OAXACA AL DIA

Grave, no indagar las muertes ocurridas durante el conflicto en Oaxaca: CCIODH
La impunidad imperante nos hacen sentir que los fallecidos son anónimos, señala
EMIR OLIVARES ALONSO
Pese a la gravedad de lo sucedido en el conflicto de Oaxaca, donde desde hace siete meses imperan las detenciones arbitrarias, malos tratos y violaciones a las garantías individuales, resulta mucho más crítico el que aún no se haya investigando ni ncontrado a los responsables de las 17 muertes ocurridas durante los enfrentamientos, aseguró Ignacio García, integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), organismo que se encuentra en ese estado en labor de observación de las garantías fundamentales.
En su séptimo día de trabajos en esa entidad, dicha organización se ha entrevistado con más de 70 personas, ha visitado tres penales: Miahuatlán, Cuicatlán y Cosolapa; y en los próximos días ingresará a la cárcel de Tlacolula, donde hay mayor cantidad de detenidos por el conflicto.
García indicó que al permanecer impunes los homicidios de más de 17 personas en esa ciudad, la mayoría adjudicados grupos paramilitares afines al gobierno estatal, "nos hacen tener una sensación de que los muertos son anónimos", debido a que no se ha hecho tanto hincapié en esos delitos.
Agregó que aunque han sido muchos los testimonios recabados, "la gente aún tiene miedo a darlos", aunque se ha generado gran confianza entre la población. Asimismo, dijo que si bien el clima en el estado está relajado y sin tanta tensión, "la población aún está consciente de que las razones que iniciaron el conflicto están pendientes".
Dijo que la sociedad oaxaqueña ha transmitido a las integrantes de la comisión que en el estado existe una necesidad de cambio, y "aunque después del 25 de noviembre (luego del operativo de la PFP que dejó un saldo de 141 detenidos) las cosas han tomado otro rumbo, destacan que el conflicto permanece ahí, por lo que es necesario el consenso para una solución dialogada".
El integrante de la CCIODH ­organismo conformado decenas de activistas de nueve países, sobre todo europeos­ subrayó que con base en sus investigaciones la situación en aquella entidad "es mucho más profunda y grave de lo que imaginábamos".
La comisión se ha entrevistado con autoridades estatales, con actores sociales, con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), líderes religiosos y detenidos en diversos penales del estado.
El pasado 24 de diciembre los activistas extranjeros fueron recibidos por el arzobispo de la diócesis de Oaxaca Atenquera, José Luis Chávez Botello; en el reclusorio de Miahuatlán se entrevistaron con las mujeres detenidas y mañana lo harán con los varones presos por el conflicto.
También visitaron la comunidad de San Francisco Cajones en la Sierra Juárez, donde platicaron con autoridades locales sobre la situación de los estudiantes y maestros de esa población que han resultado afectados por el conflicto.
Por mediación de la subsecretaria para los derechos humanos del gobierno estatal, Rosario Villalobos, se inició la agenda de entrevistas con funcionarios gubernamentales, amén de que también se ha gestionado la entrada a los reclusorios.
La CCIODH fue recibida el 26 de diciembre por el consejo general de la APPO para presentarle su metodología de trabajo e invitar a quienes conforman ese movimiento a dar su testimonio. Asimismo se han recogido las declaraciones y demandas los habitantes de la ciudad de Oaxaca afectados por los hechos, de asociaciones civiles, transportistas, hoteleros, comerciantes y empresarios.
En los próximos días, las activistas se reunirán con la Asociación Estatal de Padres de Familia, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Oaxaca, la Comisión para la Reforma del Estado, así como con la Cofraternidad de Pastores Evangélicos de Oaxaca.
"Vamos bien, la gente nos ha abierto su corazón y nos dan sus testimonios con mucha esperanza; eso nos impone aún más responsabilidad", indicó García.


Convoca el PRD a establecer nuevo pacto político en Oaxaca
Notimex
29/12/2006 10:26
México, DF. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a establecer un nuevo pacto social y político en Oaxaca que permita resolver de fondo los conflictos de la entidad y sobre todo establecer una sociedad más justa y próspera.
