CON MANOS MANCHADAS Y BOLSILLOS REPLETOS

29 ene 2010

Ulises Ruíz: un lastre electoral
José Gil Olmos
Connotados priistas oaxaqueños denuncian que, en su afán de imponer al diputado Eviel Pérez Magaña como candidato a la gubernatura de Oaxaca, Ulises Ruiz está dividiendo a su partido. Su mala gestión y la cada día más probable alianza opositora pueden determinar el fin de la hegemonía del PRI en el estado y la pérdida de medio millón de votos para los comicios presidenciales de 2012.
OAXACA, OAX, 28 de enero.- En vísperas de que se seleccionen los candidatos del Partido Revolucionario Institucional para gobernador, diputados locales y presidentes municipales en esta entidad, el mandatario Ulises Ruiz está perdiendo el control del proceso de sucesión.
No sólo eso. Ante el peligro de una derrota, Raúl Bolaños, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, senador y líder estatal priista, advierte que podría estallar una crisis más fuerte que la vivida con la rebelión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.
Por eso, subraya, ganar la elección es la tabla de salvación de Ulises Ruiz ante la posibilidad de ser enjuiciado por su manejo del movimiento social. Y en vista de que las rupturas, resentimientos y daños políticos causados en esa ocasión aún perduran en la sociedad oaxaqueña, opina que el gobierno federal y la dirigencia nacional de su partido deberían considerar las elecciones estatales como un asunto de “seguridad nacional”.
En su opinión, este proceso electoral se ha complicado, pues mientras en el PRI hay protestas y confrontaciones entre sus figuras políticas, en la oposición avanzan los acuerdos para una alianza entre el PAN, el PRD, el PT y Convergencia, con el propósito de poner fin a 80 años de hegemonía priista en Oaxaca.
En efecto, los representantes de los cuatro partidos de oposición han manifestado que están muy adelantadas las pláticas para formar una coalición electoral en varias entidades, entre ellas Oaxaca, con el fin de revertir el avance que el PRI mostró el año pasado. Y aunque no han decidido quiénes serán los candidatos, ya tienen puntos en común para lanzar una plataforma electoral única en los primeros días de febrero.
Esto puso en alerta a Ulises Ruiz, pero sobre todo le preocupan las protestas de los priistas oaxaqueños que no están de acuerdo con lo que él daba por hecho: que el diputado Eviel Pérez Magaña sería el candidato a sucederlo en la gubernatura.
José Antonio Hernández Fraguas, alcalde de la capital oaxaqueña y uno de los seis aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno estatal, dijo que si la contienda interna no es equitativa, él puede abandonar el partido.
Varios priistas reconocidos en Oaxaca acusan a Ulises Ruiz de tomar como “rehén” al partido, y a la dirigencia nacional priista, que encabeza la diputada Beatriz Paredes, de no escuchar sus reclamos de garantizar un proceso de selección transparente y democrático.
“Yo he hecho mis pronunciamientos, los he hecho del conocimiento de la dirigencia nacional del PRI para que valore, revise y escuche a otros priistas, a otros líderes de la sociedad civil oaxaqueña, porque en Oaxaca ya no vamos a aguantar otro conflicto como el de 2006”, advierte el ministro Bolaños.
Añade: “Esta elección de 2010 será muy competida, porque hay una crisis social, económica, de salud, y nuevos actores en la vida política de Oaxaca. Hay algo también muy importante: está el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la violación a las garantías individuales y derechos humanos (por parte) del gobernador Ulises Ruiz. Ante ese escenario, si el PRI quiere seguir gobernando en Oaxaca, debe ver todo escenario, valorar estos elementos y buscar el perfil de un candidato ganador, incluyente, que pueda incorporar a todas las fuerzas internas del PRI y luego a todas las fuerzas políticas”.
Entrevistado en su oficina particular, el magistrado con licencia –que solicitó ésta para competir por una candidatura– insiste en que ha exhortado a la dirigencia del PRI y a otros actores políticos locales para sumar fuerzas y buscar la reconciliación, porque no cree que Oaxaca resista otra crisis como la de 2006.
Desgraciadamente, admite, no ha tenido buena respuesta, porque el gobernador y su grupo tienen “secuestrado” al PRI estatal.
“Le dije a Beatriz Paredes que su discurso a nivel nacional en vías del triunfo en 2012, en Oaxaca sus dirigentes lo llevan por una ruta equivocada porque no es un discurso innovador, moderno, es el viejo discurso anquilosado, caciquil, autoritario, represivo, el que estamos viviendo en Oaxaca. Creo que el estado merece mejor destino”, señala.

Ulises une a la oposición...
Los partidos que contenderán en la elección del 4 de julio deben tener para febrero su lista de candidatos a gobernador, así como a 42 diputaciones y 150 presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos, de las 570 que existen. Además, hay en Oaxaca 3 mil asambleas comunitarias bajo el régimen de usos y costumbres.
La semana pasada las dirigencias nacionales del PRD y del PAN manifestaron que las pláticas para establecer coaliciones electorales en Oaxaca, Puebla, Durango e Hidalgo están muy avanzadas y que dejaron al final la selección de los candidatos para no entorpecer las negociaciones.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional perredista y encargado de negociar estos acuerdos en Oaxaca, confirma en entrevista: “La alianza va por buen camino, vamos procesándola bien tanto el órgano estatal del PAN como nosotros en el PRD. Vamos a comenzar a trabajar con el programa y la plataforma de gobierno”.
En la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PAN, César Nava, y su correligionario Javier Corral, revelaron el miércoles 20 que las negociaciones con el PRD, el PT y Convergencia estaban adelantadas, aunque aclararon que sólo apoyarán a candidatos que reconozcan la Constitución y las leyes, en un claro mensaje al senador oaxaqueño de Convergencia, Gabino Cué, quien acompañó al excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en una intensa gira por Oaxaca que duró meses.
A pesar de eso, Acosta Naranjo dijo que el siguiente paso será establecer los mecanismos para la selección de los candidatos y que hasta el final se definirían los nombres. En el caso de los aspirantes a la gubernatura, confirmó que aún no se ha elegido a nadie, aunque reconoció el peso del senador de Convergencia, Gabino Cué.
El viernes 15, en una conferencia en la ciudad de Oaxaca, Acosta Naranjo afirmó que el apoyo de López Obrador a Cué no influirá en las negociaciones, porque éstas las conducen las dirigencias nacionales de los partidos.
Pero fue Gabino Cué quien se desmarcó de López Obrador. En una entrevista publicada el viernes 22 por el diario El Universal, cumplió con la exigencia de los panistas de reconocer a Felipe Calderón como presidente de la República y precisó que no será el nombre del tabasqueño el que aparezca en las boletas electorales de Oaxaca.
Al respecto, Mario Mendoza, dirigente de Convergencia en Oaxaca, aclaró que la relación entre Cué y López Obrador es de mutuo respeto y que éste no hizo campaña a su favor, sino que lo acompañó por los 400 municipios del estado para conocer de cerca la pobreza en que viven 70% de los oaxaqueños.
“Nosotros respetamos a Andrés Manuel López Obrador, pero para la elección del candidato a gobernador estamos escuchando a los oaxaqueños que nos piden unidad, anteponer los intereses del estado, para poder derrotar al PRI”, aseguró Mendoza en entrevista telefónica.
Los avances de una alianza opositora provocaron la reacción inmediata de los priistas; el senador Manlio Fabio Beltrones la tildó de un “engendro” y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dijo que era “perversa”. Panistas y perredistas señalaron que el PRI estaba “nervioso” porque ya daba por adelantado su triunfo.
Acosta Naranjo considera que Ulises Ruiz es “uno de los gobernadores más nefastos en la historia del país”, y que para vencerlo se requiere un frente amplio opositor.
“Creemos –insiste– que es el momento de una transición a la democracia en Oaxaca, que se normalice un estado de derecho, que haya condiciones mínimas de seguridad para la participación ciudadana y que no haya encarcelamientos, persecuciones o incluso asesinatos, como ha sucedido en Oaxaca con Ulises Ruiz.”

... Y divide al PRI
Hasta finales del año pasado el gobernador Ulises Ruiz parecía tener un control absoluto del proceso de selección interno del candidato a gobernador del PRI. En un gesto de aparente competencia dio a conocer una lista de seis aspirantes, a quienes llamó “aspirinas para Oaxaca”, entre ellos al senador Adolfo Infanzón Toledo, los diputados Eviel Pérez Magaña y Jorge Franco Vargas; el presidente municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas; el secretario de Administración de Gobierno, José Antonio Estefan Garfias, y Martín Vázquez Villanueva, secretario de salud estatal.
No obstante, con el paso de las semanas, el gobernador puso a disposición del diputado Eviel Pérez Magaña la estructura de gobierno y lo ha llevado a sus giras, placeándolo como su delfín. Otros aspirantes ni siquiera figuraron entre sus seis “aspirinas”. El ministro con licencia Raúl Bolaños-Cacho Guzmán es uno de ellos y lo manifiesta claramente:
“No estoy de acuerdo con que el PRI sea rehén del grupo que está en el poder, porque todos los que hemos luchado y trabajado por el partido lo hemos mantenido más de 80 años en el poder en Oaxaca.
“Veo con tristeza que actualmente el priismo oaxaqueño se está manejando de manera excluyente, sesgada. Nosotros aspiramos a que el PRI reflexione antes de que tome una decisión política, porque la fortaleza del partido en el estado ha sido la unidad, la cohesión, la integración de todos sus cuadros, pero vemos con mucha tristeza que ahora se está viendo sólo a un priismo que ocupa el poder, que busca una ampliación, una extensión.”
–¿Qué riesgos ve usted si no se da una elección más democrática y abierta en el PRI?
–El primer riesgo que veo es una fractura. Ya están las primeras manifestaciones y no veo que haya voluntad de sumar o de integrar a todos los cuadros priistas.
También observa la posibilidad de un conflicto poselectoral que desemboque en un conflicto social e impida que el 1 de diciembre asuma la gubernatura el candidato ganador.
“Veo que el tejido social en Oaxaca está muy atomizado, fracturado. Se han polarizado las fuerzas políticas, hay mucho encono. Los oaxaqueños debemos evitar que haya un choque de trenes”, advierte.
–¿Si hay un candidato impuesto, como ya se está viendo, está en riesgo la elección para el PRI?
–Totalmente. Con un candidato impuesto no creo que ganemos la elección, independientemente de toda la estrategia que el partido tenga.
Le preocupa, igualmente, que en el partido no se evalúe adecuadamente la figura del gobernador.
“Ulises Ruiz le vende a la dirigencia nacional que es un gran operador político –explica– y con base en eso tiene toda la confiabilidad y la seguridad de la dirigencia. Pero insisto en que es muy diferente ver el escenario en Oaxaca desde las oficinas de la dirigencia nacional en el Distrito Federal que desde el estado mismo.”


