NOTICIAS 6 DE NOVIEMBRE

Demanda el retiro de la PFP de Oaxaca y el cese de allanamientos y detenciones arbitrarias









ENRIQUE MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO; OCTAVIO VELEZ ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 5 de noviembre. Al concluir en Santo Domingo la megamarcha pacífica, en la que participaron decenas de miles de ciudadanos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigió al presidente Vicente Fox Quesada instalar una mesa de diálogo, a más tardar el martes, que tenga como único objetivo encontrar una salida política al conflicto en el estado, que pasa, insistieron, por la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Una vez que maestros, simpatizantes y militantes de la APPO comenzaron a desalojar poco a poco la plaza, el vocero del movimiento, Florentino López, reiteró la demanda de la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP), así como el cese a los allanamientos de morada y las detenciones, sin órdenes de aprehensión, que realizan los grupos de elite de las fuerzas federales.
Además, denunció que el Ejército ha comenzado a instalar retenes -en los cuales son detenidos maestros- que se encuentran en la Sierra Juárez, en el valle de Etla y la carretera internacional al istmo.
Arzobispo cuestionado
También, la APPO rechazó las condiciones impuestas por el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, para que el diálogo con las autoridades federales se realizara en la catedral, por lo que éste se llevará a cabo en la biblioteca Francisco de Burgoa, del Centro Cultural Santo Domingo.
Miembros de la coordinación provisional de la alianza de organizaciones explicaron que el jerarca católico rehusó prestar un espacio aledaño de la catedral porque no se admitió la tregua que solicitó y, ante ello, Chávez Botello no estará en el diálogo.
En tanto, el arzobispo exhortó a todos los sectores a construir un pacto social ''que nos ayude a detener el clima de violencia, a reconocer nuestros valores y a superar nuestros rezagos'', así como para apoyar acciones adecuadas la reconciliación social.
Dijo que la Iglesia católica oaxaqueña está dolida por la polarización de la sociedad, pero más ''por las causas que han generado tantos conflictos'', como la injusticia social, la pobreza lacerante, la impunidad y la corrupción generalizada. Y lamentó que las respuestas políticas no sean todavía lo suficientemente eficaces para resolver el problema político-social en la entidad. ''Tal parece que fuerzas perversas e intereses personales y de grupo impiden la solución del problema oaxaqueño.''
Por su parte, la delegación regional de Valles Centrales, perteneciente a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó sobre el acuerdo de que sus 24 mil profesores no regresarán a clases este lunes, por lo que permanecerán cerradas 6 mil escuelas, lo cual afectará a unos 500 mil alumnos de prescolar, primaria y secundaria.
Al leer las conclusiones de la asamblea regional, la profesora Carmen López -ex conductora de la estación de radio La Ley del Pueblo- aseguró que no existen condiciones para la reapertura de aulas, no sólo para los maestros, sino tampoco para los alumnos, sobre todo porque gran número de planteles se ubica en la zona de conflicto.
En la declaración de los trabajadores de la educación de Valles Centrales se expresa que en las comunidades de los ocho sectores que integran la región el Ejército ha establecido retenes ''que han servido para detener a los profesores'' y ello, en las actuales circunstancias, ''se convierte en un riesgo, pues nos hace vulnerables a los ataques de la PFP, del Ejército y de la Policía Ministerial''.
La presencia de las fuerzas federales, asegura, sólo se explica por la presencia de Ruiz Ortiz en la gubernatura, ''por lo que para que existan las condiciones para el desempeño de nuestro trabajo educativo es necesario el retiro de la Policía Federal Preventiva del estado''.
Asimismo, la asamblea regional del magisterio exigió la libertad inmediata, incondicional y la presentación con vida de cinco profesores que fueron detenidos desde el domingo pasado. Estos son: Sergio Alberto Rojas Juárez, detenido en Ciudad Universitaria; Mario Trinidad Michel López, de la delegación sindical D-II-87; Martín Cruz Rodríguez, estudiante de la licenciatura en educación física; Bulmaro Martínez González y su hijo, y Blanca Canseco Méndez, integrante de la Coordinadora Sectorial de Tlacolula, detenida ayer en la gasolinera de Nochixtlán.
