OAXACA, LOS REPRESORES NO ENTIENDEN.

La APPO se declara en alerta máxima; teme ola de agresiones.

Denuncian que se emitieron 12 órdenes de aprehensión.

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO.

Oaxaca, Oax., 21 de junio. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se declaró en "alerta máxima" ante la "agudización de la guerra de baja intensidad" del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, eventuales detenciones de sus miembros y el "cerco policiaco militar" en comunidades simpatizantes.
La APPO llamó a todos sus integrantes, organizaciones y sectores democráticos del pueblo a "que tomen las medidas de seguridad necesarias y denuncien toda acción que atente contra los más elementales derechos".
En conferencia de prensa, ofrecida en el plantón instalado en el zócalo, uno de los portavoces del movimiento magisterial y popular, Florentino López Martínez, dijo que la APPO apenas volvió a ejercer su derecho constitucional de manifestación "y ya se vislumbra nuevamente la represión" de la administración de Ruiz Ortiz.
El dicho de López Martínez fue en referencia al arresto de un miembro del consejo estatal de la APPO, César Luis Díaz, afiliado al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) de Santiago Xanica, a quien celadores del penal de Santa María Huatulco han amenazado con linchar.
También relató "la agresión de paramilitares" agremiados en la Confederación Nacional Campesina (CNC), vecinos de San Miguel Aloapan, al poblado San Isidro Aloapan, con intención de explotar vastos recursos forestales, ataque perpetrado el domingo pasado y que dejó como saldo dos personas muertas.
Además repudió la amenaza de la organización gobiernista denominada Consejo Ciudadano, de desalojar el plantón magisterial y popular, "utilizando nuevamente el discurso de linchamiento", así como el cerco de policías y militares en Santiago Xanica, Totolapan y otras comunidades que militan o simpatizan con la APPO.
Destacó que el Poder Judicial del estado, "por consigna del tirano (Ruiz Ortiz)" ha emitido nuevas órdenes de aprehensión en contra de 12 miembros del consejo estatal, entre ellos él, Patricia Jiménez, Zenén Bravo, Jesús López, Rafael Rodríguez y Felipa Franco.
Florentino López convocó al pueblo a fortalecer el plantón representativo en el zócalo, y fundamentalmente, el plan de acción que contempla realizar una Guelaguetza Popular, boicotear la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal, y someter a un juicio político popular a "todos los delincuentes de lesa humanidad", y el voto de castigo en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), "y todos sus aliados".
También requirió medidas cautelares para el recién detenido César Luis Díaz, y para la consejera estatal de la APPO, Dolores Villalobos Cuamatzi, a quien el gobierno estatal acusa de ser autora intelectual de hechos de violencia en Aloapan.
Por su parte, el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de la APPO exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser considerado coadyuvante en las investigaciones por las violaciones a derechos humanos sucedidos en la entidad.
"Somos los más afectados e involucrados directamente", afirmó Ernesto Méndez Aquino, coordinador de ese colectivo. Exigió una investigación responsable y honesta, sobre todo con estricta observancia de la ética y del derecho, porque "el deterioro de las instituciones en este país nos originan una justificada desconfianza".

