AL DIA EN OAXACA

Liberan a otros siete presos de Oaxaca luego de que Ulises Ruiz pagó la fianza
El gobierno estatal debe dar el mismo trato al resto de prisioneros, advierten activistas.
No encuentra cómo deshacerse de los reos, porque sabe que son inocentes, afirma abogado
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 12 de enero. A casi dos meses de su detención, siete simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) salieron libres de los penales de Tlacolula de Matamoros y de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Gilberto Hernández Santiago, miembro del equipo jurídico de la APPO, informó que los excarcelados obtuvieron su libertad la noche del jueves, luego del pago de una fianza de aproximadamente un millón 750 mil pesos, depositada por el propio gobierno estatal.
"Como no podía tenerlos más tiempo en la cárcel, debido a que son inocentes, ahora no sabe cómo deshacerse de los presos", señaló.
Los siete liberados fueron detenidos el 25 de noviembre pasado por agentes de la Policía Federal Preventiva, después del enfrentamiento con seguidores de la APPO, y procesados por sedición, asociación delictuosa y daños por incendio, entre otros.
Alberto Correa, Alejandro Luna López, Cornelio López Sánchez y Abraham Reyes Herrera, salieron del Cereso número 1, antes reclusorio femenil de Valles Centrales, situado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, mientras que del reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz fueron liberados Jenny Araceli Pérez, Sandra Pérez e Isidro Ordóñez.
El litigante de la APPO explicó que con esta acción suman 103 los simpatizantes de la APPO excarcelados de diciembre pasado a la fecha.
Quedan en prisión otros 59 oaxaqueños, en los reclusorios estatales de Tlacolula, Miahuatlán, Cosolapa y Cuicatlán, así como en los penales de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, en el estado de México, y en Matamoros, Tamaulipas.
Florentino López Martínez, vocero de la APPO, consideró que la liberación de los siete compañeros se da tardíamente, porque la Secretaría de Gobernación (SG) se había comprometido a excarcelar a todos los "presos políticos y de conciencia" antes de terminar 2006, "por ser inocentes de todos los delitos imputados".
Por su parte, Yésica Sánchez Maya, coordinadora en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que el gobierno oaxaqueño debe dar el mismo trato a los demás presos, porque "también son inocentes".
Sobre los 15 presuntos casos de violación sexual a varones, cometidos por las fuerzas federales, la activista indicó que éstos no se han documentado correctamente, porque "denunciar algo así es muy difícil para cualquier varón".
Dijo que los testimonios se deben recabar una vez que las víctimas hayan recibido atención sicológica, pero resaltó que la SG debería investigar los casos "sólo teniendo como indicio una denuncia" y aplicar las sanciones a los responsables.
Recupera plantel sección 22
Profesores agremiados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de común acuerdo con autoridades de educación del estado, abrieron el jardín de niños Rosario Maza para reiniciar el ciclo escolar.
Durante el paro magisterial, nueve educadoras de la sección 22 fueron suplidas por docentes del entonces Consejo Central de Lucha, hoy sección 59 del SNTE. Sin embargo, una vez concluida la huelga, la directora del plantel, Rebeca Zambrano, y padres de familia impidieron que las maestras regresaran a su trabajo.
El secretario de organización de la sección 22, Ezequiel Rosales Carreño, dijo que con la reapertura del plantel se termina el conflicto, y aseguró que se respetarán los derechos sindicales y laborales de la directora y una docente de la recién creada sección.
Sufren accidente defensores de derechos humanos
Una misión de la Comisión Civil Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos (CCIODH) sufrió un accidente en la carretera internacional Cristóbal Colón, durante su traslado de la ciudad de Oaxaca a la región del istmo de Tehuantepec.
El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cerca de la comunidad San José de Gracia, del municipio de San Pedro Totolapan, a 115 kilómetros de esta capital, cuando la vagoneta Nissan en que viajaban chocó con una roca que se encontraba sobre la carpeta asfáltica.
El coordinador de la CCIODH, el español Iñaki García, informó que a causa de la colisión, la unidad sufrió desperfectos en una llanta y en el depósito de aceite, por lo que no pudo seguir el viaje.
"Solamente fue un susto; los compañeros y el chofer están bien, no sufrieron alguna lesión", señaló.
En la vagoneta viajaban cuatro comisionados y el conductor rumbo a San Blas Atempa, para reunirse con miembros del ayuntamiento popular de esa municipalidad y documentar las violaciones a derechos humanos por corporaciones policiacas locales.


