EL ROSTRO DEL INTERVENCIONISMO YANQUI

Ante senadores, la canciller Espinosa reconoce que también tiene que ver con migración

“Proteger del terrorismo” a EU, otro fin de la Iniciativa Mérida

Demanda Ricardo Monreal se entregue al Congreso el documento discutido con Washington
Andrea Becerril y José Antonio Román
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, reconoció ante senadores que la llamada Iniciativa Mérida no sólo contempla acciones conjuntas contra el narcotráfico, sino tiene el objetivo de proteger a Estados Unidos de posibles ataques terroristas y por ello los recursos que Washington daría a México se destinarán también para la compra de equipo que permita controlar el flujo migratorio en ambas fronteras.
“Aquí se trata de fortalecer nuestra capacidad en México para detectar terroristas” que quieran entrar a territorio nacional “para atacar a nuestros vecinos. Sería irresponsable no tomar esto en cuenta”, dijo la canciller al comparecer ante las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, en un encuentro en que fue interrogada sobre los alcances reales de esa iniciativa.
Aunque la presidenta de la citada comisión legislativa, la senadora priísta y ex canciller Rosario Green Macías, mantuvo una postura consecuente y hasta salió en momentos en defensa de la funcionaria federal, expresó al principio inquietud por el hecho de que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, incluyó la ayuda a México en el paquete de recursos destinados a la guerra en Irak y Afganistán.
“Nos preocupa porque justamente es en esos territorios donde Estados Unidos ha concentrado su lucha contra el terrorismo”, advirtió.
El más incisivo fue el perredista Ricardo Monreal, quien reclamó de entrada a la titular de Relaciones Exteriores que la iniciativa, que tiene un carácter “claramente injerencista”, la haya dado a conocer el presidente de Estados Unidos y que su contenido real se haya difundido por la prensa estadunidense.
Insistió a la canciller en la petición, formulada poco antes por la también perredista Rosalinda López, de que se entregue al Senado de la República el documento discutido con Washington y se aclare si se trata de un tratado, convenio o acuerdo bilateral. Ello puso en apuros a Espinosa Cantellano, cuyos asesores no dejaban de pasarle tarjetas.
Finalmente, la funcionaria se limitó a definir la Iniciativa Mérida como “un compromiso político” de ambos gobiernos para la lucha contra el narcotráfico, una declaración que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional.
Monreal Ávila insistió y le hizo notar que esa figura jurídica no existe y que el Senado debe conocer el documento, aun si es preliminar. En tono irónico, el perredista zacatecano le dijo: “¡Por amor de Dios, denos el documento, queremos analizarlo!” Más tarde, agregó: “¿Tendremos que pedirlo a Estados Unidos?”
La canciller Espinosa aclaró que “no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobación del Senado, ni de un acuerdo interinstitucional, como lo define nuestra ley de celebración de tratados”.
“¿No es esto injerencia?”
La lista fue larga, desde aviones, helicópteros, radares, escaners para el combate al narcotráfico, pero también equipo y tecnología “para modernizar la gestión migratoria en la frontera sur”, sistemas de vigilancia e inspecciones en los sistemas postales, en los aeropuertos, puertos y demás instalaciones.
Pero no sólo eso, Espinosa Cantellano reveló que la iniciativa incluye programas de capacitación a jueces, así como asistencia técnica, entrenamiento y equipo para el sistema carcelario y promover la reforma del sistema judicial.
“¿No es esto injerencia de Washington?”, preguntó Monreal, y agregó: “En los hechos, esta iniciativa extiende el perímetro de seguridad de Estados Unidos y México está adoptando su agenda como prioridad; estamos asumiendo como propias sus preocupaciones y renunciando a la autonomía de nuestra política exterior”.
El ex gobernador de Zacatecas no dejó de cuestionar: “El dinero de Estados Unidos viene absolutamente etiquetado y anclado a cuatro prioridades del gobierno de Washington: antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza, reglas de la ley, o sea que van a hacer las leyes por nosotros, y también anticorrupción.
“¿Por qué permitir que en el combate al narcotráfico se involucren también decisiones políticas en materia migratoria y los indocumentados, en las fronteras norte y sur, sean tratados como terroristas?”, preguntó.
El senador priísta Carlos Jiménez Macías se refirió igualmente a ese tema y dijo que los legisladores tienen “suspicacias” sobre la posibilidad de que Estados Unidos pretenda utilizar la iniciativa para protegerse del terrorismo. “La burra no era arisca, pero si los dejamos entrar tantito, se van hasta la cocina”.
Espinosa reconoció que la Iniciativa Mérida va asimismo encaminada a fortalecer la capacidad del gobierno mexicano para detectar terroristas que pretendan “atacar a nuestro vecino”. Argumentó que el hecho de la cercanía geográfica siempre está ahí, “y no sería responsable” el que México no tuviera presente este riesgo, ya que también en un momento dado “pueden resultar afectados nuestros ciudadanos”.
Justificó además el equipo para digitalizar la información migratoria, que eventualmente sería compartida con las agencias estadunidenses. “Con toda honestidad, no tenemos un sistema suficiente para lograr un registro exhaustivo de todas las personas que entran al país”.
Manita panista
Los senadores del Partido Acción Nacional trataron en todo momento de proteger a la canciller y tanto las intervenciones de José González Morfín, como de Adriana González, fueron para justificar a Espinosa. César Leal Angulo fue más allá y atacó directamente a Monreal al que calificó de “mimo de circo”.
El perredista le respondió que la República lo que menos necesita “son bufones y lambiscones”, y aprovechó para insistir en que se entregue al Senado el documento con los compromisos que México asume a cambio de los mil 400 millones de dólares, de los cuales los primeros 500 millones llegarían en 2008.
Rosario Green también trató de suavizar la comparecencia y señaló que seguramente les harán llegar el documento cuando esté aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Monreal le hizo notar que esa respuesta la debió haber dado la canciller Espinosa, no una senadora.
Pero la titular de la SRE compró la respuesta y dijo que si el esquema de cooperación se aprueba en Washington e implica la suscripción de algún documento de carácter jurídico, “tengan la seguridad todos ustedes que el Ejecutivo lo traerá a consideración y aprobación del Senado”.

