OAXACA DE PIE

Tomado de “La Jornada”:

Libertad a los presos políticos, demanda el PRD en el Senado
ANDREA BECERRIL

"¡Libertad a los presos políticos!" de Oaxaca y declarar la desaparición de poderes en la entidad, exigió, desde la tribuna de la Cámara de Senadores, el perredista Pablo Gómez durante un largo debate en el que la fracción del PRD dejó en claro que no trabajará con un gobierno represivo como el de Felipe Calderón.
"Quédense con su presidente", que confunde "la mano fuerte con la mano dura, que llena las cárceles de Oaxaca de luchadores sociales y deja libres a los delincuentes", manifestó el coordinador perredista, Carlos Navarrete, al fijar la postura de su grupo y advertir que desde el Congreso serán intransigentes en la defensa "de la gente que le dio su voto a Andrés Manuel López Obrador".
Por impulso del PRD, la sesión de ayer se centró en la discusión sobre el tema Oaxaca, al que se dio prioridad ­por encima de iniciativas y propuestas­ y hubo incluso un receso de 10 minutos, después del cual el debate se centró entre panistas y perredistas, los primeros para aplaudir la detención de Flavio Sosa y demás dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Los perredistas, en tanto, exigieron el cese de la represión. "Como lo hicimos en el 68 y lo hemos hecho durante todas estas décadas, demandamos la libertad a los presos políticos", de los de Oaxaca, de Atenco y de todos los luchadores sociales, exclamó ante el pleno el senador Pablo Gómez Alvarez.
"No los pudieron acusar de disolución social, porque ese delito ya no existe", pero todos los demás sí y de manera generalizada, mediante un "machote", recalcó Navarrete.
El panista Federico Doring advirtió que Flavio Sosa "está en la cárcel por haber cometido delitos varios", pero el legislador pasó problemas para responder a los cuestionamientos de integrantes del Frente Amplio Progresista. El senador de PRD por Oaxaca, Salomón Jara, le preguntó cómo es posible que los asesinos del camarógrafo estadunidense Brad Will estén libres y los luchadores sociales y simpatizantes de la APPO en prisiones de alta seguridad.
El senador de Convergencia Dante Delgado le repreguntó por qué el dirigente de la APPO pasó de ser "don Flavio", como le llamaba el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a un delincuente que debe ser recluído en el penal de alta seguridad de Almoloya.
Federico Döring sostuvo que la aplicación de la ley es la misma ahora que antes del primero de diciembre y agregó que "sería sano que Ulises Ruiz dejara la gubernatura de Oaxaca". Antes, en una entrevista, dijo que lo mejor es que "se largara".
Los perredistas lo confrontaron de nuevo y Leonel Godoy le hizo notar que si los panistas dicen respetar la ley, cómo avalan que se vulneren las garantías individuales de Sosa y los demás dirigentes, que en lugar de ser sujetos a proceso en sus lugares de origen, sin órdenes de detención los trasladaron, golpeados, a cárceles de otros estados.
El oaxaqueño Salomón Jara señaló que Calderón se estrena con 525 detenidos, 60 sin presentar y 17 asesinatos.
Otro perredista, Francisco Javier Castellón, relató el caso de una mujer indígena, que no habla español, Aurelia Reyes Santiago, trabajadora doméstica que nada tiene que ver con la APPO, pero que fue aprehendida, maltratada y enviada a Nayarit, donde le piden una fianza de 4 millones de pesos, al igual que a los demás detenidos, para enfrentar los procesos en libertad.
El senador Tomás Torres presentó una iniciativa de ley federal de amnistía y reconciliación, con motivo del conflicto de Oaxaca, por la que se frenaría toda acción penal ante los tribunales del orden federal a quien haya sido acusado de "delitos relacionados con el propósito de alterar o modificar la estructura política del Estado mexicano o el orden social establecido".
En la discusión, el tema Oaxaca estuvo ligado al inicio del gobierno de Calderón, "un gobierno débil", que no entiende que es minoría, que "no puede darse el lujo de decir: 'Yo gané, yo me impuse, yo dirijo al país y no me importa nada lo que pueda pasar enfrente'".



Participan intelectuales, artistas, periodistas, religiosos y abogados
Crean el Comité de Liberación 25 de Noviembre para defender garantías
Exigen la presentación con vida de desaparecidos y excarcelación de detenidos
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 5 de diciembre. A iniciativa del pintor Francisco Toledo, escritores, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y representantes de la Iglesia católica integraron el Comité de Liberación 25 de Noviembre, con el propósito de exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas y excarcelación de detenidos en forma ilegal durante las manifestaciones y los enfrentamientos ocurridos entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en semanas recientes.