Niegan fianza a dirigente de la Codeci y miembro de la APPO; influyó delegado de la PGR
Incumple SG compromiso de excarcelar a líder social
EMIR OLIVARES ALONSO
A pesar de que la administración federal se comprometió a que el pasado 21 de noviembre sería liberado Catarino Torres Pereda, líder de una organización campesina y participante activo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el activista aún permanece recluido en el penal de máxima seguridad el Altiplano, en Almoloya de Juárez, con el argumento de ser un sujeto "de alta peligrosidad".
El 27 de octubre de 2006, durante la mesa de negociación entre representantes del movimiento popular oaxaqueño y la Secretaría de Gobernación (SG), el entonces subsecretario de Gobierno, Arturo Chávez, se comprometió por escrito, con el aval de la firma de Carlos Abascal, en ese momento titular de la dependencia (documento del cual este diario tiene copia), a que Torres Pereda sería liberado en la fecha indicada.
Sin embargo, a casi dos meses de ese acuerdo político, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) de Tuxtepec, Oaxaca, no ha obtenido su libertad debido a que el Ministerio Público Federal se inconformó por la fianza que le fijó una juez por el presunto delito de motín, argumentando que el detenido "es un delincuente de alta peligrosidad", con lo que la juez de la causa, Rosa Noriega, se negó a dictar la libertad provisional.
Al inculpado se le achacaban los delitos de despojo, robo calificado y robo específico de vehículos, por los cuales fue exonerado; además de privación ilegal de la libertad, por el que pagó una fianza de 20 mil pesos, y motín, ilícito no grave por el que se le fijó una caución de 20 mil pesos, la cual no pudo ser liquidada debido a la participación de la autoridad judicial.
La defensa legal del inculpado explicó que el dirigente campesino sigue privado de su libertad por la oposición del delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tuxtepec, Javier Dovala Molina, "en venganza" por una manifestación que la Codeci realizó en las oficinas de esa dependencia.
Para desquitarse de esa acción, el funcionario "ordenó que integraran a Torres Pereda una averiguación previa plagada de irregularidades y vicios, y no conforme con que le hayan dictado y ejecutado la orden de aprehensión, maniobró para que la juez referida le negara la libertad caucional".
"Acuerdo de palabra"
Asimismo, se informó que durante la última charla entre la APPO y las nuevas autoridades de Gobernación ­el 21 de diciembre pasado­, los representantes del gobierno federal se comprometieron "de palabra" a que se comunicarían con el delegado de la PGR en Tuxtepec para que se permitiera la admisión de la fianza, lo cual no ha ocurrido.
En un documento dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la PGR, la SG, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Congreso de la Unión, los representantes legales de Torres y otras organizaciones sociales aseguran que la manifestación afuera de la delegación de la PGR en Tuxtepec se realizó para denunciar el allanamiento y daños causados a las instalaciones de la organización dirigida por Torres Pereda, por parte de un comando de la Agencia Federal de Investigación, que sin contar con una orden de cateo se introdujo al inmueble de la Codeci, propinando golpes y lesiones a los empleados de la misma.
En el texto, los firmantes exponen que no existen motivos legales por los que el inculpado deba permanecer en prisión, de acuerdo con el artículo 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, "por lo que se evidencia una clara obstrucción de la justicia y una flagrante violación a las garantías individuales" del inculpado.
Cabe destacar que dependencias federales, como la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras, han reconocido en diferentes documentos "el incansable trabajo" de Torres en beneficio de las comunidades indígenas.
El campesino fue detenido el pasado 6 de agosto, lo que lo convierte en el primer preso a raíz del conflicto en Oaxaca.
Niegan fianza a dirigente de la Codeci y miembro de la APPO; influyó delegado de la PGR

Alertan sobre el riesgo de involucrar a militares en la lucha contra el narcotráfico
El informe de HRW sólo confirma el retroceso durante el foxismo: ONG
Llaman al gobierno calderonista a emprender nuevo plan en pro de los derechos humanos
EMIR OLIVARES ALONSO
El informe de Human Rigths Watch (HRW) sobre la situación de los derechos humanos en México sólo confirma que el sexenio de Vicente Fox fue de mucho discurso en favor de esas garantías, pocas acciones y pobres resultados en la materia, coincidieron en señalar defensores de los derechos humanos. Por ello, resaltaron, el "déficit" en dicho renglón no se redujo, sino que se incrementó durante esa administración.
Asimismo, señalaron que los cuestionamientos del director de esa organización, Kenneth Roth ­al presentar el jueves el informe­, de que es "peligroso" recurrir a los militares para la lucha contra el crimen organizado, porque éstos "no están preparados para labores policiales", son acertados, debido a que las acciones emprendidas por Felipe Calderón "implican enormes riesgos", pues los soldados no actúan bajo lineamientos judiciales, sino castrenses, lo cual pone en riesgo los derechos humanos de los detenidos, sean o no culpables.
Fabián Sánchez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que, tras analizar el informe, el Estado mexicano debe emprender un nuevo compromiso en la materia, que podría realizar con la creación de un programa nacional en pro de esas garantías desde el comienzo del sexenio.
En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que el balance de HRW es consistente en cuanto a la lectura de los derechos humanos durante la administración foxista, porque presenta las "evidentes deficiencias del sistema de procuración de justicia y la enorme proclividad en el uso de la fuerza para enfrentar los reclamos sociales".
Luis Macías, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresó que es fundamental que el gobierno de Felipe Calderón considere los señalamientos del organismo internacional, porque evitar las violaciones a los derechos humanos, como la tortura, es uno "de los retos" de la nueva administración.
Sin embargo, destacó que el panorama al inicio del sexenio es desalentador, debido a que las políticas que hasta el momento se han aplicado en la materia, como el uso de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, no generan muchas expectativas positivas.
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, subrayó que el análisis de HRW sólo "corrobora" lo que diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado: "que el gran cáncer de la democracia en nuestro país son la impunidad y el uso de la tortura como método sistemático de las fuerzas de seguridad pública".
Agregó que HRW demuestra que Fox impuso un modelo de represión y tortura "en caliente"; es decir, en el momento en que se detiene y dispersa a los manifestantes se arremete contra ellos.
Los activistas coincidieron con las afirmaciones del director general de HRW de que la asignación de militares a labores de seguridad pública es peligroso para los derechos humanos de la población, debido a que, "de acuerdo con los estándares internacionales, los soldados no están capacitados para acciones de protección, sino de defensa".
Por ello, advirtieron que la participación de las fuerzas armadas en los operativos contra el narcotráfico "es riesgosa y grave para los conflictos en el país".