–En este ambiente, lo que se ve es que Ulises está buscando una tabla de salvación, ¿no?
–¡Claro! Una salvación política, porque no creo que tenga una salvación jurídica o legal, ya que en un año Ulises Ruiz será un ciudadano común y corriente, y el destino que los tribunales nacionales e internacionales le den a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será de carácter legal.
“Creo que, si es así, se dará en un corto plazo y él debería ver las cosas a largo plazo, porque en 10 meses entrega el poder y todas las actuaciones de carácter judicial que se vengan van a durar mucho tiempo. Experiencias como la de Acteal o Aguas Blancas han durado mucho tiempo entablando demandas de los afectados contra los gobernadores de Guerrero o de Chiapas. Lo de Oaxaca, en ese sentido, va para largo.”
–¿No hay cohesión en el PRI de Oaxaca?
–Nunca había visto un gobierno priista en Oaxaca tan distanciado de todos los gobernadores anteriores. Ulises está alejado de José Murat, Diódoro Carrasco, de Heladio Ramírez, que es un activo desde la CNC... No hay un acercamiento, sino al contrario, hay una exclusión para todos ellos. Yo demandé ante la dirigencia nacional del PRI que fueran convocados estos exgobernadores para que conocieran su punto de vista, pero no ha habido respuesta.
–¿Qué significaría para el PRI perder en Oaxaca?
–Creo que sería, si no la pérdida de la corona, sí la derrota del priismo en el sureste mexicano. Creo que Guerrero ya tuvo una alternancia, también Chiapas; faltaría ver Oaxaca y Veracruz. Creo que esto influiría mucho en el desarrollo del proceso electoral de 2012. Oaxaca tiene un padrón electoral de 2 millones y aporta a la elección presidencial 500 mil votos, es decir que con una derrota en la elección de Oaxaca estaríamos perdiendo medio millón de votos para la elección presidencial.
–Decía que el estado no aguanta otra convulsión como la de 2006. ¿Usted ve que se puede presentar un problema parecido?
–Lo vería más agresivo, porque las heridas, los odios, los rencores, no se han superado. Ante este escenario veo un alto riesgo de corrientes desestabilizadoras, que eso es lo que hay que evitar.
“No es una elección simplemente política. Si en Oaxaca no se cuida el proceso electoral, de alguna manera esto puede ser el detonante de una situación mayor. Los oaxaqueños debemos cuidar que las elecciones sean blancas, que no se tiñan de rojo, es decir, que no se genere la violencia”, advierte el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Madre de niño violado en Oaxaca reclama justicia
Acusa a Ulises Ruiz de solapar impunidad
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Viernes 29 de enero de 2010, p. 35
Leticia Valdés Martell exigió ayer justicia para su hijo, violado en Oaxaca en 2007. ¿Cuántas cosas más tengo que pasar? Son tres años clamando por que el procurador de Justicia, el tribunal y el gobernador del estado, Ulises Ruiz, cumplan la recomendación 04/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por que cumplan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aprehendan a los prófugos Gabriel Hugo Constantino García y Adán Pérez Ramírez, quienes violaron a mi hijo en el Instituto San Felipe, de Oaxaca.
Emérgica, exigió que los funcionarios señalados apliquen la ley y castiguen a los violadores. Hay una campaña de desprestigio y ataques en mi contra por exigir castigo a los violadores. Está comprobado que mi hijo fue ultrajado en ese instituto. Hay una recomendación de la CNDH. La Suprema Corte le negó el amparo a Magdalena Rufina García Soto, maestra que entregaba a mi hijo a los violadores.
La voz se le quebró y por momentos no pudo contener el llanto. Esta atrocidad tiene que ser castigada. Tiene que investigarse la red de pornografía infantil y pederastia que existe en Oaxaca y en ese instituto. Se tiene que investigar a Jorge Franco Luna y a Jorge Franco Vargas porque ellos obstruyen la justicia.
Valdés Martell ofreció una conferencia de prensa en la que acusó a Ulises Ruiz de solapar la impunidad, de haber emprendido una campaña en contra de ella por defender a su hijo y exigir justicia. Es un gobernante prepotente, arbitrario, que defiende y solapa a los violadores. Se dice que funcionarios del gobierno son accionistas de ese instituto, el San Felipe, donde mi hijo fue ultrajado. Y ahora paga campañas para denostarme en la prensa local, en la radio y la televisión estatales, pero recurriré a la justicia internacional.
Refirió que su hijo fue violado en febrero de 2007. Presenté denuncia y hubo dilación de la Procuraduría General de Justicia, y la CNDH documentó que hubo inactividad, omisiones, retardo, y que las autoridades propusieron negociar con los violadores.
Dijo estar preocupada porque la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ha retrasado más de medio año el dictamen para confirmar o incrementar la sentencia en contra de Magdalena Rufina García Soto.
Los magistrados están presionados por el gobernador, quieren torcer la ley, y la presión es para que la dejen libre. Los violadores se pasean libremente por Oaxaca y no se han cumplido las órdenes de aprehensión dictadas contra ellos. Ulises Ruiz los protege.
En la conferencia de prensa, una mujer del Distrito Federal, que sólo se identificó como Cristina, denunció que su hijo Jesús, de tres años de edad, “fue violado en el colegio Westminster, cerca del Lienzo Charro de la delegación Tlalpan, y que en unos días acudirá a comparecer contra los presuntos agresores.

Contranatura
Víctor Raúl Martínez Vásquez. RIOaxaca.

Contranatura o contranatural, es ir contra la naturaleza; estar contra la naturaleza de las cosas.
Contranatura, engendro, perversa, llaman los adictos al régimen a la Coalición opositora en Oaxaca entre el PRD, el PAN, Convergencia y el Partido del Trabajo.
Entre sus detractares se encuentran Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manuel Espino y émulos locales. No ven la Coalición como resultado de un largo proceso autoritario en el que la corrupción, prepotencia, impunidad, abuso, son la marca de la casa priista.
No ven porque en Oaxaca los diferentes se han unido contra el régimen de "gobernadorismo autoritario" que ha imperado en el pasado reciente. Unir a muchos y distintos es el principal logro del desgobierno de Ulises Ruiz Ortiz y su burbuja.

En el orden social, contranatural es robar lo público para volverlo privado, sean mansiones, empresas, terrenos, hospitales ; contranatural es que los políticos, durante su periodo, creen constructoras para darles obra pública a parientes y amigos que son en realidad prestanombres; contranatural es llegar al poder sin escrúpulos utilizando el hambre y las necesidades de los pobres comprando su voto; contranatural es gobernar autoritariamente, abusar del poder sin importar los medios; contranatural es inventar delitos encarcelando a gente inocente y sembrando pruebas falsas; es insistir en obras innecesarias sin considerar la opinión de la ciudadanía que se opone a ellas; contranatural es simular, mentir , amenazar cuando se ocupan cargos públicos. Eso es contranatural, no querer acabar con ello.
La actual Coalición empezó a fraguarse inmediatamente a las elecciones del 5 de julio del 2009, que concluyeron, al igual que en el 2007, con carro completo para el PRI.
Se obtuvo este último, usando la pobreza de la gente, que no su voto espontaneo; utilizando los recursos públicos; comprando conciencias sumisas al mejor postor, incluso de partidarios de la supuesta oposición; clonando actas; chantajeando a las autoridades municipales; operando los sistemas de cómputo de los órganos electorales.
Las elecciones del 5 de julio mostraron la necesidad de unirse contra el sistema que nos agobia si se pretende un cambio genuino para Oaxaca. De poco sirve coincidir en el diagnóstico si no se actúa consecuentemente; la división, hemos dicho, es la dispersión.
Un ejemplo palpable lo fue el distrito electoral número 8 con sede en la ciudad capital, donde en su conjunto los partidos que hoy se coaligan lograron más de 50 mil votos, en tanto que el PRI, con 32 mil, logró llevarse el triunfo con un candidato anodino.
Y es que las elecciones siguen siendo inequitativas en este régimen autoritario. Y van a seguir siendo, mientras no se inicie un proceso de transición democrática.
El sistema autoritario ha dispuesto de todas las instituciones públicas para su reproducción: el gobierno, el poder judicial, el poder legislativo, las finanzas públicas, los medios de comunicación, los cacicazgos regionales, los grupos paramilitares, las complicidades de sus beneficiarios en el sector económico.

Las elecciones del 2009 fueron una lección para los partidos de oposición. Por ello, desde los días posteriores a ellas, empezaron las expresiones públicas de los dirigentes de los partidos políticos opositores sobre la necesidad de la alianza, que decían, incluyera a la sociedad civil.

Desde el mismo mes de agosto, dirigentes de los partidos, de manera bilateral empezaron a reunirse entre sí. El 23 de agosto, los Consejos estatales del PRD y del PAN, por separado, acordaron iniciar reuniones formales con partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, académicos, ciudadanos para conformar un bloque opositor.
Esta idea se vio reforzada por algunos esfuerzos como los realizados por el Foro Ciudadano por la Transición Democrática de Oaxaca en el que participan, entre otros, los excandidatos a diputados federales por el octavo distrito electoral federal Luis Ugartechea Begné (PAN), Francisco Martínez Neri (PRD) y Maurilio Mayoral García (PT-CONVERGENCIA).
Este Foro convocó a la realizaciones de 8 reuniones temáticas, la primera de ellas, celebrada el 21 de agosto del año próximo pasado, concluyó con un llamado a los partidos de oposición a integrase en Coalición.
Por su parte, la Convención Estatal Democrática Oaxaca libre que aglutina diversas organizaciones del movimiento social como CODECI, CODEP; UGOCP; CEMPA, convocaron a 8 asambleas regionales. Lo mismo ocurrió con el FOSDI que agrupa otros colectivos entre los que se encuentra Comuna Oaxaca, Frente Popular Revolucionario, un sector de la COCEI, etc.
Más adelante surgieron los esfuerzos de "Reformemos Oaxaca", "Jóvenes por la Transición Democrática" y otros más.
La alianza empezó a ser cuestionada por los esbirros del ulisismo, torpedeada por los amanuenses en los medios impresos, ridiculizada por voces alquiladas frente a los micrófonos de la radio, adjetivada por los intelectuales orgánicos del régimen autoritario, sin embargo, continuaron los trabajos en torno a la plataforma programática desde la sociedad civil y desde los partidos. Se dieron reuniones en distintas partes del estado.
A nivel nacional, esto ha erizado los pelos de los ortodoxos, ¿como una alianza entre la derecha y la izquierda?.
Ciertamente, la alianza no puede ser solo pragmática, debe ser programática para tener legitimidad social y darle dirección al proyecto. No debe ser solo una alternancia, un "quitate tú para ponerme yo": transparencia y rendición de cuentas; democracia participativa; desarrollo sustentable; autonomía de los pueblos indios y libre determinación sobre sus recursos naturales; equidad de género y respeto a los derechos de las mujeres; justicia y castigo a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos; reforma judicial; educación intercultural; cultura; empleo; salud; servicios; seguridad; honestidad en el servicio público, son algunas de las expectativas de los oaxaqueños y oaxaqueñas.
Por estos, como lo están confirmando los consejos nacionales de los partidos de oposición, la alianza: ¡va!

