JORNADA DE LUCHA EN OAXACA

De “La Jornada”:

''Fuera de control'', más de 200 policías ministeriales en Oaxaca, revelan
Serían responsables de las detenciones contra opositores a Ulises Ruiz, según mandos federales

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Mandos de las fuerzas federales enviadas a Oaxaca revelaron que existen al menos 200 agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) "fuera de control", y que estos elementos son los responsables de las detenciones "momentáneas" de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y organizaciones opositoras al gobernador Ulises Ruiz.
Las fuentes indicaron que el gobierno federal sólo ha tomado el control de las policías Municipal y Estatal, pero no así de los agentes ministeriales adscritos a la capital oaxaqueña, por lo que no se descarta la posibilidad de hechos de violencia durante la marcha que la APPO convocó para hoy sábado.
Por otra parte, entre las propuestas que se han enviado a la APPO y de las cuales ha tomado conocimiento la Secretaría de Gobernación, destaca el hecho de que, para distender el conflicto, la Policía Federal Preventiva (PFP) dejaría el zócalo de Oaxaca y regresaría al Distrito Federal, sólo si ninguna organización se posesiona del lugar.
Para los enviados del gobierno federal, en Oaxaca se mantiene un estado de ingobernabilidad, que "no puede solucionarse con acciones policiacas, sino de procuración y administración de justicia, desarrollo social, infraestructura y educación, pero falta conducción, y en este momento no se tiene la capacidad para hacerlo, porque las exigencias de la APPO y las organizaciones que la conforman tienen que ver con demandas de justicia social plenamente acreditadas".
Sin embargo, señalaron las fuentes, el conflicto social en Oaxaca ya tiene seis meses, y al cumplirse casi un mes de que la PFP desplegó un operativo para el retiro de las barricadas que impedían la circulación en gran parte de la capital oaxaqueña, las condiciones de ingobernabilidad no han cambiado, debido a la falta de sensibilidad política, y porque ''no se ha considerado que la acción de la corporación no era para regresar el control al gobierno local, sino para permitir el retorno a la tranquilidad, sin afectar las demandas de la APPO y los docentes que se han movilizado".
En ese contexto, desde hace al menos tres semanas grupos de inteligencia de distintas áreas del gobierno federal detectaron la aparición de grupos ligados a corrientes políticas priístas y gubernamentales de esa entidad actuando para afectar el desarrollo las negociaciones entre el gobierno federal, Ulises Ruiz y la APPO, además de provocar situaciones de violencia que derivaran en actos de represión.
Es así como, indicaron los informantes, se han identificado al menos 10 grupos que se estiman "fuera de control" y que deben ser detenidos, al igual que algunos supuestos integrantes de la APPO que han desarrollado actos vandálicos y de provocación para dañar a las organizaciones sociales que demandan la renuncia del mandatario oaxaqueño.
En ese sentido, se informó que integrantes de grupos especiales de las fuerzas federales acantonadas en Oaxaca, han detectado que agentes ministeriales han participado junto con miembros de los grupos priístas en detenciones arbitrarias y tortura, pretendiendo involucrar a elementos de la PFP en sus acciones, por lo que se pondrán en marcha acciones para detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.
En ese sentido, indicaron, hace apenas unos días dos integrantes de la APPO fueron retenidos y golpeados, justo en el momento en que representantes del gobierno federal sostenían pláticas con miembros de la organización en busca de llegar a acuerdos para distender la situación política y social en esa entidad.
Horas después, y ante la petición información de las fuerzas federales a las autoridades oaxaqueñas, los dos detenidos fueron puestos en libertad, pero ya habían sido golpeados.





Pide ONU sancionar violencia en Atenco, Oaxaca y Guadalajara
El organismo exhorta al gobierno a tipificar como grave el delito de esa práctica

KYRA NUÑEZ


(Eliuth Amni Martínez Sánchez, alumno del Tecnológico de Oaxaca, fue golpeado por agentes de la PFP el lunes pasado. Estuvo en reclusorio de Tlacolula de Matamoros, pero fue llevado al hospital del IMSS por presiones de su familia y de ONG.)

