REACTIVAR JUICIO POLITICO, LA TAREA.

26 jul 2007



AYER MARCHO NUEVAMENTE UN CONTINGENTE DE LA APPO.

En el marco de la intimidación policial la APPO y los simpatizantes del movimiento no se acobardan, marchan y con ellos el valor, la dignidad y la convicción de un pueblo que pretende un destino diferente al de la explotación, la miseria y el autoritarismo político represor y asesino del amasiato PRI - PAN.



Propone el PRD la reapertura del juicio político contra Ulises Ruiz

Violaciones a garantías sociales y brutalidad policiaca en Oaxaca, entre las causas
Pide la comparecencia de Ramírez Acuña para que explique por qué no ha intervenido
VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL
El PRD propuso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reactivar el juicio político contra Ulises Ruiz Ortiz por las graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales y sociales, y por acción y omisión de su gobierno en el conflicto social presentes en Oaxaca desde hace 14 meses. Además, planteó que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que explique por qué no ha intervenido en la crisis oaxaqueña.
Antes, cuando se sometía a votación una propuesta para aprobar un punto de acuerdo para que el secretario de Gobernación informe a la Permanente "el estado que guarda la elaboración del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", Pablo Gómez, diputado por el PRD, advirtió que en Oaxaca se viven tiempos que recuerdan a los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, en los que hubo persecuciones, torturas y desapariciones.
"Estamos regresando a esos tiempos. En un país no hay democracia cuando hay tortura, tratos inhumanos o degradantes, persecución política, o en donde todo problema se convierte en asunto de represión y de tribunales penales."
Gómez, quien fue encarcelado por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, aseveró en tribuna: "hemos vuelto a la consigna en México de libertad a los presos políticos, que caracterizó el largo periodo de las décadas de los 60 y los 70. Periodo de la denominada guerra sucia, cuando se cometieron las masacres estudiantiles de 68 y 71, y centenares de ciudadanos fueron desaparecidos".
Recordó que sigue vigente el grito emblemático del 68: "'libertad a los presos políticos'. Es una consigna de la mayor importancia hoy en el país, desde el punto de vista de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos".
En el punto de acuerdo presentado por los diputados perredistas Aleida Alavez y Javier González Garza, señalan que el pasado 16 de julio, "el hilo de que pendía la supuesta tranquilidad en el estado de Oaxaca se rompió: imágenes que parecían estar en la memoria gráfica se volvieron a repetir a más de un año de haberse iniciado el movimiento magisterial y popular de esa entidad. La ciudad de Oaxaca se sumergió de nuevo en el conflicto: edificios públicos tomados, calles cerradas con barricadas, vehículos quemados y enfrentamientos callejeros".
Subrayan que los hechos parecen ser los mismos que el año pasado: "exceso de violencia por parte de los cuerpos policiacos, prácticas intimidatorias y de represión a la movilización social, escenas de hombres de rodillas, con los ojos vendados y las manos en el suelo, con manchas de sangre en sus camisas, signos de golpes, labios reventados; el saldo que pareciera no ser tan grave comparado con los más de 20 muertos, los cientos de heridos y detenidos que arrojó la represión en ese estado el año pasado, pero que ante esos hechos presentes y futuros no podemos permanecer como meros espectadores".
Propusieron que se cite a comparecer al secretario de Gobernación para que explique la falta de actuación ante el conflicto social, y pidieron que se exhorte a esa dependencia a instalar de manera inmediata y urgente mesas de diálogo.
El PRD también solicitó que se reactive la denuncia de juicio político contra Ulises Ruiz, porque "desde la presentación de la denuncia, el 26 de octubre del año pasado, han trascurrido 234 días en los que han sucedido más de 27 homicidios, incluyendo el del camarógrafo Brad Will; se ha lesionado a una cantidad innumerable de ciudadanos oaxaqueños, así como de representantes de los medios de comunicación; se detuvo a alrededor de 700 personas, de las cuales hasta antes del último conflicto, el del 16 de julio pasado, todavía quedaban ocho recluidas; más de un millón de niños fueron afectados en la educación y se produjeron pérdidas por más de 400 millones de pesos".
Asimismo, los senadores Rosario Ibarra y Alejandro González Yáñez, del PT; el perredista Salomón Jara, y Gabino Cué, de Convergencia, presentaron un punto de acuerdo para que la Permanente se pronunciara por el rechazo al uso de la violencia, que la Procuraduría General de la República inicie una investigación por las personas presuntamente desaparecidas a partir del 16 de julio pasado, que se haga un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que elementos del Ejército se abstengan de realizar detenciones con motivo del conflicto, y que se impida el ingreso de los detenidos a cárceles o campos militares.