En Oaxaca se investigarán acciones de los tres niveles de gobierno: SCJN
JESUS ARANDA
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó ayer que la comisión especial que conocerá los hechos ocurridos en Oaxaca, de mayo de 2006 a enero pasado, investigará la probable omisión o pasividad de las autoridades federales, estatales y municipales, para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en esa entidad.
Al definir los alcances de la citada comisión, la cual se integrará una vez que los ministros aprueben un acuerdo general que regule la actividad de los comisionados cuando el máximo tribunal ejerza su facultad de investigación, prevista en el artículo 97 constitucional, la Corte acordó que la indagatoria sobre Oaxaca incluirá "los probables excesos de las fuerzas policiacas federales (Policía Federal Preventiva), estatales y municipales".
En resolución unánime y a propuesta del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia -incluso los ministros que estuvieron en contra de ejercer la facultad de investigación, como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls, votaron en favor de los temas que serán objeto de investigación-, se estableció que los comisionados determinen si en la entidad que gobierna Ulises Ruiz se violaron las garantías individuales generalizadas, particularmente la libertad de tránsito, de trabajo y el derecho a la información.
Las pesquisas se extenderán a "la probable violación de garantías de personas físicas determinadas", especialmente en lo que respecta a la vida e integridad corporal; inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad, entre otras.
Acordaron también que la investigación se limite a la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, sin perjuicio de que, de ser necesario, se incluyan otros puntos del estado o del país; lo anterior, porque en la discusión se señaló que era inexplicable que líderes de organizaciones sociales detenidos fueran enviados, y en el trayecto torturados, a penales en otras entidades.
Respecto a la temporalidad de la investigación, José Ramón Cossío comentó que en mayo de 2006 empezaron los problemas en Oaxaca con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que "evidentemente se va a incluir la participación de la Policía Federal Preventiva en el mes de octubre".
Olga Sánchez Cordero añadió que la investigación debe partir "de cero", además de que ésta debe ser "muy auténtica, imparcial y objetiva".
Previamente, el ministro instructor, Juan N. Silva Meza, había propuesto un cuestionario de 14 preguntas en las que abiertamente se refería que en Oaxaca tuvieron lugar "violaciones" a las garantías individuales. Cuestionaba ¿quién las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y la deficiente capacitación de los policías?, ¿hubo en Oaxaca un ejercicio inmediato de la fuerza o se postergó?, ¿las autoridades actuaron en forma discrecional, éstas incumplieron deberes constitucionales y legales?
¿Qué tipo de acciones u omisiones pueden dar lugar a enfrentamientos civiles en los que claramente se afectan garantías individuales, aunque no sea por mano de la fuerza pública, cuando los tres órdenes de gobierno tienen a su cargo la seguridad pública y la paz social?, ¿qué ha impedido que los gobernantes definan oportuna y eficientemente la forma y alcance de sus intervenciones?, ¿qué condiciones generan mayores incentivos a la pasividad que a la acción?, ¿cuál es la conducta que esperamos de los tres niveles de gobierno frente a sucesos similares, en donde las garantías de unos parecen afectar las de otros y ponen en entredicho el orden público?
Finalmente, como consecuencia las presiones de Mariano Azuela y Sergio Salvador Aguirre, principalmente, el pleno acordó eliminar de su resolución cualquier comentarios que diera por acreditadas las violaciones a las garantías individuales y que en lugar de ello se hablara de presunciones.
Por lo anterior, en lugar de aprobarse el cuestionario propuesto por Silva Meza se dio el visto bueno a cuatro temas generales a investigar, que propuso el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.


Destaca el Prodh la decisión de la Corte de indagar las violaciones en Oaxaca.

de la redacción
México, D.F., 21 de junio (apro-cimac).- El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) consideró positiva la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de investigar las graves violaciones a derechos humanos en Oaxaca.

Dijo que ello ayudará a revertir la impunidad y a restaurar la paz social en Oaxaca.

Según el Prodh, la decisión de la Corte genera una expectativa razonable que supone que los hechos sean esclarecidos; que los responsables sean sancionados; que el daño sea reparado a las víctimas, y que se tomen medidas para que los hechos no se repitan.

El caso de Oaxaca, al igual que otros similares, es indicativo de la grave crisis que vive el sistema de justicia penal y la falta de reglamentación en el uso de la fuerza pública, dijo.

En el contexto actual, señaló, resulta de la mayor relevancia y actualidad el análisis que la SCJN haga del uso excesivo de la fuerza, dado el creciente endurecimiento de las políticas de seguridad pública. “Por ello, esperamos que, del informe que derive de la investigación, se puedan fijar criterios sobre la protección y alcance de los derechos fundamentales frente al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública”.

El Prodh también concuerda con la apreciación del ministro-presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia hecha en el contexto del debate sobre la facultad de atracción por parte de la misma del caso de San Salvador Atenco, estado de México, en cuanto a que la sociedad espera un involucramiento cada vez más activo del máximo tribunal en la protección e interpretación del alcance de los derechos fundamentales, mediante el ejercicio de sus atribuciones legales, dijo el organismo.

“En este sentido, esperamos que la labor de investigación que iniciará este alto tribunal contribuya a que, quienes fueron víctimas en Oaxaca de graves atentados contra la dignidad humana, puedan acceder a la justicia integral.

“Para el Centro Prodh, ello supone que los hechos sean esclarecidos; que los responsables sean sancionados; que el daño sea reparado a las víctimas, y que se tomen medidas para que estos hechos no se repitan. Consideramos que éstas son las demandas comunes --aún insatisfechas-- de las víctimas de tortura, de detenciones arbitrarias, del uso excesivo de la fuerza y de la violación al principio de presunción de inocencia que, entre otras, distintas instancias nacionales e internacionales hemos denunciado repetidamente”, añadió.

Además, continúa el comunicado, la decisión de la SCJN es una oportunidad para garantizar el derecho a la justicia de las familias de las 26 personas que fallecieron en 2006 en relación con este conflicto, y de quienes aún hoy permanecen privados de su libertad por acusaciones carentes de suficiente sustento jurídico.

El Prodh añadió que permanecerá vigilante del desarrollo y los resultados de la investigación. Dijo: “La posibilidad de revertir la impunidad que hoy impera en el caso Oaxaca y alcanzar la justicia, es del interés de todas y todos, ya que sólo de esta manera será posible restaurar la confianza de la ciudadanía en las entidades responsables de la impartición de justicia”.