Mediante el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional perredista, también delegado especial para Oaxaca, Fernando Belauzarán, el PRD pidió a los oaxaqueños encontrar fórmulas para superar los cacicazgos y los esquemas que la mantienen atrasada.
Indicó que en Oaxaca hay un mal presagio frente a lo que llamó la presencia "virtual" de un gobernador que se aferra al cargo sin legitimidad y que sólo aparece en las fotografías con fines propagandísticos.
En su opinión el problema de Oaxaca se complicó por la falta de sentido común y la necedad del gobernador Ulises Ruiz y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que pactó con Acción Nacional (PAN) el respaldo al mandatario a cambio de permitir la toma de posesión de Felipe Calderón.
Sin embargo, la situación se ha complicado y hoy en día la descomposición social es grave y se requiere una nueva forma de hacer política, sostuvo el perredista.
Reconoció que en medio de toda esta situación la izquierda en general debe hacer una reflexión sobre cuáles son los medios para llegar al fin que persigue en este caso, es decir, la salida de Ruiz, porque si pretende una sociedad justa y con respeto a la ley así debe comportarse.



Inválido, auto de formal prisión contra atenquenses: juez federal
''Es violatorio de las garantías de los inculpados'', advierte
Podrían quedar en libertad
EMIR OLIVARES ALONSO

Un juzgado federal en materia de amparo consideró ''incompetente'' al juez segundo de lo penal de Toluca que analiza el caso de los detenidos en San Salvador Atenco los pasados 3 y 4 de mayo, al considerar que el auto de formal prisión que el juzgador dictó contra los atenquenses ''es violatorio de las garantías'' de los inculpados, por lo que si el Ministerio Público federal no acude a un recurso de revisión, el titular del juzgado de la capital mexiquense tiene dos opciones: dejar en libertad a los presos por esos hechos o decretar un nuevo auto de formal prisión transfiriendo el proceso a Texcoco, que es donde se suscitaron los hechos.
Tras analizar una demanda de amparo promovida por la defensa de los detenidos, el juez federal de la causa, Willy Vega, encontró diversas irregularidades en las que incurrió Jaime Maldonado, juez segundo de lo penal de Toluca, para ''acreditar su competencia''; sin embargo, a pesar de las irregularidades (plasmadas en la resolución), Vega sólo proporcionó un ''amparo de efecto'', con lo que da oportunidad al Ministerio Público federal para que acuda al recurso de revisión, con lo que se continuaría atrasando el proceso contra los detenidos, lo que viola el artículo 17 constitucional.
En impuestos, Oaxacaes líder a nivel nacional
SILVIA CHAVELA RIVAS
“Es incongruente que en un estado pobre como Oaxaca se apliquen más impuestos que en estados más desarrollados como Baja California y Nuevo León”, consideró el abogado Armando Figueroa Colmenares.
Por ello, dijo a partir del próximo año, se iniciará una campaña para lograr la derogación de al menos dos de estos gravámenes: el que se refiere al pago de Programas de Fomento a la Alfabetización y Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del uso o goce Temporal de Bienes Inmuebles.
Dio a conocer la existencia de un análisis denominado “Impuestos vigentes contemplados en las leyes de ingresos de las entidades federativas”, del que se desprende que en Oaxaca se cobran seis tipos de impuestos.
“Se aplica el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos.
Asimismo, el impuesto sobre loterías, rifas, concursos, sorteros y juegos permitidos. También se aplica el impuesto sobre nóminas”, dijo.
Además, el impuesto sobre compra-venta de vehículos de motor usados.
Figueroa Colmenares indicó que en Oaxaca se aplica también el impuesto local sobre tenencia o uso de vehículos, así como el impuesto sobre hospedaje”.
Reiteró que según esto, en Oaxaca se pagan más gravámenes que en Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Puebla, Veracruz y Nuevo León, que sólo aplican cuatro o cinco.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para 2006, los ingresos propios por concepto de estos impuestos ascenderían a 948 millones 107 mil 266 pesos.
