MEXICO CAMINO AL FASCISMO

Aprueban paquete antiterrorista que criminaliza la protesta social


VICTOR BALLINAS , ANDREA BECERRIL

Con una cámara fotográfica, el senador panista Gustavo Madero. Lo acompañan Graco Ramírez, Jesús Murillo Karam y José Eduardo Calzada, durante la sesión de ayer en el recinto legislativo de Xicoténcatl Foto: Micphotopress
El Senado de la República aprobó ayer reformas a 12 leyes, con el propósito de sancionar el terrorismo y a quienes lo financian, a pesar de que -como advirtieron PRD, PT y Convergencia, se "criminaliza la protesta social" y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas.
El perredista Pablo Gómez señaló que con la redacción propuesta al artículo 139 del Código Penal Federal "se sigue la consigna de los gringos, que han pedido a todo el mundo que colabore contra el terrorismo, pero aquí, en México, se fue más allá, al incluir como actividades terroristas todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación".
El PRI coincidió en que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que se propone "efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termina en tribunales y culmin con una condena de quien hace uso de sus derechos políticos", señaló el senador Fernando Castro Trenti.
Reconoció que ese párrafo tendrá que ser modificado, y no sólo eso, sino que se necesita una reforma de fondo sobre el tema. Sin embargo, se desecharon los argumentos del Frente Amplio Progresista, por lo cual las reformas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y diversos ordenamientos financieros se aprobaron con 85 votos en favor.
Durante el debate, el senador del PRD Tomás Torres dijo que es preocupante la definición genérica de terrorismo que se señala en el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
Tufo echeverrista de los cambios
Pablo Gómez resaltó que "ese artículo es viejo: fue introducido en la época de Luis Echeverría, cuando existían la guerra sucia y la persecución de guerrilleros, y tiene como contenido fundamental que el objeto de la conducta ilícita es atacar al Estado".
Ahora, explicó, se está cambiando ese concepto por "actuar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Toda la parte que tiene que ver con el terrorismo internacional, con el lavado de dinero o de instituciones financieras, yo creo que está bien, está bien que México acepte esta petición del gobierno de Estados Unidos, pero al aceptar ese planteamiento se le puso aquí, en México, en el delito de terrorismo, atentar contra la seguridad o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
El perredista pidió que no fuera aprobado en esos términos el artículo 139, "porque en realidad no está dirigido contra los terroristas, sino contra las personas que por cualquier otro medio violento puedan tratar de obligar a alguien, a una autoridad, a resolver en determinado momento. Aquí, en México, cuando se bloquea una carretera, los mandan diez años a la cárcel de máxima seguridad, a Almoloya; eso es lo que ha hecho el gobierno del PAN: por ataques a las vías de comunicación vas a la cárcel 20 años".
El senador priísta Castro Trenti se sumó a la argumentación perredista: "la redacción deja un mal sabor y una preocupación a todos, en especial a los luchadores sociales, por aquello de que 'pueda causarse un daño por cualquier otro medio violento'. Eso es lo que se inscribe en el marco de la preocupación".
Sin embargo pidió que se votara en favor, porque en la Cámara de Diputados se apoyó por consenso, y se comprometió a "hacer una reforma de inmediato" -una vez aprobada esta--, que deje satisfechos a todos e impida un uso discrecional de la ley en perjuicio de los luchadores sociales.
El senador panista Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que la reforma busca tutelar la seguridad nacional y sancionar a quien pretenda, efectivamente, causar temor y alarma entre la sociedad.
Eso, subrayó, es muy diferente a la libre manifestación, y también "es diferente a situaciones de carácter local que están previstas en la ley y que no tienen el propósito ni de crear terror ni de cometer actos violentos".
Insistió en que no deben confundirse las manifestaciones sociales y políticas con los actos de terrorismo.
Con las reformas aprobadas se aplicará pena de nueve años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Asimismo, se aplicará pena de cinco a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo.
También se fijaron castigos de seis a 40 años de cárcel y hasta mil 200 días de multa al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para apoyar a personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.
Otras reformas aprobadas
Durante la última sesión del periodo, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para imponer sanciones de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días de multa a la persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan.
Se sancionará con pena de dos a ocho años de prisión, y de cien a 500 días de multa la promoción, publicación, distribución, en tiempo real o diferido, de las imágenes o fotografías sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan.
