OAXACA NO SE RINDE.

De “La Jornada”:

Ulises desestima informe de la CNDH sobre violaciones a derechos humanos
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 19 de diciembre. El gobernador Ulises Ruiz Ortiz desestimó el informe preliminar emitido este lunes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señala que en Oaxaca "no existen las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".
El informe indica que en lo que va de conflicto ha habido 20 muertos, 349 detenidos y 370 lesionados.
En declaraciones a la Agencia de Noticias del Sureste, el secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, dijo que las policías locales "persiguieron, pero que no los detuvieron", a los miembros de la APPO.
La APPO respalda las propuestas impulsadas por las organizaciones civiles de la entidad, como Diálogos por Oaxaca y la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, la Democracia y la Justicia, porque "han iniciado desde hace mucho tiempo el proceso de transformación del estado".
APPO niega rompimiento con magisterio
Por otra parte, el portavoz la APPO restó importancia a las declaraciones del secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Rueda Pacheco, quien ayer deslindó al magisterio oaxaqueño de esa organización.
Calificó de "traidor" a Rueda Pacheco y dijo que una prueba de que el magisterio no ha roto con la APPO es que muchas de las 43 personas que estaban recluidas en el penal de San José del Rincón, Nayarit son maestros.
"En todo caso, quienes se tendrían que deslindar serían los 70 mil trabajadores y no su líder, pues los compañeros maestros y maestras siguen respaldando y participando en las acciones programadas", manifestó.
Florentino López, quien ayer denunció que fue detenido y golpeado junto con dos compañeros por policías locales, señaló que los responsables de esa acción se identificaron fanfarronamente como miembros del "escuadrón de la muerte", grupo parapolicíaco encargado de aprehender y ejecutar a simpatizantes de ese movimiento.
"Me dijeron: 'somos del escuadrón de la muerte, tú nos conoces y ahora vas a saber que se siente ir allá (al infierno)', porque insistían en que nos iban a matar. Y además dijeron que su símbolo era una cruz entrecruzada de color rojo, por lo que deduzco que se refieren a una cruz suástica, a la nazi", apuntó.
En tanto, unos 300 miembros de la sección 22 del SNTE tomaron el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para protestar porque no se les ha permitido el ingreso a 88 escuelas de la región de La Cañada, en poder de priístas y caciques.
Por la tarde, la organización Mujeres Sin Miedo, que encabeza la actriz Ofelia Medina, realizó un acto político cultural con organizaciones y la comunidad artística local en la plazuela del Carmen Alto, para respaldar al movimiento magisterial y popular.
Además de Medina, intervinieron Lila Downs, Daniel Giménez Cacho, Carmen Huete, Francesca Guillén y Teresa Rábago, entre otros artistas. También estuvieron presentes familiares de los presos y la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto.

DE “NOTICIAS”:

DH: entre las palabras y las acciones

El informe preliminar presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación en Oaxaca no deja dudas sobre los abusos cometidos por fuerzas públicas federales y estatales en esa entidad. El organismo confirmó, como se ha reportado puntualmente en las páginas de este diario, que las fuerzas policiales enviadas a territorio oaxaqueño para "restablecer el orden" en realidad violentaron el orden legal.
Peor aún, y contrariamente a lo que señala el gobierno federal en el sentido de que la normalidad ha vuelto a ese estado, la situación de conflicto persiste, principalmente en la capital, sin que hasta el momento se haya logrado restablecer el pleno goce de los derechos fundamentales, pisoteados por las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales.
Hasta el momento, la CDNH ha recibido mil 211 quejas por violaciones a derechos humanos, entre ellas destacan las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la desaparición de personas, los daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales.
Tales hechos contrastan con las insistentes promesas formuladas por Felipe Calderón Hinojosa desde que era candidato presidencial sobre una aplicación sin concesiones de la legalidad y sobre una política de "mano firme" en el combate al ilícito.
Esa insistencia se ha traducido, ya en el poder, en dos vertientes: por un lado, la redición de las espectaculares movilizaciones policiales y militares que realizó el foxismo en sitios tomados por el narcotráfico ­cuyos saldos redundaron más en el ámbito de la imagen gubernamental que en la lucha real contra la delincuencia organizada­, y por el otro la represión, en nombre del "restablecimiento del orden público", de la vasta inconformidad social que se expresa en el movimiento magisterial oaxaqueño y en la lucha cívica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El autoritarismo empeñado en esa entidad en nombre de la legalidad derivó, sin embargo, en la comisión de actos ilegales por parte de las autoridades y en una falta de disposición a sancionar tales actos.
Da la impresión, con ello, a pesar de los discursos emitidos, de que el gobierno federal no considera los derechos humanos y las garantías individuales como parte integrante de la legalidad vigente en el país.
La represión en Oaxaca ha dejado un enorme e injustificado costo de sufrimiento humano. El informe de la CNDH exhibe violaciones contra la ley cometidas en nombre del estado de derecho, supuesta prioridad del actual gobierno federal.
Si éste realmente aspira a manifestar su compromiso con los derechos humanos ­parte integrante e irrenunciable de la normalidad jurídica vigente­, es necesario que se esclarezcan, a la brevedad, las atrocidades cometidas por las fuerzas públicas en Oaxaca, que se identifique a los responsables materiales e intelectuales, que se les finquen los cargos correspondientes y se les presente ante las instancias judiciales correspondientes.
Para que la "mano firme" resultara creíble tendría que ser, además, pareja e imparcial en la procuración de justicia.