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JOVENES SIN HORIZONTE

Lujambio, un reyezuelo contra "ninis"
Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 28 de enero (apro).- La primera vez que leí las cifras me quedé atónita: la mitad de los jóvenes de entre 15 y 18 años no estudia ni trabaja. No tienen ninguna opción en un mercado de trabajo saturado.
Las jóvenes abandonan la preparatoria en el primer año, porque son ocupadas en tareas de apoyo económico en su casa o por razones de apoyo doméstico. Los muchachos la abandonan también por esas razones y porque no les parece atractiva la escuela.
Dicen que no aprenden.
El Sistema de Educación Media en 2004 sólo atendía a la mitad de los jóvenes de ahora. Era evidente que necesitaba recursos, insumos, infraestructura. Los excluidos, rechazados, ahora denominados “ninis”, necesitaban ser urgentemente atendidos.
Se descubrió que ese nivel educativo era un desastre absoluto: 18 subsistemas, 200 programas de estudio, escuelas “patito”, 240 mil profesores que nunca fueron capacitados para educar adolescentes, desde que se creó la Escuela Nacional Preparatoria.
El discurso vacuo de que una nación pone sus esperanzas en la juventud se me hizo añicos con tamañas realidades, profusamente documentadas, demostradas, evidentes.
Realidades más enfáticas que el curso de filosofía o los errores de historia. El tema es que los jóvenes no aprenden nada. El dinero se va al agua, gobiernos estatales y municipales no rinden cuentas.
Un día obtuve, a través de quien sí sabe, miles de fotos de edificaciones escolares lamentables, donde no funcionan los baños ni hay pupitres, menos espacios para laboratorios. En fin, un verdadero desastre, del que nunca se enteran los legisladores.
Me dolió el alma, en estos años, en eso de ir viendo qué pasaba en la escuela, la antesala de ir a la universidad. Por las imágenes que se presentan en público, lo que difunde eso que se llama sistema judicial del país, ¿han visto el perfil de los sujetos de apresamientos del “crimen organizado”? Son caras y cuerpos de personas bien jóvenes. ¿El crimen nutrido por los ninis? Esos más de tres millones de jóvenes sin alternativas, presos de la guerra que desató el régimen en turno, muchos de ellos muertos, entre los casi 14 mil ejecutados, con destinos truncados, tal cual lenguaje de telenovela, porque a nadie le importan.
Luego siguen los informes y las quejas. Jóvenes expuestos, perseguidos y asesinados, como el hijo de Josefina Reyes --en Ciudad Juárez--, que se suman a las denuncias de la entrada inopinada de los miembros del Ejército a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y los jóvenes que escenifican constantemente los “operativos” de “seguridad”, y todos los que quedan varados por los apresamientos y ejecuciones de sus padres y madres.
Con todo, se emprendió una reforma para la Educación Media Superior, fundada en el diagnóstico. Por primera vez en 70 años los profesores serían capacitados; se propuso, firmó, discutió, un cambio en la currícula, con la creación de un sistema nacional.
Un dispositivo civil de padres, maestros y jóvenes para indagar sus expectativas. Ensayos de futuro.
Y aunque no se conseguiría un cambio radical automático, la reforma iba caminando y a lo mejor hasta funcionaba. Incluso en el Distrito Federal se empezaba a comprender seriamente el tema. Se quitaron obstáculos para desarrollar ese cambio.
Pero la política de desastre en que vivimos de pronto cegó esa posibilidad.
La salida del subsecretario, su equipo, sus planes y proyectos de la Secretaría de Educación Pública, donde manda un nuevo tipo de reyezuelo, al menos pone en serio peligro este dispositivo que contendría la desazón juvenil. Miguel Székely, subsecretario de Educación Media Superior, fue eliminado. Su desgracia fue tomar en serio esta reforma, simplemente.
Resultado de nuestras miserias, es también una víctima de los intereses que, como una telaraña, impiden acciones que molestan a quienes solamente andan buscando el poder, sin ética ni mirada de futuro. En esa subsecretaría se colocó a Miguel Ángel Martínez Espinosa, exsecretario de Educación en Jalisco, una pieza necesaria para los planes de Alonso Lujambio y, por supuesto, los objetivos sucesorios panistas. Es decir, sólo y nada más la búsqueda del poder.
Los jóvenes “futuro” de la nación, ¿a quién le importan?
Y como si esto no fuera suficiente, ahora resulta que Mariana Gómez del Campo, directora de facto del Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve) --que además funciona como ariete del más opresivo conservadurismo--, tiene coto privado. Sus parientes fuera de la ley ocupan puestos y hacen políticas para los jóvenes al mejor viejo estilo. Evidentemente, ello forma parte del desprecio a ese futuro que se estaba construyendo, sólo mencionado en discursos vacíos.
Está bien claro. Seguro que un cambio profundo, lento, incomprendido, estorba al prian, esa alianza entre los priistas y los panistas, que necesitan becarios jóvenes para su política indigna, y la política educativa, como vimos en las elecciones de 2006, es solamente un ariete en este universo de complicidades para el control de la población, votos asegurados y también carne de cañón en esta guerra frívola que estamos viviendo, donde educación, derechos humanos y futuro no están en el diccionario.

El modelo
LUIS JAVIER GARRIDO
¿Hasta dónde va a llegar el proceso de desmantelamiento de las naciones de América Latina y de sus instituciones sociales y políticas, que están imponiendo los poderes trasnacionales con la pretensión absurda de edificar algún día un orden supranacional, en el que las grandes decisiones se tomen sin cuestionamiento alguno al margen de los pueblos?
1. El proyecto político de la globalización capitalista neoliberal, que se ha ido definiendo en los últimos lustros, y que supone la estructuración de una mecánica de poder supranacional en que los estados nacionales no tengan voluntad soberana de decisión en materias financiera, económica y social, y sean las instancias trasnacionales controladas por Washington las que tomen las decisiones, está condenado al fracaso porque supone un enorme desprecio para los pueblos, y ya desde ahora se ve su inviabilidad.
2. La cuestión que poco se ha discutido en Latinoamérica y que se ha soslayado, a pesar de constituir una amenaza enorme para el continente, ha sido la edificación del nuevo orden político mundial, que supone la destrucción de los entramados institucionales nacionales, y que se ha ido llevando a cabo implacablemente al tiempo que se enajenan los recursos estratégicos de los pueblos, lo mismo en Brasil que en México, donde las cartas constitucionales no son sino letra muerta y los pueblos tienen cada vez menos derechos reales, en aras de imponer ese orden supranacional, gracias a la colaboración de grupos mafiosos en cada país.
3. En México, los integrantes de la zafia extrema derecha yunquista-panista en el poder desde 2000, sin proyecto político y nada que proponer a la nación, con ánimo depredador pocas veces visto en la historia del continente, pero sabiéndose dirigidos y amparados desde el exterior, se han solazado en destruir las instituciones sociales y políticas de la República, con el ánimo de abrir la vía para que las multinacionales controlen el país, confiados en que no hay fuerza política o social que pueda detenerlos en el marco de la legalidad vigente si no es mediante un conflicto de enormes dimensiones. El caso del intento patético del gobierno de Calderón por destruir Luz y Fuerza del Centro y de paso eliminar al SME, el sindicato independiente más vigoroso de México, cancelándole sus derechos constitucionales a 44 mil trabajadores, es significativo.
4. La imposición del modelo capitalista neoliberal, que con el leitmotiv de la desregulación ha tendido a reducir a su mínima expresión a los estados nacionales, se fue haciendo en América Latina de manera autoritaria desde que se inició el experimento de imponer el modelo, primero en la Argentina de los generales en los 70 y luego en el Chile de Pinochet (1973-1990), tratando de relegar a las instituciones políticas formales a meros instrumentos de las nuevas políticas, creyendo a ciegas en su funcionalidad, pero a finales del siglo pasado en los centros de decisión militar y financiera de Washington en los que se creía posible maquillar las nuevas políticas con un discurso seudo democrático, se fue abandonando esta idea.
5. Las instituciones políticas liberales definidas desde el siglo XVIII (con regímenes constitucionales que sustentan los derechos individuales y sociales, la democracia política, la división de poderes o los tribunales autónomos) no podían ya seguir enmascarando la toma de control del continente por las multinacionales, porque el despertar democrático en muchas latitudes empezó a frenar este proceso destructivo al hacer valer muchos pueblos sus derechos sustentándose en esas instituciones, que muchos seguían estimando como anacrónicas, por lo que se dio marcha atrás en tal pretensión con la consecuencia de que el gobierno de Obama y las grandes corporaciones para las que trabaja, que al llegar al poder tenían como misión maquillar estas políticas, están haciendo al lado toda compostura.
6. La administración de Obama ha perdido en muy poco tiempo el estilo y al cumplir un año aparece tan burda en su barbarie como la de Bush, en especial en América Latina. Tras el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, decidido y organizado por la Casa Blanca, y la imposición de un pelele suyo, el espurio Porfirio Lobo, vinieron nuevas ofensivas contra los gobiernos boliviano y argentino, el abandono del proyecto de una nueva política frente a Cuba, una violenta campaña económica y política para combatir al gobierno de Hugo Chávez de Venezuela y la toma militar de Haití con el pretexto del terremoto del 12 de enero, sin soslayar un apretón de tuercas en México, donde Calderón no oculta ya su papel de empleado de grandes trasnacionales y, la misión que se le ha impuesto de desmantelar las entidades públicas, mientras deja a la DEA y a la CIA decidir impunemente en México en nombre de la globalización neoliberal.
7. El Foro Social Mundial (FSM), cuyos primeros 10 años se celebran este 2010 en Porto Alegre (Brasil), en medio de un malestar creciente en todos los pueblos de la Tierra por las políticas depredadoras que se han ido extremando en el planeta y que están llevando al desastre en todos los órdenes, abrió en diversas ediciones foros de discusión sobre la cuestión de las instituciones políticas y sociales nacionales y su conflicto con los grandes poderes económicos y políticos trasnacionales, y ahora resulta urgente reabrir estas discusiones de cómo poner un alto al nuevo orden económico, social, jurídico y político supranacional que se ha edificado en las tres últimas décadas para hacer prevalecer los derechos de corporaciones sobre los de individuos.
8. El Foro Económico Mundial de los poderes multinacionales, que se abrió ayer en la elegante estación de esquiar de Davos, en los Alpes suizos, habla de repensar, rediseñar y redificar el modelo de dominación que las grandes corporaciones han edificado en los últimos 30 años, y que ha constituido una guerra contra los pueblos de la Tierra, y es claro que hablan de ese nuevo orden económico mundial tan ilegítimo e injusto que han ido construyendo, pero también del nuevo orden político (y seudo jurídico) que lo hace viable.
9. Ese proyecto económico y político neoliberal está condenado al fracaso, pero para detenerlo lo antes posible es menester tener claridad sobre lo que acontece y reconocer que cuestiones como la defensa de las instituciones constitucionales o de las empresas públicas, supone también la defensa de los derechos individuales y sociales de todos.
10. Desde abajo hay que repensar, rediseñar y redificar el proyecto popular, pero entender que defender ahora el viejo orden constitucional, que la derecha busca destruir, es defender los derechos de todos.
Una república laica
GABRIELA RODRÍGUEZ