A partir del próximo año se iniciará una campaña para lograr la derogación de al menos dos gravámenes: el pago de Programas de Fomento a la Alfabetización y el Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del uso o goce Temporal de Bienes Inmuebles.
Sobre la Enajenación de Automóviles, Camiones y demás Vehículos de Motor Usados que se realicen entre particulares 8, 576,508.00Sobre Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 1, 379,410.00Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 589,498.00Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 13, 591,847.00Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 32, 203, 910.00Sobre Nóminas 100, 996,816.00Para los Programas de Fomento a la Alfabetización 39, 900,000.00Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del uso o goceTemporal de Bienes Inmuebles 58, 500,000.00El abogado refirió que a partir de enero se efectuarán consultas ciudadanas para determinar lo conducente.
Fue 2006 de alta violencia contra mujeres oaxaqueñas
SILVIA CHAVELA RIVASEl 2006 fue un año de alta incidencia de violencia en contra de las mujeres en el estado, consideró Eduardo Liendro, especialista en temas de equidad de género y masculinidad e integrante del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias A.C., y del Colectivo Huaxyacac.
Indicó que según la última Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres realizada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional de “mujeres que sufrieron violencia con la pareja de por vida”, con diez puntos arriba de la media nacional.
También es el estado a nivel nacional “con mayor prevalencia de algún tipo de violencia alguna vez en la vida” y el primer lugar en “violencia sexual contra las mujeres alguna vez en la vida”, con 10 puntos arriba de la media nacional.
Del mismo modo refirió que según la Secretaria de Salud, Oaxaca ocupaba el tercer lugar en homicidios de mujeres a nivel nacional en el 2001 y según INEGI, el promedio de muertes de mujeres por homicidios entre 1999 y 2002 en el estado de Oaxaca es de 70.25 mujeres.
Este es el resultado de una investigación de homicidios de mujeres por municipios, realizada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. con fondos de Indesol y datos de INEGI. De los 100 municipios con la tasa promedio anual más elevada de homicidios de mujeres 81 de ellos corresponden al Estado de Oaxaca.
Según una investigación de homicidios de mujeres por municipios, realizada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. con fondos de Indesol y datos de INEGI, de los 100 municipios con la tasa promedio anual más elevada de homicidios de mujeres 81 de ellos corresponden al Estado de Oaxaca, siendo las regiones de Costa, Sierra Sur, Istmo y Papaloapan en las que más del 50 por ciento de los municipios corresponden a la categoría de alta incidencia de homicidios de mujeres."La violencia contra las mujeres en Oaxaca es un problema grave y complejo y la respuesta debe estar en este mismo nivel. Mientras las autoridades sigan minimizando el problema este seguirá ahí, creciendo cada vez más; no es sólo un problema de cuantas mujeres han sido asesinadas o si se ha procedido judicialmente contra la mayoría de los agresores. Aunque es muy necesario no dejar impunes crímenes de este tipo, igualmente importante es implementar también medidas preventivas para que no sigan siendo asesinadas mujeres en el estado", concluyó.

LIX Legislatura, la del escándalo y corrupción

CÉSAR MORALES NIÑO/PARTE I DE II
Sesiones secretas, leyes controversiales, escándalos políticos y traiciones de diputados sirvieron de alfileres para que el Senado de la República no desapareciera Poderes en Oaxaca, ante la grave ingobernabilidad que vivió durante varios meses la entidad, esa fue la principal función que cumplió la LIX Legislatura Local en este año que está por fenecer, y que estos momento luce una imagen similar a la de sus instalaciones, destruidas el 29 de agosto.
El inició de 2006 no fue nada fácil para la Cámara de Diputados, el 20 de enero enfrentó el repudio de los ciudadanos de la capital, que mediante una consulta ciudadana --organizada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Adriana Cruz Carrera-- rechazó los impuestos de fomento a la alfabetización y sobre la renta de inmuebles, creados y aprobados apenas un mes antes; así como la aprobación para que el Ayuntamiento instalará parquímetros en el Centro Histórico y diera a una empresa privada la explotación de la vía pública.
