LA IMPUNIDAD DE LOS MILITARES

En Zongolica se gesta una movilización que clama "por la verdad y la justicia"
Quince personas vieron y asistieron a Ernestina en sus 12 últimas horas
Testigos relatan una historia contraria a la versión de fallecimiento por causas naturales
BLANCHE PETRICH


El cadáver de Ernestina Ascensio Rosario Foto: Cortesía de Proceso
En el lapso de casi doce horas que transcurrieron entre las cinco de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando la abuela nahua Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue encontrada malherida en un paraje de su pueblo, Tetlatzinga, y la madrugada del lunes 26, cuando expiró, al menos 15 personas la vieron y asistieron en su agonía.
Sus hijos Julio, Marta, Francisco, dos vecinos de la comunidad, Luis Aguilar y José Vázquez, la enfermera de la clínica rural de la comunidad de Acultzinapa, de nombre Luisa, un médico de Ciudad Mendoza y tres especialistas del hospital regional de Río Blanco, que la atendieron durante siete horas y media en terapia intensiva, la vieron moribunda y constataron su estado físico.
También son testigos el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el regidor, el comandante de la policía municipal y el juez que lo acompañaron. Y René Huerta, dirigente de Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica. Todos relatan una historia que no coincide con la hipótesis de muerte natural, por úlceras pépticas y anemia.
El acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y declaraciones del procurador estatal, Emetrio López, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana. Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.
Esta fue la hipótesis que prevaleció entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, cuando el presidente Felipe Calderón, en entrevista con Elena Gallegos y Claudia Herrera, de La Jornada, dijo que la señora había muerto "por gastritis". A partir de entonces la versión oficial cambió de dirección y la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, se lanzaron a secundar al mandatario con la hipótesis de muerte por enfermedad.
"Lo que la gente vio y sabe"
Pero "lo que nuestra gente vio y sabe no se puede borrar con declaraciones oficiales", sostiene Julio Atenco, funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ).
Por eso, el alcalde y su cabildo, acompañado por las autoridades de las 36 comunidades del municipio, acudieron el jueves 29 a Xalapa a entregar al gobierno estatal un pronunciamiento en el que ofrecen "no hablar" en los próximos 15 días y esperar el resultado oficial de las investigaciones, a cargo del fiscal especial Juan Alatriste. Pero advierten: "Si no tenemos resultados y se continúa haciendo lo posible para garantizar impunidad a los militares, entonces nuestro pueblo iniciará una movilización social". Solicitan "a pesar de todo", audiencias con Calderón y el ombudsman. Su petición no ha merecido respuesta.
Los testimonios de la muerte de Ernestina, presentados ante el Ministerio Público y dos visitadores de la CNDH describen a la mujer tirada en una loma en las afueras del pueblo, a unos pasos de un campamento militar. "Tenía la falda levantada, se le veían sus piernitas", dijo Luis Aguilar. El y José Vázquez, indígenas nahuas, ayudaron a levantarla con todo cuidado para subirla a la camioneta en la que fue trasladada.
Además está el testimonio de su hija Marta, que declaró a los funcionarios de la procuraduría estatal y a los periodistas que su madre, antes de expirar, le dijo que había sido agredida por soldados. Funcionarios federales del más alto nivel pretenden hoy "desmentir" esa confesión de la madre a su hija, instantes antes de expirar.
Los 22 agentes municipales que acompañaron a Pérez Pascuala a dar testimonio de la muerte violenta de quien llaman "nuestra hermana mayor" respaldan la convicción del dirigente: "No dudamos de la palabra de la difunta Ernestina".