Niega CNDH favoritismo en informe sobre la crisis oaxaqueñade la redacción
México, D.F., 19 de diciembre (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, negó hoy que el informe preliminar que presentó ayer sobre la situación en el estado de Oaxaca favorezca a alguna de las partes en conflicto.Sostuvo que el papel de la CNDH está claramente definido y que se reduce a velar que las autoridades no violen las garantías individuales.En entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiario Primero Noticias que se transmite por canal 2 de Televisa, el ombudsman nacional comentó también que a la CNDH no le corresponde opinar en favor o en contra de la salida del gobernador de la entidad, Ulises Ruiz.Dijo que su deseo es que se resuelva pronto el conflicto en Oaxaca, donde, subrayó, han ocurrido denuncias de violaciones a las garantías individuales.




Conjeturas

Reintegración y libertad (a los oaxaqueños presos)

ÁLVARO CEPEDA NERI
I.-Me llegan, por todos los medios, solicitudes de socorro para los oaxaqueños arbitrariamente detenidos y enviados a cárceles no solamente de Nayarit (que ni es jurisdicción y mucho menos tiene competencia, si es que el nuestro todavía conserva una pizca de imperio de la ley o Estado de Derecho), sino a otros centros no precisados, como hicieron los regímenes del díazordacismo al zedillismo o sea del 68 al 2000, sin las mínimas facultades de la policía-militar calderonista con las siglas PFS o policía federal de seguridad.
II.-Un periodista muy poco puede hacer y gran parte de ese poco es gracias a los editores de los periódicos donde esta columna se publica en varios estados del país. Así que heme aquí informando y criticando sobre ese hecho que, de muchas maneras, le toca directamente al actual gobernador Ulises Ruiz a quien, entre los vaivenes de su administración más le conviene reconciliarse con quienes lo combaten y hacer transacciones, posponiendo lo que los ha distanciado, y poniendo en alto relieve lo que fundamenta la unión de los oaxaqueños.
III.-De entre los detenidos, sin fundamento legal y, en todo caso, con sus plenos derechos a recibir a sus familiares y tener asistencia legal, están los profesores Elizabeth Mena e Ismael Sánchez Estrada, quienes, también con sus derechos a salvo y constitucionalmente autorizados a ejercer, hasta sus últimas consecuencias, lo dispuesto en los Artículos 6, 7 y, sobre todo el 9, fueron secuestrados y detenidos en Tlacolula los remitieron (a golpes y torturas de sicarios al servicio de la represión) al penal de San José del Rincón, en Tepic, Nayarit.
IV.-Dice el Art. 9 constitucional que no puede coartar el derecho de asociarse y reunirse públicamente, para tomar parte en los asuntos políticos. Los mexicanos y los oaxaqueños lo son (salvo que tras la traición de Calde-rón de secuestrarlos brutalmente cuando se disponían a dialogar, hayan sido declarados únicamente juaristas por los nuevos maximilianos del poder), también tienen derecho a participar en asambleas y reuniones que tengan por objeto presentar una protesta contra algún acto de autoridad.
V.-Cientos y a la mejor miles de oaxaqueños han sido sacados de la entidad por soldados disfrazados de policías federales. Dice una de las personas que me informan: "Menudean las detenciones dentro de la ciudad (la capital); súbitamente detienen autobuses y exigen identificaciones para con estos nombres cotejarlos con las listas negras y mal haya del que esté en ellas, porque es detenido sin ninguna orden judicial. Y los embarcan para sacarlos fuera del Estado".
VI.-"Deambulan, angustiados, además de con su pobreza, con la tragedia, quienes buscan el paradero de los detenidos, cuando menos para saber dónde están y llevarles comida, ropa y cobijas". Lo que ha estado pasando en Oaxaca para descabezar la protesta solamente profundizará el malestar social. Es necesario reintegrar a los que fueron llevados a cárceles (y hasta campos militares) fuera de la entidad.
