EL DESPOJO A INDIGENAS

Despojan a 296 familias bases de apoyo del EZLN en el ejido de Chilón
Organizaciones demandan a autoridades agrarias restituir la posesión a los zapatistas
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis. 19 de abril. Testimonios falsos o prefabricados, padrones "rasurados", parcialidad de la Procuraduría Agraria, emplazamientos nunca entregados a los "acusados" y muchas otras irregularidades vuelven improcedentes los juicios agrarios en torno al ejido Muk'ulum Bachajón (Chilón), y el despojo a cerca de 300 familias bases de apoyo del EZLN para favorecer a un número menor de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).
Esto concluye un amplio documento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas, respaldado por miles de firmas de organizaciones y personas de 40 países, que se entregó este lunes a las autoridades federales agrarias en Tuxtla Gutiérrez.
En el expediente de conversión de copropiedad a ejido consta que Sabino Armando Aguilar Ramírez, notario público de Villa Corzo, el 13 de agosto de 2002 certificó una "asamblea de actualización censal de fideicomisarios" en San Sebastián Bachajón. El expediente incluye el acta firmada por 547 beneficiados de un primer paquete fideicomisario (CNPI F/95-03) y un acta que enlista 271 personas despojadas, así como 60 sustituyentes (todas de Opddic). En ningún caso se refiere la causa de la sustitución.
Según Aguilar Ramírez, se "cumplió a cabalidad" la agenda, y el "comité técnico" ratificó constituirse en ejido el 20 de agosto de 2002. El análisis independiente apunta que las familias añadidas no son sólo 60, ni 271 el número de "sustituidas"; hay que sumar 16 del listado de Muk'ulum'Bachajón que también tienen tierras en el segundo paquete (siendo improcedente ser solicitantes y beneficiarios en dos paquetes fideicomisarios) y otras nueve que eran posesionarias desde tiempo suficiente como para merecer el beneficio. Así, faltaron 296 familias, más de 50 por ciento de las 547 del primer paquete, y "no hubo quórum legal".
Las organizaciones signantes instan a las autoridades agrarias a que anulen Muk'ulum Bachajón, en su conformación de ejido, y restituyan a las 296 familias despojadas. El documento califica de "simulación" los emplazamientos del Tribunal Unitario Agrario (TUA) a las familias zapatistas para las audiencias, pues nunca fueron entregados. El actuario notificador, José Trinidad Espinosa, al ser cuestionado, dijo que entregó los emplazamientos "a las esposas de los demandados", y que en Chilón su trabajo "le da miedo, porque tiene que lidiar con zapatistas, gente muy peligrosa".
Tras una solicitud de copias, el TUA entregó parte de cada expediente de los 68 demandados por Opddic. "Se encontró que todos contienen dos cédulas de emplazamiento firmadas por el actuario y dos testigos" y que el demandado nunca se identifica, "por no creerlo necesario, manifestando que es el buscado". Al calce dice: "recibí copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, dándome por emplazado", y se indica que el demandado "se negó a firmar". Según el análisis, si supuestamente los 68 demandados recibieron dos emplazamientos, 136 veces se habría repetido la misma falsificación.
En todas las cédulas del primer emplazamiento aparecen los mismos testigos: Jerónimo Demeza Jiménez y Carlos García Pérez. Ambos de la Opddic, la parte demandante. Demeza es uno de los principales dirigentes en la región, posee tierras en el segundo paquete y en Muk'ulum Bachajón, donde hasta abril de 2006 presidía el ejido.
En tanto, en los testimoniales de los juicios agrarios contra zapatistas, la Opddic y la Procuraduría Agraria presentan testigos de cargo contra cada demandado por "despojo" (son 68). Los testigos son sólo dos nuevamente, Antonio Aguilar Ruiz y Vicente Méndez Guzmán. "Palabras más o menos, sus respuestas son siempre las mismas", revela el estudio.
Aguilar Ruiz y Méndez Guzmán, quienes viven en otra parte, responden igual en todos los casos, como si fueran uno solo y ellos fuesen omnipresentes. Además, incurren en francas mentiras, como dar por constituido el ejido en 1994, cuando lo fue hasta 2002. Y ambos justifican: "he venido apoyar a estas gentes para que les devuelvan las tierras, ya que esas personas no son zapatistas, (sino) maleantes". El análisis los considera "testigos aleccionados" que desconocen el caso.
Las 68 familias zapatistas "legalmente" demandadas por Opddic para su desalojo forzoso proceden de Campana Witz, Palestina, Guadalupe, Río Azul C'antela, Nueva Orleáns, Chak'ha'kol'ja, Tenojib Mo'ha, Pajatum, Carmen Tzajalá, El Esfuerzo, Corral Viejo y La Unión, en el municipio autónomo Olga Isabel.
