2007, AÑO NEGRO PARA D. H.

Año negro para defensores de derechos humanos
Aumentaron agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio y difamación
Víctor Ballinas.

En México es larga la lista de agravios en contra de defensores de derechos humanos registrada a lo largo de 2007, y van desde agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, difamación y atentados, hasta ejecuciones. Por esta situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, señaló en abril pasado que “en el país, como en el resto de América Latina, hay un alarmante índice de impunidad en las agresiones contra los defensores”.
Durante su visita de trabajo al país, en abril pasado, el titular de la CIDH presentó en la cancillería el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, y llamó al gobierno “a adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de estos actores sociales”.
No obstante, la situación de los defensores no cambió, al contrario, se recrudecieron las agresiones en su contra, tanto que incluso se perpetró un asesinato, persecuciones y encarcelamientos. Las organizaciones civiles y sociales denunciaron estos hechos; en promedio se dio a conocer un ataque al mes.
A continuación, se enlistan algunos casos:
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el 26 de febrero que entre las 9:20 y 9:30 de la mañana fue arrojada una nota al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el siguiente mensaje: “Disfruta tu último día. Te mataremos; estoy buscándote y ya te encontramos”.
El 9 de abril, en Monterrey, Nuevo León, fue torturado y asesinado en sus oficinas Santiago Rafael Cruz, de 29 años de edad, quien era organizador de asalariados migrantes y trabajaba para la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino.
Cruz tenía apenas mes y medio en esa oficina y antes había estado cuatro años en Ohio, Estados Unidos, ya que su labor consistía en ayudar a los trabajadores agrícolas que cada año viajan desde México hacia Carolina del Norte como trabajadores huéspedes.
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundió el 11 de julio una alerta relacionada con el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado, quien además es promotor de derechos humanos, que “fue acusado de secuestro por defender los recursos naturales de los pueblos indios y campesinos en el estado de México”. La detención de Pérez Alvarado ocurrió el 4 de julio y fue remitido a la prisión de Temascaltepec, donde un juez le dictó auto de formal prisión acusándolo de secuestro.
El siguiente caso se registró el 19 de junio, y tiene que ver con Cristina Auerbach Benavides, quien asesora a familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos.
Auerbach Benavides es integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y fue amagada por dos hombres armados en el estacionamiento de su casa, de donde se llevaron su camioneta, documentos importantes sobre el mencionado caso y una memoria USB con copia del expediente de la mina.
El 23 de agosto, Amnistía Internacional difundió una alerta por el acoso y agresiones en contra de Fair Pineda, abogado del Frente Amplio Opositor, y Armando Mendoza Ponce, quienes se oponen al proyecto minero en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. “El organismo indicó que consideraba que la vida de Pineda y Mendoza estaba en peligro, ya que fueron perseguidos la madrugada del 5 de agosto y desde entonces se intensificaron los acosos contra ellos”.
El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.
Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.
El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.
La más reciente agresión ocurrió el 20 de diciembre pasado y fue dirigida contra el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, Coahuila, donde dos hombres sometieron a Mariana Villarreal Contreras, del área jurídica de la agrupación, a quien encerraron en el baño; los individuos, quienes llevaban guantes y el rostro cubierto, revisaron los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos seguidos por el obispo Raúl Vera.

Preparan diputados del FAP movilizaciones contra eventual privatización de PEMEX

de la redacción
MÉXICO, D.F., 26 de diciembre (apro).- Diputados de los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) anunciaron hoy que a partir del 1 de enero de 2008 realizarán una serie de movilizaciones en contra de la eventual privatización de Petróleos Mexicanos.

Según la diputada de Convergencia, Layda Sansores, los legisladores del FAP están listos para marchar. "Estamos apostando fundamentalmente a la movilización popular para defender lo del petróleo, y los diputados estaremos también en la Cámara de Diputados listos para impedir que esto no solamente no se vote, sino que no se discuta", dijo.

