UNA ACCION REPRESIVA, LA VIOLACION.

El ataque a Ernestina Ascención, posible "mensaje de escarmiento": autoridades
"No hay oposición a la presencia del Ejército, pero pedimos que no pisoteen derechos"
BLANCHE PETRICH ENVIADA


"Creo que la queja que presentamos" contra soldados "está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina", afirmó el alcalde Javier Pérez Pascuala Foto: Marco Peláez
Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresión física que mató a la anciana Ernestina Ascención Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jesús Orozco, recibió una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.
El presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, también debían haber estado enterados de este antecedente, pues el oficio presentado por las autoridades municipales de Soledad Atzompa tenía copia para ambos.
El presidente municipal Javier Pérez Pascuala no descarta que el ataque a la señora Ernestina Ascención, de 72 años, estuviera relacionado con la irritación de algunos oficiales por ese documento. "Creo que la queja que presentamos sí está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina. Sí pudo haber sido una represalia, sí pudo ser un mensaje de escarmiento".
Considera que los hechos tendrán graves consecuencias en la forzada convivencia entre los soldados y los indígenas de las comunidades serranas.
"La gente aquí ya está viendo que va a haber impunidad. Cuando vuelvan los soldados la población va a tener más miedo. El temor es que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto mayor."
Para Modesto, campesino que hace honor a su nombre con su camisa raída y sus viejos huaraches, el enésimo incidente provocado por los soldados en su comunidad -robo de leña, abuso de autoridad y faltas de respeto a los pobladores- fue la gota que derramó el vaso. Y no le importó ser, como agente municipal, el último escalón dentro de las estructuras de gobierno local para querer poner un alto a los excesos.
"Siempre pasa, desde hace años", explica Modesto a La Jornada. "Abusan y no respetan. Llegan a nuestras tiendecitas, que de por sí casi no tienen nada, piden refresco, piden comida y no pagan. Toman la leña de la gente sin pedirla. Se instalan en sus propiedades y ni siquiera piden permiso. Por temor, desde hace tiempo que muchas familias ya no mandan a sus hijas a la escuela, porque las chamacas tienen que caminar lejos, solas por las veredas. Con los soldados no se sabe".
No es habitual que en pueblos como éstos las violaciones y hostigamientos a las mujeres se denuncien. Son historias que se cuentan por lo bajo. Si hay víctimas, éstas prefieren el silencio para no ser estigmatizadas.
Pero lo que decidió al agente Modesto a presentar su queja por escrito fue la respuesta que recibió del cabo de infantería Edwin Martínez ante su reclamo. "Nosotros venimos con instrucciones superiores y aquí hacemos como queremos", le dijo.
"¿Quién es el confundido?"
Convocado como mediador, el alcalde Pérez Pascuala intentó hacer valer la palabra de la autoridad municipal y en respuesta, a él "también lo maltrataron".
Le contestaron que "estaba confundido, que tenía que entender que una autoridad federal siempre iba a estar por encima de la municipal". El alcalde respondió: "¿Quién es el confundido? Porque yo no estoy enterado que haya sido derogada la Ley Orgánica del Municipio Libre. Me parece que el confundido es usted". Y, según consta en el oficio, el militar interpelado "sólo nos miró con desprecio" y dio por concluida la discusión. Entonces, para aclarar el punto, las autoridades municipales resolvieron llevar sus siempre infructuosas quejas orales al papel. Así, por primera vez, los reclamos sin respuesta se plasmaron en un oficio con todas las firmas y sellos de rigor.
Nunca habían presentado un escrito así, a pesar de que el "mal comportamiento" de los militares venía de mucho tiempo atrás; desde que, a mediados de los años noventa, empezaron los patrullajes de supuestos operativos contrainsurgentes y contra el narcotráfico.
El presidente municipal niega que la población de Zongolica se oponga a la presencia del Ejército. Justamente eso fue lo que reiteró cuando habló con el secretario Galván el pasado 8 de marzo durante la audiencia con legisladores perredistas -Javier González Garza, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta, Patricia Martínez, Juan Carlos Mezhua y Norberto Carrasco- en Lomas de Sotelo.