Asimismo, se aprobaron las reformas al artículo 301 del Código Penal Federal mediante las cuales se sancionará a quien azuce o suelte a un animal bravío para provocar lesiones o causar la muerte de un individuo.
Confirman millonario desvío de Napoleón Gómez Urrutia
Parte del fideicomiso minero se depositaba a un mensajero y éste ''lo repartía''
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
Desde la secretaría general del sindicato minero, el ratificado dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, desvió entre 2004 y 2006 recursos hacia cuentas ajenas a la organización, incluidos pagos a las tarjetas de crédito de su esposa e hijos. La anterior es una información derivada de reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia de la Secretaría de Hacienda que contribuye en investigaciones de lavado de dinero.
Según documentos hechos llegar a La Jornada, cuya autenticidad fue corroborada por dos fuentes diferentes, una parte de los 55 millones de dólares que el sindicato minero recibió del Grupo México por la compra de 5 por ciento de acciones de filiales de esa compañía minera, tuvo un destino diferente al de ser repartido entre los agremiados. El señalamiento sirvió para la persecución judicial de Gómez Urrutia, quien ha negado el desvío de recursos.
Este diario solicitó en varias ocasiones durante la última semana una entrevista con Napoleón Gómez Urrutia para conocer su opinión sobre estos documentos, pero la petición no ha sido atendida.
Los documentos en poder de este diario establecen por primera vez la ruta del dinero y la forma en que fue utilizada una parte de esos 55 millones de dólares para transacciones tan diferentes como la compra de bonos de la deuda brasileña; inversiones en Turquía, y transferencias al Laredo National Bank, un intermediario con sede en Texas. Aunque no son ilegales por sí mismas, ese tipo de transacciones no estaban consideradas en el fideicomiso, constituido en Scotiabank Inverlat, en que fueron depositados los recursos de la venta de acciones.
La ruta del dinero lleva a un personaje que hasta ahora ha recibido poca atención pública, Gregorio Pérez Romo, de 41 años de edad y desde hace 22 empleado del sindicato, donde ocupaba una plaza como mensajero. Pérez Romo, residente en Ecatepec, estado de México, fue condenado por fraude por un tribunal de San Luis Potosí en octubre pasado, en un juicio en el que fue hallado corresponsable del desvío de al menos 28 millones de pesos de los recursos recibidos por la venta de acciones. Una cantidad pequeña respecto del total, pero con la que se realizaron transacciones que pueden involucrar lavado de dinero.
Según la resolución judicial que encontró culpable de fraude a Pérez Romo, el mensajero aceptó que su cuenta de pago de nómina, en una sucursal de BBVA-Bancomer en la colonia Del Valle, fuera utilizada para recibir aportaciones por más de 5 millones de pesos.
Pérez Romo declaró que su cuenta fue utilizada para depositar cheques firmados por Gómez Urrutia y el tesorero de la organización sindical, Héctor Félix Estrella. Según información de la UIF, en el oficio UIF_RP41/06, asentada en la resolución judicial, en dos años la cuenta de nómina del mensajero recibió 21 aportaciones por un total de 5 millones 246 mil 774.10; otros 135 mil pesos en centenarios, 10 mil euros y 23 mil 528 dólares.
Asienta la resolución judicial que el mensajero declaró en el proceso que su cuenta de nómina recibía depósitos diferentes a su salario ''por cantidades estratosféricas''. Su labor consistía en retirarlos de su cuenta (1124453638) de la sucursal Etiopía, para después depositarlos en las ''cuentas que le indicaba el tesorero Félix Estrella''. Según su testimonio, realizó transacciones de este tipo ''por unos 12 millones de pesos''.
El origen
El 22 de octubre de 2004, el sindicato minero, representado por Gómez Urrutia, firmó con el Grupo México, del empresario Germán Larrea, un convenio para la venta al corporativo de 5 por ciento de acciones que la organización gremial había recibido en el proceso de privatización de la industria en el gobierno de Carlos Salinas. El paquete accionario fue tasado en 55 millones de dólares. Esa cantidad fue aportada a un fideicomiso con el fin de que fuera repartido a un grupo de trabajadores. El gobierno de Vicente Fox, según un dictamen de la Procuraduría General de la República, recurrió a prácticas ilegales, como la falsificación de firmas, para desconocer a Gómez Urrutia como líder -en el contexto de la explosión de la mina Pasta de Conchos, de Grupo México. El argumento fue que había hecho uso ilícito de los 55 millones de dólares. Fue señalado de desviar al menos 22 millones de dólares. Gómez Urrutia fue restituido en la dirección del sindicato la semana pasada. Sigue exiliado en Canadá, porque todavía enfrenta procesos judiciales.