En este organismo participan, además del artista plástico, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Graciela Iturbide, Demián Flores, Rafael Barajas El Fisgón, Gabriel Macotela, Angeles Romero Frizzi, Sara Méndez Morales, Alejandro de Avila Blomberg, Claudina López Morales, Alma Soto, César Mayoral Figueroa, Israel Ochoa Lara, Armando Figueroa, Casiano Luis Mejía, Arturo Peimbert y Romualdo Wilfredo Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, entre otros.
En conferencia de prensa, De Avila Blomberg informó que el comité tiene como propósito ayudar a liberar a quienes están presos sin haber realizado acciones vandálicas ni haber agredido a los cuerpos de seguridad ni a terceros. Además de que la mayoría, por haber sido trasladados a penales fuera de Oaxaca, no cuentan con la asistencia de sus familias ni con recursos económicos para su defensa jurídica.
Toledo lamentó que el gobierno federal se haya decidido por el arresto de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los miembros más visibles del consejo estatal de la APPO, "en vez del diálogo. Es un mal comienzo" para la administración del presidente Felipe Calderón, pues Sosa, junto con otros miembros del consejo estatal estaba en la ciudad de México para hacer contactos con la Secretaría de Gobernación y reanudar el diálogo. La detención de integrantes y dirigentes de la APPO "no es la solución, porque los problemas que dieron origen al conflicto van a seguir ahí", destacó el pintor juchiteco.
Durante el movimiento magisterial y popular "han habido muchos crímenes" contra integrantes de la APPO, "pero los responsables no están en la cárcel, y a quienes se les agarra, después se les suelta", señaló Francisco Toledo en referencia a los funcionarios del municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, quienes fueron liberados después de ser detenidos como autores del homicidio del periodista estadunidense Bradley Roland Will.
Consideró que los gobiernos federal y estatal "están haciendo uso selectivo" de las instituciones de procuración y administración de justicia, porque "solamente se castiga de un lado".
Por su parte, el abogado Israel Ochoa Lara señaló que el comité revisará el caso de Sosa Villavicencio, pues aparte "de ser víctima de la represión del Estado, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario". Denunció que la defensa jurídica de los presos, fundamentalmente los que fueron trasladados a los penales federales de Nayarit, Tamaulipas y estado de México, no han podido acceder a los expedientes jurídicos por los obstáculos que han puesto las autoridades judiciales de Oaxaca, quienes están a cargo de sus procesos penales por delitos del fuero común.
Entre las primeras acciones jurídicas que emprenderá el comité están la presentación de un recurso de apelación al auto de formal prisión contra los detenidos y un juicio de amparo para lograr que los regresen a penales de Oaxaca, destacó.
Esto, aparte de las actividades políticas y de difusión para denunciar a escala nacional e internacional las arbitrariedades e irregularidades en la detención y el traslado de los detenidos, indicó.
Movimiento de miles, no de dirigentes
Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO, dijo que la detención de su compañero Flavio Sosa no doblegará al movimiento, porque "no es de dirigentes, sino de bases, de cientos de miles de mujeres y de hombres. Este movimiento seguirá hasta la caída de Ulises y la salida de la PFP", afirmó.
Expuso que "el terror de Estado tampoco nos ha hecho cambiar de parecer de que nuestra lucha debe seguir siendo política, pacífica y de masas, a pesar de que tenemos 17 asesinados en esta jornada de lucha, decenas de desaparecidos y cientos de presos políticos", asentó. Asimismo, llamó a participar en la octava megamarcha el próximo domingo para "expresar nuestra condena y oposición a la política del garrote y los fusiles a la que nos quiere condenar esta camarilla de asesinos y ladrones que se hacen llamar gobierno en Oaxaca".
Traición de Felipe Calderón: PRD
Tomás Basaldú Gutiérrez, dirigente estatal del PRD, dijo que al ordenar la detención de Sosa Villavicencio, Calderón Hinojosa "traicionó su palabra" de ofrecer diálogo a la oposición, porque sucedió cuando la APPO había pactado un encuentro con la Secretaría de Gobernación.
