DESCALIFICAR LA LUCHA, EL TRASFONDO.

Quieren avalar represión con venta de plazas: S-22
Iván Castellanos / Tiempo
[07:00] La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que la denuncia sobre la venta de plazas de docentes en esta entidad, tiene la intención de justificar una nueva ola de represión en contra del magisterio oaxaqueño por haber rechazado de forma tajante la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y crear un sistema alternativo.
Ante lo cual, demandaron al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que realice una investigación exhaustiva sobre estos hechos, para que no se tergiverse la información y no se desprestigie a los mentores oaxaqueños.
El Comité Ejecutivo Seccional encabezado por Azael Santiago Chepi, a través de un comunicado se manifestó en contra de esta situación, al considerar que el trasfondo de todas las acusaciones es haberse opuesto a la ACE.
Indicaron que esta situación se ha intensificó a unos días de haberse publicado las convocatorias para la solicitud y presentación del examen para ingreso a plazas docentes de jornada y hora-semana-mes, y promoción para ingreso a plazas docentes del ciclo escolar 2009-2010, como parte del Concurso Nacional de oposición.
Ante lo cual, consideraron que esto se ha puesto de manifiesto por haber rechazado estos exámenes, “pelear por plazas automáticas para los egresados de nuestras normales, defender el normalismo y su fortalecimiento, además de construir un proyecto real de educación alternativa que supera por mucho lo planteado en la nefasta Alianza por la Calidad de la Educación”.
De la misma forma, indicaron que resulta evidente que con el argumento de la venta de plazas, se pretenda justificar una nueva ola de represión en contra del magisterio democrático de la Sección 22.
Esta situación, indicaron, ya se registró en el estado de Morelos el año pasado, en donde el gobierno que consideran de ultra derecha de Felipe Calderón, reprimió a los maestros de esta entidad al oponerse de la misma forma que en Oaxaca.
Detallaron que las autoridades han utilizado una serie de publicaciones en diarios de circulación nacional prestigiados, para hacer creer a la ciudadanía en general que el magisterio oaxaqueño está cometiendo irregularidades.
Sin embargo, manifestaron que a lo largo de 29 años de lucha sindical han estado buscando mejorar la educación de la niñez, por lo que actualmente están complementando un plan alternativo que verdaderamente traiga resultados educativos a diferencia de la ACE, “ya que este proyecto solo tiene la intención de privatizar la educación en el país y negársela a quienes no tienen suficientes recursos económicos”.
DE VIVA VOZ:
“Pelear por plazas automáticas para los egresados de nuestras normales, defender el normalismo y su fortalecimiento, además de construir un proyecto real de educación alternativa que supera por mucho lo planteado en la nefasta Alianza por la Calidad de la Educación”.
Azael Santiago Chepi, líder de la Sección 22.



Senadores de PRD, PRI y PT se oponen al nuevo documento de identificación
ANDREA BECERRIL

Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) se manifestaron en contra de que el Congreso apruebe la creación de la cédula de identidad ciudadana que impulsa el gobierno federal. “Es una propuesta que duplica recursos, es onerosa e innecesaria y se enmarca dentro de la intención de Felipe Calderón de establecer un Estado policiaco”, advirtió el perredista Pablo Gómez Álvarez.
A su vez, el vocero de la fracción del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, consideró que en momentos en que ha habido recortes presupuestales y se estima que la situación financiera será peor el próximo año, no se puede dar prioridad a esa medida.
En tanto, Gómez Álvarez dijo que a su juicio la Cámara de Diputados no va aceptar que se dupliquen los gastos, porque la credencial de elector debe mantenerse por ley. Resaltó que no se justifica de ninguna manera que haya un doble gasto.
El 40 por ciento del presupuesto del Instituto Federal Electoral es para la credencial de elector; sostener y mantener el registro de electores es muy caro. De ahí que el motivo de proponer que existan dos identificaciones, agregó, tiene que ver con el Estado policiaco.
Es parte de ese mismo plan –prosiguió– que nunca han presentado completo, sino por pedacitos, ya que desde el inicio de su gestión, Calderón ha impulsado reformas a la Constitución y leyes, para disminuir garantías individuales; se ha avanzado en la militarización del país y ahora se quiere “una identificación expedida por el gobierno, a la que tenga acceso de manera permanente”.
Tan es así, dijo, que el gobierno de Calderón no está planteando al Congreso una reforma para cambiar la credencial de elector por una cédula única, con la que se podría votar, lo que además de la modificación legal, se requeriría de un periodo largo de transición.
Por separado, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso no le puede aprobar a Calderón más elementos para que siga vulnerando derechos humanos y garantías constitucionales. Recordó que la reforma constitucional penal que se aprobó el año pasado incluyó la figura de arraigo, de la que el gobierno federal “ha abusado a tal extremo, que en el próximo periodo de sesiones se buscará derogar”.
Ese ejemplo debe bastar, dijo, para no permitir que se avance en esa cédula, que “seguramente se piensa utilizar también contra los opositores políticos”.
Sin embargo, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, sostuvo que es “una propuesta muy noble, que tenemos que analizar y realizar las modificaciones jurídicas necesarias”. Insistió en que se avanza hacia la modernidad con esa cédula, que incluirá todas las innovaciones tecnológicas para aglutinar los distintos padrones y trámites.

