A LA CORTE INTERNACIONAL.

Denuncian en San Lázaro violaciones sexuales sufridas por appistas presos
Diputados del PRD denunciarán al gobernador Ulises Ruiz ante la Corte Penal Internacional.
Familiares y víctimas relatan las vejaciones sufridas a manos de policías federales
MARIANA NORANDI.
Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometieron en el Primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, a denunciar al gobernador de ese estado, Ulises Ruiz Ortiz, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Lo anterior se acordó después de escuchar 40 testimonios de familiares de desaparecidos, ''ex presos políticos'' torturados y vejados sexualmente, así como de detenidos en diferentes penales del país.
Entre los testimoniales se denunciaron golpes, insultos, amenazas de muerte, condiciones insalubres, humillaciones y violaciones sexuales de que fueron objeto los detenidos en el estado de Oaxaca.
Yolanda Gutiérrez, madre del estudiante de la UNAM Christian Marcel Cebolledo Gutiérrez, leyó la descripción que hace su hijo de las ''arbitrariedades y abusos cometidos'' por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), desde el momento de su detención en la ciudad de Oaxaca, el pasado 25 de noviembre; este testimonio fue publicado ayer por La Jornada. El joven denuncia que en su traslado de Oaxaca al Cefereso 4 de Nayarit, fueron violados sexualmente 15 de sus compañeros.
''Bájense las pantaletas''
Carmen Sánchez Cruz, de 23 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue detenida el mismo día y trasladada al Cereso de Miahuatlán, en el mismo estado. ''Al llegar nos quitaron nuestras cosas, nos desnudaron y luego nos hicieron hacer sentadillas a pesar de que íbamos lastimadas. Estuve encerrada 25 días, sin saber dónde estaba. Los alimentos que nos daban estaban en mal estado. Cuando nos sacaban de nuestra celda y al entrar en ellas, como requisito, nos ordenaban bajarnos las pantaletas''.
René Trujillo, del sector juvenil de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue llevado a una casa de seguridad donde denunció haber sufrido golpes con toletes, toques eléctricos en los testículos, así como obligado a firmar documentos diciendo que trabajaba para el PRD y que recibía dinero por participar en el movimiento.
También se denunció que el lunes 27 de noviembre el señor Marcos García Macedas, consejero del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, fue ''arteramente balaceado cuando regresaba de una reunión de la zona triqui alta. Recibió cuatro balazos que lo tienen postrado en una cama''.
La propuesta de llevar el caso Oaxaca a la Corte Penal Internacional surgió como iniciativa de la diputada Claudia Lilia Cruz, quien espera presentarlo la próxima semana. Por otro lado, aseguró que ''existen elementos para establecer los principios que configuran crímenes de lesa humanidad cometidos (en Oaxaca), para que un juez internacional conozca y llame a rendir cuentas a los posibles responsables, del nivel político que sea''.
Para ello, los diputados utilizarán como pruebas los 40 testimonios que se presentaron en dicho foro, el cual se llevó a cabo en el Salón de Legisladores de la Cámara de Diputados, y contó con una asistencia de 425 participantes. El encuentro reunió a activistas sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, diputados y senadores del PRD, familiares de presos políticos, presos liberados, representantes sindicales, miembros de la APPO, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y del Movimiento de Unidad de Lucha Triqui.
Ahí se exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, juicio político a ''sus cómplices'', que son ­dijeron­ el ex presidente de México Vicente Fox Quesada y el actual mandatario, Felipe Calderón, y justicia por la violación de los derechos humanos en Oaxaca, Guadalajara, San Salvador Atenco, Sicartsa y Pasta de Conchos.
La fracción parlamentaria del PRD apoyó la propuesta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, representada por Adrián Ramírez, de que senadores y diputados soliciten la presencia de miembros de la Cruz Roja Internacional para que visiten a los presos recluidos en los distintos penales del país. Por otro lado, también propusieron impulsar modificaciones legislativas en materia de defensa de los derechos humanos para que se facilite la obtención de pruebas que permitan juzgar a los transgresores.
El foro se desarrolló en dos etapas: la primera fue empleada por oradores representantes de organizaciones de derechos humanos, diputados y miembros de asociaciones sociales, y en una segunda parte se dio entrada a los testimonios.
Una de las primeras oradoras fue la senadora del partido del sol azteca Rosario Ibarra de Piedra, quien expresó que la violación de los derechos humanos en Oaxaca no es reciente, sino se remonta décadas atrás; la diferencia es que ''ahora envían más militares y no llevan a los presos políticos a cárceles comunes, sino a reclusorios de alta seguridad''.
La legisladora señaló que este foro debe ser ''el corazón y la sangre'' en la lucha de los derechos humanos, ''pero también el cerebro de lo que tenemos que hacer''. Ibarra finalizó su participación invitando a la sociedad civil a organizarse, limar asperezas y unirse ''en contra de los malos gobiernos''.
Mario Padilla Becerra, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM), comentó que el hecho de que este foro haya podido realizarse en el Palacio Legislativo ''es una conquista popular para que los diputados, que deben representar al pueblo, tomen conciencia de que su representado tiene demandas que deben ser escuchadas en este lugar''.