Anunció que militantes del PRD se trasladarán a la ciudad de México para manifestarse y demandar la liberación de Sosa Villavicencio, quien es consejero nacional de ese partido, además de Jorge Sosa Campos, secretario de capacitación política de la dirigencia estatal, y de César Mateos Benítez, consejero estatal. "No las podemos hacer aquí porque no se respetan los derechos constitucionales", señaló.
Consideró que la solución al problema y la reconciliación en Oaxaca pasan por la salida del gobernador y de la PFP, así como "el castigo a los responsables de los crímenes y las agresiones" contra seguidores y dirigentes de la APPO.
Amenazas de deportación a periodista
La periodista argentina Graciela Atencio denunció que recibió amenazas de deportación de Norma Reyes Terán, directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en el cual se desempeñaba como jefa de la Unidad de Planeación, por haber manifestado su rechazo a la represión en Oaxaca con la entrada de la PFP.
"(Por eso) tuve que adelantar mi salida del país, después de pedir protección en la embajada de Argentina, poner una queja en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reportarme ante el Instituto Nacional de Migración en Oaxaca para aclarar que no había incurrido en ningún acto que justificara mi deportación", afirmó.
Dijo: "renuncio porque no quiero trabajar para un gobierno que optó por la represión para acabar con un conflicto político grave y profundo. Me opongo a la entrada de la PFP y a la suspensión de las garantías individuales y de todo acto que atente contra los derechos humanos de las personas".


Soy el primer preso político del régimen de Calderón: Sosa
Pide al gobierno federal que reconsidere su decisión y opte por el diálogo, dice su abogado
ALFREDO MENDEZ E ISRAEL DAVILA REPORTERO , CORRESPONSAL

Flavio Sosa Villavicencio, uno de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) detenido el pasado lunes en el Distrito Federal, se considera "el primer preso político del régimen del presidente Felipe Calderón", y por esa razón llamó al gobierno federal a que "reconsidere su decisión y opte por la vía del diálogo y la conciliación".
Así lo hizo saber ayer el detenido a su defensor particular, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, con quien se reunió durante varias horas en el interior del penal federal del Altiplano, antes La Palma, ubicado en el estado de México.
"Me pidió que por mi conducto le enviara un exhorto al pueblo de Oaxaca para que continúe en pie de lucha; físicamente está bien, lo vi sereno y con buen ánimo, sólo que se dijo sorprendido por su detención; esperaba que Calderón apostara por el diálogo", indicó el litigante.
Los incendiarios, infiltrados de Ulises Ruiz, afirma
Horas antes, frente a autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), Flavio Sosa aseguró que los responsables de haber incendiado varios edificios gubernamentales en Oaxaca fueron personas infiltradas del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, mas no integrantes de la organización social de la que él forma parte.
En las instalaciones de la delegación capitalina de la PGR, minutos después de haber sido aprehendido junto con su hermano Horacio y dos de sus compañeros de lucha, Sosa Villavicencio declaró que es "miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD)", rechazó ser líder de la APPO y dijo que la organización en resistencia fue creada hace seis meses y depende al menos de 200 personas.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, Horacio Sosa fue trasladado ayer al penal de San José del Rincón, en Tepic, Nayarit, donde permanecen 138 personas detenidas en Oaxaca el pasado sábado 25 de noviembre.
En tanto, durante un interrogatorio ministerial efectuado el lunes, antes de ser trasladado al penal de máxima seguridad, Flavio Sosa solicitó que su otro hermano, de nombre Erick, sea liberado, pues "quiero comentarles que ustedes detuvieron a mi hermano en el aeropuerto (de Oaxaca), pero él no tiene ninguna participación dentro de la APPO, él es un bombero que trabaja en el aeropuerto; y si el objetivo era que yo estuviera preso, que yo declinara a mis posiciones, ya lo lograron".
Uno de los momentos claves de la declaración se dio cuando el agente del Ministerio Público Federal le cuestionó: "¿Cuál es el objetivo principal de la APPO?"
Durante unos segundos, Flavio Sosa se quedó pensando en silencio, y luego, con una risa nerviosa, respondió: "Mmm... Buena pregunta... Ayudar a que en Oaxaca haya democracia".
En tanto, Flavio Sosa y su hermano Horacio cumplieron sus primeras 20 horas de encarcelamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano y de San José del Rincón, respectivamente, sin conocer oficialmente de qué se les acusa.
