplada en la constitución de Honduras y es algo que opina podría manejarse. Indicó que el presidente de facto, Roberto Michelleti reconoció que hubo un ''grado de error'' en sacar a Zelaya del país durante el golpe. Dijo Insulza que hay una gran oposición al regreso de Zelaya. “No encontramos a nadie que estuviera de acuerdo con el retorno''. El representante alterno de Estados Unidos, Lewis Anseelem, indicó durante la sesión que su país ha suspendido ''toda ayuda no esencial'' a Honduras y sostiene que el regreso de Zelaya es ''indispensable''. Como dicen: “golpe dado ni dios lo quita”.

3. El golpista Michelleti se siente muy cómodo y seguro como presidente de facto en Honduras. El cacareado bloqueo decretado por la OEA y el gobierno de Obama fue una farsa. El golpista se ha reído de las medidas y ha declarado que está dispuesto a resistirlas. El pueblo hondureño demostró una gran fuerza en las calles condenando el golpe de Estado y exigiendo el regreso del presidente Manuel Zelaya, pero al parecer la represión fue más fuerte y los líderes del movimiento poco pudieron hacer. El golpe de Estado de Honduras tiene muchas similitudes con el realizado Chile en 1973, pero también muchas diferencias; aquel fue más descarado y brutal porque el gobierno de Allende se había declarado socialista y porque el gobierno de los EEUU intervino de manera abierta; además la lucha de clases y su antagonismo fue clara.

4. El general Pinochet, después de su sangriento Golpe de Estado en Chile para derrocar y asesinar a Salvador Allende, estuvo en el poder 17 años (1973-90) porque contó con todo el apoyo del gobierno de Nixon y su canciller Kissinger, pero luego con todos los demás gobiernos yanquis. Pinochet además fue apoyado por los grandes empresarios y parte de las clases medias chilenas de la derecha, así como por el clero y los partidos cristianos. Michelleti y sus generales han contado con el apoyo “subterráneo” del gobierno de Obama y la Clinton, así como el de los empresarios y el clero. Aunque casi todos los países han condenado el Golpe, la realidad es que en la mayoría ha sido una condena verbal muy tibia, mucho para estar acorde a Obama y salir del paso; y eso lo sabe muy bien el golpista hondureño y sus generales.

5. La realidad es que el derrocamiento de Zelaya ha significado una derrota a la corriente de izquierda de Chávez/Morales/Correa y un triunfo de Obama y los gobiernos incondicionales a él. El gobierno de Zelaya –a pesar de sus orígenes empresariales y burgueses- se había acercado mucho al venezolano y eso, para Obama, era muy peligroso en estos años en que el balance de las fuerzas en Latinoamérica está favoreciendo a las tendencias progresistas. En este punto puede verse que el golpe de Estado en Honduras tiene claras similitudes con el de Chile de 1973 pues también Allende significaba el inicio del ascenso de gobiernos de izquierda por la vía electoral. El derrocamiento de Allende demostró una vez más que por la vía electoral no se podría construir el socialismo y fortaleció la lucha guerrillera en Nicaragua y El Salvador.

6. En los últimos 10 años se ha demostrado que sí pueden llegar al gobierno personajes de izquierda y de centroizquierda por la vía electoral. Sin embargo, fuera de los casos Venezuela/Bolivia/Ecuador, que han logrado reformar o cambiar sus Constituciones, los demás gobiernos siguen maniatados o atados por las Constituciones burguesas y eso los obliga a seguir gobernando para la misma burguesía que dijeron antes combatir; pero lo más grave es que –como sucedió en Chile y en Honduras- son víctimas fáciles de golpes de Estado mediante la acusación de que han violado la Constitución. Asumir el gobierno ha resultado menos difícil que mantenerse en él realizando los cambios más urgentes y necesarios para el pueblo. Lula, Tabaré, Bachelet, Kirchner, no han podido hacer nada para debilitar las formas capitalistas de explotación. Las han renovado.

7. Ahora los líderes de la OEA y otros gobiernos hablan de la necesidad de una “reconciliación” en Honduras, es decir, que se acepte todo lo sucedido. El gobierno golpista de Michelleti parece fortalecido porque incluso plantea que está dispuesto a resistir el tiempo necesario. Sus partidarios están puestos para realizar manifestaciones apoyadas por empresarios y medios de información. El presidente de facto está dispuesto a realizar entre unos meses las elecciones y a entregar el poder al presidente (seguramente incondicional del él) electo. El gobierno de Obama, con la instauración de bases militares en Colombia ha desviado la atención en Honduras demostrando que puede hacer cosas peores. Hoy casi nadie recuerda a Zelaya porque las bases militares son indudablemente, más amenazantes. Chávez, Morales y Correa deben cuidarse.

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CON ASISTENCIALISMO Y PATERNALISMO.

Preocupa el riesgo de un estallido social, admite Cordero Arroyo
Es por ello que se atiende de manera especial a los mexicanos en pobreza, afirma. Es un tema que inquieta a los gobiernos federal, estatales y municipales, comenta el funcionario. Los programas, insuficientes; ninguna política compensa una recesión económica como la actual
ANGÉLICA ENCISO L.
Enviada
Mérida, Yuc., 27 de agosto. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero Arroyo, admitió que a los gobiernos de todos los niveles les preocupa el riesgo de un estallido social, por lo cual se atiende de manera especial a los mexicanos en pobreza.
–Diversos sectores, como la Iglesia, han advertido del riesgo de un estallido social. ¿Qué opina sobre esto?
–Respecto de los señalamientos de la Iglesia, creo que es un tema que a todos los gobiernos estatales, municipales y federales (sic), y gobiernos de todo el mundo, nos preocupa y por esto se está atendiendo de manera muy especial a los mexicanos en condiciones de pobreza.
En una situación económica como la que vive el mundo, es difícil que la sociedad más pobre, las familias más pobres, no sean las primeras en verse afectadas. Por esto hemos fortalecido los programas de política social. Lamentablemente, no ha sido suficiente, no hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo. Pero hemos hecho nuestro esfuerzo, estamos presentes y atendemos a las familias más pobres, abundó.
Dijo que se han fortalecido programas como Oportunidades, cuyo padrón se amplió en 200 mil familias, por lo que ahora son 5.2 millones de hogares los que reciben los apoyos alimentarios, de educación y salud. Estos son los programas que hay que apoyar, los que están bien focalizados, dijo.
Sobre el recorte presupuestal que afectó a la dependencia, precisó que asciende a 2 mil 100 millones de pesos, 3 por ciento del programa total de subsidios de la Sedeso, una pequeña parte del presupuesto total, que asciende a unos 64 mil millones de pesos.

