EN OAXACA, PERSECUSION

Aline Castellanos, historia de una persecución en Oaxaca.

pedro matías
Oaxaca, Oax., 30 de enero (apro).- “En Oaxaca nadie está a salvo de la persecución por el hecho de exigir derechos o ser opositor, y eso hace más evidente el estado de excepción”, afirmó, desde el exilio, la activista defensora de derechos humanos, Aline Castellanos Jurado.

Y agregó: “Podrán callar 10 o 20 voces pero al lado, adelante y atrás de nosotros hay muchísima más gente como para acallar este movimiento. Tendrían que meter a la cárcel a más de cien mil personas”.

La representante del Espacio Civil en el Congreso Constitutivo y en el consejo directivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue acusada por la directora la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Mercedes Rojas Saldaña, por la toma del Canal 9, registrada el primero de agosto de 2006.

Fue el 26 de septiembre del 2006 en que el juez de lo penal, Victoriano Barroso, libró la orden de aprehensión en contra de la periodista y feminista, quien podría ser sentenciada de dos a seis años de cárcel.

Es por ello que la expresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, fundadora del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer y Mujer Libre, así como integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, interpuso un juicio de amparo en contra de dicha orden, el que radica en el juzgado cuarto de distrito del décimo tercer circuito, el 1267/2006.

Aclaró que sí participó en la marcha de las cacerolas del uno de agosto de 2006, pero nunca intervino en la toma del Canal 9, sin embargo, era predecible que se librara una orden de aprehensión en contra de la sociedad civil porque “el gobierno de Ulises Ruiz volvió delincuentes a todos los opositores a él”.

Confesó que ese hecho cambió su vida de manera radical porque tuvo que abandonar su tierra, a su familia, sus amigos, sus compañeros y su trabajo que venía realizando en el Frente de Organismos Civiles y como consejera de la APPO, en que se defienden los derechos de las mujeres y de los indígenas, el cual desarrollo dentro del ámbito legal.

Hizo hincapié en que “no hay tal despojo agravado, como se me acusa, porque no estuve en la toma del Canal 9. Estuve en la marcha de las cacerolas como miles de mujeres, y como un ejercicio totalmente legal del derecho a manifestarse públicamente, pero no incurrí en ningún delito”.

Entonces, dijo, “de entrada hay una visión del gobierno estatal que concluye que todo aquel que se opone es un delincuente y se le acusa de delitos”.

Y “en Oaxaca aunque estés ejerciendo un derecho legal y legítimo, el Estado ha estado violentando sistemáticamente esos derechos, y ahí esta la prueba, de que hay personas muertas, desaparecidas y encarceladas”, puntualizó.

Entrevistada vía telefónica, la también integrante de Mujer Libre y del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca que preside el pintor Francisco Toledo, considera que esta persecución judicial es un mensaje para ciertos sectores como de la sociedad civil, de la Iglesia y de los académicos.

Con el antecedente de que su domicilio particular ha sido saqueado en dos ocasiones, insistió en que el mensaje es que ningún sector “está a salvo de la represión”.

“No es contra una persona que toma una carretera o quema autobuses, sino también a la gente que realiza un trabajo de interlocución con las autoridades, como es el caso de los activistas que sólo defienden los derechos civiles y políticos de los oaxaqueños”.

Aquí lo “grave es que el gobierno utiliza a las instituciones y las leyes para castigarte y te imposibilita para defenderte legalmente, entonces, si en Oaxaca no hay vigencia de garantías, se tiene que recurrir a la justicia federal”, añadió.

Castellanos Jurado destacó que “en Oaxaca no hay confianza en las leyes e instituciones por las arbitrariedades que han estado documentando (y es que) el sistema de justicia está preocupado por sostener a un gobernador que no tiene legitimidad porque ha sido un gobierno ilegal que no respeta las leyes”.

Por lo pronto, adelantó que “hay un proceso de amparo pendiente en que el Poder Judicial federal tendrá que resolver. Esperamos una resolución apegada al marco normativo”.

Aunque la visión del gobierno pareciera que el hecho de descabezar a un movimiento puede desarticularlo, aclaró que “están equivocados porque este movimiento no es de liderazgos”.

Si están pensando encarcelar a cien o 200, o librar cientos de órdenes de aprehensión para desaparecer este movimiento, “están equivocados porque aunque hay mucho miedo, nos seguimos reorganizando”, remató.

Así mismo, hizo un llamado al gobierno federal para rectificar, pues ni Atenco, Chiapas, Guerrero o Oaxaca hay una inconformidad social por gusto, sino porque existen demandas incumplidas.