Su abogado Eduardo Miranda Esquivel también ignora los delitos que le imputan al presunto dirigente de la APPO, ya que ni en los juzgados federales con sede en Toluca, ni en los del fuero común de Almoloya de Juárez, ha llegado algún pliego consignatario o petición de algún juzgado de distrito o de Oaxaca, para realizar la audiencia, vía exhorto, en la que se le tomaría declaración preparatoria.
Durante la tarde de ayer, los abogados de los hermanos Sosa Villavicencio iniciaron un peregrinar por los juzgados de distrito y por la delegación de la PGR en el estado de México para conocer las acusaciones que pesan sobre sus clientes, pero no tuvieron éxito.
"Nadie se hace cargo de la puesta a disposición de Flavio y Horacio en el penal y eso es una irregularidad", denunció Miranda Esquivel.
Lo único que sabemos, agregó, es lo que se ha difundido en los medios de comunicación, de que tiene cuatro causas en juzgados de Oaxaca por delitos del fuero común, y una federal. Pero, en concreto, no tenemos notificación oficial de alguna autoridad.
Se deslilnda de hechos violentos
La noche del lunes, durante su primera declaración, Flavio Sosa se deslindó por completo de los hechos violentos que se han generado durante el conflicto en Oaxaca, y aclaró que el propósito del movimiento social siempre fue manifestarse por la vía pacífica, como parte de su derecho constitucional de recurrir a huelgas de hambre, marchas y plantones.
El detenido pidió a las autoridades federales no poner a disposición de las autoridades de Oaxaca a Marcelino Coache e Ignacio García, detenidos junto con él el pasado lunes, ya que supuestamente su vida corre peligro, pues pueden ser sometidos a torturas y tratos vejatorios e inhumanos.
Fuentes de la Procuraduría General de la República revelaron que Coache y García serán consignados penalmente por el delito de resistencia de particulares, ya que se opusieron a que los hermanos Sosa Villavicencio fueran detenidos por agentes federales. Serán trasladados en las próximas horas a un penal estatal de Oaxaca. También les fincarán cargos en esa entidad por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena.
* Ofrece la dependencia un proceso judicial imparcial
* Se reunirán el próximo viernes
FABIOLA MARTINEZ
Una comisión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el encargado de despacho de la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Mario Escárcega, reiniciaron ayer el diálogo sobre el conflicto en Oaxaca.
A pesar de la lista de peticiones de la APPO, que incluye la liberación de todos los "presos políticos", cancelación de órdenes de aprehensión y la salida del gobernador Ulises Ruiz, entre otras, no hubo ningún compromiso de la dependencia que encabeza Francisco Ramírez Acuña, salvo la voluntad de reunirse de nuevo el próximo viernes.
Erangelio Mendoza, uno de los dirigentes de la APPO, advirtió que con la detención masiva de integrantes y simpatizantes del movimiento popular y la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca, el presidente Felipe Calderón está "respaldando en los hechos" al gobernador Ulises Ruiz.
"Ellos (gobierno federal y estatal) están lejos de calmar el problema. El pueblo está exigiendo alto a la represión y al estado de terror que tiene Ulises Ruiz en Oaxaca, con el apoyo de la PFP", dijo.
Fuentes de Gobernación dejaron en claro que la cita de este martes fue "una mesa de diálogo, no de negociación", particularmente porque no es posible ­agregaron­ negociar órdenes de aprehensión que ya libró un juez.
En tanto, Mario Escárcega dijo que aún no hay fecha para que salga la PFP de Oaxaca y, ante ello, es necesario buscar acuerdos concretos "en mesas más pequeñas". El punto esencial, señaló el funcionario, es alcanzar una reforma integral en Oaxaca, "no pensando en que se vaya determinada persona o que llegue otra, sino (en) construir cosas profundas en la entidad ante una irritación y tejido social lastimado".
Esta postura, puesta en evidencia en el primer acercamiento de la APPO con los representantes del gobierno calderonista, difiere de la estrategia que impulsó en su momento el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza.
En octubre pasado, en el contexto de la negociación con la sección 22 del sindicato magisterial, Abascal ofreció liberar a detenidos y cancelar órdenes de aprehensión como vía para distender el conflicto y propiciar el regreso de los maestros a las aulas.
En ese contexto fueron liberados tres "presos políticos" y Abascal se comprometió a que el cuarto (Catarino Torres, líder de la Comisión de Defensa Ciudadana ­Codeci­) saldría liberado el 21 de noviembre pasado, aunque eso no ha ocurrido porque ese dirigente es acusado de delitos federales graves.