Interpondrán 50 mil amparos más contra reformas a Ley del ISSSTE
ALFREDO MENDEZ ORTIZ , KARINA AVILES

Jubilados y pensionados de diversas dependencias del gobierno federal se manifestaron ayer frente a la sede del ISSSTE, en protesta por las reformas legislativas recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados Foto: Carlos Cisneros
La Unión de Juristas de México anunció que el próximo 30 de abril interpondrá al menos 50 mil demandas de amparo de trabajadores de diversos sindicatos, para impugnar las reformas al régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En tanto, docentes de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que desde hoy iniciarán la presentación "masiva" de recursos ante los tribunales.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la agrupación y uno de los principales artífices de las demandas de garantías, informó ayer a La Jornada que los recursos jurídicos se presentarán ante jueces federales en materia del trabajo, no administrativos, ya que "los procedimientos administrativos son muy rigurosos y se corre el riesgo de perder los juicios desde el principio".
Refirió que con el respaldo de empleados sindicalizados de la CNTE, del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior, "hemos logrado concertar un acuerdo de que el próximo 30 de abril presentaremos un promedio de 50 mil amparos de manera directa desde las ocho de la mañana, en el Palacio de Justicia de San Lázaro, lo cual involucra más de un millón de copias de las demandas".
En este sentido la sección 9 del SNTE, en voz de su secretaria de prensa y propaganda, María Refugio Jiménez, informó que se realizará un pleno de representantes, en el cual habrá un corte de actas para conocer qué planteles pararán actividades, así como el número de amparos interpuestos.
La maestra Concepción Báez Medina estimó que 80 por ciento de los profesores de la sección interpondrá este recurso, y explicó que ya se enviaron también formatos de amparo a Morelos, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y la zona lagunera.
Jueces empezaron a desechar recursos
Sin embargo, al menos tres jueces federales en materia administrativa se han declarado incompetentes para resolver las peticiones de unos 10 mil trabajadores al servicio del Estado, que consideran inconstitucionales las reformas al régimen de jubilaciones y pensiones del ISSSTE, al tiempo que desecharon las demandas de garantías presentadas en días pasados, revelaron fuentes judiciales de alto nivel.
De acuerdo con la información obtenida, los jueces de distrito administrativos (primero, tercero y séptimo) se declararon sin competencia legal para conocer el fondo de las demandas, pues consideraron que los trabajadores están impugnando una ley que lesiona derechos de naturaleza eminentemente laboral, motivo por el cual recomendaron a los quejosos recurrir al amparo por la vía de los tribunales del trabajo.
Pese a estos criterios negativos de autoridades judiciales, ayer otro grupo de empleados del sector público recurrió a la vía administrativa a solicitar la protección de la justicia federal.
Integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud, en representación de personal de los hospitales Veinte de Noviembre, Zaragoza, Primero de Octubre, General de México, Juárez y del Instituto Nacional de Pediatría, presentaron 5 mil peticiones de amparo.
Antonio Vital, vocero de la alianza, informó que ya se preparan otras peticiones de amparo que se presentarán al menos en ocho entidades del país, entre ellas Jalisco, Baja California, estado de México y Michoacán.
''Verificables, los desgarres anales de Ascensión Rosario''
Eficientes, los trabajos de médicos legistas: Noemí Quirasco
BLANCHE PETRICH
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, Noemí Quirasco, sostuvo que el dictamen médico que se le hizo a la anciana nahua Ernestina Ascensión, el pasado 25 de febrero -40 minutos antes de la medianoche-, en el hospital regional de Río Blanco-Orizaba, y las dos necropsias realizadas posteriormente, la primera el 26 de febrero y la segunda el 12 de marzo, coinciden ''en lo medular'', que es la existencia ''perfectamente verificable y comprobada'' de cuatro desgarres en la región anal de la difunta.
La funcionaria, con 27 años de experiencia como agente del Ministerio Público y seis años trabajando específicamente en el área de delitos sexuales, precisó que el análisis especializado de estos tres dictámenes permite afirmar que los trabajos de los médicos legistas fueron ''eficientes'' en el registro de estos desgarres, aunque reconoció que uno de los peritajes, el que suscribió el médico forense Pablo Mendizábal en la primera necropsia, adolece de una ''falla técnica'', al haber registrado la presencia de ''abundante líquido seminal''. No porque no se hubiera encontrado este tipo de fluido, aclaró, sino porque hablar de ''abundante'' no es técnicamente correcto.
Noemí Quirasco añadió que fue asesorada, para revisar estos expedientes, por la ginecóloga Guadalupe Viveros Lagunes, también funcionaria de la CEDH, especialista con 17 años de experiencia en asistir a mujeres, hombres y menores víctimas de agresiones sexuales. ''Y después de revisar con mucha atención todos los peritajes llegamos a la conclusión de que estos desgarres son ciertos. Y esta es la parte medular de la investigación''.
Después de conocer las declaraciones que ayer mismo hizo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, Quirasco respondió en entrevista telefónica: ''Una cosa es decir que por la negligencia de un perito se incurrió en violación de derechos humanos y otra, muy distinta y fuera de lugar, es agregar juicios de valor y afirmar que el perito fue malicioso o que tergiversó un dictamen con fines aviesos. Se pueden puntualizar los errores, pero no cabe en el lenguaje de un ombudsman hablar de chismes de verduleras o de cochineros''.