Ningún panista pretendería fortalecer la laicidad del Estado como parte de la reforma política porque los principios doctrinarios de este partido tienen una clara inspiración católica e integrista. Además, el poder económico y de movilización de los jerarcas eclesiales han resultado pieza clave para la legitimación de un Presidente producto de elecciones fraudulentas, punto de apoyo para reformas legales de carácter retrógrada en el interior del país (leyes anti-aborto en 18 estados), fuente de fortaleza para algunos gobernadores (no sólo pertenecientes al PAN, sino también al PRI, como el caso de Mario Marín, el góber precioso, o Enrique Peña Nieto, a quien actualmente se le reconoce más poder que al propio Calderón y que a todos los líderes del Congreso), así como palanca para golpear al PRD y al jefe de Gobierno de la ciudad de México (por las reformas que autorizan la interrupción del embarazo por decisión de la mujer y el matrimonio de personas del mismo sexo).
Tales efectos de la alianza de elites políticas con los jerarcas de la Iglesia católica bien podrían explicar el debilitamiento de la laicidad del México actual. Se trata de una dimensión que tendría que reforzarse en la reforma política, toda vez que fue fundacional a la formación del Estado mexicano y puede ser un instrumento ante la decadencia del sistema político y la incipiente democracia.
Hace 150 años Benito Juárez logró el reconocimiento de la supremacía del Estado sobre la Iglesia al instaurar el Estado laico y las Leyes de Reforma; Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y Francisco Zarco evitaron los fueros y privilegios eclesiásticos al precisar los alcances de la laicidad y que se pudieran garantizar los derechos sociales, así como la autonomía de los sindicatos, del Poder Judicial y del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, la exclaustración de los conventos, la extinción de los delitos de prensa, así como la instauración de la educación laica y gratuita en todo el país.
La permanencia de la educación laica está atrás de la cultura secular y progresista del pueblo de México, del rechazo a la mezcla de la esfera política con la religiosa, y de la exigencia al Estado para garantizar las libertades y los derechos humanos. Podríamos entender que las movilizaciones sociales que hemos vivido en años recientes son respuesta a la gravedad de la represión, persecución y hasta ejecución de defensores de los derechos humanos, así como de periodistas y activistas que luchan por la justicia social.
En plena celebración del bicentenario de la Independencia de México recordamos que la Iglesia católica excomulgó a los sacerdotes Miguel Hidalgo y Costilla y a José María Morelos y Pavón por ser insurrectos y luchar por la independencia del país. Además del movimiento de Reforma que se impuso sobre la Iglesia, ésta fue nuevamente derrotada al promulgarse en la Constitución de 1917 la libertad de creencias y la educación laica. Actualmente en el artículo 3º constitución se convino en establecer que la educación que imparta el Estado será laica ajena a cualquier doctrina religiosa; el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Por su parte, el artículo 24 constitucional tutela la libertad de creencias y, en esa misma tesitura, el 130 constitucional consagra el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.
La falta de reacción del gobierno federal a las múltiples vejaciones a la laicidad y la consideración de que ésta supone mucho más que la separación del Estado y las iglesias, llevó al grupo República Laica a elaborar una iniciativa para fortalecer el Estado laico, la cual será presentada la próxima semana en las primeras sesiones del Congreso.
Dicha iniciativa lleva tres años de trabajo y fue inicialmente impulsada por las ex diputadas Elsa Conde Rodríguez, del Partido Alternativa Socialdemócrata; Martha Tagle Martínez, de Convergencia, y por Rosario Ortiz Magallón, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); fue diseñada por el profesor Roberto Blancarte y activistas como Aidée García, de Católicas por el Derecho a Decidir, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Afluentes SC, Demysex, Foro Intereclesiástico Mexicano, Frente por la Cultura Laica, Libertades Laicas, iglesia La Luz del Mundo y Logia Masónica. Muchos ciudadanos, académicos, intelectuales y artistas se están sumando al interés por fortalecer el Estado laico, las y los legisladores del PRD la están impulsando, además de María de los Ángeles Moreno y Beatriz Pagés, de otras fracciones.
La propuesta se centra en incluir la palabra laica en el artículo 40 constitucional: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos ….” Además, para que entiendan los panistas que rechazar el matrimonio gay es discriminar y atentar contra el Estado laico, y para que comprendan los legisladores del PRI que al criminalizar el aborto están pisoteando la laicidad y los derechos de las mujeres, se busca precisar su definición en el artículo 130: El Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas y, en consecuencia, de los actos que de ésta se deriven. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares; así como la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones o creencias.

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EL DF NO ES VASALLO

Ebrard: Calderón no es quien para decidir sobre leyes del DF
La Asamblea Legislativa es la representante legítima de los capitalinos, señala
Califica de grave error que mediante la PGR pretenda coartar derechos de personas
Fustiga injerencia
GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Periódico La Jornada
Viernes 29 de enero de 2010, p. 38
Al Presidente de la República no le corresponde decidir sobre las leyes que se aplican en la ciudad de México, porque no somos una dependencia del gobierno federal, afirmó ayer el titular del Poder Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, al opinar sobre el recurso que promovió la Procuraduría General de la República en contra de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, mediante las cuales se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten. Fue un grave error, porque es el abogado del Poder Ejecutivo Federal y pretende limitar derechos de personas.
Al término de la ceremonia de inauguración de un cibercentro en la delegación Venustiano Carranza, se solicitó al mandatario capitalino su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó el miércoles pasado el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, y respondió: tal pareciera que volvemos a los tiempos en el que éramos una dependencia del gobierno federal.
Aclaró que la Asamblea Legislativa, que es la representación legítima de los capitalinos, es la encargada de aprobar las leyes que rigen en el Distrito Federal. Si no, entonces para qué tenemos una Asamblea, un Congreso local, increpó el gobernante de la ciudad.
Ebrard Casaubon argumentó que si todo se va a resolver en el escritorio del Poder Ejecutivo Federal o en el del procurador, sería como aceptar que sea entonces la Procuraduría General de la República la que nos diga qué leyes se van a aplicar en el Distrito Federal.
Puntualizó que ni Chávez Chávez ni Felipe Calderón son quienes le deben permitir o no a las personas tomar decisiones sobre su vida y sus preferencias sexuales.
Posteriormente, el jefe de Gobierno explicó, por alrededor de una hora, a corresponsales extranjeros que el recurso interpuesto por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene efecto de suspensión, es decir, que las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal entrarán en vigor a partir del 4 de marzo, y por tanto, ocho días después podrán efectuarse matrimonios entre personas del mismo sexo en la capital del país.
Al desmenuzar algunos de los argumentos que la procuraduría esgrimió para interponer el recurso, Ebrard Casaubon concluyó que no existe fundamentación jurídica, sino una postura política. Se está respondiendo así a la presión de quienes no están de acuerdo con la ley y se está buscando que la Suprema Corte reduzca, límite o elimine derechos de personas. Ese es el tema de fondo.
Dijo que el Gobierno del Distrito Federal acudirá, junto con la Asamblea Legislativa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender esta ley, como lo hizo con las reformas al Código Penal, mediante las cuales se permite la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.
La consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, acotó que la PGR hace referencia a una reforma de 1974, durante el gobierno de Luis Echeverría, de entonces a la fecha la familia ha variado en su constitución.
Señaló que hasta las 20 horas de ayer, el gobierno capitalino no había sido notificado por la SCJN del recurso presentado por la PGR; esperamos que sea el lunes y a partir de ahí armaremos nuestros argumentos, con el respaldo de 43 especialistas e instituciones.
La funcionaria informó que en 2009 fueron adoptados 180 menores, 86 hombres y 79 mujeres, de entre menos de uno y 17 años. En 86 por ciento de los casos fueron registrados por ambos padres; cinco sólo por padre y en 18 casos sólo por madre.
CNDH: no hay razón juridica para oponerse a bodas gay y adopción
La redacción. Proceso.
MEXICO, D.F., 28 de enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, anunció que no interpondrá un recursos de inconstitucionalidad contra la legalización de los matrimonios gay y la posibilidad de que adopten, porque dijo, “en el país se debe garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas”.
De acuerdo con el ombudsman no existe desde el punto de vista jurídico razón alguna para oponerse a dichas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por separado, David Razú, principal promotor de las reformas al Código Civil, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR es “discriminatoria”, y reiteró que detrás de esa decisión están el presidente Felipe Calderón, el PAN y la Iglesia.
"El presidente de la República y su procurador (Arturo Chávez Chávez) están enviando un mensaje discriminatorio a la sociedad”, en el sentido de que “hay familias que no deben recibir la protección del Estado mexicano", dijo.
"Están defendiendo que los hijos de estas familias, que ya existen, no deben recibir protección social. Es un mensaje de discriminación y segregación en contra de un sector de la sociedad", agregó.
Razú indicó que esperarán a que la Corte dé entrada al recurso presentado por la PGR, pero confió en que ganarán el debate, dado que la reforma no viola la Constitución.
"La Constitución defiende la no discriminación, los derechos para todos sin diferencia, así que vamos a ganar. Además, hasta ahora no hay jurisprudencia internacional que haya revertido este tipo de reformas en otros países", dijo.
En la acción de inconstitucionalidad que ayer presentó ante la SCJN, la PGR menciona que las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 146 del citado código, agrega, contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.
De igual manera, añade, la modificación que realizó la ALDF parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia.
“Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”, puntualizó la PGR.
Sin embargo, Razú calificó de “endebles” los argumentos de la instancia federal contra la reforma, y añadió que aunque no conocen a fondo el expediente, “nos llama la atención que la PGR controvierta el artículo 391 cuando éste ni siquiera fue reformado por la Asamblea Legislativa”.
La vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada, fue más allá al afirmar que la Procuraduría General de la República hace “el trabajo sucio y de cañería del Estado”.
Es una pena, dijo, que el Estado utilice al abogado de la nación “para hacer el trabajo de la derecha que obedece a intereses morales y católicos, más no a los jurídicos”.
Reclama León Portilla atender indígenas a 200 años de Independencia
Defendió su causa al recibir este viernes el "Honoris Causa" de la Universidad Complutense.
Notimex
Publicado: 29/01/2010 15:09
Madrid. El historiador mexicano Miguel León-Portilla reclamó hoy aquí "atención a los requerimientos de los pueblos indígenas" en el año en que se conmemora el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.
El académico mexicano fue investido aquí doctor "Honoris Causa" por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que le reconoce sus méritos por los estudios a favor del conocimiento, difusión y defensa de las lenguas y derechos de los pueblos indígenas de México, Perú y Bolivia.
En el acto en el Paraninfo de la institución española, el autor de "Visión de los vencidos" (1959) expuso que los indígenas tuvieron "una participación importante en la Independencia y la Revolución Mexicana, hubo caudillos y miles ofrecieron sus vidas".
"¿Qué sacaron de todo eso? Poco, respondió. "Quizás fue cuando empezó a empeorar su situación porque su presencia jurídica que existía en aquel momento (inicio de la guerra de Independencia) se fue borrando", cuestionó.
Recordó que como muestra está el ejemplo del independentista Carlos María de Bustamante, que negaba a los indígenas.
"Ahora qué es lo que hay qué hacer, pues atender los requerimientos de los pueblos indígenas 200 años después de la Independencia", aseveró.
Ante académicos españoles y personalidades mexicanas, enfatizó que "desde 1942, la historia cambió a ser universal, porque incluso, los pueblos mesoamericanos ya tenían historiadores que incorporaron a su historia la llegada de ese otro".
Señaló que después hubo "violencia, conquista y destrucción, pero también acercamiento y comprensión", como fueron en los casos de Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Vasco de Quiroga, Fray Bernardino de Sahagún y otros.
Comentó que desde los estudios de esos tiempos hasta los actuales sobre pueblos indígenas, se ha avanzado en los estudios linguísticos encontrando paradigmas que forman parte de la lengua universal.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, resaltó el valor de la obra de León-Portilla "que es una autoridad en lengua y cultura indígena, como lo es del estudio del náhuatl hablado por un millón y medio de personas en México".
Sus contribuciones son el valor de las lenguas indígenas, la historia, el respeto y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas", dijo.
Al acto acudieron el embajador de México en España, Jorge Zermeño; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro; el escritor Tomás Segovia, y altos funcionarios de la UCM.

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CACIQUES PRIISTAS IMPUNES.

28 ene 2010

PGJE exonera a URO y Franco en caso Emeterio Cruz
Saraí Jiménez
Oaxaca de Juárez, enero 27.- Familiares de Emeterio Marino Cruz, denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, exoneró al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortíz, Jorge Franco Vargas, Sergio Segreste Ríos, Aristeo López Martínez, Daniel Camarena Flores, Alejandro Barrita Ortíz y Evencio Nicolas Martínez Ramírez, acusados de los delitos de agresiones y golpes que le propinaron al activista el 16 de julio del 2007.

Keiry Cruz Franco, hija de Emeterio, aseguro que Wilfrido Bernardino Garcia Olivera, agente del ministerio publico de la mesa 1 adscrito a la Procuraduría, notificó que los denunciados están exhonerados de todos los cargos y no hay culpables de los hechos antes narrados.