Después del encuentro de la comisión de la APPO, que se prolongó más de tres horas, Gobernación emitió un comunicado de prensa en el cual asegura que Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO ­aprehendido la noche del lunes y trasladado a un penal federal­ enfrentará "un proceso judicial imparcial", y se le otorgará asistencia jurídica si así lo solicita.
La dependencia precisa que Flavio Sosa y otras tres personas detenidas (estas últimas acusadas por delitos del fuero común) llevarán un proceso con pleno respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, "así como con estricta observancia de sus derechos constitucionales".
En el caso de Sosa, la Secretaría de Gobernación afirma que se cumplieron cinco órdenes de aprehensión emitidas por dos jueces del estado de Oaxaca por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, lesiones calificadas, robo calificado con violencia y daños por incendio. Advierte que estrechará la colaboración con autoridades de entidades federativas para fortalecer la aplicación del marco legal y la vigencia del estado de derecho.

El rencuentro
Después de la entrada de la (PFP) a Oaxaca el 28 de octubre pasado, la comunicación entre la APPO y el gobierno federal ocurrió de manera intermitente y sin resultados concretos. A poco más de un mes, el acercamiento se retomó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, con la intermediación del obispo emérito Samuel Ruiz y Miguel Alvarez, de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz). También acudió Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), quien informó que del 25 de noviembre (el último enfrentamiento PFP-APPO) a la fecha han sido detenidas 215 personas, quienes se encuentran en diversos penales, como el federal de Nayarit, y los estatales de Tlacolula, Miahuatlán e Ixcotel, así como en los separos de la Policía Ministerial oaxaqueña.
La defensora de derechos humanos agregó que se puso en la mesa con Gobernación la necesidad de que se respete al movimiento social en Oaxaca, el cual persigue demandas legítimas y justas.
Esto, porque es necesario que cese la criminalización del movimiento social, las detenciones, órdenes de aprehensión y violaciones graves a los derechos humanos por las policías federal, estatal y municipal y el aparato del gobernador Ulises Ruiz en su conjunto.
Precisó que en la última serie de detenciones se han presentado casos de tortura, incomunicación de los detenidos con sus familiares y excesivos requisitos para la visita y defensa de los detenidos. "Estamos frente a un terrorismo de Estado", dijo.
La lista de peticiones de la APPO fue amplia, aunque las autoridades no manifestaron ningún compromiso específico, particularmente en lo que se refiere a la eventual liberación de los detenidos tras el choque del pasado 25 de noviembre.
Encabezados por Erangelio Mendoza y Zenén Bravo, los integrantes de la APPO manifestaron su disposición de dialogar directamente con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aunque sólo encontraron la promesa de que el funcionario se reunirá con ellos en breve.
De manera simultánea informaron a la subsecretaría de Gobierno, a cargo de Mario Escárcega en forma temporal, de la realización de una jornada de movilización el próximo domingo 10 de diciembre, así como sobre la integración de comisiones que se trasladarán a Nayarit (donde están detenidas 138 personas vinculadas con la APPO) y otro grupo que visitará a su compañero Flavio Sosa, ingresado al penal federal del Altiplano (antes La Palma) en el estado de México.
Bravo y Mendoza, acompañados por integrantes de la comisión jurídica de la APPO, también solicitaron a Gobernación garantías para no ser detenidos y, en consecuencia, continuar en el diálogo.
A pesar de la detención de Flavio Sosa y los nulos compromisos gubernamentales en el reinicio de pláticas, los dirigentes de la APPO manifestaron su confianza en que el encuentro con Ramírez Acuña ocurra en breve y en construir una nueva etapa de negociación.
No obstante, Zenén Bravo dijo que es incongruente que por un lado se acepte el diálogo y por otro se detenga a dirigentes que han colocado esa vía como estrategia para la solución del conflicto.
En su comunicado, Gobernación sólo informó del encuentro y de la exposición por parte de integrantes de la APPO "de asuntos relacionados a la procuración y administración de justicia en la entidad".
Por otra parte, Zenén Bravo informó que Gobernación se comprometió a permitir el acceso a dos abogados al penal del Altiplano para que Flavio Sosa tenga acceso a su defensa jurídica, y a garantizar el traslado y la estancia de una comisión del movimiento popular a Tepic, Nayarit, para que visite a los presos recluidos en el penal de seguridad de El Rincón.