En un comunicado, la procuraduría estatal informó que, hasta el momento, la Policía Federal Preventiva ha detenido a 85 personas como probables responsables de diversos delitos cometidos entre el 29 de octubre y el sábado pasado. De ellos, 51 continúan recluidos en diversos penales del estado, en tanto que 34 han sido puestos en libertad.
Asimismo, durante el mitin en el atrio de Santo Domingo, adonde confluyeron miles de oaxaqueños -una parte se desvió por la calle Alcalá, hasta la esquina con Morelos, para protestar frente a la PFP apostada ahí-, el ex dirigente de la sección 22 Erangelio Mendoza González exigió también la liberación incondicional de todos los detenidos en los operativos.
Mendoza, quien fue liberado la semana anterior como parte de los acuerdos con la dirigencia estatal para el inicio del ciclo escolar 2006-2007, afirmó que su salida de la cárcel fue sin ningún compromiso con los gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Ruiz Ortiz. ''Sólo la fuerza de este movimiento popular del heroico pueblo de Oaxaca permitió mi liberación'', expresó.
También, como planteó la APPO, demandó al presidente Vicente Fox que convoque a una mesa de diálogo, y aseguró que la movilización este domingo de miles de oaxaqueños, a los que se sumó la caravana del Distrito Federal, ''es la respuesta pacífica'' a la represión de la administración foxista y al intento del gobierno estatal por acabar con el movimiento.
Por su parte, la representación de los pueblos de la Sierra Juárez planteó que su presencia en la marcha fue para expresarle a Fox y al gobernador Ulises Ruiz ''que ya no queremos más mártires. ¡Ya basta, ya no queremos más muertos sobres nuestras tierras!"
Por primera vez, autoridades serranas participaron en una protesta de este tipo. A ella se sumaron los representantes de Yatzachi el Bajo y Yatzachi el Alto, de Zoochila, Zoogocho, Yalalag, San Pedro Cajonos, San Miguel Cajonos, San Francisco Cajonos y autoridades de la región mixe. Los representantes de esos pueblos aseguraron que ellos gobiernan en forma gratuita, ''no como la administración estatal, que mata, se enriquece y encarcela a los indígenas, pero se lleva las bolsas de dinero. Así no se gobierna''.
En la concentración en Santo Domingo, decenas de personas demandaban continuar la caminata hacia el zócalo, pero el acuerdo de la APPO había sido estricto en definir que no se intentaría recuperar la plaza principal de esta capital, para evitar confrontaciones con la PFP, que reforzó sus posiciones desde esta mañana con alambre de púas en las esquinas de acceso al primer cuadro.
Mientras, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Francisco Martínez Neri, denunció que elementos de la Policía Federal Preventiva sí ingresaron al campus durante el operativo realizado en sus alrededores para, supuestamente, despejar la avenida Universidad. "Sin mediar alguna comunicación, los policías federales ingresaron a los espacios de la universidad y esto es un agravio al patrimonio moral de nuestra máxima casa de estudios'', señaló.
Refirió que en la operación del pasado jueves, elementos de la PFP entraron a la unidad deportiva de la UABJO para detener personas, y además intentaron abrir la reja de acceso al Instituto de Ciencias de la Educación, acción a la que se sumó el sobrevuelo de helicópteros sobre las instalaciones para disparar granadas de gas lacrimógeno contra quienes se refugiaron dentro de la universidad.
Martínez Neri dijo que habló con los mandos de la Federal Preventiva durante el desarrollo del operativo, para manifestar su desaprobación e inclusive solicitó su repliegue. ''Históricamente las agresiones a las universidades tienen muchas aristas, sobre todo porque quienes las realizan y promueven son señalados por la historia, como los movimientos de 1968 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en 1977, en el Casco de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional'', señaló.
Además, esta mañana presuntos paramilitares dispararon contra estudiantes de la UABJO, y en esos hechos resultó herido Manuel Sánchez Martínez, quien se encontraba en las instalaciones de Radio Universidad. De acuerdo con versiones de sus compañeros recibió disparos de arma de fuego en el tórax desde una azotea frente al campus.