Por otro lado, dijo que en el México actual existe un proyecto de país que se manifiesta por tendencias autoritarias y represivas, acompañadas de una creciente y extendida militarización en gran parte del territorio nacional y en las funciones de las fuerzas armadas, ''funciones que rebasan las establecidas en la letra y el espíritu de nuestra Constitución''.
A su vez, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, se solidarizó con Oaxaca. Soledad Ortiz, portavoz de este movimiento, exigió la libertad de todos los presos políticos del país y afirmó que los derechos humanos no pueden verse sólo como garantías individuales, sino colectivas, ''porque no vivimos aislados. Los derechos humanos no pueden pensarse sin los derechos de los pueblos a organizarse, a seguir sus tradiciones, a conservar su territorio, su cultura como pueblo, sus usos y costumbres comunitarias'', precisó.
Doctora Escopeta
Al foro asistió Berta Elena Muñoz, Doctora Escopeta, locutora de Radio Universidad durante la etapa más crítica del conflicto en Oaxaca, quien manifestó que el gobierno federal ''finge demencia'' ante el problema oaxaqueño, y los diputados y senadores, como representantes del pueblo, y no sólo de partidos políticos, ''están obligados a defender los derechos humanos''.
Para concluir, el Sindicato Mexicano de Electricistas reiteró su apoyo a la APPO y, en voz de su líder, Martín Esparza Flores, dijo que la violación de los derechos humanos no sólo se ve en las cárceles y en la falta de aplicación de la justicia, sino en las malas condiciones laborales de los trabajadores.

Denuncia la APPO la presencia de grupos paramilitares en la Cañada y la Costa de Oaxaca.
pedro matías
Oaxaca, Oax., 9 de enero (apro).- La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APP) denunció que, en diferentes regiones del estado, principalmente en la Cañada y la Costa, han detectado la presencia de grupos paramilitares financiados por priístas para perseguir a los “maestros democráticos”.Por ello, el vocero de la APPO, Florentino López Martínez, convocó a los maestros de la Sección 22 del SNTE para que “se reorganicen y asuman la defensa del sindicato”, ya que corren peligro con el reconocimiento de la Sección 59, debido a que, dijo, “se ha convertido en un instrumento del estado para dividir y transgredir los derechos de los trabajadores de la educación”.Afirmó que no sólo han ocurrido enfrentamientos en planteles educativos, como en el Fraccionamiento El Retiro, así como en la capital del estado, Teotitlán de Flores Magón, Huautla de Jiménez, Pochutla y Huatulco, sino que “lo más grave es que los paramilitares se han dedicado a perseguir, agredir y poner en riesgo la integridad física de los maestros de la Sección 22”.Añadió que “esto ha provocado que muchos maestros estén resguardados en lugares diferentes a sus centros de trabajo, den clases en otros espacios o se hayan concentrado en la capital del estado para evitar ser agredidos”.Señaló que, aunque la dirigencia de esa sección ha optado por el silencio, “los maestros están concientes de su situación por las dificultades internas por las que pasan. Sin embargo, las asambleas regionales han asumido su defensa”. López Martínez añadió que “esto confirma que el conflicto está lejos de solucionarse. Los sindicatos, comunidades, organizaciones y la Sección 22 se están reorganizando porque viene una nueva etapa de lucha”. Consideró que con la toma de escuelas, sobre todo del nivel de telesecundarias por parte de priístas, se pretende reconocer a los bachilleres que contrataron el Instituto Estatal de Educación Pública y los propios presidentes municipales emanados del PRI, para afiliarlos a la Sección 59 y minar a la Sección 22.Luego de condenar las agresiones, López Martínez dijo que “todo esto es parte de la estrategia del gobernador Ulises Ruiz para debilitar a la APPO y sus contingentes más combativos, como es el caso del magisterio”.Recalcó que la APPO reconoce a la Sección 22 como única organización de los trabajadores de la educación, y dijo que “es un instrumento de lucha y defensa del pueblo de Oaxaca”.Respecto de las acciones a realizar, señaló que sus derechos constitucionales, como la manifestación y el libre tránsito, no están sujetos a negociación “mucho menos con el gobierno de Ulises Ruiz”.Por lo pronto, a partir de las 4 de la tarde de mañana, se anuncia que saldrá una marcha de la Fuente de las Siete Regiones a la Plaza de la Danza. En tanto, el 11 y 12 de enero continuará la sesión del consejo popular de los pueblos de Oaxaca, y el 20 de enero se realizará un evento político-cultural en el municipio autónomo de San Juan Copala.Por su parte, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) dará a conocer el trabajo realizado hasta la fecha en un acto público en la ciudad de Oaxaca, este jueves, en el auditorio del edificio de la rectoría de la universidad.


Antes había exaltado la defensa de las garantías individuales
Gracias, respuesta del secretario a preguntas sobre abuso sexual
ALMA E. MUÑOZ
Francisco Ramírez Acuña, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), se negó a responder a las acusaciones que vinculan a policías federales en el abuso sexual a 15 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando eran trasladados de esa entidad al penal de Nayarit, tras su detención en noviembre pasado.