Sansores anticipó incluso que las movilizaciones serán encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. El excandidato presidencial "es quien lidera este movimiento y él incluso se ha comprometido a ir al frente de las movilizaciones si esto fuera necesario", sostuvo.

En declaraciones al noticiero De una a tres, la legisladora añadió:

“Nosotros entendemos que de aprobarse una iniciativa que lastima la vida del país hoy y para siempre, el único camino, lo que sigue mañana sería la violencia, porque para recuperarlo tendríamos que pensar ya no en protestas, sino en movimientos mucho más enérgicos, pero queremos evitarlo."

Dijo que están dispuestos a tomar la tribuna en San Lázaro para evitar el debate que ya cocinan panistas y priistas.

El coordinador del PT, Ricardo Cantú, afirmó, a su vez, que el margen de utilidades de Pemex es muy amplio, por lo que debe utilizarse en beneficio del país y no para enriquecer a una sola persona, como sucedió con Teléfonos de México.

Explicó que los diputados del FAP tienen como prioridad frenar cualquier intento por privatizar el sector energético "y entregar esos jugosos negocios a particulares".

Por su parte, el priista Emilio Gamboa dijo que la reforma energética será prioridad para el periodo de sesiones que iniciará en febrero.

Admitió que el gran debate se centrará en definir si es capital privado nacional o extranjero el que participe en la modernización de Pemex, la paraestatal más importante del país.

El Legislativo daría albazo a la reforma laboral, afirma la UNT
Podrían desaparecer prestaciones y dar más ventajas a empresarios respecto a la contratación de personal, señalan dirigentes. Rechaza la iniciativa porque no fue consultada con gremios y perjudica a empleados

Es un símil de la llamada ley Abascal
Patricia Muñoz Ríos

Contratos de trabajo “a prueba, de capacitación o por temporada, y banco de horas” –para que los empleados acumulen tiempo extra y lo intercambien por días de descanso en lugar de su pago–, además de la posibilidad de cancelar el registro a sindicatos que no actualicen su padrón de agremiados cada seis meses, son algunos de lineamientos de la iniciativa de reforma laboral que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según líderes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Ante esto, los dirigentes gremiales mostraron preocupación debido a que la iniciativa es una de las primeras que se discutirá en el Legislativo en enero próximo, por lo que temen un albazo. Asimismo, rechazan esa propuesta de la secretaría, porque no la han discutido aún.
Sostuvieron que este proyecto, al que la STPS bautizó como “iniciativa de los sectores”, en realidad no ha sido consultado con todas las organizaciones, sino básicamente con las corporativas; que es una copia de la llamada reforma Abascal, pero reforzada, y que algunos puntos contravienen derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Francisco Hernández Juárez, del gremio de telefonistas; y Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, plantearon que conocen de manera extraoficial esta iniciativa, porque no se les ha consultado directamente.
El líder de los telefonistas dijo que el año 2008 inicia con un panorama laboral adverso, por la política económica y el desempleo, y en este contexto vienen varias reformas como la laboral. Lo grave es que no hay voluntad de los sindicatos para conjuntar esfuerzos y dar la pelea por una iniciativa que ayude a los trabajadores.
Comentó que al parecer la propuesta no va en dirección de impulsar mejoras para los trabajadores del país, sino de “darle mayores ventajas a los empresarios, para que la contratación de empleados sea flexible, se establezcan contratos por hora; no es de ninguna manera una reforma en favor de la mayoría, sino proempresarial”.
En este sentido, la diputada federal del PRD e integrante del sindicato de telefonistas, Rosario Ortiz Magallón, advirtió que en el próximo periodo de sesiones se pretende impulsar la reforma y se teme un “madruguete”.
Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, planteó que está lantente el peligro de que desaparezcan prestaciones con la reforma laboral, y señaló que, como en otras modificaciones que pasan por el Legislativo, podría darse el “mayoriteo” del PRI y el PAN para imponer una iniciativa que atente contra los derechos de los trabajadores.
Dijo que la propuesta de la STPS es un símil de la llamada ley Abascal y marca, por ejemplo, la flexibilización de horarios y nuevas formas de contratación como por “capacitación inicial” que pueden durar hasta de tres y de seis meses cuando se trate de trabajadores de puestos gerenciales y de dirección; movilidad de los puestos de los trabajadores cuando lo requiera la empresa; eliminación del registro para sindicatos que olviden actualizar sus padrones ante la dependencia y otros.
Agustín Rodríguez, del STUNAM, planteó que estas organizaciones “no avalan” la propuesta de la STPS ya que no la han discutido. Agregó que la inconformidad de la UNT es que la dependencia quiera presentar una iniciativa “ya digerida para que la acepten”.


