LA GATROENTERITIS MORTAL

4 abr 2007

La "sed de justicia" por el asesinato de Ernestina Ascencio une a PRD y PRI
Todos los pueblos de la sierra Zongolica reclaman la renuncia de José Luis Soberanes
Crean comité representativo y unitario para dar seguimiento a las investigaciones del crimen
BLANCHE PETRICH ENVIADA


René Huertas, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la sierra Zongolica, conminó a realizar las investigaciones que sean necesarias para resolver el crimen. Lo acompañan los hijos de Ernestina Ascencio Foto: Marco Peláez
Soledad Atzompa, Veracruz, 3 de abril. Con "sed de justicia" y respaldados por todos los pueblos de la sierra Zongolica, los cinco hijos de la señora Ernestina Ascencio demandaron la destitución del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad". Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba y Córdoba.
El presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, que al asumir su papel de autoridad habla por ellos, reitera: "Ellos son testigos de la última palabra de su señora madre, de que fue atacada sexualmente. Y lamentablemente la declaración de la CNDH agrede a la familia. Le pedimos a todas las autoridades que ya no sigan lacerando a los hermanos en este dolor que tienen".
Con estas declaraciones ante un nutrido grupo de periodistas veracruzanos concluyó una intensa y compacta asamblea realizada en el salón de actos de la agencia de Atzompa. Todos los agentes de los 22 municipios de la Zongolica acudieron y aprobaron la iniciativa de exigir la salida de Soberanes del cargo de ombudsman nacional, por considerar que al ventilar públicamente sus puntos de vista sobre la muerte de la señora Ernestina y desconocer la instancia correspondiente, a escala estatal, faltó el respeto a la familia de la víctima. "Nosotros -expresaron las autoridades- respetamos las instancias y los plazos debidos. Nos dijeron que técnica y científicamente había plazos que esperar. Y esperamos. El señor Soberanes, lamentablemente, no lo hizo".
Además de las organizaciones campesinas y de mujeres, las autoridades comunitarias de municipios de las montañas, acudieron representantes de redes ciudadanas de los núcleos urbanos de Mendoza, Nogales, Orizaba, 18 municipios de la zona de Córdoba y varios más de las sierras Negra y de Orizaba, que confluyen con sus alturas y laderas en el verde valle que se extiende a los pies de Atzompa. Hubo priístas y perredistas, líderes rivales que hasta hace poco tenían fricciones y diferencias, grupos de base y cuadros políticos.
A partir de hoy los une una causa común. "Levante la mano quien esté de acuerdo con pedir justicia", pide el presidente de debates. Y en el sofocante auditorio donde está por concluir la asamblea, toda en náhuatl, se levantan todas las manos, hasta las de los niños que asisten pegados a las faldas de sus madres. Y todos dicen en español: "¡Justicia!"
Momentos antes se había propuesto la creación de un comité, representativo y unitario, que arropara con su solidaridad y sus acciones a la familia Inés Ascencio. Más de 50 personas se levantaron a firmar el acta constitutiva. Hacía años que en la sierra Zongolica no se vivía una acción unitaria como esta. Pero además, se anunció que pedirán a todos los legisladores veracruzanos, tanto a los que representan al estado en el Congreso como los diputados locales, a que se sumen a la iniciativa. Más aun, afirmó el regidor de obra pública Julio Atenco, "le tomamos la palabra al señor gobernador (Fidel Herrera), que ha ratificado que lo que se perpetró contra la señora Ernestina fue un crimen y no ocurrió por muerte natural, lo cual lo pone en contradicción con la CNDH. Eso ha marcado un paso muy importante de congruencia del gobierno veracruzano, que queremos reconocer". Sus palabras fueron secundadas por la audiencia.
A partir de este momento, se anunció, se esperará "un tiempo determinado", para que la fiscalía especial asignada al caso por la Procuraduría General de Justicia Estatal, que encabeza Juan Alatriste, lleve a cabo la investigación "hasta sus últimas consecuencias". Pero, advirtió el alcalde Pérez Pascuala, "si no hubiera respuesta a nuestra petición, se iniciarían movilizaciones en diferentes partes de la entidad, pidiendo únicamente que este crimen no quede impune".
Se aclaró, de paso, que aquí "no se está culpando a nadie". Aunque por varios antecedentes de conflictos y atropellos, y por las circunstancias que rodearon la muerte de la abuela Ernestina, incluyendo su último testimonio, no hay duda, en estos pueblos, sobre la responsabilidad de los soldados.
Durante la asamblea, las tres hijas de Ernestina hablaron largamente, con seguridad. La audiencia bebía sus palabras. Algunos vocablos en español daban idea de por dónde iban los discursos: "Anemia no es cierto", "mucho coraje", "presidente de los derechos humanos". Pero ya frente a la prensa, inhibidas frente a un idioma ajeno, resumieron su sentir en unas pocas frases, pronunciadas con las mejillas encendidas: "Tenemos hambre y sed pero no queremos comida ni agua. No queremos dinero, no queremos nada, queremos justicia. Sólo eso, compañeros y compañeras, señor gobernador".
En su turno en el uso de la palabra, el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica (CROISZ), René Huertas, explicó lo difícil que fue para los hermanos Inés Asencio, espiritualmente, acceder a la petición de proceder a exhumar el cuerpo de su madre, apenas un día después de que, conforme a los usos funerarios de los pueblos indígenas, acudieron los dolientes al cementerio a "levantar la cruz" de la difunta. Pero lo hicieron por contribuir a la investigación.
Nadie, de todos los presentes, recordaba un solo caso de exhumación de restos en estos pueblos.
Por ello, insistió, "si alguna institución dice tener la verdad, vamos a pedirle que se dirija a la instancia especializada que el gobierno del estado instruyó. La fiscalía ha asegurado que está dedicada, y sabemos que sí, las 24 horas a trabajar en el caso. Es la única que va a definir legalmente este proceso. Los demás serán simplemente decires. Pero en esos decires no queremos que sigan dañando a la familia".
Por su parte, Julio Atenco señaló que, además de trabajar en la estrategia jurídica, el comité de apoyo a la familia Ascencio trabajará una línea de estrategia de lucha política con apoyo solidario de grupos civiles de México, con diputados federales, entre ellos el perredista nahua Marcos Matías, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas; la organización Enlace Continental de Mujeres, que sólo en México cuenta con más de 100 grupos en toda la República, y con Amnistía Internacional. "En este asunto cada vez más complejo -señaló Atenco- vamos a agotar todas las instancias nacionales, pero sabemos que al final vamos a tener que llegar a instancias internacionales con tal de que este crimen no quede impune."



