AMNISTIA INTERNACIONAL Y EL TIRANO

Amnistía Internacional, decepcionada
por el encuentro con el gobernador
PEDRO MATIAS
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Zubaida Khan, calificó de “decepcionante” la reunión con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien desechó su informe denominado “Oaxaca: Clamor por la justicia” al reducirlo a un documento elaborado por consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Al término de una reunión a la que el gobernador de Oaxaca llegó con una hora de retraso, la misión de alto nivel de Amnistía Internacional cuestionó a Ulises Ruiz Ortiz por hacer una acusación “irresponsable” para evadir su responsabilidad en las “graves violaciones a los derechos humanos”.
Y le aclaró que “Amnistía Internacional no será silenciada ni por la APPO, ni por el gobernador, ni por nadie, nosotros seguiremos pidiendo que se investigue y se determine quiénes son los responsables de violaciones a los derechos humanos, sea que hayan sido cometidos por integrantes de los movimientos sociales, por parte de la APPO o por fuerzas del estado”.
Luego de un encuentro ríspido que duró alrededor de 45 minutos donde AI recomendó al gobernador establecer un mecanismo para investigar lo que ha sucedido durante el movimiento social que cumplió 14 meses, el cual fue rechazado por el gobernante, la defensora de los derechos humanos originaria de Dhaka, Bangladesh, se preguntó: ¿A qué le teme el gobernador? ¿Por qué no se establece un mecanismo para investigar?
Lo cierto, es que “hay temas muy graves y misterios de por qué el sistema del orden público ha fallado en Oaxaca, son temas que se refieren a la rendición de cuentas y de responsabilidad que deben ser tomadas en cuenta”.
Inicialmente la delegación de AI conformada por Irene Khan, la directora del Programa Regional para las Américas Susan Lee; la directora de la Oficina de la secretaría general, Judith Arenas, el investigados sobre México Rupert Knox y la encargada de campañas sobre México, Nancy Tapias-Torrado, se reunió a las 16:00 horas con funcionarios del gobierno del estado.
Sin embargo, fue a las seis de la tarde cuando el gobernador se sumó al secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, la subsecretaria de derechos humanos del gobierno del estado, Rosario Villalobos, el procurador de justicia, Evencio Nicolás Martínez y el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, para hacer frente a las acusaciones de AI, organismo internacional que por cuarta vez visita Oaxaca para documentar casos de violaciones a los derechos humanos.
Al término del encuentro nada amigable, la representante de AI en 150 países salió visiblemente molesta y manifestó que “fue una reunión decepcionante”.
Sin embargo, dijo, “esperamos que el gobernador tome en serio la información que estamos presentando, que no somos los únicos y haga algo al respecto.
Luego de sostener reuniones con representantes de organismos no gubernamentales, con los ex presos, con los familiares de los detenidos, las viudas e hijos de los asesinados durante el movimiento social y con los desaparecidos, dieron a conocer un informe donde recomiendan al gobierno mexicano, al de Oaxaca y a la judicatura federal: Garantizar que las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea independiente, imparcial, exhaustiva y sobre todo que se base en los estándares y normas internacionales de derechos humanos; que sus conclusiones se publiquen y que las pruebas reunidas puedan emplearse en los juicios.
Garantizar que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplique de forma efectiva y que todas las autoridades pertinentes tomen medidas para cumplirla; tomar las medidas para garantizar que las autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Oaxaca, y sobre la ausencia de medidas para prevenirlas.
Además, recomendó garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata, sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que operaban, al parecer con el apoyo, la autorización o la connivencia de las autoridades estatales.
De igual forma, establecer los procedimientos claros y públicos sobre el uso de uniformes y distintivos de identificación por parte de los agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad para investigar y sancionar a quien los incumpla.
Asimismo, emprender investigaciones completas, activas e imparciales para aclarar las circunstancias de las muertes ocurridas durante el conflicto, de acuerdo con el manual de la ONU; investigar los casos de tortura, detención arbitraria y las violaciones de otros derechos relacionados al debido proceso.
E investigar de forma imparcial todas las denuncias de hostigamiento, amenazas, ataques y cargos penales por motivos políticos contra periodistas y defensores de los derechos humanos durante la crisis, entre otras recomendaciones.
Estas recomendaciones no fueron aceptadas por el gobernador al ser calificadas de “parciales”, “poco objetivas”, y sobre todo por ser un informe elaborado por los consejeros de la APPO, sin embargo, la secretaria general de AI le aclaró que “la reputación de Amnistía Internacional habla por si misma, hemos recibido el premio Nobel de la Paz y hemos trabajado a lo largo de los años a pesar de diferentes eventos que se han suscitado en México”.
Entonces, “para que el gobernador no preste la atención debida a nuestro informe y no respete la recomendación principal que se presenta en este informe simplemente es una manera de evitar su responsabilidad”, puntualizó.
Aclaró que “los informes de Amnistía solo son escritos por nuestros investigadores basados en nuestra sede en Londres y el hecho de que haya acusaciones diciendo que han sido escritos por parte de la APPO es una acusación irresponsable, que simplemente demuestra que no toma de manera seria todo lo que nosotros le estamos presentando”.
Sin embargo, advirtió que pese a estas descalificaciones “seguiremos documentado y constatando las violaciones a los derechos humanos”.
¿Se van satisfechos?, se le pregunto y la respuesta fue contundente, “No”, sin embargo, “nos vamos a reunir con las autoridades federales, entre ellos el Presidente Felipe Calderón para denunciar todos estos excesos y también los vamos a presentar a nivel internacional”, remató.