“Si con Vicente Fox la estrategia social no funcionó, Felipe Calderón debe voltear a ver hacia otro lado y entender la inconformidad social, ahí está el caso del precio de la tortilla; de lo contrario, esto puede reventar”, puntualizó.

Derechos humanos de ocasión

MAGDALENA GÓMEZ
Felipe Calderón demuestra día a día sus profundas convicciones neoliberales y su aversión al sentido de un Estado democrático de derecho, una de cuyas vertientes centrales radica en los derechos humanos en su más amplio espectro. No obstante, es capaz de "reorientar" su discurso y convertirlo en un medio para alcanzar sus fines ¬comerciales, por supuesto¬, pues anda en busca de inversionistas.
En su viaje a Europa se topó con cuestionamientos de activistas en torno a la represión en Atenco y en Oaxaca, así como al fraude electoral, ello provocó "el milagro" y de pronto encontramos al residente de Los Pinos declarando que "su gobierno está abierto a defender estas garantías y a despejar cualquier duda que haya acerca de su vigencia en el país. Pero aclaró que "no debe confundirse la vigencia de estas garantías con la ausencia de la ley o la incapacidad o la imposibilidad de que el Estado cumpla con su deber".
En contraste, acá en México los funcionarios de la Secretaría de Gobernación descalificaban el informe preliminar sobre Oaxaca, elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), y lo hacían incluso contra la propia comisión; sin embargo, "la línea cambió" y trataron de corregir lo dicho por la titular de la Unidad de Derechos Humanos de dicha secretaría. En ese viraje cosmético influyó también la postura de Amnistía Internacional (AI) que reclamó al Presidente de México que ponga "fin a la larga tradición de impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas en su país".
Durante dos meses el tema de los derechos humanos había sido eludido en el discurso y su violación solapada en la práctica. En el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano Mexicano, realizado el pasado 5 de diciembre, Felipe Calderón se comprometió a velar por los derechos de los inversionistas ¬antes de hacerlo por los derechos humanos. Ese mismo día, Flavio Sosa, uno de los líderes de la APPO, fue detenido cuando llegó al Distrito Federal para participar en una reunión de supuesta negociación en la Secretaría de Gobernación.
El silencio de Felipe Calderón sobre Oaxaca se rompió cuando Claudia Herrera, reportera de La Jornada, lo cuestionó y su respuesta es elocuente: "Hemos actuado conforme a la ley y seguiremos actuando conforme a la ley. En mi gobierno nos enfocaremos a que prevalezca el estado de derecho y no habrá impunidad para nadie; ni los signos políticos, ni los cargos que se ocupen, ni las ideologías o medios que se tengan, van a ser excusa para que alguien pretenda actuar al margen de la ley". (14/1/07). Y todo ello con un Ulises Ruiz "ratificado y exonerado" desde el poder, sin investigación ni deslinde alguno sobre sus responsabilidades.
Capítulo aparte merece el sigilo con el que se desmanteló a la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual si bien no obtuvo resultados positivos en el sexenio anterior, no deja sin vigencia la responsabilidad del Estado para esclarecer los crímenes de 1968, los de 1971, los cometidos durante la guerra sucia, así como los relativos a los centenares de desapariciones forzadas. Tampoco se respondió nada cuando Human Rights Watch declaró en la sección de su informe mundial relativa a México (Nueva York, 11 de enero de 2007) que la tortura y el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y la impunidad oficial están entre los principales problemas de derechos humanos que padece México.
El amplio y bien documentado informe de la CCIODH puso el dedo en la llaga cuando señaló entre sus conclusiones: "La comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".
En efecto, en la preocupación calderonista por "la ley y el deber del Estado" hay un reduccionismo conservador inocultable; no logra ver la dimensión constitucional de los derechos humanos y sugiere que el Estado es amenazado y "la ley violada" cuando se lucha por la vigencia de esas garantías fundamentales.
La línea de "mano dura", promovida mediante la movilización militar contra el crimen organizado, es una jugada de varias pistas: se pretende crear un clima de respaldo social en torno al "orden" jugando con fuego en un tema que requiere políticas más integrales y, al mismo tiempo, mandar un mensaje intimidatorio a las protestas sociales, cuyo crecimiento es previsible en la medida en que continúen los incrementos de precios en artículos de consumo básico, pero también cuando se pretenda avanzar en las llamadas reformas "estructurales". ¿En qué se traducirán los anuncios calderonistas de ocasión en torno a derechos humanos?