El estudiante fue intervenido en el área de urgencias del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue reportado delicado.



Fuera máscaras
Gustavo Esteva
Con la ayuda de clases políticas irresponsables, la insurrección popular oaxaqueña se está viendo obligada a confesar antes de tiempo su identidad.
Funcionarios y burócratas, lo mismo que partidos y analistas, vieron la insurrección como simple revuelta. Lo era, en cierta forma. Algunos grupos seguían la tradición de estallidos populares que se producen ante un opresor que se vuelve insoportable o ante una medida que opera como gota que derrama el vaso.
Se percibió también como rebelión, porque se levantaban los indóciles, los insumisos, los que resisten con obstinación a los opresores, afirmados en su dignidad. Por miles, por millones, la gente se rebeló. ¡Ya basta!, se dijeron los rebeldes que aparecieron de pronto por todas partes.
Pero esta insurrección no es mera revuelta ni se reduce a rebelión. Las revueltas tienen ímpetu volcánico avasallador. Si no son arrasadas en germen nada puede detenerlas. Pero son efímeras. Se apagan con la misma rapidez con que surgieron. Dejan huellas duraderas, como la roca volcánica. Pero se desvanecen. Y ésta no.
Esta no se apaga, en parte, por el ímpetu rebelde. Ulises Ruiz encarnó la fuente del descontento y exhibió los peores rasgos del sistema opresor, pero sólo fue el detonador que aglutinó y encendió el descontento disperso. Esta rebeldía pasa necesariamente por su salida, pero empleará su cadáver político como abono de un empeño transformador duradero. Quitará del camino desechos como éste, herencia de un pasado que está quedando atrás, para dedicarse a construir, pacífica y democráticamente, una nueva sociedad.
Es un movimiento social que viene de lejos, de tradiciones muy oaxaqueñas de lucha social, pero es estrictamente contemporáneo en su naturaleza y perspectivas y en su apertura al mundo. Debe su radicalidad a su condición natural: está a ras de tierra, cerca de las raíces. Adquirió tinte insurreccional tras intentar todas las vías legales e institucionales y encontrar azolvados los cauces políticos que recorría. Pero no baila al son que le tocan. Compone su propia música. Inventa los caminos cuando no hay acotamientos.
La batalla campal del 2 de noviembre es ejemplo magnífico y trágico del proceso. Fue la más amplia y feroz de las confrontaciones entre policías y civiles de la historia del país, quizá la única con un triunfo popular indiscutible. Fue enteramente desigual. Había cinco o siete personas -incluso niños- por cada uno de los policías, pero mientras éstos contaban con escudos, toletes, armas de alto poder, tanquetas y helicópteros, aquéllos sólo tenían palos, piedras, resorteras, algunas bombas molotov.
La batalla se produjo cuando el Presidente acababa de anunciar que la paz y la tranquilidad habían regresado a Oaxaca; cuando la Secretaría de Gobernación reportaba que no había novedad en el frente y todo estaba en calma; cuando el gobernador denunciaba que el conflicto se reducía a un pequeño grupo de extranjeros y a una calle de 570 municipios y anunciaba que estaba a punto de arreglarse; cuando los medios ordenaban a sus camarógrafos que regresaran a la ciudad de México, pues su tarea de engañar con imágenes había terminado.
Los poderes constituidos y las clases pudientes, en Oaxaca y en la ciudad de México, condenaron continuamente a la APPO en nombre del estado de derecho, el orden, la seguridad pública, los derechos humanos, las instituciones. Todos esos elementos se emplearon como justificación para enviar las fuerzas públicas.
Las autoridades estarían dando sin darse cuenta una clase de civismo revolucionario. Con la agencia, complicidad o anuencia de la Policía Federal Preventiva se practica una grosera y masiva violación de los derechos humanos. Proliferan cateos y detenciones sin orden judicial mientras se multiplican muertos, heridos y desaparecidos. Sólo tienen libertad de tránsito grupos de choque priístas o sicarios a sueldo del gobierno del Estado. El ejército y la policía cierran el paso a quienes pretenden acercarse a la ciudad de Oaxaca, particularmente los que acuden a apoyar a la APPO. La Policía Federal de Caminos patrulla la ciudad y transporta tropas. Cunden el desorden y la inseguridad.