Se cuenta además con el testimonio de René Huerta, líder de la CROISZ, uno de los hombres que ayudó a bajar a doña Ernestina de la camioneta en el hospital de Río Blanco, en una cobija. "Sí sangraba. El médico de guardia la tapó con una bata. Escuché el testimonio de sus hijos. Ellos no mienten ni tienen motivo para hacerlo."
Los médicos legistas María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, que dictaminaron muerte violenta por hemorragia causado por un desgarre interno, ahora se niegan a hacer cualquier declaración, incluso en defensa propia, acorralados por la fuerte campaña gubernamental. Han sido amenazados con una investigación penal para determinar si incurrieron en negligencia y "declaraciones falsas".
Otros testigos también empiezan a retractarse, como Marcos Rojas, ex subagente municipal de Tetlatzinga, que había declarado ante las autoridades que a la una de la tarde, dos horas antes del presunto ataque a Ernestina (se calcula que habría ocurrido entre las dos y tres de la tarde) había visto a dos soldados en el paraje donde ocurrieron los hechos. Agregó un detalle: los militares estaban comiendo naranjas. Los visitadores de la CNDH acudieron al lugar y constataron que había cáscaras de naranja.
Se ha insinuado que los hombres a los que vio Rojas eran "civiles disfrazados de militares o guerrilleros". Esto es "imposible", porque nadie en la sierra ha visto guerrilleros, asegura Julio Atenco. Y si los hubiera, "difícilmente estarían descansando y comiendo naranjas a unos pasos de un campamento militar".
Pero mientras en el Distrito Federal se teje, difunde y defiende la hipótesis por muerte natural, en Xalapa se habla -según fuentes del palacio de gobierno- de "una confrontación" entre el gobierno estatal y el federal, y en Zongolica se gesta una movilización que clama "por la verdad y la justicia".
"La familia de doña Ernestina le abrió sus puertas a la CNDH, accedió a la exhumación y la segunda necropsia. Sólo pidieron respeto a su dignidad, a su dolor y a su inteligencia. No es lo que ha hecho Soberanes. Hay que tener cuidado. Declaraciones irresponsables sobre un hecho tan delicado puede poner en riesgo la tranquilidad de toda la Zongolica", recomienda Huerta, líder de la CROISZ.
Antes de la muerte de Ernestina, explica Mauricio Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) "ya había un ambiente muy fuerte" de tensión entre el Ejército y las comunidades del municipio de Soledad Atzompa y sus vecindades, generada por el soterrado conflicto por la explotación forestal.
La incursión de soldados en los pueblos de la montaña "se da por temporadas, para inhibir que la gente busque otras opciones de organización", explica el líder, quien admite que los incidentes "son constantes, pero nadie habla de ellos".
La mayoría de los roces entre soldados y pobladores se produce porque los militares acostumbran tomar la leña que necesitan sin pedirla, mucho menos comprarla. Los indígenas no organizados, cuyas labores de explotación forestal es calificada como "tala ilegal", bajan la cabeza y se resignan. Pero, aclara Xocua, "la gente organizada en grupos productivos de uso sustentable de la madera no. Acuden al cuartel y denuncian estos robos. Eso disgusta a los militares".
El problema forestal en Zongolica se agudizó a raíz de una iniciativa del gobierno estatal de "prohibir la tala clandestina", sin tomar en cuenta los proyectos sustentables de las organizaciones. "Llegan sin presentar alternativas a para la gente que no tiene otra fuente de subsistencia. Esto genera inconformidad, se han tomado alcaldías y agencias municipales. De vez en cuando la autoridad confisca una motosierra, o la leña de la gente. Además se percibe la intención del gobierno de distorsionar los hechos, cuando habla de guerrillas, cuando hace décadas que no hay movimiento armado en la zona. Eso agrava la situación de ofensa en la comunidad".
Xocua asegura que Zongolica "está muy organizada". Predominan en la región la OCISZ y la CROISZ. Y considera que puede venir una respuesta en solidaridad con la demanda de justicia de Soledad Atzompa de los 14 municipios de la sierra, "siempre y cuando así lo solicite la comunidad".