VII.-Y de inmediato devolverles su libertad constitucional, como ciudadanos que son. Las heridas se han abierto más, y Oaxaca sangra como nunca a raíz, como lo he dicho en otras columnas, de los abusos de Nelson Murat, el desgobernador que dejó un incendio para borrar las huellas de sus despojos, sus abusos y su troglodismo, amparándose, actualmente, en la impunidad de una diputación federal de la que debe ser suspendido y enviado a un juicio político y a diversos juicios penales para que responda de sus fechorías.
VIII.-El gobierno federal de Calderón ha empezado su sexenio como el feroz criminal de Díaz Ordaz, al secuestrar y encarcelar a los oaxaqueños. A los profesores del SNTE y la CNTE que participaron, a pesar del acuerdo de su regreso a clases, los han estado yendo a detener en sus escuelas y, lo peor, delante de sus alumnos y entre estos están sembrando el odio y las venganzas contra la autoridad estatal y federal.
IX.-Este periodista solamente puede, con la información que son los hechos veraces, tejer sus críticas contra esos abusos del poder. No es arrimarse a la sombra de un árbol, como llegan a pensar quienes me envían sus correos y me envían sus mensajes; pero, sí, cumpliendo con el deber, alzo mi voz para, con arreglo y fundamento en el Art. 8 constitucional, ejercer el derecho de petición en materia política.
X.-Petición en el sentido de que es necesario reintegrar a los oaxaqueños sacados ilegal y violentamente de la entidad para, si hay alguna presunción, ponerles a disposición de los tribunales de Oaxaca y permitirles la visita de sus familiares, la inspección de los defensores de los derechos humanos y otorgarles el beneficio de la duda para, finalmente, devolverles su libertad arbitrariamente confiscada porque fueron ilegalmente detenidos y deportados.



CNDH: persiste falta de garantías en el estado
Denuncia que violencia dañó ambiente social y hace llamado al entendimiento

María de la Luz GonzálezEl UniversalMartes 19 de diciembre de 2006
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en Oaxaca, principalmente en la capital, persiste la situación de conflicto y no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para restablecer el pleno goce de las garantías fundamentales.
En su informe preliminar sobre la situación en el estado de Oaxaca, difundido el día de ayer, sostiene que la vida institucional, social, económica y cultural del estado se ha visto dañada porque las partes involucradas en el conflicto y la PFP -que intervino para restablecer el orden- usaron la violencia.
Por ello, urgió a recuperar el ejercicio de la política para evitar la violencia y apostar, desde las instituciones, por los procedimientos democráticos, pues "es hora de que en el estado de Oaxaca y en todo el país se reconstruyan la capacidad de diálogo, entendimiento y convivencia".
El organismo destaca que desde el 14 de junio a la fecha ha recibido mil 211 quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales, como detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales, derivadas del supuesto uso indebido de la fuerza pública.
El informe responsabiliza también a las autoridades por las violaciones de los derechos humanos a la vida, la educación, la seguridad pública, la paz y la libertad de tránsito de la población en general, que no interviene en el conflicto pero que ha padecido sus consecuencias.
La autoridad alteró esos derechos, precisa la CNDH.
En un balance de sus actuaciones en Oaxaca, detalla que ha recabado más de 2 mil 700 testimonios y tiene registros de 349 personas detenidas (de las que 245 han sido liberadas), 20 fallecidas y 370 lesionadas, así como 25 casos de desaparición forzada y nueve de tortura.
También informó que 22 periodistas y defensores de derechos humanos fueron lesionados, tres detenidos y uno fallecido.
Misión internacional
Por último, una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por representantes de nueve países, inició ayer una misión urgente de monitoreo en el estado de Oaxaca para documentar las denuncias de violaciones a las garantías individuales en esa entidad.