Iniciativa Mérida: ¿cooperación o intromisión?
Adolfo Sánchez Rebolledo
El anuncio de la Iniciativa Mérida (bautizada ex oficio como Plan México) suscita resquemores y no sólo por nostalgia por el viejo celo nacionalista, como algunos suponen. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho que la soberanía nacional está a salvo, pues se trata de un convenio de cooperación no militar que fortalecerá la capacidad de respuesta técica y operativa de las autoridades nacionales ante el empuje de la delincuencia organizada trasnacional. Es obvio que en un asunto de carácter global, como el tráfico de drogas, es impensable la autosuficiencia. Por el contrario, para combatirlo se requiere colaboración internacional, coordinación entre estados, sintonía y la misma voluntad entre los encargados de tan delicada misión. Eso es incontestable. También es natural que el país que tiene mayores recursos económicos, tecnológicos y de inteligencia provea a los demás de medios e instrumentos sofisticados, más aún si éste resulta ser el mercado principal al que concurre la oferta de sustancias ilícitas.
El acuerdo se presenta, pues, como la consolidación de una estrategia binacional sin precedentes en la acción contra el trasiego de drogas. Sin embargo, si se consideran los grandes números, se verá que el compromiso estadunidense es muy inferior al que habrá de hacer el Estado mexicano y relativamente pequeño en relación con el gasto en seguridad ejercido por Estados Unidos. Según las cifras dadas a conocer por el embajador Sarukhán, nuestro país aportaría al menos 7 mil millones de dólares durante los primeros tres años, mientras Estados Unidos abonaría 500 millones a cuenta de un total de mil 400 millones de dólares etiquetados cuya disponibilidad dependería de la aprobación del Congreso. Más tarde, la Presidencia aclaró que eso corresponde al monto del proyecto de egresos 2008 que se pretende destinar a seguridad nacional.
No obstante, las dudas planteadas no se refieren tanto al monto o la calidad de los equipos requeridos, sino a una cuestión preliminar que el gobierno mexicano mantiene deliberadamente en la opacidad: el carácter de la lucha contra el narcotráfico y sus implicaciones sobre el resto del Estado. El problema está en si ese tipo de “combate” a la delincuencia, en el cual se involucra de manera destacada y permanente el Ejército y la Marina, es el más eficaz para reducir el tráfico y mantener en niveles “manejables” las cifras del consumo interno de drogas. Al respecto, la experiencia colombiana dice que no, pese a ciertos resultados positivos en algunas áreas, aunque no en las decisivas: producción de droga y resolución del conflicto armado, raíz y razón de ser de la intervención estadunidense. Pero, además, la Iniciativa Mérida no se limita a capacitar a los cuadros mexicanos en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al narcotráfico, sino que el radio de acción se extenderá, como señaló la secretaria Patricia Espinosa, a tres áreas claves: lucha antinarcóticos, combate al terrorismo y administración de fronteras; seguridad pública y procuración de justicia, y el fortalecimiento institucional y aplicación de la ley. En otras palabras, los efectos de la Iniciativa Mérida se dejarán sentir en importantes campos de la vida pública.
La pretensión de separar la utilización de los recursos tecnológicos de los capacitadores, que a su vez son proveedores, parece una tarea difícil que lleva a otra pregunta: ¿hasta qué punto la suscripción de esta iniciativa tan importante es un planteamiento mexicano para atender graves carencias o, como se sospecha, representa una extensión de las políticas de seguridad nacional puestas en marcha por la Casa Blanca para librar la “guerra contra el terrorismo”? Es obvio que el gobierno mexicano debe despejar cualquier duda al respecto. Obligado a dar explicaciones satisfactorias sobre sus propósitos, debería aclarar ante el Congreso cuáles son las actividades de la DEA en nuestro país, por ejemplo, o reconocer cuál es el peso específico que tiene en la lucha contra el crimen organizado la al parecer muy fluida colaboración con las agencias estadunidenses.
Es difícil creer en la buena voluntad de nuestro poderoso vecino cuando ofrece tecnología y recursos para atacar el narcotráfico y, al mismo tiempo, construye el muro en la frontera con México, gesto prepotente e inamistoso como el que más. Cabe sospechar que bajo la venta de helicópteros y software, la verdadera preocupación de Estados Unidos sea sellar sus propias fronteras, convirtiendo a su socio mexicano en un solícito “caza inmigrantes” del sur latinoamericano o en el celador interno de sus desesperados emigrantes nacionales.
El Congreso deberá ser muy cuidadoso a la hora de examinar la puesta al día de esta estrategia; de no hacerlo con rigor y puntualidad, podrían quedar cabos sueltos que pudieran incidir en el ejercicio de los derechos humanos y, eventualmente, pese a lo dicho, a una merma real de soberanía. En cualquier caso, es vital que el Senado discuta y vigile el alcance de esos acuerdos.