"Le expuse que entre nosotros no hay oposición a la presencia del Ejército. Tienen el paso libre, pero se les pide que no pisoteen el derecho de la gente."
Con esta afirmación, las autoridades de Soledad Atzompa rectifican las duras palabras que dirigieron el primero de marzo a Calderón en una carta en la que expresaban: "La institución castrense hasta ahora no nos ha servido; por el contrario, sólo nos ha agredido, atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva jamás".
Los sucesos del 25 y el 27 de febrero, después del ataque y la muerte de la señora Ascensión, pudieron haberse desbordado. La misma noche del domingo la noticia se regó como pólvora en el escarpado caserío de Tetlatzinga. "¡Que los soldados violaron a la Ernestina!" Al anochecer miles de hombres se habían congregado frente a la presidencia municipal en la cabecera, bloqueando la carretera que baja al valle de Orizaba y cerrando el paso de un convoy militar que intentaba salir de la zona.
Era una patrulla donde viajaba el capitán José Soberanes y cuatro soldados rasos que iban de civil. La gente sospechaba que eran los culpables. El capitán persuadió al alcalde para que le cedieran el paso con el argumento, que resultó falso, de que los llevaba "arrestados".
Al día siguiente eran cerca de 6 mil los que se congregaron en una hondonada de Tetlatzinga, dispuestos a avanzar los 500 metros que los separaban del campamento militar, donde se habían atrincherado los 120 soldados del campamento, todos armados. Esa fue la escena que encontró el gobernador Fidel Herrera cuando su helicóptero descendió en el poblado para apaciguar los ánimos encendidos.
"Mi pueblo -afirma Pérez Pascuala- es muy sabio a pesar de no tener educación. Ese día demostramos que somos prudentes, que estamos dispuestos a canalizar nuestro coraje por la vía de diálogo y la exigencia de justicia."
El alcalde es un luchador social con un largo camino andado. "Mucho antes del zapatismo", cuenta, "desde mediados de los ochenta, empezamos a defender nuestros territorios y nuestros derechos".
Fue dirigente del Centro Promotor de Justicia. Azompa es uno de los cinco municipios perredistas de la sierra. Pero en las 22 jurisdicciones -cinco del sol azteca, tres de los más poblados panistas y el resto priístas- se participa unitariamente en las agrupaciones productivas y de gestión, donde tienen presencia la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica. Incluso la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl) mantiene su trabajo en la zona.
El arresto de la veracruzana Gloria Arenas, fundadora del TINAM en los años ochenta y posteriormente dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en Guerrero en 1999 (actualmente sentenciada a 50 años de prisión), alimentó versiones que datan de 1996 sobre supuestas "ligas" de las agrupaciones de Zongolica con grupos armados, lo mismo que el arresto, el año pasado, de los hermanos Gerardo y Jorge Txompaxtle, presuntamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario.
Esta semana, a raíz de la muerte de Ernestina Ascención, la presunta vinculación del Ejército con los hechos, el reclamo de justicia y la fricción entre los gobiernos estatal y federal, un anónimo que fue distribuido a la prensa veracruzana señala los líderes de la Zongolica -Pérez Pascuala, René Huertas, Maurilio Xocua y Julio Atenco- como miembros "de una organización violenta y oscura" y con relaciones con la guerrilla.
"Falso -responde el alcalde-; nosotros siempre hemos dado la cara desde nuestras organizaciones, que son legales".
Vergüenza
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- No es ninguna casualidad. En momentos en que en el país está en duda la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde Washington se difunde un vergonzoso informe que confirma la impunidad de quienes han violado los derechos humanos en el país.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), observadora de la situación de los derechos humanos en el mundo, emitió el pasado jueves 5 un informe internacional que demuestra el desprecio del Estado mexicano hacia las graves violaciones a las garantías individuales cometidas por algunos de sus integrantes, civiles y uniformados.