Dijo que con esta acción queda comprobado que la justicia en el país y Oaxaca no se hizo para los pobres, hizo un llamado a la reorganización y movilización para lograr la aplicación de la ley.

Añadió que al ser un año electoral, el 2010 sera un año en donde la justicia y la represión cambien de nombre, ya que a pesar de que Ulises Ruiz deje el poder, esto no garantiza que en Oaxaca haya un cambio

Acusa Emeterio Marino a mandos policiacos de tortura y lesiones
Tomado de “Todo el poder al pueblo”.

El activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Emeterio Marino Cruz sigue a la espera que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) detengan a los servidores públicos involucrados en su detención y tortura.

Ante los medios de comunicación, el simpatizante del movimiento magisterial-popular condenó que la PGR sea cómplice y de impunidad a los jefes policiales y elementos de la Policía Preventiva y Metropolitana, que lo golpearon hasta dejarlo en estado de coma y con secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Acompañado de sus hijas Karla y Kerli, Marino Cruz recordó que en el mes de julio del año 2007 granaderos al mando de Aristeo López Martínez, Alejandro Barrita, Daniel Camarena Flores y Sergio Segreste Ríos reprimieron una marcha pacífica de la APPO.

Dijo que en esa ocasión los policías lanzaron gas pimientos contra los manifestantes y golpearon despiadadamente a decenas de oaxaqueños, quienes protestaban pacíficamente en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que se encontraba en el auditorio Guelaguetza en los festejos de la máxima fiesta de los oaxaqueños.

El appista recordó en los momentos de la represión fue detenido y golpeado, más tarde llevado a una casa de seguridad donde los policías lo siguieron torturando hasta dejarlo inconsciente. “Me desnudaron, me quemaban mis partes intimas y me pegaron por todo el cuerpo hasta que me desmayé”.

Tras despertar en el hospital, donde fue intervenido de urgencia ante la gravedad de sus lesiones, comentó que denunció públicamente el incidente y después acudió ante la PGJE y la PGR, donde según investigaron pero al final se niegan a castigar a los responsables.

Destacó que en la averiguación previa por tentativa de homicidio, lesiones y tortura a la que fue sometido, responsabilizó al mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz y al ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; así como a los jefes policiales: Daniel Camarena Flores y Sergio Segreste Ríos, Aristeo López Martínez y Alejandro Barrita, estos dos últimos se presume fueron asesinados por órdenes de URO.

Alianzas: Los Miedos Del PRI
Escrito por Excelsior
Qué frágiles, y autoritarios, resultaron los priistas.Bastó que el PAN y el PRD advirtieran sobre posibles alianzas electorales en 2010, para desnudar -con toda su ruindad y mezquindad- las verdaderas intenciones del PRI:...
...no abrir espacios democráticos con tal de mantener la aplanadora política bien aceitada para 2012. Primero el cacicazgo que la competencia. Para qué hablar de democracia si el autoritarismo es más redituable.
El PRI rechaza alianzas. Ataca a las candidaturas independientes. Ofende hoy a lo que ha sido, desde siempre, base de su crecimiento político-electoral: las concertacesiones, incluidas, sí, con Acción Nacional.
¿O ya se nos olvidó el histórico amasiato del PRI de Salinas de Gortari con el PAN, partido que avaló el fraude electoral de 1988? Y, más reciente: el de octubre pasado, cuando aprobaron el aumento al IVA de 15 a 16%, y del ISR de 28 a 30. ¿Esos no cuentan?
En el fondo, el PRI no tiene miedo... sino pánico, a las posibles alianzas electorales PAN-PRD, que lo pondrían en riesgo de perder a dos de sus principales bastiones político-financieros: Oaxaca e Hidalgo. Durango ya se concretó, y Puebla ahí va. Que no nos salga el priismo con que son alianzas "contra natura" ni que "emponzoñan" al país. Es su temor a perder 2010... y 2012.
Hay que recordarle a los priistas que, más allá de ideologías, la misión final de cualquier partido político es ganar elecciones y obtener el poder. Históricamente, el PRI ha recurrido a fraudes, alianzas, robo de urnas, amenazas y hasta asesinatos, para conservarlo.
Y hoy se persignan por una posible alianza electoral entre el PAN y el PRD. ¡Uy, el diablo! Son hipócritas.
¿Con qué autoridad acusa Beatriz Paredes que detrás de candidaturas independientes hay intereses de los poderes fácticos (¿?) y de grupos de ultraderecha (¿?)? Que diga quiénes son. Pero no lo hará, porque son producto de su propia mentira. Sus palabras van contra el anhelo ciudadano de mejor democracia.
"¡Desde el PRI les decimos: no pasarán!" Es la misma Beatriz de siempre: demagoga, llena de frases hechas y huecas, defensora de la antidemocracia, solemne para servirle a un sistema político nocivo ya para nuestra incipiente democracia. Su amenaza no es contra los partidos, sino contra los ciudadanos. El huipil es para mexicanas dignas, no para demagogas.
Calderón criticó a "quienes se oponen a reformas políticas y buscan un sistema político cerrado, privilegiando las maquinarias partidistas y dejando de lado a los ciudadanos". Así como en innumerables ocasiones hemos criticado la postura calderonista, hoy, en este punto, el Presidente tiene razón: hay una resistencia del PRI para abrir espacios democráticos.
Que no nos asusten los sombrerazos de Beatriz Paredes: en el fondo, es el pánico de que el PRI pierda gubernaturas este año.
Es el terror a perder, también, en 2012.
Ya basta de asustarnos, ¿no?

Gabino, En Defensa De Los Derechos Humanos En México Y En Oaxaca
Comunicado.
RIOaxaca.
Incesantes han sido las participaciones de Gabino Cué Monteagudo, en el senado de la República, a favor del respeto y preservación de los derechos humanos en el mundo y en México.
Pero especialmente en el estado de Oaxaca donde se han generalizado abusos y violaciones a las garantías de los ciudadanos como en ningún estado del país. Lo anterior consta en el Informe legislativo entregado por Gabino el pasado 25 de enero a la ciudadanía oaxaqueña.
Muestra palmaria fueron las diferentes participaciones en tribuna y propuestas con puntos de acuerdo por los que de manera particular y en posicionamientos conjuntos con otros senadores se solicitó de manera reiterada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apresurara su dictamen sobre las investigaciones realizadas por los hechos constitutivos de graves violaciones a las garantías individuales acaecidos en el estado de Oaxaca.
Gabino demandó con oportunidad al máximo órgano constitucional a que con observancia a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y con apego a la verdad jurídica que lo caracteriza, diera por fin los resultados y conclusiones de las indagatorias realizadas.
Gabino se unió a las voces que a niveles nacional y estatal demandaron que la Corte actuara con responsabilidad y tomara una decisión basada en un análisis imparcial, serio y amplio, respecto de los hechos ocurridos, porque no se trataba de construir culpables, pero tampoco de exculpar a quienes fueron los responsables de dichos agravios.
Cabe recordar que como resultado del análisis de los hechos constitutivos de graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales acaecidos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada en los años 2006 y 2007, finalmente la Corte dio a conocer sus resultados en el mes de octubre pasado.
Los ministros resolvieron que Ulises Ruiz y su gobierno tenían responsabilidad lisa y llana en la violación de garantías cometidas por fuerzas policiales en Oaxaca.
Con esto se dio un avance para que los oaxaqueños se sintieran inmersos en un Estado de derecho en el cual se reconozcan y salvaguarden sus derechos fundamentales, reconoció Gabino; sin embargo, quedaron pendientes en el órgano legislativo y en instituciones de procuración de justicia actuar en consecuencia para castigar a los responsables.
En el Informe legislativo se da cuenta también del punto de acuerdo presentado por el senador oaxaqueño por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse en contra de la Ley de Comisiones Militares, firmada por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual legaliza la tortura y vulnera los principios básicos de derechos humanos.
Asimismo, viola los instrumentos internacionales a favor de la paz mundial siendo uno de ellos el Convenio III Ginebra.
Dicho convenio prohíbe en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.
De igual forma los atentados contra la dignidad personal, especialmente los homicidios en todas sus manifestaciones incluyendo los tratos humillantes y degradantes. Dicho punto de acuerdo fue aprobado en su oportunidad por el pleno de la Cámara Alta.