Ginebra, 24 de noviembre. El Comité Contra la Tortura (CCT), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, instó a México a investigar de manera pronta, efectiva e imparcial los incidentes ocurridos en San Salvador Atenco, en Guadalajara, los feminicidios en Ciudad Juárez y los sucesos recientes de Oaxaca, en los que han surgido numerosas quejas por tortura, violencia, así como agresiones sexuales contra mujeres durante los operativos de seguridad pública.
Extraordinariamente, el comité dio como plazo un año (noviembre de 2007) para que el gobierno informe sobre la realización de las recomendaciones relacionadas en esas investigaciones, así como la tipificación a escala nacional del delito de tortura, y sobre la competencia de tribunales del fuero común para los procesos de militares que incurrieron en delitos contra civiles durante su función.
En su evaluación final del cuarto informe periódico de México ­sustentado en Ginebra los pasados 8 y 9 de noviembre­, el grupo de 10 expertos consideró que las autoridades en el país utilizan tipos penales menos graves para tipificar actos de tortura, lo que sería, a su juicio, "una posible explicación del bajo número de personas procesadas y condenadas por esos delitos". El gobierno mexicano tan sólo admitió la ocurrencia de 72 casos de tortura.
El comité demandó encontrar a los culpables, llevarlos a la justicia, imponerles penas apropiadas y, por otro lado, garantizar que las víctimas reciban compensación justa y efectiva, que las mujeres que fueron objeto de violencia sexual tengan acceso a servicios médicos y sicológicos adecuados, estableciendo además la posible juridicción en los casos apropiados de la fiscalía especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres.
Recomendó que el Estado garantice el uso de la fuerza únicamente como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente, además de implementar la recomendación general número 12 de la CNDH de enero 2006.
Principales motivos de las recomendaciones
De una serie de preocupaciones identificadas durante el examen a México, el CCT dio a conocer esta tarde unas 20 recomendaciones al Estado mexicano y, para cuatro de ellas, dio el plazo de un año para recibir informes concretos sobre la atención a las mismas.
Como recomendación particular estuvo que el Estado asegure la armonización en todo el país de la legislación federal y las estatales en la tipificación del delito de tortura, conforme a los estándares internacionales y regionales, incluyendo la Convención Internacional y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Asimismo reconvino al Estado a garantizar que sean los tribunales civiles los encargados de juzgar los delitos contra los derechos humanos, y en especial la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, perpetrados por militares contra civiles aun cuando hayan ocurrido en actos de servicio. E igualmente recomendó la reforma al Código de Justicia Militar para incluir el delito de tortura.
El comité de expertos también llamó a México a que garantice que ninguna declaración obtenida bajo tortura pueda ser usada como prueba, directa o indirectamente, en cualquier proceso, tal y como está establecido en el artículo 15 de la convención.
La inquietud del CCT porque no ha sido aprobada la reforma al sistema integral de justicia pública y al sistema de justicia penal confluyó en la recomendación de que el Estado debe lograrlo a fin de, inter alia, instaurar un modelo de proceso penal acusatorio y oral que incorpore plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios de un proceso debido en la valoración de la prueba.
También le preocupa al comité que ­si bien existe un proyecto de reforma en el Congreso para este efecto­ los delitos de lesa humanidad, incluido el de tortura, siguen siendo prescriptibles. Ante ello recomendó que el Estado investigue todos los alegatos de tortura de manera pronta, efectiva e imparcial y que garantice el examen de un médico independiente en todos los casos.
Igualmente expresó preocupación ­eco del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares­ por la aplicación del artículo 33 de la Constitución, que atribuye al Ejecutivo la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, porque no asegura el acceso pleno a los recursos judiciales que permitan establecer la veracidad del caso; recomendó apegarse al artículo tercero de la convención para que el extranjero pueda presentar oposición al recurso de expulsión.


Del “Universal”:

Inicia sin incidentes marcha de la APPO en OaxacaLa caminata partió de la Casa de Gobierno del estado hacia el Zócalo oaxaqueño, en donde manifestantes harán un cerco a la Policía Federal Preventiva durante 48 horas

Alejandro Torres/ EnviadoEl Universal

Oaxaca, Oax.Sábado 25 de noviembre de 2006
12:04 La marcha convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), desde la Casa de Gobierno del estado, ubicada sobre la carretera a Puerto Escondido, a la altura del municipio de Santa María Coyotepec, inició sin incidentes.
La caminata en protesta por los actos de represión contra la APPO se dirige hacia el Zócalo de Oaxaca en donde harán un cerco a la Policía Federal Preventiva (PFP) durante 48 horas.
El contingente de varios miles de participantes se extiende por poco más de un kilómetro sobre los carriles que llevan hacia la capital oaxaqueña.
Antes de partir, dirigentes de la APPO advirtieron que no habrá cambio en el plan de acción de su movimiento a pesar de la desaparición de su compañeros César Mateos Benitez y Jorge Sosa Campos.
Florentino López, miembro de la dirigencia de la APPO y Marcelino Coache, vocero en turno de este movimiento, informaron que Mateos y Sosa permanecen desaparecidos desde las 21:00 horas, aproximadamente, de ayer viernes.
César Mateos es uno de los voceros en turno de la APPO y miembro de Nueva Izquierda de Oaxaca, organización que se sumó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Jorge Sosa Campos es primo de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los principales dirigentes de la APPO. También es miembro de Nueva Izquierda de Oaxaca e integrante del Comité estatal del PRD.
Flavio Sosa dijo a EL UNIVERSAL que la detención de ambos presumiblemente por autoridades estatales, “es un acto de provocación a nuestro movimiento, pero no nos van a intimidar.
Florentino López y Marcelino Coache dijeron esta mañana que se mantendrá el orden entre los participantes de la marcha, pero responsabilizaron al gobierno de cualquier provocación.


Toma APPO casetas de la México-Cuernavaca
Impiden simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca el cobro del peaje a los automovilistas; prevén bloqueos en otras casetas

Redaccción EL UNIVERSAL.com.mx
El UniversalCiudad de MéxicoSábado 25 de noviembre de 2006

08:39 Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) tomaron 11 garitas de la caseta de la carretera México-Cuernavaca.
De acuerdo con el reporte radiofónico de Formato 21, autos y camiones pasan por esta vía sin pagar debido a que miembros de la APPO sacaron a los cobradores y alzaron las plumas permitiendo el libre paso vehicular.
En el lugar se encuentran seis elementos del Ejército Mexicano y algunas patrullas de la PFP, quienes sólo observan.
Los manifestantes piden cooperación voluntaria a los automovilistas.
Se prevé que hagan bloqueos en otras vías.
Este sábado la APPO realizará una marcha que empezará con un mitin a las 10:00 horas, en la casa de gobierno, en Santa María Coyotepec, Oaxaca para protestar por la represión de simpatizantes de ese municipio durante el movimiento.
Luego, el contingente partirá hacia el zócalo de la capital, donde harán un cerco a la PFP durante 48 horas, además de diversas actividades que César Mateos, uno de los voceros en turno de la organización, dijo que serán de tipo cultural y pacífico para exigir la salida de esa corporación de la entidad e insistir en la caída del gobernador Ulises Ruiz.
Con información de Alejandro Torres y Formato 21..