Bastó una comparación básica de HRW para demostrar lo dicho por varios organismos defensores de derechos humanos en el país: que el Estado mexicano tiene el peor comportamiento en América Latina en la investigación y sanción de los abusos cometidos por los gobiernos de la región en la época de las llamadas “guerras sucias”.

Mientras en Argentina, Chile y Uruguay los gobiernos que sucedieron a las dictaduras militares investigaron y encarcelaron a varios de los jefes castrenses, policiales y políticos responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, secuestros y desapariciones por motivos políticos, en México la historia resultó muy distinta.

HRW no dudó en calificar como “decepcionante” la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pues no dio resultados concretos no sólo para sentenciar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años sesenta y setenta, principalmente, sino para reparar a las víctimas de las actuaciones del Ejército, las policías o los cuerpos irregulares y paramilitares financiados y preparados por el Estado.

Creada por Vicente Fox al arranque de su gobierno, más por obligación política que por compromiso con los derechos humanos, la fiscalía despareció con más pena que gloria, y sin ninguna señal de que el gobierno de Felipe Calderón pretenda retomar los muchos pendientes que dejó la oficina que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

El exfiscal, un retórico abogado que nunca había litigado, apenas y puede mencionar como logro el proceso judicial iniciado en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pero ese caso podría quedar cerrado en definitiva en las próximas semanas si la justicia federal acaba por desestimar sus débiles argumentos sobre el genocidio en México.

Solazado en el escándalo por la actuación contra Echeverría, Carrillo nada puede decir sobre el desempeño de la fiscalía en contra de miembros del Ejército, señalados como los principales violadores a los derechos humanos en estados como Guerrero durante el combate a la guerrilla en aquella época.

El mensaje fue el de la impunidad. Ningún castigo, ninguna responsabilidad ni reparación. Ningún señalamiento oficial, protocolario, sobre la verdad de lo ocurrido y que cuestionara la actuación de los militares, no sólo en esa sureña entidad, sino en otras.

Por su lado, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, se comporta de igual modo. Cuestionado de por sí por varias organizaciones de derechos humanos, el llamado ombudsman nacional tiene ahora al organismo metido en una crisis de credibilidad.

Su actuación ante el deceso de la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, por una presunta violación cometida por militares, coloca al organismo como un apéndice del gobierno federal.

Cada vez le resulta más difícil a la CNDH defender la línea trazada por el propio Calderón respecto de los motivos de la muerte de la anciana, y que sólo sirvió para enredar más las investigaciones.

El michoacano tiene un motivo muy claro para deslindar al Ejército de esa muerte, pues se trata de su principal aliado político.

Sin embargo, el interés de Soberanes es más oscuro. Si su razón de ser como personaje público es la defensa de la dignidad humana, su descalificación a los diagnósticos del gobierno de Veracruz y a los señalamientos de los familiares de Ernestina, no hacen más que abundar la justificada e histórica desconfianza hacia la actuación del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. (6 de abril de 2007)
Pasta de Conchos: Fin de la historia
arturo rodríguez garcía
San Juan de Sabinas, Coah. 9 de abril (apro).- Luego de 13 meses de negarse a aceptar las recomendaciones de expertos para agilizar las acciones de recuperación de los 65 cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, Industrial Minera México (IMMSA), propietaria de la mina, anunció la semana pasada la culminación de sus operaciones y el posible “sellamiento” de la estructura colapsada el 19 de febrero del año pasado.

Desde el pasado 1 de abril, IMMSA empezó a filtrar a medios de comunicación locales una supuesta investigación, en la que se advierte un grave riesgo para la población aledaña a Pasta de Conchos y a los trabajadores que se accidentaran en el yacimiento.

El informe fue elaborado por Daniel Wooton, un investigador norteamericano, de cuyo currículum también filtró copias. El presunto documento se ha conocido con su apellido.

El Informe Wooton establece que existe una inundación de 80 por ciento de agua en el fondo, que está contaminada con bacterias y virus que pueden causar un impacto ambiental. La supuesta amenaza bacteriológica, incluye VIH y tuberculosis.

Desde la Pastoral Laboral, Cristina Auerbach ha considerado absurda la amenaza bacteriológica que IMMSA plantea como argumento para el cierre de sus operaciones. Investigadora del órgano de la Conferencia Episcopal, recuerda que, desde un principio, el único y principal reclamo de las familias a Grupo México, propietaria de IMMSA, fue la recuperación de los cuerpos para darles sepultura.

En febrero de 2006, Apro dio cuenta de esa exigencia por parte de los deudos de Pasta de Conchos que, en diferentes ocasiones, cuando la empresa suspendía actividades, generó enfrentamientos verbales, manifestaciones y tomas de oficinas administrativas.

Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, quien murió en el filón, es la única que no acepó la llamada “ayuda humanitaria” de 750 mil pesos que entregó la empresa. Su único reclamo, desde el 24 de febrero en que se hicieron oficiales las muertes, ha sido la recuperación del cadáver de su esposo.

Martínez dice: “Hemos visto que la empresa quiere zafarse del compromiso de cumplir con el rescate”. Y señala que, en sus informes a las familias, siempre refería lo que estaba por hacer y lo que había hecho, pero esta vez “no había comentado que fuera a traer un experto como ese a la mina”.

Además, considera que, en las últimas semanas, se habían suspendido las labores continuamente, con el pretexto de que había altas concentraciones de metano. “Digo pretexto porque en ningún momento se nos mostraron las mediciones de gas, pero hay trabajadores que nos dicen que si hay condiciones y no han resentido ningún efecto de gas”.

Y es que, desde un principio, los trabajadores han dado información a las familias y, en las últimas semanas, afirman que los ingenieros les cerraban el paso y no querían avanzar. Inclusive, Martínez refiere que ya llegaron hasta el Diagonal 20 (túnel transeversal a mil metros de profundidad) y “han avanzado mucho” por el cañón regreso (según la averiguación judicial, escasamente siniestrado), pero colocaron una malla ciclónica para que no pasaran los trabajadores, por lo que sospechan que la empresa esconde algo “que no les conviene que se sepa y ahí está”.

Además, se han “sellado” injustificadamente túneles internos y, la duda persiste, pues en el Diagonal 18, se supone que había una locomotora averiada donde debieron encontrar tres cuerpos, pero la empresa no ha dado cuenta de nada hasta ahora, por lo que la viuda aventura: “Quizá no quieren que se sepa algo que les afecte en el proceso penal”.

La sospecha es la misma que hace un año formularon los ingenieros que participaron en la explosión de las minas de Barroterán, pues en aquella ocasión, una explosión mucho más grande que dejó 160 muertos, concluyó con la recuperación de cuerpos, un mes después del siniestro.

La negativa de IMMSA

Apenas se empezó a publicar el material difundido por IMMSA, cuando unas 40 familias en Pasta de Conchos se manifestaron. El pasado lunes 2 exigieron informes y nadie les respondió; el martes se plantaron afuera de las instalaciones de la empresa y, el miércoles, cerraron el paso a los trabajadores del primer turno y no dejaron entrar a los del segundo. Fue el día de la confirmación oficial.

Empleados de la empresa, como lo hacen cada vez que hay protestas, les tomaron fotografías y anotaron los nombres de las inconformes. Por la noche del miércoles se permitió el paso, aunque hasta ahora la protesta se mantiene, con el señalamiento de que algo se esconde dentro del filón.

La sospecha no es extraña. El 6 de marzo de 2006, en una reunión con directivos de Grupo México, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y de la Dirección de Minas del gobierno estatal, empleados de ésta última recomendaron un procedimiento, que consistía en perforar y desgasificar en la zona, donde se suponía estaban los trabajadores; construir un túnel llamado Tiro Vertical, e introducir una maquinaria de Frente Larga, con el que se construirían galerías y túneles para la búsqueda. Fue el gerente de la mina, Rubén Escudero, quien de inmediato desestimó el procedimiento.

En mayo, IMMSA contrató a un grupo de expertos de la empresa española Hulleras del Norte. Los expertos que llegaron a asesorar el avance de los trabajos para localizar los cuerpos, hicieron recomendaciones semejantes a las de la Dirección de Minas, y como los directivos de IMMSA no los escucharon, optaron por regresar a España a tres días de haber llegado, no sin antes confiar a este reportero el motivo de su anticipado regreso.

Fue hasta septiembre cuando la empresa dio a conocer la construcción de un túnel, pero por la zona minada, lo que implicaba riesgos de explosión e inundación, ya que podría golpearse un túnel en desuso. Nada los detuvo, aunque el procedimiento recomendado era realizar la búsqueda por la zona virgen del yacimiento que, al parecer, la empresa no quiso afectar para una futura extracción.