Responden con más aumentos a quejas por altas tarifas eléctricas
El plan para quitar la subvención estará incluido en la propuesta de presupuesto para 2010
Dice jefe de la Unidad de Política de Ingresos que sólo se cubre 35% del costo real de generación
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

El gobierno mexicano se prepara para reducir “gradualmente” el subsidio al consumo final de electricidad, anunció este viernes la Secretaría de Hacienda, en momentos en que millares de mexicanos a lo largo y ancho del país protestan por el encarecimiento de la factura eléctrica.
“Las tarifas eléctricas domésticas están altamente subsidiadas”, dijo Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de Hacienda. “La política es tratar de ir reduciendo o conteniendo este subsidio gradualmente”, añadió.
Según el funcionario, los usuarios domésticos de electricidad sólo pagan una tercera parte del costo real del servicio.
Las medidas de reducción del subsidio serán anunciadas tan pronto como el próximo mes la dependencia entregue a la Cámara de Diputados la propuesta de presupuesto federal para 2010.
Aunque el gobierno federal mantuviera sin cambio la tarifa doméstica de electricidad, una reducción en el subsidio implicaría una mayor erogación del consumidor, que vería aumentado el costo en la misma proporción en que fuera reducida la subvención.
Recomendación de la OCDE
En semanas recientes se han extendido en varias regiones del norte, centro y sureste del país protestas de usuarios de electricidad por lo que consideran altos cobros por el suministro. Existen por lo menos cinco detenidos y 29 órdenes de aprehensión contra personas que han impedido a empleados de la Comisión Federal de Electricidad cortar el suministro por falta de pago a quienes las autoridades policiacas acusan de secuestro. En otros casos, como en el sureste del país, usuarios se han declarado en suspensión de pagos.
En una conferencia de prensa este viernes, funcionarios de Hacienda mencionaron que se estudia la revisión del subsidio al consumo de electricidad, cuya eliminación gradual, junto con el otorgado al consumo de la gasolina, propuso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que fuera reducido.
“Todavía tenemos un problema grande en las tarifas eléctricas”, declaró Pérez Porrúa. “Las tarifas eléctricas domésticas están altamente subsidiadas, nada más cubren 35 o 36 por ciento del costo de generar energía y ahí la política es tratar de ir reduciendo o conteniendo este subsidio gradualmente”, añadió en la conferencia de prensa.
Miguel Messmacher, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, precisó que sobre los subsidios al consumo de gasolina y electricidad la dependencia “analiza todas las opciones” a la mano y “se anunciará ya en conjunto con ciertas medidas específicas” cuando el Ejecutivo federal entregue al Congreso la propuesta de paquete económico para 2010.
“Se está revisando la evolución de todas las variables económicas, la evolución de la recaudación, precio del petróleo para determinar cuáles son los faltantes de ingresos que podemos esperar para 2010 y, en base a eso, armar bien la propuesta”, abundó.
Según la OCDE el subsidio gubernamental al consumo de gasolina y electricidad requiere cada año recursos por el equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto, unos 450 mil millones de pesos.
La idea detrás de la reducción al subsidio al consumo de los energéticos es tratar de compensar la pérdida de ingresos públicos, en parte por la menor actividad económica que reduce la recaudación de impuestos y por los menores ingresos petroleros. En 2009, el gobierno federal realizará recortes al gasto por 85 mil millones de pesos, precisamente para compensar la pérdida de ingresos fiscales.
Messmacher dijo ayer que los subsidios asociados al consumo de energéticos son “muy regresivos”, es decir, que benefician en mayor medida a personas de ingresos más elevados. Dijo que, en el caso de la gasolina, el 20 por ciento de la población de mayor ingreso del país es la que al final se beneficia de la subvención gubernamental, debido a que es el estrato que más consume el combustible.
Según su interpretación, desde el punto de vista de la distribución del ingreso y de la protección al medio ambiente “este tipo de subsidios son muy ineficientes”.