Plan México.

josé gil olmos
México, D.F., 24 de octubre (apro).- “El Chapo” se ha convertido en un mito. Entra y sale de restaurantes como cualquier ciudadano. Salvo que cuando llega, a todos los comensales les recogen los celulares y, al final, comen gratis, a manera de una disculpa de uno de los principales narcotraficantes del país.

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” por su baja estatura, no hace mucho estuvo en un restaurante de Piedras Negras. Dicen que antes de que llegara, un grupo de escoltas entró en formación diamante, la cual sólo usan los militares. El lugar fue de inmediato cerrado y a todos los comensales les pidieron sus teléfonos celulares. Después entró “El Chapo” en medio de la hilera de guardias y tomó una mesa.

Cuando alguien quería ir al baño, uno de los escoltas lo acompañaba, así que muchos decidieron abstenerse las tres horas en que estuvo el jefe del cartel de Sinaloa.

Afuera del lugar lo guardaba otro grupo de guardias y otros más que formaron varios círculos de seguridad en las calles aledañas. De esa manera detectaban a cualquier grupo policiaco o militar en varios kilómetros alrededor.

Al final de la cena, como si fuera maestro de ceremonias, en un tono educado, el propio Joaquín ofreció una disculpa a los comensales. Les dijo que lamentaba mucho los inconvenientes, pero que las medidas eran también para su seguridad. Les pidió que hasta después de tres horas de su salida, usaran su teléfono y que sus números los tenían registrados.