APPO Y MAGISTERIO DE BASE UNIDOS EN LA LUCHA.
“Con esta posición contra la APPO ratifica que, (Enrique Rueda), está al servicio de la política del gobernador Ulises Ruiz, pero le hacemos el llamado a que se reivindique, que convoque al magisterio oaxaqueño y una comisión de la APPO debatamos de frente al magisterio los distintos puntos de vista sobre los errores y ciertos de la lucha”, puntualizó
“Nos parece muy lamentable que una persona que fue electa con la confianza de la gente ahora le dé la espalda al movimiento oaxaqueño. Cuando el magisterio necesitaba de la suma de la población convocaron y se logró la creación de la APPO. En voz de Zenén Bravo Castellanos, la Asamblea Popular retó a Rueda Pacheco a debatir públicamente sus acusaciones. “No rompemos con el magisterio, se ha roto la relación con el grupo que encabeza el dizque líder”, estableció.
Enrique Rueda “pactó” con Ulises Ruiz, acusa consejero de la APPOpedro matías
Oaxaca, Oax., 19 de diciembre (apro).- Las declaraciones del dirigente de la Sección 22 del magisterio, Enrique Rueda Pacheco, en las que se deslinda de la APPO y acusa a ésta de “incapaz y traidora”, sólo confirma que “comprometió su labor política con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz para desarticular el movimiento popular, afirmó el consejero estatal de la APPO, Zenen Bravo Castellanos.Añadió que, sin embargo, eso no significa que haya vendido al movimiento “porque éste continúa”,Dijo que Rueda Pacheco y su “comisión política” pactó con Ulises Ruiz la libertad de los 43 presos, para tratar de reposicionarse en el seno del magisterio y desarticular a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).Sin embargo, aclaró que “no lo van a lograr porque la base magisterial ha ratificado su postura de caminar del lado de los oaxaqueños, pueblos indígenas, universitarios y todo el sector estudiantil”, que lo respaldo después del frustrado desalojo del pasado 14 de junio.Bravo Castellanos señaló: “¿Quién es el traidor: la APPO, que sigue un movimiento que iniciaron los maestros o la dirección política de la Sección 22, que convocó a la población y luego firmó un acuerdo para el regreso a clases?”.Añadió que “hay diferencia” entre el magisterio de base que ha resistido y la dirigencia sindical que encabeza Enrique Rueda, quien “reiteradamente se opone a convocar a una asamblea estatal y muestra que ya pactó con Ulises Ruiz”.Señaló que “los dirigentes de la APPO, incluido Flavio Sosa, a pesar de la persecución, seguimos dando la batalla”.Cuestionó el hecho de que Rueda Pacheco “haya ido a Nayarit en un avión particular”, y se preguntó. “¿Quién le pagó ese viaje o es que él tiene muchos recursos?Insistió que Rueda “le esta haciendo el juego a Ulises para tratar de frenar la lucha de la APPO, y eso se llama traición”.No obstante, llamó al dirigente magisterial a convocar a la asamblea estatal.“A pesar de todas sus actitudes, invitamos a Rueda a que dé la cara frente al magisterio y el pueblo en general”, añadió.



Enrique Rueda sí tiene cuentas pendientes con la justicia, afirma el abogado de Flavio Sosade la redacción
México, D.F., 19 de diciembre (apro).- El uso político de las órdenes de aprehensión libradas por el caso Oaxaca salió a relucir hoy, luego de que Eduardo Miranda Esquivel, abogado de Flavio Sosa, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), reveló que el líder de la Sección 22 del magisterio, Enrique Rueda, tiene cuentas pendientes con la justicia.En entrevista, el abogado dijo que Rueda está acusado por el presunto delito de secuestro de dos agentes ministeriales. Añadió que el hecho ocurrió el pasado 15 de agosto en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El mandamiento judicial fue girado por el juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, dentro de la causa penal 71/2006.La semana pasada, la Secretaría de Gobernación sostuvo que Rueda Pacheco no tenía ninguna averiguación previa en su contra ni en el Distrito Federal ni en Oaxaca.Sin embargo, Miranda Esquivel desdijo a la dependencia dirigida por Francisco Ramírez Acuña, y señaló que el hecho de que las autoridades de Oaxaca no hayan ejecutado el mandamiento judicial contra el líder magisterial, significa que están actuando de manera política, pues Sosa sí fue detenido por los mismos hechos.