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LA MUERTE TIENE PERMISO

Violencia y espectáculo
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 27 de enero (apro).- Cuando le ocurre a alguien del mundo del espectáculo, el deporte, a familiares de empresarios o de la cúpula del poder, se convierte en noticia. Pero cuando la violencia es hacia un ciudadano de a pie o incluso como expresión de la guerra entre narcos, pasa a ser un número más, otra víctima que se pierde en la violencia cotidiana que en México es alarmante: una muerte violenta cada hora y un millón 700 mil denuncias de delitos al año.
Más allá de la justificación de que gozaba su vida privada, la agresión que sufrió el futbolista Salvador Cabañas en un bar que operaba irregularmente en la madrugada y al que asistían muchos actores, actrices, deportistas y gente ligada a Televisa es una muestra más de la ilegalidad, la impunidad y la espiral de violencia que vive el país y de la que nadie se escapa.
Tan sólo de la guerra contra el narcotráfico se ha contabilizado la ocurrencia de 24 homicidios diarios en el país, sin que la sociedad ni las autoridades puedan hacer algo para detener esta violencia que ya se toma como el pan de cada día.
A diario ocurren secuestros, asaltos, extorsiones, asesinatos, desapariciones, enfrentamientos y extorsiones en la sociedad mexicana. El paisaje de violencia se ha tomado de manera tan natural en los últimos años que sólo se rompe cuando los medios hacen de un caso un espectáculo como ha sucedido con el secuestro y posterior asesinato del joven Alejandro Martí y ahora del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas.
Si en la calle se ve un asalto a mano armada contra un transeúnte o contra algún automovilista, se prefiere voltear la vista y alejarse de inmediato que llamar a la policía, pues se sabe que la impunidad impera en el aparato de justicia mexicana y el asaltante saldrá pronto y puede buscar la venganza.
También hay indolencia social para romper con esta violencia que ya se vive como una rutina en los transportes, oficinas, las calles y aun en muchos hogares, entre las familias.
El año pasado el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), una organización dedicada a la investigación de políticas viables para el desarrollo de México, dio a conocer el “Índice de incidencia delictiva y violencia 2008”.
Según esta organización México se encuentra en el número 16 de 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia, con un registro de 10.60 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy cercano a países como Panamá, Nicaragua y por arriba de naciones que han experimentado conflictos armados como Palestina.
El CIDAC señala que, de acuerdo con el indicador que mide el número de homicidios, ejecuciones, robos de vehículos y otros delitos que se cometieron en México durante el 2008, el número de denuncias recibidas creció 5.7% respecto a 2007, incrementándose de un millón 622 mil denuncias a un millón 714 mil las denuncias, de las cuales solamente 21% fueron reportadas a la autoridad y 13% pasó a averiguación previa.
La violencia se ha hecho común y corriente entre los mexicanos y nos hemos acostumbrado a ello. Sólo hasta que alguien de fuera nos lo dice es que reparamos que no es normal que soldados y policías con chalecos blindados y metralletas de asalto al ristre patrullen calles, casas, negocios, bancos, tiendas, parques y estadios.
No es normal tampoco que el presidente de la República no pueda realizar actos públicos, en lugares abiertos, ni que viva con medidas estrictas de seguridad todo el tiempo, porque teme a actos de violencia del crimen organizado o de la sociedad inconforme con su gobierno.
La violencia ha entrado a las escuelas públicas, donde para muchos niños y jóvenes es un pasatiempo grabar en sus teléfonos las peleas que diariamente hay entre ellos –sin importar que sean mujeres u hombres--, para ser trasmitidas por internet.
En la prensa mexicana ya no es noticia el registro de 9 mil 600 personas asesinadas en esta administración en crímenes atribuidos a los cárteles de la droga.
Como tampoco es novedad para la sociedad mexicana que muchos niños han cambiado sus juegos inofensivos de carreras de autos por “levantones” y a ver quién dispara como sicario.
El balazo en la cabeza al futbolista paraguayo ha provocado una ola de inquietudes, criticas y hasta exigencias de renuncia en contra de las autoridades de la Ciudad de México.
Pero más allá de lo reprobable que puede ser este incidente, lo que llama la atención es que se transforme en un espectáculo mediático y no se vea como parte de un fenómeno de violencia en la sociedad mexicana que hay que detener, porque la inseguridad puede generar tensión social, como bien lo advierte el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
El PRI, un peligro, ¿y el PAN no?
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
Varios analistas nos tratan de convencer de que la estrategia de alianzas contra el PRI no sólo es válida, sino necesaria para evitar que dicho partido gane la Presidencia de la República en 2012. Que esta estrategia sea defendida por voceros de empresarios y panistas no llama la atención: ven en el tricolor una verdadera amenaza no a la democracia, sino a la hegemonía del PAN que, gracias a las trampas urdidas por Vicente Fox y sus cómplices en el IFE y en el TEPJF, gobierna ahora. Pero que esta misma estrategia la defiendan quienes apoyaron a López Obrador en 2006, suena esquizofrénico. ¿Aliarse con quienes le quitaron a la mala la Presidencia a AMLO?
Lo que están diciendo entre líneas los defensores estratégicos de las alianzas de PRD-PT y Convergencia con el PAN es que prefieren a este partido en Los Pinos que al PRI, porque bien saben que las probabilidades de triunfo de lo que han dado en llamar DIA son muy bajas, por no decir nulas, si nada cambia sustancialmente para el PRD y sus aliados históricos en los próximos dos años y medio.
Cuando en 2000 algunos razonamos sobre la pertinencia del voto útil para sacar al PRI de Los Pinos, lo hicimos pensando que el PRD entendería que en los seis años del gobierno de Fox tenía su oportunidad para reconstituirse, ya que previsiblemente el sexenio del guanajuatense sería débil y una decepción para millones de mexicanos. López Obrador lo entendió y armó todo lo que estuvo en sus manos para disputarle el poder presidencial al PAN. Y, hay que decirlo, también lo entendió Fox, tanto que hizo hasta lo imposible por sacar a AMLO de la jugada. Los que no entendieron nada fueron los chuchos, pero eso ya es historia.
En los seis años de foxismo y después del golpe de Estado contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, los chuchos y sus aliados, además de gobernadores y alcaldes perredistas que no entendieron su papel político en la historia del país, se hicieron trampas entre ellos, se dedicaron a atacarse y en lugar de aprovechar la coyuntura para llamar a la unidad contra la derecha casi destruyeron su partido. Dijeron que querían refundarlo y no hicieron nada. Lo único que lograron fue discurrir que sería estratégico aliarse con sus enemigos porque, según ellos, así podrán evitar que el PRI regrese a la Presidencia.
No puedo evitar recordar con tristeza lo que hizo el Partido Comunista Mexicano (PCM) en los años 30 del siglo pasado. Cuando se planteó el frente popular antifascista, que implicaba una alianza táctica de clases en los países capitalistas llamados democráticos, Lombardo Toledano y la Internacional Comunista (ambos controlados por Stalin) promovieron que el frente popular fuera, en México, el Partido de la Revolución Mexicana, ahora PRI. El PCM no estuvo de acuerdo, pero terminó apoyando, por instrucciones de la Internacional (léase Stalin), al partido del régimen como frente popular, aunque no formara parte de éste (¡así lo dijeron!). Guardando proporciones, nuestros amigos perredistas, petistas y convergentes hacen algo semejante: promoverán que el PRI no aumente su poder, aunque implique que el PAN se recupere y eventualmente vuelva a la Presidencia de la República. Una lógica curiosa: apoyar a la derecha para que pierda la derecha, pero gane la derecha (no es trabalenguas), porque la izquierda no tiene oportunidad.
No deja de ser preocupante, al menos para mí, que Denise Dresser, ideóloga de la clase media asustada, y Manuel Camacho, coordinador del Diálogo para la reconstrucción de México (DIA), coincidan en sus puntos de vista del lunes pasado incluso en algunos términos. Denise escribió: “impedir el fortalecimiento del feuderalismo que el PRI ha logrado implantar en la periferia”. Manuel dijo: lo que tenemos son poderes feudalizados en varias partes del país, refiriéndose a los estados gobernados por el PRI. Denise escribió: En numerosos países, partidos políticos de la más diversa índole forman frentes tácticos para enfrentar a contrincantes comunes. Manuel dijo: en todo el mundo hay alianzas. ¿Denise de izquierda? Obviamente no. ¿Quién influye a quién? No importa. Lo que importa es que se debe derrotar al PRI como sea, porque “si tanto los panistas como los perredistas permiten que regrese a Los Pinos –escribió Denise–, el poder abusivo y vengativo del PRI no amainará, sino todo lo contrario. El PRI se lanzará contra ambos partidos con un picahielo”, supongo que en la mano. ¿Y qué traían los panistas en la mano cuando quisieron desaforar a AMLO y le quitaron el triunfo con todo tipo de trampas y complicidades?
Manuel Camacho ha sido mi amigo y lo aprecio y lo respeto, pero nunca ha sido de izquierda. Se ha declarado liberal y cuando no pudo ser candidato del PRI a la Presidencia formó un partido que se llamó Centro Democrático, ni siquiera Izquierda Democrática o Socialdemócrata. Tal vez era conveniente que un centrista fuera el coordinador de los partidos que se presentan como de izquierda, para suavizar las diferencias entre los grupos que los componen, pero no nos engañemos: la aspiración de DIA no es mostrarse como un frente izquierdista, sino como una coalición moderada que en algunos estados donde habrá elecciones este año jugará el papel de bisagra. Quizá por esta razón Manuel escribió el lunes que el desenlace de esta puja de fuerzas ya no está en la izquierda y añadió al final de su artículo que el tema es la democracia, la libertad y la voluntad de poder (El Universal, 25/1/10). Para mí está clara la intención, y si en 2006 AMLO era un peligro para México (según el PAN), en 2010, como bien dijo Hernández en su caricatura del martes en este diario, ese peligro será el PRI, tanto para el PAN como para el PRD.
¿Y a título de qué el PRD y sus aliados le están haciendo favores al PAN bajo el supuesto de que el PRI es peor? ¿Porque el PRI favorece cacicazgos? Vamos, de esto no se escapa ningún partido.
Más poder a la ciudadanía
Marta Lamas
MÉXICO, D.F., 27 de enero.- La “reforma política” anunciada por Calderón se publicita como dirigida a otorgarnos más poder a los ciudadanos. Aceptando, sin conceder, que dicha reforma tenga el objetivo de mejorar la deficitaria democracia que vivimos, desde mi perspectiva de activista me impresiona que no mencione siquiera un asunto fundamental para lograrlo. O sea, encuentro que la aspiración de cerrar la brecha entre el poder y la ciudadanía no va acompañada al menos de un señalamiento sobre los cauces que hay que abrir para ello. ¿Cómo va la ciudadanía a participar en el proceso de asignación del presupuesto del Estado si no es mediante una deliberación pública? Si no se concibe la necesidad de espacios para la expresión pública es porque seguramente se piensa que nos expresaremos por medio de nuestros representantes legislativos. ¡Pero si justamente no nos representan!
Aunque probablemente algunas personas agradecerán la figura de las candidaturas independientes, creo sin embargo que la mayoría de los ciudadanos no queremos ocupar puestos políticos, sino que deseamos que los temas que nos importan se incluyan en serio en las prioridades gubernamentales. Por eso quienes compartimos problemas, inquietudes y aspiraciones buscamos reunirnos en los llamados grupos de interés, también conocidos como organizaciones no gubernamentales (ONG) o asociaciones civiles sin fines de lucro.
En México no todas las variadas asociaciones ciudadanas (feministas, ecologistas, etcétera) realizan diagnósticos, propuestas y proyectos con sentido social: hay algunos grupos que funcionan como negocios y otros que se han vuelto instancias de las empresas para evadir impuestos. Sin embargo, la gran mayoría está comprometida con su causa, y sus intervenciones políticas enriquecen significativamente la dinámica democrática. Esta forma de participación ciudadana, considerada como un “circuito secundario” de la política, resuelve el problema de disponer de tiempo para hacer política y de conciliar el activismo con un indispensable salario. Quienes actuamos desde las ONG somos análogos a los “profesionales” de los partidos políticos, con la sustantiva diferencia de que nuestra posibilidad de hacer política depende en gran medida de los donativos. Phillipe Schmitter ha planteado que hay que dar un estatuto semipúblico a las asociaciones ciudadanas y otorgarles acceso a financiamiento público, pues de esta manera se fortalece la capacidad de los grupos organizados, se amplía la participación política y se potencian los rendimientos del sistema democrático. Eso sí, hay que establecer reglas claras y exigirnos a las asociaciones normas de conducta y responsabilidad preestablecidas si deseamos ser certificadas como candidatas a recibir apoyo.
Si el objetivo de esta reforma política es fortalecer la democracia cerrando la brecha entre la ciudadanía y el poder político, ¿cómo potenciar la labor de estos ciudadanos organizados? La participación ciudadana a través de grupos de interés es un importante espacio suplementario de la representación política, pero para que funcione realmente bien se requiere que los ciudadanos cuenten con espacios de expresión y de debate en los medios de comunicación masiva. ¿Cómo difundir nuestras demandas, propuestas y críticas sin televisión pública y sin radios ciudadanas? ¿Qué tipo de discusión pública podremos tener con la situación tal como está?
Es un hecho que, pese a la retórica sobre la importancia de la democracia, en nuestro país la política se aleja cada vez más de la ciudadanía. Lo que vemos es un espectáculo donde los poderes fácticos manejan al país a su antojo. Los ciudadanos somos tratados como “clientes” por la clase política, y el abuso de quienes tienen el poder es nuestro pan de cada día. Personas de todas las tendencias claman por un “saneamiento” de la política, y todas coinciden en que para lograrlo es indispensable una mayor (¡y mejor!) participación ciudadana. Si el supuesto sobre el que se asienta esta reforma política es que el proceso democrático requiere nuevos mecanismos y herramientas políticos para lograr un escenario de mayor eficacia y responsabilidad, ¿cómo es posible que ni se mencione la creación de espacios de deliberación pública ni el acceso a los medios de comunicación masiva?
Es loable tratar de diseñar un nuevo escenario democrático. Pero una reforma política de verdad requiere nuevas fuentes de expansión de lo público que obliguen al poder gubernamental y a los poderes fácticos a escuchar, dialogar y discutir con los grupos ciudadanos que no comparten su perspectiva política. El debate público, por muy difícil y cansado que resulte, instaura una lógica democrática y promueve prácticas sociales críticas, como el respeto a la diversidad, que son fundamentales para la vida democrática que deseamos. Además, y esto es principalísimo, ventilar públicamente diferencias combate esa forma de censura que ciertos empresarios han estado ejerciendo en la televisión y que consiste en amenazar con retirar su publicidad si se tocan ciertos temas con los cuales discrepan. Por todo esto, una reforma política que no alude a estas cuestiones nodales no me genera confianza.