Para finalizar su discurso, les dijo que no se preocuparan de sus gastos; que sus cuentas serían cubiertas por él, y que si querían quedarse un rato más, su consumo también sería cubierto.

Como esta anécdota hay muchas en el norte del país. “El Chapo” anda suelto haciendo sus negocios por varios estados sin que las autoridades federales apliquen alguna estrategia para detenerlo. Es evidente que las propias autoridades cierran los ojos o se voltean hacia otras partes para no percatarse de lo que hace el sinaloense. Lo mismo que hicieron cuando se salio del penal de alta seguridad supuestamente debajo de un carrito de comida.

Hoy que el gobierno de Felipe Calderón festeja de antemano que George W. Bush ha solicitado al Congreso norteamericano una partida especial de mil 400 millones de dólares para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico en los próximos tres años, las anécdotas de las andanzas de “El Chapo” y otros capos del narco en México nos ubican en que la naturaleza del problema no está en falta de inversión para la compra de equipo, programas de computo, aviones e infraestructura, sino en la corrupción de las autoridades mexicanas y estadunidenses.

La llamada Iniciativa de Mérida según la cual existe un acuerdo entre Calderón y Bush a fin de que el gobierno mexicano reciba más recursos del Congreso norteamericano en su lucha contra el narcotráfico, tendrá muy pocos efectos si antes no se combate el consumo interno y la corrupción que existe en el sistema financiero internacional y en los gobiernos de ambos países.

Sólo para citar un ejemplo de la corrupción habría que recordar que, de acuerdo con las propias cifras del gobierno estadunidense, el 70 por ciento de la mariguana que consumen los norteamericanos es cultivada en los parques nacionales de ese país.

Resulta que los narcos gringos han desarrollado una técnica de cultivo en las copas de los árboles basada en la hidroponía, de tal manera que las plantas de mariguana crecen en las alturas y no se detectan tan fácilmente ni por tierra ni por aire. Según cifras suministradas a la cadena de noticias inglesa BBC por el Departamento de Justicia de California, los cultivos erradicados sólo en ese estado en 2006 alcanzaban un valor comercial de 6 millones 700 mil dólares. Y las estimaciones de las autoridades forestales de ese país es que el cultivo de la planta se extendería por todo el oeste hasta llegar a Canadá.

Las ganancias multimillonarias que genera la venta de cocaína y otras drogas duras en el mercado estadunidense, es enorme, si se toma en cuenta que hay 35 millones de personas que anualmente consumen 285 toneladas de cocaína.

A nivel mundial se estima que las ganancias son de 600 mil millones de dólares, de los cuales el 40 por ciento por lo menos se queda en el sistema financiero norteamericano. Mientras, en México los jefes de los carteles se distribuyen una ganancia estimada en 23 mil millones de dólares. Estos datos son los que manejan los propios organismos internacionales, como la ONU, así como los gobiernos de Estados Unidos y México.

Todos los días son miles las acciones financieras y bancarias las que realizan los narcotraficantes en el mundo y todas ellas son solapadas por las propias instituciones y también por algunos altos funcionarios de los gobiernos respectivos.

Es por eso la insistencia de que no basta que se compre equipo de combate y espionaje para luchar contra los narcotraficantes, sino voltear los ojos hacia el sistema financiero internacional donde se lavan las millonarias ganancias de los carteles, con la ayuda de las propias autoridades gubernamentales y financieras.

Además, hasta el momento se desconoce el contenido del Plan México y ni el gobierno de Calderón ni el de Bush han ofrecido detalles de los programas que contempla.

Pero ni éste plan ni el de Colombia tienen un apartado especial para atacar el sistema financiero, y dudo mucho que se vaya a implementar. De ahí que el riesgo para cualquier plan de este tipo que se vaya implementar en cualquier país con la vigilancia de Washington, es que se quede como los fuegos artificiales, que alumbran por unos segundos y después se mueren en la oscuridad.

Así mismo, hay que tomar en cuenta que el apoyo solicitado por Bush para México está incluido en el paquete solicitado para mantener la guerra en Irak y, de entrada, ya fue rechazado por algunos congresistas. Así que el famoso Plan México o Iniciativa Mérida podría morir antes de empezar, lo que pondría a prueba la política de Calderón en el combate contra el narcotráfico.