Revisará la CIDH la situación de los derechos humanos en México
j. jesús esquivel
Washington, 3 de abril (apro).- Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizarán una visita a México, del 9 al 14 de este mes, para revisar la situación de los derechos humanos en el país, justo cuando el gobierno de Felipe Calderón se encuentran enfrascado en una guerra militarizada contra el crimen organizado.

En un escueto comunicado, la CIDH, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que, con la intención de reunirse con miembros de los podes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como representantes de organizaciones no gubernamentales, viajarán a México el doctor Florentin Meléndez, presidente de la Comisión y Relator para México; Santiago Cantón, secretario Ejecutivo, y Daniela Salazar, especialista en derechos humanos para el Sistema Interamericano.

La visita se realizará “con el propósito de observar y recibir información sobre la situación de los derechos humanos…y tener un acercamiento con las nuevas autoridades”, dijo la CIDH.

Por su parte, el gobierno mexicano, que hizo la invitación a la CIDH, indicó --en un comunicado que emitió la Secretaria de Relaciones Exteriores--, señaló que los tres integrantes de la delegación interamericana sostendrán “reuniones de alto nivel” con funcionarios de las secretarías de Gobernación, Seguridad Publica, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

“Como parte de la agenda de trabajo de la CIDH, figuran también reuniones con organismos autónomos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, señaló.

En el comunicado de la SRE, se afirma que, para garantizar la plena independencia de la visita de la CIDH, el gobierno no interviene de forma alguna en esta parte de la agenda de trabajo”.

Al concluir su visita a México, los integrantes de la CIDH emitirán un informe con el resultado de sus observaciones de campo sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Los integrantes de la CIDH se reunirán también con diputados y senadores, como parte de su agenda de trabajo.