Ven móvil social en ataque a Barbosa
Las principales líneas de investigación en el atentado que sufrió Maximiano Barbosa Llamas, fundador de El Barzón, en el que también fue herido su hijo Maximiano Barbosa Robles, tienen que ver con sus actividades como luchador social
REDACCIÓN
EL UNIVERSAL

GUADALAJARA, Jal.— El procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, dijo que las principales líneas de investigación en el atentado que sufrió Maximiano Barbosa Llamas, fundador de El Barzón, en el que también fue herido su hijo Maximiano Barbosa Robles, tienen que ver con sus actividades como luchador social.
Indicó que se analizan presuntos problemas de tierras: “Tenemos las actividades que el señor Maximiano hacía, como manifestaciones, de luchas sociales, tenemos muchas líneas de investigación, tenemos un cúmulo de líneas para agotar”.
Aseguró que “será muy importante la participación de los testimonios de quienes están muy cercanos a él, sus familiares, abogados, amigos, que puedan aportar información para aclarar a la mayor brevedad este caso”.
El miércoles, Barbosa Llamas acudió con su hijo y su esposa Guadalupe Robles al balneario El Retano, en el municipio Casimiro Castillo, donde se reunió con ejidatarios y amigos. Al salir del lugar, alrededor de las 19:00 horas, tres individuos dispararon con sus armas calibre .9 milímetros contra el activista agrario, hiriéndolo en el abdomen y tórax. Su hijo, de 23 años. resultó con severas lesiones en la cabeza.
Tras el atentado, el líder fue intervenido quirúrgicamente y anoche se reportaba estable, mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte al no poder ingresar al quirófano ante la gravedad de sus lesiones, informaron autoridades del estado.
En la capital del país, El Barzón-Unión, encabezado por el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a las autoridades locales y federales actuar de inmediato para esclarecer el atentado.
Tras el ataque fue localizado uno de los vehículos de los agresores. Peritos realizaron los levantamientos de huellas dactilares. (Con información de Mae López y Julián Sánchez)