El mensajero
Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del sindicato y uno de los hombres más cercanos a Gómez Urrutia, negó ayer en declaraciones a este diario la veracidad de los documentos de la CNBV y la UIF. ''Es una gran mentira'', dijo respecto del conjunto de pruebas sobre operaciones financieras.
Fue interrogado sobre el papel del mensajero. La Jornada tiene documentadas todas las transacciones que realizó desde su cuenta de nómina y los depósitos, que no corresponden con el nivel de ingresos que recibía y de los cheques que le entregaba el tesorero.
La respuesta de Pavón fue que, efectivamente, la cuenta de nómina de Gregorio Pérez Romo recibía fondos del sindicato ajenos al pago de su salario. ''Se le depositaban para que él a su vez, desde su cuenta de nómina, los trasladara a cada delegado del sindicato en el país. Se le hacían los depósitos a su cuenta (del mensajero) y él a su vez lo distribuía a quien debiera''.
Legalmente, las operaciones de una persona moral, como lo es el sindicato, no pueden ser realizadas desde la cuenta bancaria de una persona física, que no puede expedir recibos a nombre del sindicato, en el caso documentado.
-¿Por qué a esa cuenta?
-Porque lo conocían en el banco -respondió Pavón. Desconozco los montos que se depositaron para los delegados.
La prueba oculta
Cuando Pavón fue interrogado sobre el hecho de que la CNBV aportó pruebas documentales sobre los movimientos bancarios del mensajero insistió en que esas pruebas no existen y aseguró que la comisión entregó a la Procuraduría General de la República, en el ocaso de la administración federal pasada, un oficio en el que, afirmó, el organismo regulador ''declara que no hay delito que perseguir en la operación del fideicomiso donde se depositaron los 55 millones de dólares''. Ese oficio, aseveró, está en poder de los abogados de Gómez Urrutia.
-¿Por qué una prueba tan contundente para Gómez Urrutia, si ya la tienen sus abogados, no ha sido exhibida públicamente?
-Ya tienen ese oficio los abogados y lo van a utilizar para pedir la anulación de las órdenes de aprehensión -respondió Pavón.
-¿Pero por qué no lo han hecho público si es una prueba que puede ser tan contundente como la que exhibieron sobre falsificación de firmas?
-Lo están estudiando.
La CNBV no tiene entre sus atribuciones la de juzgar delitos financieros. Sólo aporta información requerida por la autoridad judicial.
Un oficio de la CNBV, de fecha 28 de noviembre de 2005, incorporado al legajo de documentos en el juicio contra el mensajero, da cuenta de algunas de las operaciones realizadas desde las cuentas del sindicato minero.
Algunas operaciones fueron realizadas desde Consultoría Internacional, Casa de Cambio SA, una de las intermediarias a las que el mensajero transfería dinero cuando era depositado en su cuenta de nómina.
Son: transferencias por 40 mil 500 dólares a las cuentas en American Express 376667969023003 y 371386409591009, a nombre de Alejandro Gómez Casso, hijo de Gómez Urrutia.
Otros 66 mil dólares a un particular llamado Bernardo Ortiz Garza, a una cuenta en el Laredo National Bank; 33 mil francos suizos a nombre de la International Metalworks Federation, a la cuenta CH8808440246564290090, en el Coopchbbcoop Bank, en Suiza.
En total son 28 millones de pesos que, según la sentencia judicial, fueron desviados por Gómez Urrutia. Además de las citadas, hay transferencias a otro de sus hijos, Ernesto Gómez Casso, por 40 mil dólares; a una empresa de seguridad, Ballistic Protection, por 8 mil 855 dólares; a una particular de nombre María del Carmen Páez Martínez de la Garza Evia, por 1.9 millones de dólares; y al fondo turco Selahattin Turcan, por 28 mil dólares.