Lo más sorprendente es la capacidad de autocontrol del movimiento: el tapete humano ante las tanquetas, estilo Tiananmen; flores a los policías; repliegue ordenado ante su avance; hombres y mujeres tratando de contener a jóvenes que estallan de indignación. Se evita así un inmenso baño de sangre.
Los rebeldes se preparan ahora a dar cauce ordenado a su movimiento, para evitar que se salga de madre y estalle en forma violenta o dispersa o se desgaste inútilmente. Hay manías ideológicas en la construcción de ese cauce. Presionan también quienes desde adentro tratan de implantar otras agendas. Si el recipiente toma formas inadecuadas, como las de un partido (así sea disimulado), el movimiento lo desbordará, como hará con todas las vías legales e institucionales si las clases políticas las siguen cerrando. Paso a paso, por lo pronto, todas las máscaras van cayendo.

Estado de derecho, de excepción, de rebelión.
Enrique Dussel A.*
Se habla mucho del "estado de derecho". En efecto, un régimen político sin "estado de derecho" volvería al estado de barbarie. Desde los códices mesopotámicos, hace más de 40 siglos, los conflictos entre los miembros de un sistema político se resolvieron por intermedio de los jueces, y no con el "ojo por ojo, diente por diente" o por medio de linchamientos. Teniendo un sistema de derecho que goce de legitimidad, un cuerpo de jueces justos, puede aceptarse que las instituciones políticas acordadas tengan derecho al monopolio de la coacción.
En México, prácticamente no ha existido un "estado de derecho" hasta el presente que goce de legitimidad suficiente; en la época colonial porque lo ejercían unilateralmente los españoles; durante el siglo XIX por la inestabilidad reinante; y después de la Revolución por el corporativismo, que puede fácilmente declarar inocente al rico o al que tiene "relaciones", y deja pudrir en la cárcel a un indígena que ha robado un pollo. Hemos visto banqueros que se apropiaron de miles de millones y no pudieron ser inculpados.
Carl Schmitt, crítico del sistema liberal, y con razón, muestra que el "estado de derecho", fundado en instituciones políticas vigentes, no es razón última de la política. Para ello echa mano de un ejemplo: el "estado de excepción". La dictadura romana era una institución que en situaciones muy graves (el ataque, por ejemplo, de Cartago) nombraba a un ciudadano para defender a la patria, decretando la suspensión de todas las instituciones normales para unificar el mando en las manos del dictador. Una vez terminada la crisis, el dictador renunciaba y la normalidad retornaba a sus cauces. Giorgio Agamben ha estudiado con originalidad esta figura política. Con ello Schmitt mostraba que detrás del Estado de derecho había una voluntad política que podía instaurar la anulación temporaria del tal estado. De la misma manera Fernando de la Rúa, en Argentina, decretó en diciembre de 2001 un "estado de excepción" para paralizar los movimientos populares.
Pero aconteció que el pueblo argentino, en vez de acatar dicha decisión presidencial salió a las calles en lo que pudiéramos llamar "estado de rebelión". No sólo dejó sin efecto el "estado de derecho" y el "estado de excepción", sino que destituyó de hecho al mismo presidente, el que fue remplazado días después. La pregunta es: ¿qué sentido tiene ese "Estado de rebelión"? ¿Qué sentido tiene que la multitud exclamara: "¡Que se vayan todos!", sabiendo que los burócratas políticos, aunque estén corrompidos, son necesarios e inevitables? ¿Nos está enseñando esta situación límite algo? Creo que sí, e intentaré pensar el tema.