Los "contras" de Chiapas: nombres y apellidos
ISAíN MANDUJANO
Una serie de revelaciones expuestas a raíz de la desclasificación de documentos efectuada recientemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del National Security Archive, permite confirmar que el Ejército Mexicano fomentó la creación de grupos paramilitares en Chiapas. En el siguiente reportaje, Proceso pone nombre y apellidos a algunos de los presuntos implicados... todos impunes.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La contrainsurgencia en Chiapas tiene nombres y apellidos. Pero una de las claves para desentrañar cómo el Ejército Mexicano propició la formación de grupos paramilitares en Chiapas, a los que entrenó y protegió, fue borrada por narcotraficantes hace casi un par de meses en Acapulco, Guerrero.
De hecho, hace una semana el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó documentos que permiten confirmar el apoyo del Ejército Mexicano a esos grupos armados. Los documentos fueron solicitados, obtenidos y difundidos por la organización no gubernamental Archivo Nacional de Seguridad, con sede en Washington.
En un escueto comunicado, el 7 de junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el capitán segundo de infantería Germán Parra Salgado y el soldado de transmisiones Juan Loaeza Lanche fueron acribillados a tiros tras enfrentarse con una célula del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre cuyos miembros hubo 16 sicarios muertos y cinco detenidos.
El nombre de uno de los militares fallecidos pasó casi inadvertido. Al momento de su muerte, Germán Parra Salgado era miembro del 56 Batallón de Infantería, destacamentado en Cumbres de Llano Largo, Guerrero. Pero 12 años atrás, en 1997, cuando ocurrió la masacre de Acteal, el capitán Parra Salgado era el mando responsable de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) con sede en el municipio de Chenalhó.
Parra Salgado fue el militar que transmitió la orden directa de no detener ni molestar a los civiles armados del PRI que fueran sorprendidos en esa zona.
Un grupo de policías estatales detenidos en 1998 lo señalaron entonces como el encargado de la vigilancia y la seguridad en la zona, a quien estaban subordinadas todas las corporaciones de esa BOM.
La acusación provino de Ayar Díaz Francisco, Sebastián Luna Pérez, Andrés Meneses Chávez, Filemón Morales Escalante, Albert Salas Meza, Andrés Cruz Ángel, Luis García Ruiz, los comandantes Felipe Vázquez Espinoza, Roberto García Rivas y Roberto Méndez Gómez, así como el jefe de sector de la policía en Chenalhó, el comandante Absalón Gordillo Díaz. Todos ellos pasaron algunos años en el penal de Cerro Hueco.
También el exagente del Ministerio Público del fuero común Roberto Arcos Jiménez, en sus declaraciones ministeriales ante el juez segundo de distrito del fuero federal, le atribuyó a Parra Salgado las órdenes de que “si eran priistas que los dejaran en libertad” y que les devolvieran sus armas, lo que ocurrió repetidas veces en las comunidades de Chimix, Canolal, La Esperanza y otras más del municipio de Chenalhó.
Los mismos policías estatales refirieron que incluso muchos de los civiles portaban armas “mucho mejores” que los uniformados.
Y aunque los dejaban ir, daban parte al comandante policiaco Antonio del Carmen Nuricumbo; al director de la policía estatal, José Luis Rodríguez Orozco, y al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Presidencial Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la Policía Estatal, quien tenía como asesor al general brigadier –también retirado– Julio César Santiago Díaz, quien estuvo cerca de la balacera el día de la masacre de Acteal.
A menos de un kilómetro, Santiago Díaz escuchó los disparos y nada hizo para evitar la matanza ni pidió refuerzos para perseguir al grupo armado que ejecutó a los indígenas. Estuvo preso unos años, pero fue liberado después ya muy enfermo. (Proceso 1113)
Los mandos policiacos estatales se justificaron ante el juez federal: nada podían hacer ante la orden militar expresa. Ellos, los militares, tenían el control de la zona y las fuerzas policiacas estatales estaban sometidas.
Parra Salgado nunca fue citado a comparecer y desapareció de Chiapas. Sólo se tuvo noticias de él hace casi tres meses, cuando fue acribillado por narcotraficantes en Acapulco.
Espías
Parra Salgado, Santiago Díaz y Gamboa Solís no fueron los únicos mandos militares implicados en la tolerancia de esos grupos armados.
Mariano Pérez Ruiz, un indígena tzotzil originario de Acteal Alto, municipio de Chenalhó, se alistó en las fuerzas armadas como soldado de infantería el 11 de marzo de 1992 y quedó adscrito al cuartel militar de Rancho Nuevo, a escasos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.
De acuerdo con el expediente penal 96/98 de la Procuraduría General de la República (turnado al entonces juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Michel Sánchez), Mariano Pérez Ruiz participó en los primeros días de combate tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994, cuando los rebeldes atacaron el cuartel de Rancho Nuevo.
En 1995, cuando arribó como comandante de la VII Región Militar el general Mario Renán Castillo Fernández, muchos militares alistados en Chiapas fueron comisionados a sus regiones de origen para hacer labor de inteligencia. Mariano Pérez Ruiz fue uno de ellos. Como parte de la estrategia de las fuerzas armadas para recopilar información de primera mano, le tocó regresar a Chenalhó a investigar la presencia de focos zapatistas.
Pérez Ruiz se involucró tanto en su región que terminó enrolándose con los priístas armados que se movilizaban por las comunidades de Chenalhó. Después de la masacre de Acteal, fue capturado en febrero de 1998 y acusado por la PGR ante un juez federal por haber entrenado en su “período vacacional” a los civiles armados.
La causa en su contra acreditó que al menos del 16 al 30 de noviembre de 1997 adiestró en el uso de las armas a quienes ejecutaron a las 45 personas del grupo civil Las Abejas en el paraje de Acteal, la mayoría mujeres y niños.
En 1999, el juez Michel Sánchez lo condenó a dos años de prisión y una multa de mil 86 pesos por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, según el expediente penal 96/98.
Aunque la Fiscalía Especial para el Caso Acteal de la PGR anunció que impugnaría la sentencia por considerarla muy leve, en realidad nunca lo hizo. Pérez Ruiz quedó libre tras pagar una fianza de no más de 17 mil pesos.
Misión cumplida
Todas las operaciones de los paramilitares y la protección que recibían del Ejército no eran ajenas para Mario Renán Castillo Fernández, experto en contrainsurgencia a quien le fue conferido el rango de general de división en marzo de 1993, meses antes del levantamiento armado zapatista.
Como uno de los más destacados exponentes en México de la teoría de la guerra de baja intensidad, Castillo Fernández fue designado responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, una estrategia de contraofensiva ante el grupo rebelde.
Cuando el general Miguel Ángel Godínez Bravo dejó la comandancia de la VII Región Militar, Castillo Fernández asumió ese cargo el 1 de febrero de 1995. A su mando quedó la embestida del Ejército contra el EZLN el 9 de febrero de 1995.
Con un doctorado en Psicología Militar y egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el comandante de la VII Región Militar estaba al tanto de todo lo que ocurría en la zona del conflicto desde su cuartel general en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
Fue público el apoyo de las fuerzas armadas al grupo Paz y Justicia, durante el periodo de Castillo Fernández en Chiapas. Gracias a las gestiones del militar, el gobierno estatal de Julio César Ruiz Ferro le entregó a esa organización al menos 4 millones 600 mil pesos, en julio de 1997, como parte de un “convenio de Desarrollo Productivo”. El general firmó como “testigo de honor”.
A Paz y Justicia se le atribuyen más de 122 ejecuciones de miembros de las bases de apoyo del EZLN. Su líder, el diputado local priista Samuel Sánchez, llenó de elogios al general el 15 de noviembre de ese año, cuando lo despidieron en el cuartel general: “Nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa a uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros, obliga a la gratitud”, según constató el entonces corresponsal de Proceso en Chiapas, Julio César López.
La misión de Castillo Fernández estaba cumplida. Dejó el cargo 36 días antes de la matanza de Acteal, el 16 de noviembre de 1997.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó los movimientos de los paramilitares durante la estancia de Castillo Fernández en Chiapas. Concentrados en la guerra que libraban los miembros del grupo Paz y Justicia en la zona norte del estado contra las bases de apoyo del EZLN, poco documentaron lo que se gestaba en Chenalhó
Agrupamiento Chiapas
El traslado de Castillo Fernández no obedeció a que hubiesen terminado las operaciones de contrainsurgencia. De forma sigilosa, desde varios años atrás, el coronel de infantería Leopoldo Díaz Pérez se movía por todo el estado de Chiapas, donde había conflictos.
Díaz Pérez estuvo ligado a las fuerzas estadunidenses desde que en 1988 se integró a la Agregaduría Militar y Aérea en la Embajada de México en Washington. La Hoja de Servicio número 6714659 lo ubica ese mismo año como asesor ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor de la Sección Mexicana ante la Comisión México-Estados Unidos de Defensa Conjunta. En 1993 volvió a ese país, “en comisión oficial de la Sedena”.
Leopoldo Díaz Pérez estaba donde había conflictos y el Ejército hacía presencia: participó en cada acción de desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas que ordenó el entonces gobernador Roberto Albores Guillén, en 1998, y en las supuestas deserciones y entrega de armas al gobierno de presuntos milicianos del EZLN en 1999.
El coronel Díaz Pérez cumplía con el encargo del general Castillo Fernández: estar al frente del “Agrupamiento Chiapas”, una fuerza especial de la que poco o nada se sabe, pues la Sedena mantiene sus archivos como información clasificada bajo el rubro “Documentación relacionada al levantamiento armado en el estado de Chiapas”.
Esas fuerzas especiales estuvieron comandadas por Díaz Pérez desde el 16 de diciembre de 1996, cuando fueron creadas por Castillo Fernández, hasta el 15 de enero del 2001, en que desapareció el agrupamiento.
Entre diciembre de 2007 y mayo de 2008, Proceso solicitó a la Sedena información del Agrupamiento Chiapas y de Díaz Pérez, pero la dependencia respondió que los datos solicitados no pueden hacerse públicos, porque “hacen referencia a efectivos, medios utilizados, despliegue de fuerzas y procedimientos militares empleados por parte de este instituto armado para repeler las acciones del autodenominado EZLN”.
Díaz Pérez ascendió a general brigadier, según la Hoja de Servicio número 6714659, entregada por la Sedena al Senado el 7 de diciembre del 2000 para que le autorizara aceptar y usar una condecoración otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Hoy ya es general de brigada y se encuentra en Cuernavaca, Morelos, como comandante de la XXIV Zona Militar, desde el 1 de enero del 2008.
Para Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los documentos desclasificados en Estados Unidos que divulgó la semana pasada el National Security Archive sólo confirman lo que ellos han denunciado desde hace 15 años, pero hasta ahora ningún oficial del Ejército ha sido castigado.