Lo anterior, pese a que minutos antes de solicitarse su opinión exaltó la defensa a las garantías individuales como ''parte medular'' de la encomienda bajo su cargo. ''La aplicación de la ley bajo el respeto a los derechos humanos es una ecuación política sencilla de responder cuando se tiene claro que el bien común debe ser resultado de nuestras acciones de gobierno'', destacó.
En el discurso de toma de posesión de Miguel Alessio Robles Landa como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG ­cargo que ya se había anticipado­, Ramírez Acuña aseguró que el gobierno de Felipe Calderón reforzará la ''cultura de la legalidad''.
De esta manera, dijo, ''se mantendrá una corresponsabilidad entre las formas democráticas y el ejercicio del poder público, propias de todo Estado moderno''.
Debemos reconocer, continuó, ''que entre las prioridades de la política de promoción y respeto de los derechos humanos también se encuentra la erradicación de la violencia contra la mujer y la prevención de la discriminación. Los principios de un estado de derecho con gobernabilidad y certeza jurídica son los ejes que definen a la actual administración, lo cual contribuirá a que las instituciones y la población observen las normas jurídicas''.
Una de las principales encomiendas que nos ha hecho el presidente Felipe Calderón ­insistió Ramírez Acuña en el salón Jesús Reyes Heroles de Bucareli­ ''es el respeto irrestricto de la ley, cuidando el bien y la prosperidad de todos los mexicanos''.
Terminado el acto protocolario, el ex gobernador de Jalisco fue interrogado por reporteros. Primero se le preguntó su opinión sobre el operativo que contra el narcotráfico instrumentará el gobierno de Nuevo León. ''Ya lo ha dicho el gobernador'', replicó.
­¿No va a hablar de los 15 violados?
­Muchas gracias, muchas gracias.
­¿No tiene nada que decir?
­Gracias, gracias.
­¿A qué le tiene miedo?
­Gracias.





No evadir denuncias por violación, pide la APPO
Protesta contra vejaciones policiacas a 15 de sus militantes
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 9 de enero. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigió al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ''no dar la vuelta'' a la denuncia pública de abuso sexual a 15 de sus simpatizantes, que efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) habrían perpetrado durante el traslado de aquéllos desde esta entidad al penal de San José del Rincón, Nayarit.
El vocero del movimiento popular, Florentino López Martínez, dijo que Ramírez Acuña ''está obligado a responder y castigar a la soldadesca gris, por incurrir en estos hechos denigrantes y cobardes''.
En conferencia de prensa, el portavoz dijo que la denuncia de uno de los ''presos políticos y de conciencia'', Christian Cebolledo Gutiérrez, publicada en La Jornada, ''viene a desenmascarar una vez más el proceder enfermizo de la soldadesca gris'' que utilizó el ''mismo patrón de violencia'' durante la represión en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006.
Indicó que esto además confirma las acusaciones hechas por la APPO desde el arribo de la PFP a Oaxaca, en octubre del año pasado, sobre un constante hostigamiento sexual a mujeres que pretendían atravesar los retenes establecidos en los alrededores del zócalo de esta capital.
Citó el caso de una mujer de 48 años de edad, abusada sexualmente por dos agentes federales en el puesto de revisión situado en Macedonio Alcalá y Morelos, documentado por organismos civiles de derechos humanos.
Consideró que los abusos cometidos por la Federal Preventiva ''muestran claramente su característica de fuerza de ocupación y fascista'', para tratar de acabar con el movimiento popular en Oaxaca ''usando todos los métodos para imponer el terror''.
Ante ello, demandó a Ramírez Acuña castigar a los culpables de los delitos cometidos y, sobre todo, cumplir los compromisos asumidos con la comisión de diálogo de la APPO de liberar a todos los ''presos políticos y de conciencia. Los compañeros son doblemente víctimas por estar injustamente en la cárcel al ser inocentes de todos los cargos imputados, y segundo, por haber sufrido un delito'', asentó.
Por otra parte, al dar a conocer los acuerdos del consejo estatal, López Martínez dijo que la APPO mantiene su voluntad de dar puntual seguimiento a sus planteamientos mediante la vía del diálogo, ''pero también mediante movilización pacífica del pueblo, haciendo uso de sus derechos constitucionales a la manifestación y al libre tránsito''.
El dirigente destacó que ''son derechos que no están sujetos a negociación con el gobierno federal, ni mucho menos con Ulises Ruiz''.
En consecuencia, exigió garantías de seguridad y de libre tránsito para las protestas regionales que se realizarán este miércoles en la entidad, así como para la novena y décima megamarchas, a realizarse el 3 de febrero y el 8 de marzo próximos, respectivamente.
A la vez, condenó las agresiones de priístas y del gobierno al magisterio oaxaqueño, y reconoció como la única organización de los maestros de Oaxaca a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo tanto, repudió la reciente conformación de la sección 59, ''al ser un instrumento del Estado para dividir y violentar los derechos de los mentores pero, sobre todo, para golpear a uno de los contingentes más importantes de la APPO en la lucha del pueblo''.