La premisa enuncia que todo poder político reside exclusivamente en la comunidad política, en el pueblo -tesis 2 de mi obrita 20 tesis de política, editada recientemente en Siglo XXI. La comunidad política, el pueblo, es la primera y última instancia del poder. Pero la comunidad política o el pueblo debe darse instituciones sin las cuales no puede operar. Toda institución es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. Cuando la institución política -presidencia, Congreso, jueces, burocracia estatal, policías, etcétera- se arroga ser sede del poder, hemos caído en algún tipo de fetichismo del poder, de corrupción, de injusticia. La estructura total del Estado no es soberana: el único soberano es la comunidad política o el pueblo.
Hasta Francisco Suárez, aquel jesuita profesor de Salamanca y Coimba a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, quien consideraba a la democracia un sistema natural (pre institucional), tenía claro que la entrega del poder delegadamente a la autoridad (y al mismo rey, previo contrato revocable) no era total, sino que se recuperaba el poder cuando la autoridad hacía mal uso del mismo.
Hasta Tomás de Aquino admite el tiranicidio (asesinato del tirano) cuando se ha tornado un peligro para el pueblo que lo había elegido. La elección, como instrumento secundario de la democracia (ya que la democracia es mucho más que mera elección de una autoridad una vez cada varios años, y en su esencia es un principio normativo y no un mecanismo electoral), es perfectamente revocable en toda la tradición del derecho.
Hay políticos que, según su conveniencia, decretan la sacralidad de una elección política de un representante en el ejercicio delegado del poder, en una institución que, por otra parte, la fetichizan igualmente al olvidar que puede ser transformada o eliminada por la misma comunidad política o el pueblo que la creó en el pasado.
La instancia última es la voluntad del pueblo y no una elección (una persona) o una institución (creada para el servicio del mismo pueblo). Esa voluntad, cuando tiene convicción subjetiva de haber podido decidir algo con participación igualitaria, otorga legitimidad a la institución y al elegido para ejercer delegadamente la función acordada. Por ello la elección de 1988 no fue legítima, y al no haberse contado los votos ante la duda, esa duda planeará sobre la de 2006 siempre ante la conciencia de los ciudadanos exigentes.
Pero ese mismo pueblo, sufriendo injusticias económicas y humillaciones políticas de tantas instituciones (por ejemplo, de jueces que se asignan bonos millonarios, que por sentido común es una injusticia a la vista de todos, aunque no sea ilegal, porque las leyes pueden ser injustas; o de un gobernante que se la pasa haciendo propaganda de pretendidos actos de gobierno como si fuera publicidad de Coca-Cola, en vez de gastar ese dinero en cosas útiles) o un gobernante electo (que manda asesinar a miembros de su propio pueblo), ese mismo pueblo tiene todo el derecho de recordar a los que ejercen delegadamente el poder en las instituciones quién es la última instancia del poder, y de gritar: "¡Que se vayan todos!"
Ese grito expresa una contradicción: por una parte, a) deberían irse todos, pero, de todas maneras, b) necesitaremos otros que, al no darse las condiciones necesarias, repetirán las injusticias pasadas. Por ello el significado es otro: "¡No olviden que es la comunidad, el pueblo la última instancia del poder!", y por ello tenemos el derecho a deponerlos.
Ese hacerse presente en las calles, como en Oaxaca, es lo que denominamos "estado de rebelión". El pueblo muestra su rostro sufriente, hambriento, humillado y declara ser la sede última del poder. Las instituciones corrompidas, los gobierno ilegítimos corren a cubrir ese rostro con las máscaras de orden, en nombre del "estado de derecho", olvidando que hace tiempo que el tal estado ha sido negado por los que dicen defenderlo.
En América Latina, y muy especialmente en México, un fantasma recorre el continente: son los pueblos, los pobres, los marginados, los humillados por los siglos que se van poniendo de pie en un "estado de rebelión" que manifiesta un proceso profundo de movimientos sociales que nos depararán grandes sorpresas.
Los que piensan detenerlos con represión, policías, contrainsurgencia sin preguntarse por las causas profundas les pasará lo que está sufriendo George W. Bush, que atacó al terrorismo militarmente en Irak y le ha "estallado el petardo en la mano". En vez de ir a las causas de las injusticias quiso asesinar a los que se resistían, surgiendo muchos miles en su lugar y con mayor fuerza.