La violencia
LUIS JAVIER GARRIDO

El escándalo desatado por el gobierno calderonista con la exoneración de 20 paramilitares de Acteal ha terminado por evidenciar, una vez más, que el gobierno de facto sigue auspiciando la formación y preparación de grupos paramilitares, para lo cual le resultaba indispensable enviar la señal a los militares que los adiestran y a los propios grupos de que serán impunes por sus futuras acciones.
1. El señalamiento de que el gobierno panista de Calderón estaba preparando con oficiales del Ejército a grupos paramilitares se hizo en 2006, casi desde los inicios del gobierno espurio, no ha dejado de reiterarse al constatarse sus acciones en Chiapas y ahora cobra mayor fuerza con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que subraya, entre otras cosas, que el gobierno calderonista busca crear a los involucrados en este proyecto un régimen de inmunidad absoluta dentro de la lógica neoliberal de que el Estado debe abdicar de todas sus funciones básicas.
2. Las consecuencias que este abandono criminal del Estado entraña para el pueblo mexicano son múltiples y muy graves, pues al paramilitarizar el país no sólo se están creando las condiciones para la comisión impune de múltiples actos de barbarie, sino fomentando una descomposición social de amplios sectores al poner en marcha un mecanismo de destrucción que resulta después incontrolable. El proceso penal que debería abrirse contra Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y un buen número de militares, así como contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia como sus cómplices, no debería ser nada más por la matanza de Acteal en 1997, sino por atentar contra la nación misma con este proyecto de índole criminal.
3. La responsabilidad delictiva de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo por la conformación de esos grupos paramilitares está plenamente demostrada en múltiples testimonios, como se comprueba en los informes desclasificados del servicio de inteligencia de Estados Unidos este mes de agosto, que no dejan lugar a dudas sobre lo que ya se sabía: a) que ambos gobernantes apoyaron el proyecto de creación y entrenamiento de múltiples grupos paramilitares por parte de oficiales del Ejército Mexicano, y b) que Zedillo y Chuayffet estuvieron personalmente tras las acciones de estos grupos y conocieron y decidieron el operativo de Acteal.
4. El hecho que no pudieron prever por su torpeza los responsables del gobierno panista actual al revivir el caso de Acteal fue que en el debate que se abría iba a aparecer la discusión sobre la actual paramilitarización del país, y que se iba a plantear al gobierno espurio de Calderón una doble responsabilidad. La primera, por encubrir a Zedillo y a sus cómplices por la matanza de Acteal de 1997, y la segunda por estar instaurando Calderón ante el actual escenario de inconformidad social que prevalece un régimen de violencia de Estado, similar al existente en la Colombia de Uribe, en el que al lado de las acciones incontrolables de las fuerzas armadas aparece la creación de grupos paramilitares, también incontrolables, con el pretexto de garantizar la seguridad de terratenientes, ganaderos y empresarios rurales.
5. La continuidad en la mecánica del poder entre priístas y panistas se ha ido así confirmando en éste como en otros casos: tras los halcones, de Díaz Ordaz y Echeverría (1968-1972), y los grupos creados por Salinas y Zedillo, se encuentran ahora los paramilitares entrenados y organizados por el gobierno de Calderón, quien, como sus predecesores, se negó a entender el enorme riesgo que entraña para la organización social y política del país auspiciar este proyecto de supuesto control social.
6. La creación de grupos policiales privados y de contingentes paramilitares rurales y urbanos, así como la instauración de lo que en México llamaríamos una guarurización de la vida social, fue básica desde 2002 en el proyecto del presidente colombiano Álvaro Uribe, y aunque años después éste buscó desarmar a los grupos paramilitares más poderosos que se habían asumido como un poder dentro del Estado, vinculándose al crimen organizado, controlando a amplios sectores de la vida social y desafiando su autoridad, y les ofreció una amnistía, la mayor parte de éstos han conservado en 2009 sus armas y su fuerza organizativa y Colombia sigue adentrándose en un proceso de abierta descomposición a consecuencia de una decisión política de Estado de carácter criminal y de la cual el grupo gobernante no pudo vislumbrar las consecuencias que iba a traer.
7. Un gobierno, aunque sea ilegítimo, como el panista de Felipe Calderón, que abdicó de sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las delegó en el Ejército, que es una fuerza institucional que no está facultada en la Constitución para ello, en los asesores militares estadunidenses que ha tolerado trabajen en territorio nacional y en los cuerpos paramilitares que ha ido preparando para servir a intereses facciosos y amedrentar a las organizaciones sociales, está destruyendo el Estado nacional y atentando criminalmente contra el pueblo.
8. La violencia que se ha generado en el país en los tres últimos años es responsabilidad fundamental de Felipe Calderón, quien ha violado gravemente la Constitución en su afán de supervivencia política y tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, como Zedillo y muchos otros gobernantes mexicanos, la responsabilidad penal por las acciones ilícitas tanto de las fuerzas armadas como de los grupos de carácter paramilitar que existen en el territorio nacional. Los atentados contra Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero, ultimado el 20 de agosto, y contra Maximiano Barbosa, líder de El Barzón, herido de gravedad el miércoles 26, han sido atribuidos por algunos analistas al gobierno, precisamente porque existen muchos motivos por los que los panistas quisieran silenciarlos, y éstos son los responsables de la violencia incontrolable.
9. En un escenario nacional donde el Ejército de-sarma policías y arma paramilitares, y más de una tercera parte de sus fuerzas se ha pasado al crimen organizado, ¿quiénes pueden ser los responsables de la violencia encubierta?
10. La lucha por que se haga justicia en Acteal es también, por consiguiente, fundamental para poner un alto a la violencia de Estado en México.