Este año también marcó el triángulo perverso que formaron los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Convergencia (PC), Genaro Vázquez Colmenares, quien fue calificado como defensor de oficio y empleado de la bancada priísta; por lo que el 26 de enero, esta trilogía entró en acción, al autorizar al municipio de Oaxaca de Juárez la desincorporación de la calle Privada de Pirús, para la ampliación de la terminal de primera clase, siempre y cuando se respetarán los ordenamientos de desarrollo urbano para esta zona de la ciudad.
Pero el presidente municipal, Jesús Ángel Díaz Ortega, no respetó esta condición y otorgó el cambio de uso de suelo y las licencias de construcción de manera ilegal y violando la normatividad, por lo cual el 9 febrero, la Cámara de Diputados dio entrada a la solicitud de revocación de mandato, la cual a la fecha no se ha resuelto, mientras el edil acusado ya se ha separado "voluntariamente" del cargo.
Pero el Congreso oaxaqueño no fue ajeno a las elecciones federales y su actividad se vio afectada como consecuencia de que unos 20 diputados del PRI fueron enviados a Chiapas como operadores electorales (mapaches llamados comúnmente), y por lo cual el 20 de febrero se suspendió la sesión programada para ese día.
Para el 23 de febrero, aún cuando no había candidatos oficiales a diputados federales, ya se mencionaban por el PRI los nombres de legisladores locales y funcionarios del Gobierno del Estado, por lo cual, en la sesión de esa fecha la mayoría priísta rechazó que se fiscalizaran los recursos enviados a Oaxaca para atender a los damnificados del huracán "Stan", y que presidentes municipales y diputados de oposición denunciaron que se estaban utilizando para las precampañas del tricolor.
El 2 de marzo la diputada Agustina Acevedo es obligada por el PRI, su partido, a pedir licencia para irse a la campaña a diputada por el distrito federal de Tehuantepec; lo que no ocurrió con David Aguilar que fue por Tlaxiaco, y que provocó que se ausentara de las sesiones del Congreso. Otros representantes populares que se fueron de campaña sin separarse del cargo fueron por el PRD: Joaquín de los Santos Molina y Marcela Merino García, que iba de suplente; por el PAN: María de Jesús Mendoza y Carlos Moreno Alcántara, este último candidato a senador; y por el PC, Marlene Aldeco Reyes, que compitió por el distrito de Santa Lucía del Camino bajo la siglas de Acción Nacional, sin haber renunciado a Convergencia; el único que ganó fue el perredista.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Cámara de Diputados se atrevió a otorgar una dispensa al Poder Ejecutivo para que nombrara a Lizbeth Caña Cadeza como procuradora general de justicia del estado, a pesar que no contaba con la edad ni demostró la experiencia requerida por la Constitución del Estado. Hasta la fecha la funcionaria, tal vez por un error de procedimiento, oficialmente no ha sido ratificada en el cargo por el Congreso del Estado. Aunque para limpiar un poco su imagen, el pleno derogó el articulado del Código Penal del Estado que reconocía el homicidio por honor.
El manipuleo de los diputados de oposición por parte del presidente del Congreso del Estado, Bulmaro Rito Salinas, se manifestó de manera grotesca el 17 marzo, cuando en una sesión celebrada al filo de la media noche, la Cámara de Diputados suspendió provisionalmente al presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Roberto Molina Hernández, sin que la Comisión de Gobernación presentara el dictamen con los argumentos para justificar esta acción y ante la indiferencia de la fracción del PRD, partido al que pertenece el edil separado del cargo, que sólo hizo un posicionamiento político pero no se atrevió a denunciar lo ilegal del procedimiento, este asunto se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero los escándalos y acuerdos oscuros entre el PRI y el PAN apenas pintaban, porque el 30 de marzo quedó al descubierto las negociaciones entre el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional con el Gobierno del Estado, al realizar una reunión secreta, en un hotel del sur de la ciudad, el coordinador nacional de diputados del PAN, de apellido Palma, con el gobernador Ulises Ruiz, Rito Salinas, el entonces presidente del PRI estatal, Héctor Pablo Ramírez Leyva; y el candidato priísta a senador, Adolfo Toledo Infanzón, en donde habrían acordado las candidatura a diputados federales del PAN para no oponer resistencia a los abanderados del PRI, además para aprobar sin ningún problema la cuenta pública de 2005, de la cual se desconocía a detalle en que se utilizaron los recursos públicos de los oaxaqueño que ascendieron en ese año a 26 mil millones de pesos.