Estas expresiones, agregó, ''sólo obstaculizan la investigación. Los titulares de derechos humanos debemos procurar que el Ministerio Público investigue correctamente. No nos corresponde, en lo absoluto, entrar al fondo del asunto. Es más, lo tenemos prohibido. La investigación del delito le corresponde al Ministerio Público''. Criticó que antes de concluida la investigación, una instancia que no tiene competencia emita afirmaciones contundentes en el sentido de que no hubo violación, ''porque de esta manera la CNDH está juzgando, sentenciando y absolviendo a posibles responsables de un delito''.
Ante la avalancha de críticas y acusaciones de ''intencionalidad política'', de las que han sido objeto las instancias oficiales de Veracruz, la comisionada estatal se pregunta: ''¿Por qué sembrar tanta confusión? ¿Por qué las declaraciones múltiples de la CNDH? ¿Por qué la Secretaría de la Defensa ha emitido boletines en los que asienta afirmaciones contradictorias? ¿Por qué la segunda visitadora, Susana Pedroza, habla de la existencia de más de tres mil hojas, si la averiguación previa, radicada en Veracruz, consta a la fecha de 306? ¿Se trata de cantidad o de calidad?''
Por último, la funcionaria señaló que, por experiencia, sabe que muy excepcionalmente una víctima de violación miente. ''Y mucho menos una indígena, ya que su sexualidad concierne a lo más pudibundo de su humanidad''.
''Verificables, los desgarres anales de Ascensión Rosario''
Eficientes, los trabajos de médicos legistas: Noemí Quirasco
BLANCHE PETRICH
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, Noemí Quirasco, sostuvo que el dictamen médico que se le hizo a la anciana nahua Ernestina Ascensión, el pasado 25 de febrero -40 minutos antes de la medianoche-, en el hospital regional de Río Blanco-Orizaba, y las dos necropsias realizadas posteriormente, la primera el 26 de febrero y la segunda el 12 de marzo, coinciden ''en lo medular'', que es la existencia ''perfectamente verificable y comprobada'' de cuatro desgarres en la región anal de la difunta.
La funcionaria, con 27 años de experiencia como agente del Ministerio Público y seis años trabajando específicamente en el área de delitos sexuales, precisó que el análisis especializado de estos tres dictámenes permite afirmar que los trabajos de los médicos legistas fueron ''eficientes'' en el registro de estos desgarres, aunque reconoció que uno de los peritajes, el que suscribió el médico forense Pablo Mendizábal en la primera necropsia, adolece de una ''falla técnica'', al haber registrado la presencia de ''abundante líquido seminal''. No porque no se hubiera encontrado este tipo de fluido, aclaró, sino porque hablar de ''abundante'' no es técnicamente correcto.
Noemí Quirasco añadió que fue asesorada, para revisar estos expedientes, por la ginecóloga Guadalupe Viveros Lagunes, también funcionaria de la CEDH, especialista con 17 años de experiencia en asistir a mujeres, hombres y menores víctimas de agresiones sexuales. ''Y después de revisar con mucha atención todos los peritajes llegamos a la conclusión de que estos desgarres son ciertos. Y esta es la parte medular de la investigación''.
Después de conocer las declaraciones que ayer mismo hizo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, Quirasco respondió en entrevista telefónica: ''Una cosa es decir que por la negligencia de un perito se incurrió en violación de derechos humanos y otra, muy distinta y fuera de lugar, es agregar juicios de valor y afirmar que el perito fue malicioso o que tergiversó un dictamen con fines aviesos. Se pueden puntualizar los errores, pero no cabe en el lenguaje de un ombudsman hablar de chismes de verduleras o de cochineros''.
Estas expresiones, agregó, ''sólo obstaculizan la investigación. Los titulares de derechos humanos debemos procurar que el Ministerio Público investigue correctamente. No nos corresponde, en lo absoluto, entrar al fondo del asunto. Es más, lo tenemos prohibido. La investigación del delito le corresponde al Ministerio Público''. Criticó que antes de concluida la investigación, una instancia que no tiene competencia emita afirmaciones contundentes en el sentido de que no hubo violación, ''porque de esta manera la CNDH está juzgando, sentenciando y absolviendo a posibles responsables de un delito''.
Ante la avalancha de críticas y acusaciones de ''intencionalidad política'', de las que han sido objeto las instancias oficiales de Veracruz, la comisionada estatal se pregunta: ''¿Por qué sembrar tanta confusión? ¿Por qué las declaraciones múltiples de la CNDH? ¿Por qué la Secretaría de la Defensa ha emitido boletines en los que asienta afirmaciones contradictorias? ¿Por qué la segunda visitadora, Susana Pedroza, habla de la existencia de más de tres mil hojas, si la averiguación previa, radicada en Veracruz, consta a la fecha de 306? ¿Se trata de cantidad o de calidad?''
Por último, la funcionaria señaló que, por experiencia, sabe que muy excepcionalmente una víctima de violación miente. ''Y mucho menos una indígena, ya que su sexualidad concierne a lo más pudibundo de su humanidad''.