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ASESINADOS POR MILITARES.

HABITANTES DE SANTIAGO LACHIVÍA EXIGEN JUSTICIA POR LA MUERTE DE SUS PAISANOS
Karina Hernández.
Habitantes de Santiago Lachivía y familiares exigen el esclarecimiento de lo homicidios de Cecilio Vásquez Miguel y Venancio olivera Ávila.
Habitantes de Santiago Lachivía, encabezados por su actual agente municipal piden el esclarecimiento de los homicidios de Cecilio Vásquez Miguel, quien era agente municipal de dicha comunidad, Venancio olivera Ávila, quien era ex agente de la misma comunidad, quienes fueron acecinados por Elementos del Ejército Mexicano.

En entrevista al término de una conferencia de prensa, el gente municipal de dicha demarcación, Carlos Jacinto Miguel, manifestó que sus paisanos fueron acecinados en el 2008 en el paraje Daniloguía, en Santiago Lachivía, cuando se encontraban realizando la limpieza de su milpa en una parcela comunitaria. Así mismo externó hasta la fecha el homicidio sigue impune pues no se ha castigado a los responsables de dicho crimen.
En su momento el hermano de Cecilio Vásquez Miguel, Evaristo Vásquez Miguel, pidió al gobierno del estado y a las autoridades correspondientes el esclarecimiento del homicidio de su hermano y de su paisano Venancio olivera Ávila, así mismo pidió justicia por los golpes que sufrió Aurelio Ortega Pacheco, quien es habitante de la misma población, también exigió sean indemnizadas las familias de las personas asesinadas.

En este mismo sentido, comentaron que ya se han iniciado la averiguación previa la cual tiene como numero 64/2008 pero que hasta el momento no les han dado solución alguna, "para nosotros no existe la justicia tal pareciera que nosotros no somos ciudadanos pues ahora se nos acusa de haber asesinado a nuestros propios paisanos" aseveró.

Finalmente, exigieron el esclarecimiento inmediato por pate de las autoridades correspondientes, así como la indemnización de los mismos.


Acción Urgente, la vida de Marcelino Coache, activista de la APPO, corre peligro

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca

ACCIÓN URGENTE

ACTIVISTA AMENAZADO MEDIANTE MENSAJES SMS

El sindicalista y activista político Marcelino Coache Verano, su esposa, otro activista político y una abogada de derechos humanos han recibido mensajes SMS amenazadores. En todos ellos se amenaza a Marcelino Coache. La vida de este activista corre peligro.

El 17 de agosto, la esposa de Marcelino Coache, Reyna Rivera recibió un mensaje SMS en el que se hacía referencia a su marido, diciendo: “no lo cuidaran toda la vida y la pagaran saludos lince [sic]”. Ese mismo día, Yesica Sánchez Maya, abogada de derechos humanos de Oaxaca, y Flavio Sosa, activista político, recibieron también mensajes SMS del mismo número telefónico, con amenazas contra Marcelino Coache. El 18 de agosto, el propio Marcelino Coache recibió un SMS que decía: “puto te estamos observando te saluda linze [sic]”.

Marcelino Coache, sindicalista y destacado miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), movimiento político de oposición de Oaxaca, ha sido atacado y amenazado en muchas ocasiones. El 4 de marzo fue secuestrado por tres hombres, que lo torturaron durante varias horas. Durante ese tiempo estuvo con los ojos vendados, pero oyó que sus secuestradores se referían a su líder como “Lince”. Más tarde, ese mismo mes, el hijo de Marcelino Coache, Edgar, de 15 años de edad, fue amenazado y seguido por un grupo de hombres, y en mayo la esposa de Marcelino Coache y otras personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos recibieron mensajes SMS amenazadores. Marcelino Coache también había sido amenazado y atacado anteriormente, al parecer por ser un destacado miembro de la APPO.

El 8 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que brindara protección a Marcelino Coache. Sin embargo, las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas han sido totalmente inadecuadas, y la investigación sobre las amenazas no ha dado resultado.

ESCRIBE INMEDIATAMENTE, en español o en tu propio idioma:

* instando a las autoridades a garantizar que Marcelino Coache y su familia reciben toda la protección necesaria, según lo establecido en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
* pidiendo a las autoridades que lleven a cabo urgentemente una investigación independiente sobre los ataques y amenazas contra Marcelino Coache y sobre su secuestro y tortura, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

ACUERDOS FORO CIUDADANO POR LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN OAXACA
Escrito por Foro ciudadano por la transición democrática

A LA OPINION PÚBLICA
Convocado por los excandidatos a diputados por el octavo distrito electoral, Francisco Martínez Neri, Maurilio Mayoral García, Luis Ugartechea Begué, así como ciudadanos y ciudadanas de distintas organizaciones sociales que participan en la comisión coordinadora, el 21 de agosto del presente año se llevó a cabo el "Foro Ciudadano por la Transición Democrática de Oaxaca".