Al día siguiente, al darse a conocer a la opinión pública sobre este encuentro, la fracción del PAN aparentó una posición crítica en la aprobación de la Cuenta Pública, y se atrevió a denunciar que no la votaría porque no contaba con el dictamen respectivo; sin embargo, a la hora de la votación, ridículamente algunos de sus representantes levantaron el dedo a escondidas, para no ser captados por los medios de comunicación, actitud similar tomaron algunos diputados del PRD. Pero a cambio los panistas votaron, sin ninguna oposición, la integración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre quienes fue nombrada magistrada la panista Ana María Cruz Vasconcelos, candidateada en estos momentos para la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y aunque en el PRD se vieron más cautos a la hora de la votación de la Cuenta Pública y evitaron ser vistos, para no ser sancionados por la dirigencia nacional de su partido que les ordenó votar en contra, también firmaron el dictamen en la misma reunión social.
Luego del fracaso en las negociaciones entre el Gobierno del Estado y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la eminente suspensión de clases, la Cámara de Diputado tomó parte el 18 mayo, en lo que fue el inicio del grave conflicto social que aún vive Oaxaca; por lo que en esa fecha la LIX Legislatura del Estado exhortó al magisterio oaxaqueño para que no suspendiera las clases y -por mayoría de votos de los partidos de oposición- llamó al Gobierno del Estado para que instalara una mesa de negociaciones para atender la problemática sindical.
Para el 1 junio, ya estallado el paro educativo, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad emplazar al magisterio oaxaqueño a que retomara la negociación con el Gobierno del Estado o de lo contrario el Ejecutivo retirara la oferta económica hecha hasta ese momento, aplicara descuentos a los profesores que suspendieran labores, rescindiera contratos a los trabajadores que persistan en el paro y se solicitara la intervención de la fuerza pública nacional para desalojar a los paristas, este fue el primer amago de represión en contra de los trabajadores de la educación.
Por si fuera poco, al otro día, el 2 junio, 310 presidentes municipales, la mayoría de ellos bajo engaños de la Secretaría General de Gobierno, acordaron emplazar a los maestros para regresar a las aulas en un plazo no mayor de 48 horas, ya que de no cumplir exigirían al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) el reemplazo de los paristas y al Poder Ejecutivo el uso de la fuerza pública para despejar los espacios públicos, además amenazaron con movilizarse para mostrar que son más que los maestros.
Ante esta situación los trabajadores de la educación hicieron un plantón frente a la sede del Poder Legislativo, en San Raymundo Jalpan, y el 5 de junio supuestamente ingresaron a las instalaciones y destruyeron parte del mobiliario de la cafetería y pintaron los edificios del Congreso del Estado, por lo cual fueron denunciados ante la PGJE.
El 10 junio, el Congreso del Estado presentó un documento enviado por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz para que hicieran una excitativa a la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión para que "atendiera la rezonificación de la zona económica II a la III, solicitada por los ciudadanos maestros del Estado de Oaxaca", esta propuesta fue aprobada al otro día, en sesión extraordinaria celebrada en domingo.
Todas estas acciones legislativas fueron utilizadas como pretexto y el 14 de junio el Gobierno del Estado implementó un operativo policíaco para desalojar a los paristas de la Sección 22 que mantenían un plantón en el primer cuadro de la Ciudad, el cual a pesar de la brutalidad con que actuaron las fuerzas de seguridad pública estatal y con helicópteros lanzando gases lacrimógenos desde el aire, fue un total fracaso, que dio origen a la más grande lucha popular registrada en la historia contemporánea de Oaxaca.