Impunidad, derechos humanos y justicia ética
MARCOS ROITMAN ROSENMANN
En el caracol de Morelia y con el aval de las juntas de buen gobierno se desarrolló el primer Encuentro Continental Americano Contra la Impunidad. Su objetivo, poner de relieve aquello que las elites políticas de los años 80 del siglo pasado consensuaron para hacer posibles las transiciones de las dictaduras y el pacto de punto final, consistente en amnistiar las violaciones a los derechos humanos. Esta política sobrevoló las negociaciones a la hora de formalizar la retirada de las fuerzas armadas del poder.
Si era previsible que los golpistas se aferrasen a una política de amnistía para salvaguardar sus intereses y regresar con el uniforme inmaculado a los cuarteles, pocos explican la actitud complaciente de los interlocutores para acceder a sus demandas. Tal vez los implicados estaban de acuerdo en desarrollar una estrategia de perdón y olvido. Atrás debían quedar los detenidos-desaparecidos, los torturados, los secuestrados, los exiliados. Había que soltar lastre y nada mejor que mostrar un espíritu conciliador. Los responsables de imponer gobiernos de facto ya no rendirían cuentas ante la justicia. Los cuerpos de miles de personas, arrebatados a la vida bajo las más cruentas formas de practicar el asesinato político, se transformaban en problema estético, sin repercusiones en la agenda del nuevo orden social. Un pecado del cual sus autores se podían redimir considerando el éxito del modelo económico implantado. En fin, los muertos fueron pocos si consideramos los resultados obtenidos, argumentaron. Sin embargo, para evitar suspicacias habría chivos expiatorios. Los elegidos asumirían la pesada carga de años cometiendo crímenes de lesa humanidad. Así, ninguna de las partes negociadoras se sentiría perjudicada. Emergía un tiempo nuevo, la globalización, y el fin de la guerra fría. Se lavaba la cara a las instituciones militares y su honor quedaba inmaculado. Una sesión de maquillaje facilitaba deshacerse de incómodos subordinados ligados a los centros de tortura y represión. A los generales y altos mandos se les llamaba a retiro, se les reubicaba en embajadas como agregados militares o les buscaban una nueva identidad. Y para los civiles que habían participado en el genocidio como ministros, subsecretarios o funcionarios de confianza se les cubrirían las espaldas con un trato de favor. En síntesis, todos quedaban al margen de posibles acusaciones de violación a los derechos humanos. La ley de punto final tuvo como fin crear un muro de contención evitando la ola de imputaciones que llenarían los juzgados pidiendo justicia. Y, claro, la vergüenza pública de verse en los tribunales era motivo suficiente para cerrar filas obstaculizando cualquier acción de la justicia.
Para justificar esta política de impunidad se recurrió a una interpretación espuria de las ordenanzas militares, la obligación de someter las violaciones a los derechos humanos a la “ley” de obediencia debida, aunque conlleven acciones criminales. Este ha sido el manto protector para eximir de responsabilidades a los militares implicados en crímenes de lesa humanidad. Jurídicamente, la mayoría de los casos de secuestro, detenidos-desaparecidos y torturas han sido contrarrestados con dicho argumento. Sin olvidar otro principio esgrimido por los verdugos y sobre el cual se han parapetado los abogados defensores de los victimarios. Me refiero a la ruptura de la cadena de mando. Así, los miembros de las juntas militares y de Estado Mayor niegan haber dado órdenes para asesinar o torturar a los detenidos en estado de guerra, de sitio o de lucha anticomunista. Ellos se reclaman libres de tales actos condenando a sus autores. Los subordinados que así procedieron obraron por cuenta propia, al margen de la institución militar.
Este pacto del punto final compromete igualmente a jueces, fiscales y abogados. El sistema de justicia opera bajo sus principios evitando cualquier enfrentamiento con el sistema. Es la excusa para dar carpetazo a los crímenes cometidos durante los años de las dictaduras. Salvo excepciones, nada sugiere una ruptura. Muchos casos son sobreseídos o archivados para mantener el equilibrio de poderes y no enfadar a los militares. Ante esta ignominia, los sobrevivientes de torturas y los familiares de detenidos-desaparecidos han buscado otras formas de hacer justicia. Los desagravios públicos conocidos como Funas, contra los torturadores en sus domicilios, es un punto de partida. Se busca concitar el rechazo comunitario a los torturadores. Esta experiencia sustituye, en parte, el silencio de los tribunales.
Por otro lado, los medios de comunicación no prestan atención o callan. Igualmente, muchos intelectuales que se comprometieron con el restablecimiento de las libertades, cuando se trata de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los gobiernos de facto y del presente se escaquean. Su compromiso se diluye mirando hacia otro lado. Es el caso de las matanzas de los pueblos indígenas o la represión generalizada en caso de protesta popular. Los ejemplos pueden ser Acteal, Guerrero, Oaxaca, Perú, Colombia y el sur de Chile.
Por ello este primer encuentro es un punto de inflexión. Busca poner fin a las políticas de impunidad llamando la atención al necesario componente ético, presente a la hora de aplicar justicia. Los sobrevivientes deben ver reparados los daños. Sólo así la sociedad podrá quitarse esa loza bajo el ejercicio democrático de los derechos civiles. Mientras no suceda, la ofensa pervivirá con el peligro subyacente de que nuevos militares tomen el relevo bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional, el narcotráfico o como en Honduras, contra el chavismo. La alarma se dispara. Es obligatorio acabar con las leyes de punto final y la impunidad. Los responsables deben ser juzgados. La verdad debe salir a la luz frente a la mentira y la amnesia política.