Escuelas privada frenan el país al no impulsar la investigación

Siete entidades del país concentran 50 por ciento de los estudiantes universitarios
La actual administración pretende “consolidar” un sistema que responda a las demandas del mercado
Karina Avilés

En los años recientes ha ocurrido un notable incremento en la cantidad de instituciones que ofrecen educación superior privada, y hoy día, casi un tercio de la matrícula pertenece a la enseñanza de paga, lo que significa que de un total de 2 millones 709 mil alumnos, más de 900 mil está inscrito en el sistema particular.
Además, la concentración regional de la matrícula es tal que 50 por ciento de los alumnos de dicho nivel se localiza en siete entidades. Pero la concentración no sólo es geográfica sino también preferencial, ya que 40 por ciento de los estudiantes se agrupa en sólo 10 instituciones educativas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Educación 2007-2012, el crecimiento del sistema particular en el nivel superior no sólo es significativo a escala licenciatura sino también en el posgrado. Actualmente, 44 por ciento del alumnado a ese nivel estudia en un centro privado.
En total hay mil 892 instituciones de educación superior, de las cuales mil 179 son particulares “de diversos tipos”. Y aunque el plan señala que “muchas” de ellas ofrecen una buena formación académica, contradictoriamente indica que “existe, sin embargo, una importante carencia, puesto que sólo unas cuantas realizan investigación, lo cual restringe su capacidad de formar mejores profesionistas, así como de impulsar el desarrollo regional y nacional”.
Una de las problemáticas que enfatiza el proyecto es la existencia de una distribución desigual de la matrícula por subsistema en razón de que el mayor porcentaje (30.8) se concentra en las universidades públicas estatales, mientras que 16 por ciento en los tecnológicos, universidades e institutos; el 13.8 por ciento en las universidades públicas federales; 5.4 por ciento en las normales públicas y menos de uno por ciento en las universidades politécnicas e interculturales. Estas últimas fueron uno de los proyectos de la administración foxista que no han tenido la respuesta esperada.
Lo anterior significa que los jóvenes mexicanos siguen prefiriendo –pese al impulso que las administraciones de corte neoliberal han querido dar a la educación tecnológica– una carrera universitaria.
Hoy día, tres de cada cuatro alumnos cursan una licenciatura universitaria y, en contraste, menos de uno de cada ocho opta por una licenciatura tecnológica.
Y aún más lejos de las preferencias de los estudiantes de educación superior se encuentra la enseñanza de las normales y la de técnico superior universitario o profesional asociado, ya que uno de cada 20 estudia la licenciatura en la normal y menos de cuatro por ciento opta por matricularse en el nivel técnico antes citado.
Ante ello, la nueva administración pretende “consolidar” un sistema de educación superior que sea “pertinente” –es decir, que responda a las demandas del mercado– y que su ampliación de cobertura se dé en función de mejores niveles de eficiencia, retención y distribución.
En relación con esto último, destaca que en la capital del país, el estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz estudia la mitad de los alumnos del nivel profesional, concentración que aumenta en posgrado, ya que en las primeras cuatro entidades cursan sus estudios 50 por ciento de los alumnos.