En el acto, los asistentes hicieron patente la inconformidad con el régimen autoritario que vive Oaxaca y que se expresa de distintas manera: ejercicio arbitrario de gobierno; sometimiento del poder legislativo y judicial; simulación de ciudadanización en los órganos autónomos; opacidad en la información pública y la rendición de cuentas; control de los medios de comunicación; abuso de poder, corrupción, impunidad.
Los participantes manifestaron su deseo por una transición democrática de Oaxaca, se entiende por esta y de manera sencilla, como el paso de un régimen autoritario a un régimen más democrático. Donde los ciudadanos y ciudadanas, seamos respetados, escuchados, atendidos. Donde la ciudadanía participe en la toma de decisiones, seamos informados con claridad y certeza y se nos rinda cuentas de las acciones de los servidores públicos. Donde la ley se aplique para todos por igual, incluidos por supuesto, los servidores públicos, para quienes no debe haber impunidad ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Donde no quepa la corrupción, negligencia, el cinismo, ni el abuso de poder que hemos estado viendo y viviendo. Donde el que llegue al poder público lo haga para servir y no para servirse, y si no es así, la ciudadanía pueda removerlo del cargo.

Un régimen donde la ciudadanía esté en el centro de la acción pública, donde los legisladores se pongan al servicio de sus representados, los jueces y magistrados impartan justicia por igual y no operen, como hasta ahora, al mandato de los poderosos, favoreciendo la impunidad de quienes detentan poder económico y/o poder político.

Un régimen donde las instituciones "ciudadanizadas", vigilen que realmente se respeten los derechos humanos; exista veracidad y transparencia en la información pública; se manejen con pulcritud los dineros públicos; se respete el voto libre de la ciudadanía. Un régimen donde estas instituciones estén en manos de ciudadanos y ciudadanas, con trayectorias personales de probidad, responsabilidad, profesionalismo, objetividad, independencia.

Para lograrlo, el Foro se pronuncia en primer término por la necesidad de que los partidos políticos de oposición y las organizaciones sociales en el estado de Oaxaca, constituyan una coalición político electoral que recupere el sentir mayoritario de la ciudadanía oaxaqueña, que espera una transición democrática de Oaxaca y no solo una alternancia política; un cambio profundo en las formas de gobernar así como de la estructura jurídica y las instituciones del estado.

El Foro expresó su beneplácito por la realización de este primer encuentro y manifestó su acuerdo porque la comisión coordinadora de este primer foro continúe organizando otros foros temáticos que permitan profundizar la reflexión sobre la transición democrática de Oaxaca.

Asimismo, a través de estos foros, se pretende identificar coincidencias para lo que, eventualmente, puede contribuir a la configuración de una plataforma programática de los partidos que decidan coaligarse para las elecciones del 2010.

En el acto se ratificó a la comisión coordinadora de este primer Foro para la continuación de los diversos trabajos.
El Foro manifestó asimismo su apoyo a la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca que presentan distintas organizaciones civiles, instituciones y académicos, por ser coincidente con las preocupaciones manifestadas en este primer encuentro.

A T E N T A M E N T E
Oaxaca Oax. 21 de agosto del 2009.
FORO CIUDADANO POR LA TRANSICION DEMOCRATICA DE OAXACA.


Amarre a Su Diputad@
El Universal
Lidia Cacho.
Ya estrenaron corte de pelo, se compraron trajes nuevos, portafolios y computadoras portátiles para su primer día en el Congreso.
Ya recibieron sus nombramientos y el manual para legislar, y decidieron quiénes van a liderar su bancada y qué comisiones encabezan. ¿Y la sociedad civil? Urge llevar a nuestros congresos las exigencias de lo que nos interesa; si no lo hacemos, otra vez ganarán los cabilderos poderosos que no pierden el tiempo en quejarse.
Simplemente se necesita una organización que proponga el tema, un grupo interesado en apoyarla y un proyecto inicial para presentarlo ante sus congresistas.
El resto de la tarea es de las y los legisladores, aunque hay que exigir rendición de cuentas. Ya no importa si es usted panista y que ellas sean petistas o ellos perredistas o priístas; lo que se necesita en el Congreso son votos para causas y convicciones. Eso ya lo demostraron las organizaciones civiles de ultraderecha que de la mano de los obispos y de legisladores del PRI y otros partidos echaron abajo, en un año, las leyes de salud sexual y reproductiva que, entre otras cosas, permitían a las mujeres y niñas violadas interrumpir legalmente un embarazo. También en el 2000 un grupo de cinco mujeres logramos que se reconociera y reglamentara a los refugios para mujeres y niñ@s maltratad@s, y gracias a poder social se tipificó la pornografía infantil en el DF.
¿Qué le preocupa a usted? Urge presionar para que en los códigos penales del país se penalice la trata de personas y la pornografía infantil. Crear ordenamientos locales con instrumentos efectivos, de reciclaje de basura y protección a los animales. Asignar presupuestos para que los refugios para niños y niñas de la calle no se queden sin recursos, y para la creación de bibliotecas y escuelas públicas para menores con discapacidades. Asegurar recursos y sueldos para profesorado de escuelas rurales y programas transparentes de promoción del campo.
Los congresos locales y la Cámara de Diputados son de la sociedad; mejor reclamarlos a tiempo que tener que reclamarles a destiempo. ¿No cree?
Pronunciamiento General de la “Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec”
Exigimos La Moratoria al Megaproyecto Corredor Eolico del Istmo por las claras violaciones al marco jurídico ambiental y de derechos indígenas, en tanto no se realice una consulta informada y en nuestras lenguas a los pueblos del Istmo de Tehuantepec.