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ANTE EL USO FACCIOSO DE LA LEY

El conflicto del SME podría llegar a tribunales internacionales.
Santiago Igartúa. Proceso.
MEXICO, D.F., 27 de enero (apro).- El abogado laboral Néstor de Buen, asesor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), declaró que, en caso de que el Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito falle en contra del recurso de revisión de la sentencia de amparo, impuesto a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el caso sería llevado a tribunales internacionales.
“Si el resultado no es favorable habría una lamentación colectiva, que en este caso debería ser llevada al conocimiento de las más altas autoridades internacionales, porque simple y sencillamente se están violando de manera sistemática las disposiciones del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que impide a los gobiernos intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales”, dijo De Buen en conferencia organizada por la UAM sobre el conflicto que enfrenta el SME a raíz del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“La Corte ha resuelto hace tres años que los convenios internacionales están por encima de la ley. Espero que la resolución sea la merecida. Que se deje sin efecto la liquidación de LFC, se reinstale a los trabajadores, se les pague los salarios caídos y se vuelva al origen con dignidad”, dijo el profesor emérito de la UNAM.
El fallo del Tribunal Colegiado, según De Buén, debería conocerse en un plazo no mayor a diez días. Para el abogado el escenario “más probable” es que dicho Tribunal remita el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que discuta la “constitucionalidad” de los actos del gobierno de Felipe Calderón. “No debería de haber más que una forma de resolverlo porque el presidente no tiene facultades para habilitar un decreto liquidando LFC”, insistió el asesor del SME, y disparó: “El poder judicial es confiable pero no siempre”.
Confesó no estar “muy convencido” de que la SCJN vaya a actuar “con estricto apego a derecho”. Siguió: “Qué sean gentes inteligentes y conocedoras del derechos no es suficiente”.
“Estamos esperando con la angustia y la incertidumbre que esto provoca. Si se niega el amparo al SME la situación se va a complicar muchísimo”, advirtió De Buen, quien asumió la defensoría de los trabajadores del SME junto a Raúl Carrancá.
En presencia de académicos y miembros del SME, Carrancá hizo un repaso del conflicto, “provocado” por el decreto de liquidación de LFC que firmó el 11 de octubre pasado el presidente Felipe Calderón y que, según De Buen, “violenta todos los derechos constitucionales que se puedan imaginar”. Continuó: “Ha pasado por encima de las garantías tan importantes como la garantía de audiencia y derechos sociales que marca la constitución, como el derecho al trabajo que establece el artículo 5° constitucional. El contrato colectivo del SME incluye el derecho a la jubilación que hoy no se les reconoce. Se les ha violentado sus derechos a la estabilidad del trabajo y el derecho al aguinaldo”, entre otros, mencionó.
Reitera la CNDH la necesidad de que se le brinden mayores facultades
CIRO PÉREZ SILVA Y ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Jueves 28 de enero de 2010, p. 12
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, demandó mayores facultades para el organismo a efecto de que aquellos funcionarios que no acaten sus recomendaciones puedan ser citados por el Congreso e inclusive ser objeto de sanciones.
El ombudsman condenó el aumento de la situación de inseguridad que se vive en el país, la cual ha dado como saldo 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado y que ha dejado a muchos mexicanos debatiéndose entre la vida y la muerte en 2009.
En entrevista adelantó también que la CNDH no presentará acción de inconstitucionalidad para promover la derogación de la ley que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como ha exigido la dirigencia del Partido Acción Nacional.
Deseamos tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo, dijo poco antes, al presentar ayer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe anual de actividades 2009.
Plascencia Villanueva destacó que el Ejército no debe cumplir funciones de policía, como lo hace en la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado. Lamentó lo que sucede actualmente y únicamente lo explicó como una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública. En la CNDH promoveremos que las policías reorganizadas puedan hacerse cargo de la función que les corresponde y que el Ejército se mantenga en la esfera de sus facultades.
A lo largo de su participación, el ombudsman se refirió a las autoridades que no aceptaron algunas de sus recomendaciones, entre ellas los gobernadores de Guanajuato, Morelos, Guerrero y Oaxaca, además del jefe de gobierno del Distrito Federal, a los que sumó los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general de la República, el director general de Petróleos Mexicanos, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, entre otros.
Por ello, insistió, considero oportuno fortalecer el trabajo de la comisión a través de las reformas legales necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones de la CNDH o que no cumplan con las mismas cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante el Congreso y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales.

Ordena el TEPJF integrar a dos disidentes a la dirigencia del PT
Lo instruye a realizar una nueva elección del CEN, después de los comicios en 15 entidades
ALONSO URRUTIA
Periódico La Jornada
Jueves 28 de enero de 2010, p. 3
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló los estatutos del Partido del Trabajo (PT), aprobados en su congreso nacional, porque son inconstitucionales al favorecer la relección indefinida que alienta la concentración de poder, carecer de garantías en la justicia partidista y tener mecanismos de votación sin certeza. Asimismo, desconoció a la dirigencia actual, emanada de la elección en ese mismo congreso, ordenando rehacer los estatutos y volver a elegir dirigentes 60 días después del 15 de julio, una vez que hayan pasado los comicios estatales.
Este último aspecto se determinó con base en que en este año se realizarán 15 procesos electorales donde se renovarán 12 gubernaturas, así como congresos locales y ayuntamientos. En este contexto, a fin de no afectar la equidad de la contienda, los magistrados postergaron la fecha de ejecución de las disposiciones de la resolución aprobada.
La conclusión emitida por el TEPJF, se refiere en duros términos a los estatutos aprobados en el séptimo congreso nacional del Partido del Trabajo, en julio de 2008 y validados en septiembre pasado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, desestimando incluso los argumentos de la dirigencia petista, misma que planteó que los militantes inconformes con los documentos del partido ya no son parte de la organización.
Por su carácter inconstitucional y las irregularidades registradas en la realización del congreso nacional, los magistrados ordenaron al PT volver a elaborar los estatutos partidistas en un plazo de 60 días naturales, a partir del próximo 15 de julio, y elegir de nuevo a la dirigencia.
Con esta determinación queda destituida la actual dirigencia, integrada por Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez, Ricardo Cantú, Francisco Amadeo, Rubén Aguilar, Óscar González y Reinaldo Sandoval. La resolución implicará que la anterior comisión de coordinación nacional, compuesta por Anaya, González Yáñez, Cantú, así como los disidentes Marco Cruz y José Narro Céspedes –los dos últimos vinculados ahora al PRD y que en su momento promovieron el recurso ante el tribunal– encabezará al partido para enfrentar los 15 procesos electorales de este año.
El descabezamiento de la actual dirigencia del PT no es la primera experiencia del tribunal en asuntos internos de los partidos, pues tiene como antecedentes los casos del PRD y el PVEM. Durante la renovación del comité ejecutivo perredista, los magistrados revocaron la nulidad de la elección, que había determinado la comisión del servicio electoral perredista, decidiendo en favor del triunfo del actual presidente del partido, Jesús Ortega.
Respecto del Verde, los magistrados revocaron sus estatutos por considerarlos antidemocráticos en lo concerniente a los sistemas de elección de dirigentes y candidatos, ordenando su relaboración. A diferencia de lo sucedido con el PT, en su momento no revocaron la elección del actual dirigente, Jorge Emilio González.
En el caso del Partido del Trabajo, el dictamen del TEPJF no se detuvo ahí, sino que ordenó lo que deben incluir los estatutos: establecer mecanismos de elección de dirigentes que garanticen el voto y renovación efectiva de los órganos de dirección; crear un órgano independiente e imparcial para conducir los procesos internos; regular la relección; prever casos de incompatibilidad de funciones; suprimir el voto por aclamación; establecer órganos de justicia partidista autónomos, independientes e imparciales, y regular medios de defensa intrapartidarios.
El proyecto de resolución aprobado por unanimidad considera que los estatutos petistas tienen una deficiencia normativa, porque de los mismos se desprende la posibilidad de la relección indefinida en cargos directivos, lo cual “se traduce en una violación a los derechos de asociación, de votar y ser votado de los militantes, en tanto que les impide tener acceso a cargos partidistas e intervenir en la toma de decisiones mediante procedimientos democráticos.
Esta deficiencia estatutaria implica que no se fijen periodos definidos y cortos de mandato que permitan la rotación de la militancia en los cargos de responsabilidad partidista, evitando la relección indefinida y la concentración del poder.
Mas adelante, la conclusión del tribunal electoral destaca que este esquema “sirve como instrumento de control del poder, lo cual debería tender a reducirse en los partidos políticos para alentar su funcionamiento democrático. Es decir, en los documentos del Partido del Trabajo no se tiene la previsión de evitar la concentración de cargos y poderes en una persona o grupo reducido, en demérito del control que debe existir entre los propios órganos directivos.
Añade que esto debe ser subsanado para evitar que “por el ejercicio de otro u otros cargos, pudiera presentarse un conflicto de intereses o propiciar la concentración de responsabilidades.
De manera paralela a la descalificación del esquema de elección de dirigencias y toma de decisiones al interior del PT, el fallo cuestiona también la estructura de la justicia partidaria, toda vez que en la misma se involucra la propia dirigencia como instancia revisora de las decisiones de las comisiones de garantías, justicia y controversia, con lo cual, en los casos en que se cuestionen decisiones del consejo político nacional, esta instancia sería juez y parte.
Asimismo, el tribunal descalifica la utilización del voto por aclamación, porque es un mecanismo de elección que rompe con cualquier principio democrático, en la medida en que no da certeza a la votación y, por tanto, las decisiones adoptadas por esta vía carecen de legitimidad. Sin embargo, destaca que ese voto no fue introducido por primera vez en los estatutos durante el congreso pasado, sino que ya existía avalado por el IFE y no impugnado ante el TEPJF.
PGR promueve recurso ante la SCJN en contra de "bodas gay"
Miguel Cabildo S.
MÉXICO, D.F., 27 de enero (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho de éstas a adoptar hijos, aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a finales del año pasado.
La acción se llevó a cabo a menos de 24 horas de que venza el plazo para que cualquier entidad facultada presente sus inconformidades ante la Corte; además, quitó un peso al PAN que no pudo reunir los votos necesarios en la ALDF para interponer un recurso de inconstitucionalidad.
A través de un comunicado, la PGR señaló que la reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal –que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, respectivamente--, violan los artículos 4, 14,16 ,133 constitucionales.
Esta es la segunda ocasión que la PGR promueve un recurso de inconstitucionalidad en contra de una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La primera fue en abril de 2007, en contra de la despenalización total del aborto en la Ciudad de México. Igual acción llevó a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada entonces por José Luis Soberanes. En marzo de 2009, la SCJN desechó la demanda.
De acuerdo con la PGR, la reforma de dichos artículos viola el principio de legalidad, ya que se aparta del fin constitucional de protección de la familia y de salvaguarda de los derechos de los niños.
De igual manera, la PGR señaló que la reforma que aprobó la ALDF parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia.
“Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia”, refutó la PGR.
Asimismo, insistió que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución mexicana y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.
“Todo lo anterior, con independencia de los conflictos jurídicos que la reforma genera en el resto de las entidades federativas que conforman la República, e incluso, frente a la Federación, además de que trastoca el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia”, añadió.
Respecto a la adopción, prevista en el artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal, la PGR señaló que no cumple con el principio de legalidad al no haber tomado en cuenta la supremacía del interés superior del niño, colocado por encima de cualquier otro derecho.
Además de que asegura que omitió considerar que todo menor tiene derecho al modelo de familia concebido expresamente por el Poder Constituyente Permanente en el dictamen de la reforma de 1974 a tal dispositivo constitucional.