Evade Ruiz su responsabilidad en violaciones a derechos humanos, en Oaxaca: AI
pedro matías
*El gobernador rechaza el informe de Amnistía por “parcial” y “poco objetivo”; asegura que lo elaboraron asesores de la APPO

*La postura del gobernador indigna a la representante del organismo; Irene Khan; los califica de irresponsable

Oaxaca, Oax., 31 de julio (apro).- La secretaría general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, afirmó que el gobernador Ulises Ruiz intenta evadir su responsabilidad para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el estado, como consecuencia del conflicto social que mantiene en crisis a la entidad desde mediados del año pasado.

Durante una reunión con representantes de AI, el gobernador Ulises Ruiz descalificó el informe “Oaxaca, clamor por la justicia”, y rechazó las recomendaciones contenidas, al considerarlas “parciales” y “poco objetivas”.

Ruiz aseguró que el documento fue elaborado por consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); y provocó el enojo de la secretaria general de AI, quien calificó de “decepcionante” el encuentro.

En entrevista, Khan aseguró que el gobernador actuó de manera irresponsable al descalificar el informe; y le aclaró que la reputación de Amnistía Internacional habla por sí misma.

“Hemos recibido el premio Nobel de la Paz y hemos trabajado a lo largo de los años, a pesar de diferentes eventos que se han suscitado en México. Que el gobernador no preste la atención debida a nuestro informe y no respete la recomendación principal que se presenta en este informe, simplemente es una manera de evitar su responsabilidad”, puntualizó.

Khan afirmó que la postura del gobernador demuestra que no toma en serio la defensa y respeto de los derechos humanos. Sin embargo, advirtió que pese a estas descalificaciones AI seguirá documentado y constatando las violaciones a las garantías fundamentales.

--¿Se van satisfechos? --se le preguntó

--No, sin embargo, vamos a reunirnos con las autoridades federales, entre ellos el presidente Felipe Calderón, para denunciar todos estos excesos y también los vamos a presentar a nivel internacional.

AI recomendó al gobernador establecer un mecanismo para investigar lo que ha sucedido durante el movimiento social que cumplió 14 meses. Así mismo, garantizar que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea “independiente, imparcial, exhaustiva” y, sobre todo, que se base en los estándares y normas internacionales de derechos humanos; además, que sus conclusiones se publiquen y que las pruebas reunidas puedan emplearse en los juicios.

También pidió a Ruiz garantizar que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplique de forma efectiva y que todas las autoridades pertinentes tomen medidas para cumplirla; tomar las medidas para garantizar que las autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Oaxaca, y sobre la ausencia de medidas para prevenirlas.

Además, recomendó garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata, sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que operaban, al parecer con el apoyo, la autorización o la connivencia de las autoridades estatales.

De igual forma, establecer los procedimientos claros y públicos sobre el uso de uniformes y distintivos de identificación por parte de los agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad para investigar y sancionar a quien los incumpla.

E investigar de forma imparcial todas las denuncias de hostigamiento, amenazas, ataques y cargos penales por motivos políticos contra periodistas y defensores de los derechos humanos durante la crisis, entre otras recomendaciones.

Antes, Irene Khan sostuvo reuniones con representantes de organismos no gubernamentales, con los expresos, con los familiares de los detenidos, las viudas e hijos de los asesinados durante el movimiento social y con los desaparecidos.