Constituidos en asamblea de pueblos indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio

Considerando:
La permanente violación de nuestros derechos colectivos como pueblos y comunidades indígenas por parte del Estado y las empresas transnacionales:

Nos pronunciamos:
1. Por la defensa de nuestras tierras y territorio como pueblos y comunidades indígenas originarias del Istmo de Tehuantepec.
2. En contra de los proyectos que nos despojan de nuestro territorio.
3. En contra del Megaproyecto denominado Corredor Eólico del Istmo.
4. En contra de los proyectos mal llamados de desarrollo como lo es la construcción de la presa Paso de la Reina, del Proyecto Minero en la sierra cuicateca en el estado de Oaxaca, y de sus similares en Chiapas.
5. No a la violación del derecho a la soberanía, porque somos dueños y guardianes legítimos de nuestro territorio.
6. Por la reivindicación del modo de vida comunal de nuestros pueblos.
7. Por la construcción de alternativas frente al modelo depredador capitalista.

De la misma manera denunciamos:
La criminalización de la lucha social que instancias y dependencias gubernamentales como la Comisión Federal de Elecctricidad realiza en contra del movimiento indígena; como es el caso actual de los cinco presos políticos de Candelaria Campeche cuya liberación inmediata incondicional exigimos como asamblea. Exigimos también la liberación inmediata de los doce presos políticos de San Salvador Atenco, Estado de México y la anulación de las órdenes de aprehensión de nuestros hermanos indígenas luchadores sociales de todo el país.

La complicidad de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria en el despojo de nuestro territorio a través del Fondo Agrario Nacional de Regularización, antes PROCEDE.
Las altas tarifas de la energía eléctrica cuando en el Istmo se está produciendo energía a través del viento, exigimos el desistimiento penal de la Comisión Federal de Electricidad en contra de los compañeros de Xadani e Ixtepec.
El cacicazgo que existe en diversas comunidades de nuestra región como en la Ventosa, Juchitán y San Blas Atempa.

Exigimos:
La Moratoria al Megaproyecto Corredor Eolico del Istmo por las claras violaciones al marco jurídico ambiental y de derechos indígenas, en tanto no se realice una consulta informada y en nuestras lenguas a los pueblos del Istmo de Tehuantepec.
El respeto a nuestros representantes, comités y comisariados de bienes comunales de los pueblos y comunidades de la región.

Firmamos este pronunciamiento: La Asamblea en Defensa de la Tierra y el territorio
Red nacional comunitaria por la energía renovable
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuentepec
Colectivo Sanilacrucense
Comisariado de Bienes Ejidales de El Porvenir, San miguel Chimalapa
Comisión Forestal y de la Fauna del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtepec
Colectivo Magisterial y Popular "14 de Junio"
Radio Comunitaria Totopo
Consejo Ciudadano Indígena Zapoteca A. C., San Blas Atempa
Radio Comunitaria Di'dxazaa Atempa
Grupo Solidario de la Venta
Gubiña XXI, Union Hidalgo
Movimiento Cívico Ciudadano de Salina Cruz
Radio Comunitaria Huave
San Francisco del Mar
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para todos"
Grupo de Acción Revolucionaria
Afectados del Proyecto Eólico de Zopiloapan
Colectivo Bini Cubi
POS Juchitán

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ATENTADO IMPUNE

Balean a fundador de El Barzón y a su hijo
ALBERTO OSORIO MéNDEZ
Guadalajara, Jal., 27 de agosto (apro).- El dirigente del Movimiento campesino El Barzón, Maximiano Barbosa Llamas, y su hijo, Maximiano Barbosa Robles, fueron objeto de un atentado provocado por sujetos desconocidos durante la noche del miércoles, en el municipio de Casimiro Castillo.

La Procuraduría de Justicia indicó que dirigente barzonista y su hijo fueron trasladados de emergencia a una clínica particular de la zona metropolitana de Guadalajara durante las primeras horas de este jueves.

El médico Rafael Gutiérrez Cortés indicó que Barbosa Llamas fue sometido de emergencia a una cirugía en el Hospital Regional de Autlán de Navarro, con el fin de estabilizarlo, antes de ser internado en el Hospital San Javier en Guadalajara: "Se le encontraron siete orificios en el intestino delgado pero va estable, el paciente presentó cinco heridas por proyectil de arma de fuego".

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los hechos habrían ocurrido momentos después de las 19:00 horas, cuando Barbosa Llamas y algunos conocidos se encontraban en una reunión familiar al interior del balneario conocido como El Retano.

Hasta el lugar, según testimonios levantados por los cuerpos policíacos, llegaron tres sujetos desconocidos y detonaron sus armas contra el ex diputado del PRD.

En tanto, su hijo, Maximiano Barbosa Robles, de 22 años, sufrió al menos un impacto de bala en la cabeza cuando trataba de defender a su progenitor.

Las autoridades estatales montaron un fuerte operativo para tratar de ubicar a los agresores, quienes presuntamente viajaban a bordo de un auto blanco tipo Jetta con placas de circulación del DF, que fue abandonado después del doble crimen.

Barbosa Llamas logró encabezar un influyente movimiento integrado por deudores de la Banca, que tuvo su origen en la región de la Costa Alegre de Jalisco y luego se extendió a toda la República.

En 1995 su movimiento fue salvajemente reprimido por antimotines del gobierno del estado, en un intento por detener una marcha que encabezada por campesinos y tractores, y que tenía como destino la ciudad de Guadalajara.

Durante la administración del primer gobierno panista, los barzonistas y otros deudores de la banca montaron un gran campamento frente a palacio de gobierno, y usaron la plaza de armas para protestar por las acciones judiciales de los banqueros contra los campesinos.

En 1992, Maximiano Barbosa fue detenido en Guanajuato, al tiempo que el dirigente campesino llevaba a cabo una gran marcha con la que pretendía llegar a la Ciudad de México. Hasta ahora se desconoce el móvil de la agresión ocurrido este miércoles en contra del también ex diputado federal del PT.