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TENGAN SU OAXACA LINDA

27 ene 2010

La crisis ahorca a oaxaqueños; casi un millón en pobreza extrema.
Sayra Cruz
Crece el número de pobres en la entidad oaxaqueña debido a la terrible crisis económica.
Actualmente, casi un millón de personas se encuentran en pobreza extrema lo cual representa el 27.6 por ciento de la población total de Oaxaca, informó ayer el director de promoción del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carlos Macouzer Zamacona.
En una reunión con empresarios y representantes de universidades para fomentar la inversión en materia de vivienda en zonas marginadas, expuso que 1.22 millones se localizan en pobreza moderada, que representa un total del 34.4 % de los oaxaqueños.
Las personas en extremas necesidades registran 4.2 carencias; quienes están en pobreza moderada, tienen 3 carencias, de una lista de 6 que registra esta instancia del gobierno federal, las cuales no tienen acceso a la seguridad social, ni a los servicios de salud, educación, alimentación, además de servicios básicos en vivienda y todo lo que esto implica.
En cuanto a pobreza se refiere, el funcionario dijo hay 2.2 millones de oaxaqueños, y esa situación de vulnerabilidad se observa en que un 70.4 por ciento de los hogares indígenas registran necesidades de vivienda.
Abundó que el 57 por ciento de los hogares registran necesidades de este rubro, y el 38.3 carece de calidad en la vivienda, luego de no contar con los recursos necesarios para asegurar sus espacios donde habitan.
A las estadísticas negativas se suma el que 636 municipios que representan el 26% del total del país, registran un grado de rezago social alto o muy alto, de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), y de esos, 301 se encuentran en la entidad oaxaqueña.
Por eso, la instancia interviene para quienes requieran la construcción de Unidades Básicas de Vivienda (UBV), así como mejoramientos y ampliaciones en zonas urbanas y semiurbanas, cuado sean solicitados por los beneficiarios.
El objetivo dijo, es atender a la población que vive en condiciones de pobreza patrimonial a través del otorgamiento de subsidios de los programas como Tu Casa y Vivienda Rural, para que adquiera, construya o mejore su vivienda y consolide así un patrimonio familiar que contribuya a mejorar su calidad de vida.
De esta manera se garantiza la cobertura efectiva y oportuna de los hogares que viven en condiciones de pobreza patrimonial, y que residen en los municipios en los que se registra pobreza urbana o un grado de rezago social.
Macouzer Zamacona llamó a los empresarios, así como las instituciones, pero con el apoyo de la sociedad civil, para invertir en la edificación de viviendas para abatir los rezagos.
En el ejercicio 2010, el FONHAPO tiene contemplado invertir unos 60 millones de pesos en programas de apoyo para enfrentar la pobreza patrimonial que afecta a un millón 500 mil habitantes, los cuales tiene carencias en sus viviendas.
Dijo que por el momento se atienden a los habitantes de 40 municipios, localizados en diversos puntos de la entidad, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos, pero también se contempla el apoyo para las comunidades urbanas.
Por medio de este apoyo, este año se redujo la participación de los municipios que iba del 30 por ciento, ahora será del 15 al 5 por ciento, conforme la situación de marginación que contempla, finalizó.
Al Poder Judicial De Oaxaca Resolución Inmediata Al Caso De Violación En El Instituto San Felipe
Escrito por Redacción. RIOaxaca.
Mediante un comunicado de prensa de la sección 22, se pronuncia para que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, emita la resolución que tiene pendiente desde hace mas de seis meses, sobre la violación de un menor de cuatro años en el instituto "San Felipe".
Comunicado:
A LOS PADRES DE FAMILIA
AL PUEBLO EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Este Magisterio Oaxaqueño, se pronuncia para que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, emita la resolución que tiene pendiente desde hace mas de seis meses, sobre la violación de un menor de cuatro años en el instituto "San Felipe".

De la sentencia dictada en contra de la complice de los autores materiales, existe una apelacion, y a pesar de que se ha excedido el tiempo legal, aun no se dicta resolución alguna sobre esta dicha apelación.
Este lamentable acontecimiento sucedió en noviembre del dos mil seis y a mas de tres años de ello y con una batalla impresionante juridica y mediatica emprendida principalmente por la madre del menor, Leticia Valdez Martell, aun no hay detención de los culpables aun cuando la primera sala del maximo tribunal ha sido muy clara al negar el amparo y la proteccion de la justicia federal a los violadores profugos, Gabriel Hugo Constantino García y Salvador Adan Pérez Ramírez.
"Estaremos atentos para que la justicia en este caso sea aplicada y los responsables sean encarcelados".
"UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS"
"POR LA EDUCACION AL SERVIO DEL PUEBLO"

Inversión en materia de agua, demandan
Sayra Cruz
Representantes de la Comisión Hidráulica de la LXI Legislatura Federal urgieron a los estados la aplicación de los recursos en materia del agua con el fin de enfrentan la falta de cobertura y sanear el medio ambiente.
El presidente de la comisión, Oscar Javier Lara Arechiga, dijo que los encuentros como el que se realiza en Oaxaca corresponden al mejoramiento de la aplicación del recurso, así como garantizar la cobertura para los usuarios de este sistema.
Se han dado subejercicios en las entidades federativas en donde el recurso se evitó en su aplicación por diferentes índoles.
Este subejercicio se refleja, luego que a nivel nacional de liberaron 29 mil millones de pesos, de los cuales, sólo se aplicó 25 mil millones en el 2009.
Todas las entidades registraron este aspecto debido a la falta de estudios y, en otros, por falta de recursos financieros para la aplicación-ejecución de las obras como de agua potable, planta de tratamiento, drenaje y de protección.
Estos recursos, consideró el legislador, requieren de apoyos del gobierno federal y estatal, apoyos que se redujeron debido a la crisis económica que se vive en el país, cuya repercusión se da en el recorte del presupuesto.
En la región Sur-Sureste, el principal problema se dio en el estado de Tabasco, porque esa entidad requiere de inversión importante en temas no sustentados con los estudios.
Por eso todos los proyectos para ese estado cumplen con los requisitos técnicos para evitar que no se dé nuevamente el subejercicio, mientras que esta entidad, dijo, aplica sus recursos de manera razonable conforme los proyectos.
Reconoció que la orografía dificulta, en cierta medida, la ejecución de todas las obras y se convierten en un obstáculo. “Los expedientes se encuentran encima de la media nacional en ese sentido”, detalló.
Para este 2010 se espera la aplicación de los 35 mil millones de pesos, en coordinación con las diversas instancias como la Comisión Nacional del Agua, a fin de garantizar la inversión, ya que de no darse se quedarán pendientes obras importantes.
De seguir el subejercicio “podría pasar de que las coberturas del servicio y de alcantarillado se deterioren y no estén funcionando y como consecuencia se traduzca la falta de inversión en materia ambiental, así como posibles situaciones de salud pública.
Mientras tanto, el director de la Comisión Estatal del Agua, Rubén Dehesa Ulloa observó una disposición en la materia, pero urgió la aplicación de las normas que acompañen a la obtención del dinero destinado, para transparentar el recurso y cuidarlo.
Reitera EPR posición de no realizar acción militar por sus desaparecidos
Patricia Briseño
Oaxaca, Oax. 25 de enero de 2010 (Quadratín).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reiteró su posición de no realizar ninguna acción militar, luego de recibir “con agrado” el reinicio de actividades de la Comisión de Mediación con el gobierno federal para la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca en mayo del 2007.
En un comunicado la comandancia general de este grupo armado exigió a la Secretaría de Gobernación un cambio de actitud, pues “hasta el momento ha sido indolente”.
Asimismo, denunció la existencia de un grupo paramilitar en Oaxaca, y acusó al gobernador Ulises Ruiz de haberlo creado, junto con el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, quien hasta el 2008 estuvo a cargo de la Octava Región Militar en esa entidad y le toco enfrentar el conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Según el grupo armado, el gobernador Ruiz ha integrado un grupo contrainsurgente que es responsable de los últimos acontecimientos de represión en Oaxaca. Dicho grupo lo dirige el general Oropeza, quien graduado en 1971 en el curso de operaciones contrainsurgentes en la Escuela de las Américas, cuando la sede estaba en Panamá, en la base del Comando Sur del ejército estadunidense. Este alto militar fue el encargado de combatir al EPR de 1997 a 1999, cuando fue comandante de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, Guerrero.
En cuanto al reinicio de actividades de la Comisión de Mediación, el EPR manifestó su completo acuerdo y disposición de colaborar, pero exigió un cambio de actitud de la Secretaría de Gobernación, pues hasta el momento ha sido indolente.

COMUNICADO DEL EPR
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE MEDIACION
A CADA UNO DE LOS QUE HAN APOYADO DE DIFERENTES MANERAS A LA COMISION DE MEDIACION Y QUE HAN EXIGIDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA Y EN LIBERTAD DE NUESTROS COMPAÑEROS

Estamos completamente de acuerdo con la decisión que toman de reiniciar por un lado su loable labor por la presentación de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y por el otro, la postura de exigir la comunicación con la Secretaría de Gobernación la cual no ha cambiado su actitud indolente, congruente con la política de este gobierno.

Para nosotros es meritoria su disposición para reiniciar de esta manera esta labor para alcanzar la presentación de nuestros compañeros y su sensibilidad ante el sufrimiento de sus familiares.

Nos congratula que hayan sumado también los esfuerzos de los ciudadanos Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Sarabia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano que ustedes han incorporado a la Comisión, ya que eso también evita las suspicacias gubernamentales de que quienes nosotros hubiésemos sugerido fueran militantes, simpatizantes o colaboradores de nuestro partido.

Ante todo queremos mantener la transparencia y el carácter público de nuestra relación para con nuestro pueblo y ustedes.

Tenemos la plena confianza de que el camino que tomen para lograr la presentación con vida de nuestros compañeros será el mejor y no perdemos la esperanza de que sea útil como precedente para que el Estado respete la vida de los luchadores sociales, para que deje de continuar la impunidad con que han actuado el ejército federal y los grupos paramilitares auspiciados por el mismo.

Aprovechamos la oportunidad para denunciar ante ustedes y ante las ONG’S como Amnistía Internacional, la FIDH y Human Rights Watch que Pedro Hernández, arraigado en el D.F. a partir de las supuestas indagatorias de la PGR en torno a la detención-desaparición de nuestros compañeros y puesto en libertad por “falta de pruebas”, en la actualidad es jefe de un grupo paramilitar más, que creó Ulises Ruíz Ortiz bajo el mando del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, que tienen que ver con los últimos acontecimientos de represión en el estado de Oaxaca. Deseamos que en el camino que han escogido por su labor humanitaria en la lucha por el respeto de los derechos humanos tengan la ventura de salir airosos de esta Comisión que han reiniciado.

Al mismo tiempo, nos mantendremos en el compromiso que asumimos con la Comisión de acuerdo a su solicitud de no accionar militarmente que nos hicieron en la primera etapa, mientras estuvieran gestionando la presentación de nuestros compañeros.

Esperamos que este año que comienza, con su reactivación, no sólo logremos la presentación con vida de nuestros compañeros sino también la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos bajo este régimen panista y el conocimiento del paradero de todos los detenidos desaparecidos de la guerra sucia bajo los regímenes priistas.
Reciban un saludo solidario y el reconocimiento de nuestro partido a su congruente actitud y compromiso con todos los luchadores sociales y el pueblo mexicano.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
COMANDANCIA GENERAL
DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

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