Finalmente, el pasado 19 de febrero, Marccelo Malentacchi, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de Industrias Metalúrgicas (Fitim), y Manny Armenta, líder de la United Steelwrokers, de Estados Unidos, ofrecieron a las viudas de los 65 mineros de Pasta de Conchos, expertos extranjeros para asesorar la recuperación de cuerpos. Un día después, hicieron la misma oferta al titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón.

El obispo Raúl Vera López, miembro de la Pastoral Laboral, fue cuestionado respecto del “Informe Wooton”. Dijo: “Lo único que sé es que la Fitim y los Steelworkers ofrecieron expertos al secretario del Trabajo y no se han aceptado”.

Exigen el reinicio de las labores

Desde que ocurrió el siniestro en Pasta de Conchos, los tres órdenes de gobierno, la primera y la segunda comisión legislativa para Pasta de Conchos, la Pastoral Laboral y los organismos ciudadanos que han seguido el caso, han hablado de una tercería internacional, pero hasta ahora nadie la atrajo. El argumento es que la mina debe estar completamente reconstruida para realizar un peritaje sobre el siniestro.

Esta vez, la comisión legislativa refirió que se realice un informe con expertos autorizados en consenso por la Cámara de Diputados, la STPS, el Instituto Mexicano de Geología y la UNAM, para que determine si es confiable el “Informe Wooton”. Una propuesta que, hasta ahora, nadie ha atraído.

Bajo un sol de 37 grados, decenas de familias exigen el reinicio de las labores. Sus argumentos no son únicamente por la libertad de culto, sino porque, ante la negativa de las autoridades a admitir que hubo negligencia en la operación minera, saben que la única esperanza de que se castigue a los responsables es la culminación de las excavaciones.

“Yo necesito saber”, ha dicho siempre Elvira.

Y es que las deficiencias publicadas en Proceso, días después del siniestro, las conclusiones de la Pastoral Laboral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Procuraduría de Justicia del estado y del grupo de trabajo alternativo de la Cámara de Diputados la pasada legislatura, no han sido suficientes para que las secretarías del Trabajo y Economía y, en general, el gobierno federal, admitan que sobre el accidente en Pasta de Conchos, en el que murieron 65 mineros y 13 resultaron heridos, hay un sinnúmero de responsables:

De la empresa, por forzar operaciones inseguras; de la STPS, por falsear inspecciones; del IMSS, por no realizarlas, y del Sindicato Minero, por permitir que trabajaran sus agremiados cuando estaban señalando deficiencias.

Responsable constitucionalmente de la industria minera, la STPS no ha admitido nada, a pesar de que su órgano interno de control determinó numerosas inconsistencias en la labor de sus empleados, antes de declarar el diagnóstico bajo reserva.

En tanto, en el semidesierto del Golfo de Sabinas, decenas de personas esperan respuesta a sus demandas de siempre: la recuperación de cuerpos.

Al sitio, a pesar de ser Semana Santa, llegan asesores de conflictos a respaldar al vocero Enrique Valverde, quien dirige las acciones de “intimidación y el maltrato” a las familias que protestan.

Decenas de guardias privados de seguridad bajo sus órdenes, se abalanzan amenazantes contra las viudas sólo lo suficiente para exaltarlas y hacerlas desesperar. Algún investigador de Pastoral Laboral llega para dar ánimo a la “resistencia”, y Raúl Vera, acude a elevar pelgarias, porque hace un año fue con Samuel Ruiz, y el obispo titular de la región carbonífera, Alonso Garza, se molestó y, prácticamente, le prohibió oficiar en su diócesis.

El sindicato ya no existe en Pasta de Conchos. La empresa lo desmanteló cuando provocó un movimiento laboral y luego aplicó el contrato colectivo, donde se establece que cuatro faltas injustificadas son motivo de despido. Justo cuatro días duró el movimiento laboral y todos los sindicalizados fueron despedidos.

La única resistencia es la de unas 40 familias, que se mantienen en su reclamo, aunque casi están seguras, por las acciones de IMMSA y el llamado “Informe Wooton”, de que Pasta de Conchos, donde continúan 63 trabajadores sepultados, pretende ser declarado, oficialmente, un camposanto.