Exige El Barzón esclarecer atentado contra Barbosa
El presidente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el integrante de la dirigencia nacional, Pablo Gómez, puntualizaron que el ataque se suma a los perpetrados contra luchadores sociales y sus familias, sin que hasta la fecha se haga algo en la mayoría de los casos.
Notimex
Publicado: 27/08/2009 13:23
México, DF. El Comité Ejecutivo Nacional de El Barzón-Unión lamentó el atentado que sufrió el fundador de ese movimiento, Maximiano Barbosa Llamas, y exigió a las autoridades esclarecer a la brevedad los hechos.
El presidente nacional de esa organización, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el integrante de la dirigencia nacional, Pablo Gómez, señalaron que es urgente que las autoridades competentes hagan justicia y castiguen a los culpables. Manifestaron también la solidaridad con la familia Barbosa.
Puntualizaron que el atentado perpetrado contra el compañero y fundador de El Barzón, Maximiano Barbosa, y su hijo se suma a los ataques contra luchadores sociales y sus familias, sin que hasta la fecha se haga algo en la mayoría de los casos.
"Demandamos a las autoridades indaguen hasta el fondo de los hechos y se encuentre a los culpables de tan cruel acto", insistieron los barzonistas.
Asimismo reiteraron a la sociedad su disposición por seguir en la lucha por las causas sociales como las que encabezó Barbosa.

Marcha edil de Huimanguillo contra incursión en su ayuntamiento
En la caravana participan también diputados federales; el dirigente estatal del PRD y la plana mayor del partido, y protestan por la detención del director de la policía y al menos 20 uniformados de la corporación municipal.
René Alberto López, corresponsal
Publicado: 27/08/2009 11:27

Huimanguillo, Tab. El presidente municipal de esta localidad, Óscar Ferrer Ávalos (de filiación perredista) encabeza una marcha hacia la capital del estado para protestar por la incursión de las fuerzas federales y estatales en el ayuntamiento de este lugar, donde han sido detenidos el director de la policía, José Arturo Aragón Otañez, y al menos 20 uniformados de la corporación municipal.
La caravana que partió esta mañana de la cabecera municipal está integrada, además del edil, por diputados federales; el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Ramiro López Obrador, y la plana mayor del partido, entre ellos el ex candidato a la gubernatura Raúl Ojeda Zubieta, además de los otros seis alcaldes del sol azteca.
Ferrer Ávalos manifestó que la movilización es para exigir que se respete la autonomía municipal y las garantías individuales. Aseveró que no se opone a que se realicen investigaciones y se aplique la ley a quienes resulten culpables, pero pidió respeto a la administración que preside.
La caminata, que pretende llegar a la capital del estado, se realizará por etapas, por lo que este día avanzaron hasta la altura del antiguo Ingenio Nueva Zelandia, que se ubica a 12 kilómetros de la cabecera de Huimanguillo sobre la carretera que conduce al municipio de Cárdenas. Según dijeron, pretenden llegar a Villahermosa en tres días.
Sobre este conflicto, la Procuraduría General de Justicia del estado, que participó en las detenciones de los elementos policiacos en Huimanguillo, convocó a una rueda de prensa a realizarse al mediodía de hoy.

…huele a podrido en Guerrero
Ricardo Rocha

—Tú no me aguantas ni un round, siempre estás borracho —le dijo Armando Chavarría a su adversario.

—Tú todo lo arreglas a golpes… como cuando eras dirigente estudiantil —le reviró Zeferino Torreblanca.

El agarrón fue público durante un debate en Acapulco cuando en 2004 los dos peleaban la codiciada candidatura perredista al gobierno de Guerrero.

Luego acordaron un frágil matrimonio por conveniencia en el que Torreblanca —salvo por hacer su secretario de Gobierno al propio Chavarría— nunca cumplió con los compromisos del pacto que le alquiló el logotipo del PRD. Al contrario, ya gobernador creó su propia corriente —Izquierda Renovadora— que inició una lucha sorda pero muy visible contra el Polo Guerrerense de Izquierda que, casualmente, encabezaba Chavarría. Además de jefaturar un gobierno lejanísimo a la plataforma del sol azteca y cercanísimo a los empresarios y a los viejos cacicazgos priístas; en el que privilegia a sus aliados con las arcas estatales desde las grandes obras hasta el abasto de papelería. Y fue mucho más allá al tramar su propia sucesión para heredar a su delfín e incondicional, el secretario de Desarrollo Rural Armando Ríos Pitter.

En paralelo, Armando Chavarría vino construyendo su propia candidatura hasta que la confrontación —incubada en la penumbra de las profundas diferencias ideológicas— se hizo escandalosamente pública. A fines de 2008 renunció al gobierno estatal para alcanzar una diputación y luego el liderazgo del Congreso. Al tiempo que tejió una alianza política que incluía no sólo al PRD sino al PT, Convergencia y hasta al PAN. Un poderosísimo frente que prácticamente estaría garantizando su triunfo a pesar de oponerse a los designios del gobernador y su ya inocultable alianza con el PRI.

Por ello —y hay que decirlo con todas sus letras— el principal sospechoso de la ejecución de Chavarría es Zeferino Torreblanca. Aun cuando se hable de enemigos de extrema derecha o de su iniciativa para investigar al auditor del gobierno estatal, Ignacio Rendón Romero, acusado de corrupción y a quien Chavarría estaba dispuesto a llevar a la cárcel. Incluso el gobierno ha filtrado como líneas de investigación el pasado de Armando como dirigente estudiantil, probable correo del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, casi rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y hasta sus amoríos universitarios.

Nada de esto convence a los guerrerenses que en todas partes comentan que Zeferino le retiró a propósito la escolta y que las balas 380 súper y 9 milímetros con que Chavarría fue ejecutado son de uso cotidiano de los judiciales estatales. Eso, pero sobre todo la feroz disputa por la gubernatura, es lo que despierta un pestilente tufo de sospecha. Al grado de que la familia de Chavarría, en voz de su esposa y probable sucesora Martha Obeso, le mandara decir a Torreblanca que ni se apareciera en ninguno de los actos funerarios oficiales o personales.

Mientras que en el Congreso guerrerense y aun en la calle rueda una trovada: ¡Zeferino, desgraciado, nos mataste un diputado!

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