La CIDH es un órgano jurídico independiente de la OEA que se dedica a la observación y defensa de los derechos humanos en los 34 países miembros activos del Sistema Interamericano.
Ahora resulta…
cecilia lavalle*
México, D.F., 3 de abril (apro-cimac).- ¿Cuán parecidas pueden ser las lesiones ocasionadas por una violación anal tumultuaria a las causadas por úlceras gástricas? No se ría. Es en serio. Porque ahora resulta que Ernestina, la indígena de 73 años que se dijo murió a consecuencia de las lesiones producidas de la violación de que fue objeto por parte de cuatro militares, en realidad se murió de anemia.

Por eso pregunto, ¿“una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución” se parecen, así sea de lejos, a las lesiones que provocaría una violación vaginal y anal perpetrada por al menos cuatro sujetos?

Porque ahora resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dice que de eso se murió Ernestina. Es más, dice que ni siquiera fue violada.

Ernestina Asunción Rosario, indígena mazahua de 73 años, que vivía en Tetlacinga, pueblo ubicado en la sierra Zongolica, municipio de Atzompa, Veracruz, falleció el 26 de febrero, y su muerte creó gran indignación entre la población, indígena casi toda, de la región.

Y es que Ernestina fue encontrada gravemente herida por familiares a quienes alcanzó a decir antes de morir que los militares se le “habían venido encima”.

Este hecho fue la gota que derramó el vaso para la población, la que ya había denunciado diversos abusos cometidos por los militares destacados en la sierra. Tan es así que indígenas de varias comunidades mantuvieron como rehenes a 150 soldados que estaban en el cuartel.

Al lugar acudió el procurador y el gobernador de Veracruz para distender el conflicto y asegurar, ya sabe, que se haría justicia, que todo el peso de la ley, etcétera, etc.

Tras la autopsia de rigor practicada por tres médicos legistas –tres--, la Procuraduría veracruzana afirmó que Ernestina había sida violada, que tenía graves lesiones anales, fractura de cráneo y la hemorragia interna, producto de la violación, provocó la muerte.

La Secretaría de la Defensa concentró a los soldados en la Ciudad de México. En un boletín de prensa dio a entender que no habían sido sus elementos sino paramilitares. Luego cambió ese boletín por otro.

Luego dijo que ya les había revisado el pene a sus soldados y que ninguno tenía muestras de haber sostenido relaciones sexuales en los días anteriores (¿¡!?).

Después resultó que en la autopsia nadie había tomado muestras de semen porque, al parecer, no se cuenta con el equipo necesario (doble ¿¿¡¡??!!).

Luego --y aquí entra en acción la CNDH-- convencieron a la familia para que se permitiera exhumar el cadáver y realizar todos los estudios necesarios.

Luego, casualmente el lunes anterior, el presidente Felipe Calderón dijo que en realidad Ernestina había muerto de una gastritis mal cuidada. Y el jueves un boletín de la CNDH dice lo que puse entre comillas líneas arriba.

Total, Ernestina no sólo no se murió a consecuencia de las lesiones provocadas por una violación tumultuaria, sino que ahora resulta que ni siquiera fue violada, que no tiene fractura de cráneo, y que su ano y vagina estaban muuuy bien.

Y yo, que entiendo que nuestro glorioso Ejército Nacional expone su vida al estar al frente de la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado. Que entiendo que la Seguridad Pública sea la prioridad para el presidente, al grado de tener que poner al frente al Ejército. No entiendo cómo doña Ernestina pudo confundir una anemia con el hecho de que los militares se le fueron encima.

No entiendo cómo tres médicos legistas –tres-- pudieron confundir “una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas” con fractura de cráneo y lesiones anales.

Ahora, con razón, diputadas piden la exhumación del cadáver nuevamente para que un grupo de especialistas extranjeros dictamine. De ese tamaño es la desconfianza.

Y no es para menos. Si Digna Ochoa “se suicidó”, Ernestina se puede morir de cáncer. Y si me apura, en una de esas también se suicidó.

A pie de página. ¿Quién cree usted que fue invitado especial al segundo informe de gobierno de Félix González Canto, gobernador de Quintana Roo? ¡El góber precioso!, el mismísimo Mario Marín, gobernador de Puebla, quien es investigado por la Suprema Corte de Justicia por la violación de las garantías individuales de la ciudadana quintanarroense Lydia Cacho, quien defiende de la violencia a mujeres y niñas.

Eso sí, en su discurso, el gobernador quintanarroense refrendó su compromiso “de combatir con instrumentos jurídicos eficaces la violencia contra la mujer”.