Formal prisión a once activistas de la APPO; liberan a otros 18

pedro matías
Oaxaca, Oax., 25 de julio (apro).- El juez quinto de lo penal dictó hoy formal prisión a once activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena, robo y daño por incendio, cometidos durante el enfrentamiento con policías ocurrido el pasado 16 de julio, confirmó la abogada del Comité de Liberación 25 de Noviembre, Alba Gabriela Cruz Ramos.

En la misma audiencia, el juzgador otorgó la libertad, “por falta de méritos”, a 18 maestros e integrantes de la APPO.

La liberación de los activistas de la APPO y los afiliados a la sección 22 del SNTE tuvo lugar a lo largo de la noche de ayer martes y en la madrugada y transcurso de este día.

La defensora apuntó que ninguno de los liberados pagó fianza, pues la Procuraduría local no pudo acreditar su responsabilidad en los delitos que se les imputaban.

Cabe señalar que el pasado lunes 16 manifestantes y policías se enfrentaron en las inmediaciones del cerro del Fortín, en que los agentes buscaban impedir el ingreso de los activistas al auditorio Guelaguetza, donde pretendían hacer su festejo, hechos en los que resultaron heridas medio centenar de personas.

A quienes se les dictó la formal prisión se identificaron como Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo González López, profesores de la sección 22.

Así mismo, la abogada Cruz Ramos denunció que a los once detenidos se les fijó una fianza de 2 millones 846 mil pesos a cada uno, razón por la que presentarán un amparo.

Y en el caso del profesor retirado Emeterio Merino Cruz, quien se encuentra en estado de coma por la golpiza que le propinaron los cuerpos de seguridad estatal, el Tribunal Superior de Justicia determinó “la suspensión de procedimiento”.

La defensora dijo que, “coincidentemente”, el Poder Judicial de Oaxaca dictó auto de formal prisión a cinco profesores de la sección 22, dos estudiantes universitarios y cuatro mujeres, con el claro objetivo de mantenerlos como “rehenes políticos”.

Entre los “presos políticos” ubicó a Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López y Gonzalo González López; los estudiantes universitarios José Francisco García Martínez y Juan Diego o Iván Diego García López, así como a Silvia Gabriela Hernández Salinas, Belem Areli Hernández Juárez, Isabel Martínez Hernández y María Guadalupe Sibaja Ortiz.

Cruz Ramos explicó que de los 40 detenidos durante los hechos de violencia del 16 de julio, ya sólo quedan presas estas once personas.

Recordó que inicialmente fueron liberados “bajo palabra” seis menores de edad; luego salieron libres tres conductores de los autobuses urbanos que habían sido retenidos; otros cuatro fueron excarcelados en los términos constitucionales, y a 18 les dictaron auto de libertad por falta de elementos, y finalmente a Emeterio Merino se le suspendió su procedimiento.

Ahora, anunció la abogada, van a interponer los amparos que sean necesarios para litigar el abuso de este asunto en los juzgados de distrito.

Y según un informe del Comité de Liberación 25 de Noviembre, todavía quedan 28 “presos políticos” vinculados al movimiento social de Oaxaca, que cumplió 14 meses de conflicto y que ha dejado 23 muertos.

En esta lista de 28 presos se encuentran Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, quienes se encuentran en el penal de alta seguridad número uno del Altiplano, en el Estado de México; además de Wilbert Ramón Aquino Aragón, Eliel Miguel González Luna, Jorge Luis Martínez, Olivo Martínez Sánchez, Julio Alberto Ortiz López, Gonzalo González López, José Francisco García Martínez, Juan Diego o Iván Diego García López, Silvia Gabriela Hernández Salinas, Belem Areli Hernández Juárez, Isabel Martínez Hernández y María Guadalupe Sibaja Ortiz, quienes se encuentran recluidos en el penal de Tlacolula.

Mientras que en Ixcotel se encuentran internados Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Ángel García, David Venegas Reyes y Adán Mejía; en el consejo de tutela está Jaciel Cruz, y en el penal de Etla permanecen Santos Pérez Cruz, Artemio Pérez Cruz, Juventino Cruz Pérez, Eufemio Méndez López, María Álvaro López Pérez y Juana Morales Pérez.