Documenta la Auditoría Superior discrecionalidad y dispendio salarial en ese órgano
En 2005, 19 funcionarios del TEPJF cobraron más que Fox
El magistrado presidente, Leonel Castillo, percibió en ese año 8 millones 442 mil 890 pesos
ENRIQUE MENDEZ


Entrega-recepción del informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2005, el pasado 29 de marzo Foto: José Antonio López


Sesión del Tribunal Electoral. Imagen de archivo Foto: Marco Peláez
Al documentar la discrecionalidad y el dispendio salarial de la cúpula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que 19 altos funcionarios de ese órgano recibieron, cada uno, un sueldo anual superior al que percibió Vicente Fox como presidente de la República, en 2005.
Más aún, el monto total de los ingresos de los magistrados y los altos funcionarios del TEPJF -que en 2006 calificaron la elección presidencial en favor de Felipe Calderón- fue de 95 millones 926 mil 870 pesos, lo cual constituye 12 por ciento del presupuesto destinado a salarios, que en 2005 fue de 801 millones 865 mil 100 pesos. Esa cantidad, a su vez, representa 71 por ciento del total del presupuesto del tribunal, lo que refleja una alta concentración de gasto en salarios, prestaciones y bonos.
Por primera vez desde que se constituyó el organismo electoral, la ASF revisó integralmente su ejercicio del capítulo 1000, servicios personales, y como resultado ''detectó discrecionalidad en la asignación y uso de dichos recursos''.
Sin embargo, ante el dispendio, la auditoría sólo recomendó ''establecer disposiciones y mecanismos que racionalicen las percepciones de los servidores públicos de ese alto tribunal'', aun cuando en sus conclusiones a la revisión de la cuenta pública determinó que, al utilizar de manera discrecional los recursos para el pago de bonos y prebendas, los magistrados violaron las medidas de austeridad definidas por la Cámara de Diputados para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
El magistrado presidente
El órgano fiscalizador concluyó que el ahora ex presidente del tribunal, Leonel Castillo, percibió en ese año 8 millones 442 mil 890 pesos, como sueldo y prestaciones especiales, monto superior en 4 millones 798 mil 630 al obtenido por Fox. No sólo eso: un secretario general de acuerdos ganó casi 40 mil pesos más que el jefe del Ejecutivo.
Las gratificaciones abultaron los ingresos de Castillo, que fueron enlistados por la ASF en una tabla especial para compararlos con los del mandatario, y en ella se incluyen apoyos para pago de renta y de colegiaturas, de gasolina, de lentes e inclusive un vale por un pavo.
Así, determinó que una cuarta parte de los ingresos del magistrado fueron por la denominada ''compensación garantizada'', que le permitió ingresos por 2 millones 182 mil 78 pesos; además, obtuvo los siguientes beneficios, no contemplados para el mandatario: prestaciones de previsión social, 196 mil 89 pesos; prestaciones inherentes al cargo, 606 mil 80; prima quinquenal, 16 mil 320; gastos de representación, 12 mil 200; seguro de separación individualizada FS, 64 mil 120; ayuda de medicinas, 34 mil 500; ayuda de despensa, 230; ayuda de gasolina, 13 mil 500, y subsidio de renta, 30 mil 900 pesos.
También, apoyo para anteojos, 4 mil pesos; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad, un millón 254 mil 560; estímulo anual, 301 mil 880; apoyo para el desarrollo personal y profesional, 627 mil 280; compensación extraordinaria, un millón 568 mil 200; apoyo económico escolar, 21 mil; compensación por servicios especiales, 156 mil 820; prestaciones de fin de año, 14 mil 290; apoyo para gastos complementarios, 3 mil 400, y un vale para un pavo por 710 pesos.
La asignación de esas prestaciones se incluyó en diversas partidas, aunque todas forman parte del rubro estímulos por productividad, al que el tribunal se asignó 112 millones 530 mil 600 pesos.
Un monto de esa naturaleza le permitió al TEPJF entregar bonos a los magistrados, y a su elite, de la siguiente manera: de ocho a 12 meses de salario bruto por estímulo anual; de cinco meses de salario por compensación extraordinaria; de cuatro meses de sueldo por ayuda de fomento a la cultura; de cuatro meses por ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad, y de dos meses como ayuda para el desarrollo personal y profesional. Tan sólo en el caso de estos dos últimos rubros, el tribunal gastó 83 millones 783 mil 600 pesos, pero se trata de recursos destinados sólo a servidores públicos de mando superior, es decir, a 19 personas, desde el secretario técnico administrativo hasta los magistrados.
Y aun cuando el pago de ambos estímulos está condicionado a la disponibilidad presupuestal, el tribunal electoral los presupuestó de origen y ''realizó pagos individuales discrecionales de entre 11 mil 700 y un millón 254 mil 600 pesos. Lo hizo, además, anticipadamente, en junio y agosto de 2005, cuando que por disposición legal del propio tribunal deben ser pagados en noviembre.
En ambos casos, la ASF cuestionó que se pagara el bono de fomento a la cultura de la legalidad sin considerar las posibles bajas de personal de manera posterior, y su disposición fuera de los tiempos legales implicó un costo financiero de 129 mil pesos.
Aguinaldo en abril
El uso discrecional de los dineros públicos inclusive llevó al TEPJF a entregar el ''estímulo anual'' a sus altos funcionarios en abril de 2005, y no en diciembre. En este caso, el desembolso de dicha prestación implicó 26 millones 704 mil 100 pesos.
La auditoría determinó ''que dicho estímulo se pagó de manera anticipada en la segunda quincena del mes de abril de 2005, pero correspondió al tiempo laborado del primero de enero al 31 de diciembre de 2005'', aun cuando dicho pago estaba acotado ''a condiciones futuras de realización, es decir, a disponibilidad presupuestal''.
Además, el uso prematuro de esos recursos implicó un costo financiero de 304 mil pesos de intereses, que la ASF considera deben ser justificados o bien reintegrados a la Tesorería de la Federación.
El tribunal también dispuso de 147 millones 879 mil pesos como ''compensación extraordinaria'' de cinco meses adicionales de salario a magistrados, directivos y trabajadores, incluido el personal de honorarios, sin que fueran aprobados lineamientos que precisaran y regularan el pago de esa prestación.
La ASF consideró un probable daño económico, por el pago anticipado de bonos, de 433 mil pesos, que